LA NOTICIA DEL DÍA  

UN ABSURDO ADMINISTRATIVO EVITÓ INDAGAR LAS DENUNCIAS MÁS GRAVES 

Las denuncias más graves que realizó la Policía Municipal durante tres años y medio sobre las irregularidades de la discoteca Balcón de Rosales cayeron en saco roto. El lugar en el que unos porteros reventaron el corazón a un chaval de 18 años el sábado se escapó de la ley por un absurdo administrativo. 

La Comunidad de Madrid, que según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas es la encargada de sancionar las infracciones muy graves (como la venta de alcohol a menores o los fallos en las salidas de emergencia en los locales de ocio), archivó las cinco inspecciones con peticiones de cierre de la Policía Municipal que le envió el Ayuntamiento de Madrid. ¿La causa? Que en los documentos figuraba que la discoteca carecía de licencia de actividad, según aseguró ayer una portavoz de la Consejería de Interior. Ésta aduce que ese documento es algo así como su fe de vida: sin él el local no existe. Lo que allí ocurrió, por muy grave que fuera, no se investigó. 

Pero resulta que el local, al ser una concesión municipal, no necesitaba la licencia de actividad, según mantiene el Ayuntamiento. La teoría jurídica de esa afirmación es que el suelo y el local son propiedad municipal y, por tanto, la administración no se autoconcede licencias. 

Al constatar la falta del permiso, la Comunidad contactó con el Ayuntamiento para interesarse por dicha carencia. En una carta del 2 de noviembre de 2006, la subdirectora general de coordinación municipal contestó que "no existen las licencias solicitadas" y que "la actividad autorizada por el Acuerdo del Pleno de 26 de octubre de 2000 es la de café-espectáculo". Las denuncias se archivaron. 

Según Álvaro Ballarín, concejal de Moncloa, todas las denuncias leves y graves sobre la discoteca que llegaron a la junta se investigaron y no se encontró ninguna irregularidad. Es competencia municipal, según la Ley de Espectáculos, investigar este tipo de infracciones. "El resto se remitieron a la Comunidad". 

Entre las que sí examinó la junta estaban "carecer de cartel identificativo", "no presentar el seguro de responsabilidad civil" o "carecer del identificativo de la actividad". Se revisaron todas las infracciones que comunicó la Policía Municipal, incluso la denuncia del seguro, que según Ballarín "sí poseía la discoteca conjuntamente con Parques Reunidos". En los informes técnicos, se descartaron. 

"Una cosa es la denuncia, y la otra es lo que encuentran los técnicos cuando acuden al lugar. Las denuncias requieren una verificación, un procedimiento, un trámite de audiencia y que unos técnicos presenten una resolución. En el caso de la discoteca nunca se encontró material sancionable", explicó ayer a EL PAÍS Ballarín, que quiso resaltar el "excelente trabajo que realizan los funcionarios de la junta hasta ahora".La familia de Álvaro Ussía exigió ayer, a través de un comunicado, que el alcalde y la empresa gestora de El Balcón de Rosales ofrezcan una información detallada del caso. "Detrás de la muerte de Álvaro hay mucha falta de responsabilidad y omisión, que no puede ser ocultada con promesas y lamentaciones a destiempo". 

Los familiares critican la ausencia de una regulación eficaz relativa a los locales de ocio. "La libertad personal y los intereses empresariales, para que sean respetables, tienen que tener unos límites razonables y razonados", señalan. 

También califican de intolerable que el Ayuntamiento ignore las denuncias por irregularidades relacionadas con el funcionamiento de estos locales, "sobre todo en lo que afecta a la seguridad de las personas". Además, aseguran "no es admisible que se insulte o se etiquete a nadie por motivos clasistas, y mucho menos para tratar de justificar actuaciones terriblemente crueles y desproporcionadas". 

Los familiares agradecen las muestras de afecto recibidas y convocan a una manifestación el viernes a las ocho de la tarde ante El Balcón de Rosales "para manifestar el dolor y la preocupación que nos ha causado su muerte tan violenta e injusta". 

El caso obligó al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, a comparecer ayer en la habitual rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Lo hizo, entre otras cosas, para desvincular completamente la muerte de Álvaro Ussía a manos de los porteros de la discoteca de las irregularidades administrativas en la que esta incurrió durante años. Eso sí, su discurso estuvo plagado de referencias a la necesidad de trabajar de forma conjunta con otras administraciones y, se entiende, de las responsabilidades que comparten; especialmente con el gobierno regional. 

Además, Gallardón anunció que se abrirá una investigación sobre todas las ilegalidades presuntamente cometidas por la discoteca y que incluirá las denuncias remitidas a la Comunidad de Madrid. El registro de entrada y salida de dichas actas enviadas al gobierno regional fue aportado ayer por el Ayuntamiento. 

Parques Reunidos, la empresa que gestionaba la discoteca, ha aceptado ya la revocación de la concesión administrativa que le permitía explotar el local. De momento no tendrá ninguna sanción añadida ni se rescindirá el resto de contratos que tiene firmados con el Ayuntamiento como el Parque de Atracciones o el del Zoo. Hasta que no termine el proceso judicial, explicó el alcalde, no se tomará ninguna medida administrativa. 

Los compañeros de Álvaro Ussía cerraron ayer con la delegada del Gobierno, Soledad Mestre, su ronda de reuniones con responsables políticos, informa Javier S. del Moral. Mestre les garantizó la unidad de los políticos y les ofreció un plan de seguridad en las discotecas. "Colaboraremos con el resto de administraciones para mejorar cualquier aspecto jurídico, penal y policial que sea necesario", explicó. 

(www.elpais.com, 20/11/08)

LA POLICÍA MUNICIPAL HA PEDIDO SIETE VECES DESDE 2005 CERRAR LA DISCOTECA 

La madrugada del pasado sábado, cuando los porteros de El Balcón de Rosales reventaron a patadas el corazón a Álvaro Ussía, la policía pidió el cese de la actividad del local. Normal. Era la decimoquinta vez que visitaban la discoteca; también la última. Pero ninguna de las inspecciones anteriores en las que se habían denunciado hasta 51 infracciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, terminó en el cierre del local. Tras la muerte de Álvaro, el Ayuntamiento sí decidió revocar la concesión administrativa otorgada a Parques Reunidos para la explotación del recinto. 

En los tres últimos años y medio, desde abril de 2005, los agentes municipales inspeccionaron el local 14 veces. Siempre tuvieron que gastar tinta y papel para rellenar las actas con las infracciones halladas. La primera vez se denunció la falta de licencias y del seguro de responsabilidad civil. Fue el comienzo de una serie de infracciones por la que desfilaron problemas de seguridad en las salidas de incendios, venta de alcohol a menores, música fuera de horario, reyertas, porteros con armas ilegales y vigilantes de seguridad sin homologación de Interior. 

Tres años y medio de inspecciones, ilegalidades y constatación detallada de la policía, que reportó la información a sus mandos. Luego se entiende que ellos lo hicieron a la Junta de Distrito. Pero no hubo consecuencias. El Ayuntamiento se negó ayer a explicar qué sucedió con dichas denuncias, y se remitió a la rueda de prensa que hoy dará el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. Que, por cierto, tras tres días de silencio y después de su reunión ayer con los compañeros de Ussía, anunció que pondrá policías en el interior de las discotecas. 

Precisamente, la oposición reclamó ayer estas explicaciones e información detallada sobre la tramitación de las denuncias que la policía realizó en el Balcón de Rosales. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su portavoz de seguridad, Ángel Lara, registrará una batería de iniciativas en el Ayuntamiento "con objeto de conocer de manera exhaustiva cuáles han sido las razones de la desidia municipal en el caso del Balcón de Rosales y buscar las responsabilidades correspondientes que se derivan de esta inacción de los responsables del equipo de gobierno". 

Por el momento, Lara ha solicitado "todas las denuncias que acumulaba este local y pedirá la comparecencia en el próximo Pleno del concejal del distrito Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín". 

El PSOE, además de las explicaciones de Ballarín, quiere oír también las del concejal de Seguridad, Pedro Calvo, que conocía la existencia de las denuncias y de las peticiones de clausura que realizó la policía. "Es incomprensible. Gallardón tiene que tomar cartas en el asunto. Tiene que exigir responsabilidades técnicas, pero sobre todo políticas por la dejadez y la falta de actuación de los departamentos municipales. Alguien no ha hecho su trabajo ante las denuncias de la Policía Municipal". 

El portavoz del PSOE David Lucas anunció que los socialistas solicitarán la comparencia del concejal de seguridad y del de Moncloa, Álvaro Ballarín, "para que dé una explicación lógica de por qué sucede esto". "Si nosotros tenemos esta información, también la tendría que tener el Ayuntamiento". 

Agentes en los colegios

Y precisamente, Alberto Ruiz-Gallardón, que ayer habló por primera vez sobre este asunto tras la visita que los compañeros de Álvaro Ussía realizaron al Ayuntamiento, tiene previsto comparecer hoy a las diez de la mañana en la habitual rueda de prensa tras la Junta de Gobierno semanal. 

Al término de la reunión que ayer mantuvo con alumnos y profesores del colegio Monte Tabor anunció que reforzará la presencia policial en los entornos del ocio nocturno. Pero fue más allá y dijo que incluso habrá policía dentro de dichos establecimientos. Algo de dudosa legalidad, pero anunciado ya. 

"El Ayuntamiento se compromete a que, del mismo modo que existe un plan en la vigilancia en los colegios, ese mismo plan, dentro de las posibilidades que tiene la policía local, lo vamos a incrementar en la presencia en todos los entornos, incluso en los propios locales de ocio a los efectos de contribuir la seguridad", afirmó el primer edil. 

(www.elpais.com, 19/11/08) 

14 INSPECCIONES, 51 INFRACCIONES Y SIETE PETICIONES DE CESE 

- 10 de abril de 2005. Primera inspección: la sala carece de licencia de primera ocupación y funcionamiento.

- 22 de octubre. No presenta seguro de responsabilidad civil.

- 24 de marzo de 2006. Carece de licencias de funcionamiento y de actividad. No presenta seguro de responsabilidad civil.

- 23 de abril. Ejerce actividad distinta de la autorizada en la licencia de funcionamiento. La Policía Municipal solicita el cese de actividad.

- 8 de julio. Sin licencia de actividad.

- 11 de noviembre. El local carece de licencia de funcionamiento. Deficiencias en salvamento, evacuación y extinción de incendios. Segunda solicitud de cese de actividad por parte de la Policía Municipal.

- 13 de enero de 2007. Tercera petición de cese de actividad de los agentes.

- 3 de mayo. La sala no presenta licencias de actividad ni de funcionamiento para ejercer como discoteca. La Policía Municipal pide por cuarta vez (en este caso con carácter urgente) el cese de actividad.

- 12 de mayo. La Policía Municipal detecta varias infracciones, como la venta de alcohol a menores de edad, a los que se les permite el acceso. El Balcón de Rosales ejerce una actividad (discoteca) distinta de la autorizada (café-espectáculo). También permite la venta de tabaco a menores. Incumplimiento de las condiciones de seguridad (salidas de emergencia sin señalizar, sin iluminación y con obstáculos en el exterior, lo que dificultaría la evacuación masiva; además, la sala carece de puerta antipánico). Los agentes piden por quinta vez el cese (de nuevo de modo urgente) de la actividad.

- 13 de mayo. Actividad distinta de la que está autorizada. La sala niega la entrada al agente de la autoridad y obstruye la labor inspectora del policía. No presenta seguro de responsabilidad civil.

- 3 de junio. Sin licencia de actividad, ni de funcionamiento, ni seguro de responsabilidad civil.

- 29 de julio. Sin licencia de funcionamiento ni actividad. Tampoco tiene seguro de responsabilidad civil.

- 12 de octubre de 2008. Los agentes denuncian que la sala ejerce como discoteca sin licencia. No presenta seguro de responsabilidad civil. La policía pide por sexta vez el cese de actividad (tercera petición con carácter de urgencia).

- 8 de noviembre. El Balcón de Rosales no presenta licencia de apertura. Presencia de menores. Música después de la hora de cierre.

- 15 de noviembre. Tras la muerte de Álvaro Ussía, la Policía Municipal pide por séptima vez el cese de actividad de El Balcón de Rosales.

- 17 de noviembre. Dos días después de la muerte de Ussía, el Ayuntamiento ordena la clausura del recinto.

- Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad. Se consideran infracciones muy graves, entre otras: carecer de licencia de funcionamiento; incumplir de las condiciones de seguridad; vender bebidas alcohólicas a menores; negar el acceso a los agentes de la autoridad.

Sanciones. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con la clausura del local o multas de 30.000 a 300.000 euros. Cuando se incurra de forma reiterada en infracciones muy graves podrá acordarse el cierre definitivo. 

(www.elpais.com, 19/11/08)

IU CREE QUE UNA 'MANO INFLUYENTE' PERMITIÓ QUE EL BALCÓN DE ROSALES SIGUIERA ABIERTO 

El concejal de IU responsable de Seguridad en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Lara, ha destacado la posible existencia de una "mano influyente" que ayudó a que el Balcón de Rosales, donde fue asesinado el joven Álvaro Ussía presuntamente a manos de los porteros del local, siguiera abierto este fin de semana a pesar de las 47 denuncias interpuestas por la Policía Municipal. 

"Puede que haya una mano, que desconozco si es negra o blanca, pero influyente sí que es porque consiguió que una actividad siguiera funcionando sin licencia a pesar de ser denunciada reiteradamente por la Policía, por haberse producido agresiones y que fue denunciada, además, porque en su interior menores consumían alcohol", señaló Lara. 

Lara también criticó que, a pesar de las denuncias de la Policía y de la oposición, la respuesta del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón "siempre fue el silencio, mirar a otro lado". 

El concejal añadió que el Ayuntamiento de Madrid debería ser "corresponsable" desde un punto de vista moral "por su inhibición" ya que el "aparato del PP impidió que se llevara a cabo lo que la Policía Municipal estaba pidiendo (el cese de la actividad)". 

Precisamente el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, anunció que el Ayuntamiento rescindirá con carácter inmediato la concesión que tiene desde los años 60 con la empresa Leisure Park, que gestiona el Balcón de Rosales, al entender que, además de otras deficiencias, no ha tenido la "suficiente garantía" al contratar a los vigilantes que presuntamente mataron a golpes al joven Álvaro Ussía. 

Por otro lado, como confirma un informe del área de Coordinación Institucional del Ayuntamiento, el Balcón de Rosales pasó por una decena de inspecciones obteniendo como resultado 47 denuncias interpuestas por la Policía Local, todo ello entre los años 2005 y 2007. 

La última denuncia policial está fechada el pasado 12 de octubre: los agentes solicitan el "cese urgente" de la actividad del Balcón de Rosales por infracciones graves y muy graves contra la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 

Entre las primeras se encuentra la falta de exposición al público de la documentación preceptiva del local, no tener contratos de seguro exigido por la Ley y no exponer la licencia de actividad y funcionamiento así como el cartel identificativo. La infracción catalogada como muy grave es la correspondiente a ejercer la actividad de discoteca careciendo de las licencias de instalación y funcionamiento. 

(www.elmundo.es, 17/11/08)

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