www.losgenoveses.net : La noticia del día 10.02.10

Una juez denuncia irregularidades en el servicio de traductores de la Comunidad de Madrid

La titular del juzgado de lo Penal número 29 de Madrid, Pilar de Luna Jiménez de Parga, ha elaborado un informe en el que denuncia las irregularidades e incumplimientos de la empresa que se dedica a facilitar intérpretes y traductores en los juzgados de la Comunidad de Madrid. La magistrada denuncia en su informe que la empresa Seprotec envió en 2009 a los juzgados a numerosos traductores que no tenían titulación o que ni siquiera conocían el idioma que tenían que traducir. Aunque la Consejería que preside Francisco Granados rescindió el contrato con esta sociedad el pasado 31 de diciembre, la empresa ha vuelto a resultar adjudicataria para facilitar los intérpretes a los juzgados de Madrid capital a partir del próximo 17 de febrero.

Escuche en la web de la SER el debate de La Ventana (minuto 11:30)

El informe de la juez, que fue remitido tanto al Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo y a la Consejería de Justicia, Presidencia e Interior que dirige Francisco Granados, se centra en casos ocurridos en el juzgado de la propia Pilar de Luna en el pasado mes de julio de 2009. La magistrada relata seis casos en los que, por ejemplo, se envió un traductor de francés a un ciudadano senegalés que sólo hablaba el idioma local, el wolof, u otro en el que una traductora de ucraniano le fue asignada a un acusado polaco.

"Indefensión" de los extranjeros
En declaraciones al programa La Ventana de la Cadena SER, De Luna denunció que estos fallos en los intérpretes provocan “una gran indefensión en los ciudadanos extranjeros” que acuden a los juzgados, ya que “no pueden apostillar lo que consideran importante porque el intérprete no le transmite al acusado lo que dicen los peritos, los testigos y los resultados de los informes técnicos del fiscal y de la defensa”.

Garantizar los derechos fundamentales
Para la magistrada, se trata de “casos sangrantes” que provocan que “el acusado no puede ejercer el derecho a la última palabra y, por tanto, no puede alegar nada, no puede matizar”. En su opinión, los jueces deben mantener “un compromiso muy serio para tratar de evitar esta situación”, por lo que deben comprometerse “con una denuncia pública sobre lo que está sucediendo y, al mismo tiempo, garantizar en Sala los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos a los que estamos viendo completamente indefensos”.

Repetirá en 2010
Desde la Comunidad de Madrid reconocen que recibieron el informe de De Luna y, posteriormente, el propio Defensor del Pueblo se dirigió al departamento de Granados para recabar información al respecto. La Comunidad reconoció que Seprotec no hizo bien su trabajo y, de hecho, rescindió su contrato el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, como la empresa no fue sancionada, volvió a presentarse a concurso para la adjudicación de estos trabajos de traducción y, sorprendentemente, ha resultado de nuevo elegida, esta vez solo para los servicios de Madrid capital.

Endurecimiento de las condiciones y las sanciones
El director general de Justicia de la región, Gonzalo Quiroga, aseguró que esta circunstancia no debe generar “alarma”, puesto que se ha “endurecido, y mucho, el pliego de condiciones y prescripciones técnicas”. Durante el debate de La Ventana, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, insistió en el endurecimiento tanto de las condiciones como de las penalizaciones si se incumple el servicio, y se felicitó de que la situación haya “salido a la luz” para que no vuelva a ocurrir.

"Incapacidad de un Gobierno a la deriva"
Muy diferente es la opinión de la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, que achacó este deficiente servicio a la “incapacidad de un Gobierno a la deriva” como es el de Esperanza Aguirre, que ha “abandonado su responsabilidad pública”. Menéndez criticó la “falta de compromiso con la gestión pública” del Ejecutivo regional y tachó de “muy graves” los hechos que, según alertó, son “una nueva prueba” de “cómo se sienten muchos madrileños”, “indefensos”.

Consecuencia del "desmantelamiento" de los servicios públicos
En la misma línea se manifestó el portavoz de IU en la Cámara Regional, Gregorio Gordo, que advirtió de que estas irregularidades “son continuas” en la comunidad, ya que son “el típico caso de, cuando lo público cae en manos privadas, las consecuencias que puede haber”. En su opinión, el “continuo desmantelamiento” de los servicios públicos en la región “dan lugar a situaciones como estas” que son un “puro despropósito”. “Si no fuese por lo dramático de los resultados, sencillamente sería como una película de humor de los hermanos Marx”, subrayó.