LA TIENDA BECARA TRAMITÓ LA LICENCIA CON EL SOCIO DE UN IMPUTADO EN EL 'GUATEQUE'

La imputación del concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna en un caso derivado, según el juez, de la Operación Guateque (la trama de presunta corrupción en las licencias municipales) levantó ayer una gran polvareda, con peticiones de dimisión y desmentidos. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, negó que el caso de la tienda de muebles Becara (por el que se ha imputado a su concejal) tuviera algo que ver con el caso Guateque. El establecimiento ha ocupado parte del patio de la manzana de Juan Bravo, 18, según la denuncia.

Sin embargo, en la solicitud de licencia de obra y actividad del año 2000 que realizó la tienda consta que ese permiso lo tramitó Mariano Carlos de la Fuente Pinillos, socio en una empresa inmobiliaria de Fernando Ruiz Torrejón, uno de los funcionarios de Urbanismo imputados y encarcelados por el caso Guateque y firmante de la licencia que se concedió a la tienda de muebles.

Quizá sólo sea una coincidencia. Pero es extraño que dos socios de una misma empresa se encuentren a un lado y otro de una mesa de concesión de licencias.

La solicitud de licencia de actividad y obra para la tienda Becara la realiza en 2000 la empresa BZ Asuntos de Familia, pero la tramita, según aparece en la hoja y confirman los dueños, el ingeniero Mariano Carlos de la Fuente Pinillos. Éste aparece en el registro mercantil como administrador único desde 2000 de la empresa Blancar Estudios y Proyectos, que se dedica a asuntos de reformas y tramitación de licencias.

Pero, además, De la Fuente, con quien este periódico trató de contactar ayer sin éxito, es socio de una empresa de construcciones, también desde 2000, en la que tiene participación el funcionario de Urbanismo Fernando Ruiz Torrejón.

Torrejón fue encarcelado a finales del año pasado por el juez Santiago Torres acusado de delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación; los tres cargos, vinculados al caso Guateque, la mayor trama de corrupción destapada nunca en el Ayuntamiento de Madrid. Pero para más inri, Ruiz Torrejón es quien firmó la licencia en Urbanismo que solicitó Becara. "Sí, me acuerdo de Torrejón y del ingeniero que nos hizo el proyecto y tramitó la licencia. Pero nunca nos pidieron dinero ni agilizaron nada", explica Jorge Trías, que ejerce de portavoz de la familia que regenta la tienda Becara y niega irregularidades en su licencia.

Según Trías (ex diputado del PP), De la Fuente estuvo trabajando con ellos durante "cuatro o cinco años" por recomendación de un arquitecto. "Pero todo el proyecto tenía muchos errores y terminamos contratando a otra empresa", añade el portavoz.

De Ruiz Torrejón, su recuerdo es éste: "Yo estaba muy desesperado. Tardé siete años en conseguir la licencia. Iba cada mes a la Gerencia de Urbanismo. Conocía a Fernando Ruiz de esas visitas. Él llevaba directamente estas cuestiones". En cualquier caso, la familia sostiene que "todos los pasos" que han dado han estado amparados por la ley y que jamás pagaron, ni al funcionario, ni al ingeniero.

Total apoyo y defensa de la inocencia del concejal del distrito de Salamanca, Íñigo Henríquez de Luna. Es la postura mostrada por el PP hacia el primer edil imputado por el caso Guateque. Ayer salieron en su defensa el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y la concejal de Urbanismo, Pilar Martínez. El alcalde, además, dijo que la imputación del concejal "no guarda conexión ninguna con el caso Guateque". "Lo lleva el mismo juez porque el reparto ha caído en el mismo juzgado". Sobre el edil dijo que tiene "plena y absoluta confianza". El afectado anunció acciones legales contra quienes le han denunciado por lo ocurrido con la tienda Becara, en Juan Bravo, 18, cuya licencia se emitió antes de que Henríquez de Luna fuera edil.

El PSOE, por boca del portavoz municipal, David Lucas, del secretario general, Tomás Gómez, y del responsable de políticas municipales, Antonio Hernando, pidió a Mariano Rajoy que cese cautelarmente de sus funciones y de militancia al edil. Además, los socialistas solicitarán las comparecencias de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y de Ruiz-Gallardón, para que expliquen la imputación del presidente de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca. "Que Gallardón dé explicaciones del descontrol y desgobierno en el Ayuntamiento. No puede ser que no pase nada y esto sea su cortijo", dijo Lucas.

El portavoz municipal de IU, Ángel Pérez, denunció de nuevo la situación "anárquica" de la concesión de licencias. Prefirió no pronunciarse sobre la imputación de Henríquez de Luna hasta que haya una sentencia y se aclare el motivo de su imputación

Nueve meses después y tras una lista de 42 imputados desde que explotó el caso Guateque, la mayor trama de corrupción detectada en el Ayuntamiento de Madrid (PP), el juez ha imputado al primer concejal por este asunto. Íñigo Henríquez de Luna, edil del PP del distrito de Salamanca y reciente impulsor fallido del sistema de elecciones primarias en su partido, ha sido el elegido por el magistrado Santiago Torres.

A Henríquez de Luna, junto a tres funcionarios municipales -ya imputados por este caso-, se les relaciona con un caso de presuntas licencias irregulares concedidas a una tienda de decoración de la calle de Juan Bravo.

Según consta en la demanda que ha dado pie a la imputación, presentada por dos vecinos de la finca, la empresa BZ Asuntos de familia, SL, adquirió en 1998 y 1999 el local bajo y los cuatro pisos de la planta primera de Juan Bravo, 18. El espacio, posteriormente unificado, iba a ser un local para Becara, una tienda especializada en muebles y decoración de la familia Aranguren Zunzunegui. Una de las hijas de dicha familia, Amalia Aranguren, es la esposa del abogado y ex diputado nacional del PP Jorge Trías Sagnier. Éste, en una reunión de la comunidad de propietarios de Juan Bravo, 18, "se jactó de su amistad con Íñigo Henríquez, llegando incluso a ofrecer a un vecino su ayuda para un asunto dada la gran amistad que les unía", se señala en la denuncia. "Igualmente, en distintas ocasiones se jactó también de su amistad con los señores Álvarez del Manzano [ex alcalde de Madrid] y [Alberto] Ruiz-Gallardón [actual regidor de la capital]".

La Junta de Salamanca, entonces presidida por el edil Fernando Martínez Vidal, no concedió la licencia de obras a la empresa porque el proyecto no cumplía con las ordenanzas. Pero los solicitantes acudieron a la Gerencia de Urbanismo, entonces dirigida por el también imputado Luis Armada, y lograron la aprobación. Los demandantes adjuntan un documento, anterior a la solicitud de la licencia por BZ Asuntos de Familia, en el que el Ayuntamiento informaba de que "en el local en cuestión no se admite la transformación o cambio de las actividades existentes hasta que no se produzca la demolición del edificio". Dichas actividades eran la "compraventa de automóviles usados". O sea, nada de decoración. Poco después, Íñigo Henríquez de Luna se hizo cargo de la Junta de Salamanca. Pese a que varias sentencias señalaron irregularidades en la licencia del establecimiento, éste permaneció abierto.Se enteró por la prensa y, dos horas después, Íñigo Henríquez de Luna, el concejal más popular del Ayuntamiento gracias a su fallida campaña a favor de las primarias en su partido, quiso dar una rueda de prensa para ofrecer su versión y criticar que el juez, pese a que el auto está fechado el 26 de junio, no le ha notificado todavía la imputación. Estaba triste, "nada tranquilo" e "indefenso" ante lo que calificó de "daño personal y moral muy grande". Dijo que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, le ha transmitido su solidaridad y que le ha pedido que no se preocupe. Fuentes municipales dijeron ayer que no va a ser destituido, ni se tomará ninguna decisión hasta que haya sentencia.

"La denuncia es falsa y se fundamenta en mi participación en una licencia que no he firmado, porque es de antes de que yo estuviera y siempre la ha llevado Urbanismo", explicó Henríquez de Luna, mostrando una carpeta de expedientes firmados desde la Gerencia de Urbanismo.

"Esto es una venganza", expuso el edil, cada vez más enfadado. "La familia Goyeneche [los denunciantes] fue objeto de un precinto de una oficina ilegal que tenían en una vivienda. Poco después, Goyeneche vino a mi despacho y me dijo que, ya que toleraba las irregularidades en Becara [la tienda de Juan Bravo], le permitiera a él tener el despacho. Lo eché inmediatamente y, días después, se querelló contra mí por tráfico de influencias". Esa primera denuncia fue rechazada, pero "ahora", dijo, "la querella ha sido aceptada por el juez Torres".

Curiosamente, la Junta Municipal de Salamanca no tiene competencias sobre la lujosa tienda, según el edil, pero sí las tiene para precintar el despacho ilegal de los Goyeneche, ubicado en la misma finca. Otra de las irregularidades que constan en la denuncia es el presunto aumento de espacio que consiguió la tienda tras las obras y que prohibía expresamente Urbanismo.

La empresa que se quedó con el local pasó de tener autorización para utilizarlo como garaje y cuatro pisos sin licencia de actividad, a un establecimiento comercial de más de 1.200 metros cuadrados en Juan Bravo, 18. La tienda estaba ayer abierta y llena de compradores. Un encargado rehusó hacer declaraciones. El negocio también ocupa parte del patio de la manzana, hecho que figura en la denuncia.

El primer concejal imputado por el caso Guateque explicó ayer que ha hablado con la edil de Urbanismo, Pilar Martínez, y le ha dicho que no se preocupe, "porque todas las licencias son de Urbanismo". Henríquez de Luna también negó que tuviera ninguna relación personal con Jorge Trías [marido de una de las propietarias de la tienda, que se jactaba de ser amigo suyo]. "Tanto es así, que Trías tiene abierto un expediente disciplinario por otra oficina ilegal", reveló Henríquez de Luna.

"Pusimos la denuncia, pero el juez estimó que no tenía conexión con el Guateque. Recurrimos y la ha aceptado", aseguraba ayer Javier Sotos, el apoderado de Juan Mariano Goyeneche, uno de los denunciantes. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, exigió a Gallardón la destitución del concejal. Según Lucas, con la imputación de un concejal "de su confianza", que preside la Junta Municipal de Salamanca, el alcalde de Madrid "no puede seguir mirando hacia otro lado y pensando que no pasa nada".

Indignado. Íñigo Henríquez de Luna compareció a última hora de la tarde de ayer en la sede del distrito municipal de Salamanca, de donde es concejal, para mostrar su disgusto al haber sido imputado en el caso Guateque, la corrupción en la concesión de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid.

El impulsor de las primarias en el PP dijo que se había enterado por los medios de comunicación de que el juez instructor, Santiago Torres, le llamaba a declarar el próximo 29 de septiembre porque él no había recibido citación alguna.

Unos vecinos habían denunciado al concejal por supuestas irregularidades en viviendas de un edificio de la calle Juan Bravo de Madrid. Se quejaban de que se le había dado un “trato de favor” a los propietarios de una tienda llamada Becara y pedían que se investigara.

Los denunciantes también explicaron en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que el apoderado de la empresa, el ex diputado del PP Jorge Trías, actualmente presidente de la comunidad de propietarios de ese inmueble, “se jactaba de su amistad con Henríquez de Luna, Álvarez del Manzano y hasta con Ruiz-Gallardón”.

Henríquez de Luna dijo que no tenía ninguna relación con Trías, de quien recordó que tenía abierto un expediente disciplinario por una actividad profesional no autorizada, y que era todo “falso” y que pensaba que este episodio respondía a “una venganza de la familia denunciante”. Anunció que, una vez reciba el auto, interpondrá un recurso de reforma porque la acusación es “errónea” ya que la Junta Municipal “no intervino en la concesión de esa licencia” puesto que esa competencia es de la Gerencia de Urbanismo.

En su defensa, explicó que él ni siquiera era concejal en 1999, fecha de la primera licencia. Relató que los denunciantes estaban enfadados con él porque les había precintado una oficina en la segunda planta del mismo edificio porque era para uso residencial. Y que cuando se produjo la clausura, el denunciante fue a verle a su despacho para echarle en cara que a otros sí les hacía favores.

El edil lo echó y este le respondió con una querella que el juez archivó en 2007. Entonces no quiso adoptar ninguna medida. Pero ahora estaba pensando seriamente en emprender acciones legales contra la familia porque afectaba a su “honestidad”.

También contó que había recibido la llamada del alcalde de Madrid para decirle que estuviera tranquilo. No obstante dijo sentirse “indefenso”. Desde el PP de Madrid le mostraban su respaldo su apoyo “incondicional”. Esperanza Aguirre no se plantea ni siquiera retirarle de la redacción de la ponencia de Democracia.

Henríquez de Luna no piensa cesar en su cargo. “No voy a asumir ninguna responsabilidad por un hecho en el que no he intervenido”, concluyó diciendo que tenía “la conciencia tranquila”.

Íñigo Henríquez de Luna (Madrid, 1963), ojos achinados y sonrisa siempre a medio gatillo, se mueve por el barrio de Salamanca con la soltura que da el conocimiento del medio. Hijo de la marquesa de Villablanca, veterana activista de los populares en el distrito, ha circunscrito su vida política al triángulo de las calles de Velázquez, Goya y Serrano.

Abogado, aficionado a la caza junto a setter inglés de cuidado pelaje y hombre de apariencia pulcra -con la camisa rayada siempre ajustada a los cánones-, Henríquez de Luna dio un paso adelante con su insistente propuesta de primarias en el PP. "Me la juego, tengo mucho que perder", decía rodeado de cientos de militantes, entusiastas, de su agrupación. De verbo cabal pero con tendencia a inflamarse, subrayaba con mucho énfasis que su partido "no tiene nada que ver con Franco". Hombre más cercano a Aguirre y menos a Gallardón, es uno de los encargados de la ponencia de estatutos en el próximo congreso regional de los populares, en septiembre.

Casado con una publicista y padre de tres hijos, Henríquez de Luna hunde sus raíces en el pueblo manchego de Campo de Criptana. Su padre fundó la agrupación del pueblo de la vieja AP de Fraga.

Gallardón confía en la inocencia del concejal imputado por el 'caso Guateque'

Henríquez de Luna dice que se siente "indignado" y que pretende recurrir el auto y querellarse contra los denunciantes

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado esta mañana su plena confianza en la inocencia del concejal del distrito madrileño de Salamanca, Iñigo Henríquez de Luna, imputado por el juez instructor del caso Guateque, la mayor trama de corrupción urbanística detectada en el Ayuntamiento de Madrid.

Auto derivado del 'caso Guateque'

Ruiz-Gallardón ha recordado ante la prensa que este concejal ya fue imputado en anteriores ocasiones de las que resultó siempre inocente. Por ello, ha expresado su convencimiento de que cuando sea llamado a declarar ante el juez el próximo mes de septiembre se confirmará, una vez más, su inocencia.

Gallardón ha añadido que la imputación del concejal, impulsor del proyecto frustrado de primarias en el seno del PP, "no guarda conexión ninguna con el caso Guateque. El alcalde ha reiterado que el caso "lo lleva el mismo juez porque el reparto ha caído en el mismo juzgado", y no porque sea parte de la trama de corrupción descubierta el pasado mes de noviembre.

El edil insiste en la venganza

En declaraciones a RNE, Henríquez de Luna ha afirmado esta mañana que se siente "indefenso" e "indignado" después de conocer su imputación en la trama. El edil ha reiterado que su acusación se basa en un acto de venganza de los denunciantes, contra los que, según ha afirmado, interpondrá una querella. Además, Henríquez de Luna ha asegurado que pretende recurrir el auto del juez Torres. El concejal ha apuntado que ha recibido una llamada de apoyo del secretario general de su partido, Mariano Rajoy.

El auto del juez que instruye la operación Guateque, Santiago Torres, relaciona al concejal imputado con la concesión irregular de la licencia de una tienda de decoración de la calle Juan Bravo de Madrid. El concejal señaló ayer en rueda de prensa que la licencia de apertura del local se concedió antes de que él fuera nombrado concejal y a cargo de la Gerencia de Urbanismo y no de la Junta Municipal. El origen de la "venganza" reside, según el edil, en el precinto de la oficina en la segunda planta de Juan Bravo, 18, propiedad de la familia denunciante, una clausura debida a que incumplía la normativa urbanística.