www.losgenoveses.net : La noticia del día : 24.11.05

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha presentado una denuncia contra 17 empresas acusadas de formar una trama de falsificación de facturas por un valor de 4,4 millones de euros en los ejercicios de 2000 y 2001. Entre las sociedades denunciadas está Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA, que habría aceptado facturas por servicios no realizados. Entre los 25 denunciados, figuran tres consejeros del parque temático y el empresario Vicente Conesa, que fue relacionado con adjudicaciones irregulares en Benidorm siendo alcalde Eduardo Zaplana.

El coordinador de delitos económicos de la Fiscalía del TSJ, Jesús Carrasco, recibió en junio de este año 70 cajas con la documentación de la inspección realizada por la Agencia Tributaria a varias empresas por supuesto fraude en los impuestos del IVA y de sociedades. La investigación que desde entonces ha realizado la Fiscalía se convirtió ayer en una denuncia presentada en los juzgados de Valencia. En ella, la Fiscalía denuncia a 17 empresas "como un grupo de sociedades que habrían desarrollado una trama organizada que permitía a través de la falsificación de facturas una defraudación a la hacienda pública en los ejercicios 2000 y 2001 por un importe inicial de 4.421.319 euros".

La denuncia imputa esos hechos inicialmente a 25 personas, entre ellas a varios empresarios -Vicente Conesa Fernández Vitoria, Antonio Vicente Moreno Carpio y José Luis Rubio Sánchez- y a tres miembros de los 23 integrantes del consejo de administración de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA. La Fiscalía no quiso facilitar los nombres relacionados con dicha sociedad (participada en un 20% por la Generalitat Valenciana, en otro 20% por la CAM y en otro 20% por Bancaja). Sin embargo, precisó que no se halla implicada ninguna de las entidades bancarias presentes en el consejo.

El fiscal que recibió el asunto explicó que de lo que se conoce hasta ahora se deduce que el supuesto delito fiscal a través de falsificación de facturas se orquestó a través de un grupo de empresas estructuradas con la participación de sociedades pantalla. La investigación de la Agencia Tributaria se concentró en 12 entidades. La Fiscalía, un mes después de ponerse sobre el asunto, la amplió hasta 30. Finalmente, considera que el núcleo de la trama está en seis: Altos del Carrichal SL; Gribal SA; Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento SA; C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente SL; Excavaciones Escoto SL; y Terra Mítica Parque Temático de Benidorm SA. A esas se añaden otras once, de las cuales algunas no consta que hayan tenido actividad alguna y en otras aparece una actividad que en nada tiene que ver con los servicios supuestamente prestados, facturados y cobrados. Por ejemplo, según fuentes de la Fiscalía, una empresa dedicada a la fabricación y venta de lámparas aparece como proveedora de un servicio millonario de construcción.

El ministerio público casi ha duplicado la cantidad supuestamente defraudada que inicialmente señaló la Agencia Tributaria, de 2,4 millones de euros. En el rastreo de facturas no es Terra Mítica el centro de la trama, pero sí está claro para la Fiscalía que Terra Mítica emitió facturas por trabajos de excavación y ajardinamiento en el parque que no se han realizado. El parque temático tuvo un sobrecoste de 210 millones de euros que le llevó a la suspensión de pagos.

En un comunicado emitido ayer, Terra Mítica asegura que "todos los pagos en la fase de construcción están perfectamente contabilizados". Para la dirección del parque, la denuncia de la Fiscalía, basada en "una inspección parcial de la Agencia Tributaria, es consecuencia de una serie de actuaciones inspectoras realizada a una de las más de doscientas empresas que trabajaron en la construcción del parque temático de Benidorm". Según los gestores de Terra Mítica "todos los pagos corresponden a trabajos realizados".

Fuentes de la fiscalía apuntan a que el nudo de la trama gira alrededor de la familia Conesa-Ripoll. El empresario Vicente Conesa (que aparece en dos de las empresas implicadas: Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento SA y C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente) estuvo en el centro de dos polémicas contratas de Benidorm en 1994.

Vicente Conesa Fernández Vitoria fue uno de los protagonistas de los primeros escándalos que salpicaron al PP valenciano un año antes de la llegada de Eduardo Zaplana a la presidencia de la Generalitat, en 1995. Conesa, relacionado con Vicente Sanz, entonces presidente provincial de los populares de Valencia, cobró protagonismo por ser el beneficiario de dos polémicas contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Benidorm: la elaboración de un mapa sonoro y de un mapa verde de la localidad.

Este empresario ahora investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior por supuestas facturas falsas es ingeniero agrónomo y ex militante del PP. Una de sus empresas, la mercantil Delta Ingenieros SA, fue la beneficiaria de dos adjudicaciones supuestamente irregulares del Ayuntamiento de Benidorm, entonces presidido por Eduardo Zaplana, para realizar los denominados proyectos del mapa sonoro y mapa verde la localidad.

El mencionado estudio acústico no fue pedido por el Ayuntamiento de Benidorm sino ofrecido directamente por Conesa a través de la intermediación del entonces presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Sanz.

Para el mapa sonoro se presentaron tres firmas: CRC, Ingeniería Cartográfica SL; Delta Ingenieros SA; y TecMmma SL. Conesa era apoderado de las dos primeras. El concurso lo ganó Delta Ingenieros. Para hacer el estudio, Delta buscó un equipo de la Politécnica de Valencia, que cobró 36.000 euros a la empresa de Conesa por el Trabajo. El Ayuntamiento de Benidorm no pagó el estudio, pero la Politécnica sí cobró a Delta parte de lo que le correspondía.

En los mentideros del propio PP se aseguró entonces que existía una cinta grabada con fragmentos de una o varias conversaciones en donde se aludía a las comisiones desembolsadas para obtener las contratas, que supuestamente ascendían a cerca de 100.000 euros. Zaplana logró desmarcarse del escándalo entrevistándose con Mariano Rajoy, entonces secretario general del PP, para no poner en riesgo su nominación como candidato del PP a la Generalitat valenciana, en los comicios de 1995. Sin embargo, Vicente Sanz se vio obligado finalmente a presentar su dimisión como presidente provincial del PP de Valencia.

Una década después, el empresario Vicente Conesa vuelve a la actualidad por su vinculación con otra supuesta práctica irregular relacionada con su actividad empresarial y el mismo municipio, Benidorm. La Fiscalía del TSJ -a instancia de un informe de la Agencia Tributaria de Alicante- ha incluido a la firma C-3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, SL, con sede social en la calle Llano de Zaidía de Valencia, en la trama empresarial de supuestas facturas falsas en la declaración de IVA. Conesa figura como administrador único de esa mercantil, que en los últimos años ha contratado diversos trabajos con el parque temático Terra Mítica de Benidorm.

La firma C-3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, SL, se constituyó en 1994 con un capital social de 6.310 euros. Su objeto social es el mantenimiento y explotación de toda clase de instalaciones y bienes inmuebles, rústicos y urbanos y trabajos de cartografía y concentración parcelaria. Esta mercantil está vinculada con la constructora alicantina Hormigones Martínez SA.

Según figura en el Registro Mercantil, Vicente Conesa es, además, consejero delegado de la mercantil Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos SA, con el mismo domicilio social que la firma C-3. El empresario también es apoderado de la firma Editar Proyectos y Construcciones Mediterráneas SA.

El PSPV, a través del diputado José Camarasa, aseguró ayer que "lo ocurrido en Terra Mítica es un caso más, y no el último, que se añade a la espiral de presunta corrupción a la cual se encuentran vinculadas personas pertenecientes o próximas al PP". Camarasa, en referencia a la denuncia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, explicó: "Estamos asistiendo a una representación donde hay un protagonista, en este caso Terra Mítica, que paga por unos trabajos o suministros que no se le han realizado y por otra parte, están las empresas imputadas que facturaban al parque de ocio por trabajos que no se realizaban". Para Camarasa, estos hechos "ponen de manifiesto que el parque de ocio, que ya en 2000 amenazaba con la ruina por su gestión de sonoro fracaso, estaba siendo esquilmado desde el principio por una cuadrilla de pillos, vividores y presuntos estafadores".

El portavoz adjunto de Esquerra Unida-L'Entesa en las Cortes Joan Antoni Oltra demandó una "investigación a fondo" de Terra Mítica. "Dada la participación mayoritaria de la Generalitat en el accionariado hay que ir hasta el fondo, y la Administración valenciana debe personarse en la investigación", señaló Oltra, que pidió la asunción de "responsabilidades".

Fuentes del PP, insistieron en que la gestión de Terra Mítica no está cuestionada, sino que las supuestas irregularidades afectan al funcionamiento de algunas empresas con las que contrató el parque.