Otro senador del PP bajo sospecha

La ex mujer del senador del PP asegura que Altava entró en compañía de policías en su domicilio y en su empresa, llevándose documentos comprometedores que le implican en actividades irregulares

Novedades sobre la causa judicial del senador del PP por Castellón y magistrado en excedencia, Manuel Altava. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido el auto del instructor José Manuel Maza que archivó el caso al no apreciar delito en el hecho de que el entonces juez Altava cambiara en agosto de 2003 las cerraduras de la casa y el despacho de su ex mujer para llevarse unas 70 cajas en camiones de mudanza

En una entrevista a la Cadena Ser, Paloma Sanz, denunciante y ex mujer del senador, asegura que ese día Altava entró en compañía de policías en su domicilio y en su empresa en busca de documentos comprometedores que le implican en actividades irregulares. Le acusa de utilizar una empresa como tapadera para hacer negocios, incluso con cargos del Partido Popular.

La ex mujer de este senador del PP asegura que Manuel Altava estuvo vinculado a una empresa privada durante 3 años de excedencia forzosa como juez entre los años 2.000 y 2.003. Desde Asejur, que así se llama la sociedad, hacía negocios presuntamente incompatibles con su condición de magistrado. Es lo que asegura su ex mujer, Paloma Sanz, en una entrevista a la Cadena SER, a raíz de un litigio abierto el 15 de agosto de 2003 con el senador popular Manuel Altava. Ese día, entró en su casa, tras varios meses de separación, y con la ayuda de cerrajeros, policías locales y 3 camiones de mudanzas sacó decenas de cajas del inmueble.

Paloma Sanz, que ha presentado documentos ante la Fiscalía del Supremo, denuncia que el senador del PP registró su casa buscando las pruebas que le comprometían de sus actividades. Según los documentos aportados, Altava intermediaba en importantes operaciones a través de su red de contactos y controlaba facturas, cobros, pagos, las cuentas bancarias y asesoramientos jurídicos.

La asesoría, que figuraba a nombre de su entonces pareja, facturó su primer trabajo en el año 2000, a un amigo personal de Manuel Altava para el que gestionó un "cambio de obra" con la mercantil "Villareal siglo XXI". En 2001, la denunciante Paloma Sanz y el ex juez Altava -según sus declaraciones - eran pareja, tuvieron dos hijos, y compartían los trabajos de la asesoría, entonces Altava llevaba en la sombra asuntos de la empresa hasta su desvinculación en 2003.

La ley orgánica del poder judicial establece que el cargo de magistrado es incompatible con el asesoramiento jurídico, sea o no retribuido, y el ejercicio de toda actividad mercantil.

Un patrimonio revelador

En cuanto al patrimonio del senador Altava, Sanz asegura que tiene al menos 12 propiedades. "Por cuatro de ellas no ha pagado un duro. Los ha conseguido gracias a mi, a sus amigos y a sus influencias", dice. Además, compraron fincas en subasta pública con supuesta información privilegiada.

Fue Juan Costa padre quien, como delegado de Hacienda en Castellón, explicó a Paloma Sanz el funcionamiento de la puja. A día de hoy, y siempre según la versión de la denunciante, Altava sigue teniendo a su nombre las fincas de las subastas. Paloma Sanz presentó toda esta documentación ante la Fiscalía que aunque considera que puede haber indicios de delito de cohecho ha descartado abrir una investigación porque los hechos ya han prescrito.

Cargos del PP entre los clientes

La empresa vinculada a Manuel Altava tuvo entre sus clientes a cargos del Partido Popular. ASEJUR, hizo trabajos de asesoría legal y ejecución de planes de urbanismo en la Comunidad Valenciana para Ayuntamientos gobernados por el PP. Documentos manuscritos por el propio Altava le implicarían en estas operaciones así la correspondencia dirigida a Altava de alguno de estos cargos.

Entre los clientes que figuran en la contabilidad de la empresa están el ex alcalde popular de Peñíscola, Ricardo Alvioll o el concejal de urbanismo de Oropesa de Mar, Tomás Fabregat.

Ricardo Alvioll encargó a Manuel Altava legalizar la Fundación carlos Fabra Andrés. Altava llegó a desarrollar los estatutos durante unos 15 meses. Según la denunciante, los costes por la legalización de la fundación -que finalmente no se llegó a crear - corrieron a cargo del ex alcalde de Peñíscola Ricardo Alvioll entre septiembre de 2000 y noviembre de 2001 y realizó hasta seis ingresos de 50.000 a 100.000 de las antiguas pesetas.

En el caso del Concejal de urbanismo de Oropesa del Mar, Tomás Fabregat llega a pedir por escrito al entonces juez Altava su intermediación con el concejal de servicios de Benicassim, José Antonio Casañ, para conseguir desbloquear una licencia para la apertura de un local. Asejur hizo el trabajo y cobró por ello a través de una sociedad vinculada a Fabregat.

... y ayuntamientos del PP

A pesar de que Manuel Altava estaba en excedencia forzosa por haber integrado las listas del PP al Senado por Castellón, Asejur trabajó para ayuntamientos de la misma formación. Según Paloma Sanz, Asejur llegó a ser aspirante urbanizador, hizo trabajos de desarrollo urbanístico para el consistorio de Nules, Torreblanca y planes parciales de desarrollo en Villajoyosa, por citar algunos ejemplos. Según Sanz, "él dirigía, ponía las reuniones, me decía quién me iba a recibir, era el reclamo de la empresa".

Acoso judicial

La denunciante Paloma Sanz aportó la correspondiente documentación al Supremo el pasado 30 de diciembre. 52 documentos y 6 dossieres, incluyendo comprobantes bancarios, todos ellos con anotaciones manuscritas del entonces Juez Manuel Altava que probarían, según la denunciante, su simultánea intervención directa en la mercantil ASEJUR y en beneficio propio.

Para Paloma Sanz, "haber tenido esas pruebas en mi poder es el motivo de la persecución y del acoso judicial constante del hoy Senador Manuel Altava. Usó la fuerza para registrar mi casa y mi empresa, en un intento de borrar todo rastro de su intervención en ASEJUR. Como no lo consiguió, desde 2003 he recibido sus constantes amenazas y una persecución judicial sin precedentes en Castellón: 202 citaciones judiciales y todos los juicios perdidos en donde yo o mi empresa éramos parte. Por tres veces desde que nacieron, me he enfrentado a la petición de Altava para arrebatarme la guarda y custodia de los niños y con ella, la asignación del uso de la casa que expolió. Me amenazaba "con las llaves de la cárcel" que se jactaba de tener".

Puestos en contacto con el senador popular Manuel Altava niega cualquier relación con la empresa Asejur y las acusaciones de su ex mujer

www.cadenaser.com 09.03.10

¿Por qué pedir las llaves si puedes llamar al cerrajero?

Absuelto un ex juez y senador del PP que tras separarse reventó la cerradura del domicilio familiar

JOSÉ YOLDI 01/03/2010

¿Por qué vas a pedir las llaves a tu pareja para llevarte los libros y la ropa de la casa en la que ya no vives si en tu condición de juez de lo penal puedes llamar a dos cerrajeros en día festivo, hacerte acompañar de policías de paisano y reventar las cerraduras del domicilio y del despacho profesional de tu compañera?

Fue un 15 de agosto, fiesta en toda España. El entonces juez de Castellón Manuel Altava se acababa de separar después de más de cuatro años de convivencia y su mujer se había quedado en el domicilio conyugal. Aprovechando que ésta había ido a Benicàssim de vacaciones con los dos hijos de ambos, el juez se personó en la casa con los cerrajeros, varios policías de paisano, tres transportistas para acarrear los enseres y un camión de mudanzas y se apoderó de 70 cajas de libros, además de cuadros, estanterías, mesa y silla de despacho, ordenadores, impresoras y todos los efectos que consideró suyos. Una vecina, alarmada por las tentativas de reventar la cerradura, avisó a la policía municipal y a la ya ex, que regresó de la playa y todavía tuvo tiempo de oponerse a lo que calificó de "expolio" y de discutir sobre la propiedad de unos discos y unas plumas.

Si la entrada en el domicilio tuvo como finalidad retirar enseres que el juez consideraba suyos, no se sabe qué objeto tenía forzar las puertas del despacho profesional de la mujer, situado en la planta baja del mismo inmueble, así como registrarlo y desordenar los expedientes.

Decía la actriz Shelley Winters: "Cuando estés a punto de casarte con alguien, ve a almorzar con su ex esposa".

El asunto dio lugar a que el Juzgado de Instrucción número 2 de Castellón abriera un proceso por "delito de realización arbitraria del derecho propio". Es decir, que aunque los objetos fueran de su propiedad, el marido no podía reventar las cerraduras y entrar en la casa y el despacho de su mujer para llevárselos por el artículo 33, también llamado "porque sí". Y Altava, que era juez, tenía que saberlo.

El caso siguió adelante, se abrió el juicio oral y cuando estaba a punto de sentarse en el banquillo de los acusados en Castellón, Altava fue salvado por la campana. Dejó temporalmente la judicatura para presentarse a las elecciones y resultó elegido senador por el Partido Popular.

Y entonces, al ser aforado, el caso pasó al Supremo. La fiscalía consideró que existían elementos suficientes para acusar a Altava por delitos de "realización arbitraria del propio derecho y allanamiento de despacho profesional" y pidió que se siguiera el trámite del procedimiento abreviado.

Sin embargo, el juez instructor del Supremo, José Manuel Maza, en una sorprendente resolución, ha apreciado que Altava no cometió delito alguno y ha archivado el caso. Explica Maza, con inusual clarividencia, que el reventar las cerraduras del domicilio y del despacho de su esposa no es un acto de fuerza ni de intimidación. Él considera que no se había producido todavía la ruptura de la pareja, sino un alejamiento temporal, y que lo que su ex colega hizo sólo fue un "mero cambio de cerradura" de su "propio domicilio". Agrega que el ex juez "en ningún momento pretendía realizar un derecho propio contra la voluntad de su ex pareja".

Y usted se preguntará: si todo era tan inocuo, ¿por qué el juez no llamó a su ex pareja y le pidió las llaves para entrar en la vivienda y llevarse sus cosas, en lugar de hacerlo cuando ella estaba de vacaciones y por la fuerza?; ¿por qué la vecina avisó a la policía municipal y a la ex esposa para que regresara inmediatamente?; ¿por qué la ex pareja se opuso a las pretensiones del juez calificando de "expolio" lo ocurrido? y, sobre todo, ¿qué parte del despacho profesional de la esposa le parecerá al juez Maza que puede considerarse domicilio familiar de su compañero?

Parece claro que los ciudadanos no tenemos la sagacidad y perspicacia de un magistrado del Supremo para estas cosas de la justicia, pero sin ser Sherlock Holmes, a simple vista se aprecia que algo no cuadra.

Menos mal que todos sabemos que los jueces del Supremo no prevarican, porque seguro que habrá malpensados que opinen que el asunto tiene un malsano tufillo corporativo.

www.elpais.es 01.03.10

El TS archiva la causa contra el senador Manuel Altava por una denuncia de su ex mujer

El Tribunal Supremo (TS) ha archivado la causa abierta contra el senador del PP por Castellón Manuel Guillermo Altava Lavall por un delito de realización arbitraria del propio derecho, en relación con una denuncia interpuesta por su ex compañera sentimental. Así lo ha acordado la sala de lo penal del TS en un auto, en el que archiva definitivamente las actuaciones contra el senador "por no ser los hechos constitutivos de delito".

Altava y su ex pareja, Paloma Sanz, declararon por estos hechos en el Alto Tribunal el pasado 20 de julio y el senador aseguró que no había cometido ningún delito. Sanz le acusó de utilizar su condición de magistrado de un juzgado de lo penal de Castellón para irrumpir con la Policía en la vivienda que ambos habían compartido, y en la que en ese momento residía sólo ella, para llevarse en un camión sus pertenencias.

Los hechos sucedieron el 15 de agosto de 2003 cuando, según fuentes de la acusación, Altava se dirigió hacia la vivienda y, "como carecía de las llaves para entrar a la misma, pues estas habían sido sustituidas por su compañera sentimental tras cambiar las cerraduras, accedió al inmueble retirando bienes de su propiedad que se hallaban en el interior".

El auto del magistrado instructor del caso, José Manuel Maza, señala que "de lo instruido hasta la fecha se puede afirmar con solvencia que los objetos que se llevó el aforado el día de autos eran de su propiedad". Añade que en esa fecha ni se había producido resolución que fijara la distribución del ajuar familiar, ni sobre el uso y disfrute del inmueble.

"En el caso que nos ocupa existe ausencia de fuerza en las cosas, al no poder considerarse como tal el mero cambio de cerradura de la propia vivienda, cambio que no genera daño alguno", añade la resolución, que recuerda que estos hechos tuvieron lugar en presencia de agentes de la Policía Local y de numerosos testigos.

Agotada la instrucción la Fiscalía estimó que procedía pedir el suplicatorio del senador "al existir elementos para fundamentar una pretensión acusatoria". La sala de lo Penal del Supremo asumió la instrucción de este caso hace un año con el informe favorable del fiscal que consideró que los hechos podían ser constitutivos del delito de "realización arbitraria del propio derecho".

A pesar de que Altava era el titular del juzgado número 3 de lo penal de Castellón cuando ocurrieron los hechos, la competencia para investigarlos correspondía al Tribunal Supremo al haber obtenido un escaño en el Senado en las elecciones generales de marzo de 2008. Antes de que este asunto llegara al Supremo, el juzgado número 2 de Castellón investigó el caso y decretó en 2006 la apertura de juicio oral contra el magistrado, aunque no señaló la fecha de inicio del mismo. Tras las elecciones, el juzgado elevó el caso al Supremo por la condición de aforado del imputado, y la sala de lo penal se declaró finalmente competente para asumir el procedimiento.

En relación a este caso, el pasado mes de octubre el grupo municipal socialista exigió la apertura de una investigación en el Ayuntamiento de Castellón para "esclarecer las responsabilidades" de la pérdida de las pruebas policiales que, según indicó en un comunicado, incriminaban al senador

www.elmundo.es 16.02.10

LA FISCALÍA PIDE AL SUPREMO EL SUPLICATORIO DEL SENADOR DEL PP MANUEL ALTAVA

El ministerio Público considera que Manuel Altava, senador del PP y magistrado, entró en la vivienda y en la asesoría de su ex pareja, rompió las cerraduras y se llevó ordenadores y expedientes

En el escrito de acusación, el fiscal acusa al senador por los presuntos delitos de realización arbitraría del derecho y allanamiento. El procedimiento se elevó al Supremo por la condición de aforado de Manuel Altava al que Carlos Fabra puso al frente de la lista del PP al Senado por Castellón en las elecciones de marzo de 2008.

El Ministerio Público ya se ha manifestado sobre la instrucción del Supremo contra el senador popular por Castellón Manuel Altava. En su escrito de acusación, del pasado 24 de noviembre, pide que las Cortes autoricen el suplicatorio para que se juzgue a Manuel Altava, senador del PP y magistrado en excedencia, por los presuntos delitos de 'realización arbitraria del derecho' y 'allanamiento de despacho profesional', en agosto de 2003.

La Fiscalía acusa al senador de entrar por la fuerza en la vivienda y la asesoría jurídica de su ex pareja tres meses después de la separación. Altava llegó a romper las cerraduras de la vivienda con la ayuda de un cerrajero y forzó la entrada de la Asesoría jurídica y Urbanística ASEJUR. Según el escrito del fiscal, ese día, registró las oficinas, se llevó bienes, ordenadores y desordenó documentos y expedientes varios.

Por estos hechos, la Fiscalía entiende que existen elementos suficientes para acusar a Altava por presuntos delitos de 'realización arbitraria del propio derecho' y 'allanamiento' y solicita al juez instructor del Supremo, José Manuel Maza, la petición del suplicatorio. El procedimiento se abrió en agosto de 2003 en el juzgado número 2 de Castellón y lo asumió el alto tribunal hace un año.

Los hechos ocurrieron siendo Manuel Altava magistrado titular del juzgado de lo penal número 3 de Castellón, cinco años antes de su aforamiento. Carlos Fabra le colocó al frente de la lista del PP al Senado por Castellón en las elecciones de marzo de 2008.

El senador del PP por Castelló Manuel Guillermo Altava Lavall declarará hoy como imputado ante el Tribunal Supremo por un delito de realización arbitraria del propio derecho en relación con una denuncia interpuesta por su ex compañera sentimental.

La mujer le acusa de utilizar su condición de magistrado de un juzgado de lo penal de Castelló para irrumpir con la policía en la vivienda que ambos habían compartido, y en la que en esos momentos residía sólo ella, para llevarse las pertenencias de la denunciante en un camión, según fuentes de la acusación.
Los hechos sucedieron el 15 de agosto de 2003, cuando Altava se dirigió hacia la vivienda y, "como carecía de las llaves para entrar a la misma, pues estas habían sido sustituidas por su compañera sentimental tras cambiar las cerraduras, accedió al inmueble retirando bienes de su propiedad que se hallaban en el interior".

La sala segunda del Tribunal Supremo asumió la instrucción de este caso el pasado 13 de febrero con el informe favorable del fiscal que consideró que los hechos pueden ser constitutivos del delito de "realización arbitraria del propio derecho".

Este delito, tipificado en el artículo 455.1 del Código Penal, prevé la imposición de una multa de seis a doce meses a quien, "para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas".

A pesar de que Altava era el titular del juzgado número 3 de lo penal de Castelló cuando ocurrieron los hechos, lo juzga el Supremo por estar aforado.

www.levante-emv.com Lunes 20 de julio de 2009

El Supremo asume el caso del senador del PP Altava

La sala de lo penal del Tribunal Supremo ha decidido asumir la instrucción del caso que se sigue contra el senador del PP por Castellón Manuel Altava por un supuesto delito de realización arbitraria del propio derecho, al entrar en la vivienda de su ex mujer, donde retiró varios bienes y cambió cerraduras.

Los hechos sucedieron en el año 2003, cuando Manuel Altava era magistrado en los juzgados de Castellón. Paloma Sanz y Manuel Altava acababan de separarse y ella se había quedado con el domicilio conyugal. Según la denuncia de la mujer, el magistrado fue a la casa, cambió las cerraduras y retiró bienes que consideraba de su propiedad.

El juzgado número 2 de Castellón investigó el caso y decretó en 2006 la apertura de juicio oral contra el magistrado, aunque no señaló la fecha de inicio del mismo.

El año pasado, Manuel Altava dejó temporalmente la judicatura por la política y se convirtió en el cabeza de cartel del PP al Senado por Castellón. Las elecciones tuvieron lugar en marzo y Altava obtuvo su escaño. Tres meses después, el juzgado número 2 de Castellón elevó el caso al Supremo por la condición de aforado del imputado, y la sala de lo penal se ha declarado competente para asumir el procedimiento, con el beneplácito del Ministerio Fiscal.

Fabra acelera la carrera política de su hija Andrea y le asegura un puesto en el Congreso

A la segunda fue la vencida. El presidente provincial del PP, Carlos Fabra, se ha sacado la espinita de hace cuatro años y ha logrado colocar en el segundo lugar de la candidatura al Congreso a su hija Andrea, que dejará su actual puesto de senadora territorial. Esta decisión supone un espaldarazo a la carrera política de la primogénita del líder popular, cuya vacante en la cámara alta, de designación autonómica, ocupará el ex alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada.

El secreto mejor guardado del PP de Castelló se desveló ayer. Fabra tuvo que convocar de urgencia al comité electoral provincial para aprobar la propuesta de listas, que ahora han de ser ratificadas en Madrid. Ya se preveía que una mujer ostentaría el segundo puesto de la candidatura al Congreso, pero muy pocos sabían que la elegida era Andrea Fabra, entre otras cosas, porque hace apenas medio año que ejerce de senadora.

Pese a la evidencia, el presidente provincial del PP aseveró que la inclusión de su hija ha sido "a propuesta de Camps" y admitió los riesgos del nombramiento. "Es una decisión valiente e incómoda porque estaría más tranquila donde está, sin recibir más críticas de las que ha recibido por ser hija mía. Es una persona que apuesta por la política y por la provincia y no sé si felicitarla porque creo que estaba mejor donde estaba", apuntó.

El mandatario popular ya trató de situar a su hija mayor en las listas del Congreso en 2004. Sin embargo, el escándalo judicial en el que está inmerso se encontraba por aquel entonces en plena ebullición y optó por retirar la propuesta. Andrea Fabra, como el resto de los hijos del presidente de la Diputación, está siendo investigada en los juzgados de Nules.Tras la victoria en las pasadas elecciones autonómicas de mayo, el líder del PP retomó su plan y situó a su vástaga de senadora de designación territorial, con los únicos votos del PP en las Corts. Ahora, con cuatro años de retraso, la aúpa al Congreso, donde la proyección política es mayor.

Andrea Fabra -de 34 años y casada con el consejero de Sanidad de la comunidad madrileña, Juan José Güemes- renunciará al acta de senadora, que recogerá Alfonso Ferrada. El nombre del ex alcalde de Burriana se había filtrado de forma interesada para el puesto dos a la cámara alta, con lo que se ha logrado mantener en secreto el relevo del senador territorial.

El resto de la candidatura al Congreso no depara ninguna sorpresa y se repiten los nombres de 2004. Juan Costa es el cabeza de cartel y Miguel Barrachina sigue en el tercer puesto. Sin apenas posibilidades de salir elegidos se quedan el ex senador Carlos Murria, de cuatro, y Carmen Querol, de cinco. Se queda fuera Fernando Castelló, cuya adscripción a la corriente zaplanista le ha pasado factura.La candidatura al Senado la encabezará el magistrado Manuel Altava, seguido de Juan José Ortiz. Otra novedad es la inclusión de Araceli Peris, ex portavoz del PP en el ayuntamiento de l'Alcora. Se caen respecto a los pasados comicios Carlos Murria y Gabriel Elorriaga. La inclusión de Andrea Fabra y Araceli Peris en puestos de salida potencia la paridad de las listas, tal y como había exigido la dirección regional.

Crítica de Sevilla

El candidato del PSPV-PSOE Jordi Sevilla declaró que la "imposición" de Andrea Fabra en la lista al Congreso "es un nuevo caso de nepotismo orgánico en el PP". Según dijo, "esta imposición también tiene otra lectura: la necesidad de liberar un acta de senador territorial para aforar al ex alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, imputado por varios delitos de corrupción urbanística en el juzgado número 1 de Vila-real".

¿Por qué pedir las llaves si puedes llamar al cerrajero?

Absuelto un ex juez y senador del PP que tras separarse reventó la cerradura del domicilio familiar

www.levante-emv.com Lunes 20 de julio de 2009 El Supremo asume el caso del senador del PP Altava

www.levante-emv.com Lunes 20 de julio de 2009

El Supremo asume el caso del senador del PP Altava