www.losgenoveses.net : La noticia del día 13.11.06

LA NOTICIA DEL DÍA (*)

Anulado un plan del PP para construir 4.000 plazas hoteleras y residenciales en Fuerteventura

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado nulo un plan parcial aprobado en 2000 por el presidente del PP de Fuerteventura y ex alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, que contemplaba construir unas 4.000 camas hoteleras y residenciales en Fuerteventura y que se desarrolla en un tramo de costa virgen al norte de la isla. Pese a que el plan transgredía las normas subsidiarias y la moratoria turística, la siguiente corporación, regida por Coalición Canaria, mantuvo las camas residenciales y añadió al proyecto "el mayor campo de golf europeo", según publicitan sus promotores. La demanda del grupo local Agonane, de Ecologistas en Acción, supone un hito para el movimiento ambiental de Canarias.

El Plan Parcial (SAU 12) Casas de Majanicho, ahora anulado, fue redactado por el arquitecto municipal de Salou (Tarragona), Lluís M. Serra, y promovido por Nombredo SL, empresa asturiana presidida por Zarceño Prieto. Se está construyendo dentro del término municipal de La Oliva, el segundo de España en extensión, con unos 20.000 habitantes, en un lugar de gran valor paisajístico y ecológico. En 1999 la finca principal salió a subasta pública y fue adquirida por un millón de pesetas (6.000 euros) por la empresa Lonja Madrid, SA. En 2000, Nombredo SL adquiere esta propiedad, junto con seis fincas más dentro del Plan, por 40 millones de pesetas (240.404 euros).

En diciembre de 2000 el Pleno del Ayuntamiento de La Oliva de la anterior corporación, presidida por el ex alcalde del PP González Arroyo, aprobó el Plan Parcial Casas de Majanicho a pesar de que los informes del Gobierno de Canarias eran contrarios y carecía de las infraestructuras obligatorias. Con la aprobación, la finca pasó a valer más de 4.000 millones de pesetas (unos 280 millones de euros).

Según esta sentencia, el Plan Parcial transgrede las normas relativas al urbanismo y al medio ambiente. La Moratoria turística de Canarias -que no deja desarrollar planes turísticos- ya suspendió en su día el proyecto, por lo que en esa zona natural no se podría haber edificado nada.

El entonces alcalde de La Oliva, González Arroyo, conocido tras sus 24 años de mandato municipal como el Marqués de las Dunas, aprobó a toda prisa ese Plan Parcial, antes de que se publicará el contenido de las normas subsidiarias de La Oliva, sin informes básicos y sin el preceptivo estudio de impacto ambiental, y en contra del informe de la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias). Y lo más grave, permitiendo el uso residencial prohibido por las normas subsidiarias de La Oliva.

A pesar de todo, tras perder el PP la alcaldía en 2003, la nueva corporación no frenó el desarrollo de está urbanización denominada Origo Mare. La nueva alcaldesa, Claudina Morales (CC), ignorando el cúmulo de irregularidades ahora reconocidas en la Sentencia del TSJC, en vez de revisar y anular el Plan ilegal firmó en 2004 un convenio urbanístico con los promotores del proyecto que mantiene 748 camas residenciales (chalés) ilegales y reduce las camas hoteleras de 4.000 a 2.000. A cambio, permite instalar un campo de golf, con 27 hoyos y una superficie no inferior a 75 hectáreas, fuera de los terrenos del Plan Parcial y en zona protegida. La mayoría de las plazas se están vendiendo directamente en Reino Unido a jubilados británicos ignorantes de las irregularidades de la urbanización.

Según Morales, la única alternativa a la firma del convenio, avalado por el Presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Mario Cabrera (CC), era indemnizar a los promotores, desechando en todo momento la posibilidad de impugnar judicialmente el Plan, o al menos esperar al resultado de esta sentencia. Las obras de cimentación para un futuro hotel se han acelerado este fin de semana al conocer la sentencia.

La firma de ese convenio supuso un antes y un después en el Ayuntamiento de La Oliva, pues la nueva corporación se quedó en minoría cuando la alcaldesa expulsó al único concejal, José Luis López, que se negó a votar a favor del convenio urbanístico por considerarlo ilegal e innecesario. Sobre este convenio pesa otra demanda en el contencioso-administrativo interpuesta también por Agonane.

Desde entonces han sido varios los convenios firmados entre ese Ayuntamiento y distintos promotores, todos intentando dar cobertura legal a alguno de los 19 Planes Parciales que el anterior alcalde dejo aprobados poco antes de perder las elecciones. En muchos casos, la firma de estos convenios por la nueva corporación de CC ha contado con el apoyo del grupo popular, actualmente en la oposición.

El proyecto urbanístico fue inaugurado el verano pasado con fuegos artificiales, y con la presencia del escritor Alberto Vázquez- Figueroa y miles de invitados, entre ellos el secretario del Cabildo de Fuerteventura, Miguel Ángel Rodríguez, director también del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) y redactor del Plan Turístico de la isla, que conocía que la urbanización estaba impugnada por los colectivos ecologistas. La Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias investiga ahora la carretera de acceso, denunciada por los propios agentes de Medio Ambiente del Gobierno canario.

Aves en peligro de extinción

La reciente resolución judicial señala la vulneración de las normas de procedimiento con incumplimiento de la normativa medioambiental. Destaca que "a la tramitación del Plan Parcial se presentaron alegaciones de Agonane y SEO / Birdlife. Los primeros enfatizaban entre otras alegaciones el peligro para la hubara canaria, ave protegida en peligro de extinción, según estudios realizados por Joachim Hellmich, miembro de la comisión de expertos de Aves Esteparias de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC), y en los que afirmaba que se habían avistado hubaras en las áreas de jable (arenales) de Majanicho". Los segundos, en sus conclusiones, destacaban igualmente la presencia de la hubara canaria en la zona de desarrollo del macroproyecto urbanístico, citando los censos publicados.

Estas alegaciones obtuvieron como única respuesta un decreto del alcalde, en el que se afirmaba sin más explicaciones que no había "peligro para la hubara pues no habita en las zonas de malpaís al carecer de alimentos y espacio para su desarrollo, entendiéndose que no se provoca daño ecológico ni paisajístico alguno".

Los magistrados señalan en su sentencia que la respuesta no tiene ningún valor, pues no va precedida de informe técnico alguno, y añaden que los datos aportados por el alcalde no figuran en el expediente, "lo cual de por sí implica vulnerar la participación pública de los ciudadanos en la tramitación de los instrumentos de ordenación".

Según los magistrados del TSJC, "la ausencia de informes es patente. No figura un sólo informe jurídico municipal en la tramitación del expediente; únicamente existe un informe técnico del señor Carballo del Toro al inicio del expediente en el que se limita a afirmar que se ha cumplido lo indicado en las Normas Subsidiarias y que, por tanto, se deben iniciar los trámites de aprobación inicial para someterlos a información publica".

Francisco Carballo del Toro, perito electricista y militante del PP, estaba contratado en esa época como asesor del alcalde de La Oliva, Domingo González Arroyo, y era firmante de los informes previos a la concesión de licencias, según denunció en 1998 ante la Fiscalía del TSJC el entonces arquitecto municipal, costándole el puesto.www.elpais.es 13.11.06

Un municipio de Murcia convierte en urbanizables 2.800 hectáreas de regadío

El pleno del Ayuntamiento de Librilla (Murcia) ha aprobado inicialmente, con los votos favorables de seis concejales del PP y dos del PSOE, el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, que reclasifica unas 2.800 hectáreas de cítricos en pleno proceso de modernización de la huerta por parte del Ministerio de Agricultura. El nuevo plan las convertiría en urbanizables si se aprueba definitivamente, según el alcalde y la comunidad de regantes del Tajo-Segura.

El Ministerio de Agricultura aprobó recientemente el proyecto de modernización de regadíos de la comunidad de regantes Trasvase Tajo-Segura de Librilla. Las actuaciones, presupuestadas en 11,7 millones de euros, afectarán a 3.515 hectáreas del término de Librilla dedicadas básicamente al cultivo de cítricos. La mejora de los regadíos beneficiará a 1.805 comuneros y contempla la automatización de todo el sistema de riegos con la construcción de una red de tuberías de distribución hasta la cabecera de las parcelas para sustituir la actual red de acequias existente en esta comunidad de regantes. Los trabajos tienen como fin la reducción de las pérdidas de agua y el sistema de riego a manta con el paso al goteo.

El alcalde de Librilla, José Martínez García, resaltó que la decisión de recalificar todos los terrenos agrarios se debe a que los dueños no tienen agua del trasvase. Y la poca que reciben es muy cara. "Yo no puedo estar tranquilo con las tuberías sin agua, y ninguno de los propietarios se ha opuesto. Incluso he recibido más de 200 alegaciones de agricultores que han pedido que se incluyan sus terrenos como urbanizables", afirma el alcalde, que añade: "Este año, por ejemplo, hemos perdido toda la cosecha". Para el regidor, los concejales del PSOE "son los culpables de todo, ya que hace 30 años se nos planteó la posibilidad de entrar en el primer plan nacional de regadíos y los socialistas lo rechazaron".

Preguntado por la inversión de Agricultura, Martínez García asegura que no sabe nada de la modernización de los regadíos. "Eso tendrán que ser los regantes y todos los demás". "Se han recalificado los terrenos de rambla a rambla. Por eso le ha pillado a todo quisque, y todo el mundo está callado. La gente quiere recoger billetes y los jóvenes no quieren trabajar en la agricultura. Yo lo hago por mí y por otros que se han beneficiado del plan", concluye.

El presidente de la comunidad de regantes de Librilla, Pedro Legaz, aseguró que han presentado una alegación al plan general: "Estamos dispuestos a un diálogo constructivo y consideramos que ambas actividades, la agricultura y el ladrillo, pueden ser viables. Estamos pendientes de una reunión técnica y con los políticos para saber qué vamos a hacer. No sabemos qué pasará con las inversiones comprometidas por Agricultura".

El secretario de Política Local del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, consideró "una aberración" la recalificación de los terrenos, ya que "son los más fértiles y de mejor calidad de la zona". "Esto es una prueba más de que el PP no está preocupado por el futuro de la agricultura, mientras que el Gobierno de España y el Ministerio de Agricultura sí están demostrando interés". Sobre el apoyo del PSOE necesario para la aprobación inicial del PGOU, Jara aseguró que "fueron engañados porque dos de los concejales votaron a favor sin conocer todos los planos y sin saber que iban a recalificar la huerta del Tajo-Segura". "Me parece bien que apuesten por el desarrollo urbanístico, pero no que lo hagan donde hay una de las mejores huertas de España", añadió.www.elpais.es 13.11.06

Los clubes de fútbol ganan más de 1.000 millones con recalificaciones urbanísticas

El fútbol español juega al pelotazo. Aunque los futbolistas raseen el balón, sus millonarios sueldos salen en buena medida de recalificaciones urbanísticas, de la publicidad institucional y de otros apoyos públicos. En los últimos cinco años, una decena de clubes de primera y segunda división han ingresado más de 1.000 millones de euros sólo con cambios de uso del suelo. Las operaciones inmobiliarias han saneado las cuentas y mejorado los resultados deportivos.

El Madrid obtuvo 501 millones de beneficio con la venta de la Ciudad deportiva, el mismo dinero que ha gastado en fichajes desde 2000 -entre ellos Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham- y que le han permitido ganar una Copa de Europa y dos Ligas. La construcción de cuatro rascacielos en sus campos de entrenamiento fue posible gracias a que el Ayuntamiento multiplicó por cinco la edificabilidad de la zona.

El ejemplo cundió y Sevilla, Betis y Levante lograron operaciones inmobiliarias para seguir fichando. El Valencia ha conseguido permiso para derribar su estadio y construir pisos en el centro de la ciudad. Con ésta y otras operaciones obtendrá más de 180 millones de beneficios. El Murcia ha ganado 200 millones gracias a que el Ayuntamiento le permitió construir un estadio y un centro comercial en un terreno comprado a precio de saldo. El consistorio ha sido condenado por perdonarle 20 millones al club, pero el Murcia ha roto el mercado de fichajes en segunda, ha hecho una plantilla de ensueño y aspira al ascenso.

Zaragoza y Valladolid tienen planes similares a punto de ser aprobados. Barcelona, Español, Atlético de Madrid, Sporting de Gijón, Levante y Hércules, entre otros, buscan nuevos pelotazos. Los clubes son sociedades anónimas deportivas y los presidentes, la mayoría constructores, alegan que sólo con estas operaciones pueden ser competitivos. Con estos desarrollos urbanísticos y también con la publicidad institucional en sus camisetas y con las televisiones autonómicas pagando un sobreprecio por sus derechos televisivos. El fútbol por si solo no es un negocio tan redondo como parece.

www.elpais.es 13.11.06

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