LA NOTICIA DEL DÍA
UN JUEZ VIAJÓ A BRASIL GRATIS JUNTO A UN IMPUTADO EN UN FRAUDE MILLONARIO
El anterior juez decano de Santiago, Francisco Javier Míguez Poza, que el pasado mes de abril tras doce años en el cargo abandonó el decanato pero mantiene su plaza en el juzgado de instrucción número 2, viajó a Brasil "invitado por un amigo" en compañía de Santiago Montenegro González, principal imputado en un fraude millonario, en libertad tras abonar una fianza de 280.000 euros en el juzgado de Padrón, y otras dos personas. El paquete gratis total para el juez incluyó una semana de esparcimiento el pasado mes de abril en un complejo residencial de Fortaleza, al noreste de Brasil, una de las localidades turísticas más en boga del país.
La expedición partió el 6 de abril de Lisboa en un vuelo de la compañía Tap Portugal y al llegar a Brasil se alojó en el hotel Luzeiros ubicado en Fortaleza. Una semana más tarde, y después de haber visitado entre otras la ciudad de Canoa Quebrada, también en el estado de Ceará (costa oriental del país), un avión de la misma aerolínea los devolvió a la capital portuguesa.
Entre los tres acompañantes del ex juez decano de Santiago figura Santiago Montenegro González, administrador del Grupo Estación -un conglomerado empresarial de grúas y maquinaria pesada-, imputado en un fraude fiscal que asciende a seis millones de euros en facturas falsas para evadir impuestos, según acaba de cuantificar un informe pericial encargado por el juzgado de Padrón.
La causa acumula una docena de imputados, entre ellos su propio hermano, Serafín Montenegro, que fue quien destapó el presunto fraude cuando entregó en el juzgado de Padrón los libros de la contabilidad en B de las distintas sociedades, y el otro administrador del entramado empresarial, Carlos Mosquera. En la misma lista figuran importantes funcionarios públicos de la Hacienda Pública y la Guardia Civil a quien la Audiencia de A Coruña señala como presuntos colaboradores de la trama.
Entre los imputados está el capitán de la Guardia Civil José Teijeiro Arneiros, viejo conocido de Míguez Poza por ser el responsable de seguridad en los juzgados de la provincia de A Coruña y por supuesto también del edificio judicial de Santiago. El mando del instituto armado fue involucrado en la presunta trama por el denunciante, Serafín Montenegro, al que sus dos socios habían descabalgado de la dirección de la empresa, aunque mantiene un tercio de las acciones. Serafín Montenegro acusó al guardia civil de cobrar y trabajar durante 15 años para sus empresas en la gerencia, el manejo del dinero negro, la manipulación de tacógrafos e incluso facilitando información para eludir los controles de tráfico cuando la empresa de grúas no disponía de los permisos en regla para circular.
Lo más que admitió el mando de la Guardia Civil ante el juez es que en alguna ocasión verificó tacógrafos de camiones del grupo y que, cuando estuvo destinado en Padrón, acompañó a alguno de los imputados al banco, vestido de uniforme y en su propio coche patrulla "por razones de seguridad para evitar atracos". Los investigadores encontraron no obstante el nombre del capitán de la Guardia Civil en dos apuntes manuscritos de la contabilidad B que figura en el juzgado.
En la causa también está imputado el ex administrador de la Agencia Tributaria en Ribeira Benigno Santos, a quien tanto Serafín Montenegro como el informático del Grupo Estación culparon de participar en el borrado de información contable. Según el denunciante, Santos habría sido fichado por el guardia civil para hacer funciones de gerente en la empresa y habría tenido acceso a las cuentas en B. La sospecha se extiende además hacia otro funcionario de Hacienda, que habría recibido una primera denuncia de Montenegro en 2002 y de la que, según el fiscal, "nulo resultado" se obtuvo. El ministerio público tildó de "anómala" en un escrito enviado al juzgado, la reacción de la Agencia Tributaria ante la denuncia del fraude.
(www.elpais.com, 12/07/10)
AUTOR DE POLÉMICOS AUTOS QUE EL PP UTILIZÓ EN CAMPAÑAS
Ejerció durante 16 años como decano de de los jueces de Santiago y, en este tiempo, Francisco Javier Míguez Poza nunca escondió su ideología conservadora. Puede pasar y ha pasado, que en medio de una toma de declaración a un acusado con los abogados presentes, éste cite una información de prensa y el propio juez le conteste que las cabeceras de un grupo de comunicación como Prisa (editor de EL PAÍS) no le merecen ningún respeto.
Casado con una concejal del PP en Ames (A Coruña), tampoco tuvo reparo en estudiar y admitir a trámite en tiempo récord la querella que este partido presentó contra el bipartito por la autovía del Barbanza, en la que los populares denunciaron un sobrecoste de 30 millones de euros y atribuyeron a la entonces conselleira María José Caride media docena de delitos. Habituado a hacer reposar cada caso, resolvió en semanas la denuncia con un auto que dejó perplejos a abogados y fiscales. Tres folios para admitir a trámite una querella con términos incendiarios en los que hablaba de "indicios graves de prevaricación" derivados de una actuación política del bipartido que calificaba como "burda maniobra sin justificación alguna, ni fáctica ni normativa".
Sobre esos argumentos, citó a declarar a cuatro funcionarios de Política Territorial con el bipartito, tres días antes de las generales de 2008. Su auto y sus citaciones sirvieron de munición para el PP que por aquellas fechas exigía la dimisión de Caride "por tener a media consellería imputada". Pasaron las elecciones generales y unos meses después, Míguez Poza archivó la causa porque, según sus propias palabras, la querella "no puede estar más huérfana de trascendencia penal".
Algo semejante había pasado con otra denuncia, ésta del PP de Santiago, contra el concejal de Obras del Ayuntamiento, el también socialista Bernardino Rama, por las obras de un párking en el centro de la ciudad. Míguez Poza mantuvo imputado a Rama durante tres años enteros mientras la oposición del PP en el Ayuntamiento hacía bandera "contra las prácticas de corrupción del PSOE". Pasaron las municipales antes de que el juez cerrase el caso.
En sus manos recayó también el atestado que varios policías firmaron para acusar al ex secretario de Relacións Institucionais, Antón Losada, de vejación, insultos y desobediencia, en un enfrentamiento que el alto cargo de la Xunta mantuvo con los agentes a las puertas de San Caetano. El juez sobreseyó el caso y absolvió a Losada de la falta que se le imputaba.
(www.elpais.com, 12/07/10)
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