MANIFIESTO DE CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE INTERVENCIÓN DEMOCRÁTICA
I.- La Constitución de 1978 nos invita a establecer una sociedad democrática avanzada. Durante estos años España se ha transformado en profundidad en múltiples aspectos y nuestra democracia se ha consolidado, en el marco de nuestra integración en Europa y de la normalización de relaciones con el resto de las naciones. Por ello, nos preocupa la contrarreforma de la democracia a la que estamos asistiendo, que se traduce en menos libertad y mayor desigualdad, acompañadas de un creciente deterioro de las instituciones.
La situación derivada de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los EE.UU ha servido de coartada y acentuado una amplia ofensiva a escala mundial contra las garantías y los derechos de los ciudadanos. Con el pretexto de la lucha contra el terrorismo - un riesgo, pero ni muchos menos el único, para nuestras democracias- se pretende establecer un "nuevo orden" que limita el estado de derecho y acentúa la crisis de la democracia. El clásico binomio libertad-seguridad, central para el desarrollo de la democracia, se ha desequilibrado en beneficio de la seguridad y en detrimento de la libertad. La historia nos demuestra que cuando esto ocurre se producen regresiones en el progreso y bienestar de los ciudadanos.
La utilización de la fuerza y la lógica de la guerra se justifican por encima de cualquier límite legal y democrático y pretenden legitimar lo que no son más que arbitrariedades generadoras de inseguridad e injusticia. En este contexto se inscribe el concepto de "guerra preventiva" como negación del derecho internacional tan difícilmente desarrollado en los últimos 50 años y su superación por los hechos consumados del más fuerte.
Todo ello configura un marco de relaciones entre Estados pero también entre el Estado y los ciudadanos en el cual todos somos susceptibles de ser sospechosos, y la sospecha es suficiente para justificar la agresión y la privación de derechos.
II.- La manifestación de este retroceso en la vida cotidiana de los ciudadanos de todo el mundo, también ha llegado a nuestro país. En España, la reducción de la calidad de nuestra joven democracia ha sido multidireccional, pudiendo concretarse en los siguientes elementos esenciales:
El Gobierno nos ha colocado del lado de los belicistas y del unilateralismo basado en la fuerza -guerra de Irak y posterior ocupación- y en contra del sentir pacifico y sensato de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y del mundo. Estamos convencidos de que no hay desarrollo democrático en un permanente ambiente de guerra. Solo en el respeto de los derechos humanos y de la legalidad internacional, y en la globalización del bienestar radica un futuro pacífico para la humanidad.
La democracia española está indisolublemente ligada a la construcción política de Europa y el interés prioritario de nuestra sociedad consiste en ocupar un lugar en el centro de esta construcción. El Gobierno ha roto el consenso existente sobre esta cuestión, subordinándonos a la política de Bush y alejándonos de nuestra tradicional postura europeísta, que tanto tiempo tardamos en lograr. España ha pasado de estar a la vanguardia del proyecto europeo a convertirse en un obstáculo para el mismo.
Observamos con desazón cómo las instituciones de la democracia pasan por un momento de escaso prestigio. Son instituciones depreciadas por la acción -o la inacción del poder ejecutivo. Así, todo el mundo está de acuerdo en que el Senado no sirve a los fines que inspiraron su creación, y el Congreso de los Diputados se muestra impotente para controlar con eficacia al ejecutivo. Es como si a los gobernantes no les interesase la centralidad de la política y se moviesen con más holgura entre la hegemonía de los intereses privados. El resultado es que el campo de acción de los ciudadanos se restringe en proporción directa al retroceso de la esfera de lo público.
Hemos asistido a la ocupación de casi todos los resortes del poder en un ejercicio totalizante que daña el funcionamiento de la democracia: el control de las altas instancias del poder judicial, con la utilización abusiva del Fiscal General del Estado y la depuración de la Fiscalía anticorrupción; el poder económico, a través de la privatización gubernamental de las empresas públicas, fenómeno que afecta a la disminución de la competencia en perjuicio del consumidor y acentúa la confusión entre intereses privados y públicos en perjuicio de estos últimos; el poder mediático -nunca se ha usado y abusado tanto de la televisión y se han concentrado tantos medios en tan pocas manos-, en una situación que recuerda lo que Berlusconi ha conseguido en Italia. Todo ello va agotando las posibilidades de participación real de los ciudadanos, con un peligroso retroceso de su interés por la política. No sólo hay que restablecer la división de poderes, la primacía del interés público y la garantía a una información veraz sino que también los partidos deben volver a ser instrumentos de y al servicio de los ciudadanos, realizando las necesarias transformaciones internas.
Se ha dañado la cohesión territorial, que está basada en uno de los grandes pactos en los que se fundamenta la convivencia democrática de los españoles. Las relaciones entre el gobierno del Estado y el de algunas nacionalidades históricas nunca han estado tan deterioradas como ahora. Estamos de acuerdo en que, en Euskadi, el plan Ibarretxe contradice la legalidad constitucional y divide a la sociedad vasca, en la que muchos de sus ciudadanos no tienen la posibilidad de ejercer sus derechos políticos con entera libertad; pero la respuesta del Gobierno del PP enarbolando reformas ad hoc del Código Penal para combatirlo es inaceptable, pues de hecho introduce el delito político, criminalizando al adversario. Contemplamos con gran inquietud cómo crece el enfrentamiento, situación que, de seguir así las cosas, desembocará en un choque de consecuencias nefastas.
También la cohesión social, fundamento del modelo democrático europeo, se ha debilitado como consecuencia de una reducción del gasto social en relación a la riqueza, y de un crecimiento económico que ha beneficiado a los más pudientes. La situación de la sanidad y la educación; el deterioro de la seguridad ciudadana y de la justicia; la carestía de la vivienda o la insuficiencia de los recursos que se destinan a la investigación, son algunas manifestaciones de estas carencias. Entendemos que los derechos sociales deben gozar de iguales garantías que los derechos políticos y civiles. Un ciudadano sólo lo es cuando tiene estos tres tipos de derechos, un objetivo que sólo la imprescindible redistribución de la riqueza hará posible.
La historia que se fomenta desde las esferas del poder manipula nuestro pasado y es sectaria en referencia al período más próximo. Se enaltece lo más impresentable de nuestra historia, mientras se niega cualquier reconocimiento a quienes lucharon por la libertad. No sólo no se propician los valores de la democracia sino que, por el contrario, se entronca cada vez más con una concepción reaccionaria de España que recuerda tiempos nefastos. Cuestiones asumidas por la sociedad española, como el carácter no confesional del Estado, se ponen en peligro al introducirse la religión en la enseñanza obligatoria, medida que supone un retroceso respecto a una concepción laica del Estado democrático.
Tenemos una televisión pública que es pura propaganda gubernamental. España es el único país de la Unión Europea en cuya televisión no hay espacio para el debate, ni en los canales públicos ni en la mayor parte de los privados, lo que contraviene el mandato constitucional de que los medios de comunicación deben preservar la pluralidad de la sociedad española.
Asistimos a un retroceso en la configuración de los derechos y libertades de las personas, en especial, al negar el ejercicio de estas libertades fundamentales a los inmigrantes en la reciente Ley de extranjería, creándoles además una clara inseguridad e indefensión jurídica. En España están apareciendo nuevas formas de esclavitud y sobreexplotación absolutamente intolerables. Ha surgido así una nueva categoría de personas: las invisibles.
III.- Ante una situación como la descrita, los ciudadanos españoles no debemos permanecer de espaldas a las iniciativas de los defensores de los derechos civiles y de la democracia en todo el mundo. Nuestro país necesita un impulso de renovación democrática capaz de construir una auténtica democracia de los ciudadanos.
Con el fin de contribuir desde la sociedad a su consecución, los ciudadanos abajo firmantes hemos decidido constituir una Asamblea formada por personas procedentes del campo del pensamiento, de los profesionales, la ciencia, la universidad y las artes preocupadas por profundizar en una cultura democrática, plural, progresista y tolerante. Capaz no sólo de denunciar y alertar sobre las conculcaciones o desviaciones que se vayan produciendo, con intervenciones en el debate público a través de los medios a su alcance, sino también de intentar hacer propuestas sobre el perfeccionamiento de nuestro sistema de convivencia que puedan ser asumidas por los partidos políticos..
La Asamblea se constituye como un instrumento democrático con vocación de permanencia, y con la pretensión de enriquecer el tejido democrático y la vida ciudadana de la sociedad española, en la que la participación en la política por parte de los ciudadanos es aún limitada.Al mismo tiempo y ante la grave situación planteada, desde la Asamblea de Intervención Democrática, hacemos un llamamiento a todos los sectores sociales para que se opongan activamente a este proceso de regresión democrática. Y a que los profesionales que compartan nuestra opinión se incorporen a esta iniciativa cívica en favor de una democracia de calidad.
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