8 DE MARZO : DÍA DE LA MUJER A TIEMPO PARCIAL
"A mi me gusta , la mujer, mujer"
(J.M Aznar.1995)

 LAS NOTICIAS MAS SELECTAS

ÍNDICE

Machismo en la Justicia: el PP nunca ha propuesto a una mujer para el Constitucional

El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), llama a las feministas "mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas"

Cifuentes mantiene la segregación por sexo en 18 centros concertados

LESMES IMPONE A LA CANDIDATA DEL PP PARA PRESIDIR EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CUATRO MUERTAS EN DOS DÍAS POR VIOLENCIA MACHISTA

BOCHORNOSO ‘TUIT’ DE UN MIEMBRO DEL NNGG DE TARIFA: “QUIEN SE ABRA DE PIERNAS QUE APECHUGUE”

EL CONSELL RECORTA LAS AYUDAS AL CENTRO DE MUJERES MALTRATADAS DE VALENCIA

UNA CONCEJAL DEL PP LLAMA «TERRORISTAS» A LAS MUJERES QUE RECURREN AL ABORTO

SANIDAD VUELVE A DAR EL TELÉFONO DE ATENCIÓN A MALTRATADAS A LA EMPRESA QUE DESPIDIÓ EMBARAZADAS

EL INSTITUTO DE LA MUJER DA LA MÁXIMA SUBVENCIÓN A UNA ORGANIZACIÓN PRESIDIDA POR UNA DIPUTADA DEL PP

LA REFORMA LABORAL ACENTÚA LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRE Y MUJER

OFENSIVA DEL GOBIERNO CONTRA LAS MUJERES

TRES MAGISTRADAS ACUSAN A LESMES DE SEXISTA POR USAR SÓLO EL MASCULINO EN SUS CARTAS

UN SENADOR DEL PP CELEBRA LA NUEVA LEY PORQUE EL ABORTO ES "UNA FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO"

LOS RECORTES ANIQUILAN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY DEL ABORTO MÁS RESTRICTIVA DE LA DEMOCRACIA

EL CONSTITUCIONAL RESTRINGE LA PROTECCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EMBARAZADAS

COSPEDAL DESPIDIÓ A UNA EMBARAZADA PORQUE NO DIJO QUE LE DOLÍA LA ESPALDA AL ENTRAR A TRABAJAR PARA LA JUNTA

UNA DIPUTADA DEL PP: "LAS MUJERES QUE ABORTAN SON LAS QUE MENOS FORMACIÓN TIENEN"

FERNÁNDEZ: EL ABORTO “TIENE ALGO QUE VER” CON ETA, “PERO NO DEMASIADO”

LAS MUJERES GANAN 5.744 EUROS MENOS AL AÑO QUE LOS HOMBRES POR TRABAJOS IGUALES

LOS RECORTES AMENAZAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA

“LAS LEYES SON COMO LAS MUJERES, ESTÁN PARA VIOLARLAS”

WERT SE ALINEA CON LOS COLEGIOS QUE SEPARAN POR SEXO FRENTE AL SUPREMO

SOLO EL 28% DE LOS ALTOS CARGOS NOMBRADOS POR RAJOY SON MUJERES

GALLARDÓN: "LA MATERNIDAD LIBRE HACE A LAS MUJERES AUTÉNTICAMENTE MUJERES"

GALLARDÓN DENUNCIA UNA "VIOLENCIA ESTRUCTURAL" QUE OBLIGA A ABORTAR

COSPEDAL CIERRA CUATRO CENTROS DE LA MUJER

ANA MATO HABLA DE 'VIOLENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR' EN LUGAR DE 'VIOLENCIA DOMÉSTICA'


Machismo en la Justicia: el PP nunca ha propuesto a una mujer para el Constitucional

Desde su creación, el TC sólo ha estado presidido por una mujer propuesta por el PSOE, y cinco han formado parte de él

El machismo, por desgracia, sigue arraigado en todas las capas de nuestra sociedad. Que el mundo de los altos cargos privados sigue copado por hombres es una realidad, pero es aún más triste si se habla de que esa misma realidad se da en las esferas públicas y, sobre todo en la Justicia.

Ahora que empieza la cuenta atrás para arrancar con las negociaciones y los procesos de renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, es importante destacar varios datos que hablan por sí solos: como que el PP jamás ha propuesto a una mujer para desempeñar su labor como magistrada en el Constitucional. Ni una sola.

En estos momentos los parlamentos autonómicos preparan sus propuestas que, posteriormente, estudiará la Comisión de Nombramientos de la Cámara Alta y de donde saldrán los cuatro nombres a renovar en las próximas semanas.

Sólo 5 mujeres en 37 años

En 1980 nacía el Tribunal Constitucional, la más alta instancia de la justicia dentro de España. Desde entonces, sólo una mujer ha ocupado su presidencia. Fue María Emilia Casas Baamonde entre los años 2004 y 2011 y fue propuesta por el PSOE.

Desde entonces, en los 37 años de vida del Constitucional, sólo cinco mujeres han pasado por él, cinco magistradas que jamás salieron de las propuestas o de la confianza del Partido Popular, sino de grupos y formaciones progresistas.

Hablamos de, además de María Emilia, Gloria Begué Cantón, Elisa Pérez Vera, María Encarnación Roca Trías y la actual vicepresidenta Adela Asúa Batarrita, que siendo progresista se sienta junto a un presidente más que pro-PP, Francisco Pérez de los Cobos.

Escriben sus propias reglas

Pero el constitucional no es el único tribunal que está en proceso de renovación. En el Tribual Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ocurre algo parecido y el Gobierno de Mariano Rajoy ya estaría creando sus propias reglas para asegurar que el representante español es quien ellos quieren.

Tal y como publicamos en ELPLURAL.COM, hace ya dos semanas, en el Consejo de Ministros, se aprobaron las pautas a seguir para hacer la terna de candidatos y, entre ellas, se impuso una norma inédita: los candidatos que presente España deben tener menos de 61 años.

¿La razón? Satisfacer al todavía presidente del Tribunal Constitucional Pérez de los Cobos y dejar fuera, de facto, a su máxima competidora y preferida desde Europa, la única mujer expresidente del Constitucional María Emilia Casas que tiene 66 años. Al final, todo se cruza.

Eso sí. ¿Recordáis que hemos empezado estas líneas diciendo que pronto hay que renovar el Tribunal Constitucional? Pues bien, después de limitar la edad para optar al TEDH, el mismo PP propone para el Constitucional a un hombre de 80 años, a Alfredo Montoya.

http://www.elplural.com/politica/2017/02/06/el-pp-tambien-es-machista-en-la-justicia-nunca-ha-propuesto-una-mujer-parta-el

El alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), llama a las feministas "mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas"

El alcalde de Alcorcón, el popular David Pérez, se ha puesto este fin de semana de relevancia a causa de unas controvertidas palabras pronunciadas en abril de 2015 al respecto de los movimientos feministas.

En el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos, Pérez habló de estos movimientos, en unas declaraciones que ahora han rescatado varios miembros de Podemos en las redes sociales, con contundentes críticas a su visión.

"Siempre me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, un feminismo radical y totalitario, vigente, e incluso influyendo en las legislaciones y marcando la agenda política", comentó en dicho evento David Pérez.

"A pesar de todo, aún sigue habiendo ese movimiento feminista, influyendo, opinando e imponiendo, que es verdaderamente lo que le gusta a ese tipo de movimientos, que son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas, que vienen a dar lecciones a los demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar", concluyó.

Ante el revuelo generado al rescatar sus palabras, Pérez utilizó su cuenta de Twitter para explicar su versión, afirmando que "desde un perfil extremista han lanzado un vídeo manipulando al presentar como machistas mis críticas a las imposiciones dl feminismo radical".

"Noto a las hienas intentando morderme pero es que no me llegan ni a los talones. Da pena su odio y su cobardía, uno a uno no son nadie. Llevo 25 años trabajando con mujeres y jamás ninguna me ha acusado de machista, pero los trolls han decidido que lo soy, ¿me importa? Nada", trató de zanjar.

http://ecodiario.eleconomista.es/politica/noticias/7987865/11/16/El-alcalde-de-Alcorcon-David-Perez-PP-llama-a-las-feministas-mujeres-frustradas-amargadas-rabiosas-y-fracasadas.html

Cifuentes mantiene la segregación por sexo en 18 centros concertados

El gobierno madrileño va a seguir subvencionado con dinero público a estos centros donde este curso van a estudiar 14.000 alumnos

Las chicas en una clase. Los chicos en otra. El gobierno de Cifuentes mantiene la segregación de alumnos por sexo en las aulas pagada con el dinero de todos. La presidenta de la Comunidad no va a dar marcha atrás a este tipo de educación diferenciada en una veintena de colegios concertados a pesar de las muchas voces que se han alzado en contra de que chicos y chicas estudien por separado en pleno siglo XXI.

31 colegios en total, 18 de ellos concertados, separan en Madrid a los alumnos por sexo. En la gran mayoria, ni siquiera se juntan en el comedor, en el recreo o en las clases extraescolares. Este curso 26 mil alumnos madrileños estudiarán en clase separados por sexos. 14 mil de ellos en centros sostenidos con fondos públicos. El gobierno de Cifuentes ha mantenido los conciertos con estos colegios que se firmaron en la anterior legislatura.

Según la consejería de educación, la ley estatal en vigor ampara a las familias que eligen este tipo de colegios. Un portavoz de la consejería subraya a la SER que no se trata en ningún caso de educación discriminatoria.

Por su parte, Ciudadanos, el partido que sustenta a Cifuentes en el gobierno, no está a favor de este tipo de segregación. La portavoz de Educación de C's en la Asamblea, María Teresa de la Iglesia, deja claro que su modelo "no es la educación diferenciada para la escuela pública, apostamos por un modelo mixto para la red educativa sostenida con fondos públicos". Sin embargo, De la Iglesia precisa que no se puede plantear el cierre de un modelo sin estudiar las consecuencias y ofrecer alternativas "porque los más perjudicados serían los niños".

http://cadenaser.com/emisora/2016/09/13/radio_madrid/1473761781_618112.html

LESMES IMPONE A LA CANDIDATA DEL PP PARA PRESIDIR EL OBSERVATORIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

María Ángeles Carmona es vocal del Consejo y desplaza así a la candidata natural para el puesto, la magistrada del Supremo Clara Martínez de Careaga. El sector más crítico se plantea pedir un pleno extraordinario ante la gestión "autoritaria" de su presidente.

Indignación en parte del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el nombramiento de la nueva presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Ángeles Carmona, adoptado hoy. Este sector denuncia la gestión "autoritaria" del presidente del órgano constitucional, Carlos Lesmes.

Carmona es actualmente la responsable del Gobierno del PP en Andalucía en materia de violencia de género. Varias fuentes del Consejo destacan la "incompatibilidad de ser presidenta del Observatorio judicial y, a su vez, depender del Ejecutivo". En concreto, es jefa de la Unidad de Coordinación Territorial de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía desde el año 2012.

Lesmes ha impuesto a la candidata del PP, en lugar de la vocal y magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, quien preside la Comisión de Igualdad y era considerada la candidata natural, ya que la valoración de la respuesta judicial en violencia de género depende de la citada Comisión.

Martínez de Careaga era la candidata defendida por el sector progresista, mientras que Carmona llegó al CGPJ con la promesa del PP de que presidiría el Observatorio, como ha ocurrido finalmente.

En el sector progresista consideran que Lesmes "ha incumplido los acuerdos" con los que los 20 vocales del Consejo aprobaron en diciembre pasado, y por unanimidad, el reparto de las comisiones entre ellos. El reparto de las comisiones fue propuesto por Lesmes cuando accedió a la presidencia del Consejo.

Así, Martínez de Careaga "aceptó presidir la Comisión de Igualdad entendiendo que presidiría el Observatorio, en lugar de integrar la poderosa Comisión Permanente", según las mismas fuentes.

El artículo 610 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial -reformada por el PP- establece que corresponde a la Comisión de Igualdad "el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia de violencia doméstica y de género, sirviéndose para ello del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género o de cualquier otro instrumento que se pueda establecer a estos efectos".

Sin embargo, la delegación de este cargo es una potestad atribuida al presidente del CGPJ en un Convenio con el que se creó el Observatorio, en el año 2002.

El Observatorio es una institución considerada clave en la respuesta judicial ante el fenómeno delictivo de la violencia de género. De forma periódica, organiza reuniones y cursos de formación para los jueces especializados, que ejercen en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, Juzgados de lo Penal y Audiencias Proviciales.

La pugna entre Careaga y Lesmes, ambos magistrados del Supremo, se ha mantenido desde diciembre a cuenta de la elección de la presidencia del Observatorio.

El propio Lesmes habría prometido a Martínez de Careaga la presidencia del Observatorio, en consonancia con lo realizado por consejos anteriores. Pero, ahora, ha cambiado de opinión.

La opción de Carmona, validada este jueves por la Comisión Permanente del Consejo, supone de "facto" dejar sin muchas competencias a la Comisión de Igualdad.

Al mismo tiempo, la Comisión Permanente del Consejo ha nombrado vocales del Observatorio a Carmen Llombart y a Pilar Sepúlveda.

Posible pleno extraordinario pedido por los críticos

El hondo malestar que ha causado esta última decisión de Lesmes ha provocado que los vocales más críticos del órgano de gobierno de los jueces se planteen la solicitud de convocatoria de un Pleno Extraordinario, con el objeto de discutir lo que consideran que es una gestión "autoritaria" y "falta de diálogo", informa Europa Press.

En el Consejo se ha extendido una sensación de malestar entre varios vocales desde que comenzó el mandato de este Consejo, tanto por las decisiones de Lesmes como por las formas en las que se adoptan.

Esta es la razón por la que ya se tendría el apoyo de los cinco vocales que se precisan para forzar la convocatoria de un Pleno extraordinario.

Pese a la oposición de muchos vocales a la hora de conformarse con el puesto que Lesmes había pensado para ellos en el nuevo Consejo, que concentra todo su poder en la Comisión Permanente, el diseño del presidente obtuvo el voto unánime de todos ellos en el Pleno en el que se aprobó quien iba a integrar cada una de sus comisiones. Por ello, algunos se sienten traicionados por las decisiones posteriores a dicho apoyo.

El enfado ya se evidenció el pasado jueves, cuando el Pleno retiró del orden del día una reforma de su Reglamento dirigida a permitir que se pueda delegar en determinados funcionarios de este órgano atribuciones que se entienden menores, tales como aprobar prórrogas de jurisdicción de los jueces, licencias por enfermedad o sustituciones.

La medida mereció un escrito de queja de seis vocales del "ala progresista" de este órgano, que consideran que de aprobarse estas medidas se vaciarían de contenido algunas de sus atribuciones y se les arrebatarían competencias.

Los firmantes de este escrito de queja son los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, María Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, ninguno de los cuales estuvo presente durante la rueda de prensa posterior al Pleno, mientras que otros miembros del Consejo sí acompañaron a su presidente durante su comparecencia.

Dilatada experiencia
María Ángeles Carmona ejerce como secretaria judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla desde el año 2009, al tiempo que compatibiliza su cargo dependiente del Gobierno y como vocal del CGPJ.

A su vez, Clara Martínez de Careaga ejerce como jueza desde hace 31 años, ha sido miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribvunal Superior de Justicia de Madrid y fue la primera mujer de la historia en ingresar en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, en el año 2009. Está casada con Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado

http://www.publico.es/506249/lesmes-impone-a-la-candidata-del-pp-para-presidir-el-observatorio-contra-la-violencia-de-genero

CUATRO MUERTAS EN DOS DÍAS POR VIOLENCIA MACHISTA

Las víctimas han sido todas en Andalucía

A solo unas horas de celebrar el Día de la Mujer, cuatro muertes en dos días recuerdan el capítulo más dramático al que se enfrentan: la violencia machista, que en lo que va de año suma ya 15 víctimas mortales. Los cuatro últimos casos han ocurrido en Andalucía. El miércoles perdieron la vida una niña y su madre en San Roque. Las mató la pareja de esta última. Algo después se conoció el tiroteo ocurrido en Ceuta. Un hombre disparó contra el novio actual de su antigua pareja y le dejó malherido.

Ayer se supo que otra mujer fue degollada en la noche del miércoles en Torremolinos (Málaga) por su expareja, según informó la policía, que confirmó el caso como un episodio más de violencia de género. El presunto agresor, de 46 años, está detenido tras repetir el cuadro habitual en estos casos: trató de suicidarse tomando medicamentos. El agresor de San Roque deambuló tras el crimen con una herida en el cuello.

Esta última víctima, de 47 años, era profesora de inglés en un instituto de Torremolinos y no había presentado denuncia previa. La pareja se había separado recientemente. El cadáver de la mujer se encontró en su domicilio, en la calle Decano Miguel Marengo, después de que una persona alertara a las Emergencias de que una mujer tenía un corte en el cuello. Fueron los padres de la fallecida los que encontraron el cuerpo en la vivienda donde vivía desde hacía tres años.

El agresor fue trasladado al hospital Virgen de la Victoria de Málaga con algunas lesiones.

Las desgracias no habían acabado. Pasadas las cinco de la tarde de ayer un hombre, de 79 años, ha disparado presuntamente contra su esposa, de 76, y después se ha suicidado de un disparo. Es la principal hipótesis que maneja la Guardia Civil para explicar la muerte de ambos. Los sanitarios, tras la llamada de un vecino, encontraron a la mujer tumbada en el suelo de su casa en medio de un charco de sangre. Poco después apareció el cadáver de su marido en un paraje cercano, también con un disparo en la cabeza, en una finca propiedad de la pareja.

El suceso ocurrió en una zona rural del municipio conocida como Cañada de los Barrancos, donde abundan casas unifamiliares, muchas de ellas de construcción ilegal. El Ayuntamiento confirmó la muerte violenta y lo calificó como un nuevo episodio de violencia machista. De hecho, esta muerte obligó a suspender el acto previsto este jueves con motivo del Día de la Mujer. Un acto en el que precisamente se iban a condenar los crímenes anteriores.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/06/actualidad/1394135888_912161.html


BOCHORNOSO ‘TUIT’ DE UN MIEMBRO DEL NNGG DE TARIFA: “QUIEN SE ABRA DE PIERNAS QUE APECHUGUE”

Tras estallar el escándalo, ha pedido perdón y ha pretendido desvincular a su partido del asunto: "Fue una opinión personal"

Antonio Ortiz Martínez, representante de Nuevas Generaciones del Partido Popular del municipio gaditano de Tarifa utilizó su cuenta de Facebook personal para escribir un comentario machista, soez y desagradable en defensa de la Ley del Aborto que prepara su partido de la mano del ministro Ruiz Gallardón.

“Quien se abra de piernas que apechugue”

El escándalo lo recogió inicialmente el digital Andaluciainformación.es y también su edición del Campo de Gibraltar. En su mensaje, lleno de faltas de ortografía, este dirigente del PP cargaba contra las mujeres que abortan recomendándolas “¡¡¡quien se habra de pierna que apechugueee!!!”

Protesta del PSOE

Los socialistas de Tarifa han tardado poco en reaccionar y a través de Twitter copiaban una imagen del comentario del “niñato”, como calificaron a Ortiz. Según parece el comentario de Ortiz respondía a algún comentario sobre una chirigota. Por su parte el secretario de Juventudes Socialistas de Tarifa, Juan Antonio Notario, ha manifestado que “todo el mundo puede opinar sobre el aborto, pero no de la manera que lo ha hecho Ortiz”.

El alcalde calla y habla de que Ortiz “está apenado”

Por su parte el alcalde de Tarifa ha manifestado a este respecto que no hará declaraciones sobre el asunto, pero ha indicado que el Partido Popular tiene pendiente reunirse para tratar el tema. Además, ha apuntado que tiene constancia de que Ortiz está muy apenado y que posiblemente pida disculpas públicamente.

Ortiz se disculpa en Twitter

Posteriormente a que se conociera esta información, Antonio Ortiz, ha pedido perdón a través de su cuenta personal de la red social Twitter. “Pido perdón por las desafortunada pablas sobre aborto y por las persona que se haya sentido ofendido”. Opinión persona que no representa a NNGG (sic). Agrega en otro ‘tuit’que “no son las maneras ni las formas de decir esto. Pido perdón a todas las mujeres”. Además, ha pretendido desvincular a su partido del escándalo subrayando que es una opinión personal.

http://www.elplural.com/2014/03/05/bochornoso-tuit-de-un-miembro-del-nngg-de-tarifa-quien-se-abra-de-piernas-que-apechugue/

EL CONSELL RECORTA LAS AYUDAS AL CENTRO DE MUJERES MALTRATADAS DE VALENCIA

La Consejería de Bienestar Social reduce el presupuesto un 26% y la plantilla un 41%
Comisiones Obreras recurrirá los recortes

En el centro de acogida de mujeres del barrio valenciano de Campanar viven 30 personas que han sido maltratadas o están en riesgo de exclusión social. Allí se intenta conseguir un trabajo para las madres y se da apoyo en la atención a sus hijos menores para lograr su plena integración. La contrata de gestión de este centro, de titularidad pública, expiró en 2013 y en la nueva licitación la Consejería de Bienestar social exige que se cubran los mismos servicios con un 41% menos de personal y un 26% menos de presupuesto.

Aunque la consejería argumenta que la plantilla estaba “sobredimensionada”, Comisiones Obreras (CC OO) ya ha anunciado que recurrirá esta decisión porque pone en riesgo la correcta atención a las familias de un centro que se queda, incluso, sin cocinera.

La Consejería de Bienestar Social dispone de tres centros de acogida de mujeres en la Comunidad Valenciana: uno en cada provincia. El de Valencia, de titularidad pública y gestión privada, tiene una plantilla de 17 personas. Según explicó este martes Alfonso Valero, portavoz de Comisiones Obreras, los trabajadores del centro realizan también tareas de acompañamiento cuando las mujeres, algunas amenazadas, necesitan hacer trámites o acudir a los juzgados.

El contrato con la actual empresa gestora finalizó en 2013 y la nueva licitación, publicada el pasado día 19 de febrero, plantea un recorte del 26% del presupuesto y del 41% de personal. De esta manera, el centro dejará de disponer de 734.088 euros anuales a contar con 542.572,5 euros al año. La plantilla se reducirá de 17 a 10 trabajadores y entre las plazas recortadas, están cuatro de las seis trabajadoras de los servicios generales, la cocinera y una educadora infantil.

La consejería dice que los servicios podrán ser externalizados

Comisiones Obreras plantea que si se exige a la adjudicataria cubrir el servicio de lavandería, limpieza, mantenimiento, recepción y vigilancia del centro, “¿cómo pueden prescindir de cuatro de las seis trabajadoras de servicios generales?”. Además, en un centro en el que viven niños en riesgo de exclusión social, el sindicato no comprende por qué la Administración elimina la educadora infantil. Con menos personal y menos presupuesto, ¿tendrán las mujeres que encargarse del mantenimiento?

Bienestar Social asegura que “el centro seguirá ofreciendo los servicios de cocina y limpieza, que podrán ser externalizados, sin la necesidad de que figuren en plantilla” los trabajadores que se dediquen a ello. Además, asegura que el número de trabajadores es mayor del mínimo exigido por la normativa.

“El pliego no dice que las usuarias tengan que limpiar y tampoco dice no se pueda subcontratar. Pero ya no se puntúan las mejoras, sino la oferta económicamente más ventajosa”, explicó Alfonso Valero. “Entonces, ¿cómo se podrá encima subcontratar la cocina si hay un 26% menos de presupuesto?”, criticó. Además, “que no se pueda subcontratar pero con un presupuesto que es un 26% menor que el anterior es imposible”.

Comisiones Obreras explica que con la nueva dotación de plantilla prevista por la Administración, cubrir las 24 horas del día solo será posible si durante la noche trabaja una sola persona. Valero plantea que es “arriesgado” que en un centro en el que viven familias desestructuradas y mujeres cuyo paradero no debe ser conocido por sus maltratadores, solo haya una persona durante la noche.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, argumentó el cierre de Ràdio Televisió Valenciana en su supuesta negativa a hacer recortes sociales como los que denuncia Comisiones Obreras. Alfonso lo ha criticado de forma sarcástica: “Pues menos mal que ha cerrado RTVV porque si no...”. Aunque Comisiones Obreras ha anunciado que recurrirá las condiciones de esta licitación, temen que las próximas que se publiquen para los dos centros de acogida en Castellón y Alicante sigan el mismo patrón. “Estos recortes van destinados a que dentro de cuatro años se supriman todos estos servicios. Este es el primer centro que licita y va a marcar el camino de la futura atención a las mujeres”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/26/valencia/1393446251_456163.html

UNA CONCEJAL DEL PP LLAMA «TERRORISTAS» A LAS MUJERES QUE RECURREN AL ABORTO

«Matar a un ser humano es ser un terrorista». Así de contundente se mostró el pasado día 5, en una rueda de prensa, la concejal del Partido Popular Davinia Saorín, que hizo estas declaraciones en relación al Anteproyecto de Ley del Aborto y las críticas de PSOE e IU-Verdes. «Es una aberración que se mate a un ser humano, porque no vivimos en la Edad Media, sino en el siglo XXI».

Saorín añadió que «existen medios anticonceptivos, y la mujer puede decidir cómo, cuándo y por qué quiere ser madre. Si yo no he sido madre antes, es porque tengo otras ocupaciones que me lo impiden. Hay medios a mi alcance y yo no tengo que recurrir a matar una vida humana». Asimismo, la edil calificó las críticas al anteproyecto como «una aberración». «Se ponga como se ponga Elena Valenciano y los socialistas, eso es matar a un ser humano».

De esta forma, Saorín, que dentro de su grupo es responsable de Sanidad y Política Social, concluyó su discurso asegurando que «el aborto genera problemas psíquicos y físicos muy importantes para la mujer, como depresión, ideas suicidas, problemas de afectividad e, incluso, maltrato infantil».

http://www.laverdad.es/murcia/v/20140211/comarcas/concejal-llama-terroristas-mujeres-20140211.html

SANIDAD VUELVE A DAR EL TELÉFONO DE ATENCIÓN A MALTRATADAS A LA EMPRESA QUE DESPIDIÓ EMBARAZADAS

El ministerio adjudica el servicio a Qualytel: aunque su oferta era la más cara, aseguran que fue la propuesta "económicamente más ventajosa"

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se niega a decir si abrió una investigación, tal y como se comprometió a hacer, y cuáles fueron sus conclusiones

A finales del año pasado, CCOO denunció que Qualytel había despedido a trabajadoras embarazadas; por otro lado, la Inspección de Trabajo multó a la compañía en 2012 por echar a personas con discapacidad. Sin embargo, la empresa ha vuelto a obtener la máxima puntuación en el concurso de licitación, y no porque fuera la oferta más barata sino porque obtuvo la mayor puntuación en los "criterios que dependen de un juicio de valor".

Cinco empresas concurrieron a la licitación que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (que depende del Ministerio de Sanidad) abrió en diciembre. Dos de ellas fueron excluidas del procedimiento por no cumplir los requisitos establecidos en una cláusula del pliego de condiciones sobre cómo presentar la documentación necesaria. Así pues, la mesa de contratación valoró las ofertas de las otras tres compañías: Qualytel, Sertel y Atento.

Ha sido Qualytel la empresa que más puntuación ha conseguido (85,36 puntos sobre 100), seguida de Sertel (80,63 puntos) y de Atento (77,25). De los cien puntos totales que podían conseguirse, 38 eran por criterios que dependían de un juicio de valor y 62, en función de la oferta económica.

En la oferta económica, Qualytel ha sido la peor parada: sólo consigue 59,11 puntos frente a los 62 (el máximo) de Atento y los 61,38 de Sertel. Pero en los criterios que dependen de un juicio de valoración (como estructura del servicio o recursos humanos), Qualytel es la que mayor puntuación tiene (26,25 puntos), seguida de Sertel (19,25) y de Atento (15,25).

Según el anuncio de adjudicación, la oferta más baja presentada fue de 752.066,12 euros y la más cara, de 796.281,28 euros, que correspondía a Qualytel. Sin embargo, en el expediente de adjudicación se resuelve que, una vez vistas la puntuación y los motivos de ésta, se concede el servicio a Qualytel "por ser la propuesta económicamente más ventajosa".

Fuera cual fuera la adjudicataria, las trabajadoras que prestan el servicio del 016 tienen que ser subrogadas. El contrato con la empresa es por un año, prorrogable durante otros doce meses.

Cuando se produjeron las denuncias, tanto PSOE como Izquierda Plural pidieron explicaciones a la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, en la Comisión de Igualdad del Congreso. Hernández aseguró entonces que la Delegación abriría una investigación para conocer lo sucedido y que el concurso para una nueva licitación del servicio se abriría en breve.

A la llamada de eldiario.es, la Delegación no ha querido confirmar si tal investigación se llevó a cabo y cuáles fueron sus resultados. "Nos remitimos a la empresa", dice un portavoz. La empresa se ha limitado a decir que cumple con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y que vela "por el respeto a los derechos de los trabajadores; en especial, en una apuesta inequívoca por el empleo femenino y juvenil".

Fuentes sindicales dicen desconocer si el Ministerio solicitó información a la empresa, aunque aseguran que nadie de la Delegación preguntó en el centro de Zaragoza (donde se produjeron los despidos). Señalan también que la precariedad laboral continúa. "Hay mucha gente con contratos de mes a mes; si así se produce un despido, es muy difícil demostrar que es porque la persona se ha puesto enferma o se ha quedado embarazada. Hay tal precariedad que cada cierto tiempo se dan situaciones complicadas", aseguran.

Dos despidos

Qualytel es filial del grupo Arvato Bertelsmann y tiene centros de trabajo repartidos por varias ciudades españolas. Es en su centro de Madrid en el que se encuentran las trabajadoras encargadas de atender el teléfono 016. Fue en octubre cuando CCOO denunció que la empresa había despedido a al menos dos trabajadoras que estaban embarazadas en su centro de Zaragoza. La empresa readmitió a una de ellas y aseguró que se trataba de un error de la ETT que había hecho el contrato.

En el otro caso, señaló que no se trataba de un despido, porque el contrato temporal de la trabajadora finalizaba. No obstante, la empleada llevaba casi un año con un contrato que se renovaba mes a mes, y fue en su octavo mes de embarazo cuando le comunicaron que no volverían a renovárselo.

Por otro lado, la Inspección de Trabajo sancionó a Qualytel por infracción grave al incumplir la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI) y despedir a trabajadores con discapacidad en 2012. Además, tanto CCOO como CGT han denunciado las condiciones de trabajo sumamente precarias de Qualytel, con una temporalidad excesiva, contratos que se renuevan mes a mes, y unas pausas de trabajo que no se respetan tal y como aparecen en el convenio colectivo.

Qualytel es, además, una de las empresas adheridas a la Red de Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género que puso en marcha el Ministerio de Sanidad.

http://www.eldiario.es/sociedad/Sanidad-adjudicar-maltratadas-despidio-embarazadas_0_235176753.html

EL INSTITUTO DE LA MUJER DA LA MÁXIMA SUBVENCIÓN A UNA ORGANIZACIÓN PRESIDIDA POR UNA DIPUTADA DEL PP

Carmen Quintanilla es la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso

Preside también la Asociación de Mujeres y Familias del Mundo Rural, la organización más beneficiada en el reparto de subvenciones

El reparto de fondos se ha recortado a la mitad y han quedado fuera 36 asociaciones de mujeres que hasta ahora eran subvencionadas

Carmen Quintanilla (PP): “La reproducción asistida es un privilegio, no un derecho”

Hace apenas un mes que el Instituto de la Mujer ha concedido sus subvenciones anuales entre las asociaciones de mujeres. ¿Cuál de ellas ha percibido la subvención más elevada?

La Asociación de Mujeres y Familias del Mundo Rural (Afammer), que está presidida por Carmen Quintanilla, diputada del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso durante esta legislatura.

Affamer ha recibido 58.248,22 euros de subvención en la convocatoria de 2013, la cantidad más alta de entre todas las concedidas, según aparece en la resolución publicada en el BOE.

Según las fuentes consultadas, en convocatorias anteriores Affamer nunca había sido la asociación con la subvención más elevada. Por ejemplo, en las concedidas con cargo al presupuesto de 2011, Affamer obtuvo 37.845 euros. Por delante había al menos 12 asociaciones, como la Federación de Mujeres Progresistas (120.125 euros), la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas o Divorciadas (con 100.500 euros), la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (que recibió 81.300 euros), la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania (73.790 euros), la Federación de Planificación Estatal Familiar (que percibió 66.619 euros), o la Confederación Nacional de Mujeres en Igualdad (con 56.435 euros).

Quintanilla pertenece también al Comité Ejecutivo de la Asociación para la Racionalización de los Horarios, que por primera vez recibe una subvención del Instituto de la Mujer, en este caso de 14.772 euros.

La presidenta de la Comisión de Igualdad no ve contradicción ni problema ético o estético en que la asociación que preside sea la más subvencionada. "Somos la primera organización de mujeres rurales de España, llevamos 32 años trabajando y siempre nos han dado subvenciones. Soy funcionaria del estado y jamás he vivido de mi organización, cobrado una dieta o un kilometraje", dice en conversación con eldiario.es

¿Le ha favorecido la nueva baremación que el Instituto de la Mujer aprobó en 2013 y de la que se quejaron las asociaciones de mujeres? "Si este año hemos subido es porque cumplimos casi con el 80% de la nueva baremación. Los nuevos criterios han puesto a cada organización en su lugar y yo no he tenido nada que ver con esos cambios", asegura Quintanilla, que señala que su escaño es fruto de la importancia que el PP da a la representación de las mujeres rurales.

En 2013, el dinero destinado a subvenciones para asociaciones de mujeres se recortó drásticamente: pasó de 2 millones de euros a un millón, la cantidad más baja desde la creación del Instituto de la Mujer en 1983, según varias asociaciones, que han remitido a la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Plaza, una carta en la que rechazan los nuevos criterios de reparto.

¿Los motivos? Aseguran que han dejado fuera a 36 asociaciones de mujeres que habían sido subvencionadas en los años anteriores. "Los nuevos criterios han primado a entidades muy capitalizadas y/o tecnificadas, en detrimento del activismo feminista", denuncian. En 2011 las entidades subvencionadas fueron 96, que pasaron a 90 en 2012 y que finalmente han quedado en 61 en 2013.

Las organizaciones afirman que el 24% de los fondos se han destinado a entidades "cuya prioridad no es la promoción de la igualdad de las mujeres", algo que contradice la propia convocatoria de subvenciones, que menciona que su objetivo es financiar al movimiento asociativo y fundacional "directamente vinculado al área de competencia y actividad del Instituto de la Mujer, a fin de facilitar su disponibilidad de los medios precisos para el cumplimiento de sus objetivos".

Por ejemplo, la Asociación Española Contra el Cáncer o la Fundación Secretariado Gitano, que cuentan con convocatorias específicas de subvenciones (como la del 0,7% del IRPF, de la que percibieron 1,4 millones y 2,6 millones, respectivamente), han recibido 32.324 euros y 19.999 cada una.

En julio, decenas de asociaciones ya denunciaron que el Instituto de la Mujer había reducido a la mitad el presupuesto para subvenciones y había cambiado radicalmente los criterios para concederlas. Los nuevos requisitos, advertían, favorecían a grandes fundaciones y ONG no especializadas en igualdad, ya que no tenían en cuenta las especificidades de las asociaciones de mujeres.

Ahora piden una reunión con la directora del Instituto de la Mujer para proponer cambios en los criterios, por ejemplo, exigir la presencia de al menos el 50% de mujeres en el órgano de representación o que la especialización de la promoción de la igualdad de las mujeres sea el principal criterio de valoración.

http://www.eldiario.es/sociedad/Instituto-Mujer-organizacion-Carmen-Quintanilla_0_223278534.html

LA REFORMA LABORAL ACENTÚA LA BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRE Y MUJER

Las mujeres españolas tienen que trabajar 84 días más que los hombres para recibir el mismo salario, según un estudio de UGT

La reforma laboral del Gobierno refuerza la desigualdad del mercado laboral y empeora la economía de las mujeres, según un estudio presentado por UGT. Desde el inicio de la crisis la brecha salarial entre hombre y mujer ha aumentado más de un 1%. Los últimos datos, de septiembre de 2011, sitúan la brecha en un 22,9%, según la Encuesta de Estructura Salarial.

Las mujeres españolas tienen que trabajar 84 días más que los hombres para recibir el mismo salario. "Si este país no quiere cometer un suicidio desde el punto de vista social tiene que hacer lo que han hecho otros países y crear políticas públicas que favorezcan a la mujer", ha señalado Almudena Fontecha, secretaria para la Igualdad de UGT, en la presentación del informe.

Más de siete millones y medio de españolas tienen empleo, pero son menos que los hombres, en concreto un 16,3%. Casi tres millones de mujeres están en paro. El número de desempleadas aumentó un 26,3% frente al 25,3% de los hombres. Tener una alta formación no acerca la distancia entre hombre y mujer. En el trabajo a tiempo parcial también son ellas las perjudicadas. Los hombres que trabajan a tiempo parcial no llegan a los 750.000 y cobran una media de 804 euros mensuales. Sin embargo, las mujeres son más de dos millones y su salario medio es de 719 euros. Es decir, el número de mujeres que trabajan a tiempo parcial es casi el triple que el de los hombres y cobran 85 euros menos al mes. Fontecha a resaltado que las mujeres que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque "no tienen otra posibilidad, no es algo optativo". Del total de mujeres desempleadas, algo más del 60% no reciben ningún tipo de ingreso.

Por sectores, la hostelería es la actividad peor remunerada para las mujeres, perciben un 36% menos que el salario medio femenino y un 49% del salario medio masculino. En materia de pensiones también tienen peores condiciones. Las diferencias salariales que se viven ahora entre ambos sexos se van acumulando y si ahora le brecha está cerca del 23%, en la jubilación puede alcanzar una tasa de hasta el 32,5%, según explica el estudio. El 71% de las mujeres con una pension de jubilación percibe unos ingresos igual o por debajo del Salario Medio Interprofesional, mientras que en el caso de los hombres solo es un 24,4%. De las 17.681 personas que cobran pensiones, solo 2.373 son mujeres, y la mayoría de estas cobran la pensión de viudedad.

Fontecha ha señalado que la solución de la crisis está más cerca de lo que se piensa y que parte de esa solución está en las mujeres. "La mujer toma el 80% de las decisiones de consumo, sería favorable un cambio de modelo", ha indicado la secretaria. También ha destacado que esta crisis, a diferencia de otras, no se ve con perspectivas de género. Pero a pesar de las diferencias salariales entre hombre y mujer, las mujeres "no han dejado de querer trabajar y no se van a ir".

El informe presentado por el sindicato también explica las dificultades que existen en España para analizar la desigualdad, por la falta de estadísticas. Solo existe la Encuesta de Estructura salarial que se publica cada cuatro años.

http://www.cadenaser.com/economia/articulo/reforma-laboral-acentua-brecha-salarial-hombre-mujer/csrcsrpor/20140217csrcsreco_3/Tes

OFENSIVA DEL GOBIERNO CONTRA LAS MUJERES

Más allá de aprobar anteproyectos como el de la reforma de la ley del aborto, que ha hecho que la frase “en solidaridad con las mujeres españolas” vuelva a oírse en capitales europeas y latinoamericanas, las cifras son elocuentes. Desde el primer día en que Mariano Rajoy presentó a los miembros de su Ejecutivo quedó claro que la igualdad no estaba en su agenda. Las mujeres del actual Gobierno sólo representan el 28,5% del total. Pero lo más grave es ver cómo se han ido recortando sistemáticamente las partidas destinadas a Igualdad en los dos últimos años.

En 2012, con los primeros presupuestos de la era Rajoy, descendió el dinero destinado a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en un 19,9% (la media del conjunto de los ministerios fue el 16,9%), y el de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género, un 21,3%. El año siguiente aún fue peor. En 2013, las políticas de igualdad se recortaron un 24% respecto a 2012 (casi el triple de la media de los ministerios -8,9%-), y la lucha contra la violencia de género, el 7%.

Desde 2011, las políticas de Igualdad han sufrido un recorte del 38,79%. En el mismo periodo de tiempo, el presupuesto destinado a combatir la violencia de género ha descendido en un 28% y el Instituto de la Mujer acumula un recorte del 34,2%. Del total del presupuesto en Igualdad para este año, el 33,13% está destinado a gastos de personal y el 39,58% a gasto corriente, por lo que sólo el 27,29% se dedica a actuaciones específicas. Los programas de Formación y Fomento de Empleo Femenino que llevaban a cabo las comunidades autónomas se han recortado en un 64,46% respecto a los presupuestos del año anterior y en un 97,02% en los últimos tres años. También se reducen este año en un 5,7% las prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, lo que supone un ajuste total del 8,77% respecto a 2011.

En un amplio reportaje publicado en la revista de febrero de La Marea, la periodista Nuria Varela analiza con detalle todas esas políticas, así como las reformas que el Gobierno quiere que aparezcan como políticas “neutras”, pero que tienen un impacto directo sobre las mujeres.

Entre estas normas “sin impacto” destaca la Ley 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. La norma amplía el período de prueba de tres a 12 meses, modifica el contrato a tiempo parcial, abarata el despido y facilita el descuelgue de los convenios colectivos (muchos de los cuales introducían mejoras en la conciliación de la vida familiar y laboral). La presencia de mujeres en la jornada a tiempo parcial es mayoritaria y, por ello, medidas como el contrato indefinido con periodo de prueba de un año, la regulación de horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial o la distribución irregular de la jornada, afectan a su empleabilidad. A ello hay que unir la eliminación de la bonificación empresarial por maternidad.

Pérdida de empleo en sectores feminizados

Otra norma aparentemente neutra es el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público que contemplaba, entre otras actuaciones, la aplicación de la tasa de reposición del 10% en las ofertas de empleo público durante 2011, 2012 y 2013. Los presupuestos para 2013 modificaron este Real Decreto estableciendo que, a lo largo de dicho año, no se procedería en el sector público a la incorporación de nuevo personal. Medidas que, señalan desde CCOO, “están generando una pérdida de empleo en sectores claramente feminizados como la Enseñanza, la Sanidad o la Administración local. Sólo en el sector educativo, en un año se han perdido (tanto en lo público como en lo privado) más de 39.000 empleos, de los cuales el 70,25% correspondía a mujeres.

En los Presupuestos de 2012, el Estado reducía en un 42% su contribución al Plan Concertado de Servicios Sociales, pasando de 600.000 a 423.000 las personas con ayuda a domicilio. A ello se suma la suspensión en 2012 y 2013 de la atención a las personas con Dependencia Moderada, y la eliminación en los Presupuestos de 283 millones de euros que se transferían a las comunidades autónomas para residencias geriátricas y la organización administrativa del nivel acordado de la Ley de Dependencia.

Las consecuencias de estas políticas son más que evidentes. En 2010, España se encontraba en el puesto número 11 en el informe que elabora el Foro Económico Mundial sobre la brecha de género. En 2013, ya había descendido hasta el 30. Más lamentable aún es comprobar que en lo que respecta a la brecha salarial -la diferencia entre lo que cobran mujeres y hombres por el mismo trabajo-, España ocupa el puesto 116.

http://www.lamarea.com/2014/01/31/la-marea-de-febrero-analiza-la-ofensiva-del-gobierno-de-rajoy-contra-las-mujeres/

TRES MAGISTRADAS ACUSAN A LESMES DE SEXISTA POR USAR SÓLO EL MASCULINO EN SUS CARTAS

El comienzo de Carlos Lesmes como presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo no está siendo fácil. Tres magistradas del Alto Tribunal le han enviado una carta acusándole de utilizar un lenguaje sexista en la misiva que este mandó a todos los magistrados el tribunal y en la que sólo se dirigía con el género masculino a sus compañeros.

La carta que Lesmes envió al resto de magistrados del Supremo comienza con un “Queridos compañeros” y sigue diciendo “Me dirijo a vosotros para ponerme a vuestra disposición en esta nueva etapa (…)”. Para las magistradas Celsa Picó, Isabel Perelló y Margarita Robles, esta última exvocal del anterior CGPJ, la forma de dirigirse del presidente en esa carta les ha causado, cuando menos, sorpresa, “en la que a la vista del lenguaje en ella utilizado, o bien sólo se dirige a los hombres magistrados, con exclusión de las mujeres que también lo somos, o bien no tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres”. En esta norma se establece como uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos, según recuerdan las magistradas, “la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales (como en este caso), culturales y artísticas”.

En su escrito al que ha tenido acceso El Confidencial, con fecha de este lunes, las tres magistradas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo –de la misma de la que proviene Lesmes– le piden, “con la debida consideración”, que en las próximas comunicaciones “no se excluya a las magistradas del Tribunal Supremo y de los demás órganos jurisdiccionales, y que se tenga en cuenta lo establecido en el precepto citado”, así como el “Informe sobre el lenguaje no sexista” aprobado por la decisión Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad de 13 de Febrero de 2008 del Parlamento Europeo.

En su carta dirigida tanto a los magistrados del Supremo como de otros tribunales, Lesmes apunta que uno de sus principales objetivos es el “acercamiento real” del CGPJ y de su presidente a todos los miembros de la carrera judicial. “Mi compromiso al tomar posesión del cargo ha sido que todos os sintáis representados en este CGPJ, pertenezcáis o no a una asociación”.

Una llegada 'difícil'

Sin embargo, desde que tomó posesión el pasado 12 de diciembre, este magistrado de la Sala de lo Contencioso, y candidato para el puesto del ministro de Justicia tras Alberto Ruiz-Gallardón, no ha ganado para críticas. Su aterrizaje en la presidencia tanto del órgano de los jueces como del Alto Tribunal es calificado por algunos de sus compañeros como “un elefante en una cacharrería”.

Los principales puntos de discordia han sido los nombramientos elegidos a dedo por este sin consultar previamente con los vocales del CGPJ, de quienes ha dependido su nombramiento, al ser el presidente del Consejo elegido por los vocales, y no a la inversa.

Junto a estos nombramientos ha venido una cascada de despidos de personal tanto en el Supremo como en el CGPJ, unas salidas especialmente mal vistas por las formas en las que se han producido y por la unilateralidad de la decisión. Por otro lado, algunos vocales critican que no están siendo informados de los movimientos y de las decisiones adoptadas por el órgano.

De la misiva remitida, tampoco ha sentado muy bien entre los compañeros del Supremo que Lesmes diga que la mejora de la Justicia, la credibilidad de las instituciones y el servicio público al ciudadano depende del “esfuerzo y trabajo diario” de los magistrados, punto que han interpretado como un apretón de tuercas cuando él viene de este tribunal y conoce el trabajo de los magistrados.

“A pesar de que corren tiempos difíciles, trabajaremos por conseguir en los medios con los que contamos una modernización de nuestro sistema judicial que redunde en un trabajo más eficiente y un servicio al ciudadano más acorde con las necesidades actuales”, añade en su carta enviada el pasado 16 de enero.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-01-22/tres-magistradas-acusan-a-lesmes-de-sexista-por-usar-solo-el-masculino-en-sus-cartas_79025/

UN SENADOR DEL PP CELEBRA LA NUEVA LEY PORQUE EL ABORTO ES "UNA FORMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO"

El portavoz de Educación del Grupo Popular en el Senado, Luis Peral, ha saludado este viernes el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada porque supone "cumplir el compromiso" del PP y va a dar "satisfacción" a muchos votantes del partido. A su juicio, Mariano Rajoy "ha cumplido su palabra".

"El aborto es un verdadero drama para la mujer y una forma de violencia de género que a veces no se quiere reconocer", ha declarado Peral a Europa Press, que ha señalado que la decisión de abortar a veces se toma "en soledad" y "con presiones de padres y empleadores".

Además, el senador del PP ha señalado que se ha realizado un abuso del aborto eugenésico, que va en contra de las personas con discapacidad. Según ha recalcado, ahora en España el 90 por ciento de los niños con Síndrome de Down no nace y no se puede considerar menos personas a aquellas que tienen una discapacidad.

Peral ha destacado que el texto del Gobierno parte de la idea de que el aborto no puede ser considerado un derecho porque "ningún tratado internacional lo reconoce como derecho". "Esos convenios protegen la vida del no nacido", ha señalado, para añadir que una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce la dignidad del ser humano desde el primer momento de la concepción.

No le preocupa la oposición de PSOE e IU

Ante el hecho de que el PSOE haya anunciado una oposición "radical" a la reforma del Gobierno y vaya a pedir voto secreto en el Parlamento, el parlamentario del PP ha dicho que no le "preocupa" la oposición de la izquierda y ha recordado que cuando en 2010 se votó en el Senado la ley de plazos del PSOE "ni un solo senador del PP dejó de votar en contra de la ley".

Preguntado si puede haber voces críticas dentro del PP con el texto presentado hoy por el Ejecutivo, Luis Peral ha señalado que esta reforma "va a dar mucha satisfacción" tanto a las personas que quieren que se cumpla el programa del PP como a las que "quieren que se cumpla el artículo 3 de los Estatutos del partido", que, según ha dicho, recoge el compromiso irrenunciable del PP con el derecho a la vida.

http://www.eldiario.es/politica/Senador-PP-violencia-Rajoy-cumplido_0_209279832.html

LOS RECORTES ANIQUILAN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El presupuesto destinado a prevención se ha reducido casi un 30% desde la llegada de Rajoy a Moncloa.

Todos los expertos coinciden en que cuantos más recursos se dediquen a combatir la violencia de género, menos mujeres sufrirán los efectos de esta lacra. Ese axioma también lo conocen los responsables del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, con la ministra Ana Mato al frente. Poco parece importarles: los recortes en políticas en favor de la igualdad y en los programas para la prevención de la violencia machista han sido constantes desde que el PP llegó al poder en diciembre de 2011. En el caso de la igualdad los recortes llegan al 47% en los dos últimos años y el presupuesto destinado a prevenir la violencia contra las mujeres se ha reducido cerca de un 30% tras llegar Rajoy a La Moncloa.

Son datos oficiales. Basta con echar un ojo a los Presupuestos Generales del Estado para confirmarlo. El dinero destinado a combatir la violencia de género ha sufrido con fuerza los efectos de la tijera: a día de hoy, un 26,9% menos desde 2011. Ese año el Gobierno entonces presidido por José Luis Rodríguez Zapatero reservó 30.363.120 euros para este apartado; en 2013, el Ejecutivo del PP apenas ha destinado 22 millones de euros (en concreto 22.197.340 euros). En cifras absolutas son 8,1 millones de euros menos entre 2012 y 2013.

En 2014 el panorama no va a cambiar. De hecho, empeora: el presupuesto para los programas de prevención de la violencia machista será de 21.854.420 euros el año próximo, un 1,45% menos que en 2013 y nada más y nada menos que un 28% menos que en 2011.

Laura Seara, diputada del PSOE y la última secretaria de Estado de Igualdad en el Gobierno de Zapatero, denuncia con un punto de indignación la inconveniencia de estos recortes en violencia de género, sobre todo, si se miran las estadísticas: "Desde 2011 todos los indicadores, tanto el número de denuncias, como el número de retirada de denuncias, como los asesinatos sin denuncia, no han dejado de crecer y la respuesta del PP son 8.508.700 euros menos en los presupuestos".

Pero lo más grave para Seara, que antes de ser secretaria de Estado dirigió el Instituto de la Mujer, es que estos recortes impulsados por el Gobierno de Mariano Rajoy responden a unos intereses muy concretos que van más allá de lo puramente económico: "Son recortes ideológicos contra los derechos de las mujeres. Eso es inadmisible y muy grave. El Gobierno del PP está demostrando que ni la violencia de género ni la igualdad son una prioridad".

Laura Seara (PSOE): "La violencia de género ha pasado de ser asunto de Estado a casi desaparecer de la agenda política"Seara recuerda cuánto se avanzó con los Gobiernos del PSOE en la lucha contra la violencia machista —menciona la Ley Integral contra la Violencia de Género que Zapatero aprobó en su primera legislatura— y lo mucho que se está perdiendo ahora con el PP: "La violencia de género ha pasado de ser un asunto de Estado a prácticamente desaparecer de la agenda política. Esta inacción me parece muy peligrosa".

Esa inacción se ve en los números. Los datos presupuestarios de las actuaciones contra la violencia de género demuestran que los gastos de personal son la única partida que ha aumentado en los años de gobierno del PP, y considerablemente además: 810.220 euros en 2011 frente a 1.728.190 euros en 2014. Podría pensarse, con los datos en la mano, que el Gobierno del PP destina más funcionarios que a estas políticas de prevención. Pero no es así.

Laura Seara lo achaca a que el Gobierno del PP ha desmantelado la estructura administrativa que heredó del Ministerio de Igualdad que, si bien es cierto que Zapatero lo suprimió, al menos mantuvo gran parte de su estructura. "Ahora el PP tiene un cacao administrativo tremendo. Ha fusionado direcciones generales y ha hecho una especie de cajón de sastre. Por eso han aumentado los gastos de personal, porque ahora están todos juntos, no es que haya más. El PP mantiene el nombre de Igualdad, pero en estos dos años se ha cargado el Instituto de la Mujer y sus competencias, y también se ha cargado buena parte de las direcciones generales", explica la diputada socialista.

Lo cierto es que todo es recorte tras recorte o, en el mejor de los casos, congelación. El mayor de los recortes se ha producido en el apartado de "inversiones reales", es decir en la construcción de centros para mujeres maltratadas, material informático y equipamientos. En 2011 se invirtieron 11,43 millones de euros en la lucha contra la violencia machista; en 2014 serán sólo 6,44 millones. Es un 44% menos que tres años antes. Seara vuelve a aportar luz con un ejemplo de lo que es un recorte: "Una inversión real era el Centro de Recuperación Integral de Víctimas de Violencia de Género que estábamos haciendo en Madrid, en Entrevías. Esa era la gran inversión real que había al final del Gobierno del PSOE y ahora está parado".

Tijeretazo en la atención social a maltratadas

Las transferencias corrientes a las Comunidades Autónomas, es decir las subvenciones y las ayudas, en este caso para programas de asistencia social para mujeres maltratadas, también han experimentado un bajón importante: de 5.295.640 euros que tuvieron en 2011 se ha pasado en 2013 a sólo cuatro millones. Un 25% menos desde 2011, denuncia Seara, cifras en mano.

Las subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro tampoco se han librado del afán recortador de los conservadores: 8,60 millones de euros en 2011 frente a 8,09 en 2013. En 2014, la cifra se congela. Son 515.200 euros menos en tres años. Cifra que puede parecer modesta, si no fuera porque el grueso de ese recorte se concentra exclusivamente en el programa de atención a mujeres que han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Y por si esto fuera poco, insiste Seara, en el PSOE siguen "sin tener noticias" de la Estrategia nacional para la Erradicación de la Violencia de Género 2013-2016, un plan de actuación que la ministra Ana Mato ha anunciado en varias ocasiones en el Congreso de los Diputados. Según la ministra, esta Estrategia estaría dotada con 1.536 millones de euros.

En tres años el PP ha recortado un 94% las políticas de fomento del empleo femenino

Sin embargo, estos recortes en violencia de género languidecen al lado de los que se han llevado a cabo en políticas de Igualdad. En la primera, esos recortes son más difíciles de justificar: unas 700 mujeres han muerto en los últimos diez años a manos de sus parejas o exparejas. Pero en la Igualdad no hay víctimas mortales. Seara señala que entre 2011 y 2014 el PP ha recortado un 94% el dinero destinado a la formación y al fomento del empleo femenino.

Ante este panorama sembrado de recortes, Seara sólo puede llegar a una conclusión: "Es como si el Gobierno no quisiera hablar de igualdad y de violencia de género, como si así dejarán de existir". Pero lamentablemente la violencia de género existe y miles de mujeres la siguen sufriendo a diario

http://www.publico.es/483119/los-recortes-aniquilan-la-lucha-contra-la-violencia-de-genero

EL GOBIERNO APRUEBA LA LEY DEL ABORTO MÁS RESTRICTIVA DE LA DEMOCRACIA

El Gobierno aprueba un retroceso de 30 años

El Gobierno aprobó este viernes la ley del aborto más restrictiva de la democracia, a la que pondrá nombre Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas —un derecho que existe solo desde 2010— y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 1985. Pero esos supuestos se reducen, y la posibilidad de la mujer de acogerse a ellos se restringe. Solo habrá dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos —con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo— los que decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada.

La nueva normativa se llamará Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, por ese orden; Gallardón aseguró que se ha hecho para proteger “a los más débiles: los concebidos y no nacidos”, pero “siempre en interés de la mujer” y respetando asimismo sus derechos. Según el ministro, la ley vigente, aprobada por el PSOE en 2010, vulnera el “equilibrio” en la protección de los derechos del feto y de la mujer que impuso el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, porque “desprotege” al nasciturus en las primeras 14 semanas de embarazo (en ese plazo se puede abortar sin alegar motivo). La Ley de 2010 está recurrida por el PP ante el Constitucional, pero este aún no ha dictaminado; Gallardón dijo que el Gobierno no necesita esperar a conocer esa sentencia porque está convencido de que esa ley es inconstitucional.

El PSOE calificó la futura norma de “vergüenza” y auguró que producirá muertes por abortos realizados en la clandestinidad. Otros grupos de oposición, como IU, UPyD, ERC y PNV se manifestaron también frontalmente en contra. La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) —a las que el anteproyecto de ley resta funciones y cuyos servicios prohíbe publicitar— afirmó en un comunicado que la ley hará “prácticamente imposible” abortar en España. En el año 2011, último con datos oficiales, se produjeron 118.359 abortos; el 90%, antes de la semana 14 de embarazo.

El anteproyecto debe ser sometido ahora a diversos informes y después al debate parlamentario, por lo que no entrará en vigor hasta dentro de aproximadamente un año.

» La malformación fetal no será motivo de aborto. El anteproyecto de ley señala que el aborto es un delito salvo en dos supuestos: que el embarazo sea fruto de una violación (alegable en las primeras 12 semanas) y que genere un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada” (alegable en las primeras 22 semanas). Desaparece, por tanto, el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida, que con una u otra formulación ha existido durante tres décadas. Que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que este sea y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer, ya no será en sí mismo un motivo legal para abortar.

Gallardón, que anunció la supresión de ese supuesto hace año y medio, fue modulando su propuesta en los meses siguientes —ante la enorme polémica generada— y, el pasado mayo, en el Senado, hizo una distinción: entre las malformaciones fetales muy graves —“que naturalmente la legislación contemplará como ha contemplado siempre”, dijo— y las “discapacidades” del feto, que quedarían fuera de la ley para no “discriminar” a los discapacitados. Finalmente ha renunciado a esa distinción: todas las malformaciones y enfermedades quedan fuera de los supuestos legales de aborto. “No hay embriones de primera y de segunda, como no hay personas de primera y de segunda”, argumentó.

La autorización la firmarán dos médicos ajenos a la clínica que haga el aborto
» El “coladero” del daño psicológico, pero con más obstáculos. Que la malformación fetal desaparezca como supuesto no quiere decir que ninguna mujer embarazada de un feto con problemas de salud (del grado que sean) vaya a poder abortar: podrá hacerlo, si demuestra que eso supone un “grave peligro” para su salud psíquica, porque será eso lo que tendrá que alegar. El Gobierno recupera el supuesto de daño psicológico para la embarazada de la ley de 1985, al que se acogía entonces la inmensa mayoría de las mujeres y que el PP y las asociaciones antiabortistas tachaban de “coladero”. Lo recupera pero con un procedimiento más exigente, más complicado y más largo.

» Un informe de dos médicos y ajenos a la clínica. El “grave peligro” para la salud psíquica de la mujer —supuesto al que se acogerán previsiblemente quienes quieran abortar por malformación fetal o por otros motivos— tendrá que quedar acreditado en un informe firmado por dos médicos (ahora es solo uno). Esos dos profesionales no podrán ser los mismos que vayan a practicar el aborto —igual que sucede con la ley actual— pero tampoco podrán, y esta es la novedad, trabajar en el mismo centro en el que se practique el aborto. En la actualidad, el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo se produce en clínicas privadas, y son médicos de esas mismas clínicas los que elaboran los dictámenes médicos cuando son necesarios. También se hacía así con la ley de 1985. Ahora el PP rompe ese vínculo, para garantizar la “imparcialidad” de los informes médicos.

La mujer podrá elegir qué dos médicos —de la sanidad pública o de otra clínica privada diferente a la que vaya a practicar el aborto— firman su dictamen. Si la embarazada alega que el peligro para su salud psíquica es producto de que el feto padece una anomalía incompatible con la vida, tendrá que haber dos informes: uno de un especialista que acredite que la anomalía existe y otro del psicólogo o psiquiatra que dictamine si eso le genera a la mujer un daño psíquico. A partir de la semana 22, el daño psíquico ya solo puede alegarse si es por anomalías del feto incompatibles con la vida (ahora es igual).

Además, los médicos que firmen el informe en cualquier supuesto de riesgo para la salud psíquica tendrán que establecer que el conflicto entre la protección del feto y la de la mujer no puede resolverse, “desde el ámbito médico, de ninguna otra forma”. Y solo se entenderá que hay daño psíquico cuando, según su criterio, el embarazo produzca un “menoscabo importante” y “con permanencia en el tiempo” para la mujer. El Ministerio de Justicia afirma que así es como el Tribunal Constitucional describió en 1985 el riesgo para la salud psíquica.

La embarazada podrá decidir qué facultativos realizan el informe

» Información a la embarazada: verbal y con siete días de reflexión. En la actualidad, la mujer que decide abortar recibe de los médicos un sobre con información sobre alternativas, ayudas a la maternidad y riesgos de la intervención, y tiene que reflexionar sobre ello durante tres días antes de abortar. Ese plazo se amplía ahora a siete días, y la información —que no incluirá fotos de ecografías, según confirmó Gallardón— tendrá que darse en persona por parte de los trabajadores de los servicios sociales públicos. Fuentes de Justicia sostienen que no hay riesgo de que eso genere retrasos en todo el procedimiento y acabe aumentando los casos de abortos tardíos. “Se potenciarán los servicios sociales para que eso no suceda”, confían.

» Las menores, con permiso paterno. Las chicas de 16 y 17 años volverán a requerir el permiso de sus padres para abortar (como sucedía antes de 2010). En caso de conflicto familiar grave, un juez decidirá —en 15 días— a quién da la razón, si a la joven o a sus padres; en principio, primará la opinión de la embarazada.

» Derecho a la objeción de conciencia generalizado. Todos los profesionales sanitarios que participen, colaboren o cuyo trabajo sea necesario para realizar un aborto —desde el administrativo al celador o al que dispone los instrumentos en el quirófano— podrán acogerse a la objeción de conciencia. Con la ley actual solo pueden hacerlo los médicos que practican el aborto.

»Un delito sin castigo para la mujer. Los abortos realizados fuera de los supuestos legales serán delito, pero solo habrá castigo para el médico (hasta tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación, como ahora). La mujer no tendrá reproche penal. Gallardón se felicitó de esa novedad y lo justificó en que la mujer es una “víctima” del aborto, un argumento que algunas asociaciones de mujeres tacharon de “paternalista”.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/12/20/actualidad/1387544028_883233.html

EL CONSTITUCIONAL RESTRINGE LA PROTECCIÓN LABORAL DE LAS MUJERES EMBARAZADAS

El tribunal entiende que la trabajadora no está ‘blindada’ en el periodo de prueba de un contrato

El fallo tiene cinco votos discrepantes

El Supremo considera que un perjuicio laboral derivado del embarazo es discriminación

El Tribunal Constitucional interpreta extendiendo derechos o restringiéndolos. En el caso de las trabajadoras embarazadas ha decidido recortarlos. En una polémica sentencia, que ha contado con cinco votos discrepantes, ha dictaminado que el artículo del Estatuto de los Trabajadores que impide despedir a una mujer desde el inicio del embarazo hasta que da a luz no se puede aplicar a los periodos de prueba. Ese artículo fue la manera de blindara las gestantes, ante la evidente dificultad de poder probar el embarazo como causa de despido. La inclusión de un periodo de prueba en los contratos es optativa y tiene un tope máximo de seis meses con una excepción: aquellos de apoyo a emprendedores para fomentar el empleo en las pymes, que lo amplían a un año.

La restricción dictada por el Constitucional se basa en que no es lo mismo un “despido” que “el desistimiento empresarial durante el periodo de prueba”. La diferencia estriba en que se trata de figuras jurídicas diferentes porque se derivan de distintos tipos de contrato. Con esta premisa, el tribunal considera la protección propia de la Constitución (no discriminación por razón de sexo) pero no el plus que otorga el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, una protección reforzada y otorgada a las embarazadas desde 1995.

Según el fallo del alto tribunal, el legislador se “decantó conscientemente por limitar esa tutela excluyendo su aplicación al supuesto de desistimiento empresarial durante el periodo de prueba”.

El pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado dar amparo a una trabajadora que fue despedida, estando embarazada, cuando se encontraba en periodo de prueba. El despido, o “desistimiento empresarial” como lo considera el tribunal, se produjo en 2009 cuando comenzó a trabajar como comercial con un contrato de seis meses de duración, prorrogables automáticamente por periodos iguales y tras pactar un plazo de prueba de dos meses. En el momento de la firma del contrato, el 24 de junio, la trabajadora estaba embarazada, aunque no consta que la empresa tuviera conocimiento de su estado. El 4 de agosto, la empresa le comunicó que acababa su trabajo por “no superar el periodo de prueba”. La gestante recurrió el despido y alegó que este se produjo cuando la empresa se enteró de su embarazo.

“No cabe extender la protección dispensada para el despido a la resolución contractual en periodo de prueba”, sentencia el Constitucional que sostiene que el embarazo, aunque no sea conocido por la empresa, es causa objetiva de nulidad solo en caso de que se dé la figura jurídica del “despido” y no en el caso de “extinción de contrato en periodo de prueba”.

La resolución no ha estado carente de polémica. El magistrado Andrés Ollero no ha discrepado del fallo, pero, en un voto concurrente, señala que el argumento de que no hay discriminación porque también se ha despedido a un compañero no es convincente ya que “bastaría, para desistir de la relación laboral con una trabajadora embarazada hacerla acompañar de un trabajador varón en similar periodo de prueba”.

Cuatro de los 11 magistrados que votaron en el pleno firmaron el voto particular redactado por Fernando Valdés. En este, el magistrado (incluido en el llamado sector progresista) señala que la sentencia responde a “un concepto de las relaciones laborales que no se corresponde” con su “concepción del modelo constitucional y democrático”. El escrito —suscrito por Adela Asúa, Luis Ortega y Juan Antonio Xiol— advierte, además, de que la decisión judicial “puede incrementar la situación de precariedad laboral en la que se encuentran las trabajadoras embarazadas sometidas a un periodo de prueba”.

El hecho es que, según la legislación española, todos los contratos pueden incluir periodos de prueba: es un derecho optativo para el contratante. El límite son seis meses, excepto para un tipo de contrato para emprendedores y empresas de menos de 50 —que aprobó el Gobierno con la reforma laboral—, que dobla ese plazo. Bajo esa fórmula se han establecido 131.677 relaciones laborales: 51.664 de ellas, de mujeres.

La asesora jurídica de la Secretaría de la Igualdad de UGT, María Dolores Sánchez, apunta que las gestantes en periodo de prueba no van a dejar de estar protegidas pero sí advierte de que, al quedar fuera del blindaje del Estatuto, resulta necesario que haya indicios de discriminación. Sánchez admite que el artículo 55 solo habla del “despido” y que, jurídicamente, no es lo mismo que la extinción de la relación laboral. Aun así, estima que el tribunal debería haber realizado una interpretación más amplia, ya que “no hay ninguna razón para proteger más el despido que otra fórmula de extinción de una relación laboral”.

El abogado laboralista de OO, Enrique Lillo, es más contundente. “Tendrían que haber aplicado el sentido general del derecho y no resucitar las doctrinas regresivas”. Lillo considera que “el desistimiento empresarial durante el periodo de prueba” es “la extinción del contrato” y por lo tanto debería considerarse como tal. “Parecía ya superado y, con esta resolución dejan al trabajador más vulnerable en una situación de indefensión”.

A prueba

¿Voluntario? La inclusión de un periodo de prueba es optativa, y debe ser acordada por las partes en el contrato de trabajo. En la práctica, son las empresas las que deciden en la mayoría de los casos.

Periodo máximo. El periodo de prueba puede llegar a seis meses para los técnicos titulados, y a dos meses (tres en empresas con menos de 25 trabajadores) para el resto de trabajadores
La reforma laboral del PP estableció una excepción: hasta un año a prueba en contratos de apoyo a emprendedores para fomentar el empleo fijo en las pymes. Se han hecho 131.677 de estos contratos, 51.664 firmados por mujeres.

Derechos y obligaciones. Según la normativa laboral, durante el periodo de prueba se tendrán los que “correspondan al puesto de trabajo que desempeñe”.

Despido. El Constitucional sostiene que la protecció a la embarazada en caso de despido no rige porque cuando se está a prueba, se puede rescindir la relación laboral a voluntad, sin alegar causa alguna y sin preaviso.
El Constitucional apunta que “no existían indicios de discriminación” ya que la empresa alegó que no había cumplido los objetivos y que su despido fue simultáneo al de un compañero, varón, contratado en la misma fecha.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/22/actualidad/1382433009_085674.html

MADRID DEJA TEMPORALMENTE A 30.000 MUJERES SIN MAMOGRAFÍA PREVENTIVA

La Consejería de Sanidad suspende durante siete meses el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama por “un retraso en el nuevo contrato”

Capio intenta hacerse con las mamografías públicas

La Comunidad de Madrid ha tenido congelado el programa de detección precoz del cáncer de mama (Deprecam) durante al menos siete meses, entre febrero y septiembre, lo que ha provocado que no se realizaran mamografías preventivas a unas 30.000 mujeres. Según ha explicado la Consejería de Sanidad madrileña, el parón se debe a un “retraso” en el nuevo contrato que negocia con las clínicas privadas que hacen estas pruebas y que hasta ahora cobraban a la Administración entre 20,5 y 30 euros por cada una. El consejero, Javier Fernández-Lasquetty, ha atribuido el parón a “dificultades administrativas”. Fuentes de las clínicas privadas deslizan que la culpa es de las restricciones presupuestarias.

El programa de detección precoz del cáncer de mama funciona desde diciembre de 1998 en Madrid. Empezó haciendo mamografías preventivas a mujeres de entre 50 y 64 años, pero en 2006 amplió la prueba hasta los 69 años. Va dirigida a mujeres sanas, sin síntomas, que cada 24 meses reciben una carta con la citación. Muchas de estas mamografías de cribado las realizan las siete unidades móviles de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc), que cada año cita a unas 200.000 mujeres y acaba realizando 100.000 pruebas. El resto —en 2012 se hicieron en toda la región 151.370 cribados— se contratan con clínicas privadas. Y son estas las que han estado entre febrero y septiembre sin hacer una sola mamografía para el Deprecam.

Fernández-Lasquetty admitió este miércoles el problema, pero aseguró que se citará antes de final de año a todas las mujeres que no han recibido la carta durante el parón. Aseguró que se han realizado 70.000 mamografías de detección precoz en lo que va de año y otras 10.000 están programadas en próximas fechas. Según el consejero el retraso afecta a la “parte menor” del programa, es decir, las clínicas y no las unidades móviles, y que se debe a “dificultades administrativas” surgidas en la licitación del nuevo concurso.

La prueba se recomienda a todas las mujeres sanas de entre 50 y 69 años, y cada dos años
Desde las clínicas explican que el problema no ha sido la negociación de nuevos precios. “Si en todos estos meses no han sacado otro contrato es porque no han querido. Dijeron que lo harían, pero entre febrero y septiembre no hemos trabajado”, dice una fuente de una de las clínicas que hace mamografías para el Deprecam. Esta fuente atribuye a “restricciones presupuestarias” el parón y cree que la Comunidad de Madrid no ha sacado el nuevo contrato para ahorrarse esos meses. Las clínicas han vuelto a hacer las pruebas, pero con una prórroga del contrato antiguo. El nuevo “saldrá adelante el próximo año”, aseguró un portavoz de Sanidad.

El cribado pretende detectar de forma precoz lesiones en la mama, en ocasiones en fases premalignas, cuando la paciente no presenta síntomas y cuando los tratamientos pueden ser menos agresivos. Cuando la mamografía es sospechosa, es necesario un estudio más completo para hacer el diagnóstico. Un 8,1% de los resultados del cribado realizado en 2012 resultó dudoso y hubo que hacer pruebas complementarias, según la memoria del Servicio Madrileño de Salud de 2012. Al 1,55% de las mujeres se les aconsejó la realización de una nueva mamografía en un plazo de seis a 12 meses. La tasa de detección de cáncer de mama fue del 6,4 por 1.000 mujeres cribadas, según esta fuente.

“Es difícil decir cómo puede impactar este retraso en la población. Si hablamos únicamente de mujeres sanas de cribado poblacional y se trata de un retraso temporal en el programa, creo que el impacto es mínimo”, valoró ayer Antonio Llombart, portavoz de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). Según explica, se puede medir comprobando la eficiencia del programa. Este tipo de cribados tienen que ser capaces de detectar más del 70% de los cánceres. “Si los intervalos entre mamografías se alargan, el programa puede dejar de ser eficiente”, añade. “Si es algo temporal y excepcional, no creo que haya que alarmarse, pero si es una estrategia para aumentar los intervalos, sí tenemos un problema”, subraya. Y precisa: “Cuanto más precozmente se detecta un tumor, el esfuerzo sanitario y de la mujer para curarlo es menor”.

La polémica, adelantada el lunes por lamarea.com, llegó ayer al Congreso. El portavoz socialista de Sanidad, José Martínez Olmos, pidió a la ministra, Ana Mato, que abra una investigación. “Puede haber mujeres a las que no se les haya podido detectar precozmente un cáncer, con las consecuencias que eso conlleva”, alertó. Mato salió en defensa de Madrid. Aseguró que las 30.000 mamografías retrasadas se harán antes de final de año y que el Gobierno regional se lo está tomando “bien en serio”, según Efe. “No hagamos demagogia”, contestó al portavoz socialista.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/09/madrid/1381310483_066233.html

COSPEDAL DESPIDIÓ A UNA EMBARAZADA PORQUE NO DIJO QUE LE DOLÍA LA ESPALDA AL ENTRAR A TRABAJAR PARA LA JUNTA

El PARTE MÉDICO dio la baja a la profesora por una lumbalgia que le diagnosticó cuatro días después de tomar posesión en el instituto donde realizaba una sustitución, en 2012. Educación "deduce" que la docente ya padecía esas molestias desde el primer día.

La Junta de Castilla-La Mancha que preside la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, despidió en enero de 2012 a una profesora embarazada por no confesar que le dolía la espalda el día que entró a trabajar a un instituto público de la comunidad, para cubrir una sustitución. El entonces viceconsejero de Educación, Tomás García-Cuenca, argumentaba en un escrito que se puede "deducir" que cuando tomó posesión de su cargo, la docente ya padecía la lumbalgia causada por su estado de gestación por la que cuatro días después le dieron la baja.

La resolución del que fuera viceconsejero del departamento que dirige Marcial Marín, que se incluye en la demanda presentada por la docente a la que Público ha tenido acceso (ver PDF), explica que el 13 de enero de 2012 se adjudicó a la profesora, Silvia Campos, una plaza en el I.E.S. Antonio Jiménez Landi de Méntrida (Toledo) para sustituir al titular de una plaza de Lengua Castellana y Literatura. Asegura que el primer día, el 16 de enero, la maestra llegó al centro "con retraso" y firmó una "declaración responsable" jurando no estar incursa "en proceso alguno de incapacidad".

Pero añade que, dos días después, la profesora, que estaba embarazada de siete meses y medio, faltó al instituto tras justificar su ausencia por asistir al ginecólogo. Que las dos jornadas siguientes acudió a trabajar con normalidad pero que finalmente, el 20 de enero visitó al médico de cabecera, el cual le dio la baja médica por la lumbalgia. La Junta solicitó entonces un informe a la Inspección Médica de la propia Consejería de Educación, que descartó "un posible origen agudo o repentino" de esa dolencia al ser "una de las complicaciones más frecuentes de las embarazadas".

La Junta rechazó el recurso

Así, el informe de la propia administración regional concluyó que "existen argumentos médicos suficientes para deducir y sostener" que la profesora "ya padecía molestias lumbares y de dificultad para deambulación motivadas por su avanzado de gestación cuando firmó la documentación de toma de posesión como funcionaria interina". Por eso, porque considera que Campos faltó a la verdad en su declaración jurada, a fecha de 30 de octubre de 2012 la Junta rechazó el recurso de alzada que interpuso ella el 15 de febrero de ese año, y consideró que estaba justificada la revocación de su nombramiento que había sido dictada por la administración autonómica el 31 de enero.

Tras conocer la versión del Gobierno de Cospedal a través de la mencionada resolución, este diario se puso ayer en contacto con la propia afectada, Silvia Campos, que relató la suya. Según explica, después de haber pasado meses en paro, en enero de 2012 le llamaron para la mencionada sustitución en Méntrida (Toledo), localidad que está "a unas tres horas" de Ciudad Real, municipio en el que reside.

Un estado de gestación "evidente"

Siempre según su relato, el primer día llegó "media hora tarde" a su puesto de trabajo porque se perdió tratando de encontrar el pueblo. E insiste en que cuando firmó la declaración responsable era "evidente" su estado de gestación ya que estaba embarazada de siete meses y medio."¡Y no voy a rechazar un trabajo por estar embarazada!", exclama. Campos reconoce que, en efecto, a los dos días faltó al instituto por tener que acudir al ginecólogo, una cita que le habían dado "hacía meses", e insiste en que entonces no padecía "de ninguna manera" los dolores que empezaría a sufrir dos días después, cuando fue a la cita con su médico de cabecera y le dio la baja por lumbalgia.

Por eso interpuso el recurso, y por eso denunció caso ante los tribunales. "Es una clara discriminación, porque si por ejemplo hubiera tenido un accidente de coche en esos cuatro días me hubieran dado la baja igual, pero no me hubieran despedido", afirma. Campos, que parió a su hija el 24 de febrero de ese año, no ha conseguido volver a trabajar de lo suyo desde entonces y confía en que todo se aclare durante el juicio del caso que se celebrará el próximo 10 de abril.

Marín y la lista de espera de su mujer

A raíz de que este caso saliera a la luz, el sindicato STE-CLM ha exigido a la Consejería de Educación "que deje de atentar contra los derechos del personal interino y contra los derechos de las mujeres". "Esta es la paradoja del gobierno del PP que dice defender a la familia, que pretende penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. En cambio, en la práctica no deja que las mujeres podamos decidir por nosotras mismas, no deja que haya igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres", sostiene en una nota.

Marín, el consejero de Educación de la Junta de Castilla-La Mancha, protagonizó la semana pasada otra polémica que contó la Cadena Ser. Su mujer se saltó la lista de espera del Hospital Universitario de Albacete y, en sólo 15 días, fue operada de una hernia discal, dolencia para cuya intervención otros pacientes llevan más de un año esperando.

http://www.publico.es/488584/cospedal-despidio-a-una-embarazada-porque-no-dijo-que-le-dolia-la-espalda-al-entrar-a-trabajar-para-la-junta

UNA DIPUTADA DEL PP: "LAS MUJERES QUE ABORTAN SON LAS QUE MENOS FORMACIÓN TIENEN"

Beatriz Escudero siembra la polémica en el Pleno del Congreso, en el que los conservadores tumban la propuesta del PSOE para retrasar la reforma de la Ley del Aborto

La diputada del Partido Popular encargada de defender la 'Contrarreforma de la ley de Aborto' de las enmiendas en el Pleno del Congreso, Beatriz Escudero, ha afirmado que la mayoría de los abortos que tienen lugar en España se registran entre las mujeres "con menos formación". Acto seguido, abandonaba el hemiciclo la Vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos (PP), desmarcándose este martes y negándose a participar en la votación de la moción del PSOE que finalmente ha sido rechazada gracias a la mayoría absoluta del PP.

Durante el debate de la iniciativa, y mientras la diputada conservadora Beatriz Escudero defendía la posición del grupo mayoritario, Villalobos ha decidido levantarse de su escaño y abandonar el hemiciclo visiblemente contrariada, tras intercambiar unas palabras con su compañero Esteban González Pons.

La salida de Villalobos, que no pasa desapercibida dado que se sienta en la presidencia del Salón de Plenos, se ha producido después de que la portavoz conservadora afirmase, entre otras cosas, que la mayoría de los abortos que tienen lugar en España se registran entre las mujeres "con menos formación" y abortan más "las asalariadas".

Villalobos ha explicado que había abandonado el hemiciclo por no compartir en absoluto la posición expresada por Escudero, que la ha abocado a no participar en la votación. También ha elogiado la libertad de voto que en este tipo de votaciones suele dar el grupo parlamentario de CiU a sus diputados.

El enfado de Villalobos fue tan visible en el hemiciclo que hasta un diputado de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), el malagueño Alberto Garzón, lo comentó en la red social Twitter: "La intervención (de Escudero) ha sido tan terrible que Villalobos (PP), vicepresidenta, se ha ido y lleva protestando un rato", escribió.

"El aborto tiene que ver con ETA"

Además, la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, ha exigido este martes "una rectificación en toda regla" por parte del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su comparación "impresentable" del aborto con ETA. "Espero que (el ministro) se haya equivocado porque me parece un error gravísimo que no comparto en absoluto", ha manifestado a los periodistas Villalobos, para quien comparar "cualquier cosa con ETA es impresentable".

Por su parte, la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Montón, ha exigido al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que "pida disculpas" por haber afirmado hoy que el aborto tiene algo que ver con ETA. "Las mujeres no somos terroristas, las mujeres no somos asesinas" -le ha replicado desde la tribuna del Congreso- "no nos tome el pelo excusándose en que no le hemos entendido bien. Rectifique y si no que lo quiten porque queda deslegitimado como ministro del Interior. Exijo a Rajoy que lo desautorice, si no, será cómplice". Asimismo, la portavoz socialista ha puesto de manifiesto las discrepancias que en el seno del propio Partido Popular ha suscitado esta reforma y que ayer explicitó el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, Rafael Hernando, quien calificó la propuesta de Gallardón como "una opinión personal". "¿Están todos y cada uno de ustedes de acuerdo?" les ha preguntado a los diputados y diputadas populares.

El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que "en ningún momento" se le ha pasado por la cabeza, ni ha sido su voluntad, vincular el terrorismo etarra con las mujeres que han practicado la interrupción voluntaria del embarazo. Eso sí, reconoce que, en las comparecencias públicas, hay momentos en que se está más afortunado que en otros.

"Por supuesto que hay ocasiones en las que uno está más afortunado que otros y es evidente que no he introducido ese debate, ha sido en respuesta a una pregunta, en la que mi voluntad ha sido decir que respondería la pregunta al final para centrarme en las preguntas sobre la operación de la Guardia Civil", ha insistido.

La portavoz socialista de Igualdad ha defendido hoy en el Pleno del Congreso, una moción sobre la reforma de la Ley del Aborto, en la que los socialistas rechazan la "anunciada contrarreforma de Gallardón" a la vigente legislación sobre salud sexual y reproductiva y sobre el ejercicio libre y responsable de la interrupción voluntaria del embarazo. Montón ha reclamado al Gobierno que "no imponga el mayor retroceso en derechos y libertades de nuestra historia democrática" y ha defendido la actual ley, una ley de plazos combinada con indicaciones, similar a la práctica totalidad de leyes europeas, basada en las recomendaciones de organismos internacionales, que respeta rigurosamente la jurisprudencia constitucional, está avalada por el Consejo de Estado y fue aprobada con amplio consenso político y social. Reconoce los derechos sexuales y reproductivos, da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, proporciona garantías y equidad sanitaria, incide en la prevención de los embarazos no deseados y otorga la debida protección prenatal.

"El Gobierno ha cedido ante el chantaje de los obispos y quiere imponer su moral religiosa" "En los tres años que lleva en vigor no se ha producido ningún desajuste, no se ha hecho un uso abusivo de la ley, no ha saltado ninguna alarma. ¿Qué razones objetivas llevan a este Gobierno a eliminar la ley, más allá de imponer su moral limitando la libertad de las mujeres?", ha cuestionado Montón. "Las mujeres en nuestro país se quedan sin alternativas ante un embarazo no deseado. Se les empuja al aborto clandestino o inseguro", denunció.

La portavoz socialista considera que "el Gobierno ha cedido ante el chantaje de los obispos y quiere imponer su moral religiosa, para limitar la libertad y vulnerar el derecho de las mujeres a su libre maternidad". "Planean un retroceso más allá de la legislación de los años ochenta. Con un retorno al código penal del aborto como delito con pena de cárcel, eliminando el sistema de plazos y también las indicaciones de peligro de la madre y de malformación", ha denunciado. "¿Acaso lo que planean es una abolición encubierta del aborto en España?", se preguntó

http://www.publico.es/espana/454926/una-diputada-del-pp-las-mujeres-que-abortan-son-las-que-menos-formacion-tienen

FERNÁNDEZ: EL ABORTO “TIENE ALGO QUE VER” CON ETA, “PERO NO DEMASIADO”

El ministro del Interior relaciona la interrupción del embarazo con el terrorismo

Luego matiza sus declaraciones y asegura que no quiso comparar ambos temas

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha relacionado este martes por la mañana el aborto con el terrorismo de ETA en una rueda de prensa convocada para dar detalles de una operación contra la banda en la que han sido detenidos seis presuntos miembros en Francia.

Cuando ha llegado la tanda de preguntas, varios periodistas han cuestionado al ministro acerca de otros temas de actualidad, como el aborto y la suspensión de la imputación de la Infanta por parte de la Audiencia de Palma. Díaz, que quería primero contestar a las preguntas relacionadas con la operación policial, ha ido contestando que todos los temas que no estuvieran relacionados con la detención de los etarras se contestarían al final de la rueda de prensa. Preguntado por el aborto, ha dicho que eran dos temas muy diferentes, para matizarlo luego: "Tiene algo que ver, pero no demasiado", ha sentenciado.

Posteriormente, y dada la polémica levantada, el ministerio del Interior ha hecho pública una nota matizando las declaraciones de Díaz y negando haber comparado terrorismo y aborto: "En ningún momento el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha querido establecer una comparación entre las personas que deciden abortar y los terroristas etarras. La voluntad del ministro era contestar más tarde la pregunta relacionada con el aborto para evitar que se mezclara con las cuestiones vinculadas con la operación antiterrorista. De hecho, así ha sido. El titular de Interior, tras responder a las preguntas relacionadas con la detención de seis presuntos etarras, dio su opinión sobre la cuestión del aborto", dice la nota.

Ferviente católico -sus colaboradores diseñan su agenda para que no falte ningún día a misa-, no es la primera vez que el ministro levanta polémicas con sus declaraciones. El pasado marzo indignó a los colectivos de homosexuales al asegurar que los matrimonios entre personas del mismo sexo "no garantizan la pervivencia de la especie".

Díaz ha aprovechado para apoyar al ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en la reforma de la ley del aborto. "Estoy totalmente de acuerdo con la opinión del ministro de Justicia. Apoyo de la A a la Z todo lo que dijo y cómo lo dijo".

La número dos del PSOE, Elena Valenciano, ya le ha pedido una rectificación a Fernández Díaz. El ministro era este martes al mediodía uno de los prinicipales temas de conversación en la red social Twitter, donde muchos usuarios pedían su dimisión.

También la vicepresidenta primera del Congreso y compañera de partido del ministro, Celia Villalobos, ha exigido este martes "una rectificación en toda regla" por su comparación "impresentable" del aborto con ETA. "Espero que [el ministro] se haya equivocado porque me parece un error gravísimo que no comparto en absoluto", ha manifestado a los periodistas Villalobos, para quien comparar "cualquier cosa con ETA es impresentable".

http://politica.elpais.com/politica/2013/05/07/actualidad/1367926859_705406.html

LAS MUJERES GANAN 5.744 EUROS MENOS AL AÑO QUE LOS HOMBRES POR TRABAJOS IGUALES

La brecha salarial entre hombres y mujeres crece un 0,5% hasta el 22,55%
Para recibir el mismo sueldo ellas deberían trabajar 82 días más al año

La violencia machista y la brecha salarial lastran la igualdad en la UE

Lejos de disminuir, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado en España. Ellas ganan un 22,55% menos de media al año por un trabajo de igual valor. O lo que es lo mismo: 5.744 euros menos, frente a los 5.500 euros menos de un año antes. Así, para lograr la misma retribución que un hombre, las mujeres deben trabajar 82 días más al año, según un informe de UGT que analiza los últimos datos del INE (de 2010). Una desigualdad que se da en mayor medida en el sector privado y que se acrecienta fundamentalmente porque los hombres reciben más complementos salariales —por disponibilidad total, responsabilidad, horas extraordinarias— que las mujeres.

La desigualdad se da en todos los ámbitos. Tanto si se mide la remuneración por jornada, como si se hace en función de la ganancia por hora trabajada. Y el desequilibrio se incrementa conforme crece la edad de las mujeres, aumenta su grado de responsabilidad y en los tipos de contrato de jornada completa.

Las diferencias aumentan porque ellos reciben más complementos salariales por disponibilidad, fines de semana y noches

Almudena Fontecha, secretaria de Igualdad de UGT, explica que las mujeres perciben salarios más bajos y tienen más contratos a tiempo parcial que los hombres. Algo que también influye en el desequilibrio salarial. Por sectores, las diferencias salariales son menores en ámbitos como la educación (11%) o la construcción (9,22%) y mayores en servicios y actividades científicas (más del 30%). Además, a mayor formación académica, mayor es la brecha salarial también. Un ejemplo: para alcanzar las retribuciones de un hombre sin estudios (18.110,06 euros al año brutos, de media), una mujer debe tener un grado de Formación Profesional (17.013,92 euros) o ser diplomada universitaria (19.001,54 euros).

Como incide Fontecha, los complementos salariales —también el pago de horas extraordinarias— son elementos decisivos en las diferencias salariales. En la composición del salario bruto anual, lo percibido por pagos extraordinarios, dispara la diferencia entre hombres y mujeres hasta un 27,56%. Cinco puntos más de la diferencia media en detrimento de las mujeres. Todo cuenta, y ellas reciben menos complementos por trabajar fin de semana, cambiar de turno o nocturnidad.

También hay diferencias por comunidades. Navarra registra el mayor desequilibrio (con el 26,15%), y después Aragón (25,41%) y Asturias. El menor desequilibrio lo registran autonomías como Canarias (16,13%), Baleares (14,66%) y Extremadura (14%).

Después de unos años de estabilidad e incluso de reducción, el desequilibrio ha aumentado. Y eso que el Gobierno ha anunciado en distintas ocasiones la puesta en marcha de planes y proyectos —sin ningún efecto— para reducir la brecha. También el Parlamento Europeo el pasado diciembre aprobó una resolución en la que insta a los países a que adopten medidas eficaces para tratar de atajar el desequilibrio, que no es patrimonio único de España. De hecho, según los datos de Eurostat, que miden los elementos de manera distinta que el INE (no cuentan pequeñas empresas, por ejemplo), la brecha salarial en España es del 16,2%, en la media de la UE y por debajo de países como República Checa (25,5%), Alemania (22,3%) u Holanda (17,8%).

El documento incide en que aún no hay datos para medir el efecto de la crisis en ese escalón desigualitario. Pero alerta de que cuando se conozcan las cifras sobre los salarios de los años duros de la crisis y la reforma salarial haya calado en las condiciones laborales de la población, la brecha salarial entre hombres y mujeres, lejos de reducirse, se incrementará.

“En los datos ya vemos que ha habido un empeoramiento de las condiciones de trabajo. El inicio de la crisis y la precarización afectó antes y en mayor medida a las mujeres; y eso ha provocado el incremento de la brecha”, apunta.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/18/actualidad/1361209773_829503.html

LOS RECORTES AMENAZAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN ESPAÑA

La OCDE advierte que los ajustes pueden perjudicar más a las españolas.

Destaca la congelación del empleo público y la rebaja de ayudas para los cuidados

El gran avance en igualdad entre mujeres y hombres en España corre peligro, según la OCDE, el club de los 34 países más desarrollados. En el informe publicado este lunes alerta de que, tras haber registrado “el mayor descenso en la brecha de género en el empleo”, este progreso peligra ahora por medidas derivadas de los recortes por la crisis.

“Las medidas de austeridad, aún centradas en preservar el acceso a los servicios públicos durante la consolidación fiscal, pueden resultar desiguales en términos de impacto de género”, advierte el informe Desigualdades entre hombres y mujeres. Es momento de actuar. Puntualiza que “los recortes en los presupuestos” se han traducido en la congelación del empleo y la reducción temporal de sueldos en el sector público, fuertemente feminizado. “Asimismo se han producido recortes en las prestaciones familiares para quien cuida de un familiar dependiente y los cuidadores tienden a ser mujeres”, detalla. Cada día, las españolas tienden a emplear “100 minutos más” que los hombres al trabajo no remunerado —doméstico y de cuidados a niños y mayores—, añade. Ahora “una reducción de las ayudas para el cuidado formal y la falta de oportunidades en el empleo pueden aumentar el trabajo no remunerado de las mujeres a no ser que los hombres aumenten su parte”, advierte.

El informe detalla el gran salto educativo de las españolas —el mayor de la OCDE tras las portuguesas— en el último medio siglo y su traducción en mayor tasa de empleo. Aunque está por encima de la media de la OCDE en presencia femenina en el poder empresarial, solo “uno de cada diez miembros del consejo de administración de empresas cotizadas” es consejera. La proporción queda “muy por debajo” de los objetivos establecidos en la Ley de Igualdad de 2007. La OCDE también destaca las autónomas españolas ganan de media el 36% menos que los hombres en esa situación. En la media de la OCDE, las mujeres cobran un 16% menos que los hombres en empleos similares. La brecha crece hasta el 21% en los niveles más altos.

La OCDE parte de la constatación de que mientras en 1980 la brecha en la participación laboral entre hombres y mujeres en España era de 50 puntos porcentuales, en 2010 se había pasado a 20 puntos, el mayor recorte en términos relativos de los países miembros, en parte porque se partía de una situación especialmente desigual.

La equiparación se aceleró durante los primeros años de la crisis (13,5 puntos de diferencia en 2011) porque aumentaba la presencia femenina en el mercado laboral mientras caía a plomo el empleo de los hombres, especialmente por su fuerte presencia en el sector de la construcción, el más tocado en el inicio de la tormenta económica. En términos de tasa de empleo, la masculina se hundió del 74,6% en 2008 al 64,1% en 2011, mientras la femenina retrocedió pero de forma menos drástica: del 55,7% al 52,8%, señala el informe.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/12/17/actualidad/1355766675_489586.html

“LAS LEYES SON COMO LAS MUJERES, ESTÁN PARA VIOLARLAS”

Dimite el presidente de los españoles en el exterior, José Manuel Castelao, tras su comentario

Pocas horas después de que se difundiese la desafortunada frase que declaró el martes --"Las leyes son como las mujeres, están para violarlas"--, el presidente de los españoles en el exterior, José Manuel Castelao Bragaño, ha anunciado su dimisión. El presidente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior –órgano consultivo y asesor perteneciente al Ministerio de Empleo--, Castelao Bragaño, ha declarado a El País que en las próximas horas presentará su renuncia al director general de Migraciones. Castelao, de 71 años y que fue nombrado el lunes, ha asegurado que su renuncia no tiene nada que ver con el comentario que realizó ante algunos miembros del consejo en una reunión en Santiago de Compostela. Una frase que despertó las protestas entre algunos miembros de este organismo y por la que después pidió perdón.

“Nadie me ha pedido mi renuncia. Tengo una situación personal por la que no puedo afrontar el cargo. No tiene nada que ver con lo sucedido, aunque es cierto que todo suma”, ha explicado por teléfono. Es la segunda vez que el abogado gallego de 71 años –que fue diputado del PP en el Parlamento de Galicia entre 2005 y 2009— preside este organismo que agrupa a los españoles que viven en el extranjero y que tiene como objetivo garantizar su derecho al voto o a la participación en las administraciones públicas. En esta ocasión su nombre fue propuesto por la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y votado después por el pleno del Consejo. Su mandato --que debía durar cuatro años no ha durado una semana. De hecho, explican desde Empleo, a la ministra Báñez no le había dado tiempo ni a firmar su nombramiento.

“Nadie me ha pedido mi renuncia", asegura Castelao. A la ministra Báñez no le había dado tiempo ni a firmar su nombramiento

En su segundo día como presidente de los españoles en el exterior, José Manuel Castelao estaba reclamando el acta de la reunión a una de las comisiones, la mesa de Educación y Cultura, a quien le faltaba un voto para formalizar el documento. “No pasa nada. ¿Hay nueve votos? Poned diez… Las leyes son como las mujeres, están para violarlas”, dijo, según han explicado varias de las personas que estuvieron en la reunión.

Ana María Navarro, canaria y miembro del consejo por Venezuela, donde vive, explica que se quedó atónita. “Fue una frase absurda y desafortunada, y más viniendo de una personalidad como él, el presidente de un organismo”, dice. Un comentario y un sentimiento que comparten otros miembros de la mesa de Educación y otros delegados del Consejo de Ciudadanía Exterior.

Castelao Bragaña reconoce lo ocurrido. Sin embargo, asegura que su comentario se ha malinterpretado. “No siento para nada el sentido que la frase tiene y no es el sentido que yo le quise dar. Cité la frase, lo reconozco, pero en el sentido inverso, aunque no puedo achacar a otro una responsabilidad que es mía”, explica ahora por teléfono. “Lo siento mucho. Lamento profundamente lo que ha ocurrido. Y doblemente: por quienes lo escucharon, casi todo mujeres, porque les generé un dolor; y por mí, porque construí un edificio que se me viene encima”, dice.

Tras lo ocurrido, los miembros de la comisión de Educación y Cultura redactaron un escrito –firmado por ellos y por otros delegados--, que entregaron al director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, en el que exigían a Castelao Bragaña disculpas públicas.

"Las cosas hay que pensarlas antes de decirlas y tendría que tener interiorizado que un comentario así es intolerable”, dice Myriam Herrero, miembro del Consejo

Myriam Herrero, representante por Suiza en el Consejo y también miembro del PSOE, explica que cuando supo de la existencia de la carta, el propio Castelao se acercó a la Mesa de Educación para pedirles disculpas personalmente. “Nos pidió perdón, nos dijo que no sentía lo que había dicho y que para nada una frase así o similar volvería a salir de su boca. Pero las cosas hay que pensarlas antes de decirlas y tendría que tener interiorizado que un comentario así es intolerable”, dice.

En la carta, los delegados pedían a Castelao --que fue diputado del PP en el Parlamento de Galicia entre 2005 y 2009-- que se retractara ante el pleno del Consejo y se disculpara. Lo hizo, pidió perdón, pero no dijo exactamente por qué. “Si pudiera hacer alguna penitencia para borrar lo que hice la haría”, afirma Castelao ahora. “No tengo para nada ningún pensamiento contra la mujer que me merece todos mis respetos. Es más, soy un devoto de la mujer”, añade.

Francisco Ruiz Vázquez, que presidió el Consejo desde 2005 hasta hace unos días, no escuchó las palabras de Castelao cuando las pronunció. A pesar de esto, fue uno de los firmantes de la petición de disculpas públicas. “Cuando se me explicó lo que había sucedido firmé, como firmaron otros”, dice. Ruiz Vázquez, uno de los representantes, como Herrero, por Suiza, sí oyó después las disculpas públicas del ya expresidente. “Pidió perdón, pero no dijo claramente por qué. Es una triste declaración. Una persona así no tiene capacidad de estar en un foro que agrupa a hombres y mujeres. Hay que tener en cuenta que eso ha salido de la boca de una persona que representa a los españoles en el exterior. ¡Es una barbaridad que no solo no se puede decir, sino que no se puede pensar”, insiste.

La renuncia, explica un portavoz del ministerio de Empleo, ya ha llegado al Consejo de Ciudadanía Exterior, que ahora presidirá la vicepresidenta, Marina del Corral, secretaria general de Inmigración. Desde el departamento que dirige Fátima Báñez, sin embargo, prefieren mantener silencio sobre la polémica. "Nadie del ministerio estaba presente en ese momento", explica un portavoz que aclara, sin embargo, que la carta en la que varios miembros del consejo exigían disculpas sí llegó al departamento. "El comentario fue, como mínimo, muy desafortunado. En cualquier contexto", añade.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/05/actualidad/1349454276_520810.html

WERT SE ALINEA CON LOS COLEGIOS QUE SEPARAN POR SEXO FRENTE AL SUPREMO

El ministro no ve discriminatorio que haya centros que acepten solo chicos o chicas

Las dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se niega la posibilidad de que los colegios que segregan por sexo reciban subvenciones son solo un punto y seguido en la larga guerra entre los defensores de este tipo de educación y los que creen que no deben recibir dinero público. Hay unos 70 centros educativos concertados que segregan en España y cuya financiación está ahora en cuestión. Los fallos del alto tribunal abren la puerta a un posible aluvión de demandas contra los conciertos con esos colegios. Pero, también, a recursos en sentido contrario: una de las patronales de este tipo de enseñanza ha anunciado este miércoles que pedirá el amparo del Tribunal Constitucional.

Entre los que han salido en defensa de este tipo de centros destaca el ministro de Educación, José Ignacio Wert. En un comunicado ha dicho que respeta los fallos del Supremo, pero inmediatamente después ha empleado el mismo razonamiento del voto particular que acompaña a las dos sentencias del alto tribunal, es decir, que la Unesco no considera discriminatoria la práctica de los colegios que separan por sexo. “Hay que plantearse hasta qué punto el argumento de que la educación diferenciada supone discriminación entre los sexos es un argumento compatible con la convención de la Unesco que firmó España contra la discriminación en la enseñanza, en la que se sostiene que la educación diferenciada, siempre que no suponga una desigualdad de oportunidades para chicos y para chicas, no supone una forma de discriminación”, afirma el ministro.

El principal argumento del Supremo para rechazar estos conciertos gira alrededor de un artículo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), de 2006, en el que se prohíbe la discriminación por cualquier razón (también por sexo) en el proceso de escolarización de los centros sostenidos con fondos públicos. La LOE fue aprobada durante la primera legislatura como presidente del Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El PP ya ha anunciado que piensa reformar esta norma, aunque aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de cambiar el punto que habla sobre la discriminación por sexo o el que se refiere a los centros concertados. De momento, en la nota del ministerio, Wert concluye, al hilo de la convención de la Unesco: “Si no hay discriminación en función de esa educación diferenciada, no puede haber tampoco diferenciación en la aportación de fondos públicos. Esta es una cuestión que hay que analizar y que hay que debatir”.

Por su parte, la patronal Fomento de Centros de Enseñanza, vinculada al Opus Dei, ha anunciado que tiene intención de llevar al Constitucional el fallo sobre el colegio cántabro Torrevelo. En aquel caso, fue la asociación de padres la que se personó en la causa en defensa del concierto. Joan Curcó, director de Fomento, ha señalado que su organización prestará a los padres el apoyo para que sigan pleiteando. En opinión de Curcó, la disparidad de sentencias sobre este asunto hace necesaria la intervención del Constitucional. Al margen de los pronunciamientos del Supremo, que se ha inclinado por defender la actuación de los Gobiernos autónomos que optaron por retirar los conciertos a la enseñanza diferenciada, existen fallos de varios tribunales de justicia regionales (Asturias, Galicia y Andalucía) en sentido opuesto.

La otra sentencia del Supremo se refiere a un centro de enseñanza ubicado en Brenes, Sevilla. La Junta de Andalucía ha celebrado este miércoles la decisión del alto tribunal. La Consejería de Educación reconoce que tendrán que estudiar el fallo para ver si “es de aplicación inmediata a los conciertos educativos que actualmente están en vigor o afectará a la renovación general de los conciertos”, que comenzará en 2013. Mar Moreno, la responsable de este departamento, ha dicho compartir “todos los argumentos” del Supremo.

La reacción en las comunidades gobernadas por el PP ha sido distinta: Madrid y Galicia, por ejemplo, no se han mostrado partidarias de suspender las ayudas a estos centros. El Gobierno gallego, sin embargo, sí ha reconocido que analizará los fallos para saber si pueden repercutir en su comunidad.

Cataluña, gobernada por CiU, también ha anunciado que mantendrá los 16 conciertos que tiene con colegios que separan por sexo. Las ayudas continuarán al menos hasta 2014, cuando se deben renovar. El partido de izquierdas ICV ha reclamado la modificación de la Ley de Educación Catalana para que se ajuste al fallo del Supremo. En Valencia, Esquerra Unida ha anunciado que llevará este asunto al Parlamento autónomo, dado que en la comunidad existen siete centros de este tipo subvencionados.

Lo que dice la Unesco

España firmó en 1969 la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de 1960. Esta dice:

ARTICULO 1: “1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza”.

ARTICULO 2: “En el caso de que el Estado las admita, las situaciones siguientes no serán consideradas como constitutivas de discriminación en el sentido del artículo 1 de la presente Convención: a. La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de estudio o programas equivalentes”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/08/22/andalucia/1345633299_573334.html

SOLO EL 28% DE LOS ALTOS CARGOS NOMBRADOS POR RAJOY SON MUJERES

El nuevo Ejecutivo incumple la Ley de Igualdad en sus 300 designaciones



De la paridad en el Consejo de Ministros, a la escasez incluso en sus nombramientos. El Gobierno de Mariano Rajoy, no paritario —una vicepresidenta y tres ministras sobre un total de 13 carteras—, tampoco lo ha sido a la hora de designar a los altos cargos. De los 308 nombramientos realizados por el Gabinete en los primeros 100 días de mandato, el 71,8% corresponden a hombres y el 28,2%, a mujeres, según el análisis realizado por EL PAÍS. Este desequilibrio va en contra de los principios que consagra la Ley de Igualdad. Solo dos departamentos han hecho designaciones equilibradas: Presidencia y Sanidad. El Gobierno anterior llevó la paridad al Consejo de Ministros, pero tampoco la impuso en los siguientes escalones de la Administración.

“El Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, considerados en su conjunto, cuya designación le corresponda”. Este artículo, el 52 de la Ley de Igualdad de 2007, es papel mojado salvo para los dos departamentos que han respetado el principio de que ningún sexo tenga menos del 40% de representación. Los dos están encabezados por mujeres: Presidencia —en manos de Soraya Sáenz de Santamaría, también vicepresidenta— y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad —en las de Ana Mato—.

Esas dos responsables han designado al mismo número de mujeres que de hombres. “No nos hemos guiado por criterios de paridad, sino que se ha buscado a las personas que se han considerado más adecuadas para cada puesto”, explican en Sanidad. Recuerdan también que “el Gobierno no es partidario de las cuotas”. El PP se ha opuesto a ellas con fuerza y ha enfrentado los conceptos mérito y discriminación positiva —que respalda la Constitución— para hacerlos excluyentes. En este departamento, que también se encarga de la igualdad, evitan los comentarios sobre el total de designaciones gubernamentales. En La Moncloa, en cambio, reconocen el desequilibrio. “Se ha corregido en parte con el nombramiento de cargos de confianza de los ministros, como los asesores [no constan en las referencias del consejo]”, asegura una portavoz de la Secretaría de Estado de Comunicación. “El Gobierno tiene voluntad de cumplir la ley [de Igualdad], pero en el bien entendido de que hay que contar con los mejores y más adecuados para el cargo que se quiere cubrir”, se limita a añadir.

“El que dos departamentos hayan sido paritarios es un buen ejemplo, no una extravagancia. Demuestra que se puede aplicar la paridad”, afirma Soledad Murillo, madre de la Ley de Igualdad en su etapa como responsable de esta área en el Ministerio de Trabajo. “La presencia equilibrada de mujeres y hombres en los altos cargos democratiza la estructura de decisión y ayuda a que los temas que afectan en mayor medida a las mujeres no se caigan de la agenda política”, añade.

Obligación legal

La Ley de Igualdad dice que “el Gobierno atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los órganos directivos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados (...) cuya designación le corresponda” (artículo 52). “Los poderes públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan” (artículo 16).

El análisis de los más de 300 nombramientos incluidos en las referencias de los 15 consejos de ministros celebrados hasta ahora por el Gobierno del PP revela que tras la excepción de Presidencia y Sanidad, la brecha se ahonda hasta rozar el abismo. El Departamento de Economía y Competitividad es el que más se acerca a la paridad —37,5% de mujeres—. Le siguen la Presidencia del Gobierno —34,7%, distinto del ministerio— y Hacienda —31,2%—.

Los más rácanos al elegir mujeres para los altos cargos han sido los ministerios de Defensa (12,5%), Exteriores (13%, el mayor número de sus designaciones se refieren a embajadores), Industria (15,4%) y Justicia y Fomento (20% cada uno). Todos ellos en manos de hombres excepto el último, que dirige Ana Pastor. En el de Empleo, que dirige Fátima Báñez, la paridad también brilla por su ausencia: 26,6%.

En el segundo escalón del Gobierno, el de los secretarios de Estado —homologados como viceministros—, la paridad tampoco existe. Pero no es nuevo. También los Gobiernos del PSOE situaron a hombres mayoritariamente, pese a que Rodríguez Zapatero estrenó los Ejecutivos paritarios. Llegó a haber un 31,2% de mujeres en este nivel, como máximo, pero varios años estuvieron por debajo del 25%. El Ejecutivo del PP, que ha reducido el número de ministerios y adelgazado su estructura, ha nombrado un total de 24 secretarios de Estado, de los que seis son mujeres. A esas dos docenas hay que añadir al menos otros tres altos cargos de este rango. De ellos, dos son de nuevo nombramiento: el presidente del Consejo Superior de Deportes y el director del Gabinete de presidente del Gobierno. El tercero es el responsable del Centro Nacional de Inteligencia

(Félix Sanz, nombrado por el Gobierno de Zapatero). Así, ahora son mujeres el 22% de las personas con rango de secretario de Estado. La paridad también queda lejos en la designación de los delegados del Gobierno —responsables del orden público, entre otras cosas—. De los 19 nombrados, seis son mujeres —31,5%—.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/04/09/actualidad/1333995760_518343.html

GALLARDÓN: "LA MATERNIDAD LIBRE HACE A LAS MUJERES AUTÉNTICAMENTE MUJERES"

El ministro de Justicia arremete contra el PSOE por su "silencio cómplice" ante las dificultades para tener hijos

Alberto Ruiz-Gallardón ha ampliado en el Senado la polémica sobre su visión del aborto. Queriendo explicar el anterior revuelo sobre la "violencia estructural" que impide a las mujeres ser madres, el ministro de Justicia ha levantado aún más polvareda. Todo por no limitarse a explicar con criterios jurídicos o políticos la reforma que hará de la ley del aborto, sino por echar mano de citas y argumentos filosóficos o morales.

Esta vez para decir que "la libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres". Respondía a una pregunta del senador socialista Roberto Lertxundi sobre sus anteriores palabras y terminó utilizando una cita de Manuel Azaña según la cual "la libertad no hace felices a los hombres, pero sí es lo que hace hombres", para llegar a la conclusión sobre la libertad de las mujeres.

"Mientras exista en España la más mínima posibilidad de que una mujer no pueda, en plenitud, ejercer su derecho a la maternidad, de este grupo parlamentario (PP) y de este gobierno tendrá siempre la solidaridad y no la actitud de silencio cómplice culpable que practica el Partido Socialista", dijo antes para explicar a qué se refería con lo de la "violencia estructural" sobre las posibles madres.

Según el senador, el ministro empleó esos conceptos para proclamar políticas "reaccionarias en materia sexual" con la excusa de querer defender las libertades, lo que ha considerado una "trampa". Lertxundi le afeó que utilice conceptos como el de "violencia de género estructural" para argumentar un retroceso en derechos de las mujeres.

El ministro le respondió con el argumento de que el aborto no es un derecho y de que lo que se trata es de garantizar la libertad de las mujeres a ser madres y, de esta manera, ser "auténticamente mujeres". "Yo hablo de una libertad para la mujer -ha dicho el ministro- que no se vea condicionada ni por expectativas ni por prejuicios, una libertad que signifique que no tenga que decidir en función de intereses económicos, sino en función de su propia libertad de elección", afirmó Gallardón.

"Hablo de una libertad -ha señalado- que consiste en que una mujer que se enfrenta al gravísimo conflicto de decidir si interrumpe o no su embarazo tenga una respuesta por parte de los poderes públicos que llegue mucho más lejos de decirle: está despenalizado (el aborto), me olvido de tu problema", concluyó.

www.elpais.es 28.03.12

GALLARDÓN DENUNCIA UNA "VIOLENCIA ESTRUCTURAL" QUE OBLIGA A ABORTAR

Gallardón denuncia una "violencia de género estructural" contra la mujer que la obliga a abortar

No fue una improvisación sino una declaración explícita sobre el porqué las mujeres abortan. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha provocado un auténtico incendio fuera y dentro del Parlamento al afirmar que las mujeres se ven sometidas “en muchas ocasiones” a una "violencia de género estructural por el mero hecho del embarazo”. Así lo ha dicho a la pregunta de la diputada socialista, Ángeles Álvarez, preocupada por el sentido del cambio que quiere hacer en la actual ley del aborto. “El legislador no debe ser indiferente a la situación de muchas mujeres que ven violentado su derecho a ser madres por la presión que ejercen a su alrededor determinadas estructuras”. Los murmullos de los bancos de la izquierda subían de intensidad, mientras que la bancada del PP le aplaudía con fuerza. Los temores de que el Gobierno quiere dejar en papel mojado la legislación actual del aborto en España se confirman para la izquierda parlamentaria. El nuevo borrador estará en el otoño.

El debate que suscitó Gallardón en el pleno del Congreso siguió en los pasillos y llegó muy pronto a las asociaciones de mujeres, a los sindicatos y a las redes sociales. Todo el discurso del ministro, leído en un cuaderno, se dirige a señalar como causa de los abortos, “en muchos casos” a la falta de atención, ayuda e información que tienen las mujeres. Con una red asistencial adecuada no renunciarían a la maternidad. Esta concepción no es compartida en absoluto por la diputada interpelante, Ángeles Álvarez, tampoco por la ponente de la ley ahora en vigor, la socialista Carmen Montón, y las mujeres de la izquierda en el Parlamento. La discrepancia radical con el ministro procede de que para las personas a favor del aborto este es un derecho inalienable de las mujeres, al margen de consideraciones socioeconómicas.

Las diputadas de la izquierda tienen previsto preguntar al ministro permanentemente sobre sus planes de cambio para esta ley por el temor de que vaya mucho más allá de exigir que las menores entre 16 y 18 años puedan abortar sin conocimiento de los padres. De ahí el enunciado de la pregunta de Álvarez que ha dado lugar a la tremenda polémica.

"¿Piensa el Gobierno recortar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres?". A la pregunta, el ministro respondió que "no solamente" no los va a recortar sino que va a aumentar la protección del derecho reproductivo "por excelencia", que es “la maternidad”. "A mi juicio es insuficiente una legislación que se limita a proteger el no nacido mediante la tipificación penal del aborto y que no preste atención a la situación de la mujer que debe estar protegida", ha afirmado. El ministro seguía leyendo, y los diputados del ala izquierda, empezaron a mirarse unos a otros. “Ninguna mujer debería verse obligada a renunciar a la maternidad por un conflicto familiar, laboral o social. "Esos son los principios rectores", ha dicho el ministro. El acompañamiento a las mujeres para que no aborten, con “promoción de la inserción laboral, formación, garantías de conciliación de la vida laboral…" provocó murmullos que no pararon hasta el final del parlamento leído por el titular de Justicia. Las Administraciones van a estar muy cerca “de las menores de edad, de las inmigrantes, de las discapacitadas…”

Apenas una hora después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, haya hablado, de "violencia de género estructural" en el Congreso como motivación fundamental de la futura reforma de la Ley del Aborto, el término #violenciaestructural ya era trending topic en la red social Twitter. Al poco, se ha colocado a la cabeza de los temas de conversación más populares. Con esa etiqueta, se incluyen ejemplos sarcásticos aportados por los usuarios de Twitter haciendo mofa del término acuñado por el ministro.

La respuesta del ministro, con una fundamentación muy elaborada, alarmó mucho más de lo que tenían previsto a los diputados que apoyaron la actual ley del aborto. La diputada interpelante le pidió que no tocara la ley actual hasta que el Tribunal Constitucional no resolviera el recurso que el PP presentó. “Ustedes la quieren cambiar porque saben que van a perder ese recurso”,aventuró la diputada socialista. “Ese pronunciamiento favorable iría en contra de los sectores fundamentalistas con los que ustedes están comprometidos, siempre ajenos a los derechos de las mujeres”. No olvidó la diputada recalcar que el 90% de las jóvenes entre 16 y 18 que abortan “tienen confianza con sus padres” y están acompañadas en ese trance. “Sólo una minoría que sufre violencia” no puede hacer partícipes a sus progenitores de esa decisión. Pero esta referencia a lo que en principio parecía que iba a ser el meollo de la respuesta, quedó muy relegado ante las reflexiones del ministro.

www.elpais.es 07.03.12

COSPEDAL CIERRA CUATRO CENTROS DE LA MUJER

El despido de todos los trabajadores afecta a cientos de ciudadanas

El centro de la mujer Pedro Muñoz, en Ciudad Real; el de la mancomunidad de Sierra del Segura, en Albacete; y los de Fuensalida y Navahermosa, en Toledo. Estos son los cuatro centros de atención a la mujer que el pasado día 2 de enero se vieron obligados a cerrar en CastillaLa Mancha, debido a los recortes del Gobierno de María Dolores de Cospedal.

El Consejo de Gobierno aprobó en diciembre pasado una resolución por la que se modificaba el modelo de gestión de los centros y casas de acogida. En lugar de realizar los convenios con ayuntamientos y mancomunidades, ahora estos organismos tendrán que competir por las subvenciones con empresas sin ánimo de lucro.

Los ayuntamientos no han prorrogado los convenios por motivos económicos

Mientras se resuelve dicho concurso, las entidades locales tuvieron la oportunidad de prorrogar los convenios del año anterior (a pesar de que en un principio se había anunciado su cese definitivo) durante uno o dos meses más. Sin embargo, en las localidades de los centros que han sido cerrados no ha sido así.

¿Los motivos? Económicos. "Muchos no han recibido todavía las cuantías del año pasado y, ante la imposiblidad de pagar a los trabajadores, han decidido no continuar", explicaron fuentes del sector. "Se ha politizado todo", denunció un extrabajador. "Y a los políticos no les importa nada la gente", añadió.

El equipo de Cospedal aseguró que no sólo no cerraría ninguna instalación, sino que incluso podría abrirse alguna más en 2012. Pero, en la práctica, todos los trabajadores de estos cuatro centros han sido despedidos y, como consecuencia, cientos de mujeres se han visto afectadas por la paralización del servicio.

La Junta había prometido que no clausuraría ninguna instalación

En uno de Toledo, por ejemplo, atendieron el año pasado a más de 400 mujeres. "¿Qué vamos a hacer ahora?", les preguntaron cuando supieron que tendrían que cerrar. "No pudimos decirles nada, sólo echarnos a llorar con ellas", relata una trabajadora.

Sin cobrar

En la Sierra del Segura, 20.000 personas distribuidas entre 12 pequeños municipios también se han quedado sin el servicio. Los trabajadores de este centro, además, ya llevaban un año sin cobrar antes de irse a la calle.

Pero esas no son las únicas consecuencias de los recortes. En la normativa del nuevo modelo de gestión, también se limita el número de trabajadores en función del número de habitantes a los que atiendan. En este caso, las más perjudicadas serán las mujeres de áreas rurales.

"Nosotros tendremos que reducir la frecuencia de las visitas a los pueblos porque de cinco compañeros sólo quedaremos dos", detalla una trabajadora de un centro de Albacete que abarca a 10.000 habitantes de ocho localidades distintas. "Llevamos medio año sin cobrar y el kilometraje del año pasado tampoco lo hemos recibido", añade.

La Red de Feministas de CastillaLa Mancha, por su parte, denunció también un recorte del 40% en el presupuesto de los centros. Este año, la cantidad destinada para tal fin en la resolución del concurso de subvenciones asciende a 9.955.200,60 euros. En 2010, según datos del Instituto de la Mujer, el total del presupuesto fue de 25,5 millones.

http://www.publico.es/espana/416241/cospedal-cierra-cuatro-centros-de-la-mujer

ANA MATO HABLA DE 'VIOLENCIA EN EL ENTORNO FAMILIAR' EN LUGAR DE 'VIOLENCIA DOMÉSTICA'

Las primeras manifestaciones de la nueva ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, no han pasado inadvertidas esta noche a raíz de hacerse público un comunicado de condena por el asesinato de una mujer en Roquetas de Mar (Almería) a manos, presuntamente, de su pareja.

En la nota de prensa, alojada en la página web del ministerio que lidera, Ana Mato se refiere a la 'violencia doméstica' como "violencia en el entorno familiar". En concreto, Mato condena "el último caso mortal por violencia en el entorno familiar ocurrido hoy en Roquetas" y expresa "su más absoluta repulsa" por la muerte de una mujer de origen ruso, de 33 años, que ha sido asesinada supuestamente por su pareja, un ciudadano español de 71 años.

"Se trata de la víctima número 59 de 2011", continúa la nota, que al mismo tiempo recuerda que una de las prioridades de la nueva ministra al frente de su departamento será acabar con la violencia contra las mujeres, "la lacra del siglo XXI".

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/12/27/espana/1324954006.html

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