www.losgenoveses.net : La noticia del día : 05.02.06

LA NOTICIA DEL DÍA (*)

Cinco personajes para un caso

Julio Iglesias ganó el festival de Benidorm en 1968 e inició una meteórica carrera hasta convertirse en ídolo mundial, gallego y español, pero con residencia en Miami (Estados Unidos). Siempre conservó simpatía hacia la cuna de su carrera. Julio Iglesias participa como consejero en varias sociedades controladas por los hermanos Enrique y Andrés Ballester, promotores de Altea Hills o propietarios de Edificaciones Calpe. Y no dudó en ofrecer su imagen para vestir el apoteósico mitin electoral que acogió el estadio de Mestalla en marzo de 1993 en pleno ascenso de José María Aznar hacia su primera jefatura de Gobierno.

Años más tarde, Julio Iglesias ofreció un concierto un poco apagado en Valencia pero aprovechó la ocasión para visitar a su amigo Eduardo Zaplana, que también saltó a la fama desde Benidorm, y tenderse cómodamente en el sofá de cuero del despacho del entonces presidente de la Generalitat. Entre chanzas y bromas descubrieron cómo las agendas de ambos coincidían en Moscú un año después. Uno iba a cantar. Otro encabezaba una misión comercial organizada por el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex).

Luis F. Esteban, secretario del cantante, no dejó pasar la ocasión: "¿Qué tal una misión conjunta?" "Es un águila", comentaba entonces Juan F. García, jefe de gabinete del entonces presidente.

Unos días después, Esteban reclamaba la atención de José María Tabares, director del Ivex, y José Manuel Uncio, director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), para acordar los pormenores del acuerdo de colaboración.

Tabares acababa de estrenarse en el cargo. Joan Mir, director de Promociones de la Comunidad Valenciana (Procova), era uno de los pocos altos cargos nombrados por los socialistas que había conservado su puesto. Diego Such, entonces consejero de Industria, había rebautizado el departamento pero había solicitado a Mir que siguiera en la dirección. Dos años más tarde, Mir dejó el instituto. Corrió el escalafón y Tabares, un abogado experto en comercio internacional y dirección de empresas que era plantilla de Procova desde su fundación en 1989, se puso al frente del instituto.

Peinar los detalles del acuerdo resultó una ardua tarea. Tabares aprovechó visitas institucionales de la Generalitat Valenciana a Nicaragua o Colombia para hacer escala en Miami y revisar los previos del acuerdo.

José Marquina, entonces responsable de la Cámara de Comercio de España y delegado del Ivex en Miami, conducía a Tabares sobre la compleja trama urbana y jurídica de la ciudad estadounidense.

Julio Iglesias y José María Tabares firmaron el contrato oficial el 29 de diciembre de 1997. Los anexos, los documentos que nunca se sometieron al escrutinio de la oposición o la ciudadanía, se firmaron el mismo día.

Tabares apenas sufrió la polémica política que afrontaron de buena gana el consejero Diego Such, gran defensor del acuerdo, y el propio Zaplana. Y dejó el cargo en julio de 1999, lo mismo que Diego Such, al término de la legislatura.

Apenas cuatro meses de dejar el cargo, Tabares recuperó un inesperado protagonismo cuando su sucesora al frente del Ivex, Carmen de Miguel, formuló una denuncia por quebranto relacionada con una complicada trama relacionada con la generación de derechos de exportación de vehículos Ford a Túnez a cambio de compras a una serie de empresas tunecinas, todas ellas relacionadas con el mismo empresario, que resultaron ser ficticias. Tabares fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia el pasado 23 de marzo a cinco años de prisión y a devolver 10,5 millones de euros al Ivex y a los bancos perjudicados por la pelota de letras que soportaba unos ingresos que nunca pudieron realizarse. Y ahora vuelve a cobrar protagonismo tras prestar declaración en Sevilla en torno a los pormenores del contrato que firmó con Julio Iglesias.

Y vuelve también José Marquina, el responsable de la oficina del Ivex en Miami que ejerció como cicerone de Tabares. Marquina mantuvo la representación del Ivex hasta diciembre de 2004. Según su relato, el último día de aquel año, un agente que actuaba en nombre del Ivex le comunicó su despido.

Marquina viajó a Estados Unidos como becario de la Cámara de Comercio de Castellón a principios de los años ochenta, cuando Carlos Fabra, actual presidente de la Diputación de Castellón, asentaba sus reales en la institución cameral.

Marquina denunció al Ivex en Florida por algo parecido a despido improcedente, pero luego descargó veneno. En una entrevista concedida a Levante-EMV, aseguró haber inflado y multiplicado facturas para satisfacer pagos a empresas vinculadas con Julio Iglesias en varios paraísos fiscales de orden de sus superiores jerárquicos.

El juez que llamó a declarar a Tabares llamó también a Marquina, que acudió, pero no pudo esgrimir una prueba que integre a todos los personajes en una trama sólida.

'Caso Ivex', entre el escándalo político y el delito

La querella contra el Ivex por supuestas irregularidades en los pagos del contrato con Julio Iglesias se desinfla. La aparición en escena de un resentido José Marquina, ex director de la oficina del Ivex en Miami, destronado por el Gobierno de Camps, dispuesto a desvelar un entramado de grandes proporciones ha quedado en mucho menos. Confesó al juez que falsificó una factura, que dice no tener, por orden de un responsable del Ivex. No hay pruebas de ello. El contrato con Iglesias es legal. La Agencia Tributaria dice que no hay delito fiscal. La factura podría probar un delito de falsificación que ya estaría prescrito y que sólo implicaría, según fuentes de la Fiscalía, al propio Marquina

Un papel, una factura que fuentes próximas al caso dicen haber visto, pero que José Marquina, ex delegado del Ivex en Miami niega que exista, determinará si se llegó a producir un posible delito de falsificación documental, malversación de fondos y delito fiscal del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) en el cumplimiento del contrato con el cantante Julio Iglesias, que investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia. Fuentes de la Fiscalía y de la acusación particular, que ejercen ocho diputados socialistas, coinciden en señalar que sin esa factura será muy difícil probar la comisión de ese supuesto delito. Pero aunque se probara la existencia de tal, éste habría prescrito. La victoria para los demandantes sólo tendría repercusiones políticas, que no es poca cosa en un proceso marcado por los vaivenes políticos.

La factura en cuestión corresponde al pago a Julio Iglesias del concierto que el 23 de abril de 1998 ofreció en Orlando (EE UU) al amparo de un contrato firmado en diciembre de 1997 y cuyo contenido real ocultó el PP a las Cortes Valencianas, cuyos miembros sólo conocieron una parte, la que fijaba el pago en 2.253.795 euros, pero no los anexos que incluían abonos hasta 3.696.224 euros por los servicios de representación de la Comunidad Valenciana en distintos eventos cuyos costes de organización corrían a cargo del Ivex.

El importe de la factura ascendía a 325.000 dólares, desglosado en tres conceptos: apertura de oficina en Miami; acto del presidente del puerto de Valencia en Orlando; y concierto de Julio Iglesias. Marquina ha dicho que este recibo es falso y que está hinchado en más de dos veces el coste real de la actuación. Lo aseguró en unas declaraciones al periódico Levante-EMV, insinuando que la falsificación de facturas era una práctica habitual cuyas pruebas aportaría a quien necesitara comprobarlo.

El juez del caso Ivex reclamó esas pruebas, y Marquina se presentó ante el magistrado con un maletín que hacía presagiar una cuantiosa aportación de documentos. No fue exactamente así. De hecho, Marquina rebajó la intensidad de sus declaraciones periodísticas. Y, sobre todo, dijo que la factura en cuestión, la única que serviría para probar la falsificación, el pago por unos servicios que en realidad no se prestaron, no la tenía. Otras fuentes, sin embargo, han asegurado a este periódico que la factura existe y que la han visto. El Ivex niega tener conocimiento alguno de la misma.

La factura, según dijo Marquina, tuvo que realizarse para evitar un problema con Julio Iglesias. El cantante debía actuar en Miami y se negó si no le pagaban la actuación previa en Orlando. El dinero no llegó a tiempo porque el Instituto no comunicó a tiempo el envío al Banco de España. Según Marquina, Faustino Salcedo, responsable del área internacional del Ivex, le ordenó que girara una factura por el mismo importe y que justificara los pagos como servicios prestados por él mismo usando su propia mercantil, Strategies & Solutions. La envió, cobró y pagó a Iglesias a través de las empresas del cantante en Bahamas.

El Ivex, según fuentes próximas a la acusación particular, nunca ha pagado en paraísos fiscales. Lo hacía a través de las mercantiles que constituían sus delegados en el exterior. No hay en sus pagos delito fiscal. Lo ha constatado la agencia tributaria. El contrato con Iglesias es legal, anexos incluidos. La diferencia de costes entre eventos casi idénticos obedece a razones que discurren entre las necesidades de infraestructura y los precios de mercado, discutible pero también imputable a la práctica de actuación con cadenas de subcontratación. ¿Dónde estaría el delito? En la falsificación de facturas. Pero sin la factura, no hay prueba. Marquina acusa. Es su palabra contra la de Salcedo o la de José María Tabares, quien fuera director general del Ivex e imputado en la causa. Si la factura apareciera, la falsificación habría prescrito, pero quedaría un escándalo político que salpicaría al Consell y al PP.

El futuro del 'caso Ivex' depende de la existencia de una factura

El 'caso Ivex', un proceso judicial que investiga un posible delito de falsificación documental, malversación de fondos y delito fiscal del Instituto Valenciano de la Exportación, corre el riesgo de quedar en nada si no aparece una factura de 325.000 dólares, correspondiente al pago al cantante Julio Iglesias de un concierto en Orlando. José Marquina, ex delegado del Ivex en Miami, declaró que tenía el documento en cuestión; pero ante el juez negó disponer del mismo.

La existencia de la factura es clave para conocer si existió el delito, aunque no tanto para que se produzca un fallo judicial favorable a los intereses de la fiscalía y de la acusación particular ejercida por ocho diputados socialistas en las Cortes Valencianas. La Agencia Tributaria ha confirmado que no existe delito fiscal, porque el contrato con Julio Iglesias es legal. Sólo la aparición de la factura por el concierto de Julio Iglesias podría demostrar que existió un delito de falsificación de documentos, pero fuentes cercanas al caso opinan que no tendría repercusión penal alguna toda vez que el presunto delito habría prescrito.

Si el juez decidiera archivar el caso ante la ausencia de pruebas, el Consell y el PP se quitarían una pesada losa de encima, a pesar de que ocultaron información del contrato con Julio Iglesias a las Cortes Valencianas. En su día, Eduardo Zaplana afirmó ante el parlamento autonómico que el contrato con el cantante ascendía a 375 millones de euros; luego se demostró que el Ivex había llegado a pagar 990. En este contexto la figura de José Marquina, ex delegado del instituto en Miami, aparece como un elemento clave para entender lo ocurrido. Pero Marquina ha embrollado aún más el asunto. En unas declaraciones periodísticas, insinuó que la falsificación de facturas era una práctica habitual cuyas pruebas aportaría. Posteriormente, ante el juez, negó tener la factura del concierto de Orlando, pese a que fuentes próximas al PSPV dicen haberla visto en manos de Marquina. El caso Ivex depende de un papel

Publicado en El País.05.02.06

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