Se impone ofrecer un acto de reparación y desagravio tras la referencia efectuada el pasado martes al sueldo de Rajoy. La referencia provenía de un texto publicado el domingo 22 en el diario El Mundo. Recordemos ahora, sin margen alguno para la tergiversación, cómo en el texto original se decía que Rajoy siempre tuvo claro que en política se está con todas las consecuencias, incluidas las económicas, y también que de no haber sido así podría estar cobrando como registrador de la propiedad con reserva de plaza en Santa Pola un tanto por ciento de lo que obtiene su sustituto, lo cual le habría supuesto ahora un grave problema a explicar.

Como señalaba, rotundo, Miguel Ángel Mellado en ese diario, quien sea titular del registro de Santa Pola puede levantarse al año entre 1,3 y 1,8 millones de euros. Por eso "si Rajoy hubiera estipulado, como es norma en la carrera, llevarse un 25% de las ganancias por ser el titular de la plaza no ejerciente, entre 325.000 y 450.000 euros al año". Comprobemos enseguida que en el escalafoncillo de los registradores de la propiedad el nombre de Rajoy figura seguido del consabido que remite a su actual situación, configurada según el artículo 541 del decreto de 14 de febrero de 1947 (por el que se aprueba el Reglamento Hipotecario), y también por el artículo 29 de la Ley 30/1984 (de medidas urgentes para la reforma de la función pública).

El artículo 29 de la Ley 30/1984, de aplicación al caso de Mariano Rajoy, es el que crea la situación de servicios especiales para los funcionarios, donde se incluye el supuesto de su acceso a la condición de diputado o senador. El artículo establece que a los funcionarios acogidos a ese supuesto se les computará el tiempo que permanezcan en servicios especiales a efectos de ascensos, trienios y derechos pasivos y que tendrán derecho a reserva de la plaza y destino que ocupasen. Señala además ese artículo que en todos los casos recibirán las retribuciones del puesto o cargo efectivo que desempeñen y no las que les corresponderían como funcionarios, sin perjuicio del derecho a la percepción de los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios. Es decir, que Rajoy, en esa situación de servicios especiales, no podría estar cobrando porcentaje alguno de los ingresos del Registro de Santa Pola. A nada habría renunciado desinteresadamente Rajoy si como parece cualquier percepción de ese origen queda excluida por ley.

Pero si esto es así, ¿a cuento de qué viene la mención en el escalafoncillo al artículo 541 del decreto de 1947 donde se dispone que los registradores que sean miembros de las Cámaras legislativas continuarán como titulares en sus respectivos Registros, los cuales serán servidos en régimen de interinidad por el registrador que les corresponda con arreglo al cuadro de sustituciones y "percibiendo el titular interesado el porcentaje de los honorarios que en otro caso corresponderían a la Mutualidad Benéfica de los registradores de la propiedad y de su personal auxiliar? Más aún, el segundo párrafo de ese mismo artículo añade que el titular del Registro para disfrutar de los beneficios anteriores deberá solicitarlo de la Dirección General

[de Registros y del Notariado] en el término de un mes, a partir del nombramiento, y en otro caso se entenderá que renuncia a ellos, quedando en situación de excedencia voluntaria y declarándose la vacante, que se proveerá por el concurso correspondiente".

¿Deberíamos entender que Mariano Rajoy cursó la solicitud para continuar como titular del Registro de Santa Pola habida cuenta de que no ha sido declarada la vacante para su provisión en régimen de concurso a tenor del artículo 541? En definitiva, queremos saber qué honorarios genera el Registro de Santa Pola, qué porcentaje va para el sustituto y cuál es el destino del resto. Y si el destino fuera la Mutualidad, a qué lo dedica. De manera que sobre la situación salarial de Mariano Rajoy serían ilustrativas algunas aclaraciones, como las que podrían hacer la Dirección General de Registros y del Notariado, el Colegio de Registradores, la Mutualidad Benéfica y el registrador interino Francisco Riquelme. O bien, que cambien el escalafoncillo y supriman la mención al artículo 541 del decreto del 47. ¿Será por dinero?

El modelo Silvela. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

Los programas de TVE Tengo una pregunta para usted, donde han comparecido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente del PP, Mariano Rajoy, nos lleva de la mano a comparar los modos de hacer política de los líderes y a considerar el grado de vigencia de algunas virtudes que se exigen para esta dedicación. La prensa subrayó que el socialista Zapatero había errado en el precio del café no subvencionado y que el popular Rajoy había rehusado declarar el salario que percibe. Los comentarios versaron después sobre detalles del lenguaje corporal de ambos antagonistas, el truco del bolígrafo en las manos, la cercanía alcanzada con el auditorio preguntante y la audiencia registrada.

Así podemos hacernos idea de los modelos en oferta que bullirán, alentando el voto a los candidatos municipales y autonómicos del 27 de mayo, y que ocuparán la cabeza del cartel en las elecciones generales del año próximo. Hay concordancias que derivan de las nuevas tecnologías en las que ambos líderes se mueven pero cabe también buscar referencias anteriores cuya validez para nada erosiona la incuria del tiempo. Por ejemplo, la de Francisco Silvela, cuyo centenario cumplido en 2005 ha pasado casi en silencio, salvo el ciclo que le dedicó la Real Academia de la Historia de la que fue elegido miembro de número. Se averigua que en medio de tanta barahúnda política resalta con mayor fuerza el comportamiento en el poder y en la oposición de Silvela, cuya senda de ilustrada coherencia tan pocos han transitado.

La trayectoria política de Silvela cristalizaba en las antípodas del energumenismo entonces tan en boga y aunaba valores tan raros como el de la preparación profesional, el conocimiento internacional, la honradez, la inteligencia sintiente, y la acertada manera de conjugar la moral de la convicción y la moral de la responsabilidad, tan bien descritas por Max Weber. Nacido en 1843, obtuvo la plaza de Letrado del Consejo de Estado a los 21 años. Sirvió en el Consejo durante cinco hasta 1869, fecha en la que renunció al ser elegido diputado por el distrito de Arenas de San Pedro (Ávila). Fue subsecretario de Gobernación y ministro de ese departamento y del de Gracia y Justicia con Martínez Campos y con Cánovas.

Abandonó el Gobierno de este último con el que rompió también en el campo parlamentario. Dirigió la oposición contra la política en Cuba de los Gobiernos de Cánovas y de Sagasta entre 1895 y 1899. Francisco Silvela se hizo con la dirección del partido conservador tras el asesinato de Cánovas. Fue presidente del Consejo en 1899-1900, lideró después la oposición a cuatro Gobiernos liberales presididos por Sagasta y regresó como presidente en 1902-1903. Renunció cuando se vio sin el respaldo dentro de su propio gabinete para el programa de Defensa y política internacional que ambicionaba. Entonces dio paso a Fernández Villaverde, titular de Hacienda, al que ofreció todo su respaldo. En declaraciones a El Heraldo de Madrid, reiteró que fuera del Gobierno, fuera de la jefatura de su partido, fuera de la vida pública, permanecería ayudando, si alguna vez fuera menester, a favor de las soluciones políticas que impusiera el patriotismo y que se dedicaría a sus estudios y vocaciones queridas, mientras prometía un libro: Historia de la ética en España.

Imposible atisbar una sola actitud borreguil en Silvela. En cuanto a su honradez, ahí está su renuncia al Consejo de Estado, sin que ley alguna se lo exigiera. En esa línea, Rajoy debería evitar que cundieran rumores a partir de lo escrito por Miguel Ángel Mellado en un diario de proximidad: "Rajoy, registrador de la Propiedad con reserva de plaza en Santa Pola, podría estar cobrando un tanto por ciento de lo que obtiene su sustituto Francisco Riquelme". Ese podría es un condicional ambiguo, que avala el cobro y la renuncia. Según el periodista, el titular del Registro puede ganar entre 1,2 y 1,8 millones anuales. Si Rajoy, en calidad de titular, hubiera estipulado como es norma en la carrera quedarse un 25%, le corresponderían entre 300.000 y 450.000 euros. Al Colegio de Registradores, a Riquelme y a Rajoy corresponde eliminar cualquier anfibología.www.elpais.es 24/04/2007