LA FAMILIA ES LO PRIMERO ¿PASA ALGO?
" El PP considera que es importante y urgente establecer una eficaz política en favor de la familia en España. La institución familiar merece la protección social, jurídica y económica que nuestra Constitución postula. Fortalecer la familia es un requisito clave para la consolidación de una sociedad vigorosa. Es el cauce de la solidaridad intergeneracional y la mejor red de seguridad frente a cualquier contingencia "
( Programa Electoral PP.1996)UN HIJO DEL ALCALDE DE OVIEDO, UNIVERSITARIO SIN LA NOTA NECESARIA
Juan de Lorenzo, hijo del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, del PP, ha ingresado en la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de Oviedo acogiéndose al cupo reservado para deportistas de élite, eximido de cumplir los requisitos del números clausus. En la Universidad, el vicerrector de Extensión Universitaria, Moisés Llordén, ha dicho que la incorporación de este estudiante obedece al propósito de "potenciar el equipo de tiro de la Universidad", una modalidad deportiva inexistente en la Universidad. De Lorenzo no está federado y en su familia hay versiones contradictorias de si practica o no este deporte. La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia es el centro en el que se exige una nota de ingreso más elevada (superior al 7) y en el que el acceso es más restringido, limitado en el actual curso académico a sólo 50 alumnos. Desde la creación de los estudios de Fisioterapia, hace tres años, la Universidad de Oviedo da acceso directo a los deportistas de élite que pretendan cursar tales enseñanzas. El rector Julio Rodríguez explicó a la prensa que si el hijo de Gabino de Lorenzo "figura en un listado oficial será porque se cuenta con él para integrarlo en algún equipo universitario ya existente o en algún equipo nuevo de un deporte en el que destaque". Rodríguez señaló: "Es algo perfectamente legal. Estoy seguro". (El País. 01.11.1996)
1. SUPUESTO NEPOTISMO CENTRISTA EN OURENSE
SI ERES DE OURENSE Y NO ESTAS EN LA LISTA ERES UN PRINGAO. COMPRUÉBALO POR TI MISMOSe hacen públicos 296 casos de cargos públicos del PARTIDO o de familiares directos de dirigentes del partido que han sido empleados en los últimos años en diversas instituciones públicas, sobre todo en la Diputación Provincial. El mapa centrista comprende 63 de los 92 ayuntamientos de la provincia, cuyos alcaldes y concejales tienen hijos, hijos políticos, esposas, hermanos o cuñados empleados en distintos organismos que controla el PARTIDO. La Diputación también da trabajo directamente a 53 ediles de los nuestros.
Ourense es desde hace años uno de los principales bastiones del PARTIDO gallego, que gobierna en 79 de los 92 ayuntamientos de la provincia y en casi todas las elecciones supera con holgura el 50% de los votos emitidos. Ese entramado de poderes locales lo domina José Luis Baltar, presidente de la Diputación y del PARTIDO provincial. Desde hace años, a Baltar lo persiguen las acusaciones de nepotismo, ya sea por la anulación judicial de oposiciones en las que familiares de dirigentes de su partido habían copado las plazas a concurso o por la contratación de cargos públicos populares para trabajos de la Diputación.
De los 296 casos detallados, 122 corresponden a personas que trabajan para la Diputación Provincial, 89 a empleados en ayuntamientos y mancomunidades que gobierna el PARTIDO, 57 en organismos de la Administración autonómica y 28 en fundaciones públicas. En algunas ocasiones son los propios cargos del PARTIDO los beneficiados. En la Diputación, por ejemplo, trabajan dos alcaldes y dos delegados provinciales de la Xunta. Entre el organismo provincial y los ayuntamientos con mayoría popular se contabilizan 53 concejales populares empleados. En cuanto a los familiares directos de alcaldes y concejales, la lista de colocados incluye a esposas de 18 de ellos, a 32 hijos, 18 hermanos, 11 nueras y yernos, 35 tíos y sobrinos y 12 cuñados.
Entre los casos más llamativos están, por ejemplo, el de Isaac Vila, ex vicepresidente de la Diputación y antiguo alcalde de Xinzo de Limia, cargo al que volverá a optar en las próximas elecciones municipales. Vila tiene a su esposa, a una de sus hijas, a dos cuñadas y a dos sobrinos empleados en la Diputación o en organismos dependientes de ella. El alcalde de Lobeira ha empleado en la institución provincial a tres de sus hijas y dos yernos, y la diputada en el Congreso Ana Belén Vázquez, a su cuñado, a un hermano de éste y a un primo. A otros no les hace falta salir de su propio ayuntamiento, como el regidor de Calvos de Randín, que contrató de asesora a una hija suya. Desde que empezó el goteo de denuncias, hace unos días, el PARTIDO no ha desmentido ninguno de los casos señalados y atribuye la masiva presencia en la Administración de familiares de cargos del partido a que en Ourense 'la sociedad es mayoritariamente popular', en palabras de Rogelio Martínez, vicepresidente de la Diputación. 'Este es un tema viejo, que se cae por sí sólo, simple demagogia barata', declaró Baltar, diputado autonómico ,secretario de Acción Política del PARTIDO de Ourense e hijo del Presidente de la diputación Provincial.
2. OTROS GESTOS AMISTOSOS HACIA LA FAMILIA Y AMIGUETES EN GENERAL
1. EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA SE DESVELA POR LOS AMIGOS
1.BIS.
UNA VEINTENA DE PARIENTES DE CARGOS O MILITANTES DEL PARTIDO LOGRA CONTRATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN.3. MATAS SITÚA AL FRENTE DE UNA FUNDACIÓN A UNA MUJER QUE LLEVA DOS AÑOS DE BAJA
4. ROBLES FRAGA OTORGA 1.200 MILLONES A LA FUNDACIÓN QUE PRESIDE SU PADRE
6. COMUNIDAD VALENCIANA : FAMILIA, PARTIDO Y NEGOCIO
7. EL MINISTERIO DE TRABAJO, SÁNCHEZ FIERRO Y LAS SUBVENCIONES FAMILIARES
8. LOS NEGOCIOS PRIVADOS DEL DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA EN EL SECTOR PORCINO
9. LOS NEGOCIOS DEL MINISTRO CAÑETE OTRA VEZ SON NOTICIAS
10. CUIÑA CONTRADICE A FRAGA Y AFIRMA QUE AÚN NO VENDERÁ SUS NEGOCIOS
12. LOS 'POPULARES' CONTROLAN EBRO AGRÍCOLAS
13. LA BODA DEL HERMANO DE LA PRIMERA AUTORIDAD SANITARIA PENDIENTE DE PAGO
16. UN SENADOR DEL Partido PAGÓ CON FONDOS PÚBLICOS GASTOS DEL COCHE DE SU HIJA
17.ZAPLANA CONTINUA SU POLÍTICA DE APOYO A LA FAMILIA POPULAR
18.LAS RESIDENCIAS AMIGAS DE EDUARDO ZAPLANA
25. EL Partido DE MONÒVER CONTRATA A UN CENTENAR DE AFINES EN DOS AÑOS DE MANDATO
28. LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA AYUDA A LA FAMILIA MÁS POPULAR
1. EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA SE DESVELA POR LOS AMIGOS
En Málaga, tres de los siete adjudicatarios de unas plazas de agentes de desarrollo local convocadas por el Ayuntamiento de la capital -gobernado por el PARTIDO con mayoría absoluta- para poner en marcha el Instituto Municipal de Empleo son familiares de dirigentes populares. Entre los beneficiados figuran la novia de Juan Manuel Moreno, miembro de la dirección nacional del Partido , ex presidente de Nuevas Generaciones y diputado en el Congreso por Cantabria. También ha sido escogida la cuñada del concejal de Empleo, José Luis Ramos, responsable del área municipal que sacó las bases de la convocatoria y que luego realizó la evaluación de los aspirantes remitidos por el Inem. Otra de las personas contratadas es hija de una coordinadora sectorial de la dirección provincial del PARTIDO, Concepción Vera. Ramos confirmó públicamente estos hechos, si bien indicó que el procedimiento de selección ha respetado "escrupulosamente" la legalidad.
El edil de Empleo reconoció la presencia de su cuñada en la lista final de seleccionados y lo atribuyó a su valía profesional: "El Partido Popular tiene 25.000 militantes en la provincia y es normal que ante una convocatoria de plazas pueda haber familiares de dirigentes; sería discriminatorio que por ser familiares no tuvieran opción de optar a ellas si tienen cualificación profesional".
Ramos relató que su departamento remitió al Instituto Nacional de Empleo (Inem) la convocatoria de las plazas y los requisitos establecidos por el consistorio para estos contratos temporales, de un año de duración. Según las bases, se exigía una titulación universitaria de grado medio o superior, y se advertía de que se valoraría la experiencia profesional y los conocimientos extra académicos en cursos monográficos de desarrollo local o promoción de empleo. Ramos aseguró que fue el Inem el que le remitió los 29 aspirantes, de los que 27 acudieron al examen. La evaluación final la realizó un tribunal integrado por el director del Instituto Municipal de Empleo -cargo de confianza del PARTIDO-, una funcionaria del Ayuntamiento y un representante del Instituto Nacional de Empleo ( Octubre 2002 )
Una veintena de parientes directos de concejales, cargos públicos o destacados militantes del Partido Popular en Jaén han logrado contratos en el Ayuntamiento de la capital en lo que va de legislatura. En la lista de contratados figuran hijos, hermanos, cuñadas y sobrinos de miembros del equipo de gobierno municipal del PARTIDO en esta ciudad y de otros dirigentes del partido en la provincia. Los sindicatos vienen denunciando sin éxito la política de 'enchufismo' del PARTIDO y la ausencia de procesos selectivos reglados y conforme a la normativa laboral.
Los casos más llamativos de contrataciones supuestamente irregulares se dan en el Patronato de Asuntos Sociales y en la Gerencia de Urbanismo, donde el número de contratos eventuales se ha disparado en las dos últimas legislaturas gobernadas por el PARTIDO.
Según fuentes sindicales, en Asuntos Sociales sólo hay dos funcionarios de una plantilla de 197 trabajadores, y en el área de Urbanismo, uno de casi 40. Curiosamente, es el concejal popular Miguel Segovia el que presidió Asuntos Sociales en la anterior legislatura y ahora el que está al frente del departamento urbanístico, además de ser primer teniente de alcalde y la mano derecha del alcalde popular, Miguel Sánchez de Alcázar.
Precisamente, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Jaén acaba de suspender la convocatoria de nueve plazas de personal laboral realizadas por la Gerencia de Urbanismo y que habían sido impugnadas por el Sindicato de Empleados (SEA) por entender que los trabajos demandados sólo pueden ser desempeñados por funcionrios.
Las pruebas selectivas iban a celebrarse en los próximos días. El Ayuntamiento de Jaén tiene una plantilla de 1.100 trabajadores, de los que menos de 400 tienen la condición de funcionarios municipales. En las dos últimas legislaturas, según los sindicatos, se han llevado a cabo más de 400 contratos eventuales en los diferentes patronatos municipales.
El concejal de Personal, Rafael Cabrera, ha reconocido las contrataciones a personas afines al PARTIDO, pero asegura que 'en muchos casos se trata de cargos de confianza ligados al mandato del concejal de turno'. Sin embargo, a la hora de enumerarlos esos cargos son solo tres, a su juicio: una sobrina de la concejala de la Mujer, Josefa Martos; la hermana de la gerente de Urbanismo, Rocío Martín, y el hijo del director de la Universidad Popular, Luis Miguel Payá.
En el resto de contrataciones, un total de 7, Cabrera asegura que el Ayuntamiento se ha servido siempre de las listas de demandantes del INEM, y se han justificado los contratos por razones de urgencia y siempre con carácter provisional. Así se contrató a una cuñada del Concejal de Asuntos Sociales, Antonio Lucas, a las hermanas de los candidatos del PARTIDO en Andújar y Jimena, Jesús Estrella y Catalina García Carrasco, respectivamente, o a personas que han ido en las listas del PARTIDO en ésta y en la anterior legislatura, como Ángeles Ordóñez, Joaquín Blanca y Reyes Chamorro. Ésta última fue nombrada jefa de sección técnica en Asuntos Sociales, pero un informe jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento cuestionó esa designación por haberse ignorado el procedimiento de comisión de servicio.
Otros 10 parientes de miembros del PARTIDO, se beneficiaron del plan de estabilidad aprobado por los populares a final de la legislatura pasada para unos 200 empleados eventuales. Esos son los casos de los hijos del gerente y el administrador del PARTIDO, Jesús Mollinedo y Julio Luque, respectivamente, una hija del que ha sido hasta hace poco subdelegado del Gobierno en Almería, Fernando Hermoso Poves, o una cuñada del concejal Miguel Ángel García Anguita. En este último caso, que fue recurrido por un sindicato, el Tribunal Supremo dictó una resolución fijando la estabilidad de dicho puesto de trabajo hasta que se convocara formalmente la plaza.
La lista la completan dos hijas y una sobrina de los ex concejales populares Juan Gallo y Francisco Blanca, una sobrina del gerente de Asuntos Sociales, José Luis Ganivet, y dos militantes del PARTIDO.
Fue el más llamativo cambio de chaqueta o, si se prefiere, de faralaes de la democracia valenciana en los albores de los noventa. Once años después, aquel repentino cambio de ideario político rezuma una impúdica fertilidad. Fue un voto tránsfuga con pingües beneficios para el sujeto activo: la malagueña Maruja Sánchez Trujillo, ex bailarina flamenca; y para el pasivo: el cartagenero Eduardo Zaplana, un novel abogado que hacía sus primeros pinitos en la política. La primera, y su entorno familiar, han exprimido la teta pública sin tregua: en 11 años y en concepto de sueldos de las arcas públicas ya han sacado más de 260 millones de pesetas. El segundo pasó como un ciclón desde la alcaldía de Benidorm hasta el Palau de la Generalitat y, ante su sólida hegemonía política, le ha llevado a poner una pica en Bruselas.
La jornada del 22 de noviembre de 1991 supuso un punto de inflexión para el gobierno municipal de Benidorm, en particular, y, por extensión, para el futuro político de la Comunidad. Maruja Sánchez, que había sido elegida concejal en la lista del PSPV, secó la dilatada presidencia del socialista Manuel Catalán Chana al frente de la alcaldía. Tras desaparecer unos días del mundo de los vivos, la edil reapareció para apoyar una moción de censura y despojó a Chana de la vara mando, que pasó a manos de Eduardo Zaplana. Los populares se aprestaron a recompensar el gesto de Sánchez. Durante todo ese mandato la edil asumió, con dedicación exclusiva, las delegaciones de Servicios Sociales y Cultura. Además, el PP blindó la seguridad personal de Maruja con dos guardaespaldas que sólo en horas extras percibieron 9,6 millones de pesetas en tres años. Maruja Sánchez no participó en las siguientes elecciones, pero el PP, con Zaplana ya instalado en la cúspide de la Generalitat, no la olvidó, y la ex edil pasó a ingresar la nómina de cargos de confianza, o sea nombramientos a dedo.
Maruja Sánchez fue nombrada coordinadora del área de Cultura a cambio de 250.000 pesetas netas al mes. Sánchez todavía hoy mantiene esa condición (cargo de confianza), como jefa del negociado municipal en la plaza de toros. En total, en estos 11 años Maruja Sánchez ha obtenido, sólo en concepto de sueldo, más 62 millones de pesetas, procedentes de las arcas públicas.
La tránsfuga no ha estado sola en su ya amplia etapa en la Administración pública. Su voto fue un imán que atrajo a personas de su entorno al brasero de los fondos públicos. Primero, Maruja Sánchez aprovechó la calidad de su voto para introducir en el Consistorio a cuatro personas de su entorno, una de ellas su nuera, que en total han percibido del Ayuntamiento cerca de 180 millones de pesetas. Luego, Maruja se acordó de su marido, Pedro Martínez, que en 1995 entró en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, como asesor y con un sueldo de 300.000 pesetas al mes, merced a una resolución de presidente de la Diputación, el popular Julio de España. Martínez sigue de bombero público.
El último de la saga Sánchez que ha pasado a integrar la nómina pública ha sido su hijo, contratado en 1999 como auxiliar administrativo en la delegación de Canal 9 en Alicante. El sueldo de esta categoría en 2000 era de 2.845.363 pesetas brutas anuales.
El voto de la tránsfuga Maruja conllevó otras prebendas: unas más explícitas que otras. La ex edil fue denunciada por supuesto tráfico de influencias el denominado caso Fayvi (una empresa de servicios en cuyo accionariado participaba uno de los guardaespaldas de la entonces concejal). El juez archivó el caso en abril de 1997. En los meses posteriores a la moción de censura, Sánchez y su marido pasaron a ser clientes preferentes de los bancos. La ex concejal logró sin mayores agobios dos créditos de 35 millones en sólo tres meses. Además, el matrimonio, pese a contar con embargos por impagos bancarios, logró adquirir una finca de 300.000 metros cuadrados.
Tras la polvareda de la moción y despojarse de su condición de cargo público, la ex bailarina de flamenco se parapetó, más y más, en las funciones que a dedo le había asignado el PP desde la alcaldía de Benidorm, y su vida social casi se ha disipado.
El beneficiario del voto tránsfuga ha recorrido un camino a la inversa: del anonimato, al estrellato. Una vez instalado en el nada desdeñable escaparate público de Benidorm, Zaplana se hizo con el control del PP valenciano. Con sus huestes alicantinas, por el sur, y la guerrilla frabrista, por el norte, rodeó Valencia. En un visto y no visto, derrotó a Rita y la confinó, embutida en vestidos rojos, en la alcaldía de Valencia.
Tras hacerse con el liderazgo regional del PP, Zaplana miró a Lerma y captó el elevado grado depresivo de la esfinge.
Entonces, lanzó un fogonazo, inundó el escenario electoral de humo y aplastó a la alicaída tropa socialista.(Publicado en El País. Edición Valencia el 4.03.02)
3. MATAS SITÚA AL FRENTE DE UNA FUNDACIÓN A UNA MUJER QUE LLEVA DOS AÑOS DE BAJA
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, presidente del Partido en Baleares, ha colocado a Catalina Enseñat, doctora en Historia y ex diputada regional del Partido en las islas, como directora general de la Fundación Parques Nacionales. La situación laboral de Enseñat hasta que ha sido fichada por Matas era peculiar. Desde febrero de 2001 se halla en situación de 'incapacidad permanente total para la profesional habitual [coordinadora del Medio Natural]' por las secuelas de una lesión en el pie y tobillo, según el Tribunal Médico de la Seguridad Social. Desde junio de 1999 estaba de baja laboral.
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, considera idóneo el nombramiento de Catalina Enseñat para dirigir la Fundación de Parques Nacionales: 'Es la persona adecuada para ostentar este cargo. Está en una situación legal que le permite compatibilidad; nadie lo puede negar' .Además, el ministro alabó el perfil y el currículo de la elegida para dirigir la Fundación de Parques Nacionales. Enseñat, por su parte, considera que aúna la experiencia medioambiental, patrimonial, cultural y de gestión pública para desempeñar el cargo.
En cuanto all 'accidente de trabajo' que provocó la lesión a Enseñat se produjo en junio de 1997, cuando durante su trabajó bajó de un vehículo todoterreno en una visita a un área natural. La dirigente balear recayó, en junio de 1999, mientras seguía ejerciendo de coordinadora del medio natural de la actual empresa pública Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente del Gobierno de Baleares. Fue en esa fecha cuando el Partido perdió el poder en la isla y la coalición de izquierdas y nacionalistas se hizo con la dirección del Ibanat. La actual directora de la fundación Parques Nacionales, que era trabajadora fija de la citada sociedad pública, reclama ahora una indemnización de cinco millones de pesetas al actual equipo gestor de Ibanat, cuyo presupuesto está vinculado al Ejecutivo balear que preside Francesc Antich, del PSOE.
La última baja laboral de la ya directora de la fundación de Matas -que ha sido operada en dos ocasiones- es de 29 de junio de 1999, coincidente con el traspaso del poder político del Partido Popular al pacto de la izquierda (PSOE, IU y Los Verdes) con los nacionalistas en Baleares.
Catalina Enseñat fue diputada popular en el primer Parlamento balear de 1983 y directora general de Medio Ambiente en 1987. Fue contratada por la Administración balear en 1993, durante el mandato de Gabriel Cañellas, para trabajar en los Servicios Forestales de Baleares (ahora Ibanat). Está casada con José María González, actual presidente del Grupo Parlamentario del Partido de Baleares y ex consejero de Turismo con Matas (1996-99) (Febrero 2002).
4. ROBLES FRAGA OTORGA 1.200 MILLONES A LA FUNDACIÓN QUE PRESIDE SU PADRE
La Agencia Española de Cooperación Internacional, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha concedido una subvención de 1.200 millones de pesetas a la Fundación Cánovas del Castillo para un proyecto en Colombia. El jefe de la Unidad de Organizaciones no Gubernamentales, responsable de otorgar las ayudas, es Carlos Robles Fraga, hijo del presidente de dicha fundación que actúa como foro ideológico del Partido Popular, Carlos Robles Piquer. Los 1.200 millones de pesetas se han adjudicado a un proyecto cuyo socio es la Federación Nacional de Cafeteros Colombianos, una asociación vinculada al consorcio gubernamental Café de Colombia, y no una asociación sin ánimo de lucro, como es habitual. Las ayudas de la agencia se han otorgado en tres fases. La primera fue aprobada el pasado 15 de julio. Las organizaciones más beneficiadas en dicha convocatoria han sido asociaciones religiosas y conservadoras, algunas cercanas a la organización religiosa católica Opus Dei.La segunda fase se aprobó el pasado 27 de julio y estaba destinada a proyectos vinculados a la promoción económica. Finalmente, la tercera se concedió el pasado 9 de agosto y está destinada a los proyectos. En esta última fase es en la que ha resultado beneficiada la organización de Carlos Robles Piquer. La Fundación Cánovas del Castillo, que fue creada por el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, en 1980 para cultivar 'el auténtico pensamiento popular', se reconvirtió con los años en una de las organizaciones no gubernamentales con más proyectos en Centroamérica. Su reconversión en organización humanitaria coincidió con la llegada del Partido al poder (Noviembre 2001).
El Ministerio de Defensa ha gastado 347 millones de pesetas en 20.000 portaequipos de combate que carecen de protección IR contra aparatos de visión infrarroja con el que cuenta el resto del material militar. Esta protección se exige en las normas OTAN y la tienen todos los ejércitos de Europa. El concurso para el nuevo portaequipo de combate se adjudicó a Yuma, SA, cuya oferta era la más cara. Se rechazaron otras dos que incluían IR y costaban 92 millones menos. Los 20.000 soldados del Ejército de Tierra que cubran su uniforme con los nuevos portaequipos de combate adquiridos por el Ministerio de Defensa serán visibles durante la noche ante los prismáticos o el visor infrarrojo del potencial enemigo. Ninguno cuenta con el tratamiento de protección antirrefracción de rayos infrarrojos (IR) que evita que se conviertan en un blanco perfecto en un escenario bélico como Afganistán, donde se dispone a ir un batallón, o en los Balcanes, donde están 3.000 profesionales. El portaequipos de combate es una prenda similar a un chaleco del que se cuelgan los cargadores de munición, bombas de mano, mapas, paquete de curas, etcétera; anula, además, el camuflaje del uniforme que va debajo, que sí lleva IR. 'Es como ir vestido de colorado a la guerra. Parecerán una farola encendida. Es como si llevaran un letrero colgado del cuello que diga: ¡Dispárame, que estoy aquí!', describe un experto en material militar.
El concurso público para los nuevos portaequipos de combate lo adjudicó el pasado 28 de junio la Junta de Contratación Delegada del Ejército de Tierra a la empresa Yuma, SA, con sede en Zaragoza. Su oferta era la más cara: 17.125 pesetas cada uno. Manufacturas Valle y Sei, sus competidoras, ofrecían su modelo a 12.609 y 13.100 pesetas, respectivamente. El segundo concurso se resolvió semanas después de forma similar. La diferencia entre la oferta ganadora y las otras fue de 92 millones de pesetas. Con el mismo presupuesto Defensa podría haber adquirido 7.386 portaequipos más de los obtenidos.
Las empresas rechazadas incluían en su oferta el tratamiento IR, pero ambas fueron desestimadas porque en el pliego del concurso no se exigía esta condición, imprescindible según tres expertos consultados.Yuma, SA, la empresa adjudicataria de los portaequipos de combate, que ha obtenido otros concursos de Defensa, es propiedad de la familia Benedi y otros socios. María Rosario Benedi Pérez, jefa de compras de esta sociedad, está casada con el coronel José Martínez Nasar, secretario técnico de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército. Pilar Benedi, directora de la empresa, negó que tengan información privilegiada por su vinculación familiar ( Diciembre 2001 )
6. COMUNIDAD VALENCIANA : FAMILIA, PARTIDO Y NEGOCIO
'Los de siempre'. Un asesor de empresas alude al grupo de empresarios valencianos con posibilidades que copan las grandes posibilidades de negocio en la Comunidad Valenciana con una expresión lacónica. La misma que se utiliza en el seno de la Administración autonómica para identificar a los valedores del otrora denominado poder valenciano: 'Son los que son, tampoco hay mucho más'. Pero, ¿quiénes son los que son? Porque, desde luego, no todos son de siempre.
Federico Félix, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), aparece como el gran muñidor de las alianzas empresariales para intentar dotar de contenido la expresión que tanto repitió Eduardo Zaplana durante su primera legislatura como una inyección de optimismo para los inversores privados. No en vano, el acuerdo entre el presidente de la Generalitat y el fallecido Vicente González Lizondo para constituir una alianza de gobierno conservadora después de las elecciones de mayo de 1995 se cerró de madrugada en su despacho profesional.
AVE es un club exclusivo al que sólo se accede por recomendación de algún socio y por acuerdo de todos los demás. No es una asociación al uso, sino un auténtico grupo de presión, que reúne a una cincuentena de poderosos empresarios. Y el foro oportuno para cuajar alianzas estratégicas con el poder, que no siempre se pueden detectar.
El accionariado de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, un proyecto formalmente privado pero auspiciado desde el Palau de la Generalitat, reúne a una nutrida representación de 'los que son'. Al margen de los grandes inversores institucionales, se sientan en el consejo grandes promotores inmobiliarios, como Javier Cremades, José y Juan Lladró, o Andrés Ballester. Un poderoso grupo de empresarios textiles reunidos en Ateval. Y con una participación minoritaria, varias empresas constructoras aliadas en una agrupación de interés económico denominada Gestión y Financiación de Infraestructuras (GFI).
La constructora Pavasal preside GFI, una agrupación en la que participan Cyes, Construcciones Luján, Vicente Cotino, Construcciones Sarrión, Rafael Ferrando, Luis Batalla, Enrique Ortiz, Hormigones Martínez o Torrescámara, la empresa constructora del presidente de la Federación de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Juan Cámara.
El grupo que forma GFI entró en el capital social de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA. Pero no se conocen otras acciones conjuntas. Los socios coyunturales han optado por especializarse en sus respectivas áreas y disfrutar en solitario de los recientes años de bonanza económica.
La publicidad de los concursos públicos revela que varios socios de GFI han resultado ser los constructores valencianos que más obra civil han ejecutado en los últimos años. El seguimiento de las adjudicaciones de obras por parte de la Consejería de Obras Públicas durante un periodo de dos años y medio, entre 1997 y mediados de 1999, sitúa a Pavasal como el primer constructor local de obra civil en territorio valenciano.
Pavasal recibió contratos por un total de 2.785 millones, sólo de la Consejería de Obras Públicas. Hormigones Martínez, una empresa de Alicante, aparece en segundo lugar, con contratos por un total de 2.100 millones. Lubasa, con sede en Castellón ocupa el tercer lugar. Pero casi toda la cohorte de constructores agrupados en GFI asumieron importantes obras públicas.
Sedesa, de Vicente Cotino, y Torrescámara, de Juan Cámara, se especializaron en uniones temporales con grandes constructoras de ámbito nacional. Cyes y Enrique Ortiz ocuparon un segundo escalón en las adjudicaciones en solitario. Construcciones Sarrión y Construcciones Luján recibieron adjudicaciones más discretas.
Entre 1997 y 1999 empresas como Pavasal y Lubasa duplicaron su volumen de facturación. Cyes, en principio más modesta, multiplico por 15 su negocio en el mismo plazo.
El impulso de un negocio privado como el parque de ocio de Terra Mítica, que ahora intenta rentabilizar una gran multinacional estadounidense, coincidió con la institución de una comisión de racionalización del sector público dirigida desde el Palau de la Generalitat.
La comisión organizó en paquetes algunos suministros de la Generalitat para negociar precios a la baja y analizó el sector público para estudiar posibles privatizaciones. Pero el margen de maniobra era muy estrecho. Las empresas públicas nunca se habían concebido como negocio. Aunque algunas de reciente constitución si podrían llegar a interesar a operadores privados en el futuro, como la que explota el circuito de Cheste, por ejemplo.
Hasta la fecha, el plan de privatización se ha reducido a la cesión a operadores privados del servicio de Inspección Técnica de Vehículos.
Muchos inversores privados en el gran proyecto de ocio impulsado por Eduardo Zaplana participan en las sociedades que atienden el servicio de inspección de vehículos desde enero de 1998.
La Generalitat instó alianzas de socios tecnológicos con experiencia en el sector de ITV con empresarios valencianos entre 'los que son'.
Rafael Ferrando y la familia Quesada obtuvieron un lote en alianza con la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Control ITV. La familia Cotino se hizo con otro en sociedad con Iteuve. Luis Batalla y José Lladró, a través de su yerno, se aliaron con Asistencia Técnica Industrial para participar en un tercer lote.
Un cuarto lote reunió a varios patronos valencianos con Aseguramiento Técnico de Calidad, entre otros, Federico Félix, Felipe Almenar, Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, o Javier Cotanda, empresario textil en Ontinyent.
La Unión Europea ha puesto en entredicho el proceso de privatización de las ITV. Pero los pleitos de ámbito comunitario no son precisamente ágiles. En cualquier caso, muchos empresarios valencianos ya han vendido su participación en el negocio.
La constitución de una sociedad pública para dotar las infraestructuras del entorno de Terra Mítica también es objeto de estudio por parte de la Unión Europea porque podría lesionar la libre competencia
La democracia orgánica que invocaba Francisco Franco se sustentaba sobre tres instituciones: familia, municipio y sindicato. Algunas de las empresas más boyantes del sector de la construcción en la Comunidad Valenciana parecen sostener su negocio sobre dos patas esenciales, los vínculos familiares y partidistas. Vicente Cotino, presidente de Sedesa, una constructora especializada en maquinaria para el movimiento de tierras, es hermano de Juan Cotino, actual director general de la Policía Nacional. Los negocios de la familia Cotino se han extendido desde las explotaciones agrícolas hasta las inversiones en ocio pasando por los jardines. Juan Cotino fue concejal del Ayuntamiento de Valencia antes de saltar a su cargo actual a la órdenes del ministro de Interior, es militante del PP y es miembro del Opus Dei. Formalmente está desvinculado de los negocios familiares que dirige su hermano. Alfredo Quesada es la cabeza visible de la empresa Pavasal, una sociedad familiar especializada en las pavimentos asfálticos. Dos hermanos se ocupan del negocio. El tercero es Javier Quesada, actual responsable de la Oficina de Ciencia y Tecnología con rango de subsecretario. En la pasada legislatura, Javier Quesada fue director general de Economía. No es militante del PP y también está formalmente al margen de la empresa familiar. Felipe Almenar, presidente de Cyes, constituyó la empresa en alianza con Vicente Cotino para participar en las obras de construcción del nuevo dique del Puerto de Valencia. El secretario del consejo de administración de Cyes es Vicente Domínguez, hermano de Miguel Domínguez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, militante del PP y vinculado al Opus Dei. Federico Félix, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, detenta una participación minoritaria en Cyes. La empresa está especializada en obras portuarias, pero también ha ejecutado otras infraestructuras siempre con alta calificación técnica.( Octubre 2001 )
STERIO DE TRABAJO, SÁNCHEZ FIERRO Y LAS SUBVENCIONES FAMILIARESUn cuñado de Julio Sánchez Fierro, que fue secretario general técnico del Ministerio de Trabajo entre 1996 y 1998, en la etapa de Javier Arenas, es propietario de la empresa CGP, una de las principales en los sectores de formación y de prevención de riesgos laborales . Esa firma ha recibido miles de millones de pesetas en subvenciones; sólo en 1998 logró 2.500 millones de pesetas de formación profesional. Es una actividad similar a la de la esposa de otro ex alto cargo de Trabajo, Juan Aycart, que desencadenó la dimisión de Manuel Pimentel, sucesor de Arenas. La empresa CGP es propiedad de Conrado López Gómez, cuñado de Julio Sánchez Fierro, quien está casado con la hermana de éste, María Jesús. CGP es la cabeza de un grupo de empresas entre las que se encuentran el Instituto Forlin; Forhun Consultoría, Formación para Recursos Humanos, Dimera Asesores y Curso Forum.
Sánchez Fierro es en estos momentos miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, parlamentario de la Asamblea de Madrid y miembro de su comisión de empleo. Antes de su etapa en Trabajo fue responsable del departamento de formación y empleo de la patronal CEOE, presidente de la Comisión permanente del Consejo General de la Formación Profesional, y ha asesorado a patronales de diferentes sectores. Cuando el PP ganó las elecciones en 1996, Sánchez Fierro trabajaba como asesor de la patronal aseguradora Unespa, en su comisión laboral, y presidía la Asociación Nacional de Mutuas de Accidentes de Trabajo. En 1996 asume la secretaría general técnica de Trabajo, con Javier Arenas como ministro. Un cargo que es pieza clave en el funcionamiento de todos los departamentos y que tiene acceso privilegiado a todos los asuntos de orden político y normativo. Entre las funciones encomendadas figuran el estudio e informe de las disposiciones de carácter general del ministerio, junto a "la elaboración de las normas o la participación en la elaboración de las mismas".
La compañía CGP, propiedad de su cuñado, y su grupo de filiales han impartido planes de formación a más de 50.000 alumnos y 7.000 empresas y desarrollan una importante actividad en la prevención de riesgos laborales. Por los planes de formación, solamente en 1998, recibió una financiación de la fundación Forcem (de formación continua) de 2.500 millones de pesetas, correspondientes a cursos de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), encuadrada en la patronal CEOE. Julio Sánchez Fierro, al tener acceso al cargo de secretario general técnico de Trabajo en 1996, tenía que haber declarado esas incompatibilidades debido a su vinculación familiar con los dueños de CGP y las actividades que esta empresa realiza. La ley de 1995 establece que quienes desempeñen un alto cargo están obligados a inhibirse del conocimiento de asuntos que interesen a empresas o sociedades en las que participen él mismo, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil, que es el que corresponde a los hermanos. El exalto cargo de Trabajo ha afirmado que, si bien tenía conocimiento de la existencia de CGP y su actividad, ignoraba (hasta que este medio se lo hizo saber) que la empresa fuera propiedad de su cuñado y su hermana, con los que, según asegura, no mantiene relación desde hace tiempo. "Es por eso por lo que no podía hacer ninguna declaración de incompatibilidad", dijo.
Sin embargo, frente a esas afirmaciones de Sánchez Fierro, su cuñado, López Gómez, ha reconocido que el ex alto cargo de Trabajo sabía perfectamente a qué se dedicaba su empresa. También conocía esas actividades empresariales la hija de Sánchez Fierro, Raquel Sánchez Sanz, gerente del Instituto Regional de Madrid de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo dependiente de la consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Según su propia declaración, cuando le llegó un expediente de autorización a CGP sobre prevención de riesgos lo trasladó a su superior inmediato precisamente por conocer que la empresa era de sus familiares. (Marzo 2000 )
8. LOS NEGOCIOS PRIVADOS DEL DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA EN EL SECTOR PORCINO
El ministerio de Agricultura investiga a su director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla. Su familia posee una de las explotaciones de porcino más importantes de España y una fábrica de piensos que ha empleado habitualmente harinas animales. Los piensos de harinas de origen animal son responsables, según los expertos, de que se haya extendido el mal de las vacas locas. Además, las explotaciones de cerdo han disparado sus beneficios desde que estalló la crisis. Al conocerse la noticia, Quintiliano Pérez Bonilla puso su cargo a disposición del ministro de Agricultura, aunque afirmó que "objetivamente no encuentra ninguna razón ética, ni estética ni jurídica" para presentar su dimisión. Como se recordará , el nombre de Pérez Bonilla ya salió a la luz cuando el escándalo por el cobro de subvenciones para cultivar lino en la época en que Loyola de Palacio era ministra de Agricultura. La esposa del alto cargo percibió ayudas por la siembra de ese producto. ( Enero 2001 )
9. LOS NEGOCIOS DEL MINISTRO CAÑETE OTRA VEZ SON NOTICIAS
Según un semanario nacional, Miguel Arias Cañete no sólo ocultó sus negocios privados y administró empresas montadas en paraísos fiscales. Además, el actual ministro de Agricultura estuvo relacionado con uno de los mayores fraudes fiscales descubiertos en España durante las últimas décadas. Se trata del llamado caso de los DNI falsos, que supuso el blanqueo de más de 2.000 millones de dinero negro generado por industrias del sector agropecuario, dedicadas a la fabricación de piensos para animales y a la comercialización de pollos.
La historia arranca a finales de los años ochenta y en su origen se encuentran tres abogados de Jerez de la Frontera: el propio Arias Cañete, que entonces era eurodiputado; Antonio Morenés Giles, amigo íntimo de Cañete, con quien compartió primero clases en la Facultad y luego un bufete; y José Luis Coveñas Tamayo, conocido como Pepón, concejal de AP en el Ayuntamiento de Jerez y persona de confianza tanto de Cañete como de la familia Morenés.
Arias Cañete y Pepón Coveñas desarrollaron diversas actividades en Sogdal, una empresa utilizada como fachada para. blanquear 2.000 millones del industrial catalán Bertrán de Caralt. Antonio Morenés era corredor de bolsa en su propia agencia de valores, Usera y Morenés, implicada en el fraude de la colocación de acciones de Repsol llevada a cabo en mayo de 1989. En ambos casos, los fraudes se realizaron utilizando DNI falsos. Y fue la imprudencia de utilizar el mismo DNI de un pescador de Huelva en las dos operaciones lo que permitió descubrir los escándalos.
La empresa Sogdal se constituyó el 29 de mayo de 1987, con un capital social de 15.000 pesetas y domicilio en la calle Sevilla, 4143, de Jerez. En dicho edificio tienen sus despachos de abogado tanto Arias Cañete como Pepón Coveñas. Como socios fundadores de Sogdal constan tres personas: el citado Coveñas Tamayo, Timoteo Ramírez Cuesta y Jaime Parera Ambros. Los dos últimos estaban ligados al grupo empresarial agropecuario de Bertrán de Caralt: Timoteo Ramírez como encargado de la gestión financiera y Parera como su ayudante.
En enero de 1988, Timoteo Ramírez, que figuraba como empleado de Sogdal, inició las operaciones para ocultar a Hacienda parte del patrimonio de Bertrán de Caralt. El blanqueo de dinero se realizaba a través de inversiones en Letras del Tesoro, utilizando identidades falsas, para lo que se usaban fotocopias del DNI de personas que nada tenían que ver con las operaciones.
Poco después, en mayo de 1988, se producen dos cambios en Sogdal: la sede se traslada a Barcelona y Miguel Morenés Giles sustituye a Pepón Coveñas como administrador único de la empresa. Miguel Morenés es yerno de Bertrán de Caralt y hermano de Antonio, el ya mencionado corredor de bolsa. Durante el resto de 1988 y todo el año 1989, Timoteo Ramírez continúa con sus operaciones fraudulentas en Letras del Tesoro, hasta sumar inversiones por importe de 2.045 millones de pesetas.
Paralelamente, la agencia de valores Usera y Morenés también recurre al método de los DNI falsos para realizar una operación fraudulenta con una colocación de acciones de Repsol. De las 484 peticiones de suscripción de acciones realizadas por dicha firma, 162 supuestos peticionarios negaron haber dado orden alguna de suscripción y otros 161 no pudieron ser localizados en los domicilios que figuraban en la lista elaborada por Usera y Morenés. Entre las peticiones irregulares figuraba una a nombre de Manuel Díaz Pérez, un pescador de Cartaya (Huelva) totalmente ajeno a la operación.
El 14 de diciembre de 1989, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó la apertura de un expediente sancionador a Usera y Morenés por prácticas irregulares. Antonio Morenés fue finalmente inhabilitado durante dos años como agente de cambio y bolsa.
La apertura del expediente de la CNMV no sólo desató las alar-mas en la firma de Antonio Morenés, sino también en Sogdal, administrada por su hermano Miguel. De hecho, en enero de 1990, Timoteo Ramírez realizó la última operación en Letras del Tesoro utilizando DNI falsos. Pero ya era demasiado tarde.
El Banc Catalá de Crédit había comunicado a Manuel Díaz Pérez, de profesión pescador y residente en Cartaya, el rendimiento generado por una inversión de 30 millones de pesetas en Letras del Tesoro. Manuel Díaz, asombrado se puso en contacto con el banco catalán.
Al conocer las gestiones del pescador onubense, Bertrán de Caralt le indicó al consejero delegado del Banc Catalá de Credit que era necesario presentar la operación fraudulenta como un error.
Sogdal, además, estaba dispuesta a compensar económicamente a Manuel Díaz por el error.
En la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el caso de los DNI falso: se indica textualmente lo siguiente:
" Al Sr Díaz se le abonan 250.000 pesetas por D. Miguel Arias Cañete, abogado con el mismo domicilio que la empresa Sogdal para que trabaja Timoteo Ramírez en la fecha de los hechos y de la que fue administrador único el propio Sr Arias después de que lo fuera el Sr Morenés ".
Manuel Díaz ingresó el talón de Arias Cañete en un banco y ello permitió a los jueces seguir la pista del dinero. La declaración que realizó en su día ante los tribunales fue confirmada la semana pasada por el pescador de Cartaya en declaraciones a interviú: "Me llamó un abogado de Jerez y me dijo que me había enviado un talón de 250.000 pesetas por el error cometido y que no me preocupase porque estaba todo resuelto. Yo le creí, pero a las pocas semanas llegaron más papeles con inversiones y entonces lo denuncié a Hacienda".
La intervención de Arias Cañete en los asuntos de Sogdal no era algo inusual. "Siempre que había algún problema de dinero, Arias Cañete venía al despacho y se reunía con Miguel Morenés y con Timoteo Ramírez. En otras ocasiones, llamaba desde Bruselas", explica una persona que en aquella época trabajaba para las empresas de Bertrán de Caralt.
Aunque Timoteo Ramírez ya no realizase operaciones fraudulentas con las Letras del Tesoro, la mera existencia de Sogdal era un elemento comprometedor y se decidió liquidar la empresa. La tarea fue asumida personalmente por Miguel Arias Cañete y por una persona de su máxima confianza, Bernardo Villar de Lanuza, que trabajó como asesor del eurodiputado y era concejal del PP en Jerez desde 1987. En la actualidad, Villar de Lanuza es portavoz municipal en el Ayuntamiento jerezano y preside el PP local.
El 15 de julio de 1991, Arias Cañete sustituyó a Miguel Morenés como administrador de Sogdal. Y sólo cinco meses después, en una asamblea celebrada el 31 de diciembre de 1991 y presidida por Cañete, se decidió disolverla compañía y nombrar liquidador al entonces eurodiputado. En ese momento, los dos únicos accionistas de la empresa eran Cañete y Villar de Lanuza. Sogdal tenía un haber líquido de 2,4 millones, de los que se entregaron 2,1 a Cañete y el resto a Villar. Para entonces, tanto Hacienda como los tribunales de justicia ya seguían la pista de las operaciones fraudulentas, a raíz de la denuncia presentada por Manuel Díaz.
Ni el pago de 250.000 pesetas al pescador onubense ni la liquidación de Sogdal impidieron que la justicia alcanzase a las dos cabezas visibles del entramado: Bertrán de Caralt, dueño del dinero negro generado por su grupo agropecuario, y Timoteo Ramírez, encargado de la gestión financiera y responsable de diseñar el plan para blanquear el patrimonio. El 3 de marzo de 1993 fue detenido Timoteo Ramírez y el 8 de junio entró en la cárcel Bertrán de Caralt. Ambos salieron de prisión a principios de julio del mismo año.
El 5 de abril de 1994, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Bertrán de Caralt y a Timoteo Ramírez, por un delito continuado contra la Hacienda Pública, a seis años de prisión menor y 591 millones de multa. Además, Timoteo Ramírez fue sentenciado a otros dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil.
En el fallo judicial, se indica que Sogdal "resulta ser una simple fachada al servicio de otras sociedades dentro del sector agropecuario ". Y el tribunal añade que se trata "de una sociedad a través de la cual se sirven los intereses de las demás pertenecientes a Bertrán de Caralt".
El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada en mayo de 1996, confirmó todos los hechos descritos por la Audiencia Provincial de Barcelona y acordó una pena de cinco años de cárcel para Timoteo Ramírez y de cuatro años para Bertrán de Caralt. Además, mantuvo las multas impuestas por la Audiencia. Sin embargo, el Gobierno de Aznar acudió en socorro de ambos al aprobar su indulto en un Consejo de Ministros celebrado agosto de 1997 ( julio 2001 )
10. CUIÑA CONTRADICE A FRAGA Y AFIRMA QUE AÚN NO VENDERA SUS NEGOCIOS
El consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Xunta, Xosé Cuiña, da un paso al frente en su carrera para suceder a Manuel Fraga en el liderazgo del PP gallego. Por primera vez en los 11 años que lleva como estrecho colaborador suyo, Cuiña se permitió contradecir al presidente de la Xunta y aseguró que, de momento, no piensa deshacerse de sus acciones en el grupo empresarial de su familia. Sin ocultar sus ambiciones sucesorias, el consejero matizó que estaría dispuesto a reconsiderar esa decisión si Fraga le permite dedicarse con 'más intensidad a la vida política'. Fraga había anunciado que Cuiña vendería el 16% de las acciones en el grupo empresarial, heredadas en mayo de 2000 tras la muerte de su padre. Y comentó que su consejero renunciaría a esa participación tan pronto se formalizase el reparto de la herencia, 'que está a punto de acabarse'. De ese modo, el líder del PP gallego trataba de acallar la polémica desatada al conocerse informes jurídicos contradictorios sobre la posible incompatibilidad entre el cargo público de Cuiña y sus intereses privados en empresas que habitualmente trabajan como subcontratadas para obras de la Administración. El grupo Cuiña, que preside su madre, suministra materiales para la construcción a las principales empresas del sector y factura 5.000 millones anuales. Pero, en contradicción con las palabras de Fraga, el consejero afirmó: 'No tocaré ni una sola acción, que heredé legítimamente de mi padre, hasta que la fiscalía compruebe que yo nunca he vulnerado nada'. 'Otra cosa', precisó Cuiña, 'es que si don Manuel quiere que yo me dedique en el futuro con más intensidad a la vida política, probablemente lo haga '( Septiembre 2001 )
Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reconoce que es, desde mayo de 2000, apoderado de la empresa Viajes Ibermar, propiedad de la familia del vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato. Cobo reconoció que es el apoderado de Viajes Ibermar una hora y media después de que afirmase que lo había sido 'hace un año aproximadamente'. Hora y media más tarde, en declaraciones a la Cadena SER, Cobo rectificó: 'De la revisión de la documentación tras la última conversación, le puedo decir que, salvo que haya una comunicación que yo no tengo, el poder está vigente, aunque no haya intervenido posteriormente en nada'. Con todo, matizó: 'Soy un apoderado excepcional, no habitual, y que no participo en la vida diaria de la empresa'. El marido de Martínez no desveló el tipo de operación empresarial en la que figuró como apoderado 'para no citar a terceros'. Se limitó a afirmar que fue 'un negocio mercantil entre empresas' en la que no hubo ninguna operación bursátil ni participación de instituciones públicas. Por otra parte, Cobo afirmó que mantuvo relaciones comerciales con la agencia en virtud de su condición de empresario hotelero y de amigo de Rato 'desde hace muchísimos años'. Negó también cualquier relación con Gescartera. 'Bajo ningún concepto, tengo, ni he tenido, y espero que Dios no me dé oportunidad de tener que ver con semejante historia', espetó. Viajes Ibermar es una empresa que tiene su sede social en la misma dirección que Muinmo, la sociedad de la familia Rato a la que el HSBC, el banco con el que operaba Gescartera, otorgó un préstamo de 525 millones de pesetas. Cobo dijo que ignora si Viajes Ibermar ha participado de ese crédito. ( Octubre 2001 )
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anuncia "una profunda reestructuración" de la compañía papelera Ence "como paso previo al proceso de privatización del 51% del capital" que aún permanece en manos públicas. Como hecho más destacado de la reestructuración aparece la designación, como presidente de la compañía, del ex presidente del Senado y presidente del Partido de Extremadura, José Ignacio Barrero. Además de Barrero, se incorporan a la papelera otros cuatro consejeros independientes, entre los que figuran el ex embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Luis Feito, y el ex secretario de Estado de Energía, José Manuel Serra Peris, quien tuvo un papel destacado en la defensa de los costes de transición de las eléctricas (Octubre 2000).
13. LOS 'POPULARES' CONTROLAN EBRO AGRÍCOLAS
Los accionistas mayoritarios de Ebro Agrícolas, encabezados por el Patrimonio del Estado, que controla el 10% de la sociedad a través de las empresas públicas Mercasa y Alycesa, y a instancias de las cajas y la Junta de Castilla y León, decidien el relevo en la presidencia de la empresa de Vicente de la Calle por José Manuel Fernández Norniella. La salida de Vicente de la Calle al año de llegar a la sociedad ha estado acompañada del relevo de 10 de los 18 consejeros de la azucarera. Sobre el papel, con esta medida se cerraría una etapa de crisis en la empresa caracterizada por duros enfrentamientos, fundamentalmente de carácter personal, entre la presidencia y el consejero representante de Caja Duero e histórico en el Partido Popular Félix Pastor Ridruejo. Sin embargo, la decisión adoptada en la última junta de accionistas ha puesto de manifiesto el grado de poder que tienen los populares en el seno de una de las primeras empresas agroalimentarias españolas, tanto desde el Ministerio de Economía de Rodrigo Rato como por parte de Juan José Lucas desde la Junta de Castilla y León, y el grado de intromisión de la Administración en la sociedad. Por encima de razones objetivas sobre el funcionamiento o la gestión de la sociedad se han impuesto los apaños políticos para contentar a las diferentes familias que estaban embarcadas en la pelea. Los accionistas mayoritarios se han limitado a seguir las instrucciones de Economía, mientras los casi 10.000 accionistas que controlan en Bolsa el 26% de la sociedad han sido meros observadores. Los franceses del grupo Saint Louis, a quienes se quiso aislar en 1998, con este acuerdo ganan peso y podrían pasar a controlar la sociedad nombrando al consejero delegado.
Como se recordará, la crisis y los enfrentamientos tienen su origen en abril del pasado año, cuando desde Economía se decidió nombrar a Vicente de la Calle como presidente de la sociedad para acabar con algunas irregularidades que se estaban produciendo en la compañía. Vicente de la Calle, un bancario del BCH no ligado a las familias azucareras y amigo de Rodrigo Rato, desembarcó en la empresa convencido de que llegaba para poner claridad en la gestión y orden en el patrimonio .Con un estilo agresivo puso el ventilador en la sociedad y cambió una buena parte del anterior equipo directivo. Parece que tiene en su manos documentos sobre muchas y graves pruebas de irregularidades, dineros negros, empresas colaboradoras de consejeros y comisiones pagadas con nombres y apellidos ligados a la gestión anterior. Sus detractores le acusaban de haber creado un clima enrarecido entre la cúpula directiva. No se discutió la gestión y los resultados de la sociedad. Sin embargo, los enfrentamientos más importantes se produjeron a raíz de su decisión, apenas aterrizar, de eliminar de la vicepresidencia a Félix Pastor Ridruejo, consejero por Caja Duero, para poner en su lugar a Marcial Manzano, presidente de Caja España. Esto supuso el inicio de un clima de enfrentamiento con las cajas de ahorro de Castilla y León, donde Caja Duero ha llevado siempre la voz cantante. Unas supuestas declaraciones hace dos meses de Vicente de la Calle, donde se acusaba a las cajas de esa comunidad autónoma de corruptas, fueron el detonante que dio lugar a la unidad de todas las entidades financieras para reclamar su dimisión incondicional. Los últimos meses han sido un tira y afloja entre las cajas y el presidente Vicente de la Calle. En principio, Patrimonio y Economía rechazaron las pretensiones de la Junta de Castilla y León. Estaban de acuerdo con la gestión y los resultados económicos logrados por Vicente de la Calle. Incluso, ante la última junta de accionistas, la propia empresa pública Mercasa había delegado su voto en Vicente de la Calle, otorgamiento que hubo de revocar horas antes de la junta .Pero todo cambió varios días antes de la junta general de la azucarera. Castilla y León, además de reserva de cereales y remolachera, es también un granero histórico de votos populares. En ese momento comenzó a jugar el poder del voto. Economía, que fue siempre reacia a cambiar al presidente anteponiendo los datos de gestión a las batallas personales, comenzó a ceder ante las exigencias de las cajas y ofreció la cabeza de Vicente de la Calle, a quien, sin embargo, le ofrecieron seguir como consejero y responsable de la empresa en Chile. En la otra parte, el precio de las cajas era eliminar a sus anteriores tres consejeros. A pesar de contar solamente con el 10% del accionariado, Patrimonio ha sido el motor de la crisis y de los acuerdos en la sociedad. El grupo KIO, con el 12% de las acciones, debe seguir a la sombra de Economía, de la que depende la venta de ese paquete a un precio de 3.600 pesetas. La familia Hernández, de Herba, entró con el respaldo de Loyola de Palacio y los franceses del grupo Saint Louis no se quieren mover en la foto del Gobierno para no buscarse enemigos. ( Abril 2000 )
14. LA BODA DEL HERMANO DE LA PRIMERA AUTORIDAD SANITARIA PENDIENTE DE PAGO
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se las ingenió para no dar ninguna explicación a la Corporación sobre por qué el Ayuntamiento no cobró en dos años y medio a José Villalobos, hermano de la anterior alcaldesa, la tarifa por el uso de la finca de La Concepción para celebrar su boda. El alcalde convocó el pleno extraordinario y urgente que había pedido la oposición, aprovechando otra sesión, y como la oposición no ha recibido aún el expediente y carece de información suficiente, el debate resultó vacío. Como se recordará, hace unos días se he conocido el impago del uso de la finca de La Concepción para la celebración de la boda de José Villalobos el 3 de julio de 1998 (Marzo 2001).
El Ayuntamiento ha duplicado los puestos de libre designación y las adscripciones provisionales desde que el Partido Popular se alzó con el gobierno municipal en Valladolid, en 1995, según los datos conocidos. En este sentido, 27 técnicos del Departamento de Urbanismo han presentado un recurso contra el catálogo de puestos de trabajo del año 2.000, que consagra casi un centenar de designaciones directas y adscripciones provisionales. En la actualidad hay 122 puestos de funcionario sin cubrir y otros cubiertos mediante interinidades. El Alcalde León de la Riva con resignación reconoció que han aumentado los puestos de libre designación (Febrero 2001).
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha ordenado la repetición de unas polémicas oposiciones celebradas en 1999 por la Diputación Provincial de Ourense, en las que familiares de dirigentes del Partido habían copado las plazas a concurso. El tribunal ha dictaminado que las pruebas 'vulneraron principios básicos', especialmente porque no se garantizó el anonimato de los opositores, lo que 'podría influir en la calificación final'. Los aprobados para cubrir las cuatro plazas de técnico de administración general, que en la actualidad todos ellos desempeñan, fueron un hijo del presidente de la Diputación de Lugo y veterano dirigente del Partido gallego, Francisco Cacharro; los hijos de dos diputados del propio organismo provincial orensano y una hija de un ex alcalde de Ourense por Unión de Centro Democrático (UCD). El tribunal examinador estuvo encabezado por el presidente de la Diputación y del Partido de Ourense, José Luis Baltar. El episodio, al que siguieron otras revelaciones sobre la contratación masiva de cargos públicos del Partido Popular y familiares suyos en la Diputación de Ourense, desató un notable escándalo en Galicia. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne, llegó a justificar lo ocurrido con el argumento de que 'los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados'. El recurso ante el Tribunal Supremo permitirá a los aprobados continuar, de momento, en sus puestos. Uno de ellos, Alberto Iglesias, hijo de una diputada provincial del Partido, fue condenado recientemente en un juicio de faltas por amenazas a un periodista del Faro de Vigo que destapó el caso de las oposiciones (Diciembre 2001).
17. UN SENADOR DEL Partido PAGÓ CON FONDOS PÚBLICOS GASTOS DEL COCHE DE SU HIJA
El Ayuntamiento de Sada ( A Coruña ) ha pagado a su alcalde, el senador del Partido Ramón Rodríguez Ares, gastos del vehículo privado (gasolina y peajes de autopista) que utiliza una de sus hijas para viajes particulares. Rodríguez Ares también autorizó el abono de facturas presentadas por sus concejales por conceptos como la consumición de licores y cubalibres o sesiones de rayos UVA. Los documentos que avalan estas denuncias han sido presentados en el juzgado por Pilar Ramallo, concejal del Partido en Sada, que imputa al senador un delito de malversación de fondos públicos. Entre en los años 2000 y 2001, Rodríguez Ares, alcalde desde hace 23 años, cobró numerosas facturas por desplazamientos realizados con dos vehículos de su propiedad. El senador disponía de dos tarjetas, con cargo a las cuentas municipales, para pagar el combustible y los peajes de autopista de cada uno de los automóviles. Los extractos de gastos de esas tarjetas permiten verificar que en varias ocasiones el alcalde cobró por utilizar ambos vehículos el mismo día y casi a la misma hora.
El senador dijo también que no recuerda el motivo de un viaje que realizó en noviembre de 1999 a Nueva York , acompañado de otra persona, cuyos gastos fueron abonados por el Ayuntamiento. 'Voy con frecuencia allí para interesarme por los emigrantes del pueblo', declaró. Los pasajes y la estancia costaron a las arcas municipales 404.822 pesetas, además de 333,49 dólares (unas 63.000 pesetas) por gastos extras en el hotel Hilton.
Ramallo asegura que comunicó hace tiempo a su partido las supuestas irregularidades en la gestión del senador. La concejal llegó a entrevistarse el pasado verano con el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, a quien pidió su inclusión en las listas a las últimas elecciones autonómicas. Fraga le envió posteriormente una tarjeta manuscrita en la que afirma a propósito del alcalde: 'Él y yo nos debemos una lealtad que se mide por años' (Febrero 2002).
18. ZAPLANA CONTINUA SU POLÍTICA DE APOYO A LA FAMILIA POPULAR
La abogada Gema Amor, de 28 años e hija del edil benidormense de Cultura, el popular José Amor, tomó posesión del cargo como nueva directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante, la empresa pública creada por el Consell para impulsar la construcción de Terra Mítica, en la que participa con un 15% del capital social. La sociedad pública que preside el empresario Luis Esteban Presidente de la Cámara de Comercio, se ocupa actualmente de algunas de las obras de infraestructura relacionadas con Terra Mítica y de impulsar el ya polémico parque temático de la Ciudad del Cine en Agua Amarga. Hasta su nombramiento al frente de la Sociedad Parque Temático de Alicante, Gema Amor trabajaba como urbanista en la Conselleria de Obras Públicas, y en concreto en temas relacionados con el Plan de Acción Territorial de Alicante y Elche (Mayo 2000).
19. LAS RESIDENCIAS AMIGAS DE EDUARDO ZAPLANA
El conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, comparece en la comisión de Política Social de las Cortes para informar sobre «la situación de ilegalidad o no» de la residencia de la tercera edad Casa de la Primavera del Campello, en funcionamiento desde 1993 pese a que carece de licencia de apertura y a que en junio de 1999 la conselleria multó con 2,5 millones y decretó su cierre definitivo. Como se recordará, el director de la residencia, Juan Lorenzo Giner, es secretario del Partido del Campello y portavoz municipal, la panadería que provee al centro es propiedad del alcalde, Juan Varó (Octubre 2000).
La titular del juzgado de instrucción 18 de Valencia a pesar de archivar la querella presentada contra el ex conseller José Emilio Cervera y Dolores Santos por falta de pruebas, deja clara su opinión de que se produjo «enchufismo y favoritismo» en la contratación de la esposa de Cervera como alto cargo de la multinacional IBM. La magistrada tilda de «sorprendente» que la entidad IBM contratara a una persona que carecía de experiencia profesional en el terreno de la informática e incluso también en el sector de la administración pública. Además, deja en evidencia a la mujer de Cervera. En el currículum que remitió Dolores Santos a la multinacional, un mes antes de su contratación, dijo haber trabajado en las empresas Andersen Consulting, Deustche Bank y en Arcoasa, como auditora de cuentas. No obstante, la jueza hace constar que en el oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social sólo constaba haber trabajado un año (1992-1993) en una empresa familiar para después, en diciembre de 1995, figurar de alta en la Generalitat Valenciana, donde desempeñaba el cargo de asesora del presidente. El auto relata que los altos cargos de IBM que declararon en el juzgado indicaron que seleccionaron a Santos entre tres candidatos y que se inclinaron por ella, «especialmente» por el empleo de asesora de Presidencia. «Resulta sorprendente que IBM contrate a una persona por su experiencia en el sector público, ya que su intención era abrirse camino en las administraciones, por lo que se consideró muy ventajoso los conocimientos de la señora Santos como asesora del señor Zaplana». A renglón seguido, la jueza explica que este cargo «se limitaba a llevar su agenda personal, por lo que difícilmente podía aportar muchos datos tanto en la informática, como en el sector público» (Febrero 2001).
La familia del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, ha visto cómo un terreno de su propiedad, que era industrial, se ha convertido en suelo residencial en el que se pueden construir hasta 60 viviendas por cada 10.000 metros cuadrados. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por el gobierno popular del que forma parte el propio Fabra, incluye una modificación de la calificación y edificabilidad de los terrenos, ubicados en la zona oeste de la ciudad. Los terrenos están comprendidos en el área colindante a lo que hasta el vigente plan se denominaba PERI 7. El PGOU dividió esta zona en varios sectores dotando a cada uno de ellos unas características particulares (Marzo 2001).
José Lifante Vidal, director general de Empleo durante un año tras la llegada del Partido Popular a la Generalitat Valenciana, figura como administrador de tres sociedades dedicadas a la formación de parados a través de cursos subvencionados con fondos de formación en parte procedentes del Fondo Social Europeo (FSE). Lifante ejerce desde el 25 de febrero de 2000 como administrador único de la Academia Superior de Ciencias de Inglés e Informática (ASCII), un centro de enseñanza que el año pasado impartió cursos de formación para desempleados y que este año ha solicitado también diversas ayudas con el mismo objetivo. Con domicilio social en la calle del Pintor Baeza de Alicante, ASCII realiza actividades vinculadas a la enseñanza desde 1992 y en su consejo de administración figuraba hasta el año pasado Asunción Sánchez Zaplana, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante por el Partido Popular. Sánchez Zaplana está casada con Ginés Lifante Vidal, diputado de Personal y Régimen Interior de la Diputación de Alicante y coordinador de formación de la ejecutiva provincial del Partido Popular en Alicante y hermano de José Lifante. Asimismo, fue consejera la esposa de este último, María Teresa Baeza, de quien en la actualidad tramita la separación.
El ex director general de Empleo figura también como administrador único de la sociedad limitada Mediterránea de Distribución Net (Medisnet), constituida en junio de 1997 con domicilio social en el mismo edificio que ASCII. Medisnet está registrada como una empresa dedicada a la gestión y desarrollo de programas del Fondo Social Europeo, la formación reglada y no reglada y el desarrollo y comercialización de programas informáticos, según consta en Registro Mercantil de Alicante. Durante los seis primeros meses de actividad, Medisnet tuvo unos ingresos de explotación de algo más de diez millones.
La Dirección General de Formación e Inserción Profesional destinó en 1999 más de 8.100 millones a acciones formativas dirigidas a la mejora de cualificación de desempleados y la reconversión y formación profesional. Las partidas están adscritas al denominado plan FIP y tienen como finalidad desarrollar acciones formativas para la inserción laboral. Parte de esas subvenciones, que se conceden a academias privadas, proceden del Fondo Social Europeo, que en 1999 destinó a la Comunidad Valenciana 1.243 millones de pesetas. Empleo también oferta ayudas con cargo al FSE destinadas a la redacción y ejecución de proyectos basados en las nuevas tecnologías de información y comunicación (Marzo 2001).
María Teresa Ballester Carreras, esposa de José María García Zarco, director general de Arquitectura y Vivienda, y presidente de Gestión del Suelo de Alicante, organismos pertenecientes a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), tiene, junto a otros familiares, intereses urbanísticos en Algorfa, en la comarca de la Vega Baja, junto al campo de golf construido sin licencia por la empresa Urbanizadora Villamartín, SA, de Antonio Pedrera. La Coput, conocedora de la irregularidad cometida en la construcción del campo de golf, no ha procedido a paralizar ni sancionar, hasta el momento, las obras de esta instalación, basando su actitud en razón de que el Ayuntamiento de Algorfa decretó su presunta paralización. A pesar de ello, la instalación del golf se encuentra prácticamente finalizada. María Teresa Ballester es socia fundadora de la empresa Cucheto, SL, según el Registro Mercantil de Alicante, y adquirió junto a la mercantil Samaguil, SA, de Domingo Alcocer, 2.364.000 metros cuadrados de la finca La Rellana en marzo de 2000, según una nota del Registro de la Propiedad de Torrevieja número uno. Otra finca de más de 100.000 metros cuadrados, la partida de Algorfa, pertenece a Urbanizadora Villamartín, Samaguil, SA, y Cucheto, SL, escriturada en mayo de 2000, según una nota del mismo registro. A partir del año 1998 se inició una importante operación urbanística en Algorfa, justo cuando se redactó la nueva homologación de las normas subsidiarias, pendiente de aprobación por parte de la Coput. Desde esas fechas a la actualidad, cinco millones doscientos setenta y cinco mil metros cuadrados de terrenos han cambiado de propietarios. Esta superficie equivale al 30% de todo el término municipal, que cuenta con 18.000.000 metros cuadrados (Marzo 2001).
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez, permaneció en el pleno municipal de diciembre de 1999 durante la votación en la que fue aprobada la adjudicación de las obras de un aparcamiento a una empresa que cuenta entre sus accionistas con un hermano suyo. Este es el segundo caso conocido en el que el edil vota favorablemente un asunto que le afecta directamente. El otro, que se votó en marzo de 2000, se refería a una modificación urbanística que afectaba a un solar propiedad de una entidad a la que pertenece el propio Domínguez. El último pleno del Ayuntamiento de Valencia del año 1999 aprobó la adjudicación del proyecto para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la calle de J. J. Dómine a la empresa Construcciones y Estudios, SA (Cyes), en la que trabaja y de la que es accionista Vicente Domínguez, hermano del delegado de Urbanismo, Miguel Domínguez. Éste votó, junto con los demás concejales del Partido Popular, a favor de la adjudicación, según consta en el acta del pleno celebrado el 30 de diciembre de ese año. De esta manera, el edil incumplió la legalidad, ya que la ley de Procedimiento Administrativo obliga a los representantes políticos en las corporaciones a abstenerse en las votaciones de asuntos que les afecten y precisa que esa afección llega hasta el cuarto grado de parentesco. Como se recordará este concejal es reincidente, puesto que ya hizo lo mismo en otro caso que le afectaba junto a otros dos concejales populares. Se trata de la aprobación, en marzo de 2000, de un plan urbanístico en el barrio de El Carmen. La comunidad de bienes Sorell, integrada por Domínguez y los también ediles de Valencia Enrique Pérez Boada y Rafael Ripoll, además del director general de la Policía, Juan Cotino, compró un solar en la plaza de Mossèn Sorell -catalogado como expropiable en el planeamiento urbanístico de 1991- poco antes de que el Ayuntamiento aprobara un plan urbanístico que excluía la parcela del ámbito de actuación. Por otra parte, la oferta con la que la empresa del hermano del edil se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el proyecto del aparcamiento de J. J. Dómine no era la más adecuada, según consta en el informe elaborado por el servicio de Transortes y Circulación. En el informe, los técnicos alertaban sobre las carencias técnicas y económicas de la oferta presentada por Cyes, que competía por la adjudicación del concurso con la UTE Comsa-Stirling. A pesar de que Comsa ofrecía mejores precios para el alquiler y venta de las plazas de aparcamiento, el concurso fue adjudicado a la empresa del hermano de Domínguez basándose en una cláusula del pliego de condiciones que primaba la aportación que la empresa adjudicataria hiciera a las arcas municipales. Comsa ofrecía pagar al Ayuntamiento el 3,5% de sus ingresos anuales por alquiler de plazas, mientras que Cyes elevaba su aportación al 4% (Abril 2001).
La lista definitiva de aprobados en la oposición para acceder al cuerpo de inspectores de Educación muestra que de 55 plazas, 42 serán ocupadas por inspectores habilitados a dedo por el Partido desde 1996, y otras tres, por dos jefes de servicio y uno de sección. La publicación de las notas del tercer y último ejercicio confirman, las sospechas de que era un traje a medida para colocar a sus amigos'. La consejería se limitó a decir que 'han aprobado los mejores'.
El resultado de la polémica convocatoria de oposiciones para acceder al cuerpo de inspectores, que ha sido recurrida por los sindicatos STEPV y UGT, pone de manifiesto que sólo 10 de los inspectores que entrarán a trabajar en el cuerpo de inspección de la Administración educativa valenciana son profesores que han trabajado hasta la fecha en sus respectivos centros. El resto, es decir el 80% de las plazas consolidadas, estarán ocupadas por 45 funcionarios que, en su mayoría, son amigos, familiares, militantes o compañeros de viaje de cargos del Partido y del Consell. Entre los casos que más críticas suscitaron en la oposición y sindicatos, tras conocerse el funcionamiento digital de la inspección, figuran el hermano de la presidenta de las Cortes Valencianas, Marcela Miró, el cuñado del ex director territorial de Valencia, dos familiares de cargos políticos, concretamente la sobrina del director general de ordenación y el yerno del presidente del Consejo Escolar Valenciano. Todos ellos han sido aprobados (Junio 2001).
26. EL Partido DE MONÒVER CONTRATA A UN CENTENAR DE AFINES EN DOS AÑOS DE MANDATO
El Partido de Monòver (Vinalopó Mitjà) ha contratado para trabajos relacionados con proyectos del Ayuntamiento a un centenar de personas afines en dos años de mandato, entre ellas familiares directos de concejales y militantes. Entre estas personas se encuentran 3 hijos de concejales, 2 novios de hijas de concejales y 3 sobrinos de concejales, aparte de matrimonios completos de militantes del Partido (Junio 2001).
La Generalitat Valenciana ha adjudicado tres geriátricos a un socio del marido de la ministra de Educación y Cultura, el diputado del Partido Guillermo Cortázar. Éste tiene una empresa con el apoderado de la firma que construirá residencias de ancianos en Castellón, Valencia y Benicàssim. La resolución del concurso para la gestión de estos centros concluyó con la adjudicación de tres geriátricos de 140 plazas cada uno a Inversiones Financieras Cualificadas, SL, una firma de la que es apoderado un socio del parlamentario del Partido y marido de la ministra Pilar del Castillo. Cortázar, que también es secretario ejecutivo del área de Análisis y Documentación del Partido, figura como administrador, desde el pasado 23 de octubre, de Planificación y Desarrollo Valenciano, SL, junto con el notario Joaquín Serrano Yuste. Esta empresa está participada por Desarrollo Empresarial Valenciano, SL, que es a su vez es la única accionista, según el Registro Mercantil, de Inversiones Financieras Cualificadas, la entidad que ha recibido del Gobierno valenciano la concesión de las tres residencias para mayores (Julio 2001).
La junta de personal denuncia que a lo largo de los años la Generalitat Valenciana ha nombrado diversas personas como interinos de urgencia «prescindiendo absolutamente del principio de publicidad», y por lo tanto, «sin atender los principios de igualdad, mérito y capacidad». En este sentido, informa a la Administración de la existencia de una reciente sentencia de la sala contenciosa administrativas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula la contratación de los tres responsables en los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana tanto en la provincia de Alicante como en la de Valencia.
Este fallo considera ilegales los nombramientos porque no se respetaron los principios de publicidad e igualdad ante la ley. No hubo convocatoria pública para seleccionar a los mejores aspirantes para los puestos cubiertos de forma interina, ya que el Consell tan sólo llevó a cabo una entrevista personal. La junta de personal alude al artículo 110 de la ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa que obliga a la Administración «a extender a otras personas los efectos de una sentencia firme que, en materia de personal, reconozca situaciones jurídicas individualizadas». Así las cosas, la junta de personal solicita la extensión de la sentencia a los 77 interinos, que deben «cesar en los puestos de trabajo que ocupan».
El listado de «interinos de urgencia» afecta a todas las conselleries de la Generalitat, en especial a los departamentos de Presidencia, Cultura y Educación que concentran 43 de los 77 nombramientos recurridos. La junta identifica con nombres y apellidos a los interinos, el número de puesto que ocupan, así como su denominación. En su mayoría, se trata de puestos de jefatura, asesores o técnicos.
Por consellerias, Industria cuenta con seis contratados «a dedo» Bienestar Social, diez; Cultura y Educación, 18; Presidencia, 23; Sanidad, siete; Medio Ambiente, uno; Justicia y Administraciones Públicas, uno; Agricultura y Pesca, uno; y Economía, diez. Al menos 14 de los interinos de urgencia guardan relación familiar con cargos del Partido, entre ellos el conseller de Sanidad, Serafín Castellano o el diputado Luis Concepción; o con altos funcionarios de la Administración, sobre todo en el ámbito de los interventores (Octubre 2001).
29. LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA AYUDA A LA FAMILIA MÁS POPULAR
La presidenta del Partido en el distrito de Abastos ( valencia ), Lucía Esteban Villarroya, tiene a sus cuatro hijos empleados en la Administración pública valenciana. Dos de ellos trabajan en el Ayuntamiento de Valencia, un tercero en la Conselleria de Economía y el cuarto en la Diputación. Lucía Esteban acaba de ser elegida, a propuesta del Partido, nueva consejera de Bancaja. Las políticas de creación de empleo del Partido continúan siendo un éxito. Las tasas de desempleo se han reducido de forma importante, y en algunos casos, hasta espectacular. Este podría ser el caso de Lucía Esteban, una dirigente local del Partido de Valencia. Esteban, que ocupa este puesto desde hace casi 10 años, ha tenido la suerte de tener a sus cuatro hijos trabajando para la Administración pública en sus distintas modalidades: local, provincial y autonómica. Como es sabido, en las tres administraciones referidas el Partido dispone de mayoría.
El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y su concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, están relacionados con la urbanización de 60.000 metros cuadrados en aquella ciudad. Gimeno, junto con su hermano, es el titular de una de las parcelas afectadas, mientras que Fabra es yerno de una de las propietarias. Además, un hijo del alcalde trabaja como abogado para el grupo de Vistamar, empresa a la que el gobierno municipal propone para ejecutar la urbanización, a pesar de que presentó su proyecto fuera de plazo. El Partido desestimó otra propuesta presentada por varios vecinos. Tal como admiten los propios servicios municipales, la segunda propuesta de urbanización de Vistamar, la que se pretende aprobar, llegó un día después de que culminara el plazo y lo mismo pasó con la propuesta económico-jurídica (Febrero 2002).
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