LA NOTICIA DEL DÍA (*)
El Papa ataca el "laicismo" del Gobierno que "ignora y cercena" la libertad religiosa
Juan Pablo II formuló una severa crítica a la política del Gobierno socialista, cuyo laicismo, dijo, conduce a "un desprecio o ignorancia de lo religioso" y a "cercenar la libertad religiosa". El Papa recibió en audiencia a obispos españoles, encabezados por el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, y les reclamó que se movilicen en defensa de la enseñanza religiosa, del matrimonio, de la familia y del "respeto a la vida en todas sus etapas". También invocó los acuerdos de 1979 para exigir al Gobierno que garantice la asignatura de religión "con una valoración académica acorde a su importancia".
Entre enero y marzo, todos los obispos españoles viajarán a Roma para cumplir la visita ad límina, que les exige acudir a la Santa Sede al menos una vez cada cinco años con el fin de peregrinar a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, conocer el funcionamiento de la curia vaticana y entrevistarse con el Papa. Ayer coincidieron los dos primeros grupos y Juan Pablo II les recordó que en España habían "cambiado muchas cosas en el ámbito social, económico y también religioso, dando paso a veces a la indiferencia religiosa y a un cierto relativismo moral".
Tras la audiencia, el arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, y los obispos de Jaca, Jesús Sanz, y de Tarazona, Demetrio Fernández, se reunieron con un grupo de periodistas para señalar que Juan Pablo II había abordado "cuestiones fundamentales" como "el problema del relativismo moral y la libertad de enseñanza". "Nos ha dicho que salgamos a la calle, que nos expresemos, sin que ello quiera decir que nos aconseje convocar manifestaciones", precisó Cañizares, quien, sin embargo, recordó que se habían recogido más de tres millones de firmas a favor de la enseñanza de la religión. "El Gobierno, desde que anuló la anterior ley (del Ejecutivo del PP), no ha hecho todavía nada y seguimos esperando. Sólo exigimos los derechos que nos garantizan la Constitución, el Concordato y diversos tratados internacionales", declaró.
En su discurso a los obispos, el Papa subrayó que "los poderes públicos tienen el deber de garantizar ese derecho de los padres (la enseñanza religiosa) y asegurar las condiciones reales para su efectivo ejercicio, como está recogido en los acuerdos entre España y la Santa Sede de 1979, en vigor".
Karol Wojtila proclamó también que España es "un país de profunda raigambre cristiana". Esas raíces "no pueden arrancarse, sino que han de seguir nutriendo el crecimiento armónico de la sociedad", dijo. Constató, sin embargo, que "en el ámbito social se va difundiendo una mentalidad inspirada en el laicismo, ideología que lleva gradualmente, de forma más o menos consciente, a la restricción de la libertad religiosa hasta promover un desprecio o ignorancia de lo religioso, relegando la fe a la esfera de lo privado y oponiéndose a su expresión pública. Esto no forma parte de la tradición española más noble, pues la impronta que la fe católica ha dejado en la vida de los españoles es muy profunda para que se ceda a la tentación de silenciarla. No se puede cercenar la libertad religiosa sin privar al hombre de algo fundamental".
Estaban creciendo, afirmó el pontífice, "nuevas generaciones de españoles influenciadas por el indiferentismo religioso y la ignorancia de la tradición cristiana con su rico patrimonio espiritual, y expuestas a la tentación de un permisivismo moral". "El Papa ha dicho que es preocupante la situación en España porque es el país más permisivo de Europa", apostilló después Cañizares.
Juan Pablo II hizo referencia también a la "preocupación por la vitalidad de la Iglesia en España" y al "testimonio de unidad". "La diversidad de pueblos, con sus culturas y tradiciones, lejos de amenazar esta unidad, ha de enriquecerla desde su fe común. Y vosotros tenéis que esforzaros en conservar la unidad del espíritu con el vínculo de la paz", agregó. Los obispos precisaron que el pasaje no se refería a cuestiones autonómicas o estatutarias, sino eclesiales. "Aquí no se ha hablado del plan Ibarretxe ni nada de eso", explicó el arzobispo de Toledo.
El pontífice citó su carta de diciembre al arzobispo de Santiago de Compostela para reiterar su invitación "a los fieles españoles a buscar (...) la fuerza para vencer los obstáculos y afrontar las dificultades del presente" al defender "el respeto efectivo a la vida, en todas sus etapas, la educación religiosa de los hijos, la protección del matrimonio y de la familia... Se debe incrementar, pues, una acción pastoral...".
"La Iglesia debería callarse un poco más y dejar que seamos los seglares católicos los que hablemos. En un país democrático los que deciden son los ciudadanos, sean católicos o no", declaró poco después el teólogo Enrique Miret Magdalena a Servimedia.
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, aludió a las presiones episcopales, durante una conferencia en el Club Siglo XXI, de Madrid. "No se puede exigir que las normas jurídicas, que a todos obligan, vengan dictadas por principios religiosos que sólo vinculan a quienes los profesan. Si es preciso que el Estado tenga en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y coopera con su representación institucional, también lo es que todos entiendan y acepten lo que dice el Código Civil".
El pueblo que habita en tinieblas
El diagnóstico del Papa sobre la salud del catolicismo español coincide con los pronósticos que la Conferencia Episcopal Española (CEE) viene enunciando desde el regreso del PSOE al poder, hace menos de un año. La jerarquía católica cree vivir desde entonces en un ambiente de "fundamentalismo laico" y sometida a continuas "agresiones del Gobierno". "Nos acosan por todas partes", dijo el pasado 12 de noviembre el vicepresidente de la CEE, Fernando Sebastián. "Nos derriban, pero no nos rematan", remachó el arzobispo de Santiago, Julián Barrio.
La tesis del cardenal Rouco, en quien el Papa polaco tiene puestas todas sus complacencias, es aún más sombría. La reiteró el sábado pasado, antes de viajar a Roma, en la apertura del III Sínodo de la Iglesia madrileña. Previa alusión al "pueblo que habitaba en tinieblas" -la tierra de Zabulón y de Neftalí citada por el profeta Isaías-, Rouco dibujó la historia de un país desolado que los reyes descendientes de David eran incapaces de mantener unido porque las soluciones para detener la catástrofe olvidaban la ley de Dios. "El final no pudo ser más catastrófico", sostuvo Rouco.
El presidente de la CEE, refiriéndose ya a España, dijo: "En las raíces de nuestra patria, en la cuna de nuestras familias, se ha sembrado la semilla de la fe cristiana desde el principio de nuestra historia común. Sin embargo, poderosas corrientes de pensamiento e influyentes centros del poder económico, cultural y político se han propuesto prescindir de toda referencia y atención a la voluntad de Dios a la hora de trazar los marcos sociales y jurídicos de la vida. Es tan vasta e intensa esta convicción que ha logrado obnubilar la conciencia colectiva. Ni siquiera la terrible experiencia del terrorismo nos hace despertar. Se peca masivamente; con osadía, unas veces, y, otras, con displicente ligereza. La apostasía silenciosa comienza a ser realidad entre nosotros".
Los obispos achacan al Gobierno intenciones anticatólicas en estos asuntos, entre otros:
- Financiación. El impuesto religioso a través del IRPF debe ser revisado este año, después de 18 años de prórroga. Apenas un 33% de los declarantes destina a la Iglesia católica el porcentaje pactado. El Gobierno mantiene en los presupuestos de 2005 las cantidades fijadas por los Ejecutivos del PP -más el incremento de la inflación anual-, para compensar el crónico déficit de financiación de los católicos a su iglesia, pero los obispos recelan de sus intenciones. La negociación empezará pronto.
- Enseñanza religiosa. La discrepancia se centra en el valor curricular de la asignatura y de su alternativa, no sobre quién paga a esos docentes -el Estado-, seleccionados por los obispos cada año. Algunos prelados acusan al Gobierno de preparar la supresión de esa enseñanza, lo que ha provocado el enfado del PSOE, que les acusa de mentir.
- Aborto, divorcio y bodas gays. Los obispos están en campaña contra algunas de las reformas anunciadas por el Ejecutivo socialista, que consideran "subversivas": ampliación de las leyes del divorcio y del aborto, legalización del matrimonio gay, campañas para extender el uso del preservativo, la píldora del día siguiente... También acusan al Gobierno de pretender la pronta legalización de la eutanasia, asunto negado por el PSOE.
(*) Publicado en Levante.25.01.05
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