Nuestros asuntillos más pintorescos : De todo un poco
EL MINISTRO POSADA ADMITE QUE EL TRABAJO DE UN EX ALTO CARGO PUEDE VIOLAR LA LEY
El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, admitió en el Congreso que el ex director general de Obras Hidráulicas, Carlos Escartín, pudo incumplir la Ley de Incompatibilidades de altos cargos. El ministro relató durante una comparecencia en el Congreso que, tras las denuncias aparecidas en la prensa, la Dirección General de la Inspección analizó el caso y descubrió que Escartín violó el artículo 2.4 de la Ley de Incompatibilidades de altos cargos, de 1995. En él se dice: 'Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo'. Como se recordará, Escartín fichó en septiembre de 2000 por ACS como responsable de contratación. Sólo tres meses antes había participado en la adjudicación a una unión temporal de empresas, en la que estaba esa constructora, de las obras del recrecimiento del embalse de Yesa. Cuando Escartín decidió dejar la administración para pasar a la constructora nadie le puso ninguna objeción, según relató Posada. El incumplimiento del artículo 2 de la Ley 12/1995 es considerado como una falta grave o muy grave si se ha producido 'daño manifiesto' a la Administración (Mayo 2001).
MATAS SITÚA AL FRENTE DE UNA FUNDACIÓN A UNA MUJER QUE LLEVA DOS AÑOS DE BAJA
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, presidente del Partido en Baleares, ha colocado a Catalina Enseñat, doctora en Historia y ex diputada regional del Partido en las islas, como directora general de la Fundación Parques Nacionales. La situación laboral de Enseñat hasta que ha sido fichada por Matas era peculiar. Desde febrero de 2001 se halla en situación de 'incapacidad permanente total para la profesional habitual [coordinadora del Medio Natural]' por las secuelas de una lesión en el pie y tobillo, según el Tribunal Médico de la Seguridad Social. Desde junio de 1999 estaba de baja laboral.
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, considera idóneo el nombramiento de Catalina Enseñat para dirigir la Fundación de Parques Nacionales: 'Es la persona adecuada para ostentar este cargo. Está en una situación legal que le permite compatibilidad; nadie lo puede negar' .Además, el ministro alabó el perfil y el currículo de la elegida para dirigir la Fundación de Parques Nacionales. Enseñat, por su parte, considera que aúna la experiencia medioambiental, patrimonial, cultural y de gestión pública para desempeñar el cargo.
En cuanto all 'accidente de trabajo' que provocó la lesión a Enseñat se produjo en junio de 1997, cuando durante su trabajó bajó de un vehículo todoterreno en una visita a un área natural. La dirigente balear recayó, en junio de 1999, mientras seguía ejerciendo de coordinadora del medio natural de la actual empresa pública Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente del Gobierno de Baleares. Fue en esa fecha cuando el Partido perdió el poder en la isla y la coalición de izquierdas y nacionalistas se hizo con la dirección del Ibanat. La actual directora de la fundación Parques Nacionales, que era trabajadora fija de la citada sociedad pública, reclama ahora una indemnización de cinco millones de pesetas al actual equipo gestor de Ibanat, cuyo presupuesto está vinculado al Ejecutivo balear que preside Francesc Antich, del PSOE.
La última baja laboral de la ya directora de la fundación de Matas -que ha sido operada en dos ocasiones- es de 29 de junio de 1999, coincidente con el traspaso del poder político del Partido Popular al pacto de la izquierda (PSOE, IU y Los Verdes) con los nacionalistas en Baleares.
Catalina Enseñat fue diputada popular en el primer Parlamento balear de 1983 y directora general de Medio Ambiente en 1987. Fue contratada por la Administración balear en 1993, durante el mandato de Gabriel Cañellas, para trabajar en los Servicios Forestales de Baleares (ahora Ibanat). Está casada con José María González, actual presidente del Grupo Parlamentario del Partido de Baleares y ex consejero de Turismo con Matas (1996-99) (Febrero 2002).
ROBLES FRAGA OTORGA 1.200 MILLONES A LA FUNDACIÓN QUE PRESIDE SU PADRE
La Agencia Española de Cooperación Internacional, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha concedido una subvención de 1.200 millones de pesetas a la Fundación Cánovas del Castillo para un proyecto en Colombia. El jefe de la Unidad de Organizaciones no Gubernamentales, responsable de otorgar las ayudas, es Carlos Robles Fraga, hijo del presidente de dicha fundación que actúa como foro ideológico del Partido Popular, Carlos Robles Piquer. Los 1.200 millones de pesetas se han adjudicado a un proyecto cuyo socio es la Federación Nacional de Cafeteros Colombianos, una asociación vinculada al consorcio gubernamental Café de Colombia, y no una asociación sin ánimo de lucro, como es habitual. Las ayudas de la agencia se han otorgado en tres fases. La primera fue aprobada el pasado 15 de julio. Las organizaciones más beneficiadas en dicha convocatoria han sido asociaciones religiosas y conservadoras, algunas cercanas a la organización religiosa católica Opus Dei.La segunda fase se aprobó el pasado 27 de julio y estaba destinada a proyectos vinculados a la promoción económica. Finalmente, la tercera se concedió el pasado 9 de agosto y está destinada a los proyectos. En esta última fase es en la que ha resultado beneficiada la organización de Carlos Robles Piquer. La Fundación Cánovas del Castillo, que fue creada por el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, en 1980 para cultivar 'el auténtico pensamiento popular', se reconvirtió con los años en una de las organizaciones no gubernamentales con más proyectos en Centroamérica. Su reconversión en organización humanitaria coincidió con la llegada del Partido al poder (Noviembre 2001).
EL MINISTERIO DE DEFENSA EQUIPA A LOS 400 SOLDADOS EN KABUL CON MATERIAL INSEGURO
Los soldados destacados en Afganistán son visibles durante la noche con los prismáticos o el visor infrarrojo del enemigo. Las unidades destacadas en Kabul han sido equipadas con el nuevo portaequipos de combate adquirido por el Ejército de Tierra, un chaleco que carece de protección IR contra aparatos de visión infrarroja con la que cuenta todo el material. El IR se exige en las normas OTAN y lo tienen todos los ejércitos de Europa. Yuma, SA, la empresa que obtuvo el concurso, es propiedad de la familia de un alto cargo del Ejército.
Defensa gastó 21 millones de euros (347 millones de pesetas) en la compra de 20.000 portaequipos de combate en dos concursos a los que concurrieron otras dos empresas (Manufacturas Valle y Sei) que sí incluían el IR en su producto y costaban 552.931 euros (92 millones de pesetas) menos. Ambas fueron rechazadas 'por no superar las muestras presentadas los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas'. Yuma SA, la empresa adjudicataria, es propiedad de la familia Benedi y otros socios. María Rosario Benedi Pérez, ex apoderada y actual jefa de compras de esta sociedad está casada con el coronel José Martínez Nasar, secretario técnico de la Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General del Ejército (Febrero 2002).
LA MINISTRA BIRULÉS COMPRÓ UNA CASA CON EL MISMO MÉTODO FISCAL QUE SU AMIGO EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
La ministra de Innovación y Tecnología, Anna Birulés, adquirió una casa en la misma localidad, Urús (Girona); con el mismo método, el leasing a través de una sociedad, fórmula reservada para actividades empresariales, y en la misma finca que Josep Piqué, ahora titular de la cartera de Asuntos Exteriores y antes de la Industria y portavoz del Gobierno. Birulés, amiga personal de Piqué, comparte urbanización en Urús con el ministro y con el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, a quien nombró el propio Piqué. La esposa de Ferreras, Berta García Prieto, notaria de profesión, fue además la que formalizó las escrituras de propiedad. Los tres amigos, Birulés, Piqué y Ferreras, utilizaron el mismo método a la hora de adquirir sus casas y las escrituraron a nombre de empresas pantalla "para no gravar su patrimonio".
En el caso de Birulés y de su marido, Carlos Martí Batera, las sociedades a través de las que adquirieron su casa en Urús fueron Business Iniciatives y Cluendaris, SL. La primera fue dada precisamente de baja en octubre de 1999 por no haber pagado el impuesto de sociedades correspondiente a 1994, 1995 y 1996.
Con ello, el negocio es redondo: ni la sociedad propietaria inicial de la casa, Business Iniciatives, pagó los impuestos de sociedades ni la ministra ni su marido pagaron por la casa los impuestos derivados del aumento de patrimonio", puesto que oficialmente pertenecía a la firma morosa (Mayo 2000).
LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS EN LOS PARAÍSOS FISCALES
La inversión española en paraísos fiscales en 1999 fue de 202.837 millones de pesetas, cifra que prácticamente duplica la del año anterior, en que esta partida ascendió a 103.687 millones de pesetas. Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo del Ministerio de Economía, el incremento de la inversión en paraísos fiscales fue del 95,62% en 1999 respecto a la registrada el año anterior. La inversión en paraísos fiscales supuso el 2,42% del total de la inversión española en el exterior durante 1999, frente al 3,41% de un año antes. El contraste entre el aumento de la inversión en 1999 respecto a la del año anterior y la disminución del porcentaje se debe a que en 1999 el volumen total de inversiones en el exterior fue mucho mayor que el de 1998 (8,39 billones de pesetas frente a 3,04 billones de pesetas). Los paraísos fiscales que recibieron el mayor volumen de inversión fueron las islas Caimán, con 79.460 millones de pesetas, seguidas de las islas Vírgenes (62.287 millones), Antillas Holandesas (32.907 millones), Panamá (9.813 millones) y las islas anglonormandas (9.233 millones de pesetas). Por el contrario, los destinos que menor volumen de inversión de capital español recibieron el pasado año fueron Chipre (30.000 pesetas), isla de Man (470.000 pesetas), Bermudas (4,13 millones de pesetas), Bahrein (7,63 millones) y Mauricio (16,53 millones) (Julio 2000).
EL Partido IMPONE LA COMPATIBILIDAD DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE PRIVATIZACIONES CON SU ACTA DE DIPUTADO
La mayoría absoluta del Partido ratifica la compatibilidad de su diputado Luis Gámir, con su cargo de presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones. El argumento de los populares para evitar que Luis Gámir tenga que dejar un cargo por otro es que considera que el Consejo de Privatizaciones es un "grupo de trabajo" y "no un órgano consultivo". En cambio, para el diputado socialista Joan Marcet el mantenimiento de ambos cargos supone vulnerar el artículo 156 de la Ley de Régimen Electoral y atentar "contra la independencia" del Consejo de Privatizaciones (Septiembre 2000).
MÁS NOMBRAMIENTOS AMIGOS: LA SEPI REMODELA EL CONSEJO DE ENCE PARA INCORPORAR A ANTIGUOS ALTOS CARGOS DEL Partido
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anuncia "una profunda reestructuración" de la compañía papelera Ence "como paso previo al proceso de privatización del 51% del capital" que aún permanece en manos públicas. Como hecho más destacado de la reestructuración aparece la designación, como presidente de la compañía, del ex presidente del Senado y presidente del Partido de Extremadura, José Ignacio Barrero. Además de Barrero, se incorporan a la papelera otros cuatro consejeros independientes, entre los que figuran el ex embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Luis Feito, y el ex secretario de Estado de Energía, José Manuel Serra Peris, quien tuvo un papel destacado en la defensa de los costes de transición de las eléctricas (Octubre 2000).
EL MINISTRO CASCOS DESTITUYE A UN JEFE DEL GIF POR EL ATASCO EN QUE SE VIO ATRAPADO
El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), a instancias del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ha destituido al ingeniero encargado de la supervisión de la obra del AVE Madrid-Barcelona, cuyos trabajos provocaron un atasco en la carretera Nacional III, Madrid-Valencia, en el que se vio atrapado el propio ministro. El ingeniero del GIF destituido, José Manuel Carbonell, es director de la obra en la zona, aunque el comunicado oficial del ente, adscrito al Ministerio de Fomento, no daba cuenta tampoco de su nombre. El problema se produjo en el kilómetro 13,800 de la carretera de Valencia, donde se está construyendo un subterráneo para el paso de la línea de AVE Madrid-Barcelona. Las empresas tenían permiso para cortar uno de los dos carriles de salida desde las once de la noche hasta las seis de la mañana, pero incumplieron ese horario y no restablecieron ambos carriles hasta las ocho y cuarto, lo que provocó el atasco (Febrero 2001).
DIMITE EL 'GOBERNADOR' DE TARRAGONA ACUSADO DE EXTORSIONAR A INMIGRANTES
El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Raúl Navarro Roldán, presentó su dimisión para poder defenderse de la acusación realizada por, al menos, una mujer rusa que asegura que Navarro le ofreció regularizar sus papeles a cambio de favores sexuales. La investigación se encuentra en fase de diligencias previas y bajo secreto de sumario en el juzgado número 9 de Tarragona. El subdelegado prestó declaración ante el juez, junto con otros supuestos implicados. Navarro presentó la dimisión inmediatamente después de conocer su implicación en un caso que relaciona inmigración irregular y prostitución, aunque en una escueta nota remitida por la Subdelegación del Gobierno en Tarragona se explicaba que Raúl Navarro ha presentado su dimisión al ministro de Administraciones Públicas "por motivos de salud". El caso arranca con una denuncia presentada ante la fiscalía de Tarragona. La subsiguiente investigación reveló la existencia de una trama de inmigración irregular de mujeres procedentes de los países del Este de Europa que, una vez en España, eran obligadas a prostituirse. La vinculación de Navarro con el caso se basa en su presunta relación con un prostíbulo regentado desde hace tiempo por una mujer rusa. En el prostíbulo se encontraban mujeres que no tenían permiso de residencia. Al menos una de ellas explicó que Navarro le había prometido papeles a cambio de favores sexuales. Por su parte, el Partido se limitó a "respetar la decisión del subdelegado", subrayar que "no hay escrito de acusación contra él" y que su decisión demuestra su voluntad de "no perjudicar al Gobierno en este caso" (Septiembre 2001).
MEDIO AMBIENTE GASTARÁ 7.000 MILLONES EN PUBLICIDAD EN DOS AÑOS
El Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Jaume Matas, tiene previsto preadjudicar un concurso para una contratación de campaña publicitaria sin precedentes en la Administración española: 6.940 millones de pesetas y un periodo que abarca lo que queda de año, 2002 y 2003. Su diseño partió del despacho de Javier Mato, ex jefe del gabinete del ministro Matas e imputado en el caso Formentera por su intervención en la presunta captación fraudulenta de votos de emigrantes en las elecciones de Baleares cuando Matas era presidente. El concurso, cuya adjudicación ha sido aplazada en tres ocasiones, tiene dos partes: la primera, destinada a la producción de la campaña publicitaria de estrategia sobre desarrollo sostenible, valorada en 1.980 millones de pesetas; la segunda, de 4.960 millones, dirigida a la compra de soportes publicitarios en periódicos, revistas, televisiones, aeropuertos, campos de fútbol, trenes, taxis, vallas y cines.
La convocatoria, publicada en el BOE del pasado 15 de marzo, generó un gran revuelo en el sector publicitario, poco acostumbrado a manejar cifras tan altas entre clientes institucionales. Sólo la Dirección General de Tráfico emplea sumas de dinero muy elevadas, unos 2.000 millones al año, para sus campañas anuales sobre seguridad vial en vísperas de desplazamientos automovilísticos masivos. En los Presupuestos de 1997, la entonces ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino, destinó 700 millones de pesetas para publicidad, que no fueron gastados.
Otro aspecto insólito es el gasto asignado a la producción, 2.000 millones. Los publicitarios consultados no recuerdan una partida similar para producir una campaña, ni siquiera alguna de las más caras, como fue una de la ONCE en la que intervenían decenas de extras. 'Es un importe altísimo, desorbitado, con el que se puede hacer una superproducción cinematográfica', añade otro publicista.
El concurso está repleto de singularidades. Admite la subcontratación. Pero en ningún caso, salvo en éste, el pliego de condiciones indica expresamente la relación de medios en los que aparecerá la campaña sobre la eficiencia energética, el impacto del transporte, la agricultura, el turismo sostenible, la biodiversidad y el uso de los recursos naturales, como la minería o el agua. 'La selección de soportes siempre corre a cargo de las centrales de medios. Nunca la compra de espacios es objeto de un concurso. Y aunque sea una campaña dirigida a toda la ciudadanía, insertarla en todos los medios sin discriminación es malgastar el dinero, porque los mensajes se duplicarán', asegura una especialista del sector. Esa relación exhaustiva de soportes incluye todos los medios generalistas y publicaciones tan ajenas en principio a los asuntos de medio ambiente como Estadio Deportivo, Supertele, Cocina Fácil, Cuerpo de Mujer, Hobby Consolas, Mi Bebé y Yo, Play Boy y Speak-Up.
El pliego de cláusulas de este concurso fue dirigido por Javier Mato cuando era jefe de gabinete del ministro Jaume Matas. Mato está imputado en el caso Formentara por la presunta captación ilegal de votos de emigrantes en las últimas elecciones autonómicas en Baleares, que perdió Matas. La fecha límite para la apertura de plicas y la calificación de los aspirantes al concurso expiraba el pasado 7 de mayo. Dos días después dimitió Javier Mato. El plazo se amplió hasta el 31 de mayo. Tampoco se celebró en esa fecha.
Entre los aspirantes al concurso se sospecha que tanto aplazamiento, inédito en un concurso abierto, se debe al propósito de negociar un acuerdo entre los candidatos mejor situados, uno de los cuales podría ser Mato a través de sociedades interpuestas. Desde el ministerio restan crédito a estas interpretaciones y desmienten que Mato o el despacho Garrigues & Andersen -donde trabajó la letrada Irene Chamorro, que ha participado en la redacción del pliego de condiciones- tengan nada que ver en la resolución del concurso (Julio 2001).
LUCAS, EL CASINO Y VIAJES HALCÓN ( VARIOS )
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EL DUEÑO DE HALCÓN VIAJES DENUNCIA UNA TRAMA DEL Partido PARA PERJUDICARLE: Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, grupo empresarial que agrupa entre otras a Air Europa y Halcón Viajes, denunció en Valladolid la existencia de una trama dirigida desde la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca, gobernados por el Partido, para que no le fuera concedida la explotación de un casino de esa capital. El Gobierno autónomo adjudicó las licencias de los casinos en León y Salamanca al grupo Comar, del empresario José Collazo Mato, por 'los intereses turísticos, empresariales y de empleo de su oferta', entre otras razones. Hidalgo, cuyo grupo empresarial constituye uno de los principales operadores turísticos europeos y que presentó su oferta junto a la empresa catalana de juego Cirsa, puso nombres a los responsables de la trama que, a su juicio, han evitado que le fuera concedido el casino que, según dijo, le había prometido el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, tras haberle retirado, hace meses, la explotación del Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad. Hidalgo señaló además al anterior presidente de la Diputación y actual consejero de Presidencia, Alfonso Fernández Mañueco, los propietarios del periódico La Gaceta de Salamanca y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quién según explicó el empresario 'ha dado el beneplácito a la operación'. En este sentido Hidalgo denunció que el grupo Comar (al que pertenece Casino de Salamanca, SA, que obtuvo la licencia) con sede social en A Coruña y que gestiona más de 4.000 tragaperras, siete bingos y diez casinos, tiene fuertes intereses en el grupo empresarial al que pertenece el periódico salmantino, en el que también participan destacados miembros del Partido de Salamanca, como el anterior alcalde y actual diputado Fernando Fernández de Trocóniz. Hidalgo también anunció que recurrirá la decisión de la Junta, ya que la licencia otorgada a Comar a su juicio incumple la ley puesto que el edificio donde prevé ubicar el casino, una antigua fábrica de harinas, está a menos de 100 metros de un colegio (Mayo 2001).·
UN DIRIGENTE DEL Partido ANTICIPÓ A HIDALGO QUE NO LE DARÍAN EL CASINO Y LE ANIMÓ A QUE SE MOVIERA: El presidente de las Cortes de Castilla y León, Manuel Estella, admitió que hace unos días en el palco del estadio Helmántico, fue preguntado por esta adjudicación por el presidente de Globalia: 'Tengo que reconocer que me preguntó por ello y le dije que no estaba muy a su favor, de manera que si quieres, muévete, y nada más', dijo Estella. 'Me limité únicamente a decir 'muévete' y nada más', reiteró Estella para subrayar la 'legalidad y objetividad' de la operación y para descartar que tenga de comparecer el ministro de la Presidencia y ex presidente de la comunidad autónoma, Juan José Lucas, ante el parlamento autónomo para explicar la adjudicación del casino de Salamanca, tal y como ha pedido la oposición (Mayo 2001).·
CASTILLA Y LEÓN PIERDE UN VUELO POR REPRESALIAS: El empresario Juan José Hidalgo, propietario de Air Europa, retirará el próximo 1 de junio el vuelo que une Valladolid y Barcelona, en protesta contra la decisión del Gobierno de Castilla y León de no concederle la explotación del Casino de Salamanca que, según él, le habían prometido altos cargos del Partido (Mayo 2001).LA MINISTRA VILLALOBOS, EL CONSEJO ASESOR DE SANIDAD Y SU HERMANO JOSÉ LUIS
Seis meses después de su nombramiento como presidente del Consejo Asesor de Sanidad, el polémico cirujano Ramiro Rivera ha presentado su dimisión. Su decisión coincide con un momento difícil en el Ministerio, con críticas formuladas incluso dentro del Partido y peticiones de los ganaderos de que la ministra dimita por culpa de la crisis de las vacas locas. Como se recordará, el dimitido Rivera en 1982 fue expedientado por el Hospital Gregorio Marañón de Madrid por desviar pacientes a su consulta privada en el Hospital Alemán. También se le acusó de cambiar el horario a un facultativo que trabajaba con él en un centro público para facilitar la asistencia a sus enfermos privados. Rivera recurrió la medida, pero la Audiencia Provincial de Madrid la confirmó en 1987 y le condenó a cuatro años de suspensión de funciones. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en un comunicado subraya "la personalidad de la ministra Celia Villalobos y a su falta de capacidad para delegar" entre los posibles motivos de la dimisión de Rivera, que calificó de "positiva" (Enero 2001).
LA BODA DEL HERMANO DE LA PRIMERA AUTORIDAD SANITARIA PENDIENTE DE PAGO
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se las ingenió para no dar ninguna explicación a la Corporación sobre por qué el Ayuntamiento no cobró en dos años y medio a José Villalobos, hermano de la anterior alcaldesa, la tarifa por el uso de la finca de La Concepción para celebrar su boda. El alcalde convocó el pleno extraordinario y urgente que había pedido la oposición, aprovechando otra sesión, y como la oposición no ha recibido aún el expediente y carece de información suficiente, el debate resultó vacío. Como se recordará, hace unos días se he conocido el impago del uso de la finca de La Concepción para la celebración de la boda de José Villalobos el 3 de julio de 1998 (Marzo 2001).
EX CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO GRANADA CONDENADO A PRISIÓN
El ex concejal de Partido de Granada Francisco Jiménez Carmona será condenado a 18 meses de prisión, el mismo tiempo de inhabilitación y 180.000 pesetas de multa por cinco delitos de malversación, tras alcanzar, antes del juicio, un acuerdo con sus acusadores. El escrito de acusación del fiscal, que inicialmente recogía una petición de pena de ocho años de prisión, ha sido modificado, de conformidad con la defensa de Jiménez Carmona y la acusación particular, por lo que el presidente del tribunal, tras disolver el jurado, reproducirá ahora en la sentencia el acuerdo entre las partes intervinientes en el proceso. Según el texto firmado por fiscal, defensa y acusación particular, Jiménez Carmona cargó facturas a la empresa del cementerio de Granada, Emucesa, por un viaje que no realizó, por gastos de gasolina para un desplazamiento ajeno a Emucesa, por dos recorridos en avión que luego hizo en coche y por hospedajes en unos hoteles pese a que pernoctó en otros. No obstante, tras la intervención del Tribunal de Cuentas, Jiménez Carmona reintegró a la empresa de Cementerios de Granada, de la que era consejero delegado, las 156.000 pesetas que recibió indebidamente por los gastos de los cinco desplazamientos, lo que ha permitido aplicarle la atenuante de reparación del daño. Por su parte, la compañía de viajes, cuando el caso fue recogido por los medios de comunicación, devolvió las 195.475 pesetas cobradas a Emucesa por servicios al ex concejal que supuestamente no prestó, y por lo que la agencia se enfrentará a un juicio en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada (Julio 2000).
AYUNTAMIENTO DE JAÉN: EL EDIL DE URBANISMO OCULTÓ QUE ERA SOCIO DE UNA CONSTRUCTORA
El concejal de Urbanismo, primer teniente del Ayuntamiento de Jaén Y coordinador general de la ejecutiva provincial del Partido Popular, Miguel Segovia, figura desde el año 1994 como apoderado mancomunado de la constructora Hipero S.L., según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que no incluye ninguna comunicación posterior anunciando su cese. Segovia no declaró esta actividad mercantil en el Registro de Intereses sobre Causas de Incompatibilidades ni durante este mandato ni durante el anterior. Sí se refleja su condición de consejero de otra empresa, Pescados Jaén, S.L. Miguel Segovia fue hasta 1999 concejal de Asuntos Sociales. Desde entonces, es el máximo responsable de la Gerencia de Urbanismo. Además, Segovia fue accionista de la empresa PGH S.L., que explota otro pub de la capital. En el Registro Mercantil no consta su cese hasta el 1 de abril de 2000, cuando ya era responsable de la concejalía encargada de conceder las licencias de obras y de apertura de cualquier establecimiento. Miguel Segovia declinó hacer declaraciones sobre su pertenencia a la empresa constructora Hipero S.L. (Marzo 2001).
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA: UN JUEZ IMPUTA AL CONCEJAL DE URBANISMO POR OCULTAR ÓRDENES DE EMBARGO
El concejal de Urbanismo de Málaga, Manuel Ramos, ha sido imputado de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público por el que tendrá que prestar declaración ante el juez instructor, Luis Miguel Moreno, el próximo día 13 de junio. La imputación de Ramos se produce pocos días después de que la Audiencia Provincial de Málaga desestimara el recurso que el concejal del Partido presentó contra la decisión del titular del juzgado de instrucción número 11, Juan Francisco Ramírez Barroso, de archivar la querella por calumnias que puso contra el portavoz municipal socialista, Francisco Oliva. En aquel auto de archivo, el magistrado no sólo consideró que Ramos no había sido calumniado, sino que estimó motivos para imputarle un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento. La acusación sostiene que Ramos ocultó dos órdenes judiciales de embargo de su sueldo en enero y abril de 1999, cuando ocupaba el cargo de director del área de Bienestar Social, para evitar que su nómina, sobre la que ya se ejecutaban entonces otros tres embargos, sufriera nuevas retenciones. Ramos es concejal desde junio de 1999. Curiosamente una de estas confiscaciones era por una deuda con la hacienda municipal de 171.840 pesetas. El juzgado envió los requerimientos al propio área que Ramos dirigía, pero en ninguno de los dos casos fueron trasladadas a la sección de personal, que confecciona las nóminas, para ser ejecutadas (Mayo 2001).
DIMITE UN EDIL DEL Partido DE ÚBEDA CONDENADO POR ABUSO SEXUAL A UNA EMPLEADA
La junta directiva del Partido de Úbeda acepta la renuncia del edil de Úbeda (Jaén) Antonio Gámez Lamarca, quien fue condenado hace un mes por el Juzgado de lo Penal número 2 de Jaén por abuso sexual contra Ana Isabel M. D., que era su empleada en una zapatería. El partido eludió valorar las circunstancias de la sentencia aludiendo a que el fallo ha sido recurrido y, por lo tanto, la condena no es firme. Aunque Gámez ha renunciado a su puesto de concejal, seguirá militando en el Partido de Úbeda. Gámez presentó al presidente local del Partido una carta en la que asegura ser "inocente" y "víctima de un ataque con el que se pretende desprestigiar al partido". También califica de "injusta" la repercusión de este caso. La pena impuesta por el juez obliga al edil al pago de una indemnización de un millón de pesetas para la víctima y a una multa de 720.000 pesetas. La sentencia es del pasado día 12 de junio y está recurrida por el concejal. El fallo considera probado que el día 3 de agosto de 1999 María Isabel M. D., que llevaba cuatro años trabajando para el concejal, llegó a la zapatería propiedad de éste con un dolor en el cuello. El edil, prosigue el texto de la sentencia, le propuso darle un masaje en la trastienda del local. Ella aceptó teniendo en cuenta que en la tienda se encontraba el hijo del propietario y, según añade la sentencia, basándose en el hecho de que tenía "plena confianza" en su jefe. El concejal mandó en ese momento a su hijo a otra tienda y bajó el cierre metálico del establecimiento. La mujer, prosigue el fallo del tribunal, "bastante cohibida", aceptó el masaje. Pero su superior le tocó el pecho y besó en la boca, ante lo cual Ana Isabel se retiró, salió de la tienda llorando y se dirigió hacia otro local en el que le contó lo ocurrido a una amiga. Finalmente decidió interponer una demanda judicial. La sentencia añade que, debido a este incidente, la mujer se quedó sin trabajo, "ha sufrido mucho" y padece estados de ansiedad y falta de sueño (Julio 2001).
EL MARIDO DE LA ALCALDESA DE CÁDIZ RECONOCE QUE ES APODERADO DE UNA AGENCIA DE VIAJES DE LA FAMILIA RATO
Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reconoce que es, desde mayo de 2000, apoderado de la empresa Viajes Ibermar, propiedad de la familia del vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato. Cobo reconoció que es el apoderado de Viajes Ibermar una hora y media después de que afirmase que lo había sido 'hace un año aproximadamente'. Hora y media más tarde, en declaraciones a la Cadena SER, Cobo rectificó: 'De la revisión de la documentación tras la última conversación, le puedo decir que, salvo que haya una comunicación que yo no tengo, el poder está vigente, aunque no haya intervenido posteriormente en nada'. Con todo, matizó: 'Soy un apoderado excepcional, no habitual, y que no participo en la vida diaria de la empresa'. El marido de Martínez no desveló el tipo de operación empresarial en la que figuró como apoderado 'para no citar a terceros'. Se limitó a afirmar que fue 'un negocio mercantil entre empresas' en la que no hubo ninguna operación bursátil ni participación de instituciones públicas. Por otra parte, Cobo afirmó que mantuvo relaciones comerciales con la agencia en virtud de su condición de empresario hotelero y de amigo de Rato 'desde hace muchísimos años'. Negó también cualquier relación con Gescartera. 'Bajo ningún concepto, tengo, ni he tenido, y espero que Dios no me dé oportunidad de tener que ver con semejante historia', espetó. Viajes Ibermar es una empresa que tiene su sede social en la misma dirección que Muinmo, la sociedad de la familia Rato a la que el HSBC, el banco con el que operaba Gescartera, otorgó un préstamo de 525 millones de pesetas. Cobo dijo que ignora si Viajes Ibermar ha participado de ese crédito (Octubre 2001).
AYUNTAMIENTO DE HUELVA: EL FISCAL DEL TSJA IMPUTA AL ALCALDE POR SUPUESTOS DELITOS DE PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN
El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús María García Calderón, aprecia 'la existencia de indicios de criminalidad por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio' en Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva y parlamentario del Partido, por el caso Isla Chica, la venta de los terrenos del estadio Colombino a la inmobiliaria Odeinsa. Esa operación urbanística, realizada en julio de 1999 por 2.700 millones de pesetas, prevé la construcción de 570 viviendas en el viejo estadio, pese a que ese suelo está definido como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Huelva.
La sala de lo Civil y lo Penal del TSJA determinó incoar diligencias contra Pedro Rodríguez a petición del fiscal, quien remitió un auto en el que pedía que se ordene la incoación de diligencias previas 'con imputación' de Pedro Rodríguez por esa operación urbanística.
La determinación de la Fiscalía del TSJA sigue a las del Ministerio Fiscal de la Audiencia de Huelva y del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, José Manuel Balerdi Múgica, que observaron la comisión de 54 delitos, dentro de la tipología de prevaricación (Noviembre 2001).
CASO BARILOCHE: LA SECRETARIA DEL Partido EN JAÉN VUELVE A DESMARCARSE DEL EDIL DE URBANISMO
La secretaria provincial del Partido y concejal del Ayuntamiento de Jaén, Inmaculada Solar, comparece en calidad de testigo ante la juez que investiga la presunta prevaricación del edil de Urbanismo, Miguel Segovia, en el llamado caso Bariloche. Solar, a cuya familia pertenecen los terrenos de la discoteca explotada por una sociedad de la que fue accionista el propio Segovia, volvió a desmarcarse de lo apuntado el día anterior por su compañero de partido y de Corporación al ratificar ante la juez lo que ya dijera en una comparecencia pública ante la prensa el pasado mes de marzo, pocos días después de que el PSOE denunciara que el máximo responsable de Urbanismo estaba demorando la ejecución de una calle prevista desde hacía varios años para favorecer los intereses de la discoteca Bariloche. A la salida del juzgado, Solar no quiso desvelar nada de lo declarado al tiempo que hizo hincapié en delimitar la vertiente política y la judicial de este caso. Preguntada sobre la declaración que Segovia realizó el día anterior culpando del retraso en la ejecución del vial a los recursos de su familia, Solar fue así de lacónica: 'Es la opinión de Miguel Segovia'. En este sentido, hay que recordar que la dirigente popular afirmó con rotundidad el pasado mes de marzo ante la prensa que no había 'ningún obstáculo legal para que se esté recurriendo y ejecutando al mismo tiempo el vial'. Además, Solar censuró en aquel momento la falta de 'contundencia' de su compañero de partido en este caso. Pese a todo, descartó que este caso haya abierto fisuras internas en el seno del Partido. Con anterioridad declaró ante la titular del Juzgado número 6 de Jaén, María Milagrosa Velástegui, el arquitecto municipal Manuel Ruiz, que fuera destituido por Miguel Segovia poco después de trazar el diseño del vial y comprobar que afectaba a la discoteca Bariloche. Ruiz, llegó a afirmar ante la juez que un técnico de Urbanismo llegó a recibir instrucciones para diseñar trazados alternativos que no afectasen al local de ocio (Diciembre 2001).
IMPUTADO EL ALCALDE DE LA CAROLINA POR DELITO ELECTORAL
El alcalde de La Carolina y senador por el Partido, Ramón Palacios, comparece ante el juzgado de instrucción número 1 de esta localidad jiennense como imputado por un supuesto delito electoral y por prevaricación. Además de Palacios, están imputados el primer teniente de alcalde, Antonio Serrano, y Luis María Janer, edil de Festejos, por la utilización de un escenario municipal en el mitin de cierre de campaña electoral en las pasadas elecciones municipales. La denuncia se presentó el día 11 de junio de 1999 ante la Guardia Civil por parte de un representante del PSOE, quien advirtió del uso de un escenario municipal, un camión y funcionarios para organizar y celebrar un mitin del Partido (Enero 2002).
EL ALCALDE DE HUELVA DECLARA COMO IMPUTADO POR VARIOS DELITOS RELACIONADOS CON LA ESPECULACIÓN
El alcalde de Huelva, el popular Pedro Rodríguez, defiende ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la legalidad de sus actuaciones en el caso Isla Chica y justificó la operación en su interés por salvar de la desaparición al club de fútbol del Recreativo de Huelva. Rodríguez acudió a Granada arropado por todo su equipo municipal de gobierno, pero sin ninguna representación de la ejecutiva regional. El alcalde insistió en que lo que ha hecho ha sido 'salvar al Recreativo y cambiar un estadio viejo por un estadio nuevo'.
Pedro Rodríguez está imputado por los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude en la contratación pública y contra la ordenación del territorio a raíz de la venta en 1999 del Estadio Colombino y sus zonas adyacentes a la empresa Odeinsa. La operación arrojó unos beneficios de 2.700 millones de pesetas, que se utilizaron para cubrir el capital social del club Recreativo de Huelva con el fin de convertirlo en una sociedad anónima deportiva y construir un nuevo estadio de fútbol. El alcalde está acusado de haber realizado las operaciones con sociedades a las que estaba vinculado económicamente (Febrero 2002).
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO: CASO GESUOSA: DOS COLABORADORES DEL ALCALDE SERÁN JUZGADOS POR 17 PRESUNTOS DELITOS
Dos colaboradores de la más extrema confianza del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, del Partido, serán juzgados por la Audiencia Provincial de Oviedo por la presunta comisión de 17 delitos (dos según la acusación fiscal y otros 15 según las acusación particular) al frente de la sociedad pública municipal de gestión del suelo de Oviedo, Gesuosa. Los dos procesados, Luis Gómez y Andrés Alvarez, en quienes la fiscal aprecia posible "lucro personal", dimitieron en noviembre de 1999 como director general y subdirector, respectivamente, de Gesuosa, tras las acusaciones de supuesta manipulación de un concurso de obra, cobro de comisiones ilegales y amenazas que realizó contra ambos un constructor afiliado al Partido. El alcalde de Oviedo decidió inmediatamente la disolución de Gesuosa, en la que presuntamente se realizaron los 17 delitos que ahora se van a juzgar mientras que el Partido impidió a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Oviedo que se personaran en la causa como acusación contra los gestores de Gesuosa por el daño que pudiera haberse infligido al interés municipal. Gesuosa, ciento por ciento municipal, es la sociedad anónima a través de la cual el Partido de Oviedo acometió las cuantiosas inversiones realizadas durante los últimos seis años por el Ayuntamiento.
El titular del juzgado número 8 de Oviedo, que investiga la acusación de un constructor contra los dos principales gestores de Gesuosa, el llamado caso Villafría, dictó un auto por el que pide a la Audiencia Provincial que abra juicio oral contra los ex directivos Luis Gómez y Andrés Álvarez, en cuyo comportamiento aprecia indicios de al menos 17 posibles delitos, entre ellos los de supuesta estafa, amenazas para alterar una subasta, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, extorsión, revelación de secreto, falsificación y sustración de documentos, alteración del remate de una subasta pública, falsificación de proyecto de obras y delitos societarios, entre otros (Diciembre 2000).
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO: EL Partido SUBVENCIONARÁ CADA CABALLO DEL HÍPICO CON CASI 70.000 PESETAS
El ayuntamiento subvencionará con 66.900 pesetas al mes a cualquier propietario de caballos que opte por alquilar uno de los boxes del hípico para tener en él al animal. Según los datos que obran en el expediente, el coste real del mantenimiento de un caballo en el hípico asciende a 94.475 pesetas mensuales mientras que el ayuntamiento propone cobrar por ello un precio público de 28.000 (Octubre 2001).
UN DIPUTADO DEL Partido DE ASTURIAS RELACIONADO CON UN COBRO DE COMISIONES ANUNCIA SU DIMISIÓN
El diputado regional del Partido de Asturias y presidente de la junta local de ese partido en Langreo, Javier Suárez Álvarez-Amandi, ex portavoz popular en el Parlamento autonómico anuncia que abandonará todos sus cargos públicos antes de medio y medio. Javier Suárez ha sido relacionado desde hace un año con un caso de supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a varias empresas de hipermercados que pretendían instalarse en el municipio de Langreo. El asunto está siendo investigado por el juzgado de esa localidad minera. El pasado día 22 su supuesta intervención en el caso se vio aún más comprometida a raíz de la declaración que prestó ante el instructor del proceso judicial un directivo de la empresa Eroski, quien aseguró que Suárez Álvarez-Amandi fue la primera persona en hablarle de dinero. Tanto Suárez Álvarez-Amandi como el presidente regional del Partido de Asturias, el senador Ovidio Sánchez, negaron cualquier vínculo entre la renuncia del primero a todos sus cargos políticos y la investigación judicial en marcha. Ambos afirmaron que la dimisión obedece a motivos privados y profesionales. Suárez alcanzó gran notoriedad por otra dimisión. En 1998, en una comparecencia pública, anunció entre sollozos su renuncia como viceconsejero de Sanidad del Gobierno asturiano presidido por Sergio Marqués, una vez que, en plena ruptura de éste con el Partido Popular, el entonces secretario general del Partido, Francisco Álvarez-Cascos, ordenó a los militantes populares de abandonar sus cargos en el Ejecutivo asturiano (Febrero 2002).
LA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGA AL CONSEJO DE CAJA CANTABRIA
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que se investigue a 12 miembros y ex miembros del consejo de administración de Caja Cantabria, entre ellos su presidente, Carlos Sáiz, y su antiguo director general, José María Pérez Álvarez, por un posible delito societario. Las acusaciones, archivadas anteriormente en un juzgado, hacen referencia a la compra que hizo la entidad del 3% de Indra por 9.100 millones de pesetas (nueve meses después le habría costado 5.800 millones menos), la venta de un piso a la ex ministra Margarita Mariscal de Gante por menos de un cuarto de su valor y unas supuestas inversiones de 14.000 millones en Luxemburgo (Octubre 2000).
DENUNCIA CONTRA UNA CONTRATA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN POR IMPAGO A 40 INMIGRANTES
La organización Burgos Acoge ha denunciado ante la Inspección de Trabajo de Burgos a una empresa contratada por la Junta de Castilla y León en Sargentes de Lora, pueblo cercano a Briviesca, por la situación de desamparo económico y laboral en que ha dejado a 40 inmigrantes ecuatorianos, saharauis, kurdos y de países del este europeo a los que empleaba en tareas de repoblación forestal. La denuncia de los trabajadores se presentó en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación (UMAC) de Burgos contra El Ejidillo Viveros Integrales, contratada por el gobierno autónomo, al que Burgos Acoge responsabiliza de la situación de los inmigrantes. En noviembre se incorporaron a esa empresa. Pocas semanas después los trabajadores contactaron con diversas organizaciones para denunciar que no estaban contratados. Según Burgos Acoge, la empresa argumentó que los permisos se presentaron en otra provincia y tras muchas presiones pudieron comprobar que los expedientes, incompletos casi todos, no estaban regularizados a pesar de las facilidades ofrecidas por las autoridades laborales burgalesas. Luego, en marzo la empresa, según Burgos Acoge, dejó de abonar los salarios y abandonó la zona de trabajo en abril ante la pasividad de la administración autonómica (Mayo 2000).
EX CARGO DEL Partido RELACIONADO CON UNA ESTAFA DE LA CAJA RURAL DE ZAMORA
El Juzgado número 4 de Zamora ha calificado al ex alcalde de Corrales del Vino, Casto Lorenzo, de presunto responsable del delito de estafa conocido como Lomas de Valparaíso, y ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto a los otros 14 querellados, entre los que se encuentran el ex presidente de Caja Rural de Zamora José Carlos Martínez Cubells, Eduardo Corrales denunciante del caso y el resto de los socios y directivos de la Rural, que concedió 821 millones en créditos para la urbanización fantasma de Peleas de Arriba. Los exculpados se vieron implicados en diversas operaciones bancarias de naturaleza dudosa, consistentes en la concesión de distintos préstamos hipotecarios. De acuerdo con el juez, en la resolución de esos créditos existieron una serie de irregularidades de funcionamiento, cometidas por los responsables de la entidad bancaria. En palabras del Juzgado número 4 de Zamora su modo de operar fue con «prácticas que no se ajustaron a la normativa de la banca y la legalidad vigente en el mundo financiero, en lo referente a las operaciones de préstamo con garantía hipotecaria, constituidas por un total de 23 créditos que supusieron un total de 821.500.000 pesetas, genéricamente denominados Lomas de Valparaíso» (Mayo 2000).
EL GOBIERNO DE LUCAS SE NIEGA A JUSTIFICAR GASTOS DE 21.000 MILLONES
Las cuentas del Gobierno de Castilla y León, que preside Juan José Lucas (Partido) en gastos corrientes, desembolsó en 1999 más de 21.000 millones, entre los que se incluyen una factura de 3,7 millones en relojes de una joyería leonesa encargados en noviembre y diciembre de 1999 por la consejera de Economía, Isabel Carrasco, y otra de 385.000 pesetas por 35 cinturones comprados en la misma tienda. Además, hay más de dos millones en vino gastados por Industria, cuyo titular es José Juan Pérez Tabernero; otros 17 de Presidencia, dirigida por Jesús Mañueco, para un estudio de estimación electoral que la oposición no conoce; 200.000 pesetas para un viaje de José Luis González como asesor de Lucas cuando no era consejero de Fomento, y un millón en viajes y comidas para el Día de la Mujer Rural (Mayo-Junio 2000).
LOS CONTRATOS AMIGOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
La consejera de Presidencia de la Junta de Castilla y León, María José Salgueiro, reconoce que su departamento adjudicó proyectos por 29,9 millones de pesetas entre 1999-2000 a la empresa Castilla y León de Servicios Empresariales, de la que es copropietario el dirigente del Partido de Palencia José Antonio Cabria (Septiembre 2000).
UN PROCURADOR POPULAR POR ZAMORA EN LOS TRIBUNALES
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, César Balmori, ha tomado declaración al procurador del Partido por Zamora, Camilo Hernando, a quien la Fiscalía vincula con presuntos delitos de malversación de fondos públicos y cohecho durante su etapa como secretario municipal en dos consistorios de Zamora. La investigación comenzó tras una denuncia de la Fiscalía sobre duplicidad de cobros de nóminas por ejercer como secretario local.La declaración se llevó a cabo en la sede del Tribunal Superior en Burgos, en donde se instruyen las diligencias desde hace más de siete meses. En las mismas se analiza por parte de este órgano jurisdiccional una supuesta malversación de caudales y un presunto cohecho cometidos en dos pequeños consistorios zamoranos, en donde Camilo Hernando ejerció como secretario suplente (Noviembre 2000).
SEGOVIA: EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, UN TIPO CON SUERTE
El presidente de la Diputación, Atilano Soto, del Partido, no está dispuestos a renunciar al premio de la Lotería de Navidad -30 millones de pesetas - que obtuvo gracias al décimo del número 49.740 que le fue regalado el día antes del sorteo por el Patronato del Alcázar. Soto calificó de «ridícula» la petición formulada por la junta de personal y el comité de empresa y manifestó que «el presidente del Patronato ya ha contestado convenientemente sobre ello» en la nota de prensa que difundía el general director de la Academia de Artillería, Antonio Alonso Molinero (Enero 2001).
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID: SE HAN DUPLICADO LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN DESDE QUE GOBIERNA EL Partido
El Ayuntamiento ha duplicado los puestos de libre designación y las adscripciones provisionales desde que el Partido Popular se alzó con el gobierno municipal en Valladolid, en 1995, según los datos conocidos. En este sentido, 27 técnicos del Departamento de Urbanismo han presentado un recurso contra el catálogo de puestos de trabajo del año 2.000, que consagra casi un centenar de designaciones directas y adscripciones provisionales. En la actualidad hay 122 puestos de funcionario sin cubrir y otros cubiertos mediante interinidades. El Alcalde León de la Riva con resignación reconoció que han aumentado los puestos de libre designación (Febrero 2001).
AYUNTAMIENTO POPULAR DE LEÓN: EL TRIBUNAL DE CUENTAS DESTAPA IRREGULARIDADES EN EL 67% DE LA CONTRATACIÓN. LA AUDITORÍA APUNTA QUE LA GESTIÓN MUNICIPAL DEL Partido VULNERÓ LA LEY
Mario Amilivia, alcalde de León por el Partido, ha recibido un severo varapalo a su gestión por parte del Tribunal de Cuentas. La auditoria de la gestión municipal de León durante 1997, pendiente aún de las alegaciones del Gobierno de Amilivia, apunta que el 67% de la contratación se adjudicó sin cumplir 'los principios legalmente establecidos' y vulnerando los principios de publicidad, concurrencia e igualdad. Los auditores citan incluso que algún beneficiario de los contratos era pariente de quien seleccionaba las ofertas. El Tribunal de Cuentas desgrana en 90 páginas las supuestas anomalías e irregularidades de la gestión económica de León durante 1997. El alcalde de este municipio se vio envuelto en un escándalo en 1998 debido a que entre sus gastos de representación figuraba la compra de gomina y pasteles. Los auditores públicos denuncian ahora que el Ayuntamiento no le ha facilitado documentos esenciales a pesar de su reiterada reclamación, como justificantes de pagos, contabilidad de costes, relación de transferencias y subvenciones, y relación de deudores. 'En el análisis del 13% de los contratos suscritos, cuyo importe equivale al 67% del total, se ha observado un incumplimiento de los principios legalmente establecidos en la tramitación de los expedientes y en la ejecución de las prestaciones', señala el informe. Los auditores apuntan que en los contratos de obras, 'en la selección de los adjudicatarios se han vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, e igualdad'. A modo de ejemplo, la pavimentación de la calzada de la avenida de Ordoño II se adjudicó por urgencia y sin publicidad, pero luego se duplicó el plazo de ejecución. En los contratos de suministros, 'la mayoría son objeto de prórrogas, conculcando con ello los más elementales principios de publicidad y concurrencia que deben regir en toda contratación pública. Y cita el caso de que el jardinero mayor formó parte de una mesa de contratación a pesar de que tenía tres parientes en primer grado en la empresa adjudicataria. 'En ninguno de los expedientes de órdenes de pago a justificar analizados', señala el anteproyecto, 'consta el informe del interventor sobre la cuenta justificativa de aquéllas' (Abril 2001).
EL EMPRESARIO MENDEZ POZO, AMIGO DE AZNAR Y CONDENADO POR EL CASO DE LA CONSTRUCCIÓN, TENDRÁ 12 TELEVISIONES LOCALES EN CASTILLA Y LEÓN
La Promotora de Medios de Castilla y León (Promecal), que preside el constructor Antonio Miguel Méndez Pozo, editor de Diario de Burgos,amigo de Aznar y condenado por el llamado caso de la Construcción, controlará una red de 12 emisoras de televisión local en esta comunidad autónoma en el plazo de mes y medio, con la apertura de cinco nuevos canales en Segovia, Ávila, Ponferrada, Miranda de Ebro y Aranda de Duero.
Bajo el nombre de Canal 4, Promecal ya opera en siete de las nueve capitales de provincia, según explicó en Segovia el director de organización de la empresa, Javier Hernández. Mientras, su competencia más próxima, amparada en la sociedad Televisión de Castilla y León, que preside el también constructor José Luis Uribarri, cuenta con 18 emisoras distribuidas por las nueve capitales y los núcleos de población más importantes.
En la actualidad, Méndez Pozo es presidente de Antena 3 TV de Castilla y León, que emite desde el edificio Promecal en Valladolid, donde estarán ubicados la agencia de noticias Ical, Canal 4 y algunas radios, como Cadena Ibérica. Las emisoras de Canal 4 en las provincias ejercen como corresponsalías (Mayo 2001).
CASO DE LA MINERÍA: LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN NO HA RECUPERADO AÚN 137 MILLONES QUE CONCEDIÓ ILEGALMENTE
La Junta de Castilla y León no ha recuperado aún los 137 millones de pesetas con las que subvencionó ilegalmente a la empresa RENASA en el llamado caso de la minería por el que fueron condenados el ex consejero de Economía en el Gobierno regional que presidía José María Aznar, Miguel Pérez Villar, y Javier Valenzuela, alto cargo del departamento. Las últimas y escasas gestiones realizadas por el Ejecutivo popular para recuperar ese dinero han sido reclamar la cantidad a un ciudadano muerto un año antes. La Consejería de Economía envió la providencia de apremio a los propietarios de RENASA en junio de 1999, por lo que la deuda no prescribe hasta 2004. La Junta ha reconocido que el 16 de marzo se enteró del fallecimiento, un año antes, de Rufino Jea, administrador de RENASA, pero afirma que ha iniciado otro expediente de reclamación contra otro de sus administradores (Mayo 2001).
UN PARLAMENTARIO REGIONAL CONDENADO POR MALVERSACIÓN FONDOS
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado al procurador de las Cortes de Castilla y León Camilo Hernando (Partido) a seis meses de inhabilitación para ejercer como secretario de ayuntamiento por un delito de malversación de caudales públicos. En la sentencia se considera probado que los ayuntamientos de Burganes y Bretocino pagaron al secretario titular de ambas, Santiago Pérez, 125.000 pesetas mensuales durante medio año a partir de marzo de 1997 a cambio de que éste no ocupara su plaza, de manera que Camilo Hernando, elegido procurador regional en la última legislatura, se mantuviera como secretario interino (Junio 2001).
EL DUEÑO DE HALCÓN VIAJES RECURRE CONTRA LA ADJUDICACIÓN DEL CASINO DE SALAMANCA
Los representantes de Globalia, grupo de empresas que preside Juan José Hidalgo y en la que se integran Air Europa y Viajes Halcón, denunciaron en Valladolid que la empresa gallega Comar, adjudicataria del casino que se construirá en Salamanca, condicionó la compra por 600 millones de pesetas del inmueble donde se levantará ese establecimiento a la adjudicación por parte del Gobierno autonómico de la gestión del casino. El portavoz de Globalia, Graciano Palomo, confirmo la presentación de un recurso de reposición ante la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, y sostuvo que la adjudicación del nuevo casino de Salamanca fue ilegal según un informe del arquitecto municipal del Ayuntamiento salmantino, que preside Julián Lanzarote (Partido). Los responsables de Globalia acusan a Lanzarote de ser, entre otros, uno de los responsables de una campaña en contra de los intereses de Juan José Hidalgo.
El representante de Globalia, quien indicó que también ha sido presentado un recurso contencioso administrativo por la descatalogación de que fue objeto el edificio donde se pretende construir el casino salmantino, insistió en que 'se actuó de mala fe en la adjudicación' de esa obra, que según su grupo empresarial ha estado repleta de presiones e irregularidades, que 'se efectuaron a través de GRUPOSA, editora del diario Adelanto de Salamanca y de altos dirigentes del Partido, entre ellos el diputado nacional Fernando Fernández de Trocóniz, con el objetivo de que la adjudicación recayera en Comar' (Junio 2001).
EL SENADOR DEL Partido POR SEGOVIA ACUSADO DE ORINAR EN LA CALLE NIEGA LOS HECHOS EN EL JUICIO
El senador del Partido por Segovia Pedro Antonio Hernández Escorial niega en el Tribunal Supremo los hechos recogidos en el atestado policial que señalan que fue interceptado cuando conducía por Marbella bajo los efectos de bebidas alcohólicas durante la madrugada del 22 de abril de 2000. Según sostuvo el abogado del senador no son ciertos los hechos recogidos en el informe, que consignó síntomas de que el senador había bebido «por su forma de hablar, pastosa, halitosis etílica, ojos brillantes y deambulación vacilante». En las dos pruebas de alcoholemia a las que fue sometido Escorial dio 0,84 y 0,87 miligramos de alcohol en sangre, datos que según su defensor habrá que estudiar con más detenimiento. Respecto a que el senador orinó en la calle mientras esperaban a Atestados, «ante los agentes actuantes y los viandantes», el abogado apuntó que Escorial orinó discretamente tras un árbol y junto a un seto -después de explicar a los policías que tenía una necesidad- y afirmó que algunos medios habían querido presentarlo como «la meada nacional» (Noviembre 2001).
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CASTILLA Y LEÓN ORDENA JUICIO ORAL CONTRA EL ALCALDE DE PONFERRADA POR ACOSO SEXUAL
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado la apertura de juicio oral sobre el alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, miembro del Partido Popular y procurador en las Cortes de Castilla y León, acusado de delitos de acoso sexual continuado, coacciones y lesiones, que tuvieron presuntamente como víctima a Nevenka Fernández, ex concejal de Hacienda de Ponferrada.
Como se recordará, Fernández, economista, de 27 años, interpuso el pasado año una querella criminal contra el alcalde de Ponferrada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dado que Ismael Álvarez es diputado autonómico y tiene la condición de aforado. El juez instructor del caso, Antonio César Balmori, ha atendido las peticiones de la acusación particular y de la acción popular, que solicitaban que el alcalde fuera juzgado no sólo por acoso sexual sino también por lesiones y coacciones. La acusación particular pide la inhabilitación especial del alcalde, un año de prisión, multa de 18.030 euros (tres millones de pesetas) por acoso sexual continuado e indemnización de 12.020 euros (dos millones de pesetas) por lesiones psíquicas a la víctima. El escrito de la fiscalía sitúa la pena solicitada en 15 fines de semana de arresto para Ismael Álvarez y 6.010 euros (un millón de pesetas) de indemnización para Nevenka Fernández por los acosos sufridos. La defensa del alcalde de Ponferrada pedirá la libre absolución del acusado. El juicio se celebrará probablemente la próxima primavera. El alcalde de Ponferrada ha insistido públicamente en los últimos días en que tiene interés en que se celebre el juicio, en vez de que se archiven las diligencias. Álvarez había percibido que tanto las acusaciones como el fiscal consideraban necesario un juicio. Sus compañeros de partido en las Cortes autonómicas y en la dirección provincial y regional del Partido insisten en que se espere a la sentencia judicial para pedir la renuncia a los cargos públicos de Álvarez.
En este sentido se pronunció el secretario general del Partido, Javier Arenas que defendió la presunción de inocencia del alcalde. Arenas expresó su 'satisfacción' por que 'vaya a resplandecer la verdad en un caso con dos versiones contradictorias, en un asunto que es de naturaleza privada, puesto que la conducta que se va juzgar no tiene relación con decisiones de carácter público, sino privado'. Añadió que no es lo mismo para la Comisión de Derechos y Garantías del partido decidir sobre un asunto que concierne a la actividad pública que se refiere a 'dos versiones contradictorias de una relación privada'.
Arenas relató que 'hace meses' la dirección nacional encargó al Partido de Castilla y León que estudiara el caso para, en función de sus conclusiones, 'en el supuesto de ser necesario, decidir de forma conjunta posibles iniciativas contra el alcalde de Ponferrada'. A la pregunta de si esa decisión se tomará antes o después de que exista una sentencia, respondió; 'Estamos pendientes de eso, pero mientras no haya sentencia la presunción de inocencia sirve para todos los casos' (Enero 2002).
UNA EDIL DEL Partido PONE EN PELIGRO EL GOBIERNO MUNICIPAL DE BENAVENTE
El voto en contra de la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benavente, Gloria Gómez, impide que se aprobaran los presupuestos municipales para el presente ejercicio, ya que el equipo de gobierno se quedó sin la mayoría suficiente (ocho concejales), frente a los representantes del grupo socialista y la edil disidente.
La concejala, que fue separada del equipo de gobierno hace meses, había roto la disciplina de grupo en otra ocasión anterior. Como se recordará, hace unos meses Gloria Gómez acusó al presidente del Partido Popular en Zamora, Dionisio García Carnero, de un supuesto ‘tráfico de maletines’ por favorecer la adjudicación de la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos a la UTE formada por Agua y Medio Ambiente, Cespa y Graveras del Magdalena en detrimento de Tecmec-Valsam, empresa en la que ella misma trabajaba.
Estas acusaciones le valieron una denuncia judicial de García Carnero por un presunto delito de calumnias, que fue desestimada. No obstante, el fiscal investiga en la actualidad los hechos a petición de Izquierda Unida. La polémica fue también motivo de la apertura de un expediente por parte de la dirección del Partido, aún pendiente de resolución (Febrero 2002).
EL TRIBUNAL SUPERIOR DENUNCIA AL 'NÚMERO DOS' DEL Partido MANCHEGO POR PREVARICACIÓN
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha denunciado por supuesto delito de prevaricación administrativa [funcionario que dicta una resolución arbitraria a sabiendas], al ex presidente de la Diputación de Ciudad Real Luis Jesús Garrido Garrancho, actual secretario general del Partido en esa comunidad. La denuncia figura en una sentencia en la que, a instancias de CC OO, se anula la contratación laboral de Alfonso Julián Haro Zapata como conductor, ordenada el 15 de julio de 1999 por Garrido. El juez de lo contencioso-administrativo de Ciudad Real avaló el contrato, pero apelado el fallo la sala dictó el 7 de mayo último una sentencia -no recurrible- que fundamenta la ilegalidad de la contratación de Haro, entre otras razones, en que 'se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento (...) de forma consciente'. Así, señala que la orden firmada por Garrido establecía que la contratación de Haro se tramitaría 'sin resolución alguna de la presidencia y sin informe de los servicios técnicos correspondientes'. La sala, que por ser de lo contencioso-administrativo no puede enjuiciar delitos, aprecia que los hechos presentan 'visos de ilegalidad penal, por lo que procede deducir el correspondiente testimonio de particulares', equivalente a una denuncia para que la conozca el tribunal competente, en este caso el penal. El Código Penal castiga la prevaricación administrativa con inhabilitación especial para empleo o cargo público de siete a 10 años (Junio 2001).
LA JUEZ IMPUTA AL POPULAR EDUARDO BUENO POR LA TRAMA DE HACIENDA EN BARCELONA
La juez Elisabet Castelló, que investiga la trama de Hacienda en Barcelona, ha imputado en el caso al propietario de la inmobiliaria Ibusa, Eduardo Bueno, tras un registro judicial en las oficinas de la empresa. Bueno es militante del Partido y en 1984 fue candidato de la entonces Alianza Popular a la presidencia de la Generalitat. Según Hacienda, Ibusa consiguió que Bueno fuera exonerado de efectuar ingreso alguno por el impuesto de sociedades entre 1984 y 1992. Las pérdidas de la compañía enjugaron los beneficios obtenidos en los ejercicios de 1987 y 1989. Hasta 1998, las pérdidas acumuladas ascendían a 4.341 millones de pesetas, que sumadas a las del ejercicio (2.261 millones de pesetas) presentaba a Ibusa como una sociedad que disponía de 6.603 millones de pérdidas enjugables. La inspección de Hacienda le reconoció 4.653 millones de pérdidas, según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción. También está imputado Ricardo Valera, asesor fiscal de Ibusa (Mayo 2001).
EL SUPREMO CONFIRMA LA INHABILITACIÓN DEL EX ALCALDE POPULAR DE MELILLA
La Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de inhabilitación para ejercer cargo público contra el ex alcalde de Melilla Ignacio Velázquez, del Partido, como autor de un delito de prevaricación. Velázquez, ahora consejero de Presidencia, cargo que deberá abandonar, convocó a las 11 de la noche del 18 de mayo de 1992 el pleno que debía discutir una moción de censura presentada contra él, a sabiendas de que a esa hora faltaría una concejal socialista que se hallaba de viaje en la Península y cuyo voto era necesario para que prosperara la moción (Diciembre 2001).
DIMITE EL PORTAVOZ DEL GOBIERNO DE MELILLA, CONDENADO POR PREVARICACIÓN
Ignacio Velázquez, ex presidente de la ciudad de Melilla y ex presidente del Partido Popular local, presenta su renuncia como consejero de la Presidencia, portavoz del Gobierno local y diputado de la Asamblea melillense, tras la ratificación por parte del Tribunal Supremo, el pasado 12 de diciembre, de la sentencia que le condenaba por prevaricación a seis años y un día de inhabilitación para cargo público. El condenado convocó en 1992 un pleno nocturno para votar la moción de censura que el PSOE había presentado contra él a sabiendas de que una concejala socialista se encontraba ese día fuera de la ciudad. En la sentencia del Tribunal Supremo se dice que Velázquez actuó con 'nocturnidad y alevosía'. Con el nuevo Gobierno de Juan José Imbroda, fruto del pacto entre Partido, UPM, PSOE y Grupo Mixto, Ignacio Velázquez ocupaba hasta ahora el cargo de consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno local. Velázquez ha estado en la política activa 12 años, bajo las siglas del Partido. Como alcalde y presidente de la ciudad ostentó estos cargos durante siete años, hasta que su compañero de partido y de Gobierno, Enrique Palacios, encabezó una moción de censura contra él (Enero 2002).
EL FISCAL PIDE DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA UN SENADOR DEL Partido POR MALVERSACIÓN Y FALSEDAD DOCUMENTAL
El fiscal de la Audiencia de Lugo solicita dos años y seis meses de prisión, un año de inhabilitación para cualquier cargo público y 240.000 pesetas de multa para Julio Yebra-Pimentel, senador del Partido y alcalde del municipio lucense de Carballedo por malversación y falsedad de documento público. Según el ministerio público, Yebra-Pimentel cometió un delito de malversación al financiar con fondos de su Ayuntamiento el flete de dos autobuses para trasladar a vecinos de esa localidad a Santiago de Compostela a fin de que asistieran a un mitin de su partido, el 11 de octubre de 1993, cuyo protagonista era el presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Además, el senador y alcalde de Carballedo cometió presuntamente otro delito, el de falsedad en documento público. Así, Yebra-Pimentel habría forzado al empresario de transporte contratado por su corporación a que presentara una factura común por el coste de los traslados al mitin de Fraga en 1993 y un viaje escolar de 1995, pero haciendo constar sólo este último concepto. El propio regidor le habría entregado una nota con el texto que debía figurar. Luego, en 1996, justificó esa factura, de 133.750 pesetas, por servicios recibidos en 1995 y no pagados por falta de presupuesto (Noviembre 2000).
DIMITE UN ALCALDE CONDENADO
El alcalde del Ayuntamiento lugués de O Vicedo, Isaac Prado Villapol, dimite de su cargo tras ser condenado a dos años y medio de cárcel por un delito de atentado contra la autoridad, después de amenazar de muerte al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Lugo. Tras 25 años en el cargo, Prado Villapol se había convertido en uno de los alcaldes más antiguos de Galicia.
Prado Villapol llegó a frecuentar muchos años la amistad de Manuel Fraga, con quien jugó asiduamente al dominó. El alcalde dimitido también fue mano derecha del presidente de la Diputación de Lugo, Francisco Cacharro Pardo, y asesor del ex-conselleiro de Sanidad y luego ministro, José Manuel Romay Beccaría, hasta que se vio implicado en una serie de denuncias y querellas de la oposición que le llevaron a ser un asiduo de los juzgados (Febrero 2001).FRAUDE CURSOS PARADOS
· La Xunta reconoce un fraude de 93 millones en cursos para parados de la patronal: El Gobierno gallego admitió por vez primera que la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) ha gestionado irregularmente fondos europeos destinados a cursillos para la formación de parados. Tras rechazar en las últimas semanas las denuncias de la oposición y una vez que la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado la apertura de diligencias sobre el caso, el Ejecutivo de Manuel Fraga informó de que ha reclamado a la patronal gallega la devolución de 93 millones de pesetas destinados teóricamente a gastos de cursillos que la CEG no ha podido justificar. El Gobierno gallego había abierto una investigación el pasado noviembre, cuando el anterior presidente de la CEG, Antonio Ramilo, dimitió al descubrirse un agujero de mil millones de pesetas en las cuentas del organismo y se divulgaron las primeras noticias sobre el presunto desvío de fondos públicos de empleo para otras actividades de la patronal. En los últimos cinco años, la CEG recibió más de 3.200 millones de pesetas procedentes de partidas de la Unión Europea para la formación de parados que gestiona directamente la Administración autonómica (Marzo 2001).
· Partido impide que el Parlamento investigue las irregularidades en la Patronal Gallega: El Parlamento gallego rechaza, con los votos en contra del Partido, la creación de una comisión para investigar las presuntas irregularidades en la Confederación de Empresarios de Galicia, en una sesión en la que se reclamó la dimisión de los consejeros de Familia y Presidencia. Esta exigencia de responsabilidades por la oposición se planteó un día después de que la Xunta anunciase que detectó 93 millones sin justificar en la documentación sobre cursos de formación de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). El Partido rechazó que el Parlamento constituya una comisión para indagar sobre la gestión y el destino de los fondos subvencionados a la CEG, al considerar que la Xunta ya está investigando los usos que la patronal gallega ha hecho del dinero público (Marzo 2001).
AYUNTAMIENTO DE CARBALLEDO: JUZGAN A UN EDIL DEL Partido DE LUGO Y A UN ARQUITECTO MUNICIPAL POR MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS
En el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo se inicia el juicio contra un concejal del Partido en este municipio lucense y contra el arquitecto municipal, acusados de falsedad documental y malversación de caudales públicos, por presuntas irregularidades en la gestión de dos subvenciones por importe de más de 750.000 que había concedido la Diputación Provincial para separar una iglesia y acondicionar una traída de agua. El fiscal solicitó en total para el edil popular Manuel Lobelle cuatro años de prisión (Abril 2001).
EL PRESIDENTE POPULAR DE PONTEVEDRA TRABAJÓ CON EL EDIL ACUSADO DE CONTRABANDO
El presidente del Partido de Pontevedra, Rafael Louzán, ha mantenido estrechas relaciones políticas y comerciales con el alcalde de Ribadumia, José Ramón Barral Martínez, detenido por su relación con un alijo de tabaco rubio y conocido contrabandista desde los años 70. Louzán es el primer teniente de alcalde de Ribadumia y hasta 1995 fue administrador y consejero de una empresa de Barral en Villagarcía de Arousa.
Barral, más conocido como Nené, fue detenido junto a su hermano Feliciano, presidente local del Partido, después de que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) implicase a ambos en el transporte de más de medio millón de cajetillas de tabaco rubio de contrabando interceptadas en Vigo. Nené, alcalde desde hace dos décadas, ya había sido en los años 70 uno de los pioneros del contrabando en la ría de Arousa.
Barral empezó en el contrabando y en la política de la mano del fallecido Vicente Otero, Terito, considerado el patriarca del negocio ilegal del tabaco en la ría de Arousa y militante de honor de la desaparecida AP. Terito y Nené crearon en 1981 Automoción Villagarcía, SA, que tenía un concesionario de coches en esa localidad. Entre 1993 y 1995, Louzán fue administrador y consejero de la sociedad, según el registro mercantil. El ahora presidente del Partido de Pontevedra comenzó a trabajar de ujier en el Ayuntamiento de Ribadumia bajo el mandato de Nené. Luego llegaría a concejal, más tarde a vicepresidente de la Diputación, y en 2000, a la presidencia provincial del Partido (Mayo 2001).
UN INFORME DE HACIENDA INDICA QUE CUIÑA INCURRE EN INCOMPATIBILIDADES
Un informe del Ministerio de Hacienda y otro de la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia concluyen que el consejero de Política Territorial, Xosé Cuiña, uno de los principales candidatos a suceder a Manuel Fraga, incumple la ley de Incompatibilidades. Cuiña heredó hace un año el 16% de las acciones de las empresas familiares, dedicadas al suministro de materiales de construcción, subcontratadas en los últimos años para numerosas obras de la Administración autonómica. Al heredar las acciones, Cuiña pidió informes para que se le indicase si incurría en incompatibilidad. En mayo de 2000, la asesoría de la Xunta dictaminó que 'podría existir la causa de incompatibilidad', conclusión ratificada en marzo de 2001 por la Junta Consultiva de Contratación del Ministerio de Hacienda. Cuiña explicó que el informe de la asesoría de la Xunta 'no era concluyente' y que dispone de otro dictamen del Consello Consultivo de Galicia, 'un organismo independiente nombrado por el Parlamento', en el que sus miembros certifican 'por unanimidad' que no existe incompatibilidad. A partir de un pequeño negocio familiar, los hermanos de Cuiña han creado desde finales de los 80 un importante grupo de empresas de material para la construcción, presidido por la madre del consejero, que factura unos 5.000 millones de pesetas al año. Esas empresas han actuado como subcontratistas en numerosas obras licitadas por las administraciones públicas, incluida la Xunta.
La Ley de Incompatibilidades de Galicia establece que los altos cargos de la Xunta no pueden poseer una participación superior al 10% en empresas que tengan 'conciertos o contratos' con la Administración. En caso de recibir esas acciones en herencia, deberán deshacerse de ellas en el plazo de tres meses. Las dudas se referían a si los términos 'conciertos o contratos' abarcan también a las subcontrataciones que realizan empresas adjudicatarias de proyectos públicos. El informe de Hacienda considera que, en lo que se refiere a las incompatibilidades, las subcontratas son equivalentes a los contratos directos con la Administración. La Junta Consultiva alude a la Ley Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada en 1999, tras cuya entrada en vigor, advierte el informe " ya no será posible subcontratar con personas incompatibles ". La incompatibilidad no afectaría a la empresa en sí, que puede seguir subcontratando obras públicas siempre que no tenga un alto cargo entre sus administradores, pero sí al miembro del Gobierno, obligado a deshacerse de sus participaciones (Septiembre 2001).
EL 90% DE LAS INVERSIONES DE LA XUNTA PACTADAS POR CONVENIO SE DESTINARON A ALCALDÍAS DEL Partido
La Xunta de Galicia destina a los ayuntamientos dirigidos por alcaldes del Partido Popular prácticamente el 90% de las inversiones que se negocian por convenio entre el Gobierno de Manuel Fraga y los municipios. O al menos, así lo hizo durante los años 1998 y 1999, según datos oficiales entregados por la propia Xunta al Consello de Contas, el tribunal que fiscaliza las cuentas públicas de esta comunidad autónoma. Los datos que la Xunta ha entregado al tribunal fiscalizador no dejan lugar a dudas: de los 21.143 millones que se repartieron mediante este sistema en los dos años mencionados, 18.994 fueron a parar a ayuntamientos gobernados por el partido de Fraga. Esto es, un 89,8% del total. En esos dos años, los municipios controlados por el Partido suponían el 66,7% de la población gallega. El PSdeG regía entonces la vida municipal del 24,8% de los gallegos, pero sus alcaldes sólo recibieron un 7,1% de las inversiones de la Xunta (1.510 millones), mientras que a los regidores del BNG, que entonces gobernaba sobre el 3,5% de los gallegos, se le adjudicaron 415 millones (el 2%). Tras las últimas elecciones municipales de 1999, el PSOE y el BNG avanzaron notablemente en las ciudades y hoy gobiernan entre ambos al 51% de la población. Casi la mitad de las inversiones negociadas municipio a municipio partieron de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Urbanismo. Y este departamento es precisamente uno de los que más favorece a los alcaldes del Partido, que acapararon hasta el 95% de las inversiones de esa consejería, que dirige Xosé Cuiña, uno de los aspirantes a suceder a Fraga. Los alcaldes populares recibieron de Política Territorial 10.446 millones, mientras los socialistas tuvieron que conformarse con 481 (el 4,4%) y el BNG sólo 33 (el 0,3%). En otras consejerías, como Sanidad, Familia o Industria, el porcentaje de inversiones recibidas por los municipios del Partido también supera el 90%. Hay algunos departamentos con menor inversión, como Justicia o Agricultura, donde los alcaldes populares acaparan casi el 100% de los convenios. La discrecionalidad de la Xunta con el método de reparto del gasto mediante convenios es total. Hay otras fórmulas para financiar obras que sí están sometidas a reglas fijas, como el Fondo de Cooperación Local, destinado a localidades con menos de 50.000 habitantes, cuyo presupuesto es mucho menor (unos 4.000 millones anuales) (Octubre 2001).
NUEVAS DENUNCIAS SOBRE FINANCIACIÓN IRREGULAR Partido EN GALICIA
En unas declaraciones del empresario de la construcción y miembro del PartidodeG, Miguel Angel Alvarez, se afirma haber aportado más de 200 millones de pesetas para financiar el partido. "Lo que he conseguido a cambio es que los caciques del Partido gallego me arruinen, mientras ellos adquieren patrimonios multimillonarios", afirma en referencia al conselleiro de Política Territorial, José Cuiña Crespo. Entre otras cosas dice que "gente como Cuiña, que era un empresario fracasado, ha conseguido enriquecerse sin importarle siquiera utilizar a sus propios padres". Y concluye: "Como Fraga no quiere ver esta realidad, he pedido mi baja como militante (del Partido)". Miguel Angel Alvarez ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el eurodiputado del Partido y ex-alcalde de Vigo Manuel Pérez Alvarez y contra la familia de Cuiña, por un presunto delito de estafa. Alvarez, además, exige a la formación política que lidera Manuel Fraga en Galicia que le devuelva "los más de 200 millones" que ha entregado para su "financiación a lo largo de 20 años".
Según el empresario, Pérez y su colaborador Carlos Marcos le pidieron en 1995 que les ayudase a pagar dos letras en poder de la empresa publicitaria Inco "por un total de 50 millones de pesetas que correspondían a pagos pendientes de la campaña municipal", y aún no se los han devuelto. El constructor asegura que el propietario de Inco es el propio Marcos. Éste niega haber recibido el dinero. Un juzgado de Vigo llegó a imputarlos, pero en las europeas de 1999 el Partido, según Alvarez, metió a Pérez en las listas para aforarlo. Ahora, el constructor ha recurrido a la Fiscalía Anticorrupción y en la denuncia incluye a Cuiña, a quien responsabiliza de que Pérez sea aforado. El ex-alcalde también se desvinculó completamente la financiación irregular del Partido (Octubre 2001).
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE GALICIA ANULA UNAS OPOSICIONES COPADAS POR FAMILIARES DE CARGOS DEL Partido
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha ordenado la repetición de unas polémicas oposiciones celebradas en 1999 por la Diputación Provincial de Ourense, en las que familiares de dirigentes del Partido habían copado las plazas a concurso. El tribunal ha dictaminado que las pruebas 'vulneraron principios básicos', especialmente porque no se garantizó el anonimato de los opositores, lo que 'podría influir en la calificación final'. Los aprobados para cubrir las cuatro plazas de técnico de administración general, que en la actualidad todos ellos desempeñan, fueron un hijo del presidente de la Diputación de Lugo y veterano dirigente del Partido gallego, Francisco Cacharro; los hijos de dos diputados del propio organismo provincial orensano y una hija de un ex alcalde de Ourense por Unión de Centro Democrático (UCD). El tribunal examinador estuvo encabezado por el presidente de la Diputación y del Partido de Ourense, José Luis Baltar. El episodio, al que siguieron otras revelaciones sobre la contratación masiva de cargos públicos del Partido Popular y familiares suyos en la Diputación de Ourense, desató un notable escándalo en Galicia. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne, llegó a justificar lo ocurrido con el argumento de que 'los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados'. El recurso ante el Tribunal Supremo permitirá a los aprobados continuar, de momento, en sus puestos. Uno de ellos, Alberto Iglesias, hijo de una diputada provincial del Partido, fue condenado recientemente en un juicio de faltas por amenazas a un periodista del Faro de Vigo que destapó el caso de las oposiciones (Diciembre 2001).
UN SENADOR DEL Partido PAGÓ CON FONDOS PÚBLICOS GASTOS DEL COCHE DE SU HIJA
El Ayuntamiento de Sada ( A Coruña ) ha pagado a su alcalde, el senador del Partido Ramón Rodríguez Ares, gastos del vehículo privado (gasolina y peajes de autopista) que utiliza una de sus hijas para viajes particulares. Rodríguez Ares también autorizó el abono de facturas presentadas por sus concejales por conceptos como la consumición de licores y cubalibres o sesiones de rayos UVA. Los documentos que avalan estas denuncias han sido presentados en el juzgado por Pilar Ramallo, concejal del Partido en Sada, que imputa al senador un delito de malversación de fondos públicos. Entre en los años 2000 y 2001, Rodríguez Ares, alcalde desde hace 23 años, cobró numerosas facturas por desplazamientos realizados con dos vehículos de su propiedad. El senador disponía de dos tarjetas, con cargo a las cuentas municipales, para pagar el combustible y los peajes de autopista de cada uno de los automóviles. Los extractos de gastos de esas tarjetas permiten verificar que en varias ocasiones el alcalde cobró por utilizar ambos vehículos el mismo día y casi a la misma hora.El senador dijo también que no recuerda el motivo de un viaje que realizó en noviembre de 1999 a Nueva York , acompañado de otra persona, cuyos gastos fueron abonados por el Ayuntamiento. 'Voy con frecuencia allí para interesarme por los emigrantes del pueblo', declaró. Los pasajes y la estancia costaron a las arcas municipales 404.822 pesetas, además de 333,49 dólares (unas 63.000 pesetas) por gastos extras en el hotel Hilton.
Ramallo asegura que comunicó hace tiempo a su partido las supuestas irregularidades en la gestión del senador. La concejal llegó a entrevistarse el pasado verano con el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, a quien pidió su inclusión en las listas a las últimas elecciones autonómicas. Fraga le envió posteriormente una tarjeta manuscrita en la que afirma a propósito del alcalde: 'Él y yo nos debemos una lealtad que se mide por años' (Febrero 2002).
EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA NUEVE AÑOS DE CÁRCEL AL EMPRESARIO QUE SOBORNÓ AL POPULAR GABRIEL CAÑELLAS
El Tribunal Supremo ha confirmado una pena de nueve años y diez meses de prisión a Antonio Cuart por los delitos de apropiación indebida y falsedad documental que cometió siendo presidente de la Compañía Concesionaria del Túnel de Sóller. El Supremo había absuelto en 1998 tanto a Cuart como al ex presidente de Baleares Gabriel Cañellas del delito de cohecho, pese a que declaró probado que éste aceptó 50 millones de pesetas que le entregó el empresario, porque había prescrito ya que habían transcurrido cinco años. Cuart recurrió al Supremo la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que le condenó a tres años por falsedad y a seis años y diez meses por un delito continuado de apropiación indebida, por un importe de más de 200 millones de pesetas, sobre el que alegó que también había prescrito. El Supremo considera que el plazo para que caduque el delito es de 10 años en este caso y no de cinco. La sentencia del Supremo considera proporcionada la pena de seis años y diez meses para sancionar apropiaciones indebidas 'de especial gravedad cada una de ellas', cometidas 'aprovechando las facultades concedidas de forma ilimitada al presidente para operar con los bancos' de los que retiraba fondos 'para darles el destino querido por el acusado' (Noviembre 2001).
UN DIRIGENTE DEL Partido CATALÁN, IMPUTADO POR APROPIACIÓN INDEBIDA EN TENERIFE
El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, Enrique Lacalle, y su esposa Chantal Muls, están imputados junto a su socio Francisco Javier Buch Solé en una causa penal por supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad y delitos societarios que sigue el juzgado de instrucción número 1 de Puerto de la Cruz (Tenerife). El caso se ha planteado tras la venta de un hotel y el supuesto impago de las plusvalías generadas en la operación por parte de la sociedad propietaria a un tercer socio de nacionalidad holandesa. Lacalle y su esposa, a través de Pedralbes Consulting, y Buch participaron en la adquisición de Hotel La Paz "por un precio declarado de 600 millones de pesetas", según las diligencias previas del caso. El mismo día de la compra (9 de abril de 1996), se incorporaba a la sociedad adquirente la compañía Galamba, cuyo titular es Johan Linnartz, quien posteriormente se ha querellado contra sus antiguos socios. Según la querella, el hotel se vendió por 1.050 millones de pesetas (el 5 de noviembre de 1998). Los beneficios de esa venta salieron de BL2 Hostelería -la gestora del hotel- mediante "entregas de capital no justificadas a sociedades administradas por la familia Buch", afirma el juez Miguel Palomino, titular del juzgado 1 de Puerto de la Cruz en un informe de fecha 16 de junio pasado. La disputa entre socios por el reparto de la venta del hotel ha aireado algunas de las facturas pagadas por la sociedad explotadora del hotel La Paz en Puerto La Cruz, Ostan Rossa. Entre esas facturas destaca una de la sociedad propiedad de Enrique Lacalle y su esposa -Pedralbes Consulting- por el concepto "Honorarios profesionales por nuestra intervención, asesoramiento financiero y negociación en la concesión de un préstamo hipotecario en mejores condiciones de interés y cuantía para su sociedad". El importe de la comisión era de 26 millones de pesetas (IVA incluido) y la fecha 3 de febrero de 1997. El citado préstamo fue concedido a la sociedad del Hotel La Paz por el Banco Zaragozano. En esa época, Lacalle ya ocupaba el cargo de Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca, por lo que había transferido las responsabilidades de administración de Pedralbes Consulting a su esposa. El comprador final del hotel fue Dileep Ramchand Bhavnami, comerciante hindú de Tenerife, y accionista del Zaragozano. (Octubre-Noviembre 2000).
AYUNTAMIENTO POPULAR DE LAS PALMAS: EL COMITÉ DE EMPRESA CRITICA EL DESORBITADO AUMENTO DEL SUELDO DE LOS EDILES DEL Partido
El presidente del comité de Empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Eudaldo Gómez, cargó contra el gobierno del Partido Popular (Partido) por el incremento del 42 por ciento que se ha otorgado en los sueldos desde que en 1995 accedió a gestionar la Corporación capitalina. "No creo que ninguna empresa, incluso privada, tenga esa subida de salarios en sólo seis años" señaló el representante de los trabajadores municipales, que aprovechó la ocasión para criticar la política de austeridad y contención de gastos que aplican los populares. "Siempre el cinturón se lo apretan a los mismos: a los trabajadores... Las autoridades políticas se llenan la boca de la necesidad de contener los gastos y los costes de las administraciones públicas, y el gobierno municipal del Partido, por su parte, en unos plenos, en plan pandilla de amiguetes, se suben los sueldos sin ningún control", denunció el presidente del comité de empresa en relación a los dos incrementos de las remuneraciones de la Corporación capitalina aprobados en 1995, éste de un 12,5 %, y 1999, que han permitido en buena parte que un concejal del grupo de gobierno, haya visto elevado su sueldo de 4.690.000 a 6.661.228 pesetas, es decir, casi dos millones, en apenas seis años.
Frente a este aumento, Gómez puso como ejemplo la subida que ha registrado desde 1995 el sueldo de un empleado municipal del grupo E, fijado hace seis años en 2.184.672 pesetas, para alcanzar en este ejercicio unas 2.614.260.
El comité de empresa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha dirigido al Diputado del Común para informales sobre el desfase que registran los salarios de los empleados públicos con respecto a la de los concejales que de 1995 a 2001 han pasado de contar con una bolsa de 105 a 145 millones de pesetas, es decir un 42 por ciento más (Mayo 2001).
CASO JINAMAR: ANTICORRUPCIÓN INVESTIGARÁ LA DENUNCIA DE UN CONSEJERO CANARIO CONTRA SU ANTECESOR
La Fiscalía Anticorrupción ha admitido a trámite la denuncia que de forma personal presentó el consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Fernando González, de Coalición Canaria, contra su antecesor en el cargo, Tomás Van de Walle, del Partido Popular. La denuncia presentada en su día por González, sin conocimiento del presidente nacionalista Román Rodríguez, señala que el anterior consejero del Partido pudo incurrir en los presuntos delitos de 'malversación de caudales públicos, infidelidad en la custodia de documentos, falsificación de documento público y defraudación'. La acusación se basa en un informe de la Consejería de Política Territorial que denunciaba un posible quebranto patrimonial a la comunidad autónoma de más de 24.000 millones de pesetas, aunque valoraciones posteriores han rebajado esta cifra hasta 8.728 millones.
Como se recordará, el llamado caso Jinámar reúne un complejo entramado administrativo y político que ha enfrentado al Gobierno nacionalista actual con consejeros del Partido del anterior Ejecutivo, a los ayuntamientos de Telde y Las Palmas -ambos con terrenos en el Parque Marítimo de Jinámar- y a los grupos parlamentarios socialista, popular y de Coalición Canaria. En el centro de la polémica está la cesión en enero de este año de dos parcelas de 300.000 metros cuadrados de propiedad pública sin uso comercial a Promociones Horneras para la construcción de un hipermercado (Diciembre 2001).
EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE BOADILLA Y LAS CONCESIONES DE LIMPIEZA
El Tribunal Superior de Madrid ha "anulado" por "arbitraria" la concesión del servicio de limpieza otorgada por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte a la empresa Urbaser. El Ayuntamiento, gobernado por el Partido, concedió en 1993 la contrata de recogida de, basuras a Urbaser desatendiendo los criterios establecidos por la propia corporación y pese a que la oferta de esta empresa no era la más ventajosa, según los jueces. El Consistorio ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo porque, si la hubiera ejecutado nada más recibirla, la localidad se habría quedado sin servicio de recogida de basuras. En la sentencia dictada por los cinco jueces de la Sección Segunda del alto tribunal madrileño éstos dan un fuerte varapalo al Consistorio de Boadilla (18.900 habitantes) y le condenan a pagar a la empresa Urbaser " los daños y perjuicios" derivados de tan "arbitraria decisión". El acuerdo ahora anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue adoptado el 7 de julio de 1993, en la sesión plenaria del Ayuntamiento, presidido entonces por Nieves Fernández Crespo, En ese pleno, los ediles "adjudicaron a la compañía Urbaser el servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte" a los vertederos de tales desechos. El concurso para aspirar a esa contrata fue aprobado el 12 de noviembre, también en sesión plenaria. Las plicas se abrieron el 8 de enero de 1993. Se observó entonces que la oferta de Urbaser (la empresa que finalmente se quedó la adjudicación) era de 132.847.391 pesetas, en torno a siete millones superior a la que presentó la empresa denominada Rafael y Rogelio de la Paliza e Hijos. Los jueces destacan que la oferta de éstos últimos, 126.791.317 pesetas, fue considerada como " la más ventajosa" por los técnicos del Ayuntamiento "y con mejor resultado final en la relación peseta/medio" y que, por tanto, era merecedora de la contrata. Al concurso también concurrieron las empresas Servicios Aseos Urbanos, SA, BFl Ibérica y Castellana de Servicios. El equipo de gobierno del Partido, con mayoría de votos, optó por la de Urbaser (Junio 2000).
EL AYUNTAMIENTO POPULAR DE POZUELO (MADRID) Y SUS ADJUDICACIONES AMIGAS
Leopoldo Gómez Gutiérrez, ingeniero municipal de Pozuelo de Alarcón, ha recomendado en diversos informes técnicos la contratación de una empresa, Construcciones Mariano Tello, cuyo dueño, Mariano Tello Sánchez, es su socio en dos inmobiliarias. La sociedad de Tello ha recibido más de 2.500 millones desde 1992 en obras municipales de Pozuelo. Además, este ingeniero municipal ha sido contratado a dedo por el Ayuntamiento de Madrid. Este funcionario del Ayuntamiento de Pozuelo, con 21 años de antigüedad, está vinculado a Mariano Tello Sánchez a través de la inmobiliaria Imperial 41, creada en 1988. Ambos son administradores solidarios. Esta sociedad poseía una finca en la calle madrileña del mismo nombre con un volumen edificable de 3.243 metros. Además, ha sido administrador de la inmobiliaria Los Llanos de Pozuelo, donde también figura Mariano Tello que posee unas fincas de 42.000 metros en dicho municipio desde 1991. Gómez Gutiérrez cesó como consejero de esa inmobiliaria en 1995, pero mantiene un 15% de sus acciones, según ha confirmado él mismo. El funcionario compatibiliza su empleo público, donde tiene que analizar ofertas de constructoras e inmobiliarias, con sus negocios urbanísticos privados. Gómez Gutiérrez y Mariano Tello comparten domicilio social en la calle de Opón, donde reside la constructora de Tello y las inmobiliarias de Gómez Gutiérrez y Tello. Esos negocios conjuntos no han impedido a Gómez Gutiérrez informar en diciembre de 1997 a favor de la adjudicación a Construcciones Mariano Tello del contrato exclusivo de mantenimiento y reparación de la pavimentación. Dicho contrato, vigente desde 1997 al 2001, ha supuesto ya 750 millones de facturación al socio del funcionario. Desde 1992, Mariano Tello ha facturado al Ayuntamiento de Pozuelo 1.837 millones en obras menores, que le fueron adjudicadas directamente con la intervención de su socio y funciona (Junio 2000).
AYUNTAMIENTO DE MADRID: REDES EMPRESARIALES DE AFILIADOS DEL Partido LOGRAN 1.400 MILLONES PARA FORMAR A PARADOS
Los datos: Redes empresariales con escasa o nula plantilla docente e infraestructura participadas por militantes del Partido copan desde 1996 los primeros puestos en adjudicación de cursos para formar parados del Instituto Municipal de Empleo (Imefe) de Madrid. Los cursos tienen financiación europea. Estas sociedades han facturado desde 1996 al Imefe unos 1.400 millones de pesetas, lo que supone casi un 25% del total de la cantidad adjudicada en ese periodo. Consiguen más cursos que firmas como IBM y academias de prestigio. Ricardo Peydró, dirigente del Partido y gerente del Imefe, niega todo trato de favor a las academias participadas por afiliados de su partido, aunque admite que ha descubierto anomalías en cinco de ellas. Recibieron muchos cursos a dedo debido a que su cuantía era inferior a los dos millones de pesetas. Pero también ganaron concursos con cero empleados. De un modo u otro, han copado los primeros puestos de facturación. En las adjudicaciones desde 1996, los primeros beneficiados han sido el grupo Manesfields y Técnicas de Formación Avanzada. Suman unos ingresos del Imefe de casi 654 millones, según la edil socialista Isabel Vilallonga. Peydró admite que copan el 9,2% del total adjudicado, aunque rebaja la cifra a 581 millones. Cobran como entidades distintas, pero comparten sede y dos consejeros. Por su parte, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, no tiene constancia de 28 de los 42 cursos de formación de parados que, según el Ayuntamiento de Madrid, se impartieron en las cárceles madrileñas entre 1997 y 1999. El Ministerio del Interior sólo reconoce como efectivamente realizados 15 cursos, pero hay otros 27 que sólo existen en las cuentas del Imefe. En la relación de Instituciones Penitenciarias de cursos impartidos en prisiones madrileñas por Ifomar durante 1997 no figuran cuatro supuestamente celebrados en Carabanchel (dos de técnico en restauración de documento, uno de instalador electricista y otro de técnico en recuperación de residuos). En 1998, el desfase es mayor. Prisiones sólo tiene constancia de siete cursos de Ifomar en prisiones mientras el Imefe da por facturados e impartidos el doble. Según el Imefe, todos los cursos se dieron ese año en la prisión de Carabanchel. Pero según Prisiones, en 1998 Ifomar no dio ningún curso en Carabanchel, sino en la prisión de Alcalá II. No son sólo discrepancias geográficas sino de contenido. Ni en la prisión de Carabanchel ni la de Alcalá II, ni en ninguna otra, se impartieron en 1998 los ocho cursos que Imefe avala haber dado ese año (de gasolinero; de técnico en restauración de documento gráfico; de desratización; y de monitor de educación física). El Imefe detalla inicios de cursos en Carabanchel en octubre y diciembre de 1998, pero esta prisión fue clausurada en noviembre de ese año, y los cursos exigían dos meses. En 1999, la diferencia es mayor: Prisiones acredita un curso; el Imefe, 16. A la dirección de Instituciones Penitenciarias, sólo le consta un curso de desratización de Ifomar realizado en Madrid I (Mujeres). Sin embargo, el Imefe, que no registra tal curso, cita otros 16 inexistentes para la dirección de Prisiones (Febrero 2001).
Las primeras reacciones: El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, no ve anómalo que empresas de militantes de su partido copen el 25% de la facturación de cursos del Imefe. El regidor lo considera "un tema viejo del que ya hizo un informe la presidenta del Imefe al que se acude con demagogia". El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, tiene una explicación para tal hecho. "En la ciudad de Madrid, el Partido cuenta con 67.989 afiliados. Que cuatro ciudadanos anónimos (lo que supone el 0,005% del total de militantes del partido) militen en uno u otro partido sólo cobra relevancia por el hecho de aparecer en un titular". Por su parte, eL secretario general del Partido, Javier Arenas, se limitó a comentar que la financiación de su partido "es transparente" (Febrero 2001).
Las siguientes: Destituido un dirigente municipal por la adjudicación de cursos para desempleados. María Antonia Suárez, concejal del Partido que preside el Imefe, cesaa uno de sus subordinados en este organismo: José Luis Solana. Explicó Suárez que lo destituía porque tenía una relación de amistad con Rafael Oriol Rodríguez, militante del Partido y socio del grupo empresarial que supuestamente ha simulado cursos a presos nunca impartidos para cobrar subvenciones. Este grupo lo integran las empresas Iformar, autora de la supuesta simulación, Incof, Defoco y Prevecón. El alto cargo del Imefe despedido era responsable del servicio de formación del Imefe entre 1996 y 1999. El gerente del Imefe, Ricardo Peydró, admitió hace una semana que conocía tal vínculo de su subordinado pero no le dio importancia (Febrero2001).
La Comisión Europea se interesa por el tema: ha pedido a la unidad administradora del Fondo Social Europeo (FSE) en España, mediante un escrito, que lleve a cabo "las actuaciones necesarias para aclarar" la gestión de los fondos adjudicados al Instituto Municipal de Empleo de Madrid para cursos en prisiones. Bruselas no descarta que puedan haberse producido actuaciones irregulares similares a la del caso Pallerols (uso indebido de 1.000 millones en cursos adjudicados a academias vinculadas con dirigentes de Unió) y podría llegar a bloquear las ayudas de las que se beneficia Madrid a través del FSE si se confirma la estafa. La Comisión Europea no duda en advertir en la carta enviada el martes a las autoridades responsables de la gestión y el control del FSE en España de que el problema detectado en Madrid "pueden tener un impacto importante a nivel social por su similitud con el caso Pallerols". "Con el fin de que los servicios de la Comisión puedan disponer de informaciones fiables en el plazo más breve posible, le ruego que lleve a cabo las actuaciones necesarias para aclarar este asunto", afirma la carta, que también fue enviada al Organismo de Lucha Contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF). Las autoridades españolas tienen ahora cuatro semanas para responder a la petición de información (Febrero 2001).
LA FISCALÍA DE MADRID HA PRESENTADO UNA QUERELLA POR UN SUPUESTO DELITO DE PREVARICACIÓN CONTINUADA CONTRA EL ALCALDE POPULAR DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Ésta es la segunda querella que presenta la fiscalía en menos de un año contra el Alcalde Fernández Quejo. La primera fue también por un supuesto delito urbanístico, y en ella figuran inculpados, además, otros cinco concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento. En aquella ocasión se acusó al alcalde de haber 'beneficiado' a un constructor al que se permitió levantar nueve chalés en una zona protegida. Esta vez, la querella de la fiscalía, que investiga ya un juzgado de San Lorenzo, tiene que ver con las obras que efectúa una constructora en la calle de Santa Rosa, 15 bis, de esta localidad. En 1997 había en ese enclave una parcela de 2.400 metros cuadrados propiedad de Rosa Andradas Oreja, quien ha destapado las irregularidades (Marzo 2001).
UN ARQUITECTO JUZGA IRREGULAR EL HOTEL PROMOVIDO POR UN ALTO CARGO DE GALLARDÓN
Luis Moya, catedrático de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Madrid, ha hallado numerosas irregularidades en el expediente aprobado por la C.A de Madrid para levantar un hotel en La Cabrera. El secretario general técnico de la Consejería de Justicia, Alejandro Sanz Peinado, y su familia, son socios de la empresa que promueve el complejo turístico. 'Un año después de la aprobación inicial, otro alcalde dijo que no podía dar la aprobación provisional porque el caso no se estudió lo suficiente, y sin embargo la Comunidad lo aprueba definitivamente; eso no se entiende bien', declaró Moya a Localia Televisión. Como se recordará, Alejandro Sanz, fue alcalde popular de La Cabrera durante ocho años (Marzo 2001).
AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN: RECALIFICACIONES EDUCATIVAS A LA CARTA
El actual regidor de Alcorcón (144.000 habitantes), Pablo Zúñiga, del Partido, lleva al pleno la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para que una parcela de 88.500 metros cuadrados situada entre los campus de Alcorcón y Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos se convierta en urbanizable. El destino previsto es la construcción de un colegio privado de 17.000 metros cuadrados y 400 viviendas, de las que sólo 85 (el 21,2%) serán de protección. El Plan General recogía que esa parcela se destinara a futuras ampliaciones de la universidad, ya que está situada de forma estratégica entre ambos campus (Marzo 2001).
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONTINUA CON SU POLÍTICA DE FOMENTAR LOS CONTRATOS AMIGOS
La Concejalía de Limpieza decidió en julio de 2000 regalar mordedores comestibles para perros, con forma de hueso, a los dueños de canes que hicieran cursos de concienciación. En septiembre, para comprar 100.000 de estos huesos, pidió ofertas a tres empresas relacionadas entre sí mediante socios comunes. El contrato, por valor de siete millones de pesetas, se adjudicó el pasado marzo a una de ellas. Es la segunda adjudicación 'a dedo' que se destapa en pocas semanas. El concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, asegura que 'desconocía' a los dueños de las empresas. La Concejalía de Limpieza decidió llevar a cabo la adquisición de estos huesos, confeccionados a base de carne, por la modalidad de 'contrato negociado sin publicidad'. En este tipo de contratos, el Ayuntamiento tiene la potestad de llamar a un mínimo de tres empresas de su elección y solicitarles ofertas. ¿Por qué se decidió este tipo de contrato y no uno público normal en el que pudieran presentarse todas las empresas que quisieran? En el expediente, uno de los técnicos de esta concejalía lo explica: 'Los huesos que se pretende adquirir deberán ser masticables, prensados y de un tamaño de 12 centímetros de longitud y 4,5 de grosor, que normalmente no se encuentran en el mercado, debiendo tener esas características inexcusablemente'. De este modo, se pidieron ofertas a tres empresas: Ala Quinta Publicidad, Nauta Navis y Ala Doce. La primera es propiedad de Román Palacios; la segunda, de Juan Julio Álvarez Guerra, y en la tercera son socios tanto Román Palacios como Juan Julio Álvarez Guerra. La oferta más barata, por siete millones de pesetas, fue la presentada por Ala Quinta, que, además, para mejorar la propuesta, prometió colocar un anagrama del Ayuntamiento en cada hueso de plástico.
El concejal de Limpieza, Alberto López Viejo, del Partido, aseguró que desconocía absolutamente a los dueños de las distintas empresas. López Viejo, sin embargo, se confesó 'sorprendido de la relación existente entre algunas de las personas que conforman el cuerpo societario de las diferentes empresas'. El concejal de Limpieza prosiguió: 'Esto [que las empresas estuvieran relacionadas] era algo que desconocía, dado que la petición de ofertas se hizo a empresas distintas, con domicilios distintos y distantes, y sin ninguna relación aparente entre ellas'. 'A la vista de la documentación aportada, y máxime teniendo en cuenta que esta sociedad ha contratado con empresas privadas de prestigio, nada me hacía sospechar la existencia de esta situación'. El edil responsable de Limpieza aseguró que conocer 'la composición de cada sociedad y las posibles relaciones con otras empresas se torna prácticamente imposible' (Abril 2001).
AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL: EL EX PRESIDENTE DEL Partido INVESTIGADO POR VIOLAR NORMAS URBANÍSTICAS
El ex presidente del Partido de San Lorenzo de El Escorial y actual gerente de Urbanismo de Las Rozas, Juan Manuel de Santos, se saltó supuestamente las normas urbanísticas en la reforma de un piso y un ático de 300 metros cuadrados situado en pleno corazón de esa localidad monumental, según un dictamen de la Comisión de Patrimonio, integrada por técnicos del Ayuntamiento y la Comunidad. De Santos consiguió, en 1996, licencia municipal para restaurar la vivienda que ya existía en el número 28 de la calle de Floridablanca, pero, en lugar de limitarse a restaurarla, amplió el volumen de la finca. Incluso construyó en el ático un casetón para el ascensor, elevando a tal fin la altura del tejado (Abril 2001).
EL TRIBUNAL DE CUENTAS APRECIA INDICIOS DE DAÑO A LAS ARCAS PÚBLICAS EN LOS GASTOS DEL ALCALDE
Álvarez del Manzano gastó entre 1991 y 1999 más de 60 millones de pesetas de una cuenta restringida sin control de la intervención municipal. Parte de ese dinero se fue a regalos o donativos a familiares y amigos, según la documentación oficial. Los gastos según el Consejero del Tribunal de Cuentas Antonio del Cacho " pueden ser constitutivos de un alcance de caudales', lo que significa que la hacienda pública podría haber salido perjudicada por la gestión del alcalde. Esos indicios llevan al consejero de Cuentas a considerar que 'resulta procedente, para una mejor defensa de los intereses del erario público, que por la comisión de gobierno [del Tribunal] se nombre delegado instructor, como mantiene el fiscal'. El auto del consejero de Cuentas eleva las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento, que será quien deberá encauzar su propuesta a la comisión de Gobierno. La investigación se centrará en si es legal, como hizo el alcalde, gastar hasta 12 millones sin factura alguna o pagar con dinero público viajes particulares junto a su esposa, hacer donativos periódicos a la costurera de su mujer, comprar un televisor para el hogar del jubilado de un pueblo de Guadalajara donde se estaba construyendo un chalé o regalar joyas a personas cuya identidad no ha facilitado aún. Hace más de un año, Álvarez del Manzano optó por devolver 215.374 pesetas de dos viajes particulares a Mallorca y Sevilla que había pagado con dinero público por un supuesto error atribuido a su jefe de protocolo.
La ley del Tribunal de Cuentas define la irregularidad detectada, el denominado alcance de caudales, como 'saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos'. El consejero de Cuentas que ha investigado los gastos del alcalde, Antonio del Cacho, fue nombrado en su día a propuesta del Partido. Según la normativa del Tribunal de Cuentas, podía haber decretado el archivo de las actuaciones si hubiera entendido que los hechos investigados no revestían 'manifiestamente el carácter de alcance'.
El auto firmado por el consejero Del Cacho señala que los gastos del alcalde de Madrid 'pueden ser constitutivos de un alcance de caudales o efectos públicos, por lo que para una mejor defensa de los intereses del erario público, resulta procedente que por la comisión de gobierno se nombre delegado instructor, como mantiene el ministerio fiscal, para que se proceda a las prácticas prevenidas en el artículo 47 de la ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas'. Concluido el sumario, el Tribunal de Cuentas podrá optar por el archivo o llevar a juicio al alcalde de Madrid. El auto detalla como tras un intento fallido de recurso del Ayuntamiento de Madrid sobre esta investigación preliminar, en marzo pasado entregó los documentos pertinentes para la defensa del alcalde, y el pasado 5 de abril 'el representante procesal de don José María Álvarez del Manzano presentó escrito por el que se persona' en la acción pública emprendida por el PSOE hace un año. El tribunal forzará al regidor a que explique lo que no logró la oposición: el detalle de cómo y con qué criterios gastó más de 60 millones de su cuenta restringida y a qué personas y organismos fue el dinero (Mayo 2001).
EL TRIBUNAL DE CUENTAS RECHAZA EL RECURSO DEL ALCALDE DE MADRID
El Tribunal de Cuentas ha rechazado el recurso del alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, contra el nombramiento de un delegado instructor para investigar los indicios de daño al erario público originados en los más de 60 millones gastados entre 1991 y 1999 con cargo a su cuenta restringida.
El auto, fechado el día 12 de junio, rechaza la tesis del alcalde de que se hallaba sumido en una situación de 'indefensión: " La resolución recurrida no ha producido indefensión alguna, puesto que no se prejuzga la existencia o no de responsabilidad contable, sino que, por el contrario, se remiten las actuaciones a la comisión de gobierno para que se proponga el nombramiento de un delegado instructor con el fin de que realice las oportunas averiguaciones y las correspondientes diligencias con la finalidad prevista en el artículo 47 de la ley de funcionamiento [del Tribunal de Cuentas] y obtener los antecedentes necesarios para determinar las supuestas responsabilidades contables'. Y se recuerda que tal proceso precisamente persigue que 'con todas las garantías se investiguen los hechos' (Junio 2001).
JUICIO POR PREVARICACIÓN CONTRA UN DIPUTADO DEL Partido Y EX EDIL DE ARGANDA
El ex concejal de Seguridad de Arganda y actual diputado del Partido en la Asamblea Benjamín Martín Vasco será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia para responder de un delito de prevaricación y de otro contra los derechos de los trabajadores. Martín Vasco está acusado de cambiar, cuando era edil, el turno a un policía municipal y poner en su lugar a otro agente que era el marido de su secretaria. El fiscal imputa los citados delitos a Martín Vasco, actual portavoz del Partido en la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea, y pide para él una pena de siete años de inhabilitación y una indemnización de cinco millones de pesetas para el cabo de la Policía Municipal Enrique B. G. Este agente se querelló contra Martín Vasco por haberle cambiado su turno de trabajo sin, a su juicio, ninguna justificación. Los hechos que han llevado al diputado regional al banquillo de los acusados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se produjeron en 1998, según fuentes con acceso a las diligencias. El entonces edil de Seguridad de Arganda, localidad gobernada a la sazón por el Partido, ordenó al suboficial jefe de la Policía Municipal, Santiago D. F., que cambiase turno y cometido al cabo Enrique B. G. Éste trabajaba entonces de noche y percibía por ello un plus de nocturnidad. El edil ordenó que Enrique pasase a trabajar durante el día y que ocupase su puesto nocturno otro agente, en concreto, el marido de su secretaria. El suboficial jefe acató la orden, si bien remitió un escrito al edil indicándole que tal instrucción carecía de motivo (Julio 2001).
HACIENDA VE INJUSTIFICADOS GASTOS DEL IMEFE POR 1.200 MILLONES ACOGIDOS A SUBVENCIONES DE LA UE
En enero estalló el escándalo del instituto de formación profesional madrileño (Imefe): redes empresariales de afiliados del Partido copaban 1.400 millones para formar parados, decenas de cursos inexistentes y otras anomalías que costaron el cese al gerente, Ricardo Peydró. Ahora, la Intervención del Estado da la razón a la edil socialista Isabel Vilallonga, que destapó el caso. Su informe considera improcedentes gastos del Imefe por más de 1.200 millones acogidos a subvenciones de la UE por no estar justificados con facturas o por derivar de costes propios del Imefe (edificios o personal), y anota 'coincidencias' en los beneficiarios. La Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, en una investigación abierta antes del escándalo, ha hallado numerosas deficiencias en el uso de los fondos comunitarios por el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de 1994 a 1997. La auditoría, cerrada en mayo pasado, establece que 'no se consideran elegibles (subvencionables) los gastos calculados a tanto alzado, ya que los gastos certificados por la realización de las acciones subvencionadas deben corresponder a pagos efectuados y justificados por el beneficiario'. Esta partida se refiere a los 'costes indirectos' que el Imefe asegura que le han costado los cursos pero de los que 'no ha aportado la justificación de dicha imputación', y parecen ser un mero porcentaje sobre los costes directos. El informe recuerda que ya en 1998, la unidad administradora del Fondo Social Europeo, en escrito al director del Imefe, realizó una severa advertencia sobre el hecho de que tales gastos no justificables supusieran un 12% sobre los costes directos. Tales gastos indirectos (sin justificar) sumaron 82 millones en 1994; 127 millones en 1995; 113 en 1996 y 130 en 1997. Sólo por este concepto Hacienda considera que el Imefe no puede presentar como gastos un total de 452 millones, que al carecer de factura no pueden ser subvencionables, y, por consiguiente, se impondría su devolución a la UE. Hacienda señala un segundo bloque de gastos indebidamente presentado como subvencionable: las inversiones imputadas como gastos de las acciones, ya que de acuerdo con el reglamento del Fondo Social Europeo sólo pued
