LA NOTICIA DEL DÍA (*)
09 de ENERO 2004
Fabra se reunió con diputados del PP para influir en la nueva Ley de Sanidad Vegetal
El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, defendió los intereses económicos del sector de fabricantes españoles de productos fitosanitarios ante diputados de su propio partido, el PP, durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Sanidad Vegetal, en el otoño de 2002. La intervención de Fabra se enmarcaba en el intento del sector de evitar el perjuicio de la nueva normativa sobre las empresas fitosanitarias de pequeña escala. Entre ellas se encontrarían Naranjax, de Vicente Vilar Ðel promotor de dos querellas contra el dirigente del PPÐ, y Artemis 2000, de la que es socia la mujer de Fabra, María Amparo Fernández Blanes
Fabra participó al menos en una de las reuniones que mantuvieron los dirigentes de la Asociación Española de Fitosanitarios y Sanidad Ambiental (Aefisa) con los ponentes del grupo parlamentario popular en la tramitación de la citada ley, según explicó ayer a este periódico el ponente coordinador, Ángel Pintado, diputado del PP por Huesca.
«Carlos Fabra asistió en compañía del presidente y del secretario general de la asociación de empresarios españoles de este sector. Se presentó como un representante de las empresas fitosanitarias nacionales», dijo Pintado.
Esta reunión, que Pintado fijó en torno a los meses de septiembre u octubre de 2002, se celebró en una de las salas del Congreso de los Diputados dos meses antes de la aprobación definitiva de la ley en la Cámara baja, un proyecto legislativo presentado por el Gobierno meses antes.
Otras fuentes parlamentarias del PP ratificaron ayer a este periódico la intervención personal de Fabra durante la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Un diputado del grupo popular, que pidió mantener el anonimato, aseguró que en aquellas semanas «hubo al menos una reunión de Fabra con parlamentarios del partido en Madrid». «Aunque ignoro quienes estuvieron presentes», indicó.
La trascendencia de la citada ley consistía, fundamentalmente, en trasladar al ordenamiento jurídico español una directiva de la UE que establecía estrictas normas sobre la validez de los principios activos que se utilizan para fabricar productos fitosanitarios.
«Fabra intervino en la exposición de los argumentos en defensa de los intereses económicos de las empresas del sector español, principalmente en torno a mantener por más años la vigencia de los principios activos que se estaban utilizando en el proceso de fabricación, algo a lo que se oponían las multinacionales. En todo caso intervino menos que sus acompañantes», puntualizó el diputado.
Este parlamentario popular dijo que no recordaba si en aquel encuentro o en otros similares participó también algún diputado del PP por Castelló. «Es posible», apuntó. Pintado explicó que hasta aquella reunión no conocía a Fabra, de quien no pudo precisar si asistió a otra reunión.
La tramitación del citado texto legal «fue muy compleja porque tenía un componente técnico muy alto y al mismo tiempo unas repercusiones económicas significativas para las empresas del sector», según Pintado. «Tanto Fabra como los dirigentes de la asociación estaban preocupados por la viabilidad futura de las empresas del sector y de la pérdida de empleo que podía acarrear», agregó.
En la época en la que se celebró esta reunión Carlos Fabra ya llevaba años de estrecha relación con el empresario Vicente Vilar, propietario del grupo Naranjax dedicado, precisamente, a la adquisición de principios activos necesarios para fabricar productos fitosanitarios. Vilar ha denunciado que pagó durante años a Fabra importantes sumas de dinero por ejercer tráfico de influencias a favor de sus empresas.
El empresario de Artana asegura haber acompañado a Fabra a reuniones en Madrid para explorar las posibilidades de atenuar los efectos de la ley. El encuentro se desarrolló antes de acabar 2002 en el restaurante Conbarro y a él asistió una representación de los integrantes de la comisión parlamentaria, incluido su presidente, José-Cruz Pérez Lapazarán. Diecinueve diputados del PP integran la comisión, entre ellos el castellonense Miguel Prim, también implicado en el escándalo. A la cita también habría acudido otro diputado por Castelló, Juan José Ortiz.
«Fabra tenía un interés personal, pues los registros de Artemis 2000 estaban condenados a desaparecer con la ley, que beneficia en exclusiva a las multinacionales», aseguró Vilar, quien dijo que la reunión no deparó ningún logro.
Montserrat Vives, ex mujer de Vilar y también querellada, admitió el 19 de diciembre la intervención de Fabra en reuniones para debatir el cambio legislativo. «En una ocasión, a través de una asociación de empresas de productos agroquímicos sí que nos asesoró ante la posible modificación de la Ley de Sanidad Vegetal».
Publicado en El Levante.09.01.04
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