LA NOTICIA DEL DÍA (*)

El juez envía a prisión al ex director de Industria de Canarias y a su pareja por corrupción  

El juez Miguel Ángel Parramón, que investiga la trama eólica de Canarias, ha ordenado hoy el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, del ex director general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo (nombrado por el Partido Popular) y de su pareja Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo de Gran Canaria.

Perdomo ingresará en prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada, y Mónica Quintana por malversación de caudales públicos y cohecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Celso Perdomo y su pareja eran militantes del PP, según fuentes del partido, pero tras su detención fueron suspendidos de militancia de forma cautelar.

Otras cinco personas, en libertad con cargos

Los dos acusados recibieron la notificación en los juzgados después de pasar su segunda noche detenidos, y tras prestar declaración el domingo ante el juez. Éste ha dejado en libertad con cargos a otros cinco acusados por su presunta implicación en las irregularidades detectadas en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias.

Con fianzas de 100.000 a 150.000 euros salieron los empresarios Alfredo Briganti Arencibia y Enrique Guzmán; el directivo de La Caja de Canarias Jesús González; y el funcionario de la Dirección General de Industria Honorato López, mientras que el también empresario Wilebaldo Luis Yánez quedó en libertad con cargos, pero sin fianza.

Perdomo fue director general de Industria del Gobierno de Canarias entre 2003 y 2005 cuando era responsable de la Consejería del área Luis Soria, del PP, partido que gobernó en coalición con el ejecutivo de Coalición Canaria, que preside Adán Martín, hasta junio pasado. En ese momento ambas formaciones rompieron el pacto de gobierno.

La investigación judicial sobre la trama eólica de Canarias se inició después de que el empresario Alberto Santana denunciara a la Policía en marzo de 2005 que, desde la Consejería de Industria del Gobierno canario, se había filtrado información privilegiada del concurso mediante correos electrónicos a la empresa Siemanca, en la que Santana trabajaba como director comercial.

Publicado en El País.14.02.06

El juez prorroga hasta el miércoles el arresto del ex director de Industria canario por corrupción  

El juez Miguel Ángel Parramón, que investiga los delitos de corrupción en la trama eólica de Canarias, ha prorrogado hasta el miércoles la detención de los principales acusados, el ex director general de Industria del Gobierno regional Celso Perdomo y su pareja Mónica Quintana, por su presunta implicación en el escándalo de sobornos en el concurso de parques eólicos. Ese día tomará previsiblemente una decisión. El fiscal pidió anoche el ingreso de Perdomo en prisión.

A Perdomo se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencia, malversación de caudales públicos y difusión de información privilegiada. Su novia, funcionaria del cabildo de Gran Canaria, es acusada de malversación y cohecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Ambos son los únicos de los siete detenidos en la operación Eolo que permanecen arrestados, ya que el juez decidió el domingo dejar en libertad con cargos a otros cinco imputados acusados de cohecho.

Con fianzas de 100.000 a 150.000 euros salieron los empresarios Alfredo Briganti Arencibia y Enrique Guzmán, el directivo de La Caja de Canarias Jesús González y el funcionario de la Dirección General de Industria Honorato López, mientras que el también empresario Wilebaldo Luis Yánez quedó en libertad con cargos, pero sin fianza. Los siete implicados están acusados de la comisión de diversas irregularidades en la convocatoria de un concurso público de energía eólica en Canarias.

Traslado a los juzgados

Aunque en un principio estaba previsto que se resolviera este mediodía la situación procesal de Perdomo y de su pareja, después de la petición de prisión formulada contra ellos por el fiscal anticorrupción, Luis del Río, el juez no ha tomado medida alguna y la ha pospuesto. A lo largo de la mañana Perdomo y Quintana fueron trasladados a los juzgados desde dependencias policiales.

La funcionaria del Cabildo de Gran Canaria, que tras declarar la pasada medianoche tuvo que ser trasladada a un médico de guardia al sufrir un mareo, fue conducida al juzgado y entró con el rostro descubierto, pero con gesto de cansancio. Casi dos horas después, Mónica Quintana fue devuelta a los calabozos. Los abogados de ambos imputados, Isidro Curbelo y Mariano Mesa, han manifestado que la prórroga de las detenciones obedece a que todavía se están llevando a cabo diligencias judiciales, y han rehusado hablar más sobre la situación de sus clientes.

El principal imputado, Celso Perdomo, fue director general de Industria del Gobierno de Canarias entre el 2003 y el 2005 cuando era responsable de la Consejería del área Luis Soria, del PP, partido que gobernó en coalición con el ejecutivo de Coalición Canaria, que preside Adán Martín, hasta junio del año pasado. El caso se inició después de que el empresario Alberto Santana denunciara a la Policía en marzo del 2005 que desde la Consejería de Industria se había filtrado información privilegiada del concurso mediante correos electrónicos a la empresa Siemanca, en la que el denunciante trabajaba como director comercial.

Publicado en El País.13.02.06

Siete detenidos por supuesta corrupción en el concurso canario de parques eólicos  

La policía detuvo ayer en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid a siete personas en relación con la supuesta trama vinculada con la Consejería de Industria del Gobierno canario en 2004, entonces dirigida por el consejero Luis Soria (PP), para amañar un concurso de parques eólicos. Entre los arrestados figuran el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, del PP, supuesto autor de la filtración de información privilegiada, dos funcionarios, tres empresarios, madrileños y canarios, y el directivo de un banco.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Las Palmas de Gran Canaria y Madrid al anterior director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, y a otras seis personas más por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, quien instruye el conocido como caso eólico, una supuesta filtración de información privilegiada en 2004, meses antes de que se convocara un concurso para la instalación en las islas de aerogeneradores que produjeran 344 megavatios de energía eléctrica. La operación policial, bautizada como Eolo, incluyó 13 registros en las dos capitales, entre ellos algunos despachos oficiales en el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Gran Canaria.

Cuando el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, expulsó a los populares del Ejecutivo (rompiendo 10 años de pacto entra nacionalistas y populares) el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, José Manuel Soria (también presidente de los populares en las islas y hermano del ex consejero de Industria), rescató a Perdomo como responsable informático de esta corporación, donde ayer fue detenido, al tiempo que los agentes se incautaron material informático y documentación.

Junto al ex alto cargo del PP, los detenidos son Mónica Quintana Pérez, actual pareja de Perdomo y funcionaria de Educación del Cabildo Insular de Gran Canaria (gobernado por el también presidente del PP canario, José Manuel Soria), y el alto funcionario Honorato López Torres (actual jefe de Área de la Dirección general de Industria en el Gobierno de Canarias, con una carrera intachable en la función pública).

Los tres empresarios también detenidos ayer son Wilebaldo Luis Yanes, titular entre él y sus hijos de una red de empresas y sociedades radicadas en Las Palmas, que recibió los correos electrónicos enviados por el ex alto cargo de Industria Enrique Guzmán López y Alfredo Briganti Arencibia -amigo personal de Perdomo-, estos dos últimos empresarios con domicilio en Madrid. Briganti Arencibia era el secretario del consejo de administración de la empresa Promotora de Recursos Eólicos, creada con apenas 3.000 euros, sin experiencia en el sector de la energía eólica.

El séptimo detenido fue Jesús González Martín, jefe de Tesorería de la Caja Insular de Ahorros de Canarias en la sede de la comercial calle Triana de Las Palmas de Gran Canaria. González Martín y Briganti, supuestamente, serían cauce de más poderosos inversores.

La policía intervino ayer abundante información a los detenidos, a los que requisó sus ordenadores. La evaluación de esta información llevará semanas. Hasta el momento, buena parte de los elementos indiciarios parten de las escuchas practicadas a los miembros de esta supuesta trama. Los detenidos se encontraban hasta ayer por la tarde en la comisaría central de Las Palmas de Gran Canaria. El Partido Socialista Canario ha anunciado que se personará en la causa "para tener conocimiento directo del proceso", confirmó su secretario general, Juan Carlos Alemán.

El conocido como caso eólico se destapa a partir de una denuncia efectuada a finales de 2004 por el responsable comercial de la empresa Siemenca (propiedad de Wilebaldo Luis Yanes), tras ser despedido. Alberto Santana presentó un informe ante la Fiscalía Anticorrupción, donde advertía de que desde la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, entonces gobernada por Luis Soria (hermano del presidente del PP, José Manuel Soria), se enviaron correos electrónicos con información privilegiada a distintos empresarios con varios meses de antelación a la convocatoria de un concurso público para instalar parques de molinos de viento. Uno de los correos reflejaba, según el denunciante, el reparto de comisiones millonarias (30 millones de euros de los que 12 serían para los políticos). La investigación efectuada por el titular del Juzgado número 7 de Las Palmas incluyó varias escuchas telefónicas. A partir de éstas, el caso eólico derivó en otro paralelo, ya que uno de los investigados, el empresario Wilebaldo Luis Yanes, fue el mediador entre un familiar de un acusado de narcotráfico y el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín, que fue suspendido de sus funciones por el Consejo del Poder Judicial.

Publicado en El País.10.02.06

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