El Grupo Municipal Socialista en Badajoz lleva un tiempo denunciando las irregularidades urbanísticas y responsabilidades políticas que parecen desprenderse claramente de los casos “Canal de Badajoz” y “Golf Guadiana”, así como el pelotazo que supondría el nuevo Plan General Municipal (antiguo PGOU), actualmente en trámite de aprobación. Estas operaciones, que supondrían enormes plusvalías para distintos dirigentes del PP local, podrían constituir, si se confirmaran judicialmente, un gravísimo caso de corrupción urbanística, según han informado a elplural.com fuentes dignas del mayor crédito.
Una concejala con privilegios
El 6 de marzo de 2006, la revista Interviú ya
publicó un reportaje bajo el título “Ladrillazo a la
extremeña”, referido a las irregularidades inmobiliarias
de los asuntos “Golf Guadiana” y “Canal de Badajoz”. En
el apartado titulado “Una rebaja inmobiliaria”, el
promotor de la urbanización “Golf Guadiana”, Ángel
Medrano, aseguraba que había rebajado varios miles de
euros el precio de un apartamento adquirido por la
concejala de Urbanismo, Cristina Herrera. La concejala,
además, ha adquirido cuatro pisos desde el año 2000,
tres plazas de garaje y un trastero. Curiosamente, en el
mismo edificio, también se compró un piso el teniente de
alcalde de la localidad, compañero de Cristina Herrera
en el PP y en el Ayuntamiento, Ramírez del Molino.
Contradicciones sospechosas
El caso de “Golf Guadiana” se originó cuando el promotor
y constructor, Ángel Medrano, tenía que construir un
Apartotel y, en su lugar, acabó edificando sesenta
apartamentos. El hecho de que en 1997 se hubiera
solicitado licencia de construcción para dichos
apartamentos y que a los propietarios se les cobrara el
IBI desde hacía años por parte del Ayuntamiento no
supusieron un obstáculo para que el alcalde de Badajoz,
Miguel Celdrán, negara conocer el asunto. Celdrán
manifestó “que el Ayuntamiento no tenía constancia de
que se estuviesen construyendo unos chalés”, a pesar de
que el empresario responsable de la promoción, Ángel
Medrano, había asegurado en el reportaje de Interviú
que en 1997 comunicó al consistorio pacense que estaba
haciendo unos apartamentos.
Sorprendente recalificación
Por otro lado, hace dos años, el alcalde Celdrán vendió
un terreno rústico, propiedad de su suegra, a un
promotor. A los pocos días, se aprobó, gracias a la
mayoría del PP en el Ayuntamiento de Badajoz, la
recalificación de esos terrenos.
Los terrenos del PP
El último Plan General de Urbanismo ha sido denunciado
por diversas razones: pasan a ser de 250 a 2.645
viviendas las edificadas en los terrenos de Vicente
Sánchez Cuadrado, ex senador y ex diputado del PP; se
construirán 9.561 viviendas entre la Carretera de
Olivenza y el río Guadiana, donde más de una docena de
hectáreas son del primer teniente de alcalde, Alejandro
Ramírez del Molino; por último, se edificarán 6.838
viviendas en la margen izquierda del río, en la Avenida
de Elvas, donde parte del terreno es propiedad de la
dirigente del PP Matilde Tagle.
Reparto de beneficios
El PP, que gobierna con mayoría absoluta en Badajoz,
está mostrando, por tanto, un claro interés en la
reclasificación de la denominada “milla de oro”: las
franjas situadas a ambas orillas del río Guadiana, hasta
la Avenida de Elvas en la margen derecha y hasta la
Carretera de Olivenza en la margen izquierda. Es en
estas zonas donde, según el plan, el Ayuntamiento planea
edificar más de 20.000 viviendas. Con esto, el actual
consistorio taponaría una zona que debería ser
de expansión, equipamientos deportivos, recreativos,
sociales, culturales y educativos, para poder obtener,
en cambio, unas enormes plusvalías que beneficiarían
presuntamente a unos elegidos, entre los que estarían
los dirigentes del PP mencionados.
El PP rechaza la comisión
Ante la gravedad de los hechos, el Grupo
Socialista solicitó en septiembre de 2005 la creación de
una Comisión Informativa Especial, que no fue aceptada
por el PP. De igual modo, se presentó una denuncia, poco
después, ante la Fiscalía Provincial en relación con el
caso “Golf Guadiana”, denuncia que se ha elevado
a la Fiscalía Anticorrupción y sigue actualmente su
curso.
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20.1.06