LA NOTICIA DEL DÍA

Un juzgado de Castellón mantiene paralizado el caso de la muerte por negligencia de una niña en un campamento de verano

Fabra rodeado de potentes monosabios genoveses

El campamento tuvo lugar en las instalaciones del Club de Campo del Mediterráneo de Borriol, del que es máximo responsable Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón

El juzgado de instrucción numero cinco de Castellón lleva más de un año y medio sin llamar a declarar a los responsables del campamento donde falleció María Ortega Cirera, una niña de seis años a quien le cayó en julio de 2007 un macetero sin anclajes mientras asistia a este campamento de verano con monitores sin titulacion y sin la correspondiente licencia para la organización de este tipo de actividades

Los padres de María Ortega quieren justicia. Quieren que el juzgado haga su trabajo y cite a declarar a los responsables de las instalaciones deportivas donde ocurrió el accidente y declaren también los responsables del Ayuntamiento de Borriol, en Castelllón, porque al parecer el club de campo donde se celebraba el campamento no había solicitado la licencia obligatoria para esta actividad.

Las dos monitoras, sin titulación ni contrato, según las diligencias judiciales, son las únicas que han declarado como imputadas, pero el juez todavía no ha escuchado a los responsables de la organización del Campamento. Entre ellos se encuentra el gerente de esta entidad o su máximo dirigente, Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón.

El juzgado tampoco ha tomado declaración a los responsables del ayuntamiento de Borriol quienes no habían realizado ninguna inspección a la actividad de ese campamento.

Después de un año y medio, el caso sigue parado a pesar la insistencia de la familia y sus abogados, el bufete González Franco, que desde el pasado mes de julio han solicitado hasta en cuatro ocasiones la declaración como imputados de los responsables del Campamento y del Consistorio, sin recibir respuesta ninguna por parte del Juzgado.

Los padres de María Ortega consideran que los organizadores del campamento son responsables indirectos de la muerte de su hija porque no hicieron lo que debían hacer y estaba en sus manos: solicitar los permisos legales para esa actividad, vigilar la seguridad de sus instalaciones y contratar como monitores a personas con la titulación necesaria para tratar con niños de tan corta edad

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