LA NOTICIA DEL DÍA (*)
El fiscal del Tribunal de Cuentas pide que Anticorrupción vuelva a investigar a Zaplana (2)
La propuesta, sobre la que el tribunal tendrá que pronunciarse, se justificó porque la Fiscalía Anticorrupción no dispuso en su día de todos los papeles, debido a que no se los envió el Ministerio de Trabajo, dirigido entonces por Eduardo Zaplana, aunque tampoco el acusador público formuló nuevas solicitudes tras la inicial. Pero la fiscalización definitiva de las campañas publicitarias en la etapa de Zaplana aprobada el 16 de marzo -que no incorpora estas conclusiones del fiscal- ha revelado documentos que la Fiscalía no tuvo cuando el 15 de septiembre de 2004, con Gobierno socialista, archivó las diligencias tras la denuncia de IU en la que acusaba a Zaplana de supuesta prevaricación y tráfico de influencias. El fiscal plantea el envío de los papeles para que Anticorrupción, a la vista de ellos, reconsidere el archivo.
La adjudicación a dedo de la campaña a Carat -firma que dirigía el ex portavoz del Gobierno de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez- fue un escándalo nacional. Por importe de 7,2 millones, se tramitó en siete días, y se justificó por «imperiosa urgencia». La auditoría señala que ni debió darse a dedo (el 14 de enero de 2003) ni era necesaria, ya que antes se había contratado también la notificación individual a los pensionistas, que es lo único a lo que obliga la ley desde 1997.La difusión (televisión, radio, prensa, vallas, carteles y folletos) fue del 15 de enero al 11 de febrero de 2003, en la antesala de los comicios de mayo de 2003. El Tribunal de Cuentas constata que la campaña, más que informar a los jubilados, buscó el autobombo. Un estudio «post test» de la adjudicataria desveló los mensajes que quisieron trasmitirse: la contraposición del «miedo (gestión del PSOE) a la seguridad (gestión del PP)». El informe refleja que, según se desprende del escrito de alegaciones del director del INSS -órgano que contrató por orden del entonces secretario de Estado de la Seguridad Social y actual conseller de Economía, Gerardo Camps- y de la resolución de archivo del Fiscal Anticorrupción, la fiscalía «no dispuso, por no haberle sido enviada en su momento por el INSS, para su investigación, de la totalidad de la documentación integrante del expediente de contratación y de su posterior ejecución». El responsable del INSS argumentó que el fiscal no le hizo ninguna petición adicional de documentos tras los que le envió el 5 de marzo de 2003. El estudio «post test», uno de los papeles que el Ministerio público no conoció, se elaboró en abril de 2003.
Otros documentos tampoco se enviaron. En concreto, algunos relativos a los antecedentes de la contratación sobre la planificación publicitaria del INSS en 2003 y otro que desmontaba el argumento de la imprevisibilidad: la contratación previa de las notificaciones individuales a los pensionistas. También papeles sobre la modificación del contrato y la ejecución del mismo (incluyendo facturas, documentos contables y los medios publicitarios efectivamente utilizados) y el certificado del INSS de conformidad con la ejecución del contrato, incluyendo expresamente la realización del estudio «post test». Ante estos hechos, expuestos en el informe preliminar de fiscalización, el fiscal pidió al organismo que se remita a Anticorrupción esta documentación que no dispuso cuando archivó las diligencias para que «a la vista de lo actuado por ella y el complemento de estos documentos reconsidere si fuera procedente la postura inicialmente acordada».
El director del INSS alegó que lo imprevisible fue la orden de G. Camps
El entonces director del INSS, Rafael Mateos, hace una sorprendente afirmación en sus alegaciones al informe preliminar del Tribunal de Cuentas : «El acontecimiento imprevisible que motivó la imperiosa urgencia para contratar no fue el desconocimiento de la evolución del IPC, sino la decisión del Secretario de Estado de la Seguridad Social -el conseller de Economía, Gerardo Camps- de llevar a cabo la campaña de publicidad».
En una nota a pie de página en la auditoría, esgrime que la decisión de Gerardo Camps de ejecutar esta campaña «justifica incuestionablemente que su contratación me resultara imprevisible y no imputable a mi cargo». Añade que, cuando en diciembre de 2002 el INSS remitió el Plan de Publicidad para 2003, esta campaña no figuraba, lo que acredita que el 8 de noviembre, al contratarse las notificaciones individuales a los jubilados, «me fuera imposible conocer la intención del máximo responsable de la Seguridad Social de determinar posteriormente su ejecución».
La misma campaña pero en 2004, como publicó ayer Levante-EMV, fue suspendida por la Junta Electoral al invadir parte del periodo electoral del 14-M, lo que obligó a indemnizar a la adjudicataria. El tribunal ha decidido remitir los hechos a la Sala de Enjuiciamiento y recomienda la regulación de un nuevo delito electoral por desobediencia a las juntas electorales.
Publicado en www.levante-emv.com 09 .04.06
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