El Supremo condena a un año y medio de cárcel al alcalde de Vila-Real por prevaricación

El alto tribunal ha impuesto a Vilanova una pena de prisión por un delito de prevaricación medioambiental y ha declinado imponerle una multa porque ésta "sería satisfecha incluso con cargo a las arcas municipales, agravando la situación de los vecinos". Pedro Tomás Llop García, propietario de la empresa de pavimentos cerámicos Rocersa, causante el ruido, ha sido condenado a dos años de prisión y 24 meses de multa en su cuantía máxima de 400 euros, es decir, un total de 288.000 euros. Dada la cuantía de las penas de prisión, a los condenados previsiblemente se les aplicará la remisión condicional y no tendrán que ingresar en un centro penitenciario.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Antonio Martín Pallín, recoge la "interminable serie" de denuncias contra la fábrica Rocersa por los ruidos "por encima de lo tolerable" que tanto de día como de noche mortificaron a los vecinos desde agosto de 1991 a junio de 1996. A la primera denuncia, presentada por un vecino ya fallecido, siguieron 16 más, además de un "inacabable rosario de quejas inatendidas".

Las denuncias se presentaron por vecinos a título individual, por asociaciones o uniones de vecinos y hasta por un concejal del Ayuntamiento. Dos de los afectados, Antonio Flich Ripollés y Concepción Capella Pérez, cuya vivienda distaba 650 metros de la fábrica, tras quejas y llamadas a la Policía Municipal acabaron presentado una querella por delitos contra el medio ambiente y prevaricación que se saldó con la absolución de Vilanova y de Llop por la Audiencia de Castellón, pero que ahora ha determinado su condena por el Tribunal Supremo.

Frente a las denuncias el municipio ordenó mediciones de ruidos, ampliación de informes, nuevas mediciones por empresas externas y hasta en cinco puntos distintos alrededor de la fábrica, en unas ocasiones con sonímetros de precisión y otras con aparatos "anónimos e inservibles".

"Con reiteración y obstinación", señala la sentencia del Supremo, "se verifican numerosas mediciones sin aparatos adecuados. Esta historia interminable suscita movilizaciones de ciudadanos y siempre el mismo rechazo de sus peticiones, basándose en que el Ayuntamiento mide los ruidos con aparatos inservibles".

Tras una nueva intervención de una consultora externa, se observa "la más absoluta pasividad e indiferencia del Ayuntamiento y de la empresa generadora del ruido".

El Supremo considera aplicable al caso una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España por vulneración de los derechos de un ciudadano español, por la intensidad de la contaminación acústica fuera de los niveles autorizados que tuvo que soportar de noche y durante varios años.

Añade que la afectación del ruido a la salud humana y su intensidad "no sólo se podrá extraer de unos aparatos que el Ayuntamiento, de forma reiterada, parece que empleaba a sabiendas, consciente de su falta de homologación, sino del conjunto de referencias de los hechos probados".

Y de la lectura de esos hechos, el Supremo concluye que las decisiones del alcalde fueron "absolutamente arbitrarias y deliberadamente injustas". "Resulta incomprensible que ante la avalancha de quejas", prosigue la sentencia, "el alcalde se limite a enviar agentes de la Policía Municipal con sonímetros cuyas características no constan, pero tampoco se dice que fueran inservibles. Finalmente, el trámite se reduce, una y otra vez, a dejar el asunto sobre la mesa hasta que llegase una nueva oleada de protestas. La consecuencia sabida y buscada era el archivo, bajo la eufemística expresión 'dejar sobre la mesa' las flagrantes irregularidades que se venían denunciando".

En definitiva, "la conducta del alcalde integra una decisión, por acción y por omisión que, de forma deliberada, se sitúa al lado de la industria contaminante, en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo a ciencia cierta que actuaba y vulneraba la legalidad que regulaba la emisión de ruidos. Conoció, asimismo, los informes negativos sobre emisiones ruidosas, contemplando impasible cómo se incumplían las propias decisiones sobre aislamiento".

En cuanto al representante de la empresa, "en ningún momento adoptó las medidas correctoras que se les imponían, saltándose las previsiones administrativas y los informes reiterados sobre su directa responsabilidad en la emisión de ruidos". El alto tribunal también critica severamente la sentencia absolutoria de Castellón, por decir que "no consta que los querellantes sufrieran perturbaciones de carácter físico o psíquico". "Una afirmación de esta naturaleza", apostilla el Supremo, "en un caso tan reiterado como el presente, adquiere caracteres verdaderamente incomprensibles".

"Fue un ataque directo a nuestra dignidad"

"Por fin se ha hecho justicia". Con estas palabras resumió ayer Antonio Flich la sentencia condenatoria al alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, por un delito de prevaricación. Flich fue el vecino que, junto a su esposa, presentó decenas de denuncias y quejas por la existencia de unos ruidos que no les dejaban dormir y que, incluso, les obligó a cambiar de domicilio."Al principio, lo único que queríamos es que nos hicieran caso y, ante la burla y la imposibilidad de ir a las buenas, recurrimos a la vía judicial. Fue un ataque directo contra nuestra dignidad", recordó. Desde entonces, desde que empezaron a presentar aquellas denuncias que, una tras otra, cayeron en los cajones del consistorio, han pasado doce años. "La sentencia demuestra que la justicia es igual para todos", añadió.

Por su parte, el letrado que llevó la acusación, Santiago Albiol, destacó el hecho de que ésta sea la primera condena a un ayuntamiento por ruidos procedentes de industrias ya que, hasta ahora, se limitaban a bares y discotecas.El alcalde de Vila-real no quiso pronunciarse sobre la sentencia ya qeu, según fuentes municipales, se enteró del fallo por medios de comunicación.El secretario provincial del PP en Castellón, Víctor Campos, calificó ayer de "increíble, inaudito e injusto" el fallo, según Europa Press. Para el dirigente del PP, el alcalde de Vila-real es "ejemplo de honestidad, honradez, trabajo y sacrificio por su municipio".En cualquier caso, el PP se pronunciará oficialmente cuando el alcalde haya recibido la sentencia, "la valore y muestre su posicionamiento".

El PP otorga un tinte político a la condena al alcalde de Vila-real

El PP sigue sin hablar de la obligada dimisión del alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, por la condena que le ha impuesto el Tribunal Supremo, con una pena de un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación por un delito de prevaricación. Los populares se aferran al hecho de que el fallo aún no ha sido notificado a Vilanova y ni siquiera el comité electoral valoró ayer que habrá de presentar otro candidato en las próximas elecciones.

El Tribunal Supremo ha impuesto al alcalde popular de Vila-real. Manuel Vilanova, una pena de un año y medio de cárcel y ocho de inhabilitación por un delito de prevaricación ante su "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos" y por hacer oídos sordos a una "historia interminable" de quejas y denuncias contra el ruido procedente del generador de una fábrica de cerámica en situación irregular.

Pero los populares se aferran al hecho de que el fallo aún no ha sido notificado a Vilanova y ni siquiera el comité electoral valoró ayer que habrá de enfrentarse a las próximas elecciones con un nuevo candidato, ante la imposibilidad de que el condenado pueda concurrir al cargo. Sin embargo, los dirigentes del PP no tuvieron ninguna pega en seguir valorando una sentencia que quieren teñir como política. Así, están desplegando una estrategia por dos caminos diferentes: por una parte, por el origen de la denuncia, ya que una de las afectadas, que recurrió a la vía judicial ante el caso omiso del ayuntamiento, es hermana de un destacado socialista de la misma localidad y, por otro, insinuando la parcialidad del máximo tribunal.

Así, el coordinador de campaña del PP en Castellón, Rubén Ibáñez, aseguró ayer que la condena del Tribunal Supremo tiene un "trasfondo político" por quien presentó la denuncia y la equiparó a "los tres años de machaque hacia lo que representa el PP". Por su parte, el secretario general del PP en Castellón y vicepresidente del Consell, Víctor Campos, tomó la vertiente del ataque al fallo y lo llegó a calificar de "desgraciado, increíble, inaudita e inexplicable", a la vez que dijo que la sentencia está "contaminada de mucha ideología". Además, trató como crítica a los jueces el hecho de que "aparentemente" hayan elaborado una sentencia "de manera excesivamente fría y objetiva".Ni Ibáñez ni Campos hablaron la dimisión como alcalde que conlleva la pena de inhabilitación a Vilanova. Mientras Ibáñez incluso dudó de que sea dado de baja del partido, Campos demoró hasta "los próximos días", el momento en el que el PP estudie "los tiempos y las consecuencias de la misma" y anunciar "lo que va a hacer".

El coordinador de campaña del PP en Castellón llegó a decir que la sentencia "crea incertidumbre para la sociedad y el municipalismo" y explicó que actualmente son muchos los municipios en los que existen empresas muy cercanas a determinados barrios. Sin embargo, no tuvo en cuenta que la condena no es por la cercanía de la empresa sino porque el alcalde hizo caso omiso a las denuncias presentadas por los vecinos ante ruidos que superaban los límites legales.Por otra parte, aunque el comité electoral del PP tampoco trató la moción de censura que el PSPV ha presentado en Les Coves de Vinromà con un concejal que ha abandonado las filas populares, Rubén Ibáñez sí exigió a los socialistas que cumplan el código ético.