LA NOTICIA DEL DÍA  

LA GENERALITAT ADJUDICÓ CUATRO LICENCIAS DE TDT AL GRUPO PRESIDIDO POR UN EX DIPUTADO DEL PP 

El grupo de comunicación Intereconomía recibió en el año 2005 cuatro licencias de Televisión Digital Terrestre de parte de la Generalitat valenciana. A través de su filial Homo Virtualis el Consell de Francisco Camps concedió al grupo de tendencia ultraconservadora la autorización para poner en marcha emisiones de TDT en las demarcaciones de Alcoi, Elda, Orihuela-Torrevieja y Sagunt. La empresa de comunicación que preside Julio Ariza obtuvo las licencias pese a no contar con presencia previa en el universo de la televisión local en la Comunitat Valenciana.

Tres años después de resolverse el concurso, Intereconomía mantiene inactivas las autorizaciones y no ha iniciado el proceso para poner en marcha sus televisiones locales. Sin embargo su canal nacional sí puede sintonizarse en las comarcas valencianas. En febrero de 2008, el grupo de Julio Ariza suscribió un acuerdo de producción para emitir a través de Net TV la televisión digital terrestre que controla el grupo Vocento. ese mismo mes, se conoció un acuerdo por el que se redistribuía la composición accionarial de la Sociedad Gestora de Televisión Net TV. Vocento mantiene el 55% del capital de este operador, mientras que Walt Disney ha accedido al accionariado con el 25% con suministrador de contenidos. Otra filial de Intereconomía Homo Videns es propietaria del 25% del la sociedad y emite por el multiplex de Vocento para el conjunto del territorio español.

Intereconomía también adquirió en 2001 la empresa propietaria de una frecuencia en Sueca Radio Ribera Baixa. Esta sociedad recibió algunos años atrás una licencia con potencia local condicionada a emitir una parrilla que incluyese porcentajes de programación local y en valenciano. Aunque Radio Ribera Baixa, que ocupa la frecuencia 105.5, mantiene instalaciones y una antena en Sueca, su personal y equipos se trasladaron a Valencia. La 105.5 es la frecuencia que Radio Intereconomía emplea para sus emisiones nacionales en cadena en la provincia de Valencia. No ha respetado las condiciones iniciales de programación local y fomento de la lengua autóctona que venían marcadas en la concesión inicial de la licencia. E l registro mercantil recoge como apoderado de Radio Ribera Baixa a José Manuel Díaz Quintanilla, consejero delegado del grupo Intereconomía.

También en el caso de las licencia de TDT concedidas por la Generalitat el pliego de condiciones obliga a emitir un 25% de la programación en valenciano y destinar un 20% a producciones audiovisuales autóctonas. 

El Grupo Intereconomía también se hizo con una licencia de televisión digital terrestre en el reparto de adjudicaciones de la Comunidad de Madrid que preside Esperanza Aguirre. En este caso, no fue de los mas beneficiados, pues la COPE, Libertad Digital o Planeta se llevaron la mayor parte de concesiones locales junto a un nuevo grupo mediático Televisión Digital Madrid, fundada con posterioridad a la convocatoria del concurso por empresarios cercanos al Partido Popular, entre los que destaca Enrique Cerezo.

El presidente de Intereconomía, Julio Ariza, fue diputado con el Partido Popular durante casi una década por Barcelona y hombre de confianza de Alejo Vidal-Quadras. Su grupo edita también dos publicaciones de carácter ultraconservador y ultracatólico, la revista Época y el semanario Alba. Ariza mantiene buenas relaciones con autoridades del Vaticano y es amigo del cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco-Varela. 

(www.levante-emv.com, 06/11/08)

MAS NOTICIAS SOBRE EL SUSODICHO

FABRA HA PAGADO DECENAS DE MILES DE EUROS AL GRUPO QUE ACOSA AL ABOGADO DE LA ACUSACIÓN 

El grupo Intereconomía ha lanzado una ofensiva contra todo aquél que cuestione al presidente de la diputación, Carlos Fabra, imputado por varios posibles delitos. El último episodio ha sido el intento fallido de dos reporteros que, haciéndose pasar por empresarios, trataron de tender una trampa al abogado de la acusación del caso Fabra, invitándole participar en un negocio millonario y ofreciéndole un anillo de diamantes, como informó ayer Levante de Castelló. Este grupo de comunicación, vinculado al sector más conservador del PP, ha recibido en los últimos años decenas de miles de euros de las arcas de la diputación de Castelló en concepto de suscripciones a sus publicaciones y publirreportajes. 

Los diputados provinciales reciben periódica e individualmente la revista Trámite parlamentario y municipal -una de las cuatro publicaciones de Intereconomía-, que sale a la venta cada mes con un precio de nueve euros. Época ha sido otra de las cabeceras habituales en los despachos de la diputación, que también hace llegar a los ayuntamientos. El semanario, dirigido desde hace unos meses por el periodista Carlos Dávila, afín al PP, se dirige a un público "de derechas", según se explica en la web del grupo de comunicación. 

Los pagos a Intereconomía se llevan produciendo desde hace varios años e incluso han sido objeto de reparos por parte de los servicios técnicos de Intervención por el modo en que se contrataron las suscripciones. Así ocurrió a finales de 2004, cuando el PP acordó abonar la suscripción con Época por 3.749 euros, además de otra factura por 34.800 euros por la publicación en la misma revista de un publirreportaje sobre los atractivos turísticos de la provincia.  

A cambio de la inyección de dinero público, Carlos Fabra ha encontrado un aliado en los medios vinculados al grupo Intereconomía. El semanario Época salió en auxilio del líder provincial cuando estalló el caso Fabra. Últimamente ha encontrado el apoyo de Intereconomía TV. El pasado mes de septiembre, el canal digital envió a Castelló a pseudoperiodistas ataviados con gafas de sol y gorras para impedir que la reportera del programa de la Sexta Caiga quien Caiga preguntara a Fabra al finalizar el pleno de la diputación. La última entrega ha sido la trampa de dos reporteros de Intereconomía disfrazados de empresarios contra el abogado de la Unión de Consumidores, José Luis Vera. 

(www.levante-emv.com, 06/11/08)

FALSOS EMPRESARIOS INTENTAN TENDER UNA TRAMPA AL ABOGADO QUE ACUSA A FABRA 

La policía desbarató ayer en Valencia un montaje que presuntamente tenía como fin desacreditar al abogado José Luis Vera, que representa a la Unión de Consumidores Valenciana, organización presente como acusación popular en la causa que se sigue por múltiples delitos contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Dos personas que simularon ser directivos de una empresa que no figura en el Registro Mercantil y a los que se intervinieron sendas identificaciones como miembros del grupo de comunicación Intereconomía, próximo al PP, intentaron tender una trampa a Vera. Este diario intentó recabar ayer, sin éxito, la versión de Intereconomía. 

La policía retuvo a los falsos empresarios para su identificación y les requisó una grabadora camuflada en una agenda y una aparente sortija de brillantes, que ofrecieron a Vera como aperitivo de lo que le pagarían después por asesorarles en instalar una planta de serigrafía en Valencia. Los falsos empresarios le ofrecían la sortija como una expresa atención para la esposa del letrado, la ex diputada socialista en el Parlamento valenciano María Antonia Armengol. 

La cita, que tuvo lugar en la cafetería de un hotel valenciano a las 8.30, fue una farsa por ambas partes. Vera sabía desde la víspera que alguien quería tenderle una trampa porque los supuestos empresarios se dirigieron a él previamente invocando el nombre de dos personas, una de ellas un redactor de EL PAÍS. Alegaban que éstas les habían recomendado contratar los servicios de Vera para una asistencia jurídica de sus negocios en expansión en la región. El letrado sospechó que la cita era una maniobra oscura y puso los hechos en conocimiento de la policía, que montó una vigilancia del encuentro. El letrado, además, había comprobado que la empresa invocada por sus pretendidos contratistas, Facsoil Group, no existía ni cuadraban sus direcciones domiciliarias.

En la mañana de ayer, uno de los supuestos empresarios, que se presentó como Rubén Bret, tras introducirlo en la cafetería aparentando ser un mero secretario, le dejó a solas en una mesa con su pretendido jefe empresarial, que dijo llamarse Alberto Sánchez Poveda. Entretanto, uno de los agentes desplegados permanecía en las proximidades.

Sánchez Poveda explicó a Vera que controlaba numerosas empresas a través de Infraestructuras y Gestión, supuesta matriz de diversas firmas, con una facturación multimillonaria. Alegó que su padre era muy amigo de Francisco Tomás y Valiente, el asesinado ex presidente del Tribunal Constitucional. A grandes rasgos, el negocio que le dibujó consistía en la exportación de máquinas de serigrafía a Argelia y a Italia a través del puerto de Valencia, para lo que pretendía instalar dos naves en Gandía. 

El pretendido empresario alardeó ante Vera de que era militante socialista, a lo que el letrado replicó que él no lo era y le preguntó qué importancia podía tener el ser militante o no del PSOE para el negocio que estaban tratando, según la denuncia que interpuso después contra los dos falsos empresarios por chantaje, obstrucción a la justicia, amenazas y revelación de secretos. 

El fingido empresario, según el relato del denunciante, le confesó que estaba seguro de que la Administración valenciana, bajo mandato del PP, le pondría muchos problemas. Llegó a decir que el Ejecutivo valenciano le daba "asco" y que por ello había dilatado su implantación en esta región. El falso empresario preguntó a Vera si conocía a alguien en Aduanas con la supuesta intención de pedirle que mediara. El abogado negó tener tal contacto. La guinda de la encerrona se produjo cuando el tal Bret puso sobre la mesa lo que denominó "un detalle para la esposa" de Vera. Y de una bolsa de fieltro blanca extrajo un anillo de oro que llevaba engarzados supuestos diamantes. Vera rechazó el regalo. El falso empresario le insistió en vano que lo cogiese como compensación por haberlos atendido tan rápidamente. Y se jactó de que ya lo consideraba socio suyo. Vera reiteró su negativa a aceptarlo. Y, en ese momento, le avisó la policía por el móvil de que era momento de intervenir. Ambos empresarios alegaron que no llevaban sus DNI; sólo portaban sendos carnés de Intereconomía. La policía descubrió que habían grabado la reunión con una falsa agenda. 

(www.elpais.com, 05/11/08) 

LA 'DEFENSA' DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 

El 12 de septiembre, cuatro individuos (embozados con gorras y grandes gafas de sol) con cámaras y micrófonos de Intereconomía asistieron a un pleno de la Diputación de Castellón. En ese foro, Carlos Fabra se ha negado reiteradamente a aclarar la procedencia de los ingresos millonarios en sus cuentas. Al finalizar la sesión, Intereconomía trató de boicotear el acceso de otros periodistas a Fabra. Entre empujones y codazos, el presidente del PP de Castellón salió del salón de plenos, sin atender a los medios de comunicación, rodeado por sus propios diputados, ante la imposibilidad de que sus escoltas llegaran al punto en el que se encontraba. 

Entre los miembros del equipo enviado por Intereconomía se encontraba José Antonio Expósito, el guardaespaldas que se ocupó de proteger a los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras impedir el acceso del PSOE al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, Expósito fue fichado por Intereconomía. 

José Luis Vera, magistrado de la Audiencia de Valencia hasta 2003, forma parte del despacho de abogados que, como letrados, representan a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en el caso Fabra, en el que actúa como acusación popular. Vera ha acudido en varias ocasiones al Juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso por el que se investiga al líder del PP de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y un supuesto fraude fiscal. Además, Vera ha intervenido hablando sobre el asunto en varios reportajes televisivos. 

Por otra parte, el PP de Castellón dio a conocer ayer que el único candidato a la presidencia provincial del partido es Carlos Fabra, al que la secretaria popular, Marisol Linares, calificó de "líder indiscutible de toda la provincia".

Ante la próxima celebración del congreso, el 12 de diciembre, Linares habló de Fabra como la "única persona capaz de aglutinar a toda la provincia entorno suyo". 

(www.elpais.com, 05/11/08)

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