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Un asesor de Moncloa presionó para proteger a la auditora de Afinsa

RAMA FILATÉLICA / A mediados de 2005, Jorge Blázquez Lidoy, hijo del dueño de Gestynsa, hizo gestiones personalmente para interesarse por el expediente / Éste niega los hechos y estudiará acciones legales

En octubre de 2003, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas abrió una investigación a Gestynsa, tras una denuncia anónima a la Agencia Tributaria / A mediados del año 2005, Jorge Blázquez Lidoy, hijo del propietario de Gestynsa, llamó personalmente al ICAC para que se interrumpiera la investigación / Jorge Blázquez es el 'número dos' del asesor económico del presidente del Gobierno, Miguel Sebastián, y hombre clave de su Gabinete

ANA LORENZO / CARLOS SEGOVIA

MADRID.- Jorge Blázquez Lidoy, miembro de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, presionó desde su despacho en el palacio de La Moncloa para intentar proteger a la empresa auditora de las cuentas de Afinsa, la firma filatélica acusada de estafa.Así lo ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, aunque en el entorno de Blázquez negaron ayer rotundamente que esta información fuera cierta.

Gestynsa, que fiscalizó a Afinsa, pretendía que se archivase el expediente que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) había abierto a la empresa en octubre de 2003, ante la dificultad de comprobar documentalmente determinadas salidas de dinero al exterior.

La auditora es propiedad de Francisco Blázquez Ortiz, padre de Jorge Blázquez, quien es vocal asesor de temas económicos y financieros en la Oficina Económica del presidente del Gobierno. Otro hijo, Alejandro Blázquez, abogado y profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de las universidades Rey Juan Carlos y San Pablo CEU, también colabora con Gestynsa.

Según las fuentes citadas, fue Jorge Blázquez, estrecho colaborador de Miguel Sebastián, director de la Oficina Económica, el que realizó gestiones para que el ICAC detuviese el expediente sancionador. En el entorno de éste aseguraron ayer que estudiará acciones legales contra quien le acuse de intervenir en el caso.

El interés por detener el expediente se materializó mediante varias llamadas telefónicas, algunas procedentes de La Moncloa, al ICAC, en las que, en una ocasión, se instó a dicho organismo a que, «en nombre de Sebastián», se detuviese la investigación.

Las llamadas tuvieron lugar poco antes de que la inspectora jefe del equipo 16 de la Oficina Nacional de Inspección (ONI), María Teresa Yábar Sterling, concluyese, en junio de 2005, el informe sobre Afinsa. Este es el que ha servido de base para que la Fiscalía Anticorrupción presentara en abril de 2006 en la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula de la firma filatélica por posibles delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad en documento mercantil. El fisco detectó que el desfase patrimonial que Afinsa arrastraba hasta el año 2004 ascendía a 1.105 millones de euros.

Dos años y medio

El periodo en el que el ICAC ha trabajado en el expediente de Gestynsa es inusualmente largo, según fuentes consultadas. Ha llevado dos años y medio, más tiempo que, por ejemplo, el que le tomó a la Agencia Tributaria concluir que en Afinsa y en Fórum Filatélico se había cometido una presunta estafa. El expediente de Gestynsa y Afinsa -que ya había sido sancionada anteriormente por el ICAC- comenzó en octubre de 2003. Hubo una denuncia en la Agencia Tributaria sobre posibles irregularidades cometidas por la firma auditora Gestynsa. El entonces presidente del ICAC, José Luis López Combarros, decidió abrir un expediente en el mes de octubre, después de que el Fisco le remitiese la documentación oportuna.

El vuelco electoral ocurrido en marzo de 2004, que dio el poder al PSOE, produjo un nuevo baile de despachos en los organismos públicos. Uno de los primeros en cambiar fue el ICAC, al frente del cual el Gobierno situó -a propuesta del vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes- a José Ramón González.

Según fuentes solventes, la auditora opuso resistencia a la hora de ofrecer las comprobaciones contables oportunas que le reclamó el ICAC, razón por la que la investigación sufrió numerosos retrasos. Hasta que a primeros de abril pasado, el ICAC tomó la decisión de imponer a Gestynsa una sanción de carácter grave por irregularidades detectadas en el ejercicio 2002. La medida se hizo también extensible a Carrera Auditores, firma que empleó Fórum Filatélico para auditar sus cuentas y que también ha sido intervenida judicialmente por la Audiencia Nacional. La propuesta de sanción a Gestynsa se aprobó en el Comité de Dirección del ICAC, en el que están presentes, entre otros, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Expertos consultados ven extraño que no se haya aplicado una sanción de carácter muy grave, dada la envergadura de las consecuencias de no auditar correctamente a Afinsa. Pero la versión oficial es que no cabía tal sanción al no apreciarse intencionalidad en Gestynsa. El ICAC verificó que las firmas auditoras no realizaron las salvedades correspondientes, en 2002, ante la imposibilidad de que Afinsa y Fórum Filatélico pudiesen hacer frente a los compromisos adquiridos con los clientes que compraban sellos -la devolución de su inversión más los intereses ofrecidos- con los activos que reflejaban en los balances. El agujero alcanzó en 2004 un total de 5.200 millones.

La sanción del ICAC aún no es firme puesto que las auditoras deberán formular alegaciones. Esta conllevaría, en cualquier caso, una multa por importe de dos a cinco veces la cantidad facturada por el trabajo y la baja temporal durante dos años en el registro de auditores.

Curiosamente, la propuesta de sanción del ICAC tuvo lugar 20 días antes de que la Fiscalía Anticorrupción presentase la querella en la Audiencia Nacional. Hasta el momento, el juez instructor del caso Afinsa, Santiago Pedraz, no ha tomado declaración a Francisco Blázquez Ortiz, al que se plantea llamar en calidad de testigo.

Su hijo Jorge mantiene una estrecha relación con Sebastián desde hace más de 10 años y ha vinculado a él su carrera profesional.Sebastián dirigió la tesis doctoral de Blázquez en 1997. Fue titulada Los efectos macroeconómicos del Gasto Público Productivo, un análisis técnico. El trabajo fue declarado apto cum laude en la Universidad Complutense de Madrid.

Blázquez trabajó con Sebastián en el servicio de estudios del BBVA y ha firmado trabajos con él para el Real Instituto Elcano.Cuando José Luis Rodríguez Zapatero nombró a Sebastián director de la Oficina Económica en Moncloa, éste incorporó a Blázquez a su equipo como vocal asesor. Blázquez representó a Moncloa en la última visita a Bolivia por el caso Repsol.

© Mundinteractivos, S.A.mayo 2006

LA SENTENCIA 

En su fallo, la juez estima parcialmente la demanda de Blázquez Lidoy y condena a la editora de EL MUNDO y a dos de sus redactores a abonarle 18.000 euros. Blázquez Lidoy es hijo de Jorge Blázquez Ortiz, dueño de Gestynsa, empresa que realizaba las auditorías de Afinsa, sociedad implicada en el escándalo del llamado fraude filatélico.

Extractos de la sentencia por «intromisión ilegítima en el derecho al honor» dictada  por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 43 de Madrid contra el diario EL MUNDO en favor de Jorge Blázquez Lidoy, vocal de Oficina Económica del Gobierno. Enero 2008

“Respecto de la defensa de El Mundo (página 3). “Los demandados (EL Mundo) se oponen a la demanda alegando que la información cumple los cánones constitucionales pues recoge la versión del afectado, destaca el interés general de la misma y el cargo público, el carácter preeminente del derecho a la información […] y que debe encuadrarse dentro de la crítica política, argumentando que exigirle la prueba de la veracidad implicaría una probativo diabólica.”

Respecto de la veracidad de la noticia (página 5). “”Entendido así el requisito de veracidad, su prueba incumbe, desde luego, a los demandados (El Mundo) pues solo quienes obtienen la información pueden acreditar que emplearon la diligencia exigible de la noticia, aún cuando ésta haya sido desmentida e incluso negada en el acto del juicio por el Director del ICAC”.

Respecto de la veracidad de la noticia (página 5): “ D. Pedro J. Ramírez […] identifica como origen de la noticia a dos personas D. Angel Zarabozo y D. Marcos Peña. […]. El Director del ICAC, si bien afirmó conocer a estas personas y mantener con ellas cierta relación de amistad, negó haber transmitido dicha información, al igual que (negó) haber mantenido la reunión que relató Pedro J. Ramírez y que tuvo lugar entre Ana Lorenzo, el Director del ICAC, D. Angel Zarabozo y D. Marcos Peña. Y lo cierto es que la mera amistad existente entre estos dos últimos y el director del ICAC no es suficiente para tribuir a la fuente de la información la nota de solvencia que acreditaría el cumplimiento de la diligencia exigible a los demandados en la comprobación de la veracidad de la noticia difundida, lo que unido a que no se contrató ningún dato objetivo, lleva a declarar que información […] ha lesionado el derecho al honor del demandante.”

La sentencia fija (página 7) “difundir el fallo de la presente sentencia en el referido diario con idéntica relevancia a la otorgada en su día a la noticia y a abonar […] 18.000 euros .Las costas […] del procedimiento se imponen a los demandados”.

Enero 2008

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