LA NOTICIA DEL DÍA
EL GOBIERNO DE AGUIRRE SE LANZA CONTRA SU EX CONSEJERO PRADA
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre (PP), se ha lanzado en tromba a poner bajo sospecha al ex vicepresidente Alfredo Prada, destituido en julio de 2007 por su apoyo a Mariano Rajoy, y que fue objeto de seguimientos en el caso de espionaje que salpica a altos cargos de esa Administración y que está llegando a su fase final.
En los últimos días, varios consejeros de Aguirre han sembrado dudas sobre la gestión de Prada al frente de la sociedad anónima Campus de la Justicia, encargada de levantar en Valdebebas un complejo destinado a albergar las sedes judiciales dispersas por la capital; en la actualidad se encuentra paralizado por falta de presupuesto.
Primero fue el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que sucedió a Prada. Pese a que se ha negado tres veces a comparecer en la Asamblea de Madrid para explicar el caso espionaje, se ofreció el pasado martes a dar cuenta en la Cámara autónoma de irregularidades en la gestión del Campus de la Justicia reveladas por la Cadena SER.
Según esta emisora, la empresa adjudicataria de las obras (una unión temporal de las compañías Aldeasa y Begar) gastó 1,4 millones en el acto de colocación de la primera piedra, el 31 de enero de 2007, que protagonizó la presidenta autonómica.
Al día siguiente, el vicepresidente regional, Ignacio González, afirmó que la Comunidad de Madrid no había pagado nada de ese acto. Pero en vez de descartar cualquier responsabilidad del ex vicepresidente, levantó sospechas sobre la actuación de Prada al sugerir que debe ser éste el que diera cuenta de la gestión de la sociedad.
(www.elpais.com, 04/06/10)
EL GOBIERNO DE AGUIRRE CUESTIONA AL EX VICEPRESIDENTE AL QUE ESPIÓ
El Gobierno de Esperanza Aguirre se ha lanzado en tromba a poner bajo sospecha al ex vicepresidente Alfredo Prada, destituido en julio de 2007 por su apoyo a Mariano Rajoy en el congreso nacional del PP y que fue objeto de seguimientos en el caso de espionaje en la Comunidad de Madrid, que está llegando a su fase final en los tribunales.
En los últimos días, diferentes consejeros de Aguirre han eludido respaldar la gestión de Prada al frente de la sociedad anónima Campus de la Justicia, encargada de levantar un complejo en Valdebebas destinado a albergar los edificios judiciales dispersos por la capital, paralizado ahora por falta de presupuesto.
Primero fue el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, que sucedió a Prada en su área de gobierno y que fichó a los supuestos espías del ex vicepresidente. Pese a que se ha negado por tres veces a comparecer en la Asamblea de Madrid para explicar el caso de espionaje, el consejero se ofreció el pasado martes a dar cuenta en la Cámara autónoma de la gestión en el Campus de la Justicia tras informar la cadena SER de que la empresa adjudicataria de las obras (una unión temporal de las compañías Aldesa y Begar) invirtió 1,4 millones de euros en el acto de colocación de la primera piedra, celebrado el 31 de enero de 2007, al que asistió Aguirre.
Un gasto que Granados considera ahora "excesivo y difícil". Sin embargo, la Comunidad de Madrid ejecutó ese mismo año 90 millones de euros en "publicidad, promoción, divulgación y anuncios", según una respuesta del Gobierno regional al grupo socialista. Equivale a un tercio de todo el gasto del Gobierno central para ese año (268 millones). Y es tres veces más de lo que gastó la Generalitat (30 millones), pese a que Cataluña tiene un millón de habitantes menos.
Al día siguiente, el vicepresidente regional, Ignacio González, subrayó que la Comunidad no había pagado nada del evento, pero en lugar de descartar la responsabilidad de Prada, sugirió que debe ser él quien dé explicaciones y recalcó que el Gobierno regional está revisando esos gastos por si hubiera irregularidades."La responsabilidad es del vicepresidente, que será el que tenga todos los datos de esa gestión", afirmó Ignacio González. Como si Prada no hubiera formado parte del Ejecutivo de Aguirre, ni fuera del mismo partido. También recordó que Prada reunía los cargos de consejero delegado de la empresa, presidente y director ejecutivo de la sociedad Campus de la Justicia.
En el Registro Mercantil consta que el ex vicepresidente Alfredo Prada ocupó los cargos de presidente y consejero delegado de la sociedad anónima Campus de la Justicia hasta el verano de 2008. Entonces Francisco Granados le sustituyó al frente de la consejería, y por tanto, se convirtió en presidente de la sociedad. Miguel Giménez de Córdoba, que era director general de Modernización de las Infraestructuras de la Administración de Justicia con Prada, y ya ocupaba un asiento en el Consejo de Administración, sustituyó como consejero delegado a Prada.
La paralización de las obras de la Ciudad de la Justicia ha llevado recientemente a la consejería a prescindir de Giménez de Córdoba. Según una portavoz, no será sustituido en el cargo dada la estrategia de recorte de gastos del plan de austeridad de la Comunidad de Madrid.
Frente a las dudas que sembradas sobre la gestión de Prada, algunos colaboradores suyos en su etapa de consejero recuerdan que Esperanza Aguirre preside la Junta General de Campus de la Justicia, SA, que es la que tiene la última palabra sobre la sociedad. Así lo establece la Ley de Administración Institucional para todas las sociedades públicas en las que el 100% del capital pertenece a la Comunidad. El viceconsejero de Vicepresidencia, Salvador Victoria, reconoció ayer que esto es así, pero también recalcó que la junta general solo se reúne una vez al año y que su único cometido es dar el visto bueno "a la presentación de las cuentas y a los informes de auditoría".
Victoria dejó claro que Prada sí presentó el 28 de diciembre de 2006 un informe al Consejo de Gobierno con el que daba cuenta de que la sociedad Campus de la Justicia había adjudicado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Begar -implicada en el caso Gürtel- y Aldesa las obras de urbanización de la primera fase del proyecto. El coste, que había salido a concurso público por 93 millones de euros, se adjudicó por 55,4 millones. Este es un mero trámite para que el Gobierno regional esté informado de cómo evoluciona el proyecto. De hecho, fue el propio Prada el que rubricó ese informe. Al ser el presidente de la sociedad anónima y consejero del área (en este caso, Justicia), solo él era competente para hacerlo, recordaron fuentes regionales.
Otro asunto polémico de la actuación de Prada en el que el Gobierno regional no ha salido a defenderle es el gasto en publicidad. Campus de la Justicia gastó cerca de seis millones de euros durante tres años para promocionar este megaproyecto urbanístico dentro y fuera de la región. Las maquetas de los edificios y los montajes audiovisuales que se encargaron para explicar el proyecto viajaron a lugares tan distantes como Singapur o Múnich. La mayor parte del gasto salió de las arcas regionales. Dividido en los tres años de máxima promoción supone una media que no llega a los dos millones al año. La Comunidad de Madrid se gastó solo en 2007 160 millones de euros en publicidad, mientras que el Gobierno central, pese a dirigirse a toda España, desembolsó 268 millones.
Fuentes del Gobierno regional explicaron que Prada era quien decidía en qué se gastaba ese dinero, ya que era el máximo responsable de la sociedad anónima. Tan solo recibía el visto bueno previo del vicepresidente Ignacio González y de los responsables de Comunicación antes de diseñar y contratar las campañas de publicidad.
Colaboradores de Prada en la Consejería de Justicia aseguran que no se hizo ningún dispendio excesivo, ya que la construcción de las maquetas de los futuros edificios y el traslado a puntos muy diversos resultaba a veces muy cara.
(www.elpais.com, 04/06/10)
UNA PRIMERA PIEDRA DE 1,4 MILLONES
Un montante de 1,4 millones de euros. Eso es lo que se gastaron en la ceremonia de la colocación de la primera piedra del Campus de la Justicia las dos empresas que formaban la unión temporal de empresas (UTE) encargada de la urbanización de esta enorme parcela de 30 hectáreas. Una de ellas (Begar) era la constructora dirigida por José Luis Ulibarri Cormenzana, que está imputado en el caso Gürtel. La otra era Aldesa. Entre las facturas más llamativas está la cobrada por una empresa de servicios audiovisuales, que cobró 902.000 euros, según informó ayer la cadena SER.
La ceremonia de la colocación de la primera piedra del megaproyecto de la Comunidad de Madrid para centralizar todas las sedes judiciales de la capital en la zona de Valdebebas (Hortaleza) se produjo la tarde del miércoles 31 de enero de 2007. A la misma acudieron además de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Javier Hernando, y el de la Audiencia Nacional, Carlos Divar, entre otras autoridades. La presidenta aseguró que la Ciudad de la Justicia era "el reto más ambicioso" de su Gobierno. "Situará a los tribunales de Madrid a la altura de una región abierta y moderna", añadió.
Solo la empresa de audiovisuales cobró seis días antes de la celebración de la ceremonia una factura de 902.049 euros. El pago lo hizo Begar, que fue una de las ganadoras de las dos fases de urbanización del Campus de la Justicia. La primera ascendía a 55 millones de euros, mientras que la segunda suponía otros 57. Ésta, sin embargo, no se ha llegado a ejecutar dado el parón que sufre este proyecto estrella de Aguirre. Hasta la fecha solo se ha construido el primer edificio, el Instituto de Medicina Legal, que está prácticamente terminado y que, de momento, se quedará vacío. El Gobierno regional paralizó el proyecto de Campus de la Justicia hace seis meses por falta de recursos.
El desglose de las facturas abonadas en estas fechas previas a la ceremonia resulta en cifras a primera vista desorbitadas: 180.000 euros para la preparación de la infraestructura (el terreno era irregular); 116.666 para la decoración; 103.000 más para el pago del personal de producción y otros 145.000 para los sistemas de proyección. A todo ello se sumaron otras cantidades más bajas como 9.000 euros para la convocatoria de prensa; 4.615 euros para un vino español para los asistentes y otros 4.538 para 50 pendrives (memorias electrónicas) y paraguas corporativos que se iban a dar como regalo a las autoridades. Algunos, según la SER, todavía no han sido entregados a nadie.
El entonces consejero de Justicia Alfredo Prada recordó ayer, en conversación telefónica con EL PAÍS, que la Comunidad de Madrid no tuvo que desembolsar "ni un solo euro" en la ceremonia de la primera piedra. Recordó que los contratos del Gobierno regional obligan a reservar un porcentaje del montante global para publicidad y comunicación de los proyectos. En el caso de las obras de urbanización del campus, era de un 1,5%.
El gasto más importante lo supuso, según recordó Prada, un audiovisual en tres dimensiones de una hora de duración. Este montaje, realizado por la empresa, no se utilizó únicamente para la ceremonia de aquel 31 de enero de 2007. Como el Campus de la Justicia concentraba a los mejores arquitectos de todo el mundo, como Norman Foster o Zaha Hadid, fue presentado en numerosas ferias y congresos de todo el mundo.
"El campus era un proyecto de referencia a nivel judicial y también por su valor arquitectónico y por eso se hizo para varias presentaciones. Ese audiovisual en 3D lo han visto en Alemania, en Cannes, en Barcelona, en Nueva York y en Argentina, entre otros muchos lugares", recordó Prada. "La forma en que lo hicieron es magnífica y lo bueno no suele ser barato. Si se hacen bien las cosas, hay que pagarlas", añadió el ex consejero.
Prada también afirmó que, cuando el proyecto se adjudicó a la UTE formada por Begar, no había nada que hiciera suponer que era irregular: "Era el mejor proyecto y el más barato. Por eso lo valoraron así los técnicos y se le adjudicó a ambas empresas. Lo que no podías hacer era prevaricar, cuando aún no estaba vinculada para nada [al Gürtel].
El actual consejero, Francisco Granados, tildó ayer de "excesivo y difícil" que se pudieran gastar 1,4 millones en la primera piedra del campus. Aseguró que no tenía las facturas, pero que estudiaría el caso. El PSOE e IU pedirán en la Asamblea de Madrid que el Gobierno regional explique en qué se gastaron tanto dinero para la celebración de enero de 2007.
(www.elpais.com, 02/06/10)
AGUIRRE GASTÓ CASI UN MILLÓN Y MEDIO DE EUROS EN LA PRIMERA PIEDRA DEL FALLIDO CAMPUS DE LA JUSTICIA
El Gobierno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, gastó 1.388.000 euros en poner la primera piedra del Campus de la Justicia, otrora proyecto estrella del Ejecutivo regional paralizado desde hace un año por la crisis. El acto inaugural referido tuvo lugar el 31 de enero de 2007 y estuvo protagonizado por la propia Aguirre y su entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, recuerda la Cadena SER. La lideresa no escatimó en gastos para dar visibilidad a un proyecto inacabado: la entidad encargada de prestar los servicios audiovisuales pasó una minuta de 902.049 euros. Esa factura la pagó Begar, constructora del imputado en la Gürtel José Luis Ulibarri. Dicha entidad se hizo con los contratos para urbanizar el Campus a cambio de destinar el 1,5% a gastos institucionales y de publicidad.
Begar pagó 902.049 euros a la empresa que prestó los servicios audiovisuales en la inauguración del Campus de la Justicia. Ese dinero, sin embargo, finalmente salió de las arcas del Gobierno de Aguirre.
Campus paralizado y concurso de acreedores
El contrato que la Comunidad adjudicó a Begar y a otra constructora ascendía a 55 millones de euros de los cuales 1,5% debían destinarse a actos institucionales y de publicidad, según el acuerdo suscrito entre las partes. El Campus, no obstante, no se terminó y Begar presentó un concurso de acreedores y un ERE de 203 empleos en julio del año pasado.
A la sombra de Gobierno amigos
El dueño de esta constructora, José Luis Ulibarri, tiene 54 años y es uno de los imputados en la Gürtel. Como ha venido informando El Plural, el imperio de Ulibarri se fraguó a la sombra de concesiones de administraciones públicas, bien de construcción, bien de comunicación. Begar Construcciones y Contratas, SA, es una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno presidido por Esperanza Aguirre.
Negocio de la sanidad y los medios
También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (Hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones.
(www.elplural.com, 01/06/10)
© Copyright. 1998 - 2010. www.losgenoveses.net. Ningún derecho
reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 6 o
superior a 1024 x 768 píxeles )
