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LA NOTICIA DEL DÍA
50.000 VOCES POR LA ESCUELA PÚBLICA
Están de luto. Crespones, velos negros, ataúdes de cartón. La marcha arranca en una esquina de la plaza de Colón con manifestantes disfrazados de plañideras. "R. I. P. Escuela Pública", rezan sus carteles. Los asistentes llevan globos de colores, tambores, silbatos, ollas, un grupo de batucada, grandes pancartas. Quieren hacer ruido, mucho ruido, para defender un modelo de enseñanza que creen amenazado.
Unas 50.000 personas, según estimaciones de este periódico, se manifestaron ayer por el centro de Madrid -entre Colón y la calle de Sevilla- después de una jornada de huelga en los centros de enseñanza pública no universitaria para exigir al Gobierno regional que respalde la educación pública. Los convocantes (los sindicatos CC OO, UGT, CSIT-UP y STEM) elevan la participación a entre 70.000 y 90.000 personas. La Delegación del Gobierno no ofrece datos. Los manifestantes piden mejoras para los docentes -aumento salarial de 300 euros mensuales, reducción lectiva a mayores de 55 años o regulación de las horas de tutorías, entre otras medidas- y un apoyo claro a la educación pública.
Muchos tienen ejemplos propios. Como Miguel López, profesor de educación física en Parla, que explica que da clase en un gimnasio que es "el antiguo comedor del instituto". Javier y María, que se manifiestan de riguroso luto, son orientadores educativos. Entre siete trabajadores, dicen, deben atender a 22 colegios públicos, 15 concertados y tres privados. Y no dan abasto. "La Comunidad apuesta sólo por los niños de la élite y no todos son élite", se lamenta Javier bajo el velo.
Una profesora del colegio público Miguel Delibes (Leganés), que prefiere no dar su nombre, asegura que los gastos de funcionamiento en su centro, que atiende a niños con problemas motrices, están congelados desde hace tres años. Susana y Marta, estudiantes de 1º de Bachillerato, sujetan la pancarta en mitad de la marcha porque en su instituto (IES Humanes, de Fuenlabrada) sólo hay un microscopio para 20 alumnos en el laboratorio. "Estoy aquí porque tengo una hermana pequeña y quiero que ella también estudie en la pública", añade Marta.
Con la manifestación concluye la segunda jornada de huelga en dos semanas. El 7 de mayo, profesores, padres y alumnos se echaron a la calle y amenazan con volver a hacerlo el curso que viene si no se les escucha. "El Gobierno regional debe tomar nota de la protesta y sentarse a negociar", pide en la cabeza de la marcha Francisco García, de CC OO. La consejera de Educación, Lucía Figar, consideró ayer por la mañana que se trata de una huelga "política" y calificó de "gravísima irresponsabilidad" que los sindicatos movilicen "a la enseñanza pública en contra de la enseñanza concertada".
José Vicente Matas, de UGT, destaca la "esperanza" de los asistentes en que se mejore la calidad de enseñanza en Madrid. "La educación no es un negocio, necesitamos una Administración que no planifique desde un despacho, pensando en favorecer a sus afines", reclama Eulalia Vaquero, diputada de IU en la Asamblea de Madrid.
EL PP ABRE NUEVAS VÍAS CONTRA LA LEY
El Partido Popular de Mariano Rajoy se colocó ayer en la posición más extrema en contra de Educación para la Ciudadanía y a favor de la objeción a esta materia. Alfonso Alonso, portavoz adjunto del Congreso, y Juan Antonio Gómez Trinidad, portavoz de Educación, comparecieron expresamente para apoyar y "mostrar el cariño" de este partido hacia las asociaciones que promueven la objeción de conciencia a pocos meses de que la materia se empiece a impartir en las comunidades gobernadas por el PP (este año ha empezado en siete autonomías y el resto lo harán el próximo septiembre). Hasta que el Supremo se pronuncie sobre las sentencias que existen a favor y en contra, el PP defenderá "siempre" la objeción de conciencia.
Los populares siempre han estado en contra de la asignatura -Rajoy prometió que la eliminaría si llegaba a gobernar- pero el líder había matizado su posición. Cuando Esperanza Aguirre comenzó a alentar la objeción, Rajoy dijo "la ley hay que cumplirla" para desautorizarla. Después, cuando el movimiento empezó a crecer, comparó el derecho a objetar a Ciudadanía con la objeción al servicio militar.
Sin embargo, nunca hasta ayer el PP se había colocado tan cerca de las posiciones del ala más extrema de la Conferencia Episcopal. "Pedimos que se retire esta asignatura que divide a la sociedad. El PP defiende la objeción como derecho", sentenció Gómez Trinidad, ex director general de Educación en el Gobierno de La Rioja.
El PP también defendió que no haya consecuencias negativas en el expediente académico de los objetores (el Gobierno asegura que tendrán muy difícil conseguir el título de secundaria) y apoyó a la Comunidad Valenciana, presidida por Francisco Camps, que junto a la Comunidad de Madrid ha desarrollado las políticas más duras y beligerantes contra la materia.
Este apoyo cerrado a la objeción, que el PP considera totalmente legal y amparado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (ha admitido la objeción de varios alumnos, pero cuenta con resoluciones en contra en Asturias, Cataluña y Aragón), llega después de que, en las últimas semanas, distintas asociaciones que promueven el boicoteo, como la Confederación Católica de Padres (Concapa), hayan pedido públicamente a Rajoy que se pronuncie. Le han reclamado que unifique las diferentes posturas de las comunidades del PP, incluida Navarra que, gobernada por UPN, ya imparte Ciudadanía y no está permitiendo la objeción. También la de los gobiernos populares de Castilla León y La Rioja, que se han estado desentendiendo de las objeciones porque no es su competencia.
Así, los que sin duda salen reforzados de las declaraciones de ayer son los que han estado apoyando abiertamente el boicoteo: Murcia, Madrid, que ofrecerá a los objetores unos contenidos alternativos, y Valencia. Precisamente esta comunidad presentó ayer el diseño que va a ofrecer de esta materia obligatoria que, si bien no deja rastro de un amparo directo al boicoteo -podría interpretarse como una marcha atrás de Camps-, ofrece de hecho una alternativa a los objetores. Éstos pueden sustituir la asignatura (que se cursará en inglés) por un trabajo trimestral sobre el tema de Ciudadanía que elijan sus padres. Estos alumnos estarán en otra aula, con un profesor distinto, y el trabajo lo escribirán en inglés. A pesar de esa alternativa pensada para objetores, el consejero valenciano de Educación, Alejandro Font de Mora, introdujo aún más confusión: "Espero que, una vez informados del contenido de esta orden, los objetores sean una minoría".
Aparte de las duras críticas y las amenazas judiciales por parte de los sindicatos valencianos (al inglés y a la opción alternativa del trabajo), la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, anunció que el ministerio recurrirá la orden valenciana: "Basta ya de ocurrencias", dijo. Además, pidió a Rajoy que "ponga orden entre sus líderes autonómicos" para que cumplan "una ley aprobada en el Parlamento". Almunia recordó que Ciudadanía ya se imparte en siete comunidades y que es obligatoria. No puede tener alternativa porque sería ilegal.
Almunia también se quejó de que la polémica sobre Ciudadanía se trata de "una confrontación política, y no educativa", y se mostró dispuesta a hablar sobre los contenidos de la materia con el PP. Algo que también pidieron ayer los populares: buscar un acuerdo sobre los contenidos, pero cuando el Gobierno retire la materia. También Almunia puso condiciones: "Que se pongan de acuerdo entre ellos [dentro del PP] y que digan cuáles son los contenidos que no les gustan, porque nunca lo han hecho".
El PP y su boicoteo
- 13 de mayo de 2007. Esperanza Aguirre, presidenta de Madrid, promete amparar a los objetores y ofrecerles la sustitución de Ciudadanía por distintas actividades. El ministerio contesta que eso es ilegal.
- 15 de mayo de 2007. Rajoy dice: "La ley es la ley, y hay que cumplirla, pero es una asignatura absurda que yo suprimiré".
- 16 de septiembre de 2007.De nuevo, Rajoy: el Gobierno "debería plantar el reloj de su implantación". "En España se ha objetado en tiempos del servicio militar obligatorio y no ha pasado nada".
- 6 de marzo de 2008. Tras la sentencia andaluza admitiendo la objeción de un alumno, la Comunidad de Madrid anuncia que amparará el boicoteo y dice esperar "una avalancha".
-14 de marzo de 2008. La Comunidad Valenciana confirma que Ciudadanía será optativa y que se impartirá en inglés.
- 21 de mayo de 2008. A la espera de que hable el Tribunal Supremo, el PP defenderá siempre la objeción de conciencia y la no impartición de los contenidos que ha establecido el Gobierno que así lo manifiesten, sin que esto perjudique su expediente.
(www.publico.es, 22/05/08)
PROTESTAS EN LAS TRES CAPITALES CONTRA LA POLÍTICA EDUCATIVA
El "lento" y "regresivo" desarrollo normativo de la Ley de Ordenación Educativa escogido por el Gobierno autonómico del PP puso ayer en pie de guerra a todos los sectores de la enseñanza afectados. Catedráticos y alumnos de Filosofía que verán recortada su asignatura; profesores de Tecnología que consideran "devaluada" su materia; interinos que piden "estabilidad laboral"; alumnos que se graduarán en "barracones" sin haber pisado un aula; docentes de la concertada que acumulan una deuda en sus nóminas y colectivos cívicos de homosexuales y lesbianas como Lambda que no quieren "salir de los textos educativos" protestaron ayer en las tres capitales contra la política educativa de la Generalitat el día en que se anunció que Educación para la Ciudadanía se estudiará en inglés y se ofrecerá en una versión sesgada para objetores.
"Basta ya de arbitrariedades en la Enseñanza. Implantar la Educación para la Ciudadanía en inglés es un sabotaje a la ley", rezaba una pegatina de un docente del IES El Clot. "Queremos soluciones serias contra el fracaso escolar", remataba el texto, en clara referencia al "rechazo" generalizado de los docentes y equipos directivos a implantar en julio próximo un programa "piloto", según la consejería, para combatir el fracaso escolar en Secundaria en tres semanas de verano y sin cobrar.
Las movilizaciones convocadas en bloque por los sindicatos -STEPV, CC OO, UGT y CSIF- en un gesto "insólito" para el sector tuvieron el respaldo ayer por la tarde de varios miles de profesores, alumnos y padres que se consideran "afectados" por los recortes en la normativa autonómica de la LOE aprobada por la Generalitat de Francisco Camps. Pero los más agraviados ayer por la tarde eran los filósofos. Alumnos y profesores que llevan una semana "acampados" en protesta por los recortes horarios que sufrirá su asignatura y por tener, además, que impartir la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés. Cacerolas en mano, cientos de filósofos plantaron su tienda frente al Palau de la Generalitat en Valencia y corearon vítores contra el Consell, ataviados con ropajes de tragicomedia griega. "Se están cargando toda la tradición de filosofía y pensamiento", reprochó Efrén, un alumno que emuló a Heráclito.
En Alicante y en Castellón las mismas escenas se reprodujeron. En total, más de 5.000 personas, según el STEPV, salieron a las calles valencianas. Los sindicatos anunciaron una cruzada judicial contra esta última "provocación".
(www.publico.es, 22/05/08)
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