DIPUTADOS GENOVESES SOSPECHOSAMENTE COMPATIBLES

LOS DOCUMENTOS, TAL CUAL

DICTAMEN COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.17.03.09
DICTAMEN COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.19.06.08
LISTADO COMPLETO DE LOS SUSODICHOS SEGÚN SUS PROPIAS DECLARACIONES
DECÍAMOS AYER ( 2000 - 2004 )

LAS NOTICIAS

PLURIEMPLEADOS DE ORO EN EL CONGRESO, CON PIZARRO A LA CABEZA 

Aunque de los 350 diputados del Congreso más de 250 admite tener segundas actividades al margen de las políticas, existe una gran disparidad en esa labor extraparlamentaria. Los hay que compatibilizan su escaño con coloraciones puntuales en medios de comunicación, otro buen numero participa en los consejos de administración en cajas de ahorros de sus lugares de procedencia y otros mantienen vinculaciones con pymes o empresas familiares. Muchas de estas actividades no están remuneradas o lo son escasamente. Existe otro grupo de privilegiados que trabaja en potentes empresas, como Ángel Acebes, José María Michavilla y Manuel Pizarro, tres populares que apenas han intervenido en la Cámara durante esta legislatura. El grupo del PP es el que más se resiste a facilitar datos sobre sus actividades extraparlamentarias y el que más se pluriemplea: por cada diputado del PSOE con actividad privada hay dos populares.  

Las posibles reformas en el Estatuto del Diputado sobre incompatibilidades reabrió este debate, y el diario Público ha buceado en labor extraparlamentaria de los políticos, recurriendo a la información disponible en la Cámara y a los propios interesados. Así, más de 250 reconoce otra actividad más allá de escaño, lo que abarca desde participaciones en medios de comunicación hasta otros cargos públicos, docencia, asesoría…

29 trabajan en empresas

En la empresa privada trabajan 29 diputados: 19 del PP, 9 del PSOE y 1 de CiU. Los socialistas, salvo uno, y el diputado de CiU, Sánchez Llibre -que trabaja esporádicamente en la empresa familiar Dani- han explicado al diario en qué consisten esas actividades. Sin embargo, los populares no quieren dar muchos detalles y apelan a que han presentado su declaración de actividades y “fueron consideradas compatibles sin que el Parlamento pusiese objeción alguna, así que no consideran necesario hacer más aclaraciones”, explicaron a través de un portavoz.

Mucha actividad privada y poca en la Cámara

Entre los diputados populares que simultanean actividad privada y pública encontramos a algunos de los que menos hablan en la Cámara, como Ángel Acebes, que sólo ha intervenido una vez durante esta legislatura. Trabaja en el consejo de administración de Cibeles, el holding financiero de Caja Madrid.

Pizarro y Michavila también se destacan

Otro prácticamente inédito es Manuel Pizarro, que ha tomado la palabra como diputado en dos ocasiones desde que se pasara a la política, aunque sin abandonar del todo su actividad privada. De hecho es el diputado que más actividades privadas declara: es el presidente de honor de Ibercaja y de Endesa, consejero del Centro de Estudies Garrigues (abogacía y asesoría) , asesor del IEE de la Universidad de San Pablo CEU y consejero de Editorial Aranzadi. Otro de los casos más sonados, por sus ecos con la Gürtel, es la de José María Michavila, representante de artistas, colaborador del bufete Eius y codirector de una gestora de grandes patrimonios. Sólo ha podido hablar dos veces en la Cámara.

“La política, si la tomas en serio, absorbe mucho”

Estas situaciones contrastan con otras compatibilidades, como la del economista Ceferino Díaz, parlamentario socialista por A Coruña que trabaja en el consejo técnico asesor de una empresa de ingeniería llamada Petisa, labor por la que no cobra. “Hay interesados en sembrar de descrédito la política y se genera confusión; políticos que trabajen en dos cosas hay muy pocos; la política, si la tomas en serio, es una pasión que absorbe mucho”, advierte Díaz. La también socialista María Virtudes Cedial, aclara que como consejera de la Asamblea General de Cajamadrid cobra 800 euros netos al año. “El problema es que se mete en el mismo saco a diputados que tienen actividades empresariales con un altísimo nivel de ingresos y al resto de parlamentarios”, lamenta Cediel.

Al menos 5.000 euros garantizados

Los diputados tienen como retribución base 3.126 euros brutos al mes, a los que hay que sumar un complemento de 870 si son de Madrid (35 en total) o de 1.823 si son de otra circunscripción, por lo que la mayor parte de los diputados tienen casi 5.000 euros garantizados mensualmente, al margen de otros extras como la participación en comisiones o en órganos de gobierno y control de la Cámara. 

(www.elplural.com, 18/05/09)

250 diputados tienen ingresos extra

214 de ellos declaran ingresos del sector privado, y los demás, del sector público - Sólo 84 han comunicado a la Cámara que no ejercen actividades extraparlamentarias

Casi las tres cuartas partes de los diputados (250 sobre un total de 350) cobran dinero al margen de su retribución del Congreso, según han declarado ellos mismos y ha quedado recogido en dos dictámenes secretos. Uno se aprobó en un pleno del pasado junio y el otro el pasado jueves, ambos a puerta cerrada. En esta ocasión, los padres de la patria no se han aplicado la famosa frase de "luz y taquígrafos", a pesar de que una y otros abundan en el hemiciclo.

Un socialista es concejal, consejero de caja de ahorros y tiene dos empresas

En dichos informes, 214 de los 250 diputados pluriempleados declaran al menos unos ingresos del sector privado. El resto tienen actividades públicas remuneradas. Otros 16 declaran actividades sin remuneración. Sólo 84 diputados tienen dedicación exclusiva, o al menos no han comunicado a la Cámara ninguna actividad.

La opacidad con la que ha sido tramitado este asunto ha tejido un manto de sospecha sobre la procedencia del dinero que ingresan los parlamentarios, pero los informes diferencian entre las actividades privadas y las públicas. Entre estas últimas se incluyen los cargos orgánicos en los partidos, la pertenencia a patronatos de fundaciones o los cargos en ayuntamientos.

Las actividades privadas declaradas pueden ser remuneradas o no. La inmensa mayoría son conferencias, tertulias en medios de comunicación, publicación de libros y clases en la Universidad. El consenso existente en este asunto tiende a considerar que todas ellas son extensiones de las funciones parlamentarias.

Sólo deben renunciar a cobrar quienes colaboran con medios de comunicación públicos, porque una de las pocas limitaciones que les impone la Ley Electoral consiste en que los diputados no pueden recibir dinero público ajeno a la Cámara, con la única excepción de la Universidad. Sin embargo, lo que la diputada socialista Remedios Elías hace constar en su declaración, según el dictamen, suena a reproche a sus compañeros: "En estos momentos no participa en ninguna tertulia, pero si lo hiciera en el futuro no cobraría ninguna retribución, ya que considera que es parte de su trabajo el trasladar a los ciudadanos la información y las ideas referentes a cualquiera de los temas a tratar en los distintos programas". La diputada no declara ninguna actividad.

Entre los diputados que admiten ejercer actividades privadas, hay 35 abogados. Para todos ellos consta también expresamente la limitación legal de no contratar con Administraciones públicas.

Entre las actividades públicas declaradas, además de los cargos orgánicos de los partidos, la más repetida es la de alcalde o concejal, ya que es el único cargo electo compatible con el escaño en el Congreso aparte de los miembros del Gobierno (14 diputados).

En el hemiciclo hay 50 concejales y alcaldes. La ley les obliga a elegir entre el sueldo del Congreso y el del ayuntamiento, y ellos suelen decidirse por el más abultado. Pero quienes se decantan por el del Congreso mantienen las dietas por asistir a los plenos municipales y, en algunos casos, los gastos de representación.

Otra actividad a caballo entre lo público y lo privado es la de los miembros de asambleas generales de cajas de ahorros y a los de las sociedades creadas por estas. Es el caso de Cibeles, creada por Caja Madrid y en cuyo consejo se permite participar al diputado del PP Ángel Acebes.

La interpretación más laxa sobre este pluriempleo considera que no está incluido en el artículo 159 de la Ley Electoral, que regula las incompatibilidades y les impide ejercer "las funciones de consejero o cargos equivalentes, así como la prestación de servicios en Entidades de Crédito o Aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito".

Seis diputados tienen relaciones con las cajas de ahorros. Se trata de Eloísa Álvarez (PSOE), que pertenece al Consejo de Administración de Gesduero, la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva de Caja Duero; Joan Canongia (PSOE), que es consejero de la asamblea general de la Caja de Pensiones; Ignacio Echániz (PP), miembro de la Asamblea General de Caja Madrid; Juli Fernández (PSOE), miembro de la asamblea de La Caixa de Girona; José Ignacio Llorens, consejero de Gesmadrid, sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva de Caja Madrid, y Carmen Rodríguez Maniega (PP), que participa en la asamblea de Caja Asturias.

El Congreso pide en el dictamen que no se cobre de Administraciones públicas. Pero sólo se trata de un compromiso, pues no se exige ningún tipo de certificación ni existe la posibilidad de investigarlo. Casos como el de José María Michavila y el procedimiento opaco con el que se tramita todo este asunto han motivado que el jueves pasado 90 diputados no apoyaran el segundo dictamen, elaborado por la Comisión del Estatuto del Diputado. PSOE e Izquierda Unida quieren dar transparencia a las actividades de los parlamentarios y facultar al Congreso para pedir explicaciones a los afectados.

Otro caso sorprendente es el del diputado del PP Gustavo de Arístegui, diplomático en situación de servicios especiales (excedencia) y portavoz de Exteriores. Declara, entre otras actividades, pertenecer al Consejo Asesor de Siconet Ingenieros. Según explicó a este periódico, cobra dietas por asistir a sus reuniones mensuales, pero no es informado siquiera de las contrataciones con Administraciones públicas que hace esta sociedad, dedicada, sobre todo, a sistemas informáticos de empresas de seguros y de banca. "Doy orientación estratégica y voy a aprender. Pagaría por asistir", asegura Arístegui.

Otro caso de hiperactividad es el socialista Juli Fernández Iruela: concejal de Palafrugell (Girona), consejero de la Asamblea General de Caixa de Girona, director y administrador de Senconfis Asesoría (consultora de empresas) y socio administrador de Audir (prevención de riesgos laborales).

En el listado hay un árbitro de tenis, Gabriel Mato, y un diputado que recibe la pensión de ex comisario europeo, Pedro Solbes. Tres diputadas cobran pensión de viudedad; uno tiene invalidez permanente y absoluta y es alcalde de Don Benito (Badajoz) y otro tiene pensión de gran invalidez.

El Congreso no puede investigar a los diputados que no declaran actividades conocidas. Por poner dos ejemplos, en ninguno de los 112 folios de los dos informes figura el secretario general de FAES, fundación vinculada al PP, Jaime García Legaz, aunque sí están todos los patronos de esa fundación. Tampoco aparecen concejales como Eugenio Basco, portavoz del PSE en San Sebastián.

MANUEL PIZARRO: El más activo y con más dietas

La declaración del portavoz del PP en la Comisión Constitucional incluye su participación en las academias de Jurisprudencia y Legislación, de Ciencias Académicas y Financieras, la Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación y la Militar de Zaragoza. También, la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, la Institución Fernando el Católico, el Real Instituto de Estudios Europeos, la presidencia de honor de Ibercaja y Endesa, la Real Sociedad Geográfica, la presidencia de la Fundación Ibercaja, el Consejo Asesor del Instituto de Estudios Europeos y el Centro de Estudios Garrigues. En junio dijo que eran cargos "honoríficos, sin percibir por ninguno remuneración". Nueve meses después, precisó: "Es posible que en alguna de ellas perciba dietas por asistencia". Y añadió su participación en FAES, Aranzadi y la Fundación de Estudios Financieros.

J. M. MICHAVILA: Despacho con letrados investigados

El despacho Eius Abogados, en el que trabaja el diputado del PP, tiene múltiples contratos con ayuntamientos, aunque él no figure directamente en ningún contrato o pleito. De hecho, el secretario general del Congreso, Manuel Alba, tiene abierta una investigación a dos abogados de ese despacho, que son letrados de la Cámara y que, pese a tener igual limitación legal, sí han defendido y asesorado a consistorios. Dos de esos ayuntamientos, Pozuelo y Boadilla del Monte, son investigados por el juez Baltasar Garzón por su relación con una trama corrupta.

El informe aprobado el jueves le autoriza a ser "coadministrador solidario de la Sociedad Limitada Michavila de Fernando, Family Office, que tiene por objeto asesorar, en su caso desde el punto de vista jurídico, a familias en la mejor gestión de su patrimonio".

M. ARIAS CAÑETE: Pregunta por el sector en el que interviene

El diputado del PP está autorizado para ejercer como abogado para asesorar a una empresa de head hunters (Bao & Partners Siguives Internacional) y, sobre todo, para presidir Petrolífera Ducar cuya actividad es "almacenamiento, compraventa y distribución de combustibles líquidos y sus derivados en Ceuta y Melilla, así como la gestión de Parques de Almacenamiento de Productos Petrolíferos".

Asegura que su empresa, establecida en el puerto de Ceuta, no tiene relación con el sector público "ni directa, ni indirectamente". La web incluye instalaciones en Las Palmas, donde distribuye combustible.

El pasado mes de septiembre preguntó al Gobierno por escrito en el Congreso: "¿En qué volumen evalúa el Gobierno las pérdidas anuales de nuestra red de transporte y distribución de energía?". También se interesó por las ayudas a "las empresas de servicios energéticos" y ha preguntado reiteradamente el ministro de Industria por las medidas de ahorro energético. Ese ahorro afectaría a las ventas de su empresa.

F. LÓPEZ-AMOR: Gestiona los derechos del fútbol

Es abogado y consejero de Bodegas Fuenmayor, S.A., aunque en esta última actividad asegura que no recibe retribución.

El diputado del PP fue director general de RTVE y ahora el Congreso le ha autorizado para ser consejero de la sociedad Grupo Santa Mónica Sports S.R.L., dedicada a explotación comercial de los derechos del fútbol y de la publicidad en estadios y de clubes de fútbol. También se compromete a no tener relaciones con administraciones públicas.

En la web de esta empresa se explica que tiene en exclusiva los derechos de 10 equipos de primera división y de la Federación Española de Fútbol. Entre las televisiones que se los compran están RTVE y las autonómicas. Por ejemplo, todos los partidos de la selección española de fútbol que emite la televisión pública. Los dictámenes impiden a diputados cobrar de televisiones públicas por participar en sus tertulias, pero no impiden que la empresa que ha fichado a López-Amor firme contratos millonarios con entes públicos.

M. ÁNGEL CORTÉS: Empresa cultural junto al Congreso

Es uno de los diputados que declaran más actividad, centrada en el Cultura. Es diputado del PP y fue secretario de Estado de Cultura.

Desde junio tiene autorizada la actividad de administrador único de la sociedad limitada Bajoz Mercantil, cuyo objeto social, según el dictamen, es: "Investigación, estudio, dirección, desarrollo de planes y proyectos, consultoría, asesoramiento y prestación de servicios en materia cultural, pedagógica, literaria y artística; organización de seminarios, conferencias, eventos, espectáculos y actos de difusión; formación de personal y perfeccionamiento profesional; representación, promoción y consultoría; comercialización, importación y exportación de obras de arte y antigüedades y compra venta de toda clase de inmuebles". Tiene vetado contratar con la Administración. Se constituyó en 2007 y recientemente eliminó del objeto social la frase "explotación y comercialización de concesiones administrativas".

La empresa tiene la sede junto al Congreso, para facilitar su compatibilidad.

www.elpais.es 29.03.09

PSOE e IU quieren que el Congreso pueda investigar las actividades de los diputados

Llamazares atisba una "incompatibilidad flagrante" de López-Amor

Fernando López-Amor, diputado del PP, podrá compatibilizar desde hoy su escaño con el consejo de la Sociedad Grupo Santa Mónica Sports. El dictamen secreto que el Pleno del Congreso, incluido él mismo, votará hoy a puerta cerrada le autoriza a ser consejero de la empresa que gestiona derechos del fútbol y los vende a televisiones públicas. El informe le exige que no contrate con las Administraciones, pero el Congreso no puede investigarle.

Su nombre está junto al de otros 78 diputados que piden autorización para actividades al margen de la Cámara, aunque en la inmensa mayoría es para participar en tertulias de medios de comunicación privados, conferencias, clases en la universidad o patronatos. A muchos se les impide cobrar por tertulias en medios públicos, pero la sociedad de López-Amor sí contratará con televisiones públicas. López-Amor, al ser preguntado por este periódico se limitó a remitirse al dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado que se vota hoy. Admitió que su empresa contrata con entes públicos. El caso se conoce sólo porque este periódico ha tenido acceso al dictamen.

Ayer, PSOE e IU presentaron iniciativas para reformar la regulación de las incompatibilidades, hacer ya públicas las actividades extraparlamentarias y comprobar la veracidad de las declaraciones. El socialista Francesc Vallés quiere que el presidente del Congreso, José Bono, busque "los mecanismos para dar mayor publicidad a las declaraciones de actividades profesionales de los diputados". También que la subcomisión que estudia cambiar la Ley Electoral modifique el régimen de incompatibilidades y que "los servicios jurídicos determinen la competencia que pueda tener la Comisión del Estatuto para investigar, si el ejercicio las actividades profesionales que se hayan declarado compatibles se adecuan a las limitaciones" legales.

En estos momentos no hay capacidad de investigar, por ejemplo, si el despacho de José María Michavila asesora a ayuntamientos. "Es bueno saber lo que pasa en la calle" dijo ayer Michavila para justificar su pluriempleo. Gaspar Llamazares no apoyará hoy en el Pleno el dictamen y presentó una proposición no de ley para que se hagan públicas las actividades, que se restrinjan y que se controlen las asistencias. Preguntados ambos por López-Amor, el socialista y presidente de la Comisión rehusó hablar del informe por ser secreto, pero recordó que, según la ley, un diputado no puede tener una relación contractual con una entidad que contrate con Administraciones públicas. A pesar de lo cual su grupo votará a favor. Llamazares puso éste como uno de los casos que el Congreso debería poder investigar, ya que si se confirma que la empresa de la que es consejero contrata con medios públicos, López-Amor incurriría en "incompatibilidad flagrante".

Voto de castigo al pluriempleo de los diputados

Noventa parlamentarios se niegan a votar el informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados

Noventa parlamentarios se han negado a votar el informe de la Comisión del Estatuto de los Diputados que autoriza actividades privadas a sus compañeros. La votación era secreta, sólo con presencia en el hemiciclo de los diputados y sin cámaras. El resultado ha sido que 246 han votado a favor, 43 que no y se han abstenido 47. Es imposible identificar el origen de los votos porque es secreto, pero el resultado es significativo porque el dictamen que salió de la Comisión del Estatuto fue aprobado por unanimidad y sólo con el voto particular de Gaspar Llamazares, diputado de IU. Es decir, necesariamente no ha sido apoyado por algunos diputados de los grupos mayoritarios.

El informe se refiere a actividades de 79 parlamentarios, la mayoría de ellos para ejercer funciones que son prolongación de su cargo de parlamentario, como conferencias, tertulias o clases en la universidad. Pero hay otros que es para ejercer como abogados. Hay tres casos particulares y polémicos, todos del PP: Fernando López Amor, José María Michavila y Ángel Acebes, según el informe al que ha tenido acceso EL PAIS.

PSOE e IU, con apoyo de José Bono, han presentado iniciativas para hacer transparente el informe y que el Congreso pueda investigar si se cumplen las declaraciones. Ahora no existe esa posibilidad y el dictamen es secreto.

www.elpais.es 26.03.09

Pizarro cobra dietas de cargos honoríficos y López-Amor gestiona derechos de fútbol

El pleno aprueba el jueves actividades al margen de la Cámara de 79 diputados

El Pleno del Congreso aprobará el jueves a puerta cerrada el informe secreto de la Comisión del Estatuto del Diputado que permitirá a 79 parlamentarios desarrollar actividades al margen de la Cámara. El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla las actividades autorizadas que, en la mayoría de los casos se refieren a conferencias, participación en tertulias y pertenencia a fundaciones sin ánimo de lucro o vinculadas a sus partidos. Los diputados votarán a ciegas el informe, que sólo conocen los portavoces.

Se incluyen casos conflictivos como el de Manuel Pizarro, diputado del PP por Madrid, que admite que hace nueve meses no declaró ingresos que ahora sí admite. Detalla las 14 fundaciones, academias y comités de honor, entre las que se incluyen la presidencia de honor de Endesa y la de la Fundación Ibercaja, y se concluye que el diputado "aclara que es posible que en alguna de ellas perciba dietas por asistencia a las sesiones que se celebren". Es decir, rectifica su declaración anterior, a pesar de lo cual se le da una nueva autorización y hasta se le añaden nuevas actividades compatibles en el Consejo Asesor de la Editorial Aranzadi y en el Patronato de la Fundación de Estudios Financieros. O sea, ya tiene 16 "cargos honoríficos".

Otro caso llamativo es el de Fernando López-Amor, diputado del PP y ex director general de RTVE, al que se le autoriza para ejercer como consejero de la Sociedad Grupo Santa Mónica Sports, de la que se dice que su objeto, entre otros, es "la adquisición de derechos publicitarios, de imagen, de derechos comerciales o licencias, de patrocinio, mecenazgo o similares para la explotación de los mismos o para su venta a terceros y explotación comercial de toda clase de eventos relacionados con el deporte del fútbol". Es decir, explotación de publicidad y derechos del fútbol. Se hace la recomendación de no contratar con Administraciones Públicas, pero en su web esta empresa se presenta como intermediaria ante televisiones, incluidas RTVE y las autonómicas, y como agente comercial de la Federación Española de Fútbol y de explotación de eventos que emiten las televisiones públicas, como la final de la Copa del Rey, la Supercopa y los partidos de la selección.

A Ángel Acebes se le autoriza ser consejero de Caja Madrid Cibeles SA, y a José María Michavila se le permite ser "coadministrador solidario de la sociedad limitada Michavila de Fernando, Family Office, que tiene por objeto asesorar, en su caso desde el punto de vista jurídico, a familias en la mejor gestión de su patrimonio, aclarando que la empresa no será ni contratista ni prestadora de servicios incompatibles".

A Miguel Arias Cañete (PP) se le autoriza a ser miembro del Consejo Asesor de Bao & Partners Siguives International, dedicada a la búsqueda de ejecutivos y consejeros.

Manuel Pizarro

- "Cargos honoríficos" con dietas. El informe recuerda que en el dictamen del 19 de junio el diputado sólo declaraba "cargos honoríficos, sin percibir por ninguno de ellos remuneración". Luego detalla las 14 fundaciones, comités, academias e institutos a los que pertenece y concluye que ahora "[Pizarro] aclara que es posible que en alguna de ellas perciba dietas por asistencia a las sesiones que se celebren".

 

F. López-Amor

- Gestión de derechos del fútbol. Se le autoriza a ser consejero de la sociedad Grupo Santa Mónica Sports que gestiona los derechos del fútbol de 10 equipos de Primera División y de la Federación de Fútbol, así como su publicidad. Parte de esos derechos están vendidos a televisiones públicas, estatal y autonómicas, con las que contrata la sociedad. En su web aparecen patrocinadores públicos como Renfe.

 

Ángel Acebes

- Gestión de cajas, sin ser cajas. Consejero de Caja Madrid Cibeles, SA, con esta explicación: "Es una sociedad anónima que tiene por objeto la mera tenencia o titularidad, así como la gestión de participaciones en otras sociedades que desarrollan su actividad en el sector financiero, de seguros y el negocio bancario minorista fuera de España". Pero añade que "no es ni una caja de ahorros ni una compañía aseguradora".

www.elpais.es 24.03.09

Ya sólo hay 33 parlamentarios con dedicación exclusiva

El primer informe aprobado en junio se refería a 305 de los 350 diputados que habían pedido compatibilidades para ejercer actividades al margen del escaño, pero exigía explicaciones a 67. Ahora se incluyen las autorizaciones a estos 67 y se añaden otros que han pedido nuevas autorizaciones. Así, ya sólo hay 33 con dedicación exclusiva.

A este informe ha presentado un voto particular Gaspar Llamazares (IU), por considerar que no es transparente, que se basa en un criterio de confianza y que el Congreso se limita a expresar en cada caso la prohibición de contratar o recibir dinero de cualquier Administración pública, sin capacidad de investigar o pedir más aclaraciones

En este informe se autoriza a ejercer como abogados a los socialistas Jordi Pedret, Gloria Rivero, Maritxell Cabezón y Pablo Martín. Del PP, a Rafael Hernando, Andrés Ayala, Juan Costa, Pilar González Segura y Ana Torme. Otros tres diputados son autorizados para formar parte de asambleas de cajas de ahorro. Son Ignacio Echaniz, en Caja Madrid; Juli Fernández Iruela, en Caixa Girona, y Arturo García-Tizón, en la Caja de Castilla-La Mancha. Algunos diputados piden compatibilidad no remunerada con fundaciones relacionadas con su partido, como José Luis Rodríguez Zapatero para ser patrono y presidente de la Fundación Ideas para el Progreso, y Soraya Saénz de Santamaría, de FAES. José Bono, presidente del Congreso, pide autorización para ser miembro de la Fundación para el Progreso de Salobre. Una veintena de alcaldes y concejales debe dejar cargos en empresas municipales.

www.elpais.es 24.03.09

El Congreso revisará las incompatibilidades

Los grupos buscan más transparencia en la autorización de los 'pluriempleos'

La reunión a puerta cerrada de la Comisión del Estatuto del Diputado que autorizó el martes nuevas actividades de los diputados del PP José María Michavila y Ángel Acebes no fue ni mucho menos pacífica. Incluso, terminó con un voto particular del diputado de IU, Gaspar Llamazares, al informe final de la comisión y con el acuerdo de todos para que se estudie una reforma del actual sistema de incompatibilidades.

Llamazares hizo un voto particular al informe que se votará el jueves

Michavila había solicitado añadir a su actividad de abogado, de representante de artistas y de responsable de una fundación, la de codirector de una family office o gestora de grandes patrimonios. Llamazares y el portavoz del PSOE, Francesc Vallés, pidieron que se le exija información al diputado sobre los estatutos de la sociedad, sus funciones y sus labores concretas. Se produjo un debate intenso porque el representante del PP, Gabriel Mato, defendió que había que autorizarlo puesto que nada indica que se traspasará la línea que impide contratar con Administraciones públicas. No se planteó el hecho de que el despacho de Michavila haya sido contratado con distintos ayuntamientos implicados en la trama que investiga el juez Garzón, lo que ha dado lugar a un expediente del secretario de la Cámara a dos letrados de las Cortes que trabajan en ese bufete.

La tesis de Llamazares es que la ley se basa en la confianza, sin capacidad de comprobar los datos o exigir explicaciones. Y siempre con una aplicación muy amplia. Michavila no contrata directamente con ayuntamientos, pero su despacho sí.

Finalmente, PSOE e IU perdieron la batalla porque al PP le apoyaron UPN y PNV. Es decir, por segunda vez en esta semana el PNV, que ya apoyó en la Junta de Portavoces la comisión de investigación sobre el ex ministro Bermejo, acudió al rescate de los populares cuando están en una situación comprometida en un órgano de la Cámara.

Respecto a Acebes, la petición era para formar parte del consejo de administración de Cibeles, una nueva sociedad creada por Caja Madrid. En este caso la petición sí se acompañaba de los estatutos de la nueva sociedad, explicando que es una fundación privada, es decir, que sortea el precepto legal que impide pertenecer a empresas públicas. No obstante, Llamazares considera que puede haber un fraude de ley y una aplicación laxa de la ley. El artículo 159.2 de la Ley Electoral impide pertenecer a consejos de "entidades de crédito o aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito".

El PP consideró que Cibeles es una empresa privada, que hay precedentes y que directamente no concede créditos, por lo que había que autorizar la compatibilidad. Llamazares hizo constar en el acta de la comisión su voto particular en contra por la aplicación laxa de la ley. No obstante, las conclusiones de la Comisión incluyen la petición a los letrados de las Cortes para que hagan una propuesta a la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley Electoral para modificar el modelo de incompatibilidades.

En principio, no se trata tanto de restringirlas como de darle transparencia. El presidente del Congreso, José Bono, ha trasladado estos días a miembros de esa comisión su posición favorable a que se estudien fórmulas que busquen esa transparencia.

El informe, que se votará el jueves en el Pleno, pide a 20 diputados que son también concejales y alcaldes que abandonen los consejos de administración de empresas municipales.

Votación a ciegas

- A puerta cerrada. El informe de actividades ahora es secreto y se aprueba en el pleno sin que los diputados sepan lo que votan. Sólo los portavoces lo conocen.

- Ley ambigua. La Ley Electoral proclama la dedicación exclusiva, pero establece todo tipo de excepciones y autorizaciones, a veces contradictorias. La única limitación clara es no contratar con Administraciones públicas.

www.elpais.es 23.03.09

El Congreso permite a Acebes cobrar también de Caja Madrid

El Congreso apela a los precedentes para autorizar su compatibilidad

El diputado José María Michavila aprovechó el pleno de ayer para cambiarse de escaño y sentarse al lado del portavoz socialista en la Comisión del Estatuto del Diputado, Francesc Vallés. Fue el tiempo justo para saludarle por primera vez y agradecerle que la víspera aprobara la autorización para que sume a sus actividades de abogado, presidente de una fundación y representante de cantantes la de responsable de una family office o gestora de patrimonios. Vallés fracasó por falta de apoyos en su intención de pedir aclaraciones a Michavila.

El informe aprobado incluye también la autorización a Ángel Acebes para que forme parte del consejo de Cibeles, la sociedad creada por Caja Madrid. Todos los grupos, incluido el PSOE, dieron por buenos los argumentos del diputado del PP, según los cuales Caja Madrid es una entidad privada, hay precedentes similares en la Cámara y, además, Cibeles no da créditos. El artículo 159.2 impide pertenecer a consejos de empresas de "entidades de crédito o aseguradoras o en cualesquiera sociedades o entidades que tengan un objeto fundamentalmente financiero y hagan apelación públicamente al ahorro y al crédito". El Congreso considera que la sociedad de Caja Madrid no responde a esa descripción.

El informe será aprobado en secreto y a puerta cerrada en el próximo pleno. Los diputados no conocerán el informe que votarán y que sólo estará en manos de los portavoces. El presidente de la Cámara, José Bono, ha expresado estos días a miembros de esa comisión su intención de buscar un procedimiento para el futuro que dé transparencia a esos datos.

Celia Villalobos (PP) ha pedido a la Mesa que se amplíe a otro letrado, Luis Cazorla, la investigación a dos abogados del despacho de Michavila por presunta incompatibilidad.

www.elpais.es 19.03.09

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