LA NOTICIA DEL DÍA (*)

La marbellización de la Comunidad Valenciana

El Partido Popular de Valencia tiene cada vez más cuentas pendientes con la Justicia. Diez alcaldes del PP de esa Comunidad están siendo investigados por delitos como malversación de fondos, adjudicaciones irregulares, pagos de facturas falsas o tráfico de influencias, y algunos ya han sido imputados. Esos casos se suman a los ya conocidos del Caso Fabra, o del IVEX, en la Comunidad que presidió Eduardo Zaplana hasta 2002. Los socialistas exigen que la Generalitat tome medidas.

Los socialistas piden al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (en la foto), que actúe ante los numerosos casos de corrupción que afectan al Partido Popular. La secretaria de Política Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, cree que “el PP no puede seguir intentando esconder las pequeñas Marbellas que hay en la Comunidad”. 

Caso Fabra, desde 2003

El
Caso Fabra tal vez sea el más conocido por su dimensión y por los nombres de las personas implicadas. El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tiene abiertos varios procesos penales por delitos de cohecho, de tráfico de influencias, y ha sido denunciado por un presunto delito fiscal. Todo empezó cuando un empresario, Vicente Vilar, se querelló contra él por querer cobrar dinero para conseguir que el ministerio de Agricultura aprobara un producto fitosanitario. Tendrán que declarar en este asunto cuatro ex ministros de Aznar, y su secretario de Comunicación, además de otros cargos de la administración central, un conseller del Gobierno valenciano y un senador del PP. El juez anticorrupción investiga, además, la posible relación entre el caso Fabra y el Vicesecretario General del PP, Ricardo Costa, que es propietario de la consultora jurídica CAS-Legalis por estar presuntamente al corriente de la operación.

Orihuela, investigada

Tanto el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, como cinco concejales, todos del PP están siendo investigados por presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias. Esta supuesta corrupción se refiere a 30 actuaciones municipales y afecta también a varios promotores y empresas adjudicatarias.

También aquí empezó todo con unas denuncias, en este caso de un funcionario y un particular. Las denuncias son por pagos de facturas falsas, sobrecoste no justificado de unas obras, falta de presentación de facturas, y cobro de comisiones, entre otras.

Julio Iglesias y el IVEX

Un contrato del IVEX (Instituto Valenciano de Exportación) con el cantante Julio Iglesias está siendo investigado. La Agencia Tributaria condenó al IVEX por aplicar de forma incorrecta deducciones fiscales. Y, según ha sido denunciado, el IVEX emitió facturas falsas para pagar al cantante y eximirle de impuestos.

¿Dónde están los colegios?

CIEGSA es una empresa pública creada por el PP, concretamente por Eduardo Zaplana, en el 2000. Su objetivo, el de crear colegios e institutos educativos, no ha sido cumplido y, según han denunciado los socialistas, la empresa ha servido de pantalla para ocultar innumerables irregularidades, como por ejemplo, la poca transparencia en la contratación. Tiene una deuda de 2.000 millones de euros.

Irregularidades de Zaplana

Eduardo Zaplana, que fue presidente de la Comunidad Valenciana desde 1995 hasta 2002, también tiene algún problema con la Justicia. Cuando fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con el Gobierno Aznar, utilizó dos aviones privados con la empresa Gestair S.A., que nunca llegó a cobrar el servicio. El pasado noviembre, Zaplana también estuvo en el centro de la polémica, al utilizar otro avión privado de la empresa Helisureste, que el Gobierno valenciano utiliza para servicios de extinción de incendios y otras urgencias, para asistir a una boda privada.

Zaplana también está siendo investigado por las campañas de publicidad e imagen contratadas cuando era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, por un posible “uso partidista de la publicidad” y de la imagen del Ministerio, porque, según el informe de la fiscalía, las campañas estaban orientadas para beneficiar al PP.

Alcaldes del PP

En Valencia una veintena de municipios gobernados por el Partido Popular están implicados con diversas irregularidades. El acalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, junto con dos concejales, está imputado por un supuesto desfalco de seis millones de euros en la empresa Mercalicante. Y en Torrevieja, el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias en la recalificación de una finca rústica en suelo urbanizable.

Otros alcaldes populares están siendo investigados por presuntos delitos de pago de facturas falsas, adjudicaciones irregulares o delitos contra el medio ambiente. Son los alcaldes de Rotgla-Corberá, Vallés, Castalla, Granja de Rocamora, Hondón de los Frailes, Santa Pola y Algorfa.

El peluquero de Aznar

El ex peluquero de José María Aznar, Pedro Romero, está siendo investigado porque es propietario de una empresa que ganó en 2001 un concurso convocado por la Generalitat Valenciana, por el que se le adjudicó un solar colindante con Terra Mítica, para construir y gestionar un complejo hotelero de lujo. La empresa, Royal Mediterránea, fue constituida dos meses antes la publicación del concurso y se comprometió al pago de un canon anual cuya cuantía no ha sido precisada.

Publicado en  www.elplural.com 05 .04.06

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