La persecución del aborto lleva a 25 mujeres ante el juez DE INSTRUCCIÓN Nº 47 JOSÉ SIERRA MARTÍNEZ

La campaña contra las clínicas abortistas se recrudece en Madrid

Ocho de la tarde del jueves pasado. Una mujer de 31 años está bañando a sus hijos en su casa. Suena el timbre y aparecen dos agentes del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza dependiente de la Guardia Civil). Han ido a entregarle, en mano, una citación para que declare al día siguiente en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid). "Usted practicó un aborto en febrero de 2007", le dicen. Le explican que tienen un expediente suyo de la clínica de interrupción de embarazos Isadora, en Madrid, y que se están investigando unos supuestos abortos ilegales. "Tiene que entender que hay una gran alarma social por este tema", le dice uno de los agentes. "Nos dicen que hay fetos de ocho meses". La llamaban para que declarara como testigo, pero no se limitaron a entregarle la citación. Le hablaron del aborto y le enseñaron algunos expedientes de otras mujeres. "Me hicieron sentir mal, como si hubiera hecho algo horrible", explica la mujer.

Poco se podía imaginar que un año después de practicado el aborto irían a buscarla a su propio domicilio, por la noche, con sus hijos delante, y sin tener en consideración que quizá su familia desconocía su decisión. Las citaciones para declarar como testigo se pueden mandar por medios como el correo o telegrama. No es necesario que se entreguen en mano.

Como ella, unas 25 mujeres que abortaron el año pasado han sido llamadas a declarar ante la Guardia Civil por un juez de Madrid. Las citaciones han coincidido con la resaca de la concentración organizada por los obispos a favor "de la familia cristiana" el pasado 30 de diciembre; con la huelga de las clínicas de abortos por la persecución a la que, según su parecer, están siendo objeto; con la promesa electoral de Mariano Rajoy de crear un Ministerio de la Familia; con un intenso debate el pasado jueves en el Congreso de los Diputados sobre las relaciones Iglesia-Estado; con el anuncio del PSOE de que no incluirá una reforma del aborto en su programa electoral para aprobar una ley de plazos -como en la mayoría de los países europeos-; y con las discusiones y divisiones internas que tal decisión ha planteado en el seno del partido gobernante.

La investigación contra la clínica Isadora tuvo como inicio la denuncia de La Vida Importa, una plataforma que se define como "iniciativa de diferentes personas y asociaciones que han trabajado para disponer de información, documentos y pruebas sobre prácticas ilegales dentro de los establecimientos de abortos en España". El presidente es Juan Sánchez, fundador de los Astilleros Astraea, en Sevilla. Dentro de la plataforma se integran asociaciones como HayAlternativas.org (HazteOir.org), muy activa contra las bodas gays, la ley de educación y la asignatura Educación para la Ciudadanía, y la Federación Internacional de Médicos Cristianos.

"Todo son infundios", explica una portavoz de la clínica, Marisa Castro. "Nuestra praxis es absolutamente legal, la Comunidad de Madrid hace numerosas inspecciones y no encuentra nada. Pero si las autoridades no acaban con esta situación, las clínicas estamos dispuestas a crear un problema y a cerrar las unidades de aborto. Es necesaria una ley de plazos". El 98% de las interrupciones voluntarias de embarazo que se practican en España las llevan a cabo clínicas privadas, aunque la sanidad pública lo subvencione en algunos casos.

"No es de recibo es que ahora persigan a las mujeres en sus casas", añade Empar Pineda, de Isadora. "Es una forma de coacción inaudita". La mujer a la que el Seprona citó el jueves declaró ayer ante la Guardia Civil. Sólo le hicieron preguntas sobre la clínica. Ningún trabajador de la misma ha sido llamado a testificar.

Clínicas de abortos y partidos de izquierda denuncian una "caza de brujas"

La asociación de centros de interrupción del embarazo anuncia acciones legales contra el juez que ha llamado a declarar a pacientes

El coordinador de IU, Gaspar Llamazares, se ha referido hoy a las "persecuciones y caza de brujas" tanto de las clínicas abortivas como de las mujeres que ejercen su derecho a la libre maternidad; persecuciones de las que ha culpado a los "sectores ultraconservadores de los teocon después de la reciente movilización o asonada clerical". Llamazares ha instado al Gobierno a que "promueva" una Ley de plazos que dé garantías plenas en las catorce primeras semanas de embarazo.

Las palabras del líder de Izquierda Unidad llegan después de que ayer en se diera a conocer que un juez de Madrid ha llamado a declarar a una treintena de mujeres que se han sometido a abortos en la clínica Isadora . "Más que una investigación judicial, esto parece una persecución en la que se están vulnerando derechos fundamentales de las mujeres", dijo Sabanés, según una nota de prensa.

"Nos parece escandaloso que la Guardia Civil se presente en el domicilio de mujeres que han abortado con una citación judicial. Es una forma de actuar totalmente intimidatoria que vulnera derechos fundamentales de las mujeres", ha manifestado por su parte la portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés.

El ex presidente del Gobierno socialista Felipe González afirmó hoy en la Cadena SER que cualquier ley del aborto está sujeta a "fallos reales " y "posibles ilegalidades" debido a que siempre tiene que tener un "protocolo de aplicación", lo que implica que será "susceptible de interpretaciones". Con respecto a la posibilidad de reformar la ley, González declaró que quizás sería conveniente "una ley de plazos", y agregó que hay que "reaccionar frente a esta campaña de denuncias forzadas porque puede haber delitos de prevaricación".

Medidas contra el juez

Además, un portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) ha anunciado que están estudiando emprender medidas legales contra el juez que está llamando a declarar a las mujeres, así como nuevos actos de protesta por lo que ha su juicio es una operación concertada contra las clínicas de abortos.

Asimismo, el ultraconservador Centro Jurídico Tomás Moro ha acusado hoy a la Clínica Isadora de albergar en sus contenedores los restos de más de cien fetos mezclados con información confidencial sobre las pacientes, además de instrumentación para la práctica de abortos tardíos. El centro, que habla en nombre de la plataforma ultracatólica La Vida Importa, señala en un comunicado que los inspectores de la Dirección General de Salud Pública y Alimentación encontraron residuos biosanitarios humanos durante una inspección, realizada en febrero de 2007, a instancias del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona).

¿De qué se acusa al centro Isadora?

Una asociación llamada La Vida Importa interpuso una denuncia contra varias clínicas madrileñas por cómo gestionaban los residuos clínicos y orgánicos. Era 2006. En febrero de 2007, el Seprona fue a hacer una inspección a Isadora, en Madrid. Allí había varios contenedores que iban a ser retirados por la empresa contratada por la clínica para eliminar los residuos. Los agentes impidieron que se los llevaran y volvieron al cabo de días para recogerlos -rompiéndose así la cadena de frío necesaria para la conservación de estos restos-.El 16 de febrero, el Seprona pidió al juzgado de Instrucción de guardia de Madrid (el número 6 ese día) que mandara analizar los contenedores. Alegaban una presunta "eliminación ilegal de estos humanos". El juez lo denegó por una "total carencia del más mínimo fundamento jurídico".Cuatro días después, el 21, el Seprona volvió a los juzgados y alegó que habían encontrado "restos humanos de entidad importante procedentes de los abortos". Esta vez el tema recayó en el juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que sí abrió diligencias. Pidió que se analizaran los restos. El Instituto Anatómico Forense determinó, según señala el abogado de Isadora, Javier Martínez, que los nueve fetos que estudió -los que a la Guardia Civil le habían parecido de "entidad importante"- no excedían de las 22 semanas, plazo para el que la clínica tiene autorización para practicar abortos.Pero el juez, José Sierra Fernández, sigue investigando. Pidió a la clínica todos los historiales médicos de las mujeres que habían abortado allí durante los días en los que se guardaron los residuos que fueron incautados por el Seprona. Ahora las está llamando a declarar a todas. Son unas 25 mujeres. A la casa de una ellas fue la propia Guardia Civil a citarla.El juez ha decretado el secreto de sumario de las actuaciones. Ninguna persona de la clínica Isadora ha sido llamada a declarar y no hay imputados.

Mes y medio de crisis en las clínicas

27-11-2007. Seis personas son detenidas por practicar supuestos abortos ilegales en la Clínica CM, de Barcelona, dirigida por el doctor Morín. Tres de ellos acabaron en prisión
13-12-2007. La Comunidad de Madrid cierra dos clínicas en cuatro días, una de ellas, filial de la clínica intervenida en Barcelona.-
26-12-2007. Unos encapuchados atacan una clínica de abortos madrileña.-
07-1-2008. Paro histórico de los centros de aborto. Aseguran que sufren "presiones" y "ataques".

Las clínicas de Morín fueron el detonante

La regulación del aborto y su aplicación saltó a la luz pública el pasado mes de octubre. Entonces se conoció la existencia de un reportaje de una televisión danesa en el que una periodista consultaba si podía someterse un aborto a pesar de estar de 26 semanas de gestación (la ley española lo permite si se acredita daño físico o psicológico para la madre).

Desde entonces, Carlos Morín, dueño de varias clínicas dedicadas a la interrupción del embarazo en Barcelona, está bajo sospecha. Una investigación posterior terminó con su detención lo llevaba, junto a cinco de sus colaboradores.

Ayer un nuevo escándalo salpicó a Morín. Una comisión de la justicia holandesa se desplazó a Barcelona para interrogarle por otro caso. La causa es la detención por la policía de ese país, en el pasado mes de noviembre en Brabante (Holanda), de una joven de 24 años que se había sometido, presuntamente, a un aborto ilegal en una de las clínicas que dirigía Morín.

Su embarazo superaba -siempre según las fuentes de la investigación- el límite de 24 semanas, tiempo máximo que fija la legislación de ese país para permitir la interrupción voluntaria del embarazo. Esta mujer se enfrenta ahora a una posible acusación por asesinato o por infanticidio.

Cinco implicados

La comisión de la justicia holandesa tiene previsto interrogar a los cinco implicados en este caso, entre ellos a Carlos Morín. Éste se encuentra en prisión junto a su esposa y tres colaboradores, dos de ellos psiquiatras que firmaron informes en blanco. Se les imputan los delitos de aborto ilegal, asociación ilícita y falsedad documental.

Sin embargo, el caso de la mujer detenida en Holanda no está vinculado con los arrestos realizados hace un mes en Barcelona. Se trata de otra mujer que no tiene nada que ver con la que dio origen a la investigación y posterior clausura de las clínicas de Morín.

Después de la emisión del reportaje danés, los centros de abortos fueron investigados por una querella presentada por la asociación cristiana e-cristians. A raíz de esta investigación se empezaron a conocer supuestos abortos ilegales, especialmente en extranjeras que se encontraban en avanzado estado de gestación.

Los obispos desempolvan la batalla del aborto

El debate resurge a sólo dos meses de las elecciones

El debate sobre el aborto ha revivido con virulencia en España el último mes después de que una investigación judicial llevara a prisión a varios profesionales de clínicas que practican la interrupción del embarazo en Cataluña, pero sobre todo, de la batalla de los obispos y sectores de la derecha contra el Gobierno. En un acto multitudinario convocado el 30 de diciembre por los obispos en defensa de la "familia", casi 200.000 personas corearon consignas contra aborto, divorcio exprés o matrimonio homosexual como parte de una política peligrosa que hace tambalear, en palabras del cardenal García Gasco, la propia democracia.

Rajoy: "No tengo pensado hacer cambios en el divorcio y el aborto"
En el programa electoral del PSOE figuraba la ley de plazos

Pero ¿quiénes son los obispos para hablar de democracia y dar lecciones, en nombre de una institución que no permite la igualdad de géneros ni otros valores básicos de la misma? El Gobierno reaccionó duramente contra la Iglesia y la acusó de participar en un acto de campaña, en connivencia con el PP, a sólo dos meses de las elecciones.

Algunos miembros del PP participaron en la exhibición de fuerza de la Iglesia, y fuentes defensoras del derecho al aborto consideran a la derecha como instigadora de las investigaciones que se están llevando a cabo en Madrid y en Barcelona. Pero la realidad es que el PP, en plena contradicción con lo que defiende la Iglesia, se ha negado a hacer suyos esos postulados y, públicamente, trata de pasar lo más desapercibido posible.

El miércoles, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se declaró contrario a cualquier cambio: "No tengo pensado hacer cambios importantes en la Ley del Divorcio y tampoco en la Ley del Aborto", aseguró. "Lo que tiene que hacer el Gobierno es garantizar que se cumpla la ley, porque tengo la sensación de que no se cumple".

La vulnerabilidad de las mujeres que han llevado a cabo abortos en las clínicas investigadas, sin embargo, ha llevado a la izquierda a recuperar un debate que parecía superado en España. Y dentro del PSOE, las críticas también han arreciado.

El partido había incluido una propuesta para ampliar la ley del aborto en el programa de 2004. Una asignatura pendiente desde 1985 y que permitiría reconocer el derecho a la mujer a abortar los tres primeros meses sin tener que suscribirse a los tres supuestos recogidos en la ley: el daño físico o psíquico para la madre, malformaciones del feto o violación. Si eso se hubiera producido, si se hubiera aprobado la llamada ley de plazos, nadie podría poner en cuestión la justificación de los abortos realizados.

Tras las detenciones en Barcelona, la mayoría de los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE vivió un espejismo porque creyó entender de su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero, que podría producirse una revisión de la ley del aborto para ampliarlo. No fue así y Zapatero, tras las interpretaciones dadas de sus palabras, zanjó el asunto para dejar las cosas como están.

Durante la ejecutiva, varios ponentes opinaron ante Zapatero que había llegado el momento de revisar una ley que tras muchos años de aplicación se demostraba que tenía lagunas e imperfecciones. El debate lo abrió la secretaria de Igualdad, Maribel Montaño, y le siguieron Pedro Zerolo, Diego López Garrido, Álvaro Cuesta, Elena Valenciano, Carmen Hermosín, y Leire Pajín, entre otras.

El debate tuvo dos vertientes. Por un lado, la necesidad de defender el derecho al aborto frente a cierto "arrugamiento" ante la ofensiva de los sectores que, con la Iglesia a la cabeza, están en contra del mismo. En efecto, el PSOE guardaba silencio. Después, todos se enteraron que con la actual legislación se puede abortar sin límite temporal si las mujeres se acogen al supuesto de daño para la salud psíquica. Según los asistentes a esa reunión de la ejecutiva federal, Zapatero señaló que las reflexiones tendrían "reflejo" en el programa electoral. La mayoría quiso ver en esas palabras un cambio en la actual legislación. No será así. Aunque todavía no se ha hecho la redacción de esa materia todo apunta a que sólo figurará una llamada a la "reflexión" sobre qué aspectos podrían cambiar para mejorar, pero sin compromiso alguno.

Parecía superado pero, 22 años después, el aborto vuelve al debate, y las mujeres tienen miedo.

www.elpais.es 12.01.08

El juez desestima la querella presentada por Maragall contra la COPE y César Vidal

El juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha desestimado la querella presentada por el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, contra la cadena COPE y el director de La Linterna, César Vidal, por una sátira de Fray Josepho. El juez considera que "en el contenido se aprecia la carencia de un ánimo de injuriar y por el contrario sí se aprecia un ánimo jocoso, burlón, satírico o de crítica mordaz" y subraya que esas expresiones "son numerosas y reiteradas en otros medios de comunicación, radio, prensa, televisión".

El pasado 4 de julio en una de sus habituales sátiras en La Linterna, Fray Josepho se declaraba ávido bebedor y establecía un paralelismo entre él y Pasqual Maragall. El presidente de la Generalidad presentó una querella criminal argumentado que esos comentarios eran constitutivos de injurias hacia su persona. Este viernes el titular del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra Fernández, ha desestimado la admisión a trámite de la querella. El juez argumenta que "en el contenido se aprecia la carencia de un ánimo de injuriar y por el contrario sí se aprecia un ánimo jocoso, burlón, satírico o de crítica mordaz que en todo caso le resta la relevancia penal a las expresiones". Y añade el juez que "expresiones que además son numerosas y reiteradas en otros medios de comunicación, radio, prensa, televisión, los programas, series, o artículos periodísticos ofensivo que utilizan expresiones incluso de mayor contenido formal ofensivo contra personas incluso de mayor rango o similar o equiparable cargo político que el querellante". Sobre las opiniones en la tertulia del programa con respecto al apoyo de Maragall a la candidatura olímpica de Nueva York aparecidas en la página web de la candidatura y que también se incluían en la querella, el juez señala que "la opinión de las personas invitadas al programa, y la información de indudable relevancia, han sido manifestadas en ejercicio de los derechos constitucionales que se han expresado", en referencia al "derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones" y al "derecho a comunicar o recibir libremente información veraz". El juez aclara que la "utilización de calificativos y juicios de valor negativos" fueron "siempre referidos a un hecho veraz y real cual fue la aparición en una página web el apoyo del querellante a la candidatura olímpica de Nueva York".Por todo ello, el juez José Sierra Fernández desestima la querella y procede al archivo de las actuaciones. Maragall tiene un plazo de tres días para presentar un apelación.

http://www.libertaddigital.com/index.php?action=desanoti&cpn=1276265779