LA NOTICIA DEL DÍA (*)
23 de MARZO 2004
El Supremo ratifica la condena contra Cartagena por malversación y falsificación
El Tribunal Supremo ratifica la sentencia de la sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, que hace dos años, el 14 de marzo de 2002, condenó al ex conseller de Obras Públicas de Eduardo Zaplana y ex alcalde de Orihuela, Luis Fernando Cartagena, a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación de cargo público por los delitos de malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.
La resolución del Supremo, que rechaza el recurso de casación interpuesto por la defensa de Cartagena, será hecha pública en los próximos días, después de que el tribunal se diera una prórroga para pronunciarse, prórroga que de no haberse ejecutado hubiera hecho que la decisión se conociera en plena campaña electoral, según pudo contrastar ayer este periódico en fuentes tanto judiciales, como políticas y empresariales.
La sentencia que ahora es ratificada por el Supremo tiene que ver con el llamado «caso de las monjas». La Audiencia Provincial declaró probado en su resolución que en 1993, a raíz del cierre del Hospital Municipal San Juan de Dios de Orihuela, las monjas de la Comunidad de Hermanas de la Virgen del Monte Carmelo entregaron a Cartagena, entonces alcalde de la localidad, a través del concejal de Servicios Sociales, un total de 49.081 euros (algo más de ocho millones de las antiguas pesetas), corrrespondientes al superávit que presentaban las cuentas del establecimiento, superávit que las religiosas querían que se destinara a obras sociales.
Aunque Cartagena alegó que ese dinero fue entregado al empresario Ángel Fenoll, también condenado en el mismo proceso, para sufragar el desalojo de unos chabolistas, la Audiencia consideró en su sentencia que «el acusado, en vez de proveer el trámite reglamentario para su ingreso en las arcas municipales, lo hizo suyo con intención de propio beneficio».
La Audiencia sostuvo asímismo que las pruebas en contra presentadas fueron «fabricadas» cinco años después de los hechos, precisamente para presentarlas en el juicio, por el propio Cartagena y el empresario Fenoll, por lo que terminó fallando en contra de ambos, en lo que supuso la primera condena contra una persona que había formado parte de Gobiernos de la Generalitat.
La importancia de la pena impuesta hace posible que Cartagena tenga que ingresar en prisión para cumplir al menos parte de los cuatro años de cárcel a los que es condenado. En este sentido, fuentes cercanas al ex conseller explicaron ayer que en cuanto se tenga la notificación formal del Tribunal Supremo se presentará recurso de amparo ante el Constitucional.
Las mismas fuentes confirmaron que, en última instancia, también se pedirá al Gobierno el indulto, como forma de evitar el ingreso en prisión, y a pesar de que dicha petición supone el reconocimiento de los hechos considerados probados por la sentencia y la expresión de arrepentimiento por parte del condenado. Cartagena sigue sosteniendo que es inocente, pero está dispuesto en todo caso a solicitar ese indulto con todo lo que ello conlleva y poner punto y final al caso. «Cuando se trata de la justicia, hay que tener razón, saber pedirla y que te la den, y en este caso no ha sido así, y simplemente hay que asumirlo», señalaron las fuentes antes citadas.
A favor de que, al menos en tanto se resuelven el recurso de amparo ante el Constitucional y el indulto, que debe ser tramitado por instancias judiciales y decidido por el Gobierno, Cartagena no ingrese en prisión está, según fuentes judiciales, el hecho de que la cantidad malversada haya sido ya reintegrada, el tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos y el que Cartagena haya abandonado la política(*) Publicado en Levante.23.03.03
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