La marbellización de la Comunidad Valenciana
El Partido Popular de Valencia tiene cada vez más cuentas pendientes con la Justicia. Diez alcaldes del PP de esa Comunidad están siendo investigados por delitos como malversación de fondos, adjudicaciones irregulares, pagos de facturas falsas o tráfico de influencias, y algunos ya han sido imputados. Esos casos se suman a los ya conocidos del Caso Fabra, o del IVEX, en la Comunidad que presidió Eduardo Zaplana hasta 2002. Los socialistas exigen que la Generalitat tome medidas.
Los socialistas piden al presidente de la Comunidad
Valenciana, Francisco Camps (en la foto), que actúe
ante los numerosos casos de corrupción que afectan
al Partido Popular. La secretaria de Política
Económica y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero,
cree que “el PP no puede seguir intentando esconder
las pequeñas Marbellas que hay en la Comunidad”.
Caso Fabra,
desde 2003
El Caso
Fabra tal vez sea
el más conocido por su dimensión y por los nombres
de las personas implicadas. El presidente de la
Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tiene
abiertos varios procesos penales por delitos de
cohecho, de tráfico de influencias, y ha sido
denunciado por un presunto delito fiscal. Todo
empezó cuando un empresario, Vicente Vilar, se
querelló contra él por querer cobrar dinero para
conseguir que el ministerio de Agricultura aprobara
un producto fitosanitario. Tendrán que declarar en
este asunto cuatro ex ministros de Aznar, y su
secretario de Comunicación, además de otros cargos
de la administración central, un conseller del
Gobierno valenciano y un senador del PP. El juez
anticorrupción investiga, además, la posible
relación entre el caso Fabra y el Vicesecretario
General del PP, Ricardo Costa, que es propietario de
la consultora jurídica CAS-Legalis por estar
presuntamente al corriente de la operación.
Orihuela, investigada
Tanto el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina,
como cinco concejales, todos del PP están siendo
investigados por presuntos delitos de malversación,
prevaricación, falsedad y tráfico de influencias.
Esta supuesta corrupción se refiere a 30 actuaciones
municipales y afecta también a varios promotores y
empresas adjudicatarias.
También aquí empezó todo con unas denuncias, en este
caso de un funcionario y un particular. Las
denuncias son por pagos de facturas falsas,
sobrecoste no justificado de unas obras, falta de
presentación de facturas, y cobro de comisiones,
entre otras.
Julio Iglesias y el IVEX
Un contrato del IVEX (Instituto Valenciano de
Exportación) con el cantante Julio Iglesias está
siendo investigado. La Agencia Tributaria condenó al
IVEX por aplicar de forma incorrecta deducciones
fiscales. Y, según ha sido denunciado, el IVEX
emitió facturas falsas para pagar al cantante y
eximirle de impuestos.
¿Dónde están los colegios?
CIEGSA es una empresa pública creada por el PP,
concretamente por Eduardo Zaplana, en el 2000. Su
objetivo, el de crear colegios e institutos
educativos, no ha sido cumplido y, según han
denunciado los socialistas, la empresa ha servido de
pantalla para ocultar innumerables irregularidades,
como por ejemplo, la poca transparencia en la
contratación. Tiene una deuda de 2.000 millones de
euros.
Irregularidades
de Zaplana
Eduardo Zaplana, que fue presidente de la Comunidad
Valenciana desde 1995 hasta 2002, también tiene
algún problema con la Justicia. Cuando fue ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, con el Gobierno
Aznar, utilizó dos aviones privados con la empresa
Gestair S.A., que nunca llegó a cobrar el servicio.
El pasado noviembre, Zaplana también estuvo en el
centro de la polémica, al utilizar otro avión
privado de la empresa Helisureste, que el Gobierno
valenciano utiliza para servicios de extinción de
incendios y otras urgencias, para asistir a una boda
privada.
Zaplana también está siendo investigado por las
campañas de publicidad e imagen contratadas cuando
era ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, por un
posible “uso partidista de la publicidad” y de la
imagen del Ministerio, porque, según el informe de
la fiscalía, las campañas estaban orientadas para
beneficiar al PP.
Alcaldes del PP
En Valencia una veintena de municipios
gobernados por el Partido Popular están implicados
con diversas irregularidades. El acalde de Alicante,
Luis Díaz Alperi, junto con dos concejales, está
imputado por un supuesto desfalco de seis millones
de euros en la empresa Mercalicante. Y en
Torrevieja, el alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo,
está imputado por un supuesto delito de tráfico de
influencias en la recalificación de una finca
rústica en suelo urbanizable.
Otros alcaldes populares están siendo
investigados por presuntos delitos de pago de
facturas falsas, adjudicaciones irregulares o
delitos contra el medio ambiente. Son los alcaldes
de Rotgla-Corberá, Vallés, Castalla, Granja de
Rocamora, Hondón de los Frailes, Santa Pola y
Algorfa.
El peluquero de Aznar
El ex peluquero de José María Aznar, Pedro
Romero, está siendo investigado porque es
propietario de una empresa que ganó en 2001 un
concurso convocado por la Generalitat Valenciana,
por el que se le adjudicó un solar colindante con
Terra Mítica, para construir y gestionar un complejo
hotelero de lujo. La empresa, Royal Mediterránea,
fue constituida dos meses antes la publicación del
concurso y se comprometió al pago de un canon anual
cuya cuantía no ha sido precisada.
