LA NOTICIA DEL DÍA

LA ALCALDESA DE IBI ADJUDICÓ UN PAI A UNA OFERTA 2,5 VECES MÁS CARA 

La alcaldesa de Ibi, Maite Parra, del PP, adjudicó la urbanización de un PAI a una oferta 2,5 veces más cara que la impulsada por los propietarios del suelo, según denuncia José Gimeno, uno de los dueños afectados. El Ayuntamiento rechaza la acusación y mantiene la legalidad y rentabilidad de la operación. 

El denunciante mantiene que la agrupación de intereses presentó una oferta por siete millones de euros y en paralelo la promotora La Generala optó con una oferta de 17 millones. El equipo de gobierno del PP adjudicó finalmente el proyecto a La Generala. Esta iniciativa fue denunciada por los afectados ante el Síndic de Greuges, que en una resolución del 12-07-2005 se hizo eco de la denuncia de los afectados y observó supuestas irregularidades en la tramitación del PAI que le llevaron a recomendar al consistorio que dejara en suspenso la adjudicación y tuviera en cuenta la posibilidad de adjudicarla a los vecinos. Según Gimeno, en un pleno el Ayuntamiento acordó atender la sugerencia del Síndic, aunque en una junta de gobierno posterior la alcaldesa ignoró la decisión y ratificó la adjudicación a La Generala. Ante esta situación, Gimeno presentó una querella en el Juzgado número 2 de Ibi, el 20 de noviembre pasado, contra la alcaldesa de Ibi, Maite Parra, del PP, y su equipo de gobierno por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental. El magistrado no admitió a trámite la querella al considerar que los supuestos delitos denunciados habían prescrito y por no hallar responsabilidad penal en la actuación de los querellados. El denunciante ha recurrido el archivo ante la Audiencia de Alicante, que todavía no se ha pronunciado. Gimeno anuncia que trasladará en breve esta denuncia a la fiscalía para que investigue. "Sospechosamente, la urbanización de este sector fue adjudicada a la propuesta más cara", aseguró el denunciante. El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera, recordó que el denunciante "lo ha perdido todo en los tribunales, está desprestigiado y su oferta no estaba justificada". 

La denuncia se aireó con motivo de la investigación iniciada por la edil del PP Felicidad Peñalver, que ha sido expulsada del equipo de gobierno. Esta concejal, afín al presidente José Joaquín Ripoll, ha remitido un dossier a la dirección provincial del PP con datos sobre el incremento patrimonial de sus ex compañeros. El próximo lunes están llamados a declarar en la sede provincial del PP los ediles implicados y la alcaldesa. 

Mientras, la dirección regional del PP, controlada por Francisco Camps y enfrentada a Ripoll, anunció ayer la apertura de un expediente contra Peñalver que podría concluir con la expulsión definitiva del PP. En el Ayuntamiento de Ibi, su alcaldesa, la campista Mayte Parra, anunció la creación de una comisión de investigación municipal pero solo para analizar una adjudicación a la empresa Toplabi, SL, cliente de la edil Felicidad Peñalver, que compatibilizaba su cargo de edil de Hacienda con la abogada urbanista. 

(www.elpais.com, 05/02/09) 

LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL PP ABRE EXPEDIENTE A LA EDIL DÍSCOLA DE IBI 

La dirección regional del PPCV se ha decidido finalmente a abrir un expediente disciplinario a la edil díscola del Ayuntamiento de Ibi, Felicidad peñalver, que ha denunciado irregularidades urbanísticas y de gestión en el municipio gobernado por la popular Maite Parra. El secretario general del PPCV, Ricardo Costa,confirmó ayer que ha recibido una solicitud en este sentido de la agrupación local de Ibi y que esa petición ha sido remitida al Comité de Derechos y Garantías, que preside Juan Rodríguez Marín. Fuentes de la dirección regional dijeron, no obstante, esa petición "abre una línea de investigación" y no implica la expulsión de Peñalver.

La edil apartada el pasado lunes del equipo de gobierno del PP, negó ayer "rotundamente" que haya utilizado su cargo de teniente alcalde "para fines personales o para beneficiar a terceras personas", y reclamó que sean examinados todos los expedientes municipales en los que ella ha tomado parte, según explica la propia edil en un comunicado.

La dirección regional también ha sugerido a la alcaldesa Maite Parra que encargue una auditoría de su gestión en el ayuntamiento para despejar dudas después de que la edil díscola Felicidad Peñalver haya entregado a la dirección provincial documentación que incluye posibles irregularidades del grupo municipal. Fuentes de la cúpula regional manifestaron que no quieren entrar en la dinámica de que una bronca local se eleve a categoría de confrontación entre la dirección que controla Francisco Camps y la ejecutiva provincial de José Joaquín Ripoll.

Para intentar desactivar las acusaciones de Peñalver, la dirección en Valencia ha sugerido a la alcaldesa que anuncie el encargo de una auditoría para dar imagen de trasparencia y falta de peso en los argumentos de la concejal apartada del grupo. 

(www.levante-emv.com, 05/02/09)

LA ALCALDESA DE IBI ACUSA A UNA CONCEJAL EXPULSADA DE "INVESTIGAR A SUS COMPAÑEROS" 

La alcaldesa ha afirmado que "ha amenazado y coaccionado" a los concejales populares con un "comportamiento y proceder con compañeros indigno, indecente e inmoral". 

La alcaldesa de Ibi (Alicante), Mayte Parra, del PP, ha acusado a la concejal popular expulsada de su grupo municipal, Felicidad Peñalver, de "investigar a sus compañeros", a pesar de que ésta última lo niega. 

La alcaldesa ha ofrecido una rueda de prensa junto al equipo de gobierno en la que ha afirmado que Peñalver "ha amenazado y coaccionado" a los concejales populares con un "comportamiento y proceder con compañeros indigno, indecente e inmoral". 

Aunque ha asegurado que hay "numerosos, variados y para no aburrirse" motivos para la expulsión, también ha destacado que Peñalver ha aprovechado su posición para beneficiar sus intereses particulares, al "compatibilizar su cargo de concejal con su actividad como abogada de empresas con proyectos urbanísticos en Ibi". 

Uno de los proyectos urbanísticos en los que ha participado esta concejal es el de la urbanización de la zona sur, adjudicada inicialmente a una empresa cliente de la propia Peñalver aunque, tras un recurso de otra mercantil, se ha quedado sin el proyecto tras anular el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) el acuerdo del pleno. 

Supuestas irregularidades

Parra ha lamentado que Peñalver haya levantado "sospechas de irregularidades a la gestión" urbanística del PP local y, por el contrario, ha aseverado que "no hay nada que esconder". 

Además, ha aconsejado a la concejal a que se dirija a los tribunales si cree que hay irregularidades urbanísticas y le ha recordado que ha sido el TSJCV quien ha "tumbado" la adjudicación de urbanizador a la empresa que la ha contratado a ella como abogada y no "nadie del ayuntamiento". 

Investigación interna

La alcaldesa, cercana al sector afín a Francisco Camps, ha afirmado que la decisión "nada tiene que ver" con la adscripción de Peñalver como próxima al presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y también ha lamentado que la dirección popular de Alicante haya decidido abrir una investigación interna. 

"Nos parece muy preocupante que se tome partido en una cuestión interna que nada tiene que ver entre 'ripollistas' y 'campsistas', y que se intente utilizar la expulsión de Felicidad Peñalver para hacerle daño al presidente de la Generalitat y del PP, Francisco Camps", ha apuntado. 

Por su parte, Peñalver ha declarado a Efe Televisión que "no hay motivos" para su expulsión, ha negado "ninguna trama de espionaje" y ha acusado a sus ya ex compañeros de "irregularidades". 

(www.publico.es, 04/02/09) 

LOS PAPELES DE LA EDIL DEL PP DE IBI INCLUYEN IRREGULARIDADES EN GASTOS Y CONTRATACIONES 

Guerra de dosieres en el Ayuntamiento de Ibi. La crisis municipales provocada por las discrepancias entre la edil díscola del Partido Popular, Felicidad Peñalver, y el grupo municipal que encabeza Maite Parra, desembocó ayer en un duro cruce de acusaciones con constantes insinuaciones sobre irregularidades en el consistorio de la provincia de Alicante.  

Según ha podido saber Levante-EMV la documentación entregada por Peñalver a la dirección provincial que encabeza José Joaquín Ripoll, incluye, además de supuestas anomalías urbanísticas, referencias a posibles irregularidades en contratación de personal y gastos emitidos por el gobierno municipal que podrían salpicar incluso a la alcaldesa y algunos de sus familiares, según fuentes populares.

La concejal Felicidad Peñalver que fue apartada del grupo municipal, aunque fuentes de su entorno sostienen que fue ella misma la que renunció a todas sus competencias el 1 de octubre del año pasado por discrepancias con el equipo municipal. 

La semana pasada Peñalver entregó a la dirección provincial del PP -de la que es miembro de su ejecutiva- varios expedientes relativos a la concesión de un PAI y otros relativos a contrataciones presuntamente irregulares. El dosier incluye documentos del Registro de la Propiedad. Preguntada ayer al respecto, Peñalver rehusó detallar su contenido.

La alcaldesa Maite Parra, afín al jefe del Consell, Francisco Camps, acusó ayer a Peñalver de «investigar» a sus compañeros e insinuó posible trato de favor de la edil díscola a una promotora. Según, Parra la empresa urbanizadora del sector NP R-3 del PGOU (La Pileta) es clienta de Peñalver, que regenta un despacho de abogados especializada en urbanismo. Según Parra el TSJ «anuló» la concesión «y como ella no sabe ni aceptar esa sentencia, nos acusa, según he leído en la prensa, de que queremos quitarle la condición a su clienta para dársela a otra empresa, cuando lo que hay es un fallo judicial que lo anula».

Esa acusación motivó un comunicado de la empresa Promociones Toplabi en la que su representante, Marí Carmen García Guillem, niega haber recibido «ningún trato de favor». «Muy distinto es el tratamiento recibido por otras empresas de fuera de la localidad», dice el texto. La promotora asegura que la sentencia del TSJ no anula la concesión -aprobada el 14 de julio de 2005- sino que pide al pleno una motivación de la misma. «Me sorprende que la señora alcaldesa afirme en sus manifestaciones que con esa sentencia el tribunal orden retirarme la condición de urbanizador ¿a lo mejor le está jugando una mala pasada el subconsciente?», afirma García Guillem.  

El comunicado defiende el carácter familiar y local de Toplabi y advierte que sus empleados ven peligrar sus trabajos «como consecuencia de las contínuas zancadillas y trabas que se han puesto por parte de los responsable políticos y técnicos en la tramitación del expediente». Además anuncia «acciones judiciales» para depurar responsabilidades. 

(www.levante-emv.com, 04/02/09)

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