LAS PRISIÓN + PPOPULAR Y GENOVESA

" Me tranquiliza que el juez no acuse al alcalde de quedarse con el dinero"
(Mariano dixit.02.02.07)

Condenado a 18 meses de prisión el ex alcalde de Gondomar por prevaricación urbanística

José Carlos Silva Mariño, ex alcalde de Gondomar por el PP, y los cinco concejales que formaban con él la Xunta de Goberno, han sido condenados a año y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación para el ejercicio de cargo municipal como autores de un delito de prevaricación urbanística cometido de forma continuada entre el 7 de diciembre de 2005 y el 17 de enero de 2006, según sentencia del juzgado de lo penal número 2 de Vigo, que admite recurso.

La sentencia acota un periodo en el que la Xunta de Goberno local otorgó unas 40 licencias pese a que sus miembros "sabían que las normas no eran aplicables". También lo habían hecho antes y después de las fechas indicadas, hasta sumar más de 300 licencias que serían del mismo tenor, aunque no han sido consideradas en este procedimiento.

El litigio se originó con la anulación del plan general de urbanismo, por sentencia del Tribunal Supremo (TS), en febrero de 2005. El pleno municipal, basándose en las irregularidades que señalaba la sentencia, aprobó después unas correcciones en el documento urbanístico que, según entendían los gobernantes, permitían mantener la vigencia del plan anulado y, consecuentemente, seguir otorgando licencias a su amparo.

La Consellería de Política Territorial instó al gobierno local a anular los acuerdos del citado pleno y a reconocer la nula eficacia normativa del plan, como era obligado tras la sentencia del TS. Al no obtener eco, Política Territorial recurrió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que anula el acuerdo del pleno municipal el 21 de noviembre de 2005 en una sentencia que Silva dijo en el juicio no haber conocido hasta el 16 de enero de 2006, pese a que el mismo 21 de noviembre el Ayuntamiento había presentado contra ella un recurso que también fue desestimado el 22 de diciembre.

Los concejales condenados con el ex alcalde son Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses, José Misa y José Luis Mosquera, también procesado éste en otro caso por cohecho.

www.elpais.es 24.12.08

Ingresa en prisión el responsable de Urbanismo de Matas

Jaume Massot acumula condenas de más de ocho años por la trama corrupta de Andratx

La Audiencia de Palma ha ordenado este mediodía el ingreso en prisión de Jaume Massot, director de Urbanismo implicado en varios procesos de la trama corrupta de Andratx. Massot tiene pendientes dos sentencias por un total de ocho años y medio por prevaricación y falsedad documental en procesos relacionados con la trama de Andratx. Ha apelado ambas sentencias al Tribunal Supremo y se encuentra a la espera de la resolución de los recursos interpuestos.Ha sido el Ayuntamiento de Andratx el que ha solicitado el encarcelamiento. La Audiencia ha estimado el riesgo de fuga del político y ha impuesto una fianza de 200.000 euros. "El tribunal alberga serias dudas sobre las intenciones de permanencia del acusado", reza el auto de ingreso en prisión.Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Baleares con el popular Jaume Matas, fue condenado a cinco años de prisión el pasado 19 de noviembre por prevaricación y falsedad documental en el marco del caso Andratx de corrupción urbanística. Sobre él ya pesaba otra sentencia de tres años y medio en un juicio anterior del escándalo. Todavía quedan 68 causas por juzgar dentro del escándalo.

Massot se había ofrecido a colaborar con la Fiscalía a finales del mes pasado a cambio de una atenuación de las penas. Los investigadores ya cuentan con la colaboración del funcionario arrepentido Jaume Gibert, que recibió una condena mínima y ha quedado fuera de las pesquisas. Los términos del acuerdo de Gibert con la Fiscalía son secretos.

www.elpais.es 19.12.08

BUENA ADAPTACIÓN A LA PRISIÓN DEL ALCALDE DE LIBRILLA 

El alcalde de Librilla, José Martínez García y el teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez Muñoz; se han adaptado bien a la vida en prisión y no están teniendo que recibir un apoyo ni una atención especial, según fuentes conocedoras de esta situación. Los dos políticos librillenses comparten la misma celda

(www.laverdad.es, 26/11/08) 

CINCO AÑOS DE PRISIÓN PARA UN EX DIRECTOR GENERAL DE MATAS POR EL 'CASO ANDRATX' 

Segunda sentencia condenatoria por el caso Andratx, la corrupción urbanística destapada en noviembre de 2006. Jaume Massot, ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno de Baleares con Jaume Matas, del PP, ha sido condenado a cinco años de prisión por dos delitos, prevaricación y falsedad documental, al tramitar -como funcionario del Ayuntamiento de Andratx- la licencia para la construcción de un restaurante en un área natural protegida. 

En el primer juicio de este escándalo, Massot fue condenado a tres años y seis meses, mientras que el ex alcalde Eugenio Hidalgo, del PP, fue condenado a cuatro años. Esta sentencia está recurrida ante el Supremo. 

En la segunda sentencia de las 68 causas penales de este escándalo investigado por los fiscales aniticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, el ex alcalde Hidalgo ha sido condenado a siete años de inhabilitación mientras que su hermano, Juan Carlos Hidalgo, dueño del restaurante, ha recibido una pena de siete años de inhabilitación. 

Impunidad para construir ilegalmente

En la primera sentencia del caso Andratx que se produjo en mayo de este año y que condenó a prisión al ex regidor del PP y a Massot se señalaba que en esta localidad existía impunidad durante el mandato de Hidalgo, época en la que no se derribó ninguna obra ilegal. 

La Audiencia de Baleares subrayaba entonces las irregularidades en las licencias municipales y en la construcción de una residencia del propio de Hidalgo en una zona "donde nadie podía hacerlo". El juez señalaba además que Hidalgo vulneró todas las normas urbanísticas aplicables y compró un solar por 30.000 euros, "una cantidad irrisoria" en una zona protegida. 

(www.elpais.com, 19/11/08)

LA AUDIENCIA DE PALMA CONDENA A LLUC TOMÀS A TRES AÑOS DE CÁRCEL POR UN DELITO MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha emitido una sentencia judicial en la que condena al alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, a tres años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de ocho años por un delito de malversación de caudales públicos, si bien le absuelve del resto de delitos que le acusó el Ministerio Fiscal.  

Asimismo, la Audiencia considera al ex concejal de Agrupación Social Independiente (ASI) en el municipio, Joaquin Rabasco, autor de un delito de malversación de caudales públicos, por el cual le condena a cuatro años de cárcel más otros ocho años inhabilitación absoluta. Además, la Audiencia le condena a otros dos años por un delito de alzamiento de bienes y a una multa de doce meses, con una cuota diaria de 30 euros. En total, la Audiencia condena al ex concejal a seis años de cárcel.

Así, la sentencia también condena su compañera sentimental y ex secretaria de ASI, Maria del Amor Aldao, a dos años de cárcel por considerarla autora de un delito de malversación de fondos públicos, así como a otro año de prisión por un delito de alzamiento de bienes y a una multa de doce meses a razón de 6 euros diarios. En caso de que no pague la multa, quedará sujeta a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de prisión por cada dos cuotas dejadas de satisfacer.  

Además, la Audiencia condena a los acusados a indemnizar al Ayuntamiento de Llucmajor con la cantidad de 681.450 euros.  

De este modo, la sentencia recoge penas muy inferiores a las peticiones formuladas por la Fiscalía, que solicitó 18 años de prisión para Rabasco por los delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, fraude a la administración, alzamiento de bienes y malversación; 15 años de cárcel para Aldao por los mismos delitos; y ocho años de prisión para Tomàs, por los delitos de negociaciones prohibidas, fraude y malversación.

Así, la Audiencia exime a los tres condenados de gran parte de los delitos señalados por la Fiscalía, y les acusa sólo de un delito de malversación de caudales públicos para todos ellos, y únicamente a Rabasco y Aldao de un segundo delito de alzamiento de bienes.

La trama por la que están acusados Rabasco, Tomàs y Aldao, denunciada en 2001 por el entonces regidor del PSOE en Llucmajor, Juan José Maestre, arrancó en 1999, cuando Aldao constituyó la sociedad Majo Sport y nombró a Rabasco -que entonces ya era concejal en Llucmajor- como apoderado de la misma, consciente de la incompatibilidad de este cargo con el que ejercía en el Ayuntamiento (desde 1987) junto con el de segundo teniente de alcalde y alcalde pedáneo de S'Arenal (ambos desde 1999). 

En concreto, la sociedad Tenedi Ambiente, que carecía al igual que las demás empresas de toda experiencia en el sector del comercio, contrató servicios del Ayuntamiento por valor de 254.339 euros, mientras que Rodema Swin facturó 33.114 euros y y Retsar Music, 662.223 euros. Según el escrito de acusación, aunque los técnicos municipales advertían a Tomàs de la ilegalidad de las facturas y contratos, éste dictó numerosas resoluciones y edictos dirigidos a beneficiar a las sociedades de Aldao pese a suponer el perjuicio económico del Consistorio.

La Audiencia considera hechos probados que Rabasco y Aldao urdieron una estrategia para, mediante la creación de la empresa Majo Sport, lucrarse "en perjuicio de la Corporación". Así, según se desgrana en la sentencia, Rabasco, siendo apoderado de la sociedad, siguió ejercitando funciones municipales "incompatibles" como concejal y teniente de alcalde, y, valiéndose de su cargo, en febrero del año 2000 propuso un certamen deportivo cuya organización adjudicó a la empresa de la que era apoderado, "infringiendo las normas de prohibición e incapacidad para contratar con la administración pública".

La Audiencia estima probado que Rabasco intervino "firmando y autorizando el pago de facturas en favor de la sociedad que administraba y utilizaba su firma en la cuenta municipal dedicada a festejos", así como "la apertura de una cuenta corriente a nombre de Majo Sport, quedando él como única persona autorizada para el manejo de los fondos", por lo que Rabasco estaba "simultáneamente autorizado en cuentas municipales y de la sociedad mercantil".

En cuanto a Aldao, la sentencia considera un hecho demostrado que, siendo administradora única de otra sociedad (Retsar Music) transfirió diversas cantidades a favor de Rabasco, quien ya había contratado desde su puesto de concejal a esta empresa en ocasiones anteriores. En total, Aldao transfirió, a través de Retsar Music, más de 13,7 millones de pesetas a Rabasco y a su entorno familiar.

Asimismo y otra parte, la acusada "permitió la transferencia de pagos municipales por un valor superior a los 14,4 millones de pesetas a la cuenta de Majo Sport, cuya única firma autorizada era la de Rabasco", reza la sentencia, que concluye que, por todo ello, el concejal "recibió 15,7 millones de pesetas de las sociedades de Aldao que contrató a través del Ayuntamiento". El concejal consiguió también que a las dos sociedades de su compañera le fueran adjudicados los eventos deportivos que el ayuntamiento organizaba "sin licitación ni concurso previo".

Por todo ello, la Audiencia de Palma concluye que Rabasco, con la ayuda de Aldao, creó un "entramado de sociedades con la finalidad de aprovecharse de su condición de concejal y de la influencia necesaria de su agrupación, para de este modo, contratar ventajosamente con el Ayuntamiento de Llucmajor con beneficio propio y perjuicio para la corporación". Así, la sentencia afirma que Rabasco "intervino en la obtención de locales para las sociedades, a las que adjudicó contratos de servicios con un coste superior al habitual de mercado para la administración municipal".

Sin embargo, para urdir esta trama, Rabasco se valió de la "colaboración necesaria e imprescindible" del alcalde, Lluc Tomás, máximo órgano de decisión en la contratación municipal (función no delegada en ningún otro concejal), quien en los plenos del Ayuntamiento precisaba del apoyo de Rabasco y de su grupo, para aprobar sus iniciativas, por lo que "accedía" a las peticiones de éste. "Accedía a sus pretensiones, colaboraba o consentía en la ejecución de dicho plan a sabiendas de que suponía un perjuicio para las arcas municipales", sostiene la sentencia. 

(www.diariodemallorca.es, 17/11/08) 

CARTAGENA ENTRARÁ EN PRISIÓN SI EN UN MES NO RECIBE EL INDULTO DEL GOBIERNO 

Luis Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas, del PP, dispone de apenas un mes para lograr el indulto y eludir el ingreso en la cárcel. El 20 de mayo expira el ultimátum del tribunal para que el Gobierno le libere de la pena de cuatro años de prisión por apropiarse de una donación de 49.000 euros de unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela. 

El 14 de marzo de 2002, la sección 7ª de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, condenó a Cartagena, también alcalde de Orihuela entre 1987 y 1996, a cuatro años por malversación y falsedad. Junto al ex consejero, fue condenado por falsificación el industrial Ángel Fenoll. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia el 16 de marzo de 2004. El 14 de abril del mismo año, el ex cargo del PP pidió el indulto. Y el 8 de junio de 2004, el tribunal suspendió su ingreso en prisión. 

Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde la petición del indulto, el tribunal dictó el pasado 20 de noviembre una providencia con un plazo de seis meses para que el Gobierno resolviera la petición. Extremo que, a un mes y cinco días para que expire el plazo, no se ha materializado. El fiscal encargado de la ejecutoria de la sentencia se muestra partidario de no conceder más plazos. El representante del ministerio público cree "desproporcionado" el plazo del que ha dispuesto el condenado para lograr el indulto. No obstante, la última palabra la tiene, de nuevo, el tribunal. Y pese a que los tiempos marcados en la providencia son nítidos, la sala podría demorar unas semanas más la decisión: "El caso [el ingreso o no en prisión de Cartagena] se resolverá antes del verano", asegura el presidente del tribunal a través de un portavoz oficial de la Audiencia de Alicante.Luis Fernando Cartagena, ex consejero de la Generalitat en la época de Eduardo Zaplana, prácticamente abandonó en el baúl de los recuerdos su pena a cuatro años de prisión una vez que el tribunal le suspendió temporalmente el ingreso en la cárcel, en junio de 2004. Desde esa fecha, el también ex regidor de Orihuela tampoco cumplió con la obligación legal de informar semestralmente al tribunal del estado en que se encontraba su petición de indulto. Este incumplimiento motivó que en enero de 2007 el fiscal del caso presentara ante la sala un escrito en el que solicitaba verificar ese proceso. El escrito del ministerio derivó posteriormente en el ultimátum recogido en la providencia de noviembre de ese mismo año. 

La petición de indulto de Luis Fernando Cartagena contó con el apoyo parcial del tribunal porque, entre otras cuestiones, el condenado restituyó la cantidad, con sus respectivos intereses, de la que se apropió. Sin embargo, la Fiscalía se opuso desde el principio a esta medida de gracia para el ex alto cargo del PP. El fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, que encarnó la acusación pública en el juicio, justificó así su negativa: "No veo razones de equidad y justicia para otorgar el indulto a Cartagena", dijo. "Tampoco pensamos que el hecho de que Cartagena haya restituido la cantidad de la que se apropió sea motivo suficiente para el indulto. Estaríamos, pues, ante una clara discriminación entre ricos y pobres", añadió. 

Luis Fernando Cartagena afronta su hipotético ingreso en la cárcel pendiente de otro proceso, en este caso por su supuesto delito fiscal derivado de la contratación de primas únicas. La investigación de este caso comenzó en 1992 y 16 y años después aún no se ha celebrado el juicio. Parte de ese tiempo se ha agotado en recursos y contrarrecursos sobre qué juzgado era el competente para instruir la causa. Tras decidir que la oficina judicial competente era la número 4 de Orihuela, el fiscal anticorrupción de Alicante presentó su escrito de calificación inicial con una petición de tres años de cárcel por un supuesto fraude fiscal de 310.000 euros. 

(www.elpais.com, 16/04/08)

Detenido el alcalde de Torre Pacheco por presunta corrupción urbanística

El pasado día 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto municipal de la localidad murciana, Ramón Cabrera

El alcalde de Torre Pacheco (Murcia), Daniel García Madrid (PP), ha sido detenido esta mañana por un caso de presunta corrupción urbanística. El pasado 31 de marzo fue detenido por el mismo caso el arquitecto municipal de la localidad murciana, Ramón Cabrera, que habría firmado varios expedientes en condiciones muy desfavorables para el Consistorio. Según fuentes de la investigación se prevén nuevas detenciones.

Por esta trama, que afecta también al ayuntamiento de Fuente Álamo (PP), están imputadas en total 14 personas, entre ellas, también Facundo Armero Madrid, el empresario que se hacía con la mayoría de las obras del municipio, incluidas las públicas.García Madrid, ex abogado de Armero en varios pleitos, ya prestó declaración ante el juez en otra ocasión y por el mismo caso, aunque fue dejado en libertad.

Imputados dos empresarios

Otros dos empresarios han sido llamados a declarar como imputados por el mismo caso de presunta corrupción urbanística. Uno de ellos es José Luis Hernández, presidente de Polaris World, una de las empresas líder en residencias para turistas que opera en Murcia. Hernández forma parte además de su imagen corporativa y protagoniza algunos de los anuncios de la empresa.Esta empresa tiene precisamente su sede en Torre Pacheco y ahí desarrolla parte de su entremado de resorts dirigidos a turistas. El segundo empresario llamado a declarar como imputado responde a las siglas J.M.F.F. Por el momento se desconoce si guarda también relación con la empresa que preside José Luis Hernández.

www.elpais.es 03.02.08

El ex alcalde y el ex edil de Aljaraque, acusados de blanqueo de dinero y delito fiscal

El blanqueo de dinero y el delito fiscal contra la hacienda pública son los delitos de los que se acusa al ex alcalde de Aljaraque (Huelva) Juan Manuel Orta (PP) y su concejal de Urbanismo, Casto Pino, según han indicado a EFE fuentes de la Fiscalía de Huelva.

Ambos han sido detenidos hoy por la Guardia Civil, junto a un socio del ex alcalde y a la mujer del concejal, aunque aún se desconoce el lugar de la detención y hasta donde han sido trasladados, por haber decretado el juez el secreto de sumario sobre el caso, han informado a EFE fuentes del Instituto Armado.

Las detenciones se han producido a instancias del juez por una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva y que actualmente está en investigación.

El promotor y ex militante del PP Rafael Barroso Castillo acusó en abril de 2007 tanto a Orta como a Pino de incrementar su patrimonio personal a través del cobro de comisiones "irregulares" en la tramitación de licencias de obras en las urbanizaciones, denuncia que fue respondida con una querella criminal por el ex alcalde en mayo del mismo año al entender que se estaba dudando de su honestidad.

www,publico.es 01.04.08

La Guardia Civil detiene al actual alcalde de Totana por la trama de corrupción

El jefe de la Policia Local, la secretaria municipal y un empresario también han sido detenidos en el día de hoy

La Guardia Civil ha detenido al actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, al actual jefe de la Policía Local y a la secretaria municipal por la presunta trama de corrupción que ha puesto al descubierto la Operación Totem en dicho consistorio. En las próximas horas es posible que se detenga a otro empresario relacionado con la trama.

Custodiado por la Guardia Civil, el empresario Pedro Martinez (dueño del hotel Olimpia y de una gasolinera) ha entrado en la sede del Ayuntamiento, donde desde primeras horas de la mañana se están practicando registros en las dependencias municipales, previo desalojo de todo su personal.

Agentes del instituto armado están también practicando registros en la sede a la sociedad municipal de suelo industrial, cuyo responsable es José María Delgado.

Los anteriores seis detenidos en Murcia por la presunta trama de corrupción en el ayuntamiento de Totana han pasado a disposición judicial poco antes de las ocho de la mañana. Fuentes de la investigación han confirmado que el abogado personal de Morales, Javier Cegarra, ha sido imputado en el caso.

Agentes de la Guardia Civil que participan en la operación interceptaron un maletín en poder de Javier Cegarra, con documentación importante para la investigación. El letrado colaboró, a través de su empresa, en la elaboración del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) de Totana, en los años en los que Morales estuvo al frente del Ayuntamiento (2003-2007).

El actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), rescindió el contrato del Ayuntamiento con la empresa de Cegarra, que ejercía labores de consultoría en el área de Urbanismo por 1.800 euros al mes. Preguntado por EL PAÍS, el abogado de Morales aseguró: "Lo que puedo asegurar es que ya no soy el letrado de este señor, Juan Morales, porque he renunciado a defenderle. No quiero saber nada de él, porque bastante me ha perjudicado. Pero quiero que tengan en cuenta que en el bufete Cegarra no tenemos nada que ver con ningún tipo de delito".

El ex alcalde - actualmente diputado regional por el Partido Popular - es el principal sospechoso de la presunta trama de corrupción que ha sacado a la luz la Operación Totem que va por seis detenidos por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales por el pago de comisiones para recalificar más de 2,2 millones de metros cuadrados rústicos para construir 5.040 viviendas.

Los seis primeros detenidos en Murcia por la presunta trama de corrupción han pasado a disposición judicial poco antes de las ocho de la mañana. Entre ellos se encuentran la ex mujer del ex alcalde de Totana, Juan Morales, y su actual pareja. En el registro de la vivienda de María del Carmen Jordán, ex mujer de Juan Morales e imputada en el caso, los agentes encontraron numerosos documentos oficiales del Ayuntamiento de Totana, que según fuentes de la investigación no deberían estar en poder de una particular.

También se encontró documentación oficial del Ayuntamiento de Totana en la asesoría de Jordán. Preguntada por los agentes, la ex mujer de Morales aseguró que ella era una simple secretaria de la empresa, y que era realmente su marido, Juan Morales, quien dirigía a los empleados.

Fuentes de la investigación no descartan nuevas detenciones en las próximas horas en otros municipios murcianos.

www.elpais.es 29.11.07

DETENIDOS POR CORRUPCIÓN DOS EX ALCALDES DEL MUNICIPIO GRANCANARIO DE SANTA BRÍGIDA 

Victoria Casas, concejal del municipio grancanario de Santa Brígida (18.700 habitantes) por Coalición Canaria, ha desatado en las islas una tormenta política de consecuencias penales. En 2004 denunció múltiples irregularidades del consistorio ante el Tribunal de Cuentas canario. La denuncia provocó la imputación de todos los consejeros de dicho tribunal, que tras hallar numerosas anomalías en la gestión de los dirigentes municipales no las pusieron en conocimiento de la justicia. Y después, la detención por orden judicial de los presuntos responsables de los desmanes municipales.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos ex alcaldes por el PP del municipio, Carmelo Vega Santana y Antonio Díaz Hernández, y al ex edil de Urbanismo Luis Troya Ramírez, junto a tres técnicos municipales. Los delitos que se les imputan son fraude, exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, falsificación documental, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Lo llamativo del caso no es tanto que el titular del juzgado número uno de Las Palmas y un fiscal hayan tomado ahora cartas en el asunto de manera tan espectacular, sino que el tribunal autonómico de cuentas no hallara nada delictivo en las conclusiones que emitieron en su informe de 27 de septiembre de 2006. No en vano, el propio informe que ellos aprobaron fue el que, puesto en manos de la fiscalía por la edil Casas, supuso su imputación colectiva por un juzgado de Tenerife, sede de tal institución, y la orden de detención de los concejales implicados en las supuestas corruptelas.

Las irregularidades denunciadas ante el Tribunal de Cuentas por la edil Casas y por los inspectores de la institución auditora, que advirtieron de que algunos de los asuntos descubiertos en la gestión del Ayuntamiento de Santa Brígida entre 2000 y 2005 debían ser encaminados a la vía penal, fueron las siguientes:

- No existió un registro de contratos, hubo gastos sin expediente de contratación, otros se fraccionaron ilegalmente y no se publicaron los contratos menores.

- En 2003 y 2004 el Ayuntamiento abonó, sin mediar contrato alguno, a empresas (Hostelea Carmelo Vega y Las Casillas de Servicios Hosteleros) administradas por el alcalde Antonio Vega, gastos (casi 30.000 euros) por atenciones protocolarias.

- Existieron pagos de facturas (98.240 euros) a una ferretería vinculada al ex concejal de Urbanismo por el PP, Luis Troya, que, precisamente, dio su aprobación municipal al gasto.

- Se abonaron pagos de servicios sin que constase la existencia de vínculo laboral o contractual con la corporación.

- No se aplicaron retenciones por el IRPF ni del impuesto general indirecto canario.

- No se liquidó el impuesto sobre construcciones a la Unión Temporal de Empresas que realizó un complejo de aparcamiento, plaza y locales comerciales, perdón que supuso más de 600.000 euros a la firma.

- La corporación carecía de inventario de bienes.

Al margen de los tres citados políticos locales, fueron detenidos ayer tres técnicos del Ayuntamiento: Santiago Hernández Álvarez, que cumplía funciones de interventor, Antonio Ventura Rodríguez (jefe del almacén municipal de obras) y Jacinto Hernández Álvarez, con labores de secretario general.

En marzo de 2006, el ex alcalde Vega y el ex concejal de Urbanismo Troya fueron ya condenados a nueve años de inhabilitación especial para cargo público, como responsables de un delito de prevaricación.

El nombre de Troya también apareció en una pieza del caso Faycán, que investiga una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Telde (también gobernado por el PP), justo el que da pie al caso Europa, por entregar supuestamente información del catastro del municipio de Santa Brígida al administrador único del Grupo Inmobiliario Europa SAU, José Manuel Antón Marín.

Los regidores afectados han cambiado varias veces de partido en medio de crisis internas

Carmelo Vega fue alcalde del PP entre los años 1999 y 2005, aunque su carrera política comenzó como concejal de Independientes por Satautey (conocido por las siglas ISA). Vega hizo una pequeña fortuna regentando el popular restaurante Bentayga y una empresa de alimentación en catering. Muchos actos y fiestas municipales se celebraban en el local de su propiedad. En los últimos meses cerró el Bentayga e inauguró en una finca el restaurante Monte Verde. En 2005, la dirección del PP canario, con José Manuel Soria al frente, decidió relevarlo. La decisión causó una enorme crisis en el partido, con el aún alcalde presentándose en todos los medios de comunicación como una víctima. Su carrera política en el PP acabó con una moción de censura de su propio partido y su sustitución por el concejal Antonio Díaz, que permaneció como alcalde hasta las pasadas elecciones de mayo.

Vega se marchó del PP y Díaz tampoco fue designado candidato a las elecciones de 2007, lo que provocó otra crisis entre los populares. Pese a todo, el PP fue de nuevo el partido más votado, esta vez con el candidato Lucas Bravo de Laguna, hijo del ex presidente del PP y del Parlamento de Canarias, José Miguel Bravo de Laguna. Tras los comicios, Bravo firmó un pacto de gobierno con Los Verdes. Mientras, Carmelo Vega obtuvo el acta de concejal con su antiguo partido ISA y Antonio Díaz fundó una formación con su propio nombre, con la que también logró ser concejal del ayuntamiento.

Luis Troya accedió al Ayuntamiento de Santa Brígida en 2003 con de Coalición Canaria (CC). Sin embargo, al año siguiente, junto a otro concejal nacionalista, se pasó al PP, desde donde ejerció de concejal de Urbanismo, al tiempo que regentaba una ferretería de su propiedad.

El voto de Troya fue decisivo para que prosperara la moción de censura contra su alcalde, Carmelo Vega, en 2005.

La sospecha se extiende en los municipios del archipiélago

La corrupción corroe la política canaria. Los casos de información privilegiada, comisiones ilegales y pelotazos urbanísticos se han multiplicado durante los últimos años en municipios de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Algunos han tocado al Gobierno autónomo, como las irregularidades en un concurso para la construcción de parques eólicos en 2006. Los más recientes son éstos:

- 'Caso Faycán'. Todos los miembros del gobierno local del PP en Telde (Gran Canaria), salvo un concejal, fueron detenidos y posteriormente dimitieron, a finales de 2006, por su implicación en una trama de favores urbanísticos a cambio de comisiones. El cerebro era la concejal de obras, Antonia Torres. "Cuando nos adjudicaron la obra, el asesor de la concejal nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios. Como no pagamos, dejaron de pagarnos las certificaciones de obras", declaró al juez un empresario extorsionado.

- 'Caso Mogán'. El juez ordenó el pasado febrero la detención del alcalde de Mogán, Francisco González (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas y malversación por firmar un convenio con un empresario por el que éste debía entregar al ayuntamiento tres parcelas que nunca cedió. La nómina de supuestos delitos de su primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, se completaba con un fraude electoral por comprar supuestamente votos de turistas a los que lograba empadronar en el municipio. Bueno fue además acusada por la policía de espiar a la comisaria que investigó el caso.

- 'Caso Teresitas'. El fiscal presentó en diciembre una querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), tres concejales (uno de ellos del PSOE y otro del PP), varios técnicos municipales y dos empresarios por prevaricación y malversación. Los empresarios compraron suelo por 30 millones en los aledaños de la playa de Las Teresitas, revendieron un tercio por 53 millones al ayuntamiento, y el resto, recalificado, alcanzó un valor de 106 millones. El supuesto pelotazo ascendió a 129 millones de euros. Buena parte del suelo era público y el resto, un acantilado.

www.elpais.com  24/10/07

El ex alcalde de Pego ingresa en la cárcel para cumplir la primera condena por delito ambiental

El ex alcalde de Pego Carlos Pascual ingresó ayer de forma voluntaria en el centro penitenciario de Picassent a primera hora de la mañana. Pascual -a quien el juez había comunicado que debía entrar en la cárcel antes de las 11 de la mañana- se presentó en el recinto cuando faltaban unos minutos para las ocho. Así, el ex alcalde logró pasar desapercibido al acceder a la misma hora que decenas de funcionarios.

Pascual, que cumplirá la primera condena por un delito medioambiental, pudo eludir a los medios de comunicación que en ese momento aguardaban ya su llegada. Pero, horas antes de entrar en Picassent, el ex alcalde de Pego dejó su testamento político en un programa de la televisión local Marina Alta TV, al que acudió acompañado de su esposa y candidata del Partido Popular a las elecciones municipales, Maite Ferrándiz, y arropado por una veintena de personas, entre familiares y seguidores.

Por contra, Pascual llegó solo a Picassent, sin ningún seguidor, antes incluso de que se abriera la cárcel, escondido, y sin que se pudieran captar imágenes de su llegada. « Soy el primer delincuente ecológico de España y si voy a la cárcel es porque la democracia española ha hecho una injusticia conmigo. Voy a prisión por culpa de gentuza» , dijo en la entrevista a la televisión local. «E ir a prisión -continuó- es lo más rebajado que le puede pasar a una persona». Pascual trufó sus intervenciones de referencias personales y familiares. El ex alcalde miró a su mujer y le dijo: «Maite, tú tienes un trabajo que es ganar las próximas elecciones y lo podrás hacer con la cabeza bien alta; y yo tengo otro, con el que agacharé la cabeza, que es ir mañana (por ayer) a prisión. Lo único que siento es que no me van a dejar votarte en las próximas elecciones. Ni siquiera eso» , se lamentó Pascual para después añadir: «Eso sí, no quiero pasar mucho tiempo en la cárcel. Porque cuando salga de ella ya sé lo que voy a hacer: he tomado una decisión y aunque me cueste muchos años la cumpliré» .

En ese momento, Pascual se tomó una pausa para ganar mayor tensión dramática mientras el plató aguardaba expectante. Después, hizo una mueca, y añadió: «cuando salga de prisión renunciaré a la nacionalidad española» . Ya para entonces el escenario televisivo estaba roto por los sentimientos, hasta el punto de que el presentador dijo: «vamos a ponernos todos a llorar» . Pascual justificó la decisión en que ha sido el sistema judicial y político el culpable de la sentencia que le obligará a pasar seis años en la cárcel por delitos ecológicos cometidos en el parque natural del Marjal de Pego-Oliva entre 1996 y 1998.

www.levante-emv.com 03.05.07

UN AÑO DE CÁRCEL PARA UNA DIRIGENTE DEL PP EN CEUTA POR FALSIFICAR DOCUMENTOS PARA CONTRATAR A SU MARIDO 

La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a un año de prisión y siete años de inhabilitación de cargo público a Malika A., miembro de la Ejecutiva del PP ceutí, por haber falsificado un documento para contratar a su marido como médico con plaza fija en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) cuando ella era la directora de la entidad. La sentencia, que se ha producido por conformidad, juzgaba unos hechos ocurridos en el año 1997 cuando el INGESA abrió un expediente administrativo al marido de Malika A. por la integración de este último en la institución como médico con plaza fija gracias a un certificado falso que había firmado su mujer y directora de la institución.  La situación provocó la llegada a la ciudad de un inspector que puso los hechos en conocimiento de la Unidad de Delitos de la Seguridad Social, lo que motivó incluso la detención del marido, Luis M. y de la propia Malika.Tanto la ex directora territorial como su marido se han conformado con la pena de un año de prisión dictada en la sala de la Audiencia Provincial. El tribunal acordó la sentencia por un delito de estafa y prevaricación, por el que también se le ha impuesto una multa a cada uno de ellos de siete meses a razón de 10 euros diarios. Además, Malika ha recibido una inhabilitación de siete años en cargo público, aunque sí podrá ejercer como doctora. Igualmente los dos acusados deberán abonar 26.279 euros en concepto de responsabilidad civil. www.cadenaser.com 29/03/07)

EL JUEZ IMPUTA CINCO DELITOS AL CONCEJAL DE ALHENDÍN Y LE DEJA EN LIBERTAD BAJO FIANZA

El concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Alhendín, Manuel Fernández (PP), quedó ayer en libertad con cargos tras declarar durante siete horas y media ante el juez que ordenó su detención el pasado lunes. Fernández dispone de siete días para abonar una fianza de 18.000 euros. El juez le imputa cinco delitos: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público. El edil se declaró inocente y defendió la legalidad de sus actuaciones en el polígono industrial Marchalhendín y en la urbanización residencial Novosur.

Manuel Fernández abandonó el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, que instruye la causa, pasadas las 20.00 en un furgón policial. Según su abogado, Rafael López Guarnido, el concejal de Urbanismo de Alhendín estaba "tranquilo y cansado, pero bien". El edil había llegado a los juzgados a las 9.45 desde la Jefatura Superior de Policía de Granada, donde pasó la noche del lunes y donde prestó una primera declaración ante la policía.

El interrogatorio del juez instructor, Miguel Ángel Gómez Torres, duró siete horas y media y se desarrolló en dos sesiones: cuatro horas por la mañana y tres y media por la tarde. Tras escuchar las explicaciones del edil, el juez le imputó cinco cargos: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración del precio en concurso público. No obstante, el instructor decretó la libertad bajo fianza de 18.000 euros, que el edil podrá abonar en los próximos siete días. El concejal tendrá además que presentarse en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes. El castigo impuesto por el magistrado coincide con el solicitado por el fiscal.

Los investigadores han bautizado la operación que ha llevado a detener a Fernández como caso Marchelo, en referencia al polígono industrial Marchalhendín, uno de los grandes proyectos del edil y en el que se centró buena parte del interrogatorio de ayer. Según las denuncias formuladas por el PSOE granadino, el Ayuntamiento vendió por 9 millones de euros los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían en los suelos de este polígono una semana después de que los técnicos municipales tasaran estos terrenos en 24 millones.

Además, según la denuncia presentada por el PSOE, la empresa promotora del proyecto, perteneciente al grupo sevillano Tarje, inició las obras sin contar con la licencia y ha seguido trabajando en el terreno incluso después de que el alcalde, José Guerrero (PP), ordenara que parasen. Los socialistas aseguran también que el Ayuntamiento obvió la titularidad pública de los caminos que atraviesan el futuro polígono, valorados en 750.000 euros, para "regalárselos" al promotor.

La actuación judicial y policial se ha centrado también en la gestión de Fernández en la promoción Novosur, un conjunto de 1.390 viviendas en bloques de seis plantas más ático a las afueras del municipio. El PSOE denunció que el Ayuntamiento vendió a la promotora Frai los terrenos por 1,2 millones de euros, a pesar de que los técnicos municipales los valoraron en 3,5. El grupo Frai emitió ayer un comunicado en el que asegura que está cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del convenio suscrito con este Ayuntamiento.

La causa sigue bajo secreto de sumario, pero fuentes del caso señalaron que previsiblemente el secreto se levante en los próximos días.

La detención del concejal de Urbanismo de Alhendín centró ayer gran parte del debate político en Andalucía. A este caso aludió incluso el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, quien lamentó que el PP haya puesto en duda la actuación judicial y policial en el municipio granadino. Según Sevilla, los populares valoran a los jueces en función de sus intereses políticos: "Si la investigación de la Policía o Fiscalía favorece a sus intereses, es lo correcto, y si no, lanzan sombras de sospecha", añadió el ministro.

En el mismo sentido se expresó el secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, quien criticó "el cinismo" y "la poca catadura moral" del PP, al que acusó de "no respetar las reglas del juego".

El alcalde de Alhendín, José Guerrero (PP), mostró su "sorpresa" por la detención del edil y defendió la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento, a pesar de que reconoció que él no tiene "ni idea" de urbanismo. El PSOE provincial exigió la dimisión del alcalde, el concejal detenido y de dirigentes del PP provincial, a los que reprochó haber descartado la existencia de ilegalidades urbanísticas en Alhendín tras abrir una investigación interna.

(www.elpais.com, 07/03/07)

Detenido el edil de Urbanismo de Alhendín en Granada por presunto delito urbanístico

El concejal de Urbanismo del municipio de Alhendín (Granada), Manuel Fernández (PP), ha sido detenido hoy por agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusado de un presunto delito urbanístico, según informaron a Efe fuentes del cuerpo armado.La detención de Fernández se enmarca en la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía por diversas irregularidades urbanísticas cometidas presuntamente por el edil en el polígono industrial de Marchalendín, y en una urbanización en construcción. El pasado 29 de diciembre, el PSOE remitió a la Fiscalía una nueva denuncia sobre el polígono industrial Marchalendín, tras constatar que en éste se seguían ejecutando obras un mes después que fueran paralizadas por orden del Ayuntamiento de Alhendín (PP). Los socialistas, que instaron en varias ocasiones a la dirección del PP a tomar medidas sobre las presuntas irregularidades urbanísticas en Alhendín, denunció que el proyecto del polígono industrial, que ocupa tres millones de metros cuadrados, se ejecutase sin haberse aprobado un proyecto que permitiese acometer las obras, entre otras supuestas ilegalidades. www.cadenaser.com  05.03.07

Los dos ediles del PP detenidos en Pontevedra iban a recibir una comisión de 50.000 euros

Los concejales de Gondomar (Pontevedra) José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido, del PP, detenidos el miércoles por la Guardia Civil, iban a recibir ese día 50.000 euros de un promotor que se prestó a colaborar con la justicia para desmontar la supuesta trama de corrupción urbanística. A ambos ediles (responsables de Urbanismo y Cultura) y al arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, contratato por el Ayuntamiento, la juez les imputa tres delitos de cohecho a cada uno, y otro a la compañera sentimental de Mosquera, Belén Fernández. Los cuatro han quedado en libertad con cargos.

La comisión de 50.000 euros que Mosquera y Gómez iban a cobrar del promotor demostraría un delito continuado de pagos ilegales a cambio de conceder licencias urbanísticas y otros "favores". La investigación que desencadenó su detención y la del arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, se remonta varios meses atrás, cuando la Fiscalía de Vigo incoó diligencias previas tras una de tantas denuncias que se han presentado por supuestos pagos ilegales en esta localidad turística de 13.000 habitante y cercana a Vigo.

El promotor destapó las presuntas corruptelas y se inició un discreto seguimiento a través de intervenciones telefónicas de los detenidos y de otras personas que estarían en el punto de mira de la investigación. Unas denuncias que pusieron en evidencia a ambos ediles cuando la Guardia Civil montó un dispositivo para realizar la entrega vigilada de más de 50.000 euros que supuestamente iban a percibir los concejales, según confirmaron fuentes de la investigación.

En el momento de interceptar la entrega del dinero se detuvo al responsable municipal de Cultura, Luis Mosquera, concejal independiente y portavoz del equipo de gobierno, y a su novia, Belén Fernández. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Alejandro Gómez, no habría acudido a la cita por culpa de un catarro que le mantenía desde días antes recluido en su casa. Belén Fernández declaró ayer por la mañana ante el juez y volvió a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. A última hora, la juez ordenó libertad condicional para los dos ediles y el arquitecto, a los que imputa tres delitos de cohecho a cada uno. Los tres deberán presentarse en el juzgado cada 15 días. A la mujer también la dejó en libertad provisional tras imputarle un delito de cohecho.

Un portavoz del instituto armado confirmó que los detenidos habían permanecido incomunicados. Por la tarde fueron puestos a disposición judicial. Al encontrarse bajo arresto incomunicado, acordado por la juez Eugenia Manzanares Saavedra, declaraban al mismo tiempo y sólo con la asistencia de abogado de oficio, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Durante el tiempo de su detención incomunicada, los arrestados no pudieron entrevistarse ni con sus abogados ni con sus familiares. La juez también decretó el secreto de las actuaciones. Fuentes de la investigación no descartan la detención de más implicados.

La identidad del promotor queda preservada hasta que se levante el secreto de sumario. De confirmarse la imputación a los detenidos, se convertiría en el principal testigo de cargo en el juicio de este caso.

Por su parte, el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, pidió ayer prudencia. "Para nosotros cabe la presunción de inocencia", afirmó, y lanzó un "mensaje de tranquilidad: ahora debemos mantener la cabeza fría". Silva criticó el método usado para detener a los dos ediles: "Alejandro estaba en su casa, en pijama, con gripe, su mujer esta mañana [por ayer] aún no sabía si estaba en Pontevedra o en Vigo".

Silva dijo desconocer exactamente lo que se les imputa a los dos concejales, a la compañera sentimental de uno de ellos y al arquitecto Francisco Borja Ramilo, que trabaja habitualmente con uno de los constructores más conocidos de Gondomar, José Fajo. El alcalde afirmó que no tomará ninguna decisión para recomponer su gobierno mientras no haya más datos, e insistió en que seguirán trabajando con total normalidad.

El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Cabaleiro, no se mostró sorprendido por las detenciones: "Siempre sospechamos que había irregularidades urbanísticas, aunque la verdad es que no sabíamos que la cosa llegaba a estos extremos". Cabaleiro acusó al equipo de gobierno de "dar licencias urbanísticas de forma selectiva".

Xosé Antón Araúxo, portavoz nacionalista, se remontó a las presiones que han vivido los ediles del BNG desde que comenzaron a luchar contra el urbanismo irregular: "Quemaron los coches y la casa de un compañero, dieron una paliza a otro...". Araúxo acusó al subdelegado del Gobierno de ignorarles cuando denunciaron las agresiones, alegando que eran problemas entre particulares.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, consideró las detenciones como "una muestra de que el Estado de derecho funciona y de que las leyes están para ser cumplidas. Lo importante es destacar su eficacia ejemplarizante", añadió.www.elpais.es 16.02.07

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Detenidos el portavoz del PP en Mogán y tres empresarios imputados por corrupción

El portavoz del PP en el municipio grancanario de Mogán, Silverio Martín, y los empresarios Santiago Santana Cazorla y Antonio Canales, junto al propietario de Radio Arguineguín, Juan Medina Ascanio, han sido detenidos hoy por la Policía Nacional, según fuentes de la Delegación del Gobierno.

El portavoz popular y los dos empresarios han sido arrestados en el marco de la operación Góndola, que investiga un presunto caso de corrupción urbanística en Mogán.Poco después, a las 11.00, ha sido detenido el propietario de Radio Arguineguín, Juan Medina Ascanio, supuestamente por su relación con el presunto cobro de comisiones a cambio de favorecer la imagen del PP en el municipio, según ha informado el ex letrado del detenido. El abogado, que no ha querido asumir la defensa del propietario de la emisora, no ha querido dar su nombre ni los motivos por los que ha rechazado representarlo.

En la misma operación ha sido detenido, entre otros miembros del consistorio, el alcalde de Mogán, Francisco González, quien ha sido puesto en libertad con cargos y sin fianza.El secretario general del PSC en Gran Canaria, José Miguel Pérez, he declarado hoy que el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, "es el principal responsable político de la presunta corrupción que se ha incrustado en sus filas" y que afecta a "otros sectores de la sociedad".Sobre las últimas detenciones practicadas en Mogán en la segunda fase de la operación Góndola, relacionada con un caso de presunta corrupción urbanística, el dirigente del PSC considera que "no es un hecho aislado" las que afectan a miembros del PP. Pérez se ha referido al portavoz popular detenido en el municipio, Silverio Hernández.El secretario general de los socialistas grancanarios ha dicho que "lo que hay que preguntar ahora al PP es qué más ha estado haciendo en estos años de mandato en el Gobierno de Canarias, Santa Brígida, Telde, Mogán o Fuerteventura", ya que, a su juicio, la situación por la que pasan los 'populares' canarios "responde a un estilo y una forma de hacer las cosas" que es "permitida y auspiciada desde" la dirección de la formación en las Islas.

"Lo peor que han podido hacer los dirigentes del PP ha sido no erradicar la corrupción, permitir un estilo en que la presunta corrupción se ha incrustado en sus filas y, cuando han tenido que responder ante ello, han mirado para otro lado y han intentado culpar a otros, han buscado con mentiras implicación de quien no tiene nada que ver con estas cosas", ha aseverado.José Miguel Pérez ha destacado que fue José Manuel Soria quien "permitió la elección de un nuevo alcalde en Telde con los votos de presuntos corruptos y permite que sigan en puestos de decisión presuntos corruptos".En opinión del dirigente socialista, "aquí lo importante es que cuando uno viene a las instituciones sea para cumplir con la legalidad y se ha demostrado que unos dirigentes políticos no garantizan la legalidad". www.elpais.es  05.02.07

Detenidos por corrupción el alcalde popular de la localidad gran canaria de Mogán y otras cuatro personas

El número de detenidos del Ayuntamiento grancanario de Mogán se eleva ya a cinco, al ser arrestados junto al alcalde, el popular Francisco González, la primera teniente de alcalde, Onalia Bueno García, y dos empleados, ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Así mismo ha sido detenido el funcionario municipal jubilado Marcelino Martín Artiles, quien fue Jefe de la Oficina de Urbanismo.Prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias son algunos de los delitos que se imputan a esos cuatro detenidos, a los que se espera se sume una quinta persona en las próximas horas, aún sin arrestar, según un comunicado del TSJC.En él se detalla que, junto al alcalde y a Onalia Bueno, han sido detenidos también, por el momento, el secretario del Ayuntamiento, Ángel Sutil Nesta; y Manuel de León Toledo, colaborador de la primera teniente de alcalde.Ángel Sutil se encuentra bajo custodia policial en su oficina del Ayuntamiento, mientras que los restantes detenidos permanecen por el momento en sus respectivos domicilios.En todos ellos, así como en distintas dependencias municipales, se han comenzado a efectuar, entre tanto, diversos registros ordenados por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 6 de San Bartolomé de Tirajana, responsable, según detalla el TSJC, de la operación.Ésta se puso en marcha, al parecer, ante presuntas irregularidades que se habrían cometido en relación con operaciones urbanísticas en el referido municipio turístico, señalaron fuentes próximas al caso, si bien el TSJC no aclara este aspecto, al subrayar que el juez responsable del caso ha decretado el secreto del sumario sobre las actuaciones.Por ello, precisa sólo que, "con carácter general, a los detenidos se les imputan varios delitos contra la administración pública, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias".El comunicado anticipa, en cualquier caso, que, "a la hora de redactar esta nota de prensa, falta practicar una detención, de la que se informará en su momento".Los detenidos pasarán a disposición judicial entre el jueves y viernes a primera hora de la mañana. www.elpais.es  23.01.07

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ENVÍAN A PRISIÓN AL EX ALCALDE DE ANDRATX, EL 'POPULAR' EUGENIO HIDALGO

La Audiencia Provincial de Palma ha decretado hoy el reingreso en prisión sin fianza y durante un plazo máximo de dos meses del ex alcalde de Andratx (Mallorca) Eugenio Hidalgo, del PP, y del inspector de obras municipal Jaume Gibert, acusados de corrupción urbanística, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). La Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Anticorrupción, Joan Carrau, contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número doce de Palma, el pasado 13 de diciembre de 2006, en el que decretó libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros para Hidalgo y de 60.000 euros para Gibert. El ex edil y el funcionario estuvieron presos durante 17 días tras su detención el 27 de noviembre de 2006, pero el juez de instrucción les puso en libertad con fianza. El fiscal reclamó de inmediato el reingreso en la cárcel para evitar que se destruyeran pruebas o se presionase a testigos e imputados. Para el fiscal, eran "desproporcionadas", por bajas, las fianzas impuestas por el juez, teniendo en cuenta que Hidalgo y Gibert "han reconocido operaciones inmobiliarias" que les han reportado unos beneficios de 1,8 millones de euros.La Audiencia de Palma ha dictado hoy dos autos diferentes -los 31/07 y 30/07-, en los que se estima el recurso del fiscal y por los que Hidalgo y Gibert deberán regresar a la cárcel por un plazo máximo de dos meses, en régimen de prisión comunicada, y sin posibilidad de eludir el ingreso con fianza. Los autos precisan que el ingreso en prisión de Hidalgo y Gibert sólo podrá ser modificado a petición del Ministerio Fiscal. Hidalgo y Gibert tienen de plazo hasta las 12.00 de mañana, 1 de febrero, para ingresar en el Centro Penitenciario de Palma. Rafael Perera, abogado de Hidalgo, ha explicado que el ex alcalde, tras conocer la medida de la Audiencia, "está muy entero" y "dispuesto a aceptar la decisión y preparar su defensa en el juicio oral de la causa".www.elpais.es 31.01.07

Detenido el hermano del ex alcalde de Andratx implicado en una trama de corrupción urbanística

La Guardia Civil ha detenido hoy a Carlos Hidalgo, hermano del ex alcalde de Andratx acusado de diversos delitos en relación con la corrupción urbanística del municipio mallorquín. Hidalgo regenta un restaurante en la avenida de Gabriel Roca, construido supuestamente sobre terrenos calificados de interés especial. Ayer, la Guardia Civil arrestó al constructor Felipe Seguí por su presunta implicación en esta trama criminal; de madrugada quedó en libertad a la espera de que el juez instructor le tome declaración mañana.La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca envió de nuevo a prisión al ex alcalde, Eugenio Hidalgo, del Partido Popular, el pasado 31 de enero. Junto a él volvió a la cárcel el funcionario municipal de Obras, Jaume Gibert. El tribunal consideró que Hidalgo podría destruir pruebas fundamentales para la investigación e influir en personas relacionadas con la misma. El ex regidor está imputado por la comisión de los supuestos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales o tráfico de influencias.Un día después, el Consejo Insular de Mallorca, que controla las competencias urbanísticas en la isla, decidía por unanimidad suspender el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, lo que impedía conceder licencias para nuevos proyectos urbanísticos.El municipio mallorquín vive una situación de emergencia y excepcionalidad urbanística desde el 27 de noviembre, cuando estalló el escándalo de corrupción, se detuvo al alcalde, al funcionario de Obras y al ex jefe de urbanismo, y fueron imputados dos arquitectos y un letrado municipal. El juez investiga ahora más de un millar de expedientes de obras de los últimos siete años para sustentar el caso.Andratx se ha convertido en un paradigma del urbanismo salvaje. Este municipio de gran interés turístico y residencial mantiene unas normas urbanísticas muy poco exigentes y que datan de 1976. La supuesta corrupción que los fiscales y el juez examinan ahora apunta a una presunta connivencia del alcalde y responsable de Urbanismo (a la vez constructor y promotor) con empresarios locales. www.elpais.es  06.02.07

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DETENIDO UN EDIL DEL PP EN UNA OPERACIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE ARMAS

Al menos cinco personas de edades comprendidas entre los 60 y 75 años, dos de ellas vinculadas al PP, han sido detenidas hasta el momento en una operación contra el tráfico de armas coordinada por la Guardia Civil de Ourense en tres ayuntamientos de las comarcas de Xinzo y Verín, limítrofes con Portugal. En la operación la Guardia Civil se ha incautado de pistolas, fusiles y munición en una cantidad por el momento sin determinar, cuyo origen se está analizando, así como el mercado al que estaba destinada.Las detenciones son fruto de una operación "larga en el tiempo, difícil y laboriosa, en la que trabaja un considerable número de investigadores", según reconocen fuentes oficiales de la Guardia Civil, que no ofrecerá información hasta que ésta no culmine. Otras fuentes han confirmado la identidad de los detenidos, personas muy conocidas en sus respectivos municipios de Verín, Riós y Baltar.Precisamente, tanto la identidad de los implicados como lo avanzado de sus edades -en su mayoría jubilados- ha causado gran sorpresa entre sus vecinos.El detenido en el Ayuntamiento de Baltar es actualmente concejal por el PP y propietario de un taxi. El de Riós fue igualmente concejal del PP hace unos años en este mismo municipio. Junto a ellos está también detenido un ex empleado del Ayuntamiento de Xinzo.Pero si eso ha resultado sorprendente, no lo ha sido menos el hecho de que dos de los tres detenidos en Verín sean empresarios relacionados con las armas, dedicados en un caso a la reparación de escopetas y, en el otro, a regentar una armería. Se trata, en este último caso, de una persona imputada anteriormente por la falsificación de documentos de su negocio. El tercero trabaja en un almacén de distribución de bebidas.La implicación política del detenido en el municipio de Baltar ha sido valorada con prudencia por el secretario de organización del PP orensano, José Manuel Baltar Blanco. Éste ha lamentado que el nombre de su organización política se vea envuelto en este asunto pero, tras evidenciar su sorpresa y malestar, ha asegurado que su partido actuará con cautela hasta que se produzca una resolución judicial.Por otra parte, el regidor de Verín, Emilio González Afonso (PSOE), expresó su sorpresa. "Todos nos conocemos aquí, pero el hecho de que los detenidos sean empresarios y personas tan mayores hace más increíble este asunto", manifestó, aclarando que la situación geográfica de los tres municipios -fronterizos con Portugal- los hace vulnerables y proclives a la actividad del tráfico de cualquier tipo.El regidor verinense recordó que hace apenas un par de años se llevó a cabo una operación similar en el Ayuntamiento de Riós con el resultado de tres personas detenidas también por tráfico de armas.www.elpais.es  31.01.07

Detenidos el alcalde de Alhaurín el Grande y el concejal de Urbanismo por presuntos delitos urbanísticos

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra Gil, ambos del Partido Popular, han sido detenidos esta tarde acusados de varios delitos al parecer relacionados con asuntos urbanísticos.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local han acordonado el Ayuntamiento y han registrado las dependencias municipales, centrándose en la oficina técnica de Urbanismo, de donde han obtenido numerosa documentación. Los agentes también registran esta noche la vivienda del alcalde y se espera que hagan lo mismo con el responsable de Urbanismo. Martín Serón y Gregorio Guerra acompañan a los agentes en estos registros.

Las citadas fuentes han negado que estas detenciones estén relacionadas con la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella, también en Málaga, han explicado que el caso lo llevan agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol y no descartan nuevos arrestos.

Ambos políticos fueron detenidos en Marbella pasadas las 18.00 horas tras asistir al almuerzo-mitin celebrado en dicha localidad y en el que intervino el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Según fuentes cercanas al regidor, los dos ediles estaban en una cafetería junto a otros militantes de su partido cuando se personaron en el lugar agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que procedieron a la detención de Juan Martín Serón y Gregorio Guerra Gil.

"Van a por el PP"

"No van a por mí, van a por el PP", ha gritado varias veces el alcalde Juan Martín Serón, tras ser trasladado esta noche en un coche policial.Tras el registro de su vivienda de la urbanización La Paca, ubicada en la calle Encinas, el regidor ha sido trasladado en la parte trasera de un coche camuflado de la Policía a otro domicilio situado en el número 5 de la calle Cristo de la Miseria, donde ha sido introducido por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que viajaban en tres vehículos.

La impugnación de la Junta

La Junta de Andalucía pidió en 2004 al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que cumpliera la ley en bienes municipales después de que el Gobierno andaluz impugnara ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz permutas de suelo municipal.Según informó entonces el organismo autonómico, el Ayuntamiento "nunca aclaró la finalidad exacta de las permutas, como obliga la ley, a pesar de los requerimientos de la Junta", y "sólo se refirió a generalidades basadas en la necesidad de hacerlo para el beneficio del patrimonio municipal".

Un político ascendente

El alcalde Juan Martín Serón es además vicesecretario de Relaciones Institucionales de la ejecutiva provincial del PP y diputado en la Diputación de Málaga. Tanto ascendía que estuvo a punto de ser elegido ayer mismo vocal del consejo de administración de la caja de ahorros Unicaja a propuesta de su partido, aunque finalmente no lo consiguió tras producirse un empate entre las dos candidaturas que concurrían.Este economista nacido en 1958 en la localidad de la que es alcalde, entró en la Junta Directiva Regional del PP andaluz y además de presidir el PP local, accedió a la presidencia del Grupo Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, comarca donde se sitúa su población. Ha estado en dos etapas en el PP y entre ambas presidió el grupo político formado por ex concejales y ex militantes del PP denominado Colectivo Alhaurino Democrático (CAD) con el que llegó a la Alcaldía en julio de 2000 mediante una moción de censura contra el PSOE.Hasta entonces había apoyado a los socialistas, pero logró el respaldo de seis concejales del PP que, con los tres votos que sumaban él y sus compañeros de grupo, le auparon al primer sillón municipal y entonces Martín pidió al alcalde saliente responsabilidad "porque son gajes del oficio: mañana me puede pasar a mí".En su primera etapa en el PP fue presidente local, hasta que fue sustituido por parte de la ejecutiva provincial de la formación para fichar a quien entonces era el alcalde del municipio, y en este nuevo período llegó a ser uno de los vicesecretarios de la ejecutiva del PP de Málaga elegida en diciembre de 2004, que actualmente rige el partido.www.elpais.es 18.01.07

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Detenidos en Canarias una edil del PP y su marido por malversación de caudales

Guadalupe López, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Telde (Las Palmas de Gran Canaria), y su marido, Salvador Santana, han sido detenidos hoy por la policía dentro de la operación “Faycán”, como posibles autores de un delito de malversación de caudales públicos

Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSCJ), la concejala, la segunda del PP que se detiene en esta operación, y su marido fueron detenidos sobre las nueve horas y ambos han sido llevados a dependencias policiales. La nota indica que Santana será puesto mañana a disposición del juez que instruye el caso, Javier García, mientras que la concejala lo hará en los próximos días. Las investigaciones que sigue el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Telde sobre la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales continúan bajo secreto de sumario. Estas detenciones se producen a raíz de la nueva documentación hallada en los últimos meses en los diferentes registros de distintos domicilios entre ellos el de la principal imputada, la ex concejala de Obras Públicas del PP, María Antonia Torres. Así mismo, en las últimas han prestado declaración en la Jefatura Superior de Policía de Canarias, en la capital Gran Canaria, al menos tres empleados municipales de la Concejalía de Festejos, así como el asesor de la concejala, Fidel Ruiz, quien además compareció ante el magistrado Javier García. El juez interrogó a Ruiz, a quien se conoce popularmente como "el concejal consorte", sobre la relación del marido de la concejala con el Ayuntamiento. La concejala Torres, su marido, el interventor municipal Enrique Orts, el asesor de la concejala, Francisco Gordillo, y el hijo de éste, Francisco Gordillo, así como dos empresarios, protagonizaron las cinco primeras detenciones practicadas por García. En el caso figuran como presuntamente implicadas empresas constructoras como Mazotti, Dragados y Construcciones  y Cobra. www.cadenaser.com  26.09.06

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CASOS HISTÓRICOS Y REPETIBLES

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