LA NOTICIA DEL DÍA (*)
El abogado propuesto por el PP para dirigir Hacienda en Marbella representa a un imputado
Salvador Guerrero, el abogado propuesto por el PP para gestionar el área de Hacienda en la comisión que dirigirá Marbella hasta las próximas elecciones municipales, es el defensor de uno de los imputados en la trama de corrupción destapada en la ciudad. Según informa la cadena SER, Guerrero representa a José Jaén, ex concejal de Cultura de la localidad, imputado en la trama descubierta el pasado mes por la Operación Malaya. Guerrero ha afirmado que dejará su nuevo cargo si existe incompatibilidad con esta actividad como letrado.
Guerrero ha reconocido que no ha "buscado este puesto", sino que le "han buscado" a él y lo ha aceptado. Por esta razón ha asegurado que no piensa "cambiar de amistades, de forma de vida, de clientes ni de despacho". "Si es tan incompatible que tengo que dejar algo, dejaré esto", en alusión a la gestora.
Según ha reconocido él mismo, Guerrero también asumió la defensa del secretario del Ayuntamiento del Marbella, detenido en relación con la trama urbanística de esta localidad malagueña. Hoy debe reunirse la gestora de Marbella para elegir a su presidente, cargo para el que el PSOE ha propuesto al abogado Diego Martín. El PP se ha desmarcado del consenso entre socialistas, IU y Partido Andalucista, y ha anunciado que se abstendrá en la votación.
El Partido Popular ha salido hoy en defensa del abogado que ha elegido pra dirigir el área de Hacienda, señalando su "prestigio totalmente reconocido". Por esta razón, Ángeles Muñoz, dirigente local del PP en Marbella,no cree que haya inguna incompatibilidad pues el despacho de Guerrero "tiene 20 o 25 abogados trabajando y, a partir de ahí, los abogados se suelen dedicar a representar a personas para defenderlas".
José Jaén, concejal de Cultura en el equipo de gobierno presidido por Marisol Yagüe, quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros imputado por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Abstención del PP
En cuanto al futuro presidente de la gestora que regirá el Ayuntamiento de Marbella, los dirigentes provinciales del PSOE, IU y PA han pedido sin éxito al PP que reconsidere su postura de abstenerse en la votación y que apoye al candidato a ese puesto, Diego Martín, propuesto por los socialistas. Los responsables de estas tres fuerzas políticas han confirmado que los vocales propuestos por estos partidos respaldarán a Martín para presidir este órgano, de forma que previsiblemente saldrá elegido por los votos de 10 de los 16 vocales y tres de las cuatro formaciones políticas que propusieron a los integrantes de la gestora. Si el PP cambia su postura, Martín podría ser elegido mañana mismo.
El PSOE vincula al PP de Madrid con la trama de Marbella
La portavoz adjunta del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, denunció ayer supuestas vinculaciones entre el PP de Madrid y la trama de corrupción de Marbella. Porta aseguró que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre (PP) lleva tres años sin ejecutar la orden de derribo que pesa sobre un tentadero construido sin autorización en una finca de Robledo de Chavela, que pertenece a uno de los empresarios detenidos en la trama.
El anterior presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), impuso una multa de 6.000 euros en 2003 a los propietarios de la finca por la construcción del coso ilegal y la obligación de restituir la finca a su estado original. Según los socialistas, el Gobierno de Esperanza Aguirre no ha ejecutado la orden. Porta reclamó ayer a Aguirre que explique "de forma inmediata, clara y creíble" las razones.
También acusó al PP de Madrid de haber organizado varias capeas en el recinto taurino. Según Porta, es la misma finca en la que la policía se incautó de dinero, ordenadores y documentación relacionada con los casos de corrupción de Marbella.
Un portavoz de la Comunidad explicó que la Administración competente para demoler una obra ilegal es el Ayuntamiento. Sólo en el caso de que no lo haga, la obligación pasa a la Comunidad. Según estas fuentes, los propietarios de la finca trataron de legalizar la situación del tentadero, por lo que el Ayuntamiento abrió un procedimiento urbanístico que aún está abierto. La Comunidad niega trato de favor y asegura que ha multado en seis sanciones a los propietarios en esta legislatura.
La finca lleva el nombre de El Pajar Blanco y tiene una extensión de 300 hectáreas, que albergan una yeguada con 30 caballos y una ganadería con 100 toros de lidia. La casa dispone de una bodega de 800 metros cuadrados, con salón, capilla y un escenario. Según la cadena SER, el PP ha celebrado en la finca al menos dos capeas. Una en marzo de 2004 y otra en abril de 2003, organizada por el Ayuntamiento de Moralzarzal.
Libertad para un testaferro
Por otro lado, el último detenido en la Operación Malaya, que quedó el martes en libertad, es el empresario madrileño Julio Blasco-Bazo Garrido, administrador de la empresa Compañía Inmobiliaria Masdevallia, y presunto testaferro del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca. Blasco-Bazo está imputado por blanqueo de capitales.
Blasco-Bazo es además propietario del 5% de la mercantil One Properties, una de las empresas intervenidas en la operación. Esta compañía vendía los pisos de Nueva Ribera Beach, una urbanización del municipio murciano de Los Alcázares. Desde el inicio de la Operación Malaya, la compañía Masdevallia ha protagonizado numerosos cambios. El pasado 31 de marzo, la empresa protagonizó una ampliación de capital de 302.004 euros, para tres días después reducirlo a 299.004 euros.
Publicado en www.elpais.es 20.04.06
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