La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares

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El urbanismo salvaje del municipio mallorquín de Andratx no sólo llevó a la cárcel al alcalde del PP, Eugenio Hidalgo, sino que ha permitido desarticular una amplia red de blanqueo de capitales de la que formaban parte dos bufetes de abogados, dos notarías y un banco. El informe sobre la investigación en marcha, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata con detalle cómo las reiteradas denuncias de venta fraudulenta de solares en Andratx desencadenó una investigación, paralela a otra abierta por la Agencia Tributaria, que permitió desbaratar la red de blanqueo de capitales.

La Brigada Provincial de Policía Judicial de Baleares inició hace meses una serie de investigaciones para intentar aclarar supuestas estafas que estaban siendo denunciadas en distintos juzgados de Palma de Mallorca.

Las denuncias las presentaron particulares propietarios de una decena de solares en la zona de Cala Llamp del municipio de Andratx que se habían sorprendido al descubrir que sus fincas habían sido vendidas a otras personas.

En esas ventas fraudulentas, según la investigación policial, "habrían intervenido algunos integrantes del bufete Feliú-Abogados, utilizándose en varias operaciones de compraventa fraudulenta de solares una serie de sociedades instrumentales, testaferros y documentos de identidad falsos con los que usurpaban las identidades de algunos de los verdaderos titulares de los solares".

La mayor parte de las fincas objeto de la compraventa fraudulenta fueron propiedad de la sociedad Detursa, representada en el momento de las primeras transacciones por miembros de la familia Feliú. Años después se producía una nueva venta de las mismas fincas a otras personas distintas por parte de dos representantes de Detursa y que, según la investigación, "actuaron como testaferros al servicio del bufete Feliú".

La policía ha detenido a tres personas en relación con estas supuestas estafas en la compraventa de solares en la localidad de Andratx.

Por otra parte, la Agencia Tributaria investigaba a dos bufetes de abogados, el de Feliú y el de Sonia Regina da Costa, que trabajaban supuestamente en la prestación de servicios "tendentes a la ocultación de grandes capitales, con grave perjuicio para la Hacienda Pública española".

Opacidad absoluta

Estos bufetes no ocultaban demasiado su actividad irregular, dado que ofrecían a través de su página web sus servicios profesionales a inversores extranjeros, a los que garantizaban un mínimo pago de impuestos e incluso la exención total. Para tranquilizar al cliente ante una oferta tan sospechosa, los bufetes ofrecían opacidad absoluta: "inexistencia de contabilidad, el anonimato 100% de los inversores, la protección 100% del activo y la discreción 100% del banquero".

"El sistema ideado", detalla el informe policial, "consistía fundamentalmente en la creación de sociedades españolas, constituidas o participadas por sociedades panameñas principalmente, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las identidades de las personas que se encuentran detrás de estas entidades panameñas y por extensión de las mercantiles españolas. Para dificultar aún más el seguimiento de los fondos y el de sus verdaderos titulares, las transferencias bancarias se canalizaban a través de dos cuentas cliente del bufete de abogados, sin que se diferencie a qué sociedades corresponde el dinero y las presuntas inversiones, habiéndose contabilizado un elevadísimo tráfico de divisas con el extranjero".

La policía descubrió que numerosas sociedades instrumentales tenían a su nombre inmuebles que vendían a través de una fórmula jurídica que evitaba declarar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que dejaban de pagar el 7% establecido legalmente, lo que implicaría un delito fiscal cuando se trata de operaciones que superan los 1,7 millones de euros.

La Agencia Tributaria ha detectado por su parte que un número importante de las sociedades controladas por el bufete de abogados ocultaban "una renta disponible suficientemente elevada como para que la cuota omitida supere los 120.000 euros que la ley establece como cantidad mínima para incurrir en delito fiscal".

En la operación policial se registraron 13 domicilios (11 en Palma de Mallorca y dos en Madrid).

Entre los ocho detenidos, destaca la presencia de Miguel Feliú Bordoy, socio del bufete y asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Calviá al que representa en pleitos. Uno los notarios investigados es, a la vez, hermano del alcalde de Calviá, Carlos Delgado, del PP. Otro de los detenidos, David Alfredo Sancho, es un promotor inmobiliario relacionado con el bufete.

Doble venta en Cala Llamp

En Cala Llamp, municipio de Andratx, la montaña sufre las acometidas de las máquinas para allanar solares con vistas al mar. Las casas en ese paraje privilegiado valen hasta tres millones de euros. Y los solares se venden dos veces en una estafa que ha permitido ahora desbaratar una trama de blanqueo de capitales.

"Un día nos llamaron diciendo que estaban excavando en nuestra parcela que teníamos a la venta", explicaron hace tiempo a este periódico Ana y Ángel, dos residentes en Madrid que compraron hace diez años un solar en este paraje de Mallorca. La pareja era una de las estafadas en la zona, víctima de una fantasmal operación inmobiliaria que denunciaron al juez por fraudulenta. No fue la única denuncia de personas a las que les "arrebataron" el solar. Los nuevos propietarios del solar de Ana y Ángel obtuvieron con gran diligencia el permiso municipal para hacer obras que a ellos se les denegaba. En su trozo de pinar hay dos bancales, los huecos para los cimientos de un chalé con piscina y una obra bloqueada por el pleito interpuesto.

El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), el ex técnico de urbanismo, el celador de obras, el asesor jurídico y dos arquitectos están imputados en la causa penal del escándalo balear de corrupción, centrada en supuestas falsedades en licencias urbanísticas y delitos más graves. El asunto de este terreno ocupado no consta en el caso Andratx, pero ahora forma parte de la operación contra una compleja trama de blanqueo de capitales y evasión de impuestos.

Ana y Ángel compraron su terreno en una promoción casi inactiva desde los setenta. Pero se toparon con las trabas administrativas que puso el Ayuntamiento de Andratx para edificar en la zona y se terminaron cansando de esperar. En 2004 decidieron poner en venta la parcela de 970 metros orientada a poniente, aunque una mano negra les quitaba el cartel del solar. "Dos veces nos llamó una persona y nos dijo que o aceptábamos su oferta (150.000 euros, el precio pagado por el solar en 1996) o no íbamos a poder vender nunca la parcela, porque el Ayuntamiento no iba a librar la licencia, pues había que pagar una enorme suma para dotar de servicios a la urbanización", explicaron en enero pasado a este periódico.

Cala Llamp es un anfiteatro en el litoral, una montaña que sale del Mediterráneo, donde se horadan las laderas para inventar solares e incrustar apartamentos con vistas. Es el escenario de varias de las actuaciones inmobiliarias supuestamente delictivas en las que el juez del caso Andratx investiga al ex alcalde y su entorno de técnicos y empresarios asociados.

"En 2005 descubrimos casualmente la operación que hemos denunciado, una venta fraudulenta o doble venta", explicó la pareja. "Una agencia llevó allí a un posible comprador y halló el solar en obras. Inmediatamente después efectuamos un requerimiento para que detuvieran la excavación".

www.elpais.es 28.04.07

11 detenidos y 14 imputados por fraude fiscal y blanqueo de capitales en Mallorca

La Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria y la policía desarrollaron ayer en Palma de Mallorca una espectacular actuación en un bufete de abogados, un banco y una notaría supuestamente implicados en varios delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Los investigadores pretenden desentrañar la identidad de los titulares de 88 sociedades, clientes del bufete registrado, cuyos abogados figuran en otra sociedad a crear empresas offshore en Panamá. Esas empresas tienen a su nombre bienes por valor de 141 millones de euros. Otras 14 personas han sido imputadas en este caso.

El despacho de abogados registrado es el Bufete Feliú, situado en el número 2 del paseo de Mallorca, y muy conocido en las islas. Éste operaba habitualmente con la notaría de Álvaro Delgado Truyols y Alberto Ramón Herrán, donde protocolizaba habitualmente las operaciones que ejecutaban con sus clientes. Delgado es hermano del alcalde de Calvià, Carlos Delgado, del Partido Popular. Ambos despachos solían trabajar con la oficina del Banco Sabadell de la calle de Jaume III, que también ha sido registrada.

Además, también han recibido la visita de los agentes una oficina de alquiler del despacho Feliú, sito en la calle de Velázquez de Madrid, donde se conservaban varios archivadores con documentos, "y otro despacho que actuaba como nido o buzón de sociedades que aparecen relacionadas con las tramas de fraude", según informó ayer la Agencia Tributaria. En total han sido registrados nueve inmuebles en Mallorca y dos en Madrid.

La investigación -sobre la que el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma de Mallorca ha decretado el secreto del sumario- comenzó hace dos años, tras la detección de "estructuras fiduciarias creadas por el despacho de abogados investigado con la connivencia de despachos corresponsales que operan en el paraíso fiscal de Panamá". El objetivo de esa red sería "la ocultación de los titulares reales de actividades y patrimonios, presuntamente con la finalidad de defraudación fiscal y blanqueo de capitales", así como, presumiblemente, falsedad documental.

Clientes desconocidos

Hasta 11 personas quedaron detenidas, y 14 imputadas, tras los registros e intervenciones documentales que se realizaron en el aparente núcleo de la trama, el conocido despacho Feliú, especializado en "el asesoramiento de inversiones extranjeras y posteriormente nacionales", según su ficha profesional. Esta firma está relacionada con 816 sociedades, con unos activos declarados de 307 millones de euros.

De esas 816 sociedades, 252 son no residentes y otras 161 están domiciliadas en paraísos fiscales. La Fiscalía Anticorrupción divulgó ayer una nota en la que afirma: "No ha sido posible averiguar, hasta el momento, la identidad de los clientes del despacho titulares del capital de 88 sociedades residentes en España, a nombre de los cuales figuran bienes por importe de 141 millones de euros".

Pere Horrach, uno de los fiscales anticorrupción de Baleares, intervino en los registros e incautaciones de documentación en el despacho Feliú, uno de cuyos socios, Miguel Feliú Bordoy fue citado como uno de los detenidos, junto al empresario turístico y propietario inmobiliario P. Duchemin. Éste ha sido investigado en una causa derivada del caso Andratx, en relación con una supuesta doble venta de solares en Cala Llamp, que ha generado diferentes causas penales y demandas civiles. Un ciudadano francés, de origen vietnamita, Yan Theau, está en busca y captura por una posible doble venta en la misma zona.

La entidad de crédito registrada ha concedido créditos hipotecarios por importe de 5,3 millones de euros a cuatro sociedades de accionistas desconocidos "que acumulan pérdidas sistemáticamente". La autoridad judicial ha expedido mandamientos a 26 entidades bancarias para el bloqueo de saldos, cuentas, fondos de inversión, imposiciones a plazo fijo en inversiones en deuda pública vinculadas con los detenidos, imputados o investigados en la operación. Además, se ha ordenado a los registros mercantiles y de la propiedad la intervención de un número de bienes inmuebles que las fuentes consultadas no han precisado.

El despacho Feliú, fundado en 1927 por José Feliú Rosselló. El despacho, en principio, se dedicó a atender toda clase de asuntos, si bien, tal y como explica en su propio historial, "debido a la afluencia turística a partir de los años 50, la mayor parte de la actividad del despacho la producía el asesoramiento de inversiones extranjeras y posteriormente nacionales en la isla".

Uno de los socios, Gabriel Feliú, ha sido durante años el letrado del actor Michael Douglas, con casa en Deià. Entre los años 1997 y 2006, el despacho ha canalizado fondos procedentes del exterior por importe de 482 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción, de los cuales "un mínimo de 17,1 millones tienen como origen o destino, directamente, territorios calificados legalmente como paraísos fiscales

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Cuerpo Nacional de Policía, la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigación del fraude y el Servicio Ejecutivo de Blanqueo de Capitales del Banco de España. Los investigadores consideran que esta operación incide sobre "una de las formas más complejas y sofisticadas de fraude fiscal", según la Agencia Tributaria.