LA NOTICIA DEL DÍA (*)

Detenidos en Canarias una edil del PP y su marido por malversación de caudales

Guadalupe López, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas de Gran Canaria), y su marido, Salvador Santana, han sido detenidos hoy por la policía dentro de la operación “Faycán”, como posibles autores de un delito de malversación de caudales públicos

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ), la concejala, la segunda del PP que se detiene en esta operación, y su marido fueron detenidos sobre las nueve horas y ambos han sido llevados a dependencias policiales. La nota indica que Santana será puesto mañana a disposición del juez que instruye el caso, Javier García, mientras que la concejala lo hará en los próximos días. Las investigaciones que sigue el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Telde sobre la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales continúan bajo secreto de sumario. Estas detenciones se producen a raíz de la nueva documentación hallada en los últimos meses en los diferentes registros de distintos domicilios entre ellos el de la principal imputada, la ex concejala de Obras Públicas del PP, María Antonia Torres. Así mismo, en las últimas han prestado declaración en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en la capital Gran Canaria, al menos tres empleados municipales de la Concejalía de Festejos, así como el asesor de la concejala, Fidel Ruiz, quien además compareció ante el magistrado Javier García. El juez interrogó a Ruiz, a quien se conoce popularmente como "el concejal consorte", sobre la relación del marido de la concejala con el Ayuntamiento. La concejala Torres, su marido, el interventor municipal Enrique Orts, el asesor de la concejala, Francisco Gordillo, y el hijo de éste, Francisco Gordillo, así como dos empresarios, protagonizaron las cinco primeras detenciones practicadas por García. En el caso figuran como presuntamente implicadas empresas constructoras como Mazotti, Dragados y Construcciones  y Cobra. www.cadenase.com 26.09.06

Detenida una concejal de Urbanismo en Gran Canaria por un presunto delito de corrupción  

La policía ha detenido esta mañana a seis personas en el municipio grancanario de Telde por presunta corrupción, han informado fuentes policiales. Entre los arrestados figura la concejal María Antonia Torres, del PP, responsable de Obras Públicas y Contratación en el Ayuntamiento de la localidad. El resto de los implicados son funcionarios.

La operación policial se ha llevado a cabo por orden judicial, después de que un empresario del municipio presentara una denuncia por haber sido requerido para pagar comisiones por la adjudicación de obras en Telde.

María Antonia Torres ha sido detenida junto a su marido e interventor de su Departamento, Enrique Orts, y otros cuatro técnicos. Los detenidos han sido acusados por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Telde de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafas. En el marco de la operación Faycan, los agentes judiciales han realizado a lo largo del día 14 registros en domicilios, despachos municipales y particulares en los que ha requisado documentación y material informático.

Las investigaciones se iniciaron en julio del 2005 a raíz de la denuncia presentada por el representante legal de una empresa de Telde, quien declaró que la concejalía le exigió el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Posteriores pesquisas determinaron que varias empresas fueron favorecidas en la adjudicación de contratos de obras y suministro de materiales al consistorio.

Nada más conocerse la noticia, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, ha ordenado que se aplicara el reglamento y Torres ha sido suspendida cautelarmente de militancia. Asimismo, el alcalde del municipio, el popular Francisco Valido, ha cesado a la concejala de sus funciones y ha convocado una reunión de su grupo de gobierno en la que se ha decidido firmar los decretos para sustituir a las tres personas detenidas.También ha convocado una junta de portavoces para realizar el seguimiento de la situación. Estas detenciones, que se suman a la del ex director general de Industria Celso Perdomo y su pareja Mónica Quintana, ambos del PP y en prisión por el caso eólico, han hecho que el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Alfonso Perales, haya exigido explicaciones al presidente del PP, Mariano Rajoy, "por los casos de corrupción que están salpicando a su partido en Canarias".En su opinión, "es urgente que el presidente del PP asuma la gravedad de estos comportamientos, los censure públicamente y adopte las medidas disciplinarias que exigen hechos como éste".El trasiego de personas, concejales, técnicos y policías no ha parado en todo el día ante las oficinas municipales de Telde, donde se han realizado varios registros. Los portavoces de los grupos han manifestado diversas opiniones al respecto, entre ellos Carmelo Reyes, representante de AFV-CIUCA, socio de gobierno del PP junto al CCN, que ha advertido que quien "meta algo en el cajón tendrá que pagar las consecuencias". También ha aclarado que la situación generada no hace peligrar el pacto de gobierno ni se contemplan mociones de censura o actuaciones similares contra el alcalde, Francisco Valido. Sin embargo, para el portavoz del PSOE, Antonio Perera, habría que estudiar qué conocimientos podría haber tenido el alcalde sobre las actuaciones de la concejala y el ex alcalde de Telde Francisco Santiago (Nueva Canarias) cree que existe corresponsabilidad de los socios de gobierno.

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La ventolera canaria  


 

Los políticos en ejercicio están preocupados por la imagen del Archipiélago y la sociedad civil habla de catarsis en Canarias después de que un juez haya entrado a fondo en la trama de los negocios eólicos y haya encarcelado a un ex director general del Gobierno autónomo, perteneciente al Partido Popular. Este último caso ha desatado una auténtica ventolera en Canarias, y especialmente en Gran Canaria, donde ahora se centran los hechos.

La separación de un magistrado de la presidencia de la Audiencia de Las Palmas por presunta relación con narcotraficantes fue el detonante del clima de corrupción que ahora crea inquietud en el Archipiélago.

Ambos casos están relacionados. El juez que investiga "la trama eólica" se encontró, mientras hacía esta investigación, con la información que implicaba en hechos delictivos al citado presidente de la Audiencia.

Los dos escándalos han coincidido, por otra parte, con la divulgación en la prensa de una cinta magnetofónica en la que se recoge el presunto intento de soborno de un edil de Fuerteventura por parte de un influyente y poderoso ex alcalde y parlamentario, Domingo González Arroyo, conocido por el sobrenombre de Marqués de la Oliva. Éste ha negado los hechos; se lo ha dicho al presidente de su partido en las islas, José Manuel Soria, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. Soria le cree. "No tengo por qué no creerle", dice. La grabación es muy determinante. En ella, el parlamentario majorero es muy explícito; lo que ofrece es dinero a cambio de la colaboración del edil.

Soria está en el ojo del huracán, pero él se muestra tranquilo; "he sido el primero en pedir una comisión de investigación, y que sea televisada". En el primero de los casos, en el de la trama eólica, no sólo es el presidente del partido al que estaba afiliado el director general encarcelado, Celso Perdomo, sino que éste era amigo personal de gente de su entorno y, además, trabajaba a las órdenes de su hermano Luis, consejero de Industria del Gobierno de Canarias hasta que Coalición Canaria rompió con el Partido Popular y se quedó en solitario en el Gobierno, en mayo del pasado año.

Luis Soria no ha dicho nada del caso. Al parecer, ni la investigación judicial ni los indicios -incluso los que manejan los enemigos del presidente del PP- le alcanzan, ni a él ni a su hermano. "Él está muy tranquilo", nos dijo su propio hermano.

Mientras era consejero y aparecieron los primeros indicios de irregularidad en el concurso (luego abortado) que iba a regular los negocios eólicos, Luis Soria compareció en el Parlamento autónomo; allí negó vinculación de su director general con la trama eólica; le había preguntado a Celso Perdomo, y éste le negó enfáticamente los hechos. Él le creyó, y a él le creyeron. Lo cierto es que, según la investigación judicial que ha terminado llevándole a la cárcel, Perdomo había utilizado su cargo para privilegiar a algunas personas -como el abogado Alfredo Briganty y el empresario Enrique Guzmán- que también forman parte del entorno personal de los Soria y de su círculo más cercano. Lo curioso es que el concurso que a él le servía para efectuar este tráfico luego sería desactivado, por defectos de forma; ahora está a punto de aparecer otro decreto de convocatoria. Si no cambian las cosas, contemplará desde la cárcel la resolución del concurso que iba a enriquecer a los suyos.

La novia de Perdomo, Mónica Quintana, fue colaboradora necesaria de la trama (ella había abierto, supuestamente, una cuenta en Luxemburgo, donde habrían de llegar las ganancias que correspondieran a la intermediación) y también está en prisión. Mónica iba a los mítines del PP, pero no era militante; se supo ayer.

Las fotos de ambos, demacrados y abatidos, ha añadido dramatismo al caso y les ha convertido en uno de los pocos símbolos que hasta ahora han tenido las suposiciones de corrupción política en las islas. Hasta ahora, sólo un director general de Deportes, un funcionario del Inem, cuando no estaba transferido, y un secretario de la Cámara autonómica habían sido llevados a prisión por actividades delictivas en el uso de sus puestos políticos en los años de autonomía.

Perdomo era ahora funcionario del Cabildo Insular que preside el mayor de los Soria; cuando se acabó el pacto Coalición Canaria-PP regresó a su puesto. "No podía ser de otro modo", dicen en el Cabildo. Mónica ya trabajaba allí, también era funcionaria. Cuando Celso fue detenido, estaba precisamente en su puesto de trabajo, en el departamento de Organización y Método. Es un hombre muy conocido en Las Palmas, con muchas conexiones, entre las que figuran de manera prominente las que ha mantenido con el entorno político y personal de José Manuel Soria. Sus estudios universitarios duraron muchos años, porque los alternó con un fuerte activismo sindical y político; a él se le atribuyen trabajos importantes para conseguir que llegaran a sus puestos los sucesivos rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su influencia era grande. Ahora no hemos encontrado a nadie, tampoco en su entorno político, que ponga las manos en el fuego por él. Soria, José Manuel, lo ha dejado explícito: "No pongo la mano en el fuego por nadie".

La trama no acaba en el entorno de Soria. Un alto funcionario de la Consejería de Industria, Honorato López Torres, que parece haber colmado hasta ahora las exigencias de sus jefes, es también sospechoso.

Antes, el viento ponía en peligro las plataneras de las islas; ahora, el negocio del viento ha venido a poner en peligro la credibilidad de los políticos.

Pero Adán Martín, presidente del Gobierno de Canarias, nos dijo que lo que sucede tiene una lectura "positiva". La policía ha funcionado, la justicia ha hecho su trabajo. "Si eso se hace así, la sociedad adquiere confianza". Lo que le importa ahora es que "no se condene a los funcionarios antes de tiempo". Le preocupa más el pleito insular ("la mochila que todos los canarios llevamos encima"), uno de los principales handicaps de la región, que "la supuesta corrupción" generalizada que se denuncia. Él no la advierte.

En parecidos términos nos habló José Manuel Soria. "Lo que hay que hacer es llegar al fondo de las investigaciones; por eso me ofrezco a ir a una comisión parlamentaria, y mientras tanto que investiguen los jueces". A él le parecen "peligrosas" las generalizaciones, así que no cree que de este caso se saque "la conclusión" de que en Canarias se vive "un clima de corrupción política". En el caso que tiene como responsable político a su hermano "nosotros somos los primeros interesados en investigar a tumba abierta".

Cuando Soria acusó a los socialistas de "empocilgar" la política canaria aireando este caso que a él le afecta como presidente de su partido, el socialista Juan Carlos Alemán le aconsejó que no se pusiera "nervioso" y piense que es un juez el que ha llevado adelante la investigación y las detenciones, y no los socialistas; a Soria (ni a nadie en las islas) le cabe duda de que este caso de corrupción política es el primer acto de una campaña electoral "a cara de perro" que va a tener enfrente a los dos partidos estatales, y que los socialistas van a tratar de sacar su tajada.

Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, canario, en quien muchos ven al candidato socialista a las elecciones de 2007, tiene esto que decir sobre "el clima" que ahora se advierte en las islas, y que hace meses él había identificado con "la corrupción", ante las protestas de los nacionalistas en el Gobierno canario: "La política tiene que ser ejemplarizante; no puede ser que la gente crea que lo normal sea lo inaceptable".

Ahora muchos lo ven a él como la fuerza que está detrás de la decisión de clarificar las sospechas que él mismo desató

Publicado en www.elpais.es  01.03.06

La edil popular de Telde ingresa en prisión tras declarar ante el juez  
 

La edil de Obras Públicas de Telde, Antonia Torres (PP), detenida el miércoles acusada de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y estafas, ha ingresado en prisión, mientras que su marido, Enrique Orts, interventor municipal, ha quedado en libertad tras pagar una fianza de 60.000 euros.

Tras declarar ante el titular del juzgado de instrucción de primera instancia de Telde, Javier García, el interventor del Ayuntamiento apuntó, dirigiéndose a los hijos que esperaban en las proximidades del Juzgado, que su madre es inocente y que pronto la verán. Orts ha agregado, en declaraciones a los periodistas, que éste es un caso "de política nada más" e insistió en que se trata de "un espectáculo en el que hay mucha política por medio". "Mi mujer es la cabeza visible del PP en Telde", apostilló.

Mientras Enrique Orts hacía declaraciones, su mujer salió de los juzgados en un furgón de la policía, entre los aplausos del centenar de familiares, amigos y curiosos que se habían concentrado en el lugar, desde donde ha sido trasladada a la capital grancanaria para ingresar en prisión.

El abogado de Antonia Torres y Enrique Orts, José Mario López,ha indicado que el fiscal pedía 100.000 euros de fianza para el marido, e insistió en que ambos son inocentes y que no tienen poder de decisión en el Ayuntamiento "ya que para tener autorización son precisas más firmas". López confía en que su defendida salga pronto de prisión y comentó que ella está contenta porque su marido ha quedado en libertad.

Antes del ingreso en la cárcel de Torres, quedaron en libertad con cargos los empresarios Felipe Ojeda y Antonio Nadal, mientras que mañana prestarán declaración en los juzgados de Telde el asesor de Antonia Torres, Francisco Gordillo, y el hijo de este.

Las detenciones, y posterior ingreso de la concejala en prisión, forman parte de la denominada Operación Faycan, con motivo de la cual los agentes judiciales han efectuado registros en el Ayuntamiento de Telde y en 14 domicilios, despachos municipales y particulares en los que ha requisado documentación y material informático. Las investigaciones sobre este caso se iniciaron en julio de 2005 después de que el representante legal de una empresa denunciase que la Concejalía le había exigido el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Posteriores pesquisas determinaron que varias empresas se favorecieron en la adjudicación de contratos de obras y suministro demateriales al consistorio.

Pero esta trama, antes de perjudicar al PP canario por la implicación de algunos de sus miembros, no hace más que demostrar "su enorme fortaleza", según su presidente José Manuel Soria, quien destaca el hecho de que el partido se haya enfrentado "directamente" a las tramas de corrupción. Soria, que se encuentra en Madrid en la Convención Nacional del PP, ha declarado que su partido ha sido el primero en querer saber la verdad de los hechos. "El PP de Canarias ha sido el primero en el Parlamento canario que ha pedido la investigación de aquellas situaciones que se han dado en ámbitos de responsabilidad del propio Partido Popular en el Gobierno autonómico".

Soria ha reiterado que en la actitud que ha tomado su formación hay "una diferencia grande" respecto a "situaciones similares" que se produjeron anteriormente en otros partidos, "a lo mejor hemos aprendido de errores ajenos". "Cuando hay una conducta que va en contra de los principios de rectitud y de transparencia hay que ir a fondo", ha declarado e presidente del PP canario. Además, ha calificado de "talante muy lejano" la actitud del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero respecto a la comunidad canaria al existir un "cúmulo de incumplimientos" por parte del Ejecutivo central respecto al archipiélago

Publicado en www.elpais.es  04.03.06

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