Los asuntillos : La familia genovesa lo primero. Noticias

El popular Juan José Cardona recaló con mayoría absoluta (43%) en junio en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con una apelación al ahorro y la austeridad. Prometió aligerar una deuda "no declarada" de 53 millones, que -según denunció- había engordado su antecesor, el socialista Jerónimo Saavedra. Un mes y medio después, las tornas han cambiado y Cardona se enfrenta a los reproches de despilfarro y nepotismo. El motivo: el fichaje de su cuñada Cristina Reyes como gerente de los servicios municipales de limpieza (594 empleados y 35,4 millones de presupuesto).

El nombramiento de Reyes, que percibirá 62.021 euros anuales, provocó un toque de atención del interventor municipal, que consideró que la decisión vulneraba el Estatuto del Empleado Público, que prima los "principios de mérito y capacidad" y que el alcalde no apreció. Licenciada en Derecho, el currículo de la nueva responsable de limpieza incluye la dirección del club de golf El Cortijo y de la empresa pública Proexca, de la que dimitió diez meses después tras una gestión que incluía un déficit de 1,2 millones. Reyes también fue concejal de Economía de Las Palmas.

El alcalde de la capital grancanaria, con quien EL PAÍS ha intentado contactar sin éxito, justificó el 6 de agosto la contratación de su cuñada en su blog. " tiene una sintonía personal y profesional con Carmen Guerra, concejal de Limpieza, con quien se complementa", escribió. El portavoz municipal socialista, Sebastián Franqui, considera la contratación "un mal ejemplo para la sociedad en tiempos de crisis".

El equipo de gobierno local de Orihuela, en manos del PP con mayoría absoluta, contrata habitualmente con cinco empresas vinculadas a familiares de ediles populares. El total de esos contratos, según cálculos del Grupo Municipal Socialista, supera el millón de euros. La mayoría de las adjudicaciones se realizan la fórmula de "negociados sin publicidad".

Uno de los grupos empresariales beneficiados por esos contratos municipales está integrado por las mercantiles Ronis, Ronis-2 y Tesibel. Las tres mercantiles, según el PSPV, están participadas, de manera parcial o total, por Roberto Pertegaz, miembro de la ejecutiva local del PP oriolano y de la candidatura (en el número 16) de PP en las municipales de 2007. Pertegaz es cuñado de la edil de Cultura del PP, Pepa Ferrando. En la presente legislatura el grupo ha facturado unos 600.000 euros al Ayuntamiento.

La cuarta firma vinculada a familiares del PP es la empresa Construcciones Almarcha. Esta empresa es propiedad de Emilio Vicente Almarcha y el concejal del Juventud José Manuel Cutillas, del PP. La firma ha facturado unos 50.000 euros al consistorio. Uno de los contratos más polémicos fue la restauración del comedor del colegio público Vilar Palasí. La adjudicación es objeto de una investigación judicial por supuesto doble cobro de la empresa.

La quinta firma es la mercantil Bonsai Poll, de Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa, Mónica Lorente. La mercantil ha facturado esta legislatura 500.000 euros. Esta firma también es objeto de investigación en el sumario del caso Brugal, que indaga, entre otros asuntos, la contrata de basura del municipio.

EL ASESOR JURÍDICO DE BALTAR RENUNCIA A ESTAR EN EL TRIBUNAL DE LA OPOSICIÓN DE SU HIJA

Feijóo se desentiende de las denuncias por nepotismo en la Diputación ourensana

Al día siguiente de que este periódico publicase que la hija del asesor jurídico de José Luis Baltar optaría, mediante una oposición en la que el secretario sería su padre, a una plaza en la Diputación de Ourense, José Eugenio Galindo renunció a su puesto en el jurado de las pruebas. Así lo ratificaba ayer el Boletín Oficial da Provincia, en el que, además, el presidente del ente provincial firmaba la convocatoria de 53 nuevas plazas de funcionarios.José Eugenio Galindo, jefe de los servicios jurídicos del organismo público, seguirá, no obstante, como secretario de las otras 52 pruebas.

Mientras las denuncias por nepotismo en el Diputación ourensana se suceden -400 de los 475 ediles del PP en la provincia trabajan o tienen familiares contratados en la institución-, el presidente del partido y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prefiere desentenderse de los hechos. Ayer, en una entrevista en Radio Nacional de España, reclamó "argumentación" y empleo de "los mecanismos de la democracia" a la oposición que señala las prácticas de Baltar.

Preguntado por el periodista acerca de si consideraba que las protestas de PSdeG y BNG estaban "argumentadas", Feijóo se limitó a responder: "Si la pregunta fuese sobre la Xunta, me pronunciaría con intensidad; pero como se trata de otra administración, le corresponde a los dirigentes de esa administración responder". El líder popular aseguró no desconocer que esos dirigentes pertenecen a su partido y también admitió saber de la existencia "de acusaciones al respecto". "Yo creo en el mérito y en la capacidad a la hora de evaluar opositores", añadió, "y si hay alguna cuestión, que se investigue".

400 EDILES DEL PP TRABAJAN O TIENEN FAMILIARES EN LA DIPUTACIÓN OURENSANA

La mitad de los empleados del organismo están vinculados al partido de Baltar

A un minuto del comienzo de cada campaña electoral -las cero horas-, el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar Pumar, toca el trombón. Baltar sopla forte, con la cara congestionada, ante el resto de dirigentes y militantes de los otros partidos que, como el suyo, finalizan la simbólica pegada de carteles. Acompañado por una orquestina con bombo y el núcleo duro de sus afines -una facción del partido-, el barón del PP entona la canción del carrito de los helados con traca final de su cosecha: Y si no eres del PP, jódete, jódete. Así, desde hace dos décadas: las que ha estado al frente del PP provincial y las que lleva en la presidencia de la Diputación, a la que vuelve a aspirar.

El PP tiene 485 concejales repartidos en los distintos ayuntamientos de la provincia. La Diputación emplea en este momento a 400 concejales (75 son ediles o alcaldes en activo) o parientes directos de éstos: mujeres, hijos, padres, hermanos y sobrinos. Es por número de trabajadores la segunda empresa de la provincia, después de Coren, y prácticamente infranqueable para quien no sea baltarista. Ahora cuenta con 950 empleados: los 400 alcaldes, concejales o sus familiares directos y otra mitad -con excepción de un puñado y de los que accedieron a la institución antes que el presidente-, de militantes del partido. Como el representante de Comisiones Obreras en la institución, concejal a su vez del grupo de Gobierno del PP en Esgos, el feudo del barón ourensano. En su pueblo natal gobierna su cuñado y es teniente de alcalde su hijo, José Manuel Baltar, el parlamentario autonómico y sucesor del progenitor en la presidencia provincial del partido desde el año pasado.

Entre el mes anterior y el siguiente al congreso que eligió a su hijo, Baltar colocó a más de 200 eventuales, según una denuncia del PSOE a la Fiscalía -que va ampliando poco a poco- y del sector crítico del propio PP en la campaña del congreso. A esos 200 los contrató (por tres o seis meses) sin la firma de la Intervención provincial. Después fueron a votar al congreso del partido. Como una buena parte de los funcionarios de la Diputación. El hijo que le sucedió en el cargo barrió al candidato de Feijóo y Rajoy.

La práctica contratadora de Baltar que los de Feijóo denunciaron en la campaña congresual viendo lo que se les venía encima, se repite en las citas electorales. Ya en sus vísperas se disparan las oposiciones aprobadas por familiares o cargos del PP y las contrataciones masivas -también de afines al partido- por periodos pequeños de tiempo, que en muchos casos el presidente acaba renovando.

Entre 2007 y 2009, Baltar empleó en la Diputación, con contratos temporales, a 106 personas que integraron listas del PP en los 92 ayuntamientos de la provincia; a 79 concejales (algunos alcaldes o exalcaldes) y a unos 120 parientes de estos.

También encontraron empleo en la Diputación varios altos cargos del PP: presidentes locales, presidentes de Nuevas Generaciones o, la más reciente y mediante oposición, la exalcaldesa de Bande (el alcalde ahora es su marido) y diputada en Cortes, Ana Belén Vázquez Blanco.

El recuento de enchufados corresponde solo a la institución. Pero, con sus dependencias abarrotadas de personal con escasa tarea -especialmente bedeles y porteros: en el edificio cultural hay 33 para tres puertas, y sigue creando plazas-, el presidente reparte a algunos contratados por ayuntamientos gobernados por el PP en la provincia. En el de la capital comenzaron a trabajar, cuando gobernaba su partido, la hija y la nuera del juez Abel Carbajales.

Tras el trámite de las contrataciones eventuales, los vinculados al PP acaban aprobando oposiciones. Se convierten en funcionarios. Los que acceden a las jefaturas (todos vinculados al partido) forman el tribunal de las oposiciones que examina a las siguientes tandas, y sigue la rueda. Aunque ahora comienza a haber problemas: llegan las segundas generaciones y se dan casos, como el del jefe de los servicios jurídicos de la institución, que está en la lista (como suplente del secretario, que hace años delega en él) del tribunal que debe examinar a su propia hija.

Familias enteras -siempre vinculadas a alcaldes, concejales o candidatos- comparten además del vínculo sanguíneo, el del empleo en la Diputación. Y hay municipios históricos en los que los parientes de alcaldes y concejales que cada uno de ellos aportan a la institución pública suman e incluso superan la veintena: Esgos, Nogueira de Ramuín (donde Baltar fue maestro), Vilamarín y Cea.

No todos los alcaldes o cargos del PP corren la misma suerte cuando intentan emplear a los suyos. Hay que estar especialmente capacitado para la Diputación. Jaime Sousa, concejal de Cartelle, no solo consiguió él mismo un puesto de trabajo: también sus dos hermanos, una hija y una sobrina. Hay sagas familiares que se perpetúan. El anterior secretario de la institución se jubiló por edad, pero sus tres hijos y una de sus nueras tienen plaza en la Diputación. Uno de los administrativos de la secretaría del presidente, Gerardo Martínez, comparte jornada laboral con su cuñada y cuatro sobrinos. La hija, el yerno, una nuera y un nieto del exalcalde de Amoeiro (ahora gobierna el PSOE) también tienen ahí empleo. El alcalde de Cea y diputado provincial José Luis Valladares comparte la jornada laboral con sus tres hijos y una cuñada. La lista es interminable.

Valladares no solo se encuentra a su familia en el trabajo, también a media docena al menos de vecinos de su municipio, todos vinculados a él como candidatos -o sus hijos- de su lista. Pero muchos más empleados de su pueblo aporta el alcalde de Vilamarín, el senador Amador Vázquez. Además de su yerno, también consiguieron empleo en la Diputación 16 vecinos (concejales, candidatos de su lista y parientes de unos y otros).

Nogueira de Ramuín, pueblo de adopción de Baltar, aporta nueve empleados-candidatos del PP y Esgos, el feudo del presidente, donde gobierna su familia y donde él tiene su finca, se lleva la palma: 10 empleados vinculado a la candidatura y alguna familia completa. Es el caso de los Batista: cinco hermanos y los cónyuges de dos. Además, consiguieron empleo otros vecinos del municipio que se deshicieron de unas parcelas de su propiedad que acabaron integrando la finca de Baltar. En la Diputación están también cuatro hijos del exalcalde de Esgos.

Pero no todo va para los hijos de sus concejales. Las dos exnueras del presidente tienen puestos bien remunerados, una como gerente del Teatro Principal y la otra, en el Instituto de Desarrollo Económico (Inorde). Recientemente, un concuñado de su hijo, presidente provincial del PP, se hizo con una plaza de técnico en Recursos Humanos.

El PSOE acusa a José Luis Baltar de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y coacciones en relación con las "contrataciones a dedo". Baltar quitó hierro a la denuncia. "Aquí las cosas se hacen como hay que hacerlas", dijo. "Si hay alguna irregularidad, ya la corregiremos". Desde entonces, y tan cerca ya de las elecciones, ha abierto más de 70 procesos de empleo.

"La fábrica de contrataciones del PP", repite la oposición (PSOE y BNG) cada vez que se refieren a la Diputación de Ourense. Los métodos "clientelares" de su presidente han sido denunciados hasta la saciedad. Con una deuda en el límite legal -casi el 107%- y un gasto de personal de 11,5 millones de euros, que casi triplica la inversión real, Baltar habla un día de la necesidad de que la institución "se apriete el cinturón" y, al siguiente, abre un nuevo proceso de contrataciones.

La mayoría de los aspirantes que concurren están vinculados al PP. La presencia de opositores ajenos al partido es simbólica. La batalla por entrar en la Diputación la libran ya solo los propios militantes, aseguran los grupos de oposición.

En el proceso de acceso al empleo en la Diputación los tránsfugas también suelen tener suerte. Entre ellos, el marido de la alcaldesa de Porqueira, Susana Dorado, quien en su día encabezó la lista del PSOE en ese municipio. Tras ganar la alcaldía con el apoyo del BNG, se dejó conquistar por el PP, al que entregó la alcaldía que ella misma preside desde entonces. Su marido consiguió más tarde el empleo. No es el único caso.

Ahora, con más de medio centenar de plazas convocadas desde hace un mes, pugnan por hacerse con un empleo fijo en la institución una lista ingente de parientes de numerosos cargos del partido, descendientes de alcaldes, exalcaldes, concejales y candidatos en distintos municipios, además de la hija del asesor jurídico de Baltar. Compiten en concurso oposición y son los hijos de los alcaldes históricos y del núcleo duro del presidente quienes forman los tribunales examinadores.

Feijóo, que prometió acabar con el caciquismo, guarda silencio. Rajoy proclama en las campañas electorales en las que necesita los votos de Ourense que "Baltar es el PP". Y la Justicia aún no se ha pronunciado.

Las academias ourensanas, que forman y exportan a centenares de funcionarios de esta provincia a distintos puntos del territorio español, reconocen que no preparan a alumnos para las oposiciones de la Diputación. No tienen demanda suficiente para llenar un aula.

CASTEDO CONTRATA CON UNA EMPRESA CREADA POR EL HIJO DE UNA CONCEJAL DEL PP

El Grupo Socialista municipal de Alicante ha presentado un recurso de reposición contra la adjudicación provisional el pasado 26 de enero de un contrato cuyo importe supera los 450.000 euros a una empresa creada por el hijo de una edil del PP. El contrato corresponde al "servicio de asesoría técnica para el control de la facturación eléctrica y ahorro energético" y se ha adjudicado a Gestora de Infraestructuras y Servicios del Sureste, SL, "inactiva" desde su creación en 2004 hasta el año pasado, sin experiencia en el sector motivo del concurso ya que, de hecho, cambió su objeto social (se creó como constructora) cuando el pliego del concurso ya estaba licitado, según denunció ayer la portavoz socialista, Carmen Sánchez Brufal. El socio único cuando la firma se creó era Carlos Parodi García Pertusa, hijo de la edil de Imagen Urbana, Oti García-Pertusa, y actual gerente del Hércules Club de Fútbol. Parodi, además, está implicado en la pieza del caso Brugal que investiga irregularidades en el Plan General (PGOU) de Alicante.

"Huele mucho todo el contrato desde el principio de la licitación", resumió Sánchez Brufal en rueda de prensa. "Entendemos que esta adjudicación se ha hecho vulnerando la libre competencia y que los detalles que en ella se presentan no están acreditados", argumentó.

En el recurso el PSPV cuestiona, entre otros aspectos, que la empresa cumpla el requisito de solvencia técnica y argumenta, según los datos registrales, que "de los datos oficiales de 2009 se deduce que la cifra de negocio de 15.000 euros sin que figure la existencia de empleados, ni fijos ni discontinuos", que "no consta la existencia de ningún tipo de inmovilizado material" o que "los gastos de la empresa se elevan a tan solo 5.000 euros". El recurso agrega que consta como "única actividad conocida la formalización del contrato para el servicio municipal de asesoría técnica al ciudadano para la facturación eléctrica y ahorro energético que se adjudica mediante procedimiento negociado sin publicidad a esta misma empresa, por un importe de 45.972,80 euros, el 23 de diciembre de 2010, menos de un mes antes de la resolución de adjudicación provisional del presente contrato".

La edil de Imagen Urbana aseguró carecer de "información" y la Concejalía de Atención Urbana, responsable de la contrata, emplazó a conocer el recurso. Un portavoz de la adjudicataria, sin embargo, denunció la "información incompleta y sesgada" dada por Sánchez Brufal y anunció acciones penales contra la concejal socialista por injurias y graves daños. La empresa defendió su solvencia técnica, su experiencia y aclaró que compró la firma a Parodi en noviembre de 2005 y que este ya no está vinculado a la mercantil.

El PSOE de La Carolina ha denunciado ante la Fiscalía al Ayuntamiento de la ciudad para que investigue una oferta de empleo público en el que las plazas estarían presuntamente adjudicadas de antemano a personas afines al PP, al alcalde Francisco José Gallarín (PP) o sus familiares. En el escrito presentado se recoge que el día 5 de enero recibieron un sobre en la casa del pueblo del PSOE con un escrito anónimo "en el que se denunciaban distintas irregularidades, de carácter gravísimo, según las cuales se estarían produciendo determinadas maquinaciones en relación con un proceso de selección de personal en el Ayuntamiento"

La secretaria general de la agrupación del PSOE en la ciudad y alcaldesa de la localidad hasta que en octubre de 2009 prosperase una moción de censura, Angeles Férriz, ha explicado en rueda de prensa que se "trata de personas con nombres y apellidos".

Algunas de estas personas ya habrían comentado a amigos y familiares que van a ser funcionarios del Consistorio, incluso se habrían entrevistado con el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento, cuando las bases del proceso no se han publicado en el BOE.

"Intentó funcionalizar a cincuenta de sus amigos"

Férriz ha recordado que "esto mismo" lo intentó en 2007 el que fuera alcalde de La Carolina durante más de treinta años, Ramón Palacios (PP) -foto con Aznar,- cuando "intentó funcionalizar a cincuenta de sus amigos" sin conseguirlo porque se anularon las pruebas. Asimismo ha denunciado que durante un año y tres meses, tiempo que lleva Gallarín en la alcaldía, la plantilla del Ayuntamiento a pasado de 260 a 350 trabajadores y "no parece lógico" que se vayan a sacar doce plazas, cuando por primera vez en la historia no se ha podido pagar la nómina de diciembre hasta mediados de enero.

Por su parte el alcalde de La Carolina, Francisco Gallarín (PP), ha tildado de "analfabetismo jurídico" la petición del PSOE local a la Fiscalía para que investigue la oferta de empleo público del Ayuntamiento. Según hel regidor popular "lo único que he hecho es mandar que unas bases de oposición libre para puestos de funcionarios para el Ayuntamiento se publiquen en el BOP y en el BOJA. El Derecho español no castiga lo que no se ha hecho, y que yo sepa, no he cometido delito alguno".

LA CONSELLERA DE CULTURA VALENCIANA ENCARGA A SU CUÑADO UN PROYECTO DE 800.000 EUROS

La Generalitat de Francisco Camps no escarmienta después de sus chanchullos con Gürtel. La Consellería valenciana de Cultura y Deportes, que preside Trinidad Miró, acaba de encargar los trabajos de restauración de una iglesia en Alcoi, por un valor de 807.308 euros, al despacho de arquitectos donde trabaja su cuñado.

En concreto, el hermano del marido de la consellera, Juan Manuel Montalva, figura como arquitecto técnico del proyecto, que ha sido adjudicado a la empresa Cleop, según el diario Levante.

Según la documentación que figura en la propia web de la Fundación La Luz de las Imágenes, los honorarios de los técnicos quedaron establecidos de la siguiente manera. El proyecto del arquitecto se valoró en 46.520 euros y el Estudio de Seguridad y Salud, en 2.218 euros. La minuta por la dirección del arquitecto asciende a 19.937 euros; mientras que la del arquitecto técnico -la que corresponde al cuñado de la consellera- supera los 25.000 euros. Los trabajos se iniciaron en marzo y tienen un plazo de ejecución de seis meses.

El hecho de que Montalva esté en el equipo de García Terol es "circunstancial y ajeno" al encargo, según las fuentes citadas, que aseguraron que la contratación se ha ajustado a la legalidad. Desde la Fundación se alega que todo el proceso se ha hecho con transparencia ya que hace más de un año, en marzo de 2009, la consellera dio una rueda de prensa en Alcoi, su ciudad natal, en la que informó de los los proyectos de restauración previstos en varios recintos religiosos del municipio, así como de los integrantes del equipo técnico encargado de los mismos. "No ha habido ocultación", aseguran.

MIRÓ ENCARGA AL DESPACHO DONDE TRABAJA SU CUÑADO OBRAS EN UNA IGLESIA DEL ALCOI

La Fundación La Luz de las Imágenes, cuyo patronato preside la titular de Cultura, Trinidad Miro, ha encargado los trabajos de restauración de una iglesia en Alcoi al despacho de arquitectos donde trabaja un cuñado de la consellera. En concreto, el hermano del marido de la consellera, Juan Manuel Montalva, figura como arquitecto técnico de un proyecto valorado en más de 800.000 euros, que recientemente ha sido adjudicado a la empresa Cleop. Según la documentación hecha pública por la propia Fundación Luz de las Imágenes, la dirección facultativa de la intervención en la Iglesia Parroquial de Santa Maria de Alcoi recayó en el arquitecto alcoyano Victor García Terol, mientras que Montalva aparece como arquitecto técnico a cargo de la coordinación de Seguridad y Salud.

El expediente de contratación de la intervención en la citada parroquia arrancó el pasado mes de enero de 2010, aunque el concurso mediante el procedimiento abierto y la tramitación ordinaria se publicó en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana el pasado 3 de marzo. La resolución por la que se acuerda la adjudicación a la empresa Cleop está fechada el pasado 11 de marzo y lleva la firma de la propia consellera de Cultura y Deporte, Trinidad Miró, en calidad de presidenta efectiva del patronato de la Fundación de la Comunitat Valenciana La Luz de las Imágenes. El proyecto salió a licitación por 1.186.264 euros y fue adjudicado finalmente por 807.308 euros. Según la documentación que figura en la propia web de la Fundación La Luz de las Imágenes, los honorarios de los técnicos quedaron establecidos de la siguiente manera. El proyecto del arquitecto se valoró en 46.520 euros y el Estudio de Seguridad y Salud, en 2.218 euros. La minuta por la dirección del arquitecto asciende a 19.937 euros; mientras que la del arquitecto técnico -la que corresponde al cuñado de la consellera- supera los 25.000 euros. Los trabajos se iniciaron en marzo y tienen un plazo de ejecución de seis meses.

Fuentes de la Fundación la Luz de las Imágenes confirmaron que la entidad encargó directamente al despacho del arquitecto alcoyano Victor García Terol las obras en la iglesia de Santa Maria de Alcoi y admitieron que este bufete, de reconocido prestigio en la ciudad, trabaja habitualmente con el cuñado de Miró. Sin embargo, el hecho de que Montalva esté en el equipo de García Terol es "circunstancial y ajeno" al encargo, según las fuentes citadas que aseguraron que la contratación se ha ajustado a la legalidad. Además, desde la Fundación se apuntó que todo el proceso se ha hecho con transparencia ya que hace más de un año, en marzo de 2009, la consellera dio una rueda de prensa en Alcoi, su ciudad natal, en la que informó de los los proyectos de restauración previstos en varios recintos religiosos del municipio, así como de los integrantes del equipo técnico encargado de los mismos. "No ha habido ocultación", dijeron. Además, la Fundación defendió el hecho de que los encargos se hagan a arquitectos locales, por su conocimiento de los edificios patrimoniales.

Miró ya estuvo en el centro de la polémica cuando en julio de 2009 trascendió que la Diputación de Valencia había contratado como asesor a su marido, Francisco Javier Montalva. Alfonso Rus lo fichó com personal eventual con categoría salarial de nivel 1.

El modelo de contrataciones familiares de la Diputación de Ourense comienza a extenderse a las mancomunidades de la provincia. El fichaje de personas cercanas al PP encuentra ahora su máxima expresión en la mancomunidad de Terras de Celanova, un ente supramunicipal que preside el alcalde de Quintela de Leirado, el popular Antonio Pérez Cortés.

Todos los ayuntamientos integrados en Terras de Celanova están gobernados por el PP. La mancomunidad se ha convertido en una isla intocable para la oposición que, según denuncia, no tiene acceso a la más mínima información sobre su funcionamiento. No puede ejercer labor de oposición porque el PP lo copa todo, incluidos los empleos.La única evidencia que tienen PSOE y BNG sobre el funcionamiento de este organismo es que el regidor que preside la mancomunidad ha contratado a siete de sus parientes: su hijo, Pablo Pérez; la pareja de éste; su hijo José Manuel; la prima de su mujer; la mujer de su primo y la hija de la prima.

Al árbol genealógico de los contratados por Pérez Cortés se suman otros parientes de cargos del PP de la misma comarca, como Juan Carlos García, hijo de un ex concejal; Manuel Álvarez, hermano de una ex concejala e hijo de un ex concejal; Rosa Fondevila, nuera de un ex concejal y cuñada de una ex concejala; Benigno Lloves, hijo político de un ex concejal casado con una ex concejala; María do Carme Barcia, nuera de un ex concejal y nieta de otro; José Fernández, sobrino político de otro ex concejal; Jonathan Vergara, candidato en la lista del PP de Quintela de Leirado; Alfonso Rodríguez, primo del alcalde de A Merca; y Marina Fernández, cuñada del alcalde de A Merca.

En total son al menos 16 los parientes de cargos institucionales u orgánicos del PP de Ourense que han sido contratados por el presidente de la mancomunidad.

El reparto de empleos entre personas cercanas al PP no es el único aspecto en el que Pérez Cortés emula al presidente de la Diputación orensana, José Luis Baltar. El alcalde de Quintela de Leirado promociona también a su hijo Pablo Pérez, contratado en la mancomunidad, con vistas a la sucesión. En las pasadas municipales desplazó ya al número dos del PP en el municipio para situar al vástago en ese puesto.

A lo largo de sus más de 30 años al frente de la alcaldía, Pérez Cortés no sólo ha dado empleo a los suyos, sino que ha participado en diversas empresas del municipio (farmacia, bar, fábrica de camisas o supermercado, entre otras). El más singular de sus negocios fue el Hotel Miradoiro, que mantuvo sin actividad y sin crear empleo, pese a que invirtió en él durante años fondos comunitarios del plan Leader aprobados por el grupo de acción local Baixa Limia-Celanova que él mismo presidía. Las subvenciones de Europa, gestionadas por esta misma agrupación, sufragaron también la empresa Confecciones Leirado, SL, en la que él mismo figura como accionista.

El Ayuntamiento de Torrevieja, gobernado por el PP con mayoría absoluta, ha adjudicado 14 contratos por 377.274,85 euros a un ingeniero técnico que es, respectivamente, sobrino y primo de dos concejales del PP. Este caso de clientelismo político ha sido destapado por el Grupo Municipal de Los Verdes. El profesional beneficiado por estos contratos, la mayoría redacción de proyectos municipales, es el ingeniero técnico de obras públicas Fernando Sánchez Sánchez, sobrino del concejal de Contratación, José Antonio Sánchez García, y primo del concejal de Cultura, Eduardo Dolón Sánchez, ambos del PP.

De acuerdo con la labor de fiscalización realizada por Los Verdes al equipo de gobierno local, que preside el popular Pedro Ángel Hernández Mateo, el consistorio torrevejense comenzó a contratar con el mencionado técnico en junio de 2009. "El caso de nepotismo es tan claro que, prácticamente, el técnico beneficiado con los contratos despacha a diario en el Ayuntamiento con los funcionarios", comentó el portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón.

Según los Verdes, el procedimiento de contratación ha sido invariable: cuando la cuantía de la contrata es inferior a 18.000 euros, se le adjudica de manera directa; y en caso de superar dicha cifra, se convoca a tres profesionales (él es uno), siempre a los mismos, de los cuales dos nunca presentan oferta. De esta forma, la plica del familiar de los dos concejales queda como oferta única y se lleva el concurso. "Y a vivir, que son dos días, que no se hinchen sólo el alcalde y los concejales del PP, que sus parientes y familiares también tienen derecho", asevera Dolón. Este periódico ha intentado, sin éxito, conocer la opinión del gobierno local.El alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, no ha contestado a ninguna de las ocho preguntas que el portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón, le planteó en el pleno del pasado 17 de marzo acerca de los contratos otorgados al técnico familiar de dos ediles del gobierno local.

En esa sesión plenaria, el edil de Los Verdes, además de solicitar por escrito los expedientes de las adjudicaciones del Ayuntamiento con el ingeniero Fernando Sánchez Sánchez, planteó ocho preguntas dirigidas directamente el regidor. Dos de ellas, textualmente, decían: "¿Qué criterios se adoptan para elegir siempre a los mismos profesionales para el encargo de la redacción de proyecto? ¿Considera usted señor alcalde que esta forma de adjudicación de contratos de proyectos municipales a un familiar de dos concejales que forman parte de la junta de gobierno podría tratarse de un fraude de ley?". Dolón señaló ayer que la primera y única respuesta del alcalde ha sido esta: "No se preocupe usted, le contestaré". Un mes después no ha tenido ninguna otra contestación, "únicamente una autorización para poder ver los expedientes de los contratos al ingeniero familiar de los concejales".

Fruto de esa revisión de los expedientes, Los Verdes han comprobado la existencia de al menos 14 contratos a favor del ingeniero Fernando Sánchez Sánchez por un total de 377.274,85 euros. De ellos, hay seis cuya cuantía no supera los 18.000 euros y fueron adjudicados directamente. El resto, entre ellos tres cuyo monto se aproxima a los 70.000 euros, fueron adjudicados mediante concurso, al que únicamente se presentó la oferta del familiar de los dos concejales del PP.

Para Dolón, los contratos otorgados al familiar de los ediles del PP es una evidencia del "clientelismo puro y duro en la época de crisis, con cientos de profesionales con experiencia y valía que han cerrado sus negocios o perdido sus empleos". "Pero eso no importa", añade, "ellos no tienen sobrinos ni primos en el Ayuntamiento y sin ese requisito su cualificación parece no valer nada".

Los Verdes también destaparon la multimillonaria plusvalía (5,2 millones de euros) que ganó Hernández Mateo con la compraventa de una finca. El regidor está imputado por estos hechos. El Tribunal Superior de Justicia sólo ha visto en el caso "una ventajosísima" operación y ha pedido al juez instructor que justifique las pruebas de la imputación.

LA MITAD DE EDILES DEL PP DE ALBERIC TIENE FAMILIARES CONTRATADOS EN EL CONSISTORIO

El nuevo alcalde de Alberic, Faustino Sala, admitió el viernes tras el pleno de investidura que la rumorología popular comenta que hay muchos familiares de concejales que trabajan para el ayuntamiento, aunque sólo dijo conocer un caso, el conductor de una furgoneta, al que no pareció darle mayor importancia. Pero hay más. Estaba más próxima a la realidad la afirmación que realizó su antecesor, Enrique Carpi, en su última investidura, al señalar que el ayuntamiento funcionaba bien porque era como una gran familia.

Hasta cuatro compañeros de Faustino Sala en el grupo municipal del Partido Popular, que cuenta con ocho escaños, tienen al menos un pariente cercano en la plantilla del consistorio. Algunos entraron en legislaturas anteriores y ya tienen la plaza en propiedad, otros lo han hecho en la presente, aunque en la práctica totalidad de casos bajo el mandato de Enrique Carpi, el alcalde que la semana pasada fue obligado a dimitir por sus propios compañeros tras una década al frente del ayuntamiento.

Además, uno de los integrantes de la candidatura del PP que ha declinado ocupar la vacante dejada por Carpi, José Luis Briz Ramón, también está contratado por la administración local como encargado o supervisor de una brigada municipal.

El concejal que más familiares tiene trabajando en el ayuntamiento y desde hace más tiempo es Arturo Briz, hasta ahora responsable del área de Fiestas, que ya fue teniente de alcalde con Carpi en la anterior legislatura. Su esposa realiza funciones de Agente de Desarrollo Local de forma interina; una hermana ejerce como monitora de minorías étnicas en el departamento de Servicios Sociales y, al parecer, ya ha ganado la plaza, y su cuñada es la encargada de la biblioteca municipal, también con la plaza en propiedad.

Si bien la relación laboral de estas personas con el ayuntamiento arranca en legislaturas anteriores, más recientes son la incorporación de la hermana del también concejal del PP Rafael Ferrer como psicóloga del equipo de Servicios Sociales; la contratación del cuñado de Salvador Fabra como conductor de un vehículo municipal encargado de transportar a personas enfermas o con problemas de movilidad -el único caso que reconocía el nuevo alcalde- o del hermano de Francisco Bernal, si bien esta relación laboral es anterior a que el concejal tomara posesión del escaño el pasado mes de abril para cubrir la vacante que había dejado la dimisión de José Luis Hervás, el antiguo edil de Hacienda.

Se da la circunstancia de que una hermana de Hervás también trabaja desde mediados del año pasado como auxiliar administrativo en el área de Intervención. Por otra parte, cabe recordar que la contratación durante tres meses de la madre de este ex edil como vigilante de la Muntanyeta ya dio lugar a una polémica en su día.

La hermana de Rafael Ferrer, que fue secretaria de Enrique Carpi en la anterior legislatura, también figuraba en la candidatura municipal que el PP presentó en los comicios de 2007 en Alberic y, ya en este nuevo mandato, entró a trabajar como psicóloga primero de forma interina y posteriormente ganó la plaza de funcionaria. Tuvo la posibilidad de ocupar el escaño que dejó vacante Hervás a finales de marzo, aunque renunció al mismo e hizo correr la lista.

También ha venido trabajando como psicólogo del área de Servicios Sociales un hermano del concejal Francisco Bernal -algunas fuentes señalaron que su último contrato vencía ayer- y en ese mismo departamento desempeña funciones de recepcionista una hija del ex presidente local del PP Antonio Torres. Por su parte, el cuñado del edil Fabra lleva alrededor de un año al volante del vehículo que Caja Murcia donó al Ayuntamiento de Alberic.

El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe, reconoció ayer que un familiar suyo figura entre las decenas de parientes y simpatizantes del PP supuestamente beneficiados con la retirada de sanciones entre 2005 y 2007. Lo hizo en su declaración como testigo ante el juzgado número 3 de Vila-real, que lleva el caso de la supuesta condonación del pago de multas y de las tasas de la grúa en la localidad, según fuentes del caso, aunque negó relación alguna con los hechos. En el proceso judicial abierto por un supuesto delito de prevaricación administrativa están imputados Francisco Isach y Juan Granell, dos de sus concejales en el actual equipo de Gobierno del PP, porque habrían ordenado el perdón de las sanciones en sus respectivas etapas como ediles de Policía durante el pasado mandato, cuando era alcalde Alfonso Ferrada.

Calpe también aseguró ayer que supo del supuesto perdón de multas a raíz de la denuncia en un pleno de octubre de 2007, de la concejal de Ciutadans per Burriana, María Dolores Aguilera, aunque no actuó hasta abril del año siguiente, cuando la fiscalía inició una investigación. Fue entonces cuando el primer edil abrió un expediente interno "para depurar responsabilidades". Sin embargo, el alcalde admitió ayer ante la juez de Vila-real que el expediente "aún no está terminado" porque el concejal imputado Isach "no ha contestado" a sus preguntas, a pesar de haberle remitido "varios requerimientos por escrito". La falta de fluidez en la comunicación entre dos representantes del mismo ejecutivo del PP desvelada por Calpe provocó la sorpresa de la sala. El alcalde también declaró, según las mismas fuentes, que la actual concejal de Policía en Burriana y mano derecha de Carlos Fabra en la Diputación, Esther Pallardó, le dijo tras el verano de 2007 que en Burriana no se cobraba multa alguna desde hacía años.

Ayer también declaró como imputado el actual concejal de Agricultura, Juan Granell, quien admitió la filiación del PP de una de las personas beneficiadas con la condonación de multas y la amistad que les une, aunque negó que hubiera ordenado tales acciones, y culpó a los policías locales de estas irregularidades. En cambio, los agentes aseguran que retiraron denuncias por orden de los ediles Isach y Granell. Ferrada también tenía que declarar ayer, pero no lo hizo: alegó un compromiso ineludible en el Senado.

No está en el objeto social del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), cuya razón de ser es evidente, pero si algo ha promovido el organismo público de la Generalitat es el sueño americano.

Su delegación en Dubai (Emiratos Árabes) constituye una demostración palmaria de cómo alguien puede empezar de botones (en este caso de becario) y convertirse en delegado promotor de negocios (máximo rango en la red exterior del IVEX) en tiempo récord y sin solución de continuidad.

La oficina se abrió hace cinco años y ha tenido tres responsables: Teresa Almerich, Luis Aznar y Ernesto Casanova. Pasaron de becarios (la primera, del ICEX) a delegados. Fueron ascensos meteóricos. También comparten tener buenos padrinos.

Almerich es hija del vicepresidente de la Cámara de Comercio, tesorero de la Feria de Muestras y reputado empresario del sector de la iluminación Antonio Almerich.

A su hija le tomó el relevo Luis Aznar Bonilla, sobrino del presidente del Puerto de Valencia, Rafael Aznar, e hijo de la ex directora general de Economía María Bonilla Musoles, quien, en razón de su cargo, fue miembro del consejo de administración del IVEX. El tercero en llegar fue Ernesto Casanova, hermano de la directora general del IVEX, Mar Casanova.

En todos los casos fueron n0mbramientos sin publicidad en la selección de aspirantes, que, cuando la hubo, fue muy particular. El Síndic de Comptes llama incluso la atención sobre el contrato de 60.500 euros anuales que como promotor de negocios (prone) se le hizo el 19 de abril de 2007 a Casanova como delegado en Dubai, justo en los días en que su hermana pasó de asesora del presidente Francisco Camps a directora de general del instituto exportador.

El organismo fiscalizador del uso del dinero público denuncia que en el expediente no consta que se hiciera "publicidad de esta contratación". La concurrencia de aspirantes en un proceso de selección contratado con una empresa externa sí se hizo, pero curiosamente en la documentación entregada a la Sindicatura ni constaba "la relación de solicitudes y currículos recibidos para el ejercicio del puesto", ni tampoco el "informe de valoración emitido por la empresa consultora" encargada de evaluar al personal.

Unas conclusiones que deberían "motivar de forma adecuada y suficiente la contratación, atendiendo a criterios objetivos y cuantificables". Tampoco constaba informe de la supuesta comisión de evaluación del IVEX, según el Síndic. Casanova se convirtió en delegado y allí sigue, después de ejercer un tiempo en prácticas en la delegación.

Le cedió el testigo Luis Aznar, que pasó a dirigir la oficina del IVEX en Chicago, inaugurada en octubre de 2006 por el propio presidente Camps durante el viaje oficial que hizo al frente de una misión comercial e institucional de la que formaba parte el tío del inminente delegado. La oficina de Chicago coordina, además, la actividad de las seis delegaciones de la Generalitat en Estados Unidos: Miami, Nueva York, Dallas, Washington y California, además de la citada Chicago.

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real ha abierto diligencias por presunta prevaricación de varios cargos locales del PP, incluidos el ex alcalde, Francisco Gil-Ortega, la actual alcaldesa, Rosa Romero, así como una diputada nacional. La sospecha es que se auto favorecieron y beneficiaron a parientes directos de otros cargos del partido en la adquisición de una decena de pisos protegidos por el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP. Las pesquisas nacen de una denuncia del PSOE a partir de una información publicada en abril de 2007 por este diario.

La secuencia fue la siguiente: el gobierno municipal fijó que las 150 viviendas de un edificio céntrico de Ciudad Real denominado El Quesito quedaban sujetas al régimen de protección pública municipal. Si bien era obligatorio que tuvieran protección pública, dado que el solar inicialmente era municipal, la singularidad consistió en que se le dotó de protección municipal, "figura jurídica inexistente", según recoge la denuncia socialista. Pero esta fórmula brindaba una gran ventaja frente a las tipologías clásicas de protección oficial: limitaba igualmente el precio de venta, pero, en cambio, no establecía requisito alguno para los adquirientes. Daba igual si poseían o no otras viviendas, así como su nivel de ingresos.

Por tanto, los miembros del equipo municipal del PP y sus parientes podían, como ocurrió, copar estas viviendas que ellos mismos habían tasado. Con el añadido de que, en algunos casos, revendieron los pisos con notable plusvalía. Entre las personas que coparon tales pisos de protección vinculadas al PP figuran los siguientes, según la denuncia socialista:

- Francisco Gil-Ortega, anterior alcalde (gobernaba cuando ocurrieron los hechos), y hoy diputado autonómico, con dos viviendas.

- Rosa Romero Sánchez, actual alcaldesa, y anteriormente concejala y diputada nacional del PP, con una vivienda.

- Gemma García Gujarro, portavoz del PP en Alcolea de Calatrava, casada con Francisco Cañizares Jiménez, concejal de Ciudad Real y portavoz de los populares en dicho consistorio.

- Dos hijos del ex concejal de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, autor del plan por el que se protegió el inmueble ahora objeto de investigación, con sendas viviendas.

- Laura Vaquero Sosa, igualmente familiar del ex regidor del PP, con una vivienda.

Un patronato de la Diputación de Ourense contrata trabajos a familiares de directivos

NÓVOA DICE QUE NO SABÍA QUE FAMILIARES DEL PP COPAN LAS PLAZAS MUNICIPALES

Enrique Nóvoa, alcalde de Ourense y candidato del PP, declaró que "se enteró por la prensa" de la relación de aprobados vinculados a dirigentes provinciales del PP y personas influyentes de la ciudad en las oposiciones convocadas por la institución que preside. Pese a ello, Nóvoa sitúa ese número de aprobados "en no más de un 9%". El cálculo que ha hecho Nóvoa dista mucho del que hace la oposición. El portavoz y candidato socialista, Francisco Rodríguez, estima que "han aprobado estas oposiciones en torno a un 90% de personas vinculadas al PP , y esto es lo alarmante".

El regidor orensano manifestó que los militantes y parientes de cargos del PP tienen tanto derecho como los demás a aprobar las oposiciones, consiguiendo plazas fijas en la institución. Respecto a los exámenes aún pendientes, que el grupo de gobierno intenta celebrar antes de las elecciones, Nóvoa hace un llamamiento a la calma señalando que si se presenta el hermano del concejal de Personal "naturalmente" no será éste quien presida el examen, sino otro concejal del grupo de gobierno.

Frente a las declaraciones del alcalde, los portavoces del PSdeG y del BNG manifestaron su preocupación por lo que el socialista, Francisco Rodríguez, tildó de "modelo de Baltar, vigente desde hace 20 años" aplicado a "la práctica totalidad de los ayuntamientos del PP en la provincia". Rodríguez sostiene que no es sólo que se apruebe a los familiares y amigos, "sino a los parientes de dirigentes del PP en toda la provincia y que ni siquiera pagan sus impuestos en esta ciudad".

El "modelo Baltar" al que se refiere el concejal socialista es el de la política de contrataciones de la Diputación, donde, señala, "no se convocan plazas porque haya un estudio que demande personal específico, sino que se crean las plazas en función de los contratos comprometidos por el grupo gobernante". Hasta tal punto, explica, que "los funcionarios no caben ya en las dependencias de la Diputación y los van trasladando al pabellón municipal de deportes".

Mientras el portavoz del PSdeG manifestaba la imposibilidad de demandar judicialmente al PP por su política de contrataciones en el Ayuntamiento -"lo que hacen es un escándalo, pero ya se cuidan para que no sea ilegal"- el candidato del BNG reclamaba la intervención de oficio de la Fiscalía.

Tanto Sánchez Vidal como Francisco Rodríguez proponen "mirar hacia delante" y prometen un nuevo modelo de tribunales examinadores integrado por técnicos en cada materia y políticamente independientes, "como se hace ahora en las convocatorias de la Xunta", matizó el socialista. Sánchez Vidal lamenta que "tengamos que estar hablando de esto en lugar de hacerlo sobre infraestructuras". "Yo no tengo a nadie enchufado", afirma.

El alcalde de Móstoles contrata a su hermano como alto cargo

El cuñado de Matas compartió un simcav con un implicado como empleado de una entidad bancaria

Fernando Areal administró hasta hace un año una sociedad de inversión propiedad de la sociedad Bruja Llegó a representar a esta última Gestionó estas empresas pero no tiene relación con la trama

El cuñado del presidente del Govern, Jaume Matas, y gerente del PP de Baleares compartió una sociedad de inversión hasta hace un año con el empresario que presuntamente sobornó al alcalde de Andratx y al celador municipal. Fernando Areal Montesinos ocupó el puesto de administrador en la sociedad Inversiones Chut Simcav, radicada en el número 39 de la madrileña calle de María de Molina.

Lo hizo como empleado de Bancaja, ya que la citada sociedad estuvo gestionada por esta entidad bancaria hasta septiembre de 2005. A partir de entonces su propietario optó por trasladar al Banco Santander la empresa. El 99% de las acciones de Inversiones Chut Simcav están a nombre de la sociedad Inversiones Bruja, implicada por el juez y el fiscal en la presunta trama de corrupción. En la escritura pública de la sociedad de inversión, el hermano de la esposa de Matas figuró como representante de la sociedad que pagó 369.424 euros a la esposa del celador municipal del Ayuntamiento de Andratx a cambio del 33% de la constructora que compartía con el alcalde. No obstante, Areal precisa que, si bien su nombre aparece en la escritura pública vinculado a Inversiones Bruja, «se debe a un error lingüístico» ya que insiste en que nunca ha tenido ningún cargo en dicha sociedad. Sin embargo, en la que sí que reconoce su participación es en Inversiones Chut Simcav e insiste que lo hizo como empleado de Bancaja. Cabe recordar que el president convocó una rueda de prensa inmediatamente después de la detención de Eugenio Hidalgo, del celador municipal, Jaume Gibert, y del director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot. «No nos podemos permitir ninguna sospecha de corrupción urbanística», aseguró. Con estas palabras, y mencionando el respeto a la presunción de inocencia, Jaume Matas anunció la destitución del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo y su suspensión de militancia del PP. Algo parecido ordenó el president del Govern para Jaume Massot: el cese inmediato de su cargo como director general de Ordenación del Territorio. La detención del primer edil en la denominada Operación Voramar obligó a Matas a adoptar esta decisión, pese a que sólo hacía un mes que había ratificado a Hidalgo como candidato a la alcaldía del municipio. «Todos los partidos políticos nos hemos equivocado en Andratx», dijo el president haciendo alusión a que el primer edil sólo gobernó con el PP durante un año y dos junto al PSOE y UM. Sin olvidar a los ciudadanos de Andratx, a los que les envió un mensaje de esperanza. Asimismo remarcó que los servicios jurídicos de Baleares estudiarán las medidas administrativas y legislativas para garantizar la gobernabilidad de Andratx

La familia del alcalde de Cee tiene 6 empresas vinculadas a la construcción

La hermana del alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, fue adjudicataria de una vivienda protegida de promoción privada en el plan parcial Villa del Prado a pesar de que reside a 800 kilómetros de la capital vallisoletana.Según una información de la Cadena Ser, la vivienda de la hermana del alcalde se encuentra en un edificio ubicado prácticamente al lado de la nueva sede de las Cortes Regionales, en la parcela uno. La vivienda consta de garaje y trastero y tiene un precio de 113.000 euros y el contrato fue firmado hace un año aunque el piso no ha sido inscrito aún en el registro de la propiedad. Asimismo, las llaves fueron entregadas hace unos meses y ya hay vecinos en este inmueble. Según la Cadena Ser, la hermana confirmó que vive fuera de Valladolid, en el sur a 800 kilómetros, y que no tiene relación con el alcalde. Por su parte, el número dos de la lista del PSOE a la Ayuntamiento de Valladolid, Oscar Puente, aseguró, en declaraciones a Europa Press, que se confirma que se ha empleado "un procedimiento arbitrario" de adjudicación "porque no se ha cumplido ningún criterio de igualdad". Por ello, y ante la "gravedad" del nuevo caso "por tratarse de un familiar directo del alcalde", Oscar Puente aseguró que de no estar en periodo electoral pedirían la dimisión de Javier León de la Riva aunque precisó que el asunto "tiene la gravedad suficiente para que se den a conocer la lista" de adjudicatarios. En este sentido, Puente afirmó que por "higiene democrática" las listas de adjudicatarios deberían ser hechas públicas porque, según aseveró, que el alcalde "diga ahora que no sabe nada de la adjudicación a su hermana es inaudito".

LA SUERTE TAMBIÉN SONRÍE CON UN PISO PROTEGIDO A LOS HIJOS DE UN CONCEJAL DEL PP DE VALLADOLID

Familiares de altos cargos del PP siguen teniendo suerte en la adjudicación de pisos de protección oficial en Valladolid. El último caso en salir a la luz es el de los hijos de un concejal del equipo de Gobierno.

La vivienda con la que han sido agraciados los hijos de un concejal del PP del Ayuntamiento de Valladolid está situada también en la urbanización de ‘Villa del Prado’, en la misma calle Monasterio del Escorial y en las mismas parcelas en la que se sitúa la casa que le tocó al hijo del alcalde o de los otros familiares de altos cargos del PP.

Los afortunados en esta ocasión son Hugo y David, hijos de Tomás Punzano Ruiz, concejal del equipo de Gobierno que dirige el ‘popular’ Javier León de la Riva. Aunque el piso de protección oficial fue puesto a nombre de los dos a finales de año, aún siguen residiendo en el domicilio de sus padres.

Con éstos son ya diez los familiares de cargos del PP que han conseguido un piso por menos de 20 millones de pesetas en una urbanización en la que las viviendas libres se cotizan en la actualidad cerca de los 50 millones de pesetas. (www.cadenaser.com, 10/04/07)

Una sobrina del Consejero de Agricultura castellano leonés, beneficiada con otro piso de protección oficial en Valladolid

En Valladolid siguen surgiendo denuncias de trato de favor a familiares de altos cargos del PP en la adjudicación de pisos protegidos. Una sobrina del Consejero de Agricultura, José Valín, también consiguió una vivienda a mitad de precio en la zona de Villa de Pardo, la misma en la que su hija tiene otro piso de protección.

El piso de la sobrina del Consejero se encuentra en la misma calle, tan sólo dos portales le separa de la parcela con la que también fueron adjudicatarios los hijos del alcalde de Valladolid, del Consejero de Agricultura y del ex delegado del Gobierno, aunque éste último se vio obligado a renunciar porque tenía un chalé de lujo en Canarias.

María Eugenia Valín, sobrina del titular de Agricultura de Castilla y León ha conseguido adquirir una vivienda de 95 metros cuadrados construidos, con garaje y trastero incluidos, por un valor de 120.000 euros en una zona donde los pisos de similares características se compran a más del doble. Además, ha comprado una segunda plaza de garaje.

La sobrina del Consejero de Agricultura es hija de un alto directivo de Renault, Simón Valín ocupó cargos de responsabilidad en la factoría de Palencia y ha sido director de las plantas de Renault en Argentina y Rumanía.www.cadenaser.com 02.03.07

El hijo del ex jefe de protocolo de la Junta también recibió un piso protegido en Valladolid

En Valladolid sigue siendo noticia la polémica sobre las viviendas protegidas que han ido a parar a familiares de altos cargos del PP. A los casos ya conocidos de los hijos del alcalde de Valladolid, del Consejero de Agricultura y del ex delegado del Gobierno, se une ahora el de un hijo del que fuera jefe de protocolo del presidente la Junta de Castilla y León, Lucio Paramio.

Carlos Paramio Conde será vecino de los hijos del alcalde de Valladolid, del Consejero de Agricultura y del ex delegado del Gobierno en tiempos de Aznar, que paradójicamente vive en Canarias, porque el piso de protección oficial que le ha sido adjudicado está ubicado en la misma parcela y en la misma calle que el adjudicado a los anteriores. Se trata de una vivienda de 97 metros cuadrados construidos, con garaje y trastero incluidos, cuyo precio tasado ronda los 120.000 euros -menos de la mitad del precio de mercado en esa nueva zona de la ciudad-.

A diferencia del hijo del ex delegado del Gobierno, Carlos Paramio Conde y su esposa sí viven y trabajan en Valladolid, Realizan su labor profesional en Sotur, empresa pública creada por el Gobierno regional para gestionar el turismo. La oposición en el Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado una comisión de investigación, a lo que se ha negado el alcalde, Javier León de la Riva. En el último pleno municipal se le preguntó si habían sido adjudicatarios de más pisos protegidos en esta zona más familiares de altos cargos del PP, a lo que no hubo respuesta. www.cadenaser.com 17.01.07

El hijo de un alto cargo del PP en Castilla y León beneficiado por un piso protegido compró también un chalé en Canarias

La Cadena SER desvela hoy novedades sobre el escándalo de la adjudicación de pisos protegidos en Valladolid a familiares de altos cargos del PP. Según ha sabido la Cadena SER, uno de los tres beneficiarios del piso VPO, el hijo del ex delegado del Gobierno de Castilla y León con el Gobierno de José María Aznar, adquirió en las mismas fechas un chalé adosado en Canarias, donde trabaja.La entrega de llaves de los pisos protegidos de Valladolid se realizó a primeros de octubre, prácticamente en la misma fecha –según consta el registro de la propiedad de La Laguna- que Luis Ignacio García Esteban y su esposa adquirieron un chalé unifamiliar en la localidad de El Rosario, en las cercanías de la capital tinerfeña. El adosado tiene una superficie construida de 180 metros cuadrados y está rodeado de un terreno de 300 metros cuadrados. En la compra, el matrimonio suscribió una hipoteca de 313.000 euros –más de 52 millones de pesetas-. www.cadenaser.com 13.12.06

El hijo del ex delegado del Gobierno también recibió un piso protegido

El hijo del ex delegado del Gobierno en Castilla y León recibió un piso protegido en Valladolid, a pesar de residir en Canarias , según informó la Cadena SER. En esta misma promoción también obtuvieron una vivienda familiares de algos cargos del PP, entre ellos, el hijo del alcalde y la hija del Consejero de Agricultura de la Junta. La normativa legal determina que los adjudicatarios deben utilizar los pisos como residencia habitual y permanente. Sin embargo, Félix Ignacio García -hijo del ex delegado del Gobierno- trabaja desde hace 2 años en Canarias como inspector de hacienda. Debería haber ocupado la vivienda en un plazo inferior a los 3 meses desde la entrega de llaves, algo que tampoco ha ocurrido. El alcalde de Valladolid, cuyo hijo también se benefició de la adjudicación, defendió cuando estalló el escándalo la legalidad del proceso, a pesar de que se realizó sin publicidad ni sorteo ante notario. Los socialistas, según informa la SER, pedirán en los próximos días una comisión de investigación sobre este asunto. Las viviendas están situados en el nuevo barrio de Villa del Prado, que gestiona la sociedad municipal VIVA.www.elpluraql.com 22.11.06

Una constructora da pisos protegidos a dos familiares de cargos del PP de Valladolid

La promotora Zarzuela ha otorgado a dedo pisos protegidos a un hijo del alcalde de Valladolid, del PP, y a la hija de un consejero del Gobierno de Castilla y León. Zarzuela construye los pisos gracias a una adjudicación del Ayuntamiento y ha obtenido otras obras en la ciudad. El Ayuntamiento replica que todo es legal y que los beneficiados reúnen los requisitos legales para optar a los pisos de protección oficial, de los que se construyen 1.650 en ese plan parcial. La noticia la adelantó la cadena SER. En junio, un edil del PP de Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid, dimitió porque tenía dos pisos protegidos.

El Ayuntamiento de Valladolid pactó con la Diputación la construcción de 3.000 viviendas (1.650 protegidas) en 70 hectáreas de suelo que tenía la Diputación. La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid fue la encargada de adjudicar los solares a las distintas promotoras. Una de las beneficiadas fue Zarzuela, SA. Esta empresa obtuvo en noviembre de 2005, junto a Dragados, el contrato de conservación de las calles de Valladolid por 17,34 millones de euros. Las promotoras decidían sin sorteo a quién le daban los pisos siempre que ganasen menos 2.634 euros al mes (el equivalente a 5,5 veces el salario mínimo). La constructora otorgó en junio de 2006 a dedo un piso de 97 metros cuadrados construidos y dos plazas de garaje al hijo del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, del PP. El precio de la compra fue de 114.663 euros.

Fuentes del Ayuntamiento explicaron que el hijo del alcalde está independizado hace años y que León de la Riva no tenía nada que comentar, ya que su hijo "cumplía los requisitos como otras más de 1.600 personas que se benefician del plan de vivienda protegida del Ayuntamiento de Valladolid". Las mismas fuentes explicaron que el sorteo a la hora de adjudicar los pisos no era obligatorio para que las promotoras se llevaran el solar.

Además, una hija del consejero de Agricultura, José Valín, obtuvo un piso similar y en el mismo inmueble: 98 metros cuadrados con plaza de garaje por 145.400 euros.

El concejal del PSOE de Valladolid Francisco Martínez denuncia que "sin apenas publicidad ni propaganda, una constructora beneficiada por el Ayuntamiento otorga pisos protegidos a familiares de cargos del PP". Y añade: "Aunque reúnen los requisitos, las adjudicaciones se hicieron a dedo y sin concurrencia en unas parcelas adjudicadas por el Ayuntamiento". El PSOE denuncia la existencia de un "edificio VIP de viviendas protegidas" adjudicado a gente próxima al PP.

El caso se une al de Javier Cruz Sánchez, ex concejal popular de Obras de Arroyo de la Encomienda. Cruz dimitió cuando en junio se supo que dos de sus cinco casas eran de protección oficial. La Junta de Castilla y León le impuso una multa de 6.500 euros pero el edil se quedó con las casas.

El trazado del nuevo parque natural del Turia deja fuera terrenos propiedad del alcalde de Riba-roja, del PP, y de varios de sus familiares, concejales del mismo partido. La montaña del Frare, junto a Porxinos, quedará protegida a excepción del suelo que posee la familia de Francisco Tarazona Zaragoza. Lo mismo ocurre en otros terrenos del término municipal. En algunos de ellos se han proyectado PAI.

Es el caso del programa de actuación integral conocido como Masia Traver II, que está previsto desarrollar junto al mismo río Turia. Y del llamado PAI del cementerio, una zona de relevancia ecológica en la que familiares de Tarazona han adquirido terrenos.

El PSPV de Riba-roja denunció ayer que el proyecto del futuro parque natural -que se encuentra en fase de alegaciones y debería ser declarado como tal el 1 de enero de 2007- se preocupa de bordear las propiedades del alcalde y de sus allegados. Los socialistas consideran que las revelaciones respaldan la querella presentada por su partido contra Tarazona y varios de sus familiares por prevaricación, tráfico de influencias, malversación, fraude e información privilegiada en la aprobación del PAI de Porxinos impulsado por el presidente del Valencia CF, Juan Soler. Antes de la operación, calificada en su día por Soler de "pelotazo", varios familiares del alcalde, entre ellos su hija y sus sobrinos, adquirieron terrenos que se revalorizaron tras la aprobación del PAI y que son susceptibles de ser recalificados.

Esa posibilidad, señala Roberto Raga, secretario general de los socialistas de Riba-roja, es la que se mantiene abierta al evitar incluirlos en el parque natural. De hacerlo, la protección provendría directamente de la Consejería de Territorio y Vivienda, y quedaría fuera del alcance del Ayuntamiento permitir su urbanización. Raga se preguntó ayer "qué tiene que decir" al respecto el consejero Esteban González Pons.

Las denuncias de la oposición de Riba-roja no son las únicas críticas que está recibiendo el proyecto del titular de Territorio. La Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia, impulsora original de la protección de la zona, afirmó en un comunicado que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del futuro parque se ha diseñado "para favorecer el crecimiento urbano", contraviniendo la propia legislación autonómica.

La coordinadora tachó de "ridícula" la inversión prevista para el parque en los próximos cinco años (19 millones de euros) dada su extensión (4.500 hectáreas) y las actuaciones necesarias para su regeneración ambiental. Y subrayó que más del 70% del dinero lo pondrá el Gobierno.

C. VALENCIANA : El gerente de la Fundación Agua y Progreso también es militante del PP

Suma y sigue. El gerente de la Fundación Agua y Progreso, la entidad pública creada por el Ejecutivo valenciano para servir a la estrategia hídrica del Consell, también es militante del Partido Popular.

Alberto Comos Guillem, que fue contratado como gerente de la entidad pública, en un puesto cuyo salario está asimilado al de director general, llegó incluso a formar parte de la candidatura que el Partido Popular presentó en Catarroja en las pasadas elecciones municipales de 2003. En concreto, Comos figuraba en el número 17 de la lista municipal. Fuentes consultadas por este diario, indicaron que, aunque se trataba de un puesto de no salida, Comos estaba incluso considerado como el mirlo blanco del PP para suceder al primer teniente de alcalde, Francisco Chirivella. La afinidad de Comos con el PP también se extiende, como ha venido informando este diario, a otras personas que tienen nómina en la citada Fundación. Así, el actual vicesecretario provincial del PP, Juan José Medina, también cobra sueldo en calidad de asesor. El ex alcalde de Moncada compagina su labor en la entidad -tareas relacionadas con la publicidad y la comunicación, según el mismo explicó en su día a este diario- con el acta de edil en Moncada y sus responsabilidades en el partido. También trabaja para la entidad la ex presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, Carmen Vila, afín al PP. Desde su origen la oposición ha criticado la propia existencia de la Fundación al considerar que se trataba de un instrumento que el Consell usa de forma partidista. De hecho, la Fundación ha participado activamente en las distintas manifestaciones promovidas por el PP y el Consell en defensa del trasvase del Ebro. Así, colaboró en la manifestación celebrada el pasado 29 de junio de 2004 en Madrid. La Fundación contrató con la empresa Special Events, que en su día fue objeto de polémica por sus vínculos pasados con otra firma radicada en paraísos fiscales, los trabajos de promoción de esta acción. Así lo reconoce el Consell en una respuesta parlamentaria a la socialista Josefa Andrés. Para la diputada es «inaudito» que la entidad pagara a una empresa privada para promocionar la manifestación en contra de la derogación del trasvase.

Refugio para personal sin oficio

Por su parte, el diputado socialista José Camarasa consideró que «la confirmación de que el gerente es un destacado militante de L'Horta Sud del PP sin que se le conozca ninguna preparación específica para el cargo demuestra el uso espúreo y sectario que el Consell hace del dinero de los contribuyentes».
Para Camarasa este hecho se agrava con la constatación de que la Fundación Agua y Progreso «lejos de establecer un debate sereno y plural de las diversas alternativas al problema del agua, lo ha convertido en un refugio para personal sin oficio ni beneficio que el Consell trata de convertir en una ariete contra el Gobierno central».

Publicado en www.levante-emv.com 13.11.06

FAMILIARES DE ESPERANZA AGUIRRE DIERON UN 'PELOTAZO' TRAS UNA GESTIÓN DE PORTO

Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ganó 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a través de su portavoz, ha declinado opinar sobre la gestión de su ex director general de Urbanismo en relación con el sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde tanto Porto como familiares de la jefa del Ejecutivo regional tenían unos terrenos que vendieron en 2006 tras desbloquear urbanísticamente esa zona en 2004 el citado alto cargo regional.

Gil de Biedma es uno de los operadores inmobiliarios de la Comunidad de Madrid, donde se dedica, entre otras cosas, a la compraventa de suelo en distintos municipios, en algunos casos en pleno proceso de modificación de sus planes generales (aquellos que definen dónde y cómo se puede edificar). Tanto Porto, ex director de Urbanismo de Madrid, como Alminar Villas (inmobiliaria que preside José Gil de Biedma y Vega de Seoane y comparte con otros tíos y primos maternos de Aguirre) vendieron en enero de 2006 sus parcelas en el sector 1 de Villanueva de la Cañada.

Hasta que Porto fue nombrado director general de Urbanismo, la urbanización de ese sector estaba bloqueada, pues los técnicos habían planteado distintas objeciones al plan. Porto, desoyendo a sus técnicos, desbloqueó la aprobación del citado plan parcial -redactado por un socio suyo, José María Fernández del Río, ex consejero de Cajamadrid por el PP- en septiembre de 2004. Las ventas de esos terrenos, en los que ya se podía edificar, se hicieron en enero de 2006 sin que Porto, que poseía una parte, ni los familiares de Esperanza Aguirre, también dueños de terrenos en la zona, invirtieran un solo euro en urbanizarlos.

- Revalorización. La revalorización de los terrenos de Villanueva de la Cañada tuvo su primer hito en la recalificación del sector aprobada en 1999 por el Ayuntamiento, presidido por Luis Partida (PP). Partida encargó a Porto el diseño del crecimiento del municipio. Pese a la recalificación de los terrenos, el Gobierno regional, entonces presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, bloqueó en mayo de 2003 la urbanización del plan parcial que desarrollaba el sector 1 (denominado Los Pocillos, con 1,4 millones de metros cuadrados), entre cuyos propietarios figuraban ya Porto y los familiares de Esperanza Aguirre. Cuando Porto, con el cambio de Gobierno regional, llegó a la Dirección General de Urbanismo -tomó posesión en enero de 2004-, desbloqueó nueve meses después los problemas que bloqueaban el plan de urbanización de dicho sector, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos.

La finca que compraron los familiares de Esperanza Aguirre se valoraba en 24.040 euros en noviembre de 1999 -nueve meses después de su recalificación- por su dueño, Benito Nieto García (6.000 euros más de lo que le costó en 1995). Cuando la vende, un año más tarde, en mayo de 2000, ya pide y recibe 419.975 euros de Alminar de Villas (la empresa de los Gil de Biedma) y Construcciones Ureta. Ambas sociedades la venden en enero de 2006 por 4,6 millones de euros a la inmobiliaria Terinza 26, que a su vez le da un valor de subasta de seis millones de euros.

- Intervención decisiva. La intervención de Porto como director general de Urbanismo fue decisiva para su negocio y para el de la familia de Aguirre en Villanueva de la Cañada. Porto rechazó el informe de sus técnicos, que arrojaba una terrible losa sobre sus intereses y los de los Gil de Biedma. Sus responsables técnico y jurídico le exigieron en un escrito de nueve folios -que Porto evitó incorporar al expediente administrativo- mantener la suspensión urbanística que pesaba sobre este sector de Villanueva de la Cañada desde mayo de 2003 por entender que persistían dos de las seis deficiencias que denunciaron entonces, y alguna anomalía más, como la falta de informe de evaluación ambiental.

Los expertos consultados por este periódico ven otro supuesto trato favor de Porto a ese plan parcial: fue devuelto al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en mayo de 2003 para su corrección antes de seis meses. Sin embargo, fue vuelto a presentar en Urbanismo en agosto de 2004, 15 meses después, por lo que Porto debió darlo por caducado. Sin embargo, lo bendijo y aprobó al mes siguiente. De haberlo rechazado, habría sido redactado como nuevo y conforme a la ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, que forzaría a los dueños a ceder 104.000 metros cuadrados de suelo urbanizable a la Comunidad de Madrid (un tercio sería para viviendas protegidas, unas 300).

Funcionarios de Urbanismo afirman que ninguna de las objeciones que plantearon al plan eran insalvables. Pero admiten que sus pegas, de haber sido atendidas, habrían retrasado el plan, lo que podría haber complicado los planes de venta de los dueños y el calendario de construcción de los promotores.

Enrique Porto, ex director general de Urbanismo de Madrid, autorizó el plan del Sector 1 de Villanueva de la Cañada, donde los familiares de Esperanza Aguirre y él mismo tenían terrenos, sin subsanar las tres deficiencias siguientes que denunciaron sus técnicos:

- Monte preservado. Los técnicos denunciaron que se inflaba ilegalmente el volumen de edificabilidad del sector al computarse como suelo urbanizable el monte preservado: "No pueden computarse dichos suelos a efectos del cálculo de la edificabilidad, del aprovechamiento urbanístico o del número máximo de viviendas en el ámbito del sector". Tal párrafo de los técnicos, se mutó en lo siguiente al bendecirlo Porto: "La consideración tanto por el plan parcial como por el plan general de estos terrenos como sistema general de espacios libres no es incompatible con su calificación como suelo no urbanizable protegido". Y así ocurriría en la práctica: el monte se computó y aumentó la edificabilidad del sector, según los expertos.

- Paralización por la M-503. La segunda deficiencia que orilló Porto y denunciaban sus técnicos rezaba así: "En relación con la carretera M-503, colindante con el Plan Parcial, se reitera la necesidad de subsanar las deficiencias que motivaron el aplazamiento de la aprobación definitiva del Plan General que afecta a una banda de 200 metros a ambos márgenes de dicha carretera, tramitación previa a la aprobación definitiva del presente plan parcial".

Más allá de si esta paralización afectaba directamente a fincas de Porto, como sugieren expertos consultados, lo que sí admiten funcionarios de Urbanismo es que el desbloqueo de este veto zonal derivado del Plan General, originaría unos trámites que retrasaría todo el plan parcial del sector donde tenían intereses Porto y los tíos y primos de Aguirre. Y al afectar al Plan General, su desbloqueo debía autorizarlo el Gobierno de Aguirre, según los expertos. Pero Porto eliminó de un plumazo el veto derivado de la M-503: "Se resuelve mediante una glorieta, cuyo trazado se ajusta al proyecto".

- Sin informe ambiental. Porto obvió una tercera anomalía que denunciaron sus técnicos: "Es necesario hacer mención del informe de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental de octubre de 2003, en lo relativo a la obligatoriedad o no de someter el proyecto de plan parcial a alguno de los procedimientos ambientales. Entendemos necesario una aclaración a dicho informe, al existir un vacío en los procedimientos a realizar o realizados respecto a la protección, puesto que el plan general no efectuó evaluación ambiental como hubiera sido exigible, ni análisis ambiental".

En la localidad madrileña de Tres Cantos, cuatro tíos maternos y cinco primos carnales de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad Madrid, adquirieron 176.000 metros cuadrados de terreno rústico que a los pocos días se recalificó, según denuncia el empresario que les vendió las fincas, aumentando su valor.El empresario Mariano Illera Sanz, madrileño de 65 años, se siente engañado. Pero en enero de 2001 estaba entusiasmado. Fue cuando aparecieron unos compradores para sus 23 fincas rústicas en el municipio madrileño de Tres Cantos.

Llevaba tiempo queriendo venderlas y no había manera. Le ofrecieron 4.800.000 euros. Un socio y él las habían comprado en 1988 por doce millones de pesetas (72.000 euros). Así que le pareció un negocio magnífico.Y en seguida las dos partes firmaron un contrato de arras (documento por el que se compromete la compra y venta mediante una señal, que en este caso fue del 15 por ciento del precio total). A los tres meses se materializó la venta y se firmaron las escrituras públicas. Mariano Illera creyó que ese había sido uno de los mejores negocios de su vida. Pero se equivocaba.

Asegura Illera que en el momento de la venta “desconocía que esos terrenos iban a recalificarse. No soy tonto; si lo hubiera sabido los hubiera vendido más caros”, dice el empresario.

El 13 de febrero de 2001, poco después de que Illera hubiera firmado (según asegura) el contrato de arras, el pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos, gobernado por una coalición entre el PP y el partido independiente Tres Cantos Unido, aprobó el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afectaba a 17 de esas 23 fincas. “Nadie me lo comunicó, ni el Ayuntamiento de Tres Cantos ni los compradores”, asegura el empresario.

Los nuevos dueños de los terrenos no vendieron inmediatamente, sino a los tres años, por once millones y medio de euros. Compró las tierras la constructora Urbalia, que hoy está a punto de comenzar a edificar en estas parcelas de Tres Cantos, una de las localidades más jóvenes de la Comunidad de Madrid, al norte, con una población de unos 40.000 habitantes y regada de urbanizaciones de chalés.

Mariano Illera no conoció la identidad de todos los compradores hasta la firma de las escrituras públicas de compra-venta, el 22 de mayo de 2001. El contrato de reserva lo firmó con tres personas. Una de ellas era Ángel Luis Pérez, alcalde del PSOE, hasta 1995, de Arroyomolinos, una de las zonas de expansión de la Comunidad de Madrid. Desde que dejó la política, Pérez se dedica al negocio inmobiliario. “Me llevé una sorpresa –dice Illera– cuando encontré en la notaría a bastantes personas, que no conocía, y me enteré de que eran de la familia Gil de Biedma. Yo los relacioné con el poeta Jaime Gil de Biedma, no con Esperanza Aguirre”, explica el empresario.

Efectivamente, aquellas personas eran primos del autor, ya fallecido. Y también tíos maternos y primos carnales de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP: Santiago, José Antonio y Javier Gil de Biedma y Vega de Seoane. El último de ellos es el conde de Sepúlveda. Los hermanos Gil de Biedma son socios de la correduría AON Gil y Carvajal, la primera en volumen de negocio de España. Los primos de la política del PP que intervinieron en la operación Tres Cantos son Marta Gil de Biedma y Rodríguez Salmones, hija de Santiago Gil de Biedma; Isabel Victoria Gil de Biedma y Zulueta, hija de José Antonio Gil de Biedma; e Ignacio, Teresa y Javier Gil de Biedma Villalonga (éste último es el vizconde de la Nava de Asunción), hijos de Javier Gil de Biedma. María Luisa Gil de Biedma y Vega de Seoane, tía de la presidenta de la región, también participó en el negocio, aunque no fue compradora inicial. En total, en la operación urbanística de Tres Cantos han participado 22 particulares y empresas suyas, que han obtenido casi siete millones de euros de beneficio. Pese a la insistencia de esta revista, la familia Gil de Biedma no ha querido hacer declaraciones sobre este negocio.

Terrenos sin salida

Mariano Illera, ya jubilado, se ha dedicado buena parte de su vida al negocio del vidrio. Es propietario de empresas del sector, como Cristalería Ibérica y Llilop Promociones Ibérica, de cierto peso en el mundo de la cristalería. Las 23 fincas rústicas que compró con un socio en 1988 en Tres Cantos –con una superficie de 173.000 metros cuadrados– pertenecían a los familiares de José Banús, magnate del franquismo. Las tierras fueron integradas en la empresa de Illera Eland Construcciones. “Compramos aquellas tierras por hacer un favor a una persona –comenta Illera–. Le presentamos al Ayuntamiento de Tres Cantos hasta siete propuestas para hacer en esas fincas algún centro para menores u otros colectivos, y siempre lo rechazaron. Parecía que no tenían salida”. Por eso cuando apareció un comprador, Illera vio “el cielo abierto”: “No somos especuladores y el precio nos pareció razonable. Pero, claro, ahí el que se ha beneficiado es Ángel Luis Pérez, que estaba muy metido en toda la gestión inmobiliaria del PSOE y sabía lo que compraba cuando en Tres Cantos no se había recalificado nada”.

El empresario denuncia la existencia de información privilegiada: “El ex alcalde ha utilizado su influencia política. ¿Quién iba a saber que un mes después de firmar con él un contrato privado de compra-venta iban a recalificar esos terrenos que llevaban doce años olvidados? ¿Quién podía tener esa información privilegiada?” –se pregunta el empresario–. Pues la única persona que estaba metida en política, el ex alcalde socialista”.

Ángel Luis Pérez está desvinculado del mundo político, oficialmente, desde que dejó de ser alcalde. “Pero soy socialista de corazón”, asegura. No es la primera vez que Pérez se alía con el otro bando ideológico. Compareció en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid por el escándalo de los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz, en julio de 2003. Fue requerido por el PP al haber sido socio de los constructores Francisco Vázquez y Francisco Bravo, militantes del PP e implicados en el caso. “Illera y un socio nos vendieron los terrenos sabiendo que se iban a recalificar –asegura Pérez–. Si no, hubiéramos pagado mucho menos dinero. Unas tierras rústicas no valen 800 millones de pesetas (4.800.000 euros)”, argumenta Pérez. Los 176.000 metros cuadrados que poseía Illera representan más del cinco por ciento del sector afectado por el PGOU.

Miguel Aguado, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Tres Cantos, considera que “alguien debería dar explicaciones de cómo se fraguó esa operación. No puedo creer que, sin tener información previa y directa del equipo de gobierno, se pueda saber por dónde va a desarrollarse un PGOU”.

No fueron los socialistas, sino la coalición del PP y el partido independiente Tres Cantos Unido, que gobierna en el municipio desde 2000, la que recalificó los terrenos. El PP también gobernaba en la Comunidad de Madrid, responsable, en última instancia, de la autorización de los planes de urbanismo de las localidades de la región.

Cuando se produjo la venta de los terrenos, Esperanza Aguirre no era todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, sino del Senado. Pero su familia materna tenía relaciones con la Comunidad de Madrid.

Este negocio del ladrillo ha unido a socios de lo más dispares. “A mí me propuso participar José Pérez Fernández, al que conozco desde hace 15 años, y que trabajaba por entonces con los Gil de Biedma”, explica el ex alcalde socialista. José Pérez era apoderado, en 2001, de la empresa constructora Alminar de Villas, SL, que ha edificado en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón y que por entonces pertenecía a Santiago, Javier y José Antonio Gil de Biedma. “A José Pérez le propuso la operación de Tres Cantos Enrique Jiménez Torregrosa, que es un comisionista (un intermediario inmobiliario). Los comisionistas son imprescindible en cualquier negocio inmobiliario y suelen llevarse un cinco por ciento del valor de la operación”, dice el ex político. José Pérez y Enrique Jiménez son las otras dos personas que negociaron inicialmente, junto al ex político del PSOE, con el empresario del vidrio Mariano Illera.

Socios con suerte

En cuanto a la financiación de la operación, parece que también los nuevos socios tuvieron suerte. “Si llego a saber que el banco, el BBVA, iba a financiar el 60 por ciento de la operación, hubiera invertido más”, explica Ángel Luis. El ex alcalde era el propietario individual mayoritario de las tierras. Pero la familia de Aguirre, en conjunto, representaba algo más del 50 por ciento de las propiedades.

Mariano Illera descarta que los parientes de Aguirre estuvieran detrás de la operación desde el principio, y considera que fueron los tres negociadores iniciales los que, una vez firmado el contrato de arras, buscaron inversores. “Y encontraron a los Gil de Biedma”, dice. Por el contrario, Ángel Luis Pérez asegura que los parientes de la presidenta de la región fueron los que le propusieron el negocio a través de su apoderado, José Pérez.
La familia Gil de Biedma Vega de Seoane sigue siendo propietaria, junto con el ex alcalde socialista, de seis fincas rústicas en Tres Cantos (unos 53.000 metros cuadros), pegadas al ámbito de actuación del PGOU. Su valor se disparará en cuanto sean recalificadas. Otro negocio más.

Mientras, el PSOE de Tres Cantos estudia con sus asesores jurídicos emprender algún tipo de actuaciones para “dilucidar cómo se gestó la operación. Al margen de la presunta información privilegiada que pueda haber existido –explica Miguel Aguado, portavoz socialista en el consistorio tricantino–, considero indigno que se especule de esta manera con el valor del suelo. Luego, las viviendas que se construyan en esas tierras tendrán precios disparados por esa especulación, que, encima, han llevado a cabo familiares de la presidenta regional”. Publicado en Interviu.29.05.06

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP, no encontró ayer nada anormal en el hecho de que un tío de Esperanza Aguirre, presidenta regional, lograse una plusvalía de 2,1 millones de euros al vender unos terrenos de su propiedad cuya urbanización desbloqueó el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto, contra el criterio de sus técnicos. Porto tramitó ese plan urbanístico incumpliendo la Ley de Altos Cargos de la Comunidad, pues pese a que tenía terrenos de su propiedad en esa misma zona no se inhibió en la tramitación del expediente. Porto dimitió después de conocerse esta operación.

Esperanza Aguirre no quiso ayer pronunciarse públicamente sobre el pelotazo de su tío, que consiguió vender unos terrenos que compró en el año 2000 por un precio 10 veces superior en enero de 2006. En una carta remitida a este diario, Aguirre aseguró: "En el ejercicio de mis responsabilidades de Gobierno jamás he tomado ninguna decisión que estuviera motivada por el deseo de favorecer a algún particular y mucho menos a un pariente mío, por lejano que sea" (véase Cartas al Director). El consejero de Presidencia del Gobierno de Aguirre, Francisco Granados, declaró: "La revalorización es consecuencia de los seis años que transcurrieron entre la compra y la venta, como ocurre en muchísimas zonas de España, por no decir en todas, y desde luego en la Comunidad de Madrid, y no solo con el suelo, sino también con los pisos o los chalés. Las plusvalías que se generan en el suelo se producen fundamentalmente durante las recalificaciones, cuando pasa de rústico a urbanizable, y aquí se compró cuando ya era urbanizable", explicó Granados. Desde que era urbanizable hasta que se pudo construir, como consecuencia de la gestión de Porto, el tío de Aguirre consiguió multiplicar por 10 su valor. Granados se preguntó si existe "algún madrileño que se haga responsable y conozca todas las actividades de sus tíos, sobrinos o primos, porque eso es algo que no está al alcance de ningún mortal".

El portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, pidió ayer a Aguirre una "revisión de su política urbanística" y que ofrezca a los madrileños "una explicación" sobre la operación que engordó las arcas de su tío carnal.

Simancas acudió ayer a la sede bruselense del Parlamento Europeo, donde hoy presentará las quejas de miles de ciudadanos madrileños, que consideran que el desarrollo urbanístico del norte y del noroeste de la Comunidad de Madrid viola la legislación comunitaria y perjudica gravemente el medio ambiente.

"Ya sabíamos que en Villanueva de la Cañada se practica un urbanismo corrupto y depredador y que el señor Porto y su familia han obtenido beneficios espurios, también los familiares del actual alcalde Luis Partida y los socios del señor Porto en la empresa Plarquin. Hoy nos hemos enterado que también se enriquecieron familiares de Esperanza Aguirre", explicó Simancas, quien exigió explicaciones a la presidenta y al PP. "Lo menos que debe Esperanza Aguirre a los madrileños es una explicación", estimó el dirigente socialista. "A ver si tienen agallas, principios y convicciones éticas para actuar con eficacia", añadió el portavoz socialista. www.elpais.es 18.10.06

SIMANCAS PIDE A AGUIRRE EXPLICACIONES POR EL "PELOTAZO URBANÍSTICO" DE SU FAMILIA

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas, ha exigio hoy "explicaciones" a la presidenta Esperanza Aguirre sobre su "participación personal en el hecho probado de que su familia se benefició directamente de una operación urbanística especulativa e irregular en Villanueva de la Cañada". El PP ha respondido a las revelaciones que publica hoy EL PAÍS preguntando si existe "algún madrileño que conozca todas las actividades de sus tíos" porque "no está al alcance de ningún mortal".

En declaraciones a los periodistas antes de iniciar un viaje detrabajo a Bruselas, Simancas se refería así a una información publicada hoy este periódico según la cual una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, ganó 2,1 millones de euros en una compraventa de terrenos en esta localidad de Madrid, cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, el dimitido director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.

El secretario general del PSM-PSOE ha reclamado a Aguirre que dé "explicaciones urgentes y claras a la sociedad madrileña" y ha asegurado que, tal y como se "temían" los socialistas madrileños, el dimitido director general de Urbanismo "no era un verso suelto y la trama urbanística alcanza a la cúspide del Gobierno de Esperanza Aguirre". "Los beneficiarios en la trama urbanística de Villanueva de la Cañada al parecer ya no son sólo los familiares de Porto, sus socios en Plarquin, Fernández del Río y compañía, Luis Partida y su familia, sino que se descubre que también han sido beneficiarios los propios familiares de la presidenta", ha resumido Simancas, que ha considerado este asunto "extraordinariamente grave".

El encargado de dar explicaciones en nombre de Aguirre ha sido el Consejero de Presidencia, Francisco Granados, qye ha dicho que el terreno que adquirió José Gil de Viedma siempre fue urbanizable y se revalorizó porque entre la compra y la venta pasaron seis años. Según el consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid, el terreno que compró el tío de la presidenta y su revalorización es consecuencia de los seis años que transcurrieron entre la compra y la venta, como ocurre "en muchísimas zonas de España, por no decir en todas, y desde luego en la Comunidad de Madrid y no solo con el suelo, sino también con los pisos o los chalés".

"Las plusvalías que se generan en el suelo se producen durante las recalificaciones, cuando pasa de rústico a urbanizable", cosa que, según según Granados, no sucedió en este caso. Para el PP, lo lógico es que en seus años se haya avanzado en la "tramitación administrativa normal de un expediente" como este, lo que, en todo caso, no implica el aumento del valor del suelo, como pasa con una recalificación. El secretario general del PP madrileño ha comentado irónicamente que "parece de broma que alguien vaya a saber en 2000 que tres años después a una sobrina suya la van a hacer presidenta de la Comunidad y que otros tres años más tarde, va a hacer director general de Urbanismo a un señor que, a su vez, va a aprobar un plan parcial en el que está una persona cercana a la presidenta".

Asimismo, ha preguntado si existe "algún madrileño que se haga responsable y conozca todas las actividades de sus tíos, sobrinos o primos" porque "eso es algo que no está al alcance de ningún mortal". Granados ha cuestionado si este caso es uno de los que Simancas califica de "urbanismo decente o indecente", según se produzcan en municipios gobernados por el PSOE o por el PP. Los grupos parlamentarios del PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, a través de Matilde Fernández y Fernando Marín, han exigido hoy a Aguirre que en materia de Urbanismo "deje de jugar al calamar" y haga frente a todos los casos de corrupción, "denunciando e investigando las irregularidades y marginando a los que las cometan".

Siete familiares de altos cargos del PP valenciano disfrutaron de becas de la Generalitat en el extranjero

Al menos siete familiares de altos cargos del PP valenciano obtuvieron becas de la Generalitat en el extranjero. Los beneficiados con las ayudas económicas del Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex) fueron un sobrino del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que fue destinado primero a Miami y luego a Nueva York; una hija del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que también logró mejorar su formación en Nueva York; una sobrina de la diputada nacional María Angels Ramón-Llin, que estuvo un año en Miami; la hija del consejero de Infraestructuras, José Manuel García Antón, que contó con ayuda para pasar un año en Pekín; la hija de la directora general de Economía, María Bonilla, que logró que su hijo fuese a Los Ángeles, y una ahijada de la ex directora del Inem Carmen de Miguel, que fue becada en Florida. La lista, publicada ayer por el diario Levante, se completa con la hija del chófer de Carlos Fabra, que consiguió una beca del Ivex para desplazarse a México.

La revelación, que afecta a un organismo, el Ivex, que está siendo investigado en los juzgados a raíz de una denuncia del PSPV-PSOE por irregularidades en la contratación del cantante Julio Iglesias a finales de los noventa, ha levantado una polvareda política en Valencia. El secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, pidió ayer la dimisión de la directora del Ivex, Maritina Hernández, mientras que Esquerra Unida-L'Entesa reclama ya la dimisión del consejero de Empresa, Justo Nieto. El Gobierno valenciano intenta restar importancia a la revelación de que familiares de altos cargos del PP se vieron beneficiados con estas becas, pese a que personas como Carlos Fabra y María Bonilla son miembros del consejo de administración del Ivex. El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, explicó ayer que su sobrino obtuvo la beca del Ivex porque reunía todos los requisitos y se presentaron menos aspirantes que ayudas había para adjudicar. Algunos de los citados becados lograron, además, mejorar la cuantía de las ayudas concedidas. Publicado en El País. 03.12.05

El IVEX becó a una hija de Fabra y al hijo de una directora general que ha ascendido a delegado

Una hija del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, eleva a ocho los parientes de cargos públicos del PP que lograron una beca del IVEX en el extranjero. Claudia Fabra fue destinada a Nueva York, la plaza más cotizada. Pese a cobrar 33.576 euros del año 1998, logró un aumento de sueldo. Un hijo de la directora general de Economía, María Bonilla, también disfrutó de beca en Los Ángeles y, tras una prórroga, fue ascendido el año pasado a director de la delegación del Instituto en Dubai. Tanto Fabra como Bonilla son consejeros de administración del organismo público.

El año de la primera comunión y el de la boda figuran siempre en rojo en el calendario vital del común de los mortales. Y después, cada cual esboza una media sonrisa cuando recuerda cosechas que le han sido especialmente propicias. Para Claudia Fabra Fernández, hija del presidente de la Diputación de Castelló, 1998 no fue un mal año. Tuvo la suerte de disfrutar de una de las becas que otorga el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) para ocupar plaza en alguna de las 24 delegaciones que tiene el organismo público por el mundo. Además, en mayo de ese año, se convirtió en copropietaria, con su madre y sus hermanos, del lujoso chalé en Platgetes de Bellver, en Orpesa.

La hija de Carlos Fabra podría haber sido destinada a Hong Kong, Argentina o México, pero también en ese punto se dio una conjunción astral favorable y le tocó Nueva York, el destino mejor pagado de todos los posibles. En ese año, la beca de prestación de servicios en el número 635 de la Tercera Avenida, sede del IVEX, estaba dotada con 5.586.681 pesetas -33.576 euros-, casi el triple que la de la delegación china. Con todo, la becaria pidió un aumento de sueldo y el IVEX accedió a la petición, según confirmaron diversas fuentes de la Generalitat, que apuntaron que su padre llegó a hacer gestiones en este sentido.

La hija del chófer de Fabra, Vanessa del Campo, accedió también a su beca, seis años después, en el IVEX pero se tuvo que conformar con México, un destino por el que se cobró la mitad que en Nueva York. Del paso de Claudia Fabra Fernández por Nueva York se acuerdan en la delegación del IVEX, con la que esta semana ha contactado directamente el presidente Francisco Camps durante su estancia en la cosmopolita ciudad para asistir, entre otros actos, a un homenaje al cantante Julio Iglesias de la Cueva. De hecho, Claudia Fabra tuvo más de un encontronazo con la que era responsable de la oficina, Eva Blasco.

Una agente de seguros

El 13 de mayo de 1998, Claudia Fabra, su hermana Andrea y sus hermanos Borja y Carlos, acudieron junto a su madre, María Esperanza Fernández Blanes, a la notaría madrileña de Cruz Gonzalo López-Muller Gómez para formalizar la compra de un chalé de 367 metros cuadrados útiles, sobre una parcela de 1.160 metros, en Orpesa. Se escrituró por 60 millones de pesetas (360.000 euros), de los cuales se pagaron 45 en el acto en un cheque del BCH. Cinco millones se habían adelantado y otros tantos se aplazaron hasta enero de 1999. Claudia, que en esa escritura aparecía como agente de seguros, abrió a medias con una tía suya una tienda de artículos de marroquinería y regalos en la lujosa calle Lagasca de Madrid. Además, figura como administradora única y propietaria del 90% de las acciones de Carmacás, la consultora a la que el industrial de Artana Vicente Vilar denunció haber pagado cantidades millonarias a cambio de la mediación política de Fabra para conseguir licencias para sus productos fitosanitarios.

De EE UU al Golfo Pérsico

Otro de apellido ilustre que logró beca del IVEX, en este caso en Los Ángeles y en el año 2003, fue Luis Aznar Bonilla, hijo de la directora general de Economía, María Bonilla Musoles. Luis Aznar accedió a la beca con la carrera recién terminada pero aprendió tanto durante su estancia estadounidense que, tras serle prorrogada la beca, fue destinado a la delegación que el organismo público puso en marcha en Dubai (Emiratos Árabes) en el año 2003.

Luis Aznar, que además es sobrino del presidente del Puerto de Valencia, pasó un año después de becario a director de la única delegación que el IVEX tiene abierta en la zona del Golfo Pérsico, un área de enorme importancia estratégica para las exportaciones de la Comunidad Valenciana. Tanto Carlos Fabra Carreras como María Bonilla Musoles forman parte del consejo de administración del Instituto Valenciano de la Exportación, órgano de gobierno que actualmente está integrado por diecinueve miembros, que estampan su firma en las cuentas. ( Publicado en Levante.02.12.05 )

No saber inglés ni estar en posesión de un título de licenciado de perfil económico no fue óbice para que un sobrino del ex presidente de la Generalitat lograra una beca de un año en la delegación del IVEX en Miami, que después se amplió, a petición del interesado, a seis meses más en Nueva York. Una sobrina de la ex consellera Ramon-Llin y un hijo del ex diputado del PP Luis Concepción también lograron becas del IVEX en Florida. Una hija del conseller José Ramón García Antón pasó un año a sueldo del Consell en la delegación de Beijing (China).

Max Antonio Alfaro andaba de cráneo por las calles de Santiago de Chile subyugado a la bota de Pinochet, cuando decidió salir volando hacia la Florida. De eso hace veinticuatro años. Hoy, Max timonea su vida desde un taxi amarillo por las calles de Miami y da gracias al Tío Sam por la puerta que le abrió. América, como la España de la ponencia de Eduardo Zaplana en un congreso del PP, es tierra de oportunidades.

Eduardo Gordo Zaplana, sobrino del ex presidente de la Generalitat, puede dar fe. En enero de 2000, saltó el charco para hacer las Américas por cuenta del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), tras habérsele otorgado una de las becas que, por períodos de doce meses, concede cada año el organismo público. En las bases de aquella convocatoria (de 10 de septiembre de 1999) se establecían como requisitos «mínimos» para concursar «estar en posesión de un título de licenciado (Económicas, Empresariales, Marketing, Derecho o similar)». La licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, que esgrimía Gordo Zaplana, no daba el perfil técnico. La tercera de las condiciones indispensable para ser admitido en las pruebas era el perfecto «dominio del idioma inglés hablado y escrito», un mérito que no adornaba al aspirante, según diversas fuentes. En el IVEX aseguran que no despuntó en la prueba escrita (27 de octubre de 1999) ni en la oral (8 de noviembre) de la lengua de Shakespeare, pero, en cambio, recuperó mucho terreno en la «entrevista personal», la última etapa en la carrera hacia la beca. La dotación económica de estos contratos depende del destino. La plaza mejor pagada es Nueva York, donde el coste de la vida está por las nubes. Hong Kong o México son de las peor pagadas. Miami no es de las más baratas. Ese año se abonaban unos 4,5 millones de pesetas, más de 30.000 dólares. Poca cosa para compensar el 80% de humedad en el ambiente y el peligro de huracanes tan devastadores como el Wilma. Quizá por ello, el sobrino del ex líder del PP no tardó en pedir un aumento de sueldo, pese a que las becas tienen una dotación cerrada. Claro que tampoco es habitual que el período de disfrute de ese contrato se prorrogue, pero la excepción se hizo con Eduardo Gordo, quien, tras los doce meses en Florida, dejó el apartamento que ocupaba en Miami Beach (cercano al que posee Julio José Iglesias, el ojito derecho del cantante que representó a Valencia en el exterior) y, sin abandonar la costa Este, se trasladó a Nueva York. Allí, el IVEX le pagó seis meses más de estancia para que realizara estudios de mercado en la sede del Instituto en Third Avenue.

Eduardo Gordo Zaplana, es, como su tío, un self made man inasequible al desaliento. Al ex colaborador del grupo popular en las Cortes no se le cayeron los anillos cuando se batió el cobre con Consuelo Salom Ciscar, hija de la directora del IVAM, en unas oposiciones a técnico superior en la Diputación de Valencia. A esa oposición de Grupo A -la 42/2003- acudieron 23 licenciados en historia o arte. Eduardo perdió, pero siguió estudiando y siete convocatorias después (la 49/2003) ganó plaza de técnico medio de cultura. Hoy, Eduardo Gordo Zaplana, disfruta de una comisión de servicios en el IVAJ, que le otorgó el 3 de marzo de 2005 la diputada de personal, Sagrario Sánchez.

El hijo de una hermana de Zaplana no es el único formado en comercio exterior por cuenta del IVEX en Miami. Una sobrina de la ex consellera de Agricultura, Mari Àngels Ramon-Llin, también pasó un año en Florida. El nivel de inglés y competencia profesional de Laura Ramon-Llin era, según empleados de la casa, más que aceptable. Estos dos ejemplos no bastan para demostrar que el organismo público de la Generalitat es, pese a estar desparramado en 27 trozos por el mundo, una empresa familiar. Un hijo del ex diputado del PP y actual concejal en Alicante, Luis Concepción, también tuvo ocasión de cobrar doce meses del Consell por prestar servicios en IVEX-Florida, en el año 2003. Jorge Concepción Aranmendía fue becado un año en la ciudad que fue residencia de Julio Iglesias. Luis Concepción entró en el PP precisamente de la mano del ex conseller de Industria Diego Such. También en Miami estuvo becada Ana Llisterri, vinculada a la ex directora del IVEX Carmen de Miguel. Donde hay negocio llega el IVEX. De Santiago de Chile a Tokio; de Los Ángeles a Hong Kong. En el sudeste asiático, en la delegación de Beijing, pasó en 2004 la hija del conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón. Luisa García Pastor consiguió la plaza por petición de su padre a la directora general del IVEX, Maritina Hernández, según fuentes del Consell.

DENUNCIAN UN SUPUESTO TRATO DE FAVOR A LA FAMILIA DE ESPERANZA AGUIRRE. SEGÚN LA FISCALÍA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE MADRID

La fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid ha denunciado un supuesto trato de favor a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en los juzgados. La fiscalía denuncia que el ex consejero de Economía desclasificó una vía pecuaria de gran valor ambiental, histórico y cultural que atraviesa una finca propiedad de la familia de la actual presidenta madrileña. El 21 de enero del pasado año, el entonces consejero de Economía, Luis Blázquez, firmó la orden con la que se desclasificó como vía pecuaria un camino que atraviesa la finca "La Granjilla". Esta finca es propiedad por herencia de todos los hermanos de Esperanza Aguirre, ella incluida, y de sus tíos. A partir de la firma de la orden, la vereda del Camino Real de Madrid, ve totalmente reducidas las medidas de protección que antes tenía. La vía pecuaria tiene un valor histórico-cultural y medioambiental incalculable, no sólo por los restos arqueológicos que todavía existen en la zona, sino también por la riqueza y variedad de su flora y fauna. Según la denuncia de la sección de Urbanismo y Medio Ambiente de la fiscalía, esta decisión supone que un bien de dominio público se pone en manos de la iniciativa privada. En la denuncia de la fiscalía además se asegura que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación por funcionario público y llama la atención sobre el hecho de que aquel 21 de enero de 2003, el consejero Blázquez mantuvo la clasificación y protección de otros 14 caminos y veredas en la zona de El Escorial. Solamente se modificó y desprotegió la vía pecuaria que pasa por la finca de la familia Aguirre, en la que están comenzando los trámites para levantar un negocio de celebración de bodas y congresos. (29/06/04)

Pilar Lara Zabía no sólo es sobrina del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad, Mariano Zabía, sino que además trabaja a sus órdenes en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. La firma del consejero consta en una orden, fechada el 23 de junio de 2005, por la que, a través del procedimiento de libre designación, una de sus sobrinas ascendió cuatro categorías laborales a los ocho meses de obtener la plaza de funcionaria. Pasó de ser técnico titulado superior en la Consejería de Familia a ser técnico de apoyo en la consejería que dirige su tío. Según un portavoz de Medio Ambiente, el consejero "nunca" participó en el proceso. Zabía no quiso hacer declaraciones.

Pilar Lara Zabía, arquitecta, se presentó a las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Ingenieros y Arquitectos Superiores de la Comunidaden otoño de 2004. La nota que obtuvo la colocó en el penúltimo puesto de los 19 opositores, según un documento de la Dirección General de la Función Pública del 7 de octubre de 2004. La sobrina del consejero obtuvo una calificación media de 17,43 puntos, mientras que el candidato con mejor nota obtuvo 25,31 puntos.

El resultado le valió a Lara Zabía para obtener una plaza de técnico titulado superior en el Servicio de Obras e Instalaciones del Servicio Regional de Bienestar Social, que depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Pero, ocho meses después, la sobrina del consejero se presentó a un procedimiento de libre designación por el que obtuvo una plaza de técnico de apoyo de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, que depende de otra consejería: Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

El cambio de puesto le ha supuesto a Lara Zabía pasar de un nivel de complemento de destino 22 -el que reciben los técnicos de grado superior nada más superar la oposición- a uno del tipo 26. Es decir, cuatro grados más alto. En ese nuevo cargo se encarga de coordinar la evaluación ambiental de los planes urbanísticos de los municipios, y emite informes definitivos para autorizar los expedientes que realizan los técnicos.

El portavoz de Medio Ambiente negó ayer que ese cambio de status esconda un caso de favoritismo hacia la sobrina del consejero, porque Lara Zabía se trasladó de consejería a través de un concurso de libre designación. "Fue un proceso público", recalcó el portavoz, que aseguró que el consejero "nunca" participó en ese procedimiento y que desconocía el ascenso de su sobrina. Según él, quien firmó la orden fue el secretario general técnico del departamento, "por delegación" de Zabía. Y así figuran, junto al nombre de Zabía, las siglas PD (por delegación) y la firma del secretario.

"Todos los que cumplen las condiciones se pueden presentar a esa plaza de técnico. Es el jefe de servicio de la dirección general el que decide", agregó el portavoz. Esta dirección general está a las órdenes directas de Mariano Zabía. El mismo portavoz explicó que es habitual que un funcionario suba varios niveles de categoría si hay un puesto vacante y es reclamado expresamente para él. Y que la mayoría de los 19 compañeros de oposición de Lara Zabía también ocupa un nivel 26.

La agilidad con la que la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente tramita planes urbanísticos en la región contrasta con la parquedad de palabras de su titular, Mariano Zabía, para responder públicamente de las controvertidas actuaciones de su subordinado Enrique Porto Rey, que dimitió como director general de Urbanismo hace nueve días.Lo ocurrido ayer tras la difusión de la noticia del ascenso de su sobrina vía cargo de libre designación fue un ejemplo de la comunicación seguida por Zabía: el consejero se negó a contestar.

Tampoco se manifestó cuando EL PAÍS le solicitó información sobre la gestión del dimitido director general. Además, ha rehusado mantener una entrevista con este este diario.La consejería afirmó días atrás que no existía ningún informe contrario a un plan urbanístico llevado a cabo en Villanueva de la Cañada. Posteriormente, una de las autoras del informe confirmó su existencia, que estaba firmado y a disposición de cualquier autoridad.Zabía nunca aclaró públicamente si conocía la existencia de ese informe o si Porto se lo había ocultado. En sus afirmaciones de ayer en la Asamblea, de apoyo total a Porto, el consejero no dejó entrever ningún reproche al ex director de Urbanismo.Zabía aprobó ese plan con un expediente en el que Porto no incluyó el citado informe, que habría supuesto la paralización urbanística de un sector donde el dimitido alto cargo poseía más de 22.000 metros cuadrados junto a sus socios. Porto obtuvo con estas, después de desbloquear dicho plan, más de 4,3 millones de euros.

A este pelotazo de su alto cargo tampoco quiso Zabía ofrecer ninguna explicación pública.

La empresa constructora Astroc Mediterráneo, SA, ha nombrado recientemente como directora general ejecutiva a Concepción Castillejo Gómez, hija de la secretaria autonómica de Cultura, Concepción Gómez. La compañía forma parte de un entramado -cuyo máximo responsable es el empresario Enrique Bañuelos- que incluye a la Fundación Astroc. Esta mantiene estrechas relaciones con la Generalitat y colabora de forma asidua con el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), que depende de la citada secretaría autonómica.

El consejo de administración de Astroc, empresa que salió a bolsa la pasada primavera, nombró el 13 de septiembre a Concepción Castillejo como directora general con atribuciones ejecutivas. Castillejo está vinculada desde el verano de 2005 al grupo empresarial creado por Enrique Bañuelos. En Astroc, figuraba como apoderada hasta que el 8 de mayo pasado, dos semanas antes de que la empresa empezara a cotizar en Bolsa, fue nombrada secretaria del consejo, y posteriormente, con el respaldo de la junta de accionistas, fue elevada al cargo de directora general. También ha entrado a formar parte de los consejos de administración de otras empresas del grupo, como Rentalia Valencia, SL, Fides Real, SL, o Reales del Turia, SL. La página web de la empresa indica que Castillejo fue nombrada por CV Capital -matriz del grupo, que detenta el 69,5% de las acciones de Astroc- como "accionista mayoritario" de la sociedad junto con su cargo de directora general. El capital social de Astroc es de 24,2 millones de euros.Antes de entrar en Astroc, Castillejos trabajó en Ràdio Televisió Valenciana, donde, con un contrato interino, actuaba como mano derecha del presidente del consejo de administración del ente público, Emilio Fernández, nombrado a propuesta del PP. Obtuvo plaza fija en RTVV en una oposición convocada hace dos años y poco después abandonó el puesto, según fuentes del consejo de administración.

Una trayectoria que contrasta con la explicación ofrecida ayer por un portavoz de Astroc, que explicó que Concepción Castillejo fue nombrada directora general de la constructora "en virtud de su trayectoria y de los puestos de responsabilidad" que ha desempeñado y porque fue considerada "válida" para el puesto.Fuentes de la Consejería de Cultura señalaron que la responsable de Astroc posee una "dilatada trayectoria profesional" como asesora de comunicación en la empresa privada y que fue fichada por Astroc "hace años". Y añadieron que cuando entró en la empresa constructora, su madre y actual secretaria autonómica de Cultura era consejera de Cultura de la embajada española en Roma.Astroc, grupo empresarial de capital enteramente valenciano, ha creado una fundación del mismo nombre que tiene sedes en Valencia, Madrid, Calvià (Mallorca) y Nueva York. La entidad patrocina equipos deportivos de Sagunto -localidad en la que la empresa de Bañuelos inició su actividad- y actividades culturales. En este último apartado, destaca el patrocinio de exposiciones en el IVAM. La fundación ha cedido un palacete adquirido en Madrid para sede permanente del museo valenciano y otro en Calvià, también para albergar exposiciones. La Fundación Astroc se ha destacado como uno de los principales patrocinadores del IVAM, con alrededor de un millón de euros. Por ello el pasado año recibió el premio al patrocinio más destacado del museo.

Astroc no es la única empresa constructora que patrocina al IVAM, dirigido por Consuelo Ciscar, esposa del anterior consejero de Territorio y Vivienda de la Generalitat, Rafael Blasco. Otras empresas del sector también han ayudado al museo. El año pasado Ciscar restaba importancia al detalle y explicaba el predominio de las constructoras como patrocinadoras del museo en que son las empresas "más solventes" y rechazaba que su condición de esposa de Blasco condicionara a las empresas.

Por su parte, la Fundación Astroc ha sufragado el premio Women Together que Consuelo Ciscar recibió la pasada primavera en Nueva York.

La portavoz de Cultura del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas, la diputada Ana Noguera, tachó de "sorprendentes" las "estrechas relaciones" que altos cargos de la Generalitat mantienen con "grupos urbanísticos" y consideró que la secretaria autonómica y el consejero de Cultura "tendrían que explicar si la posición de la hija de Gómez como directora general de Astroc y patrocinadora de eventos culturales es una relación absolutamente clara o tiene intereses ocultos", porque "no deja de ser preocupante esa mezcla de los asuntos públicos y privados". Tras añadir que Astroc "ha pasado, de una empresa desconocida a ser uno de los grupos máximos benefactores de la Generalitat", se preguntó: "¿Tienen algo que ver los lazos familiares?".

Concepción Gómez se limitó a declarar: "Es inadmisible y ruin la crítica, porque a tenor de esas aseveraciones ningún hijo de un alto cargo de la Generalitat debería ostentar cargos en la empresa privada".

Astroc forma parte de un reducido club de empresas que de la noche al día ha saltado a las primeras páginas de la actualidad empresarial. El boom inmobiliario que vive España en los últimos años y, sobre todo, el efecto arrastre que tuvo el desarrollo de la ley urbanística valenciana LRAU, recientemente sustituida, han apuntalado el fuerte crecimiento de algunos negocios. Es el caso de Astroc.La empresa, dedicada a la gestión de suelo y su transformación en terreno urbano para su venta o desarrollo, fue fundada en Sagunto por Enrique Bañuelos a mediados de los noventa y aunque inicialmente centró su actividad en la Comunidad Valenciana, sus límites se le han quedado pequeños.

Astroc ha salido este año a Bolsa. El 24 de mayo, la inmobiliaria de Camp de Morvedre sacó al parqué el 25% de su capital en lo que rápidamente se convirtió de nuevo en un paso rentable para la firma valenciana, por la buena acogida que recibió del mercado.La rápida evolución de este negocio ha discurrido paralela a una intensa acción en el campo del mecenazgo cultural y deportivo. A través de la Fundación Astroc, destaca en el patrocinio del IVAM (Institut Valencià d'Art Modern) con alrededor de un millón de euros y la apertura de dos sedes (en Madrid y en Mallorca) donde exhibe parte de los fondos de este museo que dirige Consuelo Císcar, esposa del que hasta este año fuera consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, actual titular de la cartera de Sanidad de la Generalitat. Y en el apartado deportivo, la inmobiliaria patrocina el club de balonmano Astroc Sagunto.

Su vocación pública no termina ahí. La firma, que explica estas iniciativas en la intención de ganar prestigio y de devolver a la sociedad valenciana parte del beneficio que recibe, se presentó hace unos días en Nueva York con un multitudinario festival de paellas para 20.000 personas, amenizado con bailes y música regionales y apadrinado por la Generalitat. Con este acto celebraba la apertura de su sede neoyorquina y para la ocasión fletó un avión desde Valencia, en el que llevaron especialmente los ingredientes de la comida.En el apartado más empresarial, el negocio multiplicó por seis su beneficio neto en el primer semestre de este año, hasta los 61,98 millones de euros

El grupo inmobiliario Astroc tenía al cierre de 2005 16 PAI (Programas de Actuación Integrada) pendientes de adjudicación en Castellón y Valencia, según el folleto de salida a Bolsa remitido en su momento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y es que aunque Astroc tiene planes de crecimiento en Madrid, Barcelona y Andalucía, el grueso de su actividad se desarrolla en la Comunidad Valenciana y, en menor medida, en Baleares. Astroc ha decidido esta semana suprimir los patrocinios tras revelarse sus relaciones con el Consell.

La decisión de no renovar los acuerdos de colaboración con el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) -con el que tenía suscrito un convenio de colaboración de un millón de euros al año- y el equipo de balonmano femenino de Sagunto se produjo después de que saliera a la luz pública la decisión del grupo de nombrar a Concepción Castillo Gómez, hija de la secretaria autonómica de Cultura, Concha Gómez, directora general ejecutiva de Astroc.

La actividad que desarrolla el grupo inmobiliario Astroc, en líneas generales, está muy arraigada en la Comunidad Valenciana pese a que sus directivos han defendido su intención de crecimiento en otras autonomías e incluso en Estados Unidos. Su vinculación al territorio, de hecho, hace que sus pasos deban recibir el visto bueno de las administraciones local y autonómica.

En el folleto informativo de salida a Bolsa -paso que llevó al grupo a sacar al parqué el 25% de su capital el pasado 24 de mayo -explica que tiene presentados 37 PAI (Proyecto de Actuación Integrada), nueve de ellos adjudicados, seis en proceso de ejecución, tres no adjudicados y cuyos terrenos son de su propiedad, 16 PAI pendientes de adjudicar por parte de la administración local, uno vendido y dos finalizados. Los 16 proyectos pendientes de que la administración local se pronuncie están ubicados principalmente en la provincia de Castellón -12 PAI en los cuales se prevé la construcción de más de 10.000 viviendas- y también en Valencia -cuatro proyectos de mayor envergadura en los que están previstas sobre plano más de 13.500 viviendas-.

Astroc es un grupo dedicado a la gestión de suelo y su transformación en terreno para su venta o desarrollo que empezó a cuajar a mediados de la década de los 90 y que creció como la espuma de la mano de la ley urbanística LRAU (recientemente sustituida), cuya sombra también cobijó el despegue de otros muchos negocios inmobiliarios. En el folleto informativo que el grupo remitió a la CNMV Astroc explica que el 59,1% de su negocio procede de la gestión de suelo y el 40,5% de las actividades de promoción y construcción, mientras que el 0,4% restante llega de las actividades de patrimonio.

El 66,4% de la cartera de suelo que tenía el grupo Astroc a finales del año pasado, por otro lado, era territorio protegido. La cifra, en cualquier caso, obedece principalmente a que la firma adquirió en su momento algo más de 4,1 millones de metros cuadrados de suelo protegido en Baleares y, en menor medida, a 402.405 metros cuadrados en Castellón. Pese a ello, el valor del suelo protegido en su cartera representa únicamente el 12% del total, según el mismo folleto.

La vinculación de Astroc con la Comunidad Valenciana tiene otros frentes. Por ejemplo, el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), del que Astroc es una de las firmas socias de una lista mucho más larga. El grupo de Enrique Bañuelos, además, es miembro fundador de la Fundación de la Comunidad Valenciana para el Medio Ambiente, impulsada desde el Consell para compensar la mala imagen del urbanismo autonómico. Todos esos frentes tienen o tuvieron un denominador común: Rafael Blasco, hasta hace poco consejero de Territorio y por tanto responsable de la política urbanística del Gobierno valenciano, y marido de Consuelo Ciscar, directora del IVAM.

ORIHUELA CONTRATA A UNA FIRMA QUE EMPLEA A UN EDIL DEL PP Y A TRES FAMILIARES DE FUNCIONARIOS (13/09/06)

PONS RECOLOCA A DOMÉNECH EN UNA FUNDACIÓN CON CONSTRUCTORAS Y 60.000 EUROS DE SUELDO

El ex gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) José Fermín Doménech no pasará penurias como militante del paro obrero. El conseller de Territorio, Esteban González Pons, perdió la «confianza personal» en Doménech, del equipo de Rafael Blasco, el lunes de la semana pasada. Por eso lo destituyó. Siete días después lo ha recolocado como director general gerente de la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Medio Ambiente, una entidad presentada en sociedad en el mes de enero y del que la Generalitat es uno de los patronos fundacionales junto a casi una veintena de empresas de la construcción, del sector de la energía y de los transportes. En ese nuevo cargo, Doménech deberá pasar de gestionar millones de metros cúbicos de hormigón (el Ivvsa participa en varias promociones como socio de empresas mixtas a medias con constructoras privadas) a impulsor de proyectos verdes. Tendrá como cometido, así pues, hacer visible la parte epidérmica de la «política sandía» que prometió desarrollar el conseller González Pons cuando accedió al cargo: «roja por dentro y verde por fuera». Desde el departamento de Pons subrayaron ayer que el conseller dejó claro cuando anunció que prescindía de Doménech que le había dejado las «puertas abiertas para un puesto de perfil político más que técnico». El nombramiento de José Fermín Doménech se producirá oficialmente durante la próxima reunión del patronato de la fundación que ha de «poner en marcha». Porque desde que fue presentada en el mes de enero no han sido difundidas actuaciones de esta entidad hasta hoy estaba dormida y descabezada. La Fundación no tiene ánimo de lucro, pero ello no significa que Doménech vaya a iniciar una etapa de su vida política consagrada al altruismo. El nuevo gerente será equiparado a un director general y como tal percibirá anualmente 57.868,88 euros. En su nuevo quehacer deberá procurar que la Fundación de la Comunitat Valenciana para el Medio Ambiente cumpla con sus objetivos fundacionales que son los de promover «la investigación, la educación y la difusión ambiental en el marco del desarrollo sostenible, así como la creación de un observatorio territorial y medioambiental del desarrollo sostenible». Implicar a la iniciativa social en estos cometidos, conceder becas y recuperar paisajes degradados serán otras acciones que perseguirá la nueva fundación. Doménech (que será uno de los dos representantes del Consell en el patronato) contará con la colaboración del resto de patronos, casi veinte empresas públicas y privadas, entre ellas Astroc (a través de su fundación), Grupo Llanera, Onofre Miguel o Talher (del Grupo ACS). Ford España, Aumar, Saggas, BP Oil Refinería de Castelló, Iberdrola, AGR Comunicación, Egevasa o las públicas Vaersa o Tragsa son otras de las 17 sociedades que, como patronos fundacionales, aportado 30.000 euros por barba. Se trata, en definitiva, de «una gran coalición verde entre empresas públicas y privadas», en palabras del presidente Camps, pronunciadas el día en que presentó el invento ante más de 400 personas en el auditorio Mar Rojo de l'Oceanogràfic.

González Pons ficha como asesora a la hija del promotor inmobiliario Enrique Roig

El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, ha fichado como asesora a Patricia Roig Giménez, hija del promotor inmobiliario y arquitecto Enrique Roig. Patricia Roig trabajará a las ordenes directas de González Pons, ya que su puesto está adscrito al área de gabinete del conseller, en la sede de la conselleria en la calle Francisco Cubells de Valencia, tal como figura en la página web de la Generalitat Valenciana.

Fuentes oficiales de la Conselleria de Territorio confirmaron el nombramiento como personal eventual de Patricia Roig, quien apenas lleva en este puesto unas semanas. Cabe recordar que González Pons dejó la portavocía del Consell para asumir las riendas del departamento de Territorio y Vivienda hace apenas dos meses como consecuencia de la remodelación llevada a cabo por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Antigua relación de amistad

Patricia Roig mantiene una estrecha relación de amistad con el conseller. Ambos se conocen desde hace años. Arquitecta de profesión, la hija del conocido promotor inmobiliario Enrique Roig ha ocupado diversos cargos en el consejo de administración de empresas, una relación que incluye sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria. En algunas de estas empresas, como Euro Cordelia SL, o Enrique Roig Arquitectos SL, padre e hija han compartido distintos cargos de responsabilidad. Aunque todavía a fecha de ayer los cargos de Patricia Roig figuran vigentes en el registro mercantil, fuentes de la Conselleria de Territorio afirmaron que la arquitecta ha renunciado por escrito y ante notario a todos sus cargos y participaciones societarias. «No mantiene ningún vínculo con empresas relacionadas con la promoción inmobiliaria», indicaron las citadas fuentes oficiales. Las mismas fuentes añadieron que Patricia Roig también ha renunciado a los proyectos de viviendas en los que estaba trabajando. Desde la Conselleria de Territorio se justificó ayer la contratación en que se trata de una persona de confianza del conseller y con preparación profesional para prestar asesoramiento. En este sentido, apuntaron que el conseller necesitaba a una persona con un perfil técnico.
Publicado en www.levante-emv.com 18.07.06

El PSPV de Benidorm (Marina Baixa) reveló ayer que el 80 % de las personas que han obtenido una de las 41 nuevas plazas de funcionario convocadas por el Ayuntamiento tienen relación directa con el PP. El portavoz socialista, Agustín Navarro, ofreció los nombres de doce personas con vinculación familiar con altos cargos entre los que figura Daniel Valverde Zaplana, sobrino del portavoz Eduardo Zaplana.

Daniel Valverde además es hijo del que fuera máximo responsable de finanzas de Terra Mítica, Justo Valverde, nuevo auxiliar administrativo en el consistorio. En el listado también figura la sobrina del actual alcalde, Manuel Pérez Fenoll, dos sobrinos de su antecesor, Vicente Pérez Devesa, y hermanos e hijos de varios concejales. El concejal de Juventud, Manuel Galiana, que ya compartía su lugar de trabajo con su esposa y su padre ha visto ahora incorporado a la casa a su hermano Manuel.

Entre los admitidos figura un concejal popular del vecino municipio de Relleu, José Luis Sellés García. La lista en poder del PSPV vincula a 35 admitidos con el PP, aunque Navarro solo hizo público ayer el nombre de los doce casos considerados "más graves" para demostrar la "falta de ética" del PP.

El líder del PSPV lamentó "la desfachatez" del Gobierno que llega a crear plazas para "maridos y esposas de cargos de confianza del partido, miembros de la ejecutiva local y familiares de militantes", en lo que calificó como "el mayor escándalo en recursos humanos vivido en democracia en Benidorm".

Agustín Navarro dijo que aunque el proceso de oposiciones se ajuste a la legalidad, y "no dudo de la capacidad de estas personas, ni de su derecho" a ocupar una plaza pública alertó de que "parece que ser familiar o militante del PP sea un plus a la hora de obtener trabajo". Las pruebas se han realizado los últimos meses con el objetivo de cubrir varias plazas en varios departamentos, y a ellas se han presentado 601 aspirantes.

El PSPV denunció que se ha podido confirmar en anteriores ocasiones que los nuevos funcionarios vinculados al PP son promocionados internamente a cargos de mayor relevancia, sin ninguna relación con el puesto para el que obtuvieron la plaza, asumiendo las jefaturas de departamentos. "El hecho de realizar ahora las pruebas demuestra que el PP está nervioso por si pierde el poder en Benidorm tras en las próximas elecciones", señaló. El portavoz socialista afirmó que no es la primera ocasión en la que simpatizantes populares acceden a puestos del Ayuntamiento, "con una plantilla que en un 80% es próxima al PP", pero "nunca lo había hecho de forma tan destacada, todos de una vez".

Desde el Gobierno local su portavoz y concejal de Recursos Humanos, Antonio Pérez, calificó como un "contrasentido" esta denuncia. "No pueden decir que las pruebas se han desarrollado dentro de la legalidad y al mismo tiempo acusarnos de enchufismo. El tribunal es un organismo autónomo que se configura para cada selección, en el que sólo el 40% está formado por políticos", explicó. "Si no denuncian al tribunal ante la justicia quedarán en evidencia", añadió. El concejal del PP calificó de "montaje" los datos, ya que sólo se han ofrecido 12 nombres, "porque no hay más", y el proceso sigue abierto.

Los datos revelados ayer por el PSPV causaron gran revuelo en el consistorio benidormense. Antonio Pérez salió al paso alertando que "sería ilegal prohibir a una persona concurrir a una plaza pública por su militancia política, porque se estaría coartando su libertad". El dirigente del PP recordó que Agustín Navarro obtuvo la plaza de funcionario después de ser secretario del alcalde socialista Manuel Catalán. "No podemos pensar que en aquel momento se hubiera sacado su plaza para pagar un favor político", sentenció.

LA RIOJA : Los sindicatos reclaman la anulación de las oposiciones a celadores del Seris porque "son familiares o afines"

Ante las llamadas de varios participantes en las pruebas, así como de trabajadores del SERIS, que denunciaron "relación de parentesco, familiares o afinidad" con cargos políticos riojanos, los cinco sindicatos han puesto en disposición de la Fiscalía estos hechos

La sindicatos UGT, CC.OO., CEMSATSE, STAR, CSI-CSIF, reclamaron hoy la anulación del concurso-oposición para 10 plazas de celadores del SERIS, ante la "sospecha" de que 6 de los aprobados han logrado la plaza por ser "familiares, afines o tener parentesco" con cargos políticos riojanos.

Como portavoz de estos sindicatos actuó la secretaria de Sanidad de FSP-UGT, Maite Gómez, quien informó de que se ha llevado a la Fiscalía esta oposición ante la "sospecha de un posible fraude" en la convocatoria. Para Gómez, esto es la "última cacicada" de la Administración riojana y la "gota que colma el vaso".

Recordó que el examen, al que concurrieron 523 personas, se realizó el pasado 22 de abril, publicándose por parte del Tribunal Calificador el 28 de abril el listado de aprobados, con el resultado de 10 aprobados. Ante ello "se han presentado por parte de los opositores la revisión de exámenes, así como una baremación de las pruebas". Según Gómez, se da la circunstancia de que, de los 10 aprobados, tan sólo uno había prestado servicio en el SERIS, ante lo que en caso de haber sido superior el número de aprobados con experiencia en el SERIS "hubiera desplazado a estos". Indicó que además de la prueba teórica se tiene en cuenta los méritos profesionales, aspecto último del que carecían los aprobados. Denunció asimismo que se trató de un examen "ambiguo" que incluía preguntas que "no correspondían al temario".

Por ello y ante las llamadas de varios participantes en las pruebas, así como de trabajadores del SERIS, que denunciaron "relación de parentesco, familiares o afinidad" con cargos políticos riojanos, los cinco sindicatos han puesto en disposición de la Fiscalía estos hechos "ante una posible indefensión o fraude" para que "investigue el proceso, por si se han podido filtrar las preguntas de la prueba. Por su parte, el responsable de Sanidad de CC.OO., Pedro Gómez, señaló con ironía que "de ser cierto los resultados del examen, habría que mandarlo al Guinness". En este sentido, apuntó que la primera de la oposición logró responder correctamente 79 de las 80 preguntas, si bien la única que no acertó fue la que dejó sin contestar.

Publicado en EUROPA PRESS./LOGROÑO. 03.05.06

Los sindicatos piden al fiscal que investigue la oposición a celadores por irregularidades

Los principales sindicatos sanitarios de La Rioja exigieron ayer la anulación del último concurso-oposición a celadores del Servicio Riojano de Salud (Seris). Según las centrales, seis de los diez aspirantes aprobados en las pruebas, que se celebraron el 22 de abril en Logroño, están vinculados «familiarmente o con algún otro tipo de relación» con altos cargos del Gobierno de La Rioja (sobre todo, de la Consejería de Salud) y del Ayuntamiento de Logroño. El hermano de un concejal del consistorio logroñés, la hija, una amiga y el sobrino de un ayudante de confianza del consejero Pedro Soto, la esposa de un chófer de altos cargos del Gobierno y la cuñada de un representante gubernamental son algunos de los vínculos establecidos por UGT, CCOO, CEMSATSE, STAR y CSI-CSIF entre los aprobados y los políticos

«Lo que ha ocurrido resulta tremendamente sospechoso», denunció Maite Gómez, portavoz del FSP-UGT, «y por eso, hemos enviado un escrito a la Fiscalía para que investigue las presuntas irregularidades que hayan podido ocurrir». La principal sospecha, según Maite Gómez, se centra en que algunos de los aprobados pudieron conocer de antemano las cuestiones a través de una filtración.

«Nosotros hemos recogido la indignación de las 523 personas que se presentaron y ahora creen que han hecho el tonto», resumió Pedro Gómez, representante sanitario de CCOO. Otros factores más explican el desconcierto de los convocados. En primer lugar, recordaron los sindicatos, nadie que nunca hubiera trabajado antes en el Seris había conseguido plaza, ya que a la oposición se deben añadir los puntos del concurso. De los aprobados, sólo María Celia Blanco Rocandio había sido celadora. Y también sorprende el hecho de que la persona con mejor nota hubiera acertado 79 de 80 preguntas. «Un récord Guinness», ironizó Pedro Gómez.

www.larioja.com 04.05.06

Le llaman 'el viceconsejero'

El pasado fin de semana, decenas de carteles llenaron las paredes del Hospital San Millán-San Pedro. 'Academia Soto-Pelayo. Se garantiza el 100% de aprobados'. Ayer, el consejero de Salud, Pedro Soto, reconocía haberlos visto, pero declinó juzgar su contenido. «Cuando alguien se dirige a mí por escrito o de palabra, yo le contesto. Si no, no», respondió Soto. Desde los sindicatos se afirma que la iniciativa de los carteles nació en el seno de un grupo de trabajadores «hartos» del poder y la influencia de Pelayo Rodeles, designado en comisión de servicios como responsable del Almacén del Hospital de La Rioja y, para muchos, 'mano derecha' de Pedro Soto. «Es el 'viceconsejero' de Salud», afirman, sin dudar, trabajadores del Hospital San Millán

Pelayo Rodeles es una persona conocida en el deporte riojano, como directivo de la Federación de Taekwondo y como responsable del frontón Javier Adarraga, su penúltimo trabajo. Desde ese puesto, Pedro Soto lo 'reclutó' para la Consejería, donde se encarga del mantenimiento.

Ahora, familiares y supuestos amigos de Rodeles aparecen como beneficiarios de las oposiciones a celadores. Su hija, María Rebeca Rodeles Jiménez, fue una de las diez personas que pasaron las pruebas (se presentaron, en total, 523). Además, las denuncias apuntan a que otros dos de los aprobados mantienen vínculos con Rodeles. Los sindicatos dicen que M.L. J. es su sobrino y que M.R.H.B. sería amiga de la familia.

La relación de Pelayo Rodeles con los sindicatos y con muchos profesionales sanitarios no ha sido fácil. Rodeles fue el 'brazo ejecutor' de la decisión de echar a los representantes de los trabajadores de las salas de las que disponían en el Hospital San Millán. Otros empleados explican que Rodeles ha irrumpido en reuniones e «intimida» a quienes se muestran críticos con la Consejería

www.larioja.com 05.05.06

INVESTIGADA POR PRESUNTA ESTAFA UNA EMPRESA EN LA QUE INVIRTIÓ EL GOBIERNO DE GALLARDON

La planta industrial de Hormimeco, en Meco, fue inaugurada en febrero de 2001 a bombo y platillo. Pero esta empresa, en la que el Gobierno regional invirtió 1,5 millones de euros a través de la Sociedad de Capital Riesgo, ha cerrado y ha dejado en la calle a 108 trabajadores. La juez de instrucción número 5 de Alcalá ha abierto diligencias por presunta estafa, ya que la empresa debe dinero a 14 empleados por supuesto impago de las indemnizaciones. Jaime Arturo del Burgo, máximo accionista de Hormimeco, vendió la empresa en octubre a Puentes y Calzadas por un euro.

Hormimeco fue inaugurada el 5 de febrero de 2001 con una inversión de más de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas). El accionariado estaba compuesto por Gadeinsa (con el 35%, y cuyo presidente es Jaime Arturo del Burgo, hijo del diputado de UPN Jaime Ignacio del Burgo); Capital Riesgo (con el 25% y participada, entre otros, por el Gobierno regional y Caja Madrid), y otras financieras como Prima Inmobiliaria (25%). Hormimeco fue promocionada por sus responsables como "la mayor productora de Europa de prefabricados en hormigón".

A la inauguración asistieron el presidente del Gobierno regional, Alberto Ruiz-Gallardón, y el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, junto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuategui, y el vicepresidente regional, Luis Eduardo Cortés. Ruiz-Gallardón resaltó que la empresa ya contaba con una cartera de pedidos de más de 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas). "Ese éxito en su andadura inicial no hubiera sido posible sin una estructura accionarial sólida, diversificada y complementaria", resaltó. El Gobierno regional, a través de Capital Riesgo, invirtió en Hormimeco 1,5 millones de euros (250 millones de pesetas).

Veintiún meses después, Hormimeco está en suspensión de pagos y con 108 trabajadores en la calle. La juez María Isabel Ferrer-Sama Pérez ha abierto diligencias por presunta estafa contra el administrador, Albert Henri Defacio. "Defacio engañó a 14 trabajadores prometiéndoles las indemnizaciones a cambio de que firmasen el expediente de regulación de empleo. Ellos firmaron, pero Hormimeco no cumplió", explica el abogado de los demandantes, Luis Fernando Luján de Frías.

Los problemas en Hormimeco empezaron en febrero pasado, después de que Caja Madrid -encargada del diseño financiero de la empresa y con parte del accionariado- retirase su apoyo a Jaime Arturo del Burgo, gestor de Hormimeco y presidente de Gadeinsa, accionista mayoritaria. "Hemos tenido dificultades financieras importantes por la mala gestión que hizo Caja Madrid, que no nos dejaba tener créditos de tesorería", justifica Del Burgo. "Necesitábamos esos créditos porque Hormimeco fabricaba piezas para edificios y los clientes no nos pagaban hasta pasado un tiempo", añade. Del Burgo asegura que Gadeinsa (empresa de la que él es presidente) tuvo que hacer una ampliación de capital de tres millones de euros (500 millones de pesetas) y que en total ha perdido 6,6 millones de euros (1.110 millones de pesetas) en Hormimeco.

Además, Caja Madrid puso como requisito para intentar reflotar Hormimeco que Del Burgo abandonase su cargo de gestor, aunque éste continuó como accionista mayoritario a través de su empresa Gadeinsa.

El administrador que se hizo cargo de la empresa, Albert Henri Defacio, la declaró en suspensión de pagos en mayo pasado. Fue despidiendo a los trabajadores hasta que quedó un grupo de 24 empleados, 14 de los cuales acordaron con Defacio el compromiso de pagarles una indemnización (54.376 euros en total) si firmaban el expediente de regulación de empleo. Los trabajadores firmaron, pero Defacio, según denuncia el abogado Luis Fernando Luján de Frías, incumplió su promesa.

Los 14 trabajadores afectados presentaron una querella contra Defacio por presunta estafa. La juez María Isabel Ferrer-Sama la ha rechazado por un defecto formal. Pero ha apreciado "hechos que pudieran ser constitutivos de delito, para cuya persecución no es necesaria la presentación de la querella, como es el de estafa, razón por la que [al escrito de la querella] debe atribuírsele el valor de denuncia". Es decir, Ferrer-Sama ha decidido actuar de oficio.

El pasado 30 de octubre, Gadeinsa (accionista mayoritaria de Hormimeco) vendió la empresa a la constructora compostelana Puentes y Calzadas por un euro. "Hemos vendido todas las acciones al precio simbólico de un euro para que la empresa saliese adelante y que alguien la retomara", dice Del Burgo.

Del Burgo es accionista mayoritario de la fábrica de hormigón Hispano Lusa, situada en O Carballiño (Ourense), que está participada por XesGalicia (capital riesgo de la Xunta de Galicia). Del Burgo también ha vendido sus acciones de Hispano Lusa a Puentes y Calzadas, que es ahora la nueva propietaria de Hormimeco.

Hispano Lusa, respaldada por la Xunta, tiene el compromiso -aún no lo ha hecho- de iniciar este año su actividad y dar empleo a 200 operarios. ( Noviembre 2002 )

Apoyo oficial a una industria "innovadora y competitiva"

Los 108 trabajadores de Hormimeco, en Meco, presentían que algo no andaba bien. Y no se equivocaban. Lo supieron un día del pasado abril, cuando se encontraron con la sorpresa de que el entonces administrador no estaba en la compañía. Al cabo de unas semanas nadie se hizo cargo de la fábrica, por lo que, los empleados, según cuenta ahora José Rico, presidente del comité de empresa, cuya mayoría posee el sindicato UGT, tuvieron que asumir la gestión de la planta. Muchos abandonaron voluntariamente su trabajo. La empresa presentó después un expediente de regulación de empleo para 40 personas y ahora sólo sobreviven 6 empleados que se dedican al mantenimiento de los equipos. "Como no hay suministro de cemento, nos dedicamos a mantener las máquinas, pero en realidad aquí no hay nada que hacer", comenta Rico.

21 meses después de su apertura, poco queda de Hormimeco, una empresa en la que la Comunidad de Madrid quiso implicarse "hasta donde se lo permite la ley" al considerar que era "innovadora y competitiva", según dijo en su inauguración el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón. Éste reconoció que la Comunidad y el Ayuntamiento de Meco "agilizaron los trámites urbanísticos" para la que la factoría tuviera suelo industrial.

La situación, según Rico, ha llegado al punto de que les han cortado el suministro de luz y el teléfono. El comité de empresa asegura haber recibido del nuevo propietario (la compañía Puentes y Calzadas) el compromiso de reflotar la empresa. "Ojalá tengamos mejor futuro que antes", señala. ( 22.11.02 )

COMUNIDAD VALENCIANA : DOS HERMANOS DEL 'NÚMERO DOS' DE SANIDAD TRABAJAN COMO TÉCNICO Y DIRECTIVO EN HOSPITALES REGIONALES

El subsecretario de la Agencia Valenciana de la Salud de la Consejería de Sanidad, Marciano Gómez, no es el único miembro de su familia cercana empleado en la sanidad valenciana. Juan David Gómez, hermano del número dos de Sanidad, es técnico administrativo en el hospital General de Valencia desde el 2 de enero de 2002, y Pedro Gómez trabaja en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) desde el año 1999 y ocupa la jefatura de personal.

La fundación que gestiona el hospital especializado en el tratamiento a pacientes con tumores y que contrató hace tres años a Pedro Gómez mantiene diversos conciertos con la Consejería de Sanidad. La relación entre el IVO y la administración sanitaria se remonta a hace 25 años, aunque recientemente se ha incrementado el aporte de fondos del Consell. El año pasado la suma de las ayudas superó los 13,8 millones de euros -2.300 millones de pesetas-.

La relación de Juan David Gómez con el hospital General, un centro recientemente incorporado a la red asistencial del Consell bajo la fórmula del consorcio, es más reciente. Quedó ligado al hospital el 18 de diciembre del año pasado en un primer contrato de seis meses a modo de periodo de prueba hasta el 1 de julio. Según el acuerdo, la prestación de los 'sevicios personales' del hermano del subsecretario de Sanidad se estableció 'con carácter transitorio, por acumulo de tareas y en calidad de técnico superior'. Marciano Gómez accedió a la consejería tras la llegada de Eduardo Zaplana -su principal valedor- al Palau de la Generalitat en 1995. Desde su puesto de médico interino de urgencias del hospital La Fe de Valencia saltó directamente al organigrama directivo de Sanidad, que entonces dirigía Joaquín Farnós. Primero al mando de la atención especializada -los hospitales-, Gómez ha ido asentando su poder a medida que se sucedían los consejeros: Farnós, José Emilio Cervera y más tarde, Serafín Castellano. Con este último y gracias a la salida hacia el ministerio de Sanidad del ex subsecretario de la Agencia Valenciana de la Salud Rubén Moreno -con quien mantenía malas relaciones-, pasó de la dirección general para la Prestación Asistencial a la subsecretaría, que le responsabiliza del campo asistencial tanto en primaria como especializada. Tras casi dos años de convivencia entre Castellano y Marciano Gómez, las tensas relaciones entre ambos han dado lugar a fuertes enfrentamientos, como el sucedido en febrero pasado por la muerte de una enferma en los pasillos del hospital de Alcoy. ( Mayo 2002 )

SUPUESTO NEPOTISMO CENTRISTA EN OURENSE

SI ERES DE OURENSE Y NO ESTAS EN LA LISTA ERES UN PRINGAO. COMPRUÉBALO POR TI MISMO

Se hacen públicos 296 casos de cargos públicos del PARTIDO o de familiares directos de dirigentes del partido que han sido empleados en los últimos años en diversas instituciones públicas, sobre todo en la Diputación Provincial. El mapa centrista comprende 63 de los 92 ayuntamientos de la provincia, cuyos alcaldes y concejales tienen hijos, hijos políticos, esposas, hermanos o cuñados empleados en distintos organismos que controla el PARTIDO. La Diputación también da trabajo directamente a 53 ediles de los nuestros.

Ourense es desde hace años uno de los principales bastiones del PARTIDO gallego, que gobierna en 79 de los 92 ayuntamientos de la provincia y en casi todas las elecciones supera con holgura el 50% de los votos emitidos. Ese entramado de poderes locales lo domina José Luis Baltar, presidente de la Diputación y del PARTIDO provincial. Desde hace años, a Baltar lo persiguen las acusaciones de nepotismo, ya sea por la anulación judicial de oposiciones en las que familiares de dirigentes de su partido habían copado las plazas a concurso o por la contratación de cargos públicos populares para trabajos de la Diputación.

De los 296 casos detallados, 122 corresponden a personas que trabajan para la Diputación Provincial, 89 a empleados en ayuntamientos y mancomunidades que gobierna el PARTIDO, 57 en organismos de la Administración autonómica y 28 en fundaciones públicas. En algunas ocasiones son los propios cargos del PARTIDO los beneficiados. En la Diputación, por ejemplo, trabajan dos alcaldes y dos delegados provinciales de la Xunta. Entre el organismo provincial y los ayuntamientos con mayoría popular se contabilizan 53 concejales populares empleados. En cuanto a los familiares directos de alcaldes y concejales, la lista de colocados incluye a esposas de 18 de ellos, a 32 hijos, 18 hermanos, 11 nueras y yernos, 35 tíos y sobrinos y 12 cuñados.

Entre los casos más llamativos están, por ejemplo, el de Isaac Vila, ex vicepresidente de la Diputación y antiguo alcalde de Xinzo de Limia, cargo al que volverá a optar en las próximas elecciones municipales. Vila tiene a su esposa, a una de sus hijas, a dos cuñadas y a dos sobrinos empleados en la Diputación o en organismos dependientes de ella. El alcalde de Lobeira ha empleado en la institución provincial a tres de sus hijas y dos yernos, y la diputada en el Congreso Ana Belén Vázquez, a su cuñado, a un hermano de éste y a un primo. A otros no les hace falta salir de su propio ayuntamiento, como el regidor de Calvos de Randín, que contrató de asesora a una hija suya. Desde que empezó el goteo de denuncias, hace unos días, el PARTIDO no ha desmentido ninguno de los casos señalados y atribuye la masiva presencia en la Administración de familiares de cargos del partido a que en Ourense 'la sociedad es mayoritariamente popular', en palabras de Rogelio Martínez, vicepresidente de la Diputación. 'Este es un tema viejo, que se cae por sí sólo, simple demagogia barata', declaró Baltar, diputado autonómico ,secretario de Acción Política del PARTIDO de Ourense e hijo del Presidente de la diputación Provincial.

EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA SE DESVELA POR LOS AMIGOS

En Málaga, tres de los siete adjudicatarios de unas plazas de agentes de desarrollo local convocadas por el Ayuntamiento de la capital -gobernado por el PARTIDO con mayoría absoluta- para poner en marcha el Instituto Municipal de Empleo son familiares de dirigentes populares. Entre los beneficiados figuran la novia de Juan Manuel Moreno, miembro de la dirección nacional del Partido , ex presidente de Nuevas Generaciones y diputado en el Congreso por Cantabria. También ha sido escogida la cuñada del concejal de Empleo, José Luis Ramos, responsable del área municipal que sacó las bases de la convocatoria y que luego realizó la evaluación de los aspirantes remitidos por el Inem. Otra de las personas contratadas es hija de una coordinadora sectorial de la dirección provincial del PARTIDO, Concepción Vera. Ramos confirmó públicamente estos hechos, si bien indicó que el procedimiento de selección ha respetado "escrupulosamente" la legalidad.

El edil de Empleo reconoció la presencia de su cuñada en la lista final de seleccionados y lo atribuyó a su valía profesional: "El Partido Popular tiene 25.000 militantes en la provincia y es normal que ante una convocatoria de plazas pueda haber familiares de dirigentes; sería discriminatorio que por ser familiares no tuvieran opción de optar a ellas si tienen cualificación profesional".

Ramos relató que su departamento remitió al Instituto Nacional de Empleo (Inem) la convocatoria de las plazas y los requisitos establecidos por el consistorio para estos contratos temporales, de un año de duración. Según las bases, se exigía una titulación universitaria de grado medio o superior, y se advertía de que se valoraría la experiencia profesional y los conocimientos extra académicos en cursos monográficos de desarrollo local o promoción de empleo. Ramos aseguró que fue el Inem el que le remitió los 29 aspirantes, de los que 27 acudieron al examen. La evaluación final la realizó un tribunal integrado por el director del Instituto Municipal de Empleo -cargo de confianza del PARTIDO-, una funcionaria del Ayuntamiento y un representante del Instituto Nacional de Empleo ( Octubre 2002 )

UNA VEINTENA DE PARIENTES DE CARGOS O MILITANTES DEL PARTIDO LOGRA CONTRATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN. LAS ÁREAS DE ASUNTOS SOCIALES Y DE URBANISMO COPAN LA MAYORÍA DE CONTRATACIONES

Una veintena de parientes directos de concejales, cargos públicos o destacados militantes del Partido Popular en Jaén han logrado contratos en el Ayuntamiento de la capital en lo que va de legislatura. En la lista de contratados figuran hijos, hermanos, cuñadas y sobrinos de miembros del equipo de gobierno municipal del PARTIDO en esta ciudad y de otros dirigentes del partido en la provincia. Los sindicatos vienen denunciando sin éxito la política de 'enchufismo' del PARTIDO y la ausencia de procesos selectivos reglados y conforme a la normativa laboral.

Los casos más llamativos de contrataciones supuestamente irregulares se dan en el Patronato de Asuntos Sociales y en la Gerencia de Urbanismo, donde el número de contratos eventuales se ha disparado en las dos últimas legislaturas gobernadas por el PARTIDO.

Según fuentes sindicales, en Asuntos Sociales sólo hay dos funcionarios de una plantilla de 197 trabajadores, y en el área de Urbanismo, uno de casi 40. Curiosamente, es el concejal popular Miguel Segovia el que presidió Asuntos Sociales en la anterior legislatura y ahora el que está al frente del departamento urbanístico, además de ser primer teniente de alcalde y la mano derecha del alcalde popular, Miguel Sánchez de Alcázar.

Precisamente, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Jaén acaba de suspender la convocatoria de nueve plazas de personal laboral realizadas por la Gerencia de Urbanismo y que habían sido impugnadas por el Sindicato de Empleados (SEA) por entender que los trabajos demandados sólo pueden ser desempeñados por funcionrios.

Las pruebas selectivas iban a celebrarse en los próximos días. El Ayuntamiento de Jaén tiene una plantilla de 1.100 trabajadores, de los que menos de 400 tienen la condición de funcionarios municipales. En las dos últimas legislaturas, según los sindicatos, se han llevado a cabo más de 400 contratos eventuales en los diferentes patronatos municipales.

El concejal de Personal, Rafael Cabrera, ha reconocido las contrataciones a personas afines al PARTIDO, pero asegura que 'en muchos casos se trata de cargos de confianza ligados al mandato del concejal de turno'. Sin embargo, a la hora de enumerarlos esos cargos son solo tres, a su juicio: una sobrina de la concejala de la Mujer, Josefa Martos; la hermana de la gerente de Urbanismo, Rocío Martín, y el hijo del director de la Universidad Popular, Luis Miguel Payá.

En el resto de contrataciones, un total de 7, Cabrera asegura que el Ayuntamiento se ha servido siempre de las listas de demandantes del INEM, y se han justificado los contratos por razones de urgencia y siempre con carácter provisional. Así se contrató a una cuñada del Concejal de Asuntos Sociales, Antonio Lucas, a las hermanas de los candidatos del PARTIDO en Andújar y Jimena, Jesús Estrella y Catalina García Carrasco, respectivamente, o a personas que han ido en las listas del PARTIDO en ésta y en la anterior legislatura, como Ángeles Ordóñez, Joaquín Blanca y Reyes Chamorro. Ésta última fue nombrada jefa de sección técnica en Asuntos Sociales, pero un informe jurídico de la Secretaría del Ayuntamiento cuestionó esa designación por haberse ignorado el procedimiento de comisión de servicio.

Otros 10 parientes de miembros del PARTIDO, se beneficiaron del plan de estabilidad aprobado por los populares a final de la legislatura pasada para unos 200 empleados eventuales. Esos son los casos de los hijos del gerente y el administrador del PARTIDO, Jesús Mollinedo y Julio Luque, respectivamente, una hija del que ha sido hasta hace poco subdelegado del Gobierno en Almería, Fernando Hermoso Poves, o una cuñada del concejal Miguel Ángel García Anguita. En este último caso, que fue recurrido por un sindicato, el Tribunal Supremo dictó una resolución fijando la estabilidad de dicho puesto de trabajo hasta que se convocara formalmente la plaza.

La lista la completan dos hijas y una sobrina de los ex concejales populares Juan Gallo y Francisco Blanca, una sobrina del gerente de Asuntos Sociales, José Luis Ganivet, y dos militantes del PARTIDO.

MARUJA SÁNCHEZ Y SU FAMILIA HAN COBRADO MÁS DE 260 MILLONES DE LA ADMINISTRACIÓN DESDE QUE DIO SU APOYO A EDUARDO ZAPLANA EN 1991

Fue el más llamativo cambio de chaqueta o, si se prefiere, de faralaes de la democracia valenciana en los albores de los noventa. Once años después, aquel repentino cambio de ideario político rezuma una impúdica fertilidad. Fue un voto tránsfuga con pingües beneficios para el sujeto activo: la malagueña Maruja Sánchez Trujillo, ex bailarina flamenca; y para el pasivo: el cartagenero Eduardo Zaplana, un novel abogado que hacía sus primeros pinitos en la política. La primera, y su entorno familiar, han exprimido la teta pública sin tregua: en 11 años y en concepto de sueldos de las arcas públicas ya han sacado más de 260 millones de pesetas. El segundo pasó como un ciclón desde la alcaldía de Benidorm hasta el Palau de la Generalitat y, ante su sólida hegemonía política, le ha llevado a poner una pica en Bruselas.

La jornada del 22 de noviembre de 1991 supuso un punto de inflexión para el gobierno municipal de Benidorm, en particular, y, por extensión, para el futuro político de la Comunidad. Maruja Sánchez, que había sido elegida concejal en la lista del PSPV, secó la dilatada presidencia del socialista Manuel Catalán Chana al frente de la alcaldía. Tras desaparecer unos días del mundo de los vivos, la edil reapareció para apoyar una moción de censura y despojó a Chana de la vara mando, que pasó a manos de Eduardo Zaplana. Los populares se aprestaron a recompensar el gesto de Sánchez. Durante todo ese mandato la edil asumió, con dedicación exclusiva, las delegaciones de Servicios Sociales y Cultura. Además, el PP blindó la seguridad personal de Maruja con dos guardaespaldas que sólo en horas extras percibieron 9,6 millones de pesetas en tres años. Maruja Sánchez no participó en las siguientes elecciones, pero el PP, con Zaplana ya instalado en la cúspide de la Generalitat, no la olvidó, y la ex edil pasó a ingresar la nómina de cargos de confianza, o sea nombramientos a dedo.

Maruja Sánchez fue nombrada coordinadora del área de Cultura a cambio de 250.000 pesetas netas al mes. Sánchez todavía hoy mantiene esa condición (cargo de confianza), como jefa del negociado municipal en la plaza de toros. En total, en estos 11 años Maruja Sánchez ha obtenido, sólo en concepto de sueldo, más 62 millones de pesetas, procedentes de las arcas públicas.

La tránsfuga no ha estado sola en su ya amplia etapa en la Administración pública. Su voto fue un imán que atrajo a personas de su entorno al brasero de los fondos públicos. Primero, Maruja Sánchez aprovechó la calidad de su voto para introducir en el Consistorio a cuatro personas de su entorno, una de ellas su nuera, que en total han percibido del Ayuntamiento cerca de 180 millones de pesetas. Luego, Maruja se acordó de su marido, Pedro Martínez, que en 1995 entró en el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, como asesor y con un sueldo de 300.000 pesetas al mes, merced a una resolución de presidente de la Diputación, el popular Julio de España. Martínez sigue de bombero público.

El último de la saga Sánchez que ha pasado a integrar la nómina pública ha sido su hijo, contratado en 1999 como auxiliar administrativo en la delegación de Canal 9 en Alicante. El sueldo de esta categoría en 2000 era de 2.845.363 pesetas brutas anuales.

El voto de la tránsfuga Maruja conllevó otras prebendas: unas más explícitas que otras. La ex edil fue denunciada por supuesto tráfico de influencias el denominado caso Fayvi (una empresa de servicios en cuyo accionariado participaba uno de los guardaespaldas de la entonces concejal). El juez archivó el caso en abril de 1997. En los meses posteriores a la moción de censura, Sánchez y su marido pasaron a ser clientes preferentes de los bancos. La ex concejal logró sin mayores agobios dos créditos de 35 millones en sólo tres meses. Además, el matrimonio, pese a contar con embargos por impagos bancarios, logró adquirir una finca de 300.000 metros cuadrados.

Tras la polvareda de la moción y despojarse de su condición de cargo público, la ex bailarina de flamenco se parapetó, más y más, en las funciones que a dedo le había asignado el PP desde la alcaldía de Benidorm, y su vida social casi se ha disipado.

El beneficiario del voto tránsfuga ha recorrido un camino a la inversa: del anonimato, al estrellato. Una vez instalado en el nada desdeñable escaparate público de Benidorm, Zaplana se hizo con el control del PP valenciano. Con sus huestes alicantinas, por el sur, y la guerrilla frabrista, por el norte, rodeó Valencia. En un visto y no visto, derrotó a Rita y la confinó, embutida en vestidos rojos, en la alcaldía de Valencia.

Tras hacerse con el liderazgo regional del PP, Zaplana miró a Lerma y captó el elevado grado depresivo de la esfinge.

Entonces, lanzó un fogonazo, inundó el escenario electoral de humo y aplastó a la alicaída tropa socialista.(Publicado en El País. Edición Valencia el 4.03.02)

MATAS SITÚA AL FRENTE DE UNA FUNDACIÓN A UNA MUJER QUE LLEVA DOS AÑOS DE BAJA

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, presidente del Partido en Baleares, ha colocado a Catalina Enseñat, doctora en Historia y ex diputada regional del Partido en las islas, como directora general de la Fundación Parques Nacionales. La situación laboral de Enseñat hasta que ha sido fichada por Matas era peculiar. Desde febrero de 2001 se halla en situación de 'incapacidad permanente total para la profesional habitual [coordinadora del Medio Natural]' por las secuelas de una lesión en el pie y tobillo, según el Tribunal Médico de la Seguridad Social. Desde junio de 1999 estaba de baja laboral.

El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, considera idóneo el nombramiento de Catalina Enseñat para dirigir la Fundación de Parques Nacionales: 'Es la persona adecuada para ostentar este cargo. Está en una situación legal que le permite compatibilidad; nadie lo puede negar' .Además, el ministro alabó el perfil y el currículo de la elegida para dirigir la Fundación de Parques Nacionales. Enseñat, por su parte, considera que aúna la experiencia medioambiental, patrimonial, cultural y de gestión pública para desempeñar el cargo.

En cuanto all 'accidente de trabajo' que provocó la lesión a Enseñat se produjo en junio de 1997, cuando durante su trabajó bajó de un vehículo todoterreno en una visita a un área natural. La dirigente balear recayó, en junio de 1999, mientras seguía ejerciendo de coordinadora del medio natural de la actual empresa pública Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat), dependiente del Gobierno de Baleares. Fue en esa fecha cuando el Partido perdió el poder en la isla y la coalición de izquierdas y nacionalistas se hizo con la dirección del Ibanat. La actual directora de la fundación Parques Nacionales, que era trabajadora fija de la citada sociedad pública, reclama ahora una indemnización de cinco millones de pesetas al actual equipo gestor de Ibanat, cuyo presupuesto está vinculado al Ejecutivo balear que preside Francesc Antich, del PSOE.

La última baja laboral de la ya directora de la fundación de Matas -que ha sido operada en dos ocasiones- es de 29 de junio de 1999, coincidente con el traspaso del poder político del Partido Popular al pacto de la izquierda (PSOE, IU y Los Verdes) con los nacionalistas en Baleares.

Catalina Enseñat fue diputada popular en el primer Parlamento balear de 1983 y directora general de Medio Ambiente en 1987. Fue contratada por la Administración balear en 1993, durante el mandato de Gabriel Cañellas, para trabajar en los Servicios Forestales de Baleares (ahora Ibanat). Está casada con José María González, actual presidente del Grupo Parlamentario del Partido de Baleares y ex consejero de Turismo con Matas (1996-99) (Febrero 2002).

ROBLES FRAGA OTORGA 1.200 MILLONES A LA FUNDACIÓN QUE PRESIDE SU PADRE

La Agencia Española de Cooperación Internacional, que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha concedido una subvención de 1.200 millones de pesetas a la Fundación Cánovas del Castillo para un proyecto en Colombia. El jefe de la Unidad de Organizaciones no Gubernamentales, responsable de otorgar las ayudas, es Carlos Robles Fraga, hijo del presidente de dicha fundación que actúa como foro ideológico del Partido Popular, Carlos Robles Piquer. Los 1.200 millones de pesetas se han adjudicado a un proyecto cuyo socio es la Federación Nacional de Cafeteros Colombianos, una asociación vinculada al consorcio gubernamental Café de Colombia, y no una asociación sin ánimo de lucro, como es habitual. Las ayudas de la agencia se han otorgado en tres fases. La primera fue aprobada el pasado 15 de julio. Las organizaciones más beneficiadas en dicha convocatoria han sido asociaciones religiosas y conservadoras, algunas cercanas a la organización religiosa católica Opus Dei.La segunda fase se aprobó el pasado 27 de julio y estaba destinada a proyectos vinculados a la promoción económica. Finalmente, la tercera se concedió el pasado 9 de agosto y está destinada a los proyectos. En esta última fase es en la que ha resultado beneficiada la organización de Carlos Robles Piquer. La Fundación Cánovas del Castillo, que fue creada por el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, en 1980 para cultivar 'el auténtico pensamiento popular', se reconvirtió con los años en una de las organizaciones no gubernamentales con más proyectos en Centroamérica. Su reconversión en organización humanitaria coincidió con la llegada del Partido al poder (Noviembre 2001).

EL MINISTERIO DE DEFENSA GASTÓ 347 MILLONES EN MATERIAL INSERVIBLE: COMPRÓ ROPA A 20.000 SOLDADOS SIN LA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS INFRARROJOS

El Ministerio de Defensa ha gastado 347 millones de pesetas en 20.000 portaequipos de combate que carecen de protección IR contra aparatos de visión infrarroja con el que cuenta el resto del material militar. Esta protección se exige en las normas OTAN y la tienen todos los ejércitos de Europa. El concurso para el nuevo portaequipo de combate se adjudicó a Yuma, SA, cuya oferta era la más cara. Se rechazaron otras dos que incluían IR y costaban 92 millones menos. Los 20.000 soldados del Ejército de Tierra que cubran su uniforme con los nuevos portaequipos de combate adquiridos por el Ministerio de Defensa serán visibles durante la noche ante los prismáticos o el visor infrarrojo del potencial enemigo. Ninguno cuenta con el tratamiento de protección antirrefracción de rayos infrarrojos (IR) que evita que se conviertan en un blanco perfecto en un escenario bélico como Afganistán, donde se dispone a ir un batallón, o en los Balcanes, donde están 3.000 profesionales. El portaequipos de combate es una prenda similar a un chaleco del que se cuelgan los cargadores de munición, bombas de mano, mapas, paquete de curas, etcétera; anula, además, el camuflaje del uniforme que va debajo, que sí lleva IR. 'Es como ir vestido de colorado a la guerra. Parecerán una farola encendida. Es como si llevaran un letrero colgado del cuello que diga: ¡Dispárame, que estoy aquí!', describe un experto en material militar.

El concurso público para los nuevos portaequipos de combate lo adjudicó el pasado 28 de junio la Junta de Contratación Delegada del Ejército de Tierra a la empresa Yuma, SA, con sede en Zaragoza. Su oferta era la más cara: 17.125 pesetas cada uno. Manufacturas Valle y Sei, sus competidoras, ofrecían su modelo a 12.609 y 13.100 pesetas, respectivamente. El segundo concurso se resolvió semanas después de forma similar. La diferencia entre la oferta ganadora y las otras fue de 92 millones de pesetas. Con el mismo presupuesto Defensa podría haber adquirido 7.386 portaequipos más de los obtenidos. Las empresas rechazadas incluían en su oferta el tratamiento IR, pero ambas fueron desestimadas porque en el pliego del concurso no se exigía esta condición, imprescindible según tres expertos consultados.

Yuma, SA, la empresa adjudicataria de los portaequipos de combate, que ha obtenido otros concursos de Defensa, es propiedad de la familia Benedi y otros socios. María Rosario Benedi Pérez, jefa de compras de esta sociedad, está casada con el coronel José Martínez Nasar, secretario técnico de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército. Pilar Benedi, directora de la empresa, negó que tengan información privilegiada por su vinculación familiar ( Diciembre 2001 )

COMUNIDAD VALENCIANA : FAMILIA, PARTIDO Y NEGOCIO

'Los de siempre'. Un asesor de empresas alude al grupo de empresarios valencianos con posibilidades que copan las grandes posibilidades de negocio en la Comunidad Valenciana con una expresión lacónica. La misma que se utiliza en el seno de la Administración autonómica para identificar a los valedores del otrora denominado poder valenciano: 'Son los que son, tampoco hay mucho más'. Pero, ¿quiénes son los que son? Porque, desde luego, no todos son de siempre.

Federico Félix, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), aparece como el gran muñidor de las alianzas empresariales para intentar dotar de contenido la expresión que tanto repitió Eduardo Zaplana durante su primera legislatura como una inyección de optimismo para los inversores privados. No en vano, el acuerdo entre el presidente de la Generalitat y el fallecido Vicente González Lizondo para constituir una alianza de gobierno conservadora después de las elecciones de mayo de 1995 se cerró de madrugada en su despacho profesional.

AVE es un club exclusivo al que sólo se accede por recomendación de algún socio y por acuerdo de todos los demás. No es una asociación al uso, sino un auténtico grupo de presión, que reúne a una cincuentena de poderosos empresarios. Y el foro oportuno para cuajar alianzas estratégicas con el poder, que no siempre se pueden detectar.

El accionariado de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, un proyecto formalmente privado pero auspiciado desde el Palau de la Generalitat, reúne a una nutrida representación de 'los que son'. Al margen de los grandes inversores institucionales, se sientan en el consejo grandes promotores inmobiliarios, como Javier Cremades, José y Juan Lladró, o Andrés Ballester. Un poderoso grupo de empresarios textiles reunidos en Ateval. Y con una participación minoritaria, varias empresas constructoras aliadas en una agrupación de interés económico denominada Gestión y Financiación de Infraestructuras (GFI).

La constructora Pavasal preside GFI, una agrupación en la que participan Cyes, Construcciones Luján, Vicente Cotino, Construcciones Sarrión, Rafael Ferrando, Luis Batalla, Enrique Ortiz, Hormigones Martínez o Torrescámara, la empresa constructora del presidente de la Federación de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Juan Cámara.

El grupo que forma GFI entró en el capital social de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, SA. Pero no se conocen otras acciones conjuntas. Los socios coyunturales han optado por especializarse en sus respectivas áreas y disfrutar en solitario de los recientes años de bonanza económica.

La publicidad de los concursos públicos revela que varios socios de GFI han resultado ser los constructores valencianos que más obra civil han ejecutado en los últimos años. El seguimiento de las adjudicaciones de obras por parte de la Consejería de Obras Públicas durante un periodo de dos años y medio, entre 1997 y mediados de 1999, sitúa a Pavasal como el primer constructor local de obra civil en territorio valenciano.

Pavasal recibió contratos por un total de 2.785 millones, sólo de la Consejería de Obras Públicas. Hormigones Martínez, una empresa de Alicante, aparece en segundo lugar, con contratos por un total de 2.100 millones. Lubasa, con sede en Castellón ocupa el tercer lugar. Pero casi toda la cohorte de constructores agrupados en GFI asumieron importantes obras públicas.

Sedesa, de Vicente Cotino, y Torrescámara, de Juan Cámara, se especializaron en uniones temporales con grandes constructoras de ámbito nacional. Cyes y Enrique Ortiz ocuparon un segundo escalón en las adjudicaciones en solitario. Construcciones Sarrión y Construcciones Luján recibieron adjudicaciones más discretas.

Entre 1997 y 1999 empresas como Pavasal y Lubasa duplicaron su volumen de facturación. Cyes, en principio más modesta, multiplico por 15 su negocio en el mismo plazo.

El impulso de un negocio privado como el parque de ocio de Terra Mítica, que ahora intenta rentabilizar una gran multinacional estadounidense, coincidió con la institución de una comisión de racionalización del sector público dirigida desde el Palau de la Generalitat.

La comisión organizó en paquetes algunos suministros de la Generalitat para negociar precios a la baja y analizó el sector público para estudiar posibles privatizaciones. Pero el margen de maniobra era muy estrecho. Las empresas públicas nunca se habían concebido como negocio. Aunque algunas de reciente constitución si podrían llegar a interesar a operadores privados en el futuro, como la que explota el circuito de Cheste, por ejemplo.

Hasta la fecha, el plan de privatización se ha reducido a la cesión a operadores privados del servicio de Inspección Técnica de Vehículos.

Muchos inversores privados en el gran proyecto de ocio impulsado por Eduardo Zaplana participan en las sociedades que atienden el servicio de inspección de vehículos desde enero de 1998.

La Generalitat instó alianzas de socios tecnológicos con experiencia en el sector de ITV con empresarios valencianos entre 'los que son'.

Rafael Ferrando y la familia Quesada obtuvieron un lote en alianza con la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Control ITV. La familia Cotino se hizo con otro en sociedad con Iteuve. Luis Batalla y José Lladró, a través de su yerno, se aliaron con Asistencia Técnica Industrial para participar en un tercer lote.

Un cuarto lote reunió a varios patronos valencianos con Aseguramiento Técnico de Calidad, entre otros, Federico Félix, Felipe Almenar, Arturo Virosque, presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, o Javier Cotanda, empresario textil en Ontinyent.

La Unión Europea ha puesto en entredicho el proceso de privatización de las ITV. Pero los pleitos de ámbito comunitario no son precisamente ágiles. En cualquier caso, muchos empresarios valencianos ya han vendido su participación en el negocio.

La constitución de una sociedad pública para dotar las infraestructuras del entorno de Terra Mítica también es objeto de estudio por parte de la Unión Europea porque podría lesionar la libre competencia

La democracia orgánica que invocaba Francisco Franco se sustentaba sobre tres instituciones: familia, municipio y sindicato. Algunas de las empresas más boyantes del sector de la construcción en la Comunidad Valenciana parecen sostener su negocio sobre dos patas esenciales, los vínculos familiares y partidistas. Vicente Cotino, presidente de Sedesa, una constructora especializada en maquinaria para el movimiento de tierras, es hermano de Juan Cotino, actual director general de la Policía Nacional. Los negocios de la familia Cotino se han extendido desde las explotaciones agrícolas hasta las inversiones en ocio pasando por los jardines. Juan Cotino fue concejal del Ayuntamiento de Valencia antes de saltar a su cargo actual a la órdenes del ministro de Interior, es militante del PP y es miembro del Opus Dei. Formalmente está desvinculado de los negocios familiares que dirige su hermano. Alfredo Quesada es la cabeza visible de la empresa Pavasal, una sociedad familiar especializada en las pavimentos asfálticos. Dos hermanos se ocupan del negocio. El tercero es Javier Quesada, actual responsable de la Oficina de Ciencia y Tecnología con rango de subsecretario. En la pasada legislatura, Javier Quesada fue director general de Economía. No es militante del PP y también está formalmente al margen de la empresa familiar. Felipe Almenar, presidente de Cyes, constituyó la empresa en alianza con Vicente Cotino para participar en las obras de construcción del nuevo dique del Puerto de Valencia. El secretario del consejo de administración de Cyes es Vicente Domínguez, hermano de Miguel Domínguez, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, militante del PP y vinculado al Opus Dei. Federico Félix, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, detenta una participación minoritaria en Cyes. La empresa está especializada en obras portuarias, pero también ha ejecutado otras infraestructuras siempre con alta calificación técnica.( Octubre 2001 )

EL MINISTERIO DE TRABAJO, SÁNCHEZ FIERRO Y LAS SUBVENCIONES FAMILIARES

Un cuñado de Julio Sánchez Fierro, que fue secretario general técnico del Ministerio de Trabajo entre 1996 y 1998, en la etapa de Javier Arenas, es propietario de la empresa CGP, una de las principales en los sectores de formación y de prevención de riesgos laborales . Esa firma ha recibido miles de millones de pesetas en subvenciones; sólo en 1998 logró 2.500 millones de pesetas de formación profesional. Es una actividad similar a la de la esposa de otro ex alto cargo de Trabajo, Juan Aycart, que desencadenó la dimisión de Manuel Pimentel, sucesor de Arenas. La empresa CGP es propiedad de Conrado López Gómez, cuñado de Julio Sánchez Fierro, quien está casado con la hermana de éste, María Jesús. CGP es la cabeza de un grupo de empresas entre las que se encuentran el Instituto Forlin; Forhun Consultoría, Formación para Recursos Humanos, Dimera Asesores y Curso Forum.

Sánchez Fierro es en estos momentos miembro de la Ejecutiva Nacional del PP, parlamentario de la Asamblea de Madrid y miembro de su comisión de empleo. Antes de su etapa en Trabajo fue responsable del departamento de formación y empleo de la patronal CEOE, presidente de la Comisión permanente del Consejo General de la Formación Profesional, y ha asesorado a patronales de diferentes sectores. Cuando el PP ganó las elecciones en 1996, Sánchez Fierro trabajaba como asesor de la patronal aseguradora Unespa, en su comisión laboral, y presidía la Asociación Nacional de Mutuas de Accidentes de Trabajo. En 1996 asume la secretaría general técnica de Trabajo, con Javier Arenas como ministro. Un cargo que es pieza clave en el funcionamiento de todos los departamentos y que tiene acceso privilegiado a todos los asuntos de orden político y normativo. Entre las funciones encomendadas figuran el estudio e informe de las disposiciones de carácter general del ministerio, junto a "la elaboración de las normas o la participación en la elaboración de las mismas".

La compañía CGP, propiedad de su cuñado, y su grupo de filiales han impartido planes de formación a más de 50.000 alumnos y 7.000 empresas y desarrollan una importante actividad en la prevención de riesgos laborales. Por los planes de formación, solamente en 1998, recibió una financiación de la fundación Forcem (de formación continua) de 2.500 millones de pesetas, correspondientes a cursos de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), encuadrada en la patronal CEOE. Julio Sánchez Fierro, al tener acceso al cargo de secretario general técnico de Trabajo en 1996, tenía que haber declarado esas incompatibilidades debido a su vinculación familiar con los dueños de CGP y las actividades que esta empresa realiza. La ley de 1995 establece que quienes desempeñen un alto cargo están obligados a inhibirse del conocimiento de asuntos que interesen a empresas o sociedades en las que participen él mismo, su cónyuge o persona de su familia dentro del segundo grado civil, que es el que corresponde a los hermanos. El exalto cargo de Trabajo ha afirmado que, si bien tenía conocimiento de la existencia de CGP y su actividad, ignoraba (hasta que este medio se lo hizo saber) que la empresa fuera propiedad de su cuñado y su hermana, con los que, según asegura, no mantiene relación desde hace tiempo. "Es por eso por lo que no podía hacer ninguna declaración de incompatibilidad", dijo.

Sin embargo, frente a esas afirmaciones de Sánchez Fierro, su cuñado, López Gómez, ha reconocido que el ex alto cargo de Trabajo sabía perfectamente a qué se dedicaba su empresa. También conocía esas actividades empresariales la hija de Sánchez Fierro, Raquel Sánchez Sanz, gerente del Instituto Regional de Madrid de Seguridad y Salud en el Trabajo, organismo dependiente de la consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Según su propia declaración, cuando le llegó un expediente de autorización a CGP sobre prevención de riesgos lo trasladó a su superior inmediato precisamente por conocer que la empresa era de sus familiares. (Marzo 2000 )

LOS NEGOCIOS PRIVADOS DEL DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA EN EL SECTOR PORCINO

El ministerio de Agricultura investiga a su director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla. Su familia posee una de las explotaciones de porcino más importantes de España y una fábrica de piensos que ha empleado habitualmente harinas animales. Los piensos de harinas de origen animal son responsables, según los expertos, de que se haya extendido el mal de las vacas locas. Además, las explotaciones de cerdo han disparado sus beneficios desde que estalló la crisis. Al conocerse la noticia, Quintiliano Pérez Bonilla puso su cargo a disposición del ministro de Agricultura, aunque afirmó que "objetivamente no encuentra ninguna razón ética, ni estética ni jurídica" para presentar su dimisión. Como se recordará , el nombre de Pérez Bonilla ya salió a la luz cuando el escándalo por el cobro de subvenciones para cultivar lino en la época en que Loyola de Palacio era ministra de Agricultura. La esposa del alto cargo percibió ayudas por la siembra de ese producto. ( Enero 2001 )

LOS NEGOCIOS DEL MINISTRO CAÑETE OTRA VEZ SON NOTICIAS

Según un semanario nacional, Miguel Arias Cañete no sólo ocultó sus negocios privados y administró empresas montadas en paraísos fiscales. Además, el actual ministro de Agricultura estuvo relacionado con uno de los mayores fraudes fiscales descubiertos en España durante las últimas décadas. Se trata del llamado caso de los DNI falsos, que supuso el blanqueo de más de 2.000 millones de dinero negro generado por industrias del sector agropecuario, dedicadas a la fabricación de piensos para animales y a la comercialización de pollos.

La historia arranca a finales de los años ochenta y en su origen se encuentran tres abogados de Jerez de la Frontera: el propio Arias Cañete, que entonces era eurodiputado; Antonio Morenés Giles, amigo íntimo de Cañete, con quien compartió primero clases en la Facultad y luego un bufete; y José Luis Coveñas Tamayo, conocido como Pepón, concejal de AP en el Ayuntamiento de Jerez y persona de confianza tanto de Cañete como de la familia Morenés.

Arias Cañete y Pepón Coveñas desarrollaron diversas actividades en Sogdal, una empresa utilizada como fachada para. blanquear 2.000 millones del industrial catalán Bertrán de Caralt. Antonio Morenés era corredor de bolsa en su propia agencia de valores, Usera y Morenés, implicada en el fraude de la colocación de acciones de Repsol llevada a cabo en mayo de 1989. En ambos casos, los fraudes se realizaron utilizando DNI falsos. Y fue la imprudencia de utilizar el mismo DNI de un pescador de Huelva en las dos operaciones lo que permitió descubrir los escándalos.

La empresa Sogdal se constituyó el 29 de mayo de 1987, con un capital social de 15.000 pesetas y domicilio en la calle Sevilla, 4143, de Jerez. En dicho edificio tienen sus despachos de abogado tanto Arias Cañete como Pepón Coveñas. Como socios fundadores de Sogdal constan tres personas: el citado Coveñas Tamayo, Timoteo Ramírez Cuesta y Jaime Parera Ambros. Los dos últimos estaban ligados al grupo empresarial agropecuario de Bertrán de Caralt: Timoteo Ramírez como encargado de la gestión financiera y Parera como su ayudante.

En enero de 1988, Timoteo Ramírez, que figuraba como empleado de Sogdal, inició las operaciones para ocultar a Hacienda parte del patrimonio de Bertrán de Caralt. El blanqueo de dinero se realizaba a través de inversiones en Letras del Tesoro, utilizando identidades falsas, para lo que se usaban fotocopias del DNI de personas que nada tenían que ver con las operaciones.

Poco después, en mayo de 1988, se producen dos cambios en Sogdal: la sede se traslada a Barcelona y Miguel Morenés Giles sustituye a Pepón Coveñas como administrador único de la empresa. Miguel Morenés es yerno de Bertrán de Caralt y hermano de Antonio, el ya mencionado corredor de bolsa. Durante el resto de 1988 y todo el año 1989, Timoteo Ramírez continúa con sus operaciones fraudulentas en Letras del Tesoro, hasta sumar inversiones por importe de 2.045 millones de pesetas.

Paralelamente, la agencia de valores Usera y Morenés también recurre al método de los DNI falsos para realizar una operación fraudulenta con una colocación de acciones de Repsol. De las 484 peticiones de suscripción de acciones realizadas por dicha firma, 162 supuestos peticionarios negaron haber dado orden alguna de suscripción y otros 161 no pudieron ser localizados en los domicilios que figuraban en la lista elaborada por Usera y Morenés. Entre las peticiones irregulares figuraba una a nombre de Manuel Díaz Pérez, un pescador de Cartaya (Huelva) totalmente ajeno a la operación.

El 14 de diciembre de 1989, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó la apertura de un expediente sancionador a Usera y Morenés por prácticas irregulares. Antonio Morenés fue finalmente inhabilitado durante dos años como agente de cambio y bolsa.

La apertura del expediente de la CNMV no sólo desató las alar-mas en la firma de Antonio Morenés, sino también en Sogdal, administrada por su hermano Miguel. De hecho, en enero de 1990, Timoteo Ramírez realizó la última operación en Letras del Tesoro utilizando DNI falsos. Pero ya era demasiado tarde.

El Banc Catalá de Crédit había comunicado a Manuel Díaz Pérez, de profesión pescador y residente en Cartaya, el rendimiento generado por una inversión de 30 millones de pesetas en Letras del Tesoro. Manuel Díaz, asombrado se puso en contacto con el banco catalán.

Al conocer las gestiones del pescador onubense, Bertrán de Caralt le indicó al consejero delegado del Banc Catalá de Credit que era necesario presentar la operación fraudulenta como un error.

Sogdal, además, estaba dispuesta a compensar económicamente a Manuel Díaz por el error.

En la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Barcelona sobre el caso de los DNI falso: se indica textualmente lo siguiente:

" Al Sr Díaz se le abonan 250.000 pesetas por D. Miguel Arias Cañete, abogado con el mismo domicilio que la empresa Sogdal para que trabaja Timoteo Ramírez en la fecha de los hechos y de la que fue administrador único el propio Sr Arias después de que lo fuera el Sr Morenés ".

Manuel Díaz ingresó el talón de Arias Cañete en un banco y ello permitió a los jueces seguir la pista del dinero. La declaración que realizó en su día ante los tribunales fue confirmada la semana pasada por el pescador de Cartaya en declaraciones a interviú: "Me llamó un abogado de Jerez y me dijo que me había enviado un talón de 250.000 pesetas por el error cometido y que no me preocupase porque estaba todo resuelto. Yo le creí, pero a las pocas semanas llegaron más papeles con inversiones y entonces lo denuncié a Hacienda".

La intervención de Arias Cañete en los asuntos de Sogdal no era algo inusual. "Siempre que había algún problema de dinero, Arias Cañete venía al despacho y se reunía con Miguel Morenés y con Timoteo Ramírez. En otras ocasiones, llamaba desde Bruselas", explica una persona que en aquella época trabajaba para las empresas de Bertrán de Caralt.

Aunque Timoteo Ramírez ya no realizase operaciones fraudulentas con las Letras del Tesoro, la mera existencia de Sogdal era un elemento comprometedor y se decidió liquidar la empresa. La tarea fue asumida personalmente por Miguel Arias Cañete y por una persona de su máxima confianza, Bernardo Villar de Lanuza, que trabajó como asesor del eurodiputado y era concejal del PP en Jerez desde 1987. En la actualidad, Villar de Lanuza es portavoz municipal en el Ayuntamiento jerezano y preside el PP local.

El 15 de julio de 1991, Arias Cañete sustituyó a Miguel Morenés como administrador de Sogdal. Y sólo cinco meses después, en una asamblea celebrada el 31 de diciembre de 1991 y presidida por Cañete, se decidió disolverla compañía y nombrar liquidador al entonces eurodiputado. En ese momento, los dos únicos accionistas de la empresa eran Cañete y Villar de Lanuza. Sogdal tenía un haber líquido de 2,4 millones, de los que se entregaron 2,1 a Cañete y el resto a Villar. Para entonces, tanto Hacienda como los tribunales de justicia ya seguían la pista de las operaciones fraudulentas, a raíz de la denuncia presentada por Manuel Díaz.

Ni el pago de 250.000 pesetas al pescador onubense ni la liquidación de Sogdal impidieron que la justicia alcanzase a las dos cabezas visibles del entramado: Bertrán de Caralt, dueño del dinero negro generado por su grupo agropecuario, y Timoteo Ramírez, encargado de la gestión financiera y responsable de diseñar el plan para blanquear el patrimonio. El 3 de marzo de 1993 fue detenido Timoteo Ramírez y el 8 de junio entró en la cárcel Bertrán de Caralt. Ambos salieron de prisión a principios de julio del mismo año.

El 5 de abril de 1994, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Bertrán de Caralt y a Timoteo Ramírez, por un delito continuado contra la Hacienda Pública, a seis años de prisión menor y 591 millones de multa. Además, Timoteo Ramírez fue sentenciado a otros dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil.

En el fallo judicial, se indica que Sogdal "resulta ser una simple fachada al servicio de otras sociedades dentro del sector agropecuario ". Y el tribunal añade que se trata "de una sociedad a través de la cual se sirven los intereses de las demás pertenecientes a Bertrán de Caralt".

El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada en mayo de 1996, confirmó todos los hechos descritos por la Audiencia Provincial de Barcelona y acordó una pena de cinco años de cárcel para Timoteo Ramírez y de cuatro años para Bertrán de Caralt. Además, mantuvo las multas impuestas por la Audiencia. Sin embargo, el Gobierno de Aznar acudió en socorro de ambos al aprobar su indulto en un Consejo de Ministros celebrado agosto de 1997 ( julio 2001 )

CUIÑA CONTRADICE A FRAGA Y AFIRMA QUE AÚN NO VENDERA SUS NEGOCIOS

El consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Xunta, Xosé Cuiña, da un paso al frente en su carrera para suceder a Manuel Fraga en el liderazgo del PP gallego. Por primera vez en los 11 años que lleva como estrecho colaborador suyo, Cuiña se permitió contradecir al presidente de la Xunta y aseguró que, de momento, no piensa deshacerse de sus acciones en el grupo empresarial de su familia. Sin ocultar sus ambiciones sucesorias, el consejero matizó que estaría dispuesto a reconsiderar esa decisión si Fraga le permite dedicarse con 'más intensidad a la vida política'. Fraga había anunciado que Cuiña vendería el 16% de las acciones en el grupo empresarial, heredadas en mayo de 2000 tras la muerte de su padre. Y comentó que su consejero renunciaría a esa participación tan pronto se formalizase el reparto de la herencia, 'que está a punto de acabarse'. De ese modo, el líder del PP gallego trataba de acallar la polémica desatada al conocerse informes jurídicos contradictorios sobre la posible incompatibilidad entre el cargo público de Cuiña y sus intereses privados en empresas que habitualmente trabajan como subcontratadas para obras de la Administración. El grupo Cuiña, que preside su madre, suministra materiales para la construcción a las principales empresas del sector y factura 5.000 millones anuales. Pero, en contradicción con las palabras de Fraga, el consejero afirmó: 'No tocaré ni una sola acción, que heredé legítimamente de mi padre, hasta que la fiscalía compruebe que yo nunca he vulnerado nada'. 'Otra cosa', precisó Cuiña, 'es que si don Manuel quiere que yo me dedique en el futuro con más intensidad a la vida política, probablemente lo haga '( Septiembre 2001 )

EL MARIDO DE LA ALCALDESA DE CÁDIZ RECONOCE QUE ES APODERADO DE UNA AGENCIA DE VIAJES DE LA FAMILIA RATO

Santiago Cobo, marido de la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, reconoce que es, desde mayo de 2000, apoderado de la empresa Viajes Ibermar, propiedad de la familia del vicepresidente económico del Gobierno, Rodrigo Rato. Cobo reconoció que es el apoderado de Viajes Ibermar una hora y media después de que afirmase que lo había sido 'hace un año aproximadamente'. Hora y media más tarde, en declaraciones a la Cadena SER, Cobo rectificó: 'De la revisión de la documentación tras la última conversación, le puedo decir que, salvo que haya una comunicación que yo no tengo, el poder está vigente, aunque no haya intervenido posteriormente en nada'. Con todo, matizó: 'Soy un apoderado excepcional, no habitual, y que no participo en la vida diaria de la empresa'. El marido de Martínez no desveló el tipo de operación empresarial en la que figuró como apoderado 'para no citar a terceros'. Se limitó a afirmar que fue 'un negocio mercantil entre empresas' en la que no hubo ninguna operación bursátil ni participación de instituciones públicas. Por otra parte, Cobo afirmó que mantuvo relaciones comerciales con la agencia en virtud de su condición de empresario hotelero y de amigo de Rato 'desde hace muchísimos años'. Negó también cualquier relación con Gescartera. 'Bajo ningún concepto, tengo, ni he tenido, y espero que Dios no me dé oportunidad de tener que ver con semejante historia', espetó. Viajes Ibermar es una empresa que tiene su sede social en la misma dirección que Muinmo, la sociedad de la familia Rato a la que el HSBC, el banco con el que operaba Gescartera, otorgó un préstamo de 525 millones de pesetas. Cobo dijo que ignora si Viajes Ibermar ha participado de ese crédito. ( Octubre 2001 )

MÁS NOMBRAMIENTOS AMIGOS: LA SEPI REMODELA EL CONSEJO DE ENCE PARA INCORPORAR A ANTIGUOS ALTOS CARGOS DEL Partido

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) anuncia "una profunda reestructuración" de la compañía papelera Ence "como paso previo al proceso de privatización del 51% del capital" que aún permanece en manos públicas. Como hecho más destacado de la reestructuración aparece la designación, como presidente de la compañía, del ex presidente del Senado y presidente del Partido de Extremadura, José Ignacio Barrero. Además de Barrero, se incorporan a la papelera otros cuatro consejeros independientes, entre los que figuran el ex embajador ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Luis Feito, y el ex secretario de Estado de Energía, José Manuel Serra Peris, quien tuvo un papel destacado en la defensa de los costes de transición de las eléctricas (Octubre 2000).

Los accionistas mayoritarios de Ebro Agrícolas, encabezados por el Patrimonio del Estado, que controla el 10% de la sociedad a través de las empresas públicas Mercasa y Alycesa, y a instancias de las cajas y la Junta de Castilla y León, decidien el relevo en la presidencia de la empresa de Vicente de la Calle por José Manuel Fernández Norniella. La salida de Vicente de la Calle al año de llegar a la sociedad ha estado acompañada del relevo de 10 de los 18 consejeros de la azucarera. Sobre el papel, con esta medida se cerraría una etapa de crisis en la empresa caracterizada por duros enfrentamientos, fundamentalmente de carácter personal, entre la presidencia y el consejero representante de Caja Duero e histórico en el Partido Popular Félix Pastor Ridruejo. Sin embargo, la decisión adoptada en la última junta de accionistas ha puesto de manifiesto el grado de poder que tienen los populares en el seno de una de las primeras empresas agroalimentarias españolas, tanto desde el Ministerio de Economía de Rodrigo Rato como por parte de Juan José Lucas desde la Junta de Castilla y León, y el grado de intromisión de la Administración en la sociedad. Por encima de razones objetivas sobre el funcionamiento o la gestión de la sociedad se han impuesto los apaños políticos para contentar a las diferentes familias que estaban embarcadas en la pelea. Los accionistas mayoritarios se han limitado a seguir las instrucciones de Economía, mientras los casi 10.000 accionistas que controlan en Bolsa el 26% de la sociedad han sido meros observadores. Los franceses del grupo Saint Louis, a quienes se quiso aislar en 1998, con este acuerdo ganan peso y podrían pasar a controlar la sociedad nombrando al consejero delegado.

Como se recordará, la crisis y los enfrentamientos tienen su origen en abril del pasado año, cuando desde Economía se decidió nombrar a Vicente de la Calle como presidente de la sociedad para acabar con algunas irregularidades que se estaban produciendo en la compañía. Vicente de la Calle, un bancario del BCH no ligado a las familias azucareras y amigo de Rodrigo Rato, desembarcó en la empresa convencido de que llegaba para poner claridad en la gestión y orden en el patrimonio .Con un estilo agresivo puso el ventilador en la sociedad y cambió una buena parte del anterior equipo directivo. Parece que tiene en su manos documentos sobre muchas y graves pruebas de irregularidades, dineros negros, empresas colaboradoras de consejeros y comisiones pagadas con nombres y apellidos ligados a la gestión anterior. Sus detractores le acusaban de haber creado un clima enrarecido entre la cúpula directiva. No se discutió la gestión y los resultados de la sociedad. Sin embargo, los enfrentamientos más importantes se produjeron a raíz de su decisión, apenas aterrizar, de eliminar de la vicepresidencia a Félix Pastor Ridruejo, consejero por Caja Duero, para poner en su lugar a Marcial Manzano, presidente de Caja España. Esto supuso el inicio de un clima de enfrentamiento con las cajas de ahorro de Castilla y León, donde Caja Duero ha llevado siempre la voz cantante. Unas supuestas declaraciones hace dos meses de Vicente de la Calle, donde se acusaba a las cajas de esa comunidad autónoma de corruptas, fueron el detonante que dio lugar a la unidad de todas las entidades financieras para reclamar su dimisión incondicional. Los últimos meses han sido un tira y afloja entre las cajas y el presidente Vicente de la Calle. En principio, Patrimonio y Economía rechazaron las pretensiones de la Junta de Castilla y León. Estaban de acuerdo con la gestión y los resultados económicos logrados por Vicente de la Calle. Incluso, ante la última junta de accionistas, la propia empresa pública Mercasa había delegado su voto en Vicente de la Calle, otorgamiento que hubo de revocar horas antes de la junta .Pero todo cambió varios días antes de la junta general de la azucarera. Castilla y León, además de reserva de cereales y remolachera, es también un granero histórico de votos populares. En ese momento comenzó a jugar el poder del voto. Economía, que fue siempre reacia a cambiar al presidente anteponiendo los datos de gestión a las batallas personales, comenzó a ceder ante las exigencias de las cajas y ofreció la cabeza de Vicente de la Calle, a quien, sin embargo, le ofrecieron seguir como consejero y responsable de la empresa en Chile. En la otra parte, el precio de las cajas era eliminar a sus anteriores tres consejeros. A pesar de contar solamente con el 10% del accionariado, Patrimonio ha sido el motor de la crisis y de los acuerdos en la sociedad. El grupo KIO, con el 12% de las acciones, debe seguir a la sombra de Economía, de la que depende la venta de ese paquete a un precio de 3.600 pesetas. La familia Hernández, de Herba, entró con el respaldo de Loyola de Palacio y los franceses del grupo Saint Louis no se quieren mover en la foto del Gobierno para no buscarse enemigos. ( Abril 2000 )

LA BODA DEL HERMANO DE LA PRIMERA AUTORIDAD SANITARIA PENDIENTE DE PAGO

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se las ingenió para no dar ninguna explicación a la Corporación sobre por qué el Ayuntamiento no cobró en dos años y medio a José Villalobos, hermano de la anterior alcaldesa, la tarifa por el uso de la finca de La Concepción para celebrar su boda. El alcalde convocó el pleno extraordinario y urgente que había pedido la oposición, aprovechando otra sesión, y como la oposición no ha recibido aún el expediente y carece de información suficiente, el debate resultó vacío. Como se recordará, hace unos días se he conocido el impago del uso de la finca de La Concepción para la celebración de la boda de José Villalobos el 3 de julio de 1998 (Marzo 2001).

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID: SE HAN DUPLICADO LOS PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN DESDE QUE GOBIERNA EL Partido

El Ayuntamiento ha duplicado los puestos de libre designación y las adscripciones provisionales desde que el Partido Popular se alzó con el gobierno municipal en Valladolid, en 1995, según los datos conocidos. En este sentido, 27 técnicos del Departamento de Urbanismo han presentado un recurso contra el catálogo de puestos de trabajo del año 2.000, que consagra casi un centenar de designaciones directas y adscripciones provisionales. En la actualidad hay 122 puestos de funcionario sin cubrir y otros cubiertos mediante interinidades. El Alcalde León de la Riva con resignación reconoció que han aumentado los puestos de libre designación (Febrero 2001).

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE GALICIA ANULA UNAS OPOSICIONES COPADAS POR FAMILIARES DE CARGOS DEL Partido

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha ordenado la repetición de unas polémicas oposiciones celebradas en 1999 por la Diputación Provincial de Ourense, en las que familiares de dirigentes del Partido habían copado las plazas a concurso. El tribunal ha dictaminado que las pruebas 'vulneraron principios básicos', especialmente porque no se garantizó el anonimato de los opositores, lo que 'podría influir en la calificación final'. Los aprobados para cubrir las cuatro plazas de técnico de administración general, que en la actualidad todos ellos desempeñan, fueron un hijo del presidente de la Diputación de Lugo y veterano dirigente del Partido gallego, Francisco Cacharro; los hijos de dos diputados del propio organismo provincial orensano y una hija de un ex alcalde de Ourense por Unión de Centro Democrático (UCD). El tribunal examinador estuvo encabezado por el presidente de la Diputación y del Partido de Ourense, José Luis Baltar. El episodio, al que siguieron otras revelaciones sobre la contratación masiva de cargos públicos del Partido Popular y familiares suyos en la Diputación de Ourense, desató un notable escándalo en Galicia. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga Iribarne, llegó a justificar lo ocurrido con el argumento de que 'los hijos de las familias prominentes salen mejor preparados'. El recurso ante el Tribunal Supremo permitirá a los aprobados continuar, de momento, en sus puestos. Uno de ellos, Alberto Iglesias, hijo de una diputada provincial del Partido, fue condenado recientemente en un juicio de faltas por amenazas a un periodista del Faro de Vigo que destapó el caso de las oposiciones (Diciembre 2001).

UN SENADOR DEL Partido PAGÓ CON FONDOS PÚBLICOS GASTOS DEL COCHE DE SU HIJA

El Ayuntamiento de Sada ( A Coruña ) ha pagado a su alcalde, el senador del Partido Ramón Rodríguez Ares, gastos del vehículo privado (gasolina y peajes de autopista) que utiliza una de sus hijas para viajes particulares. Rodríguez Ares también autorizó el abono de facturas presentadas por sus concejales por conceptos como la consumición de licores y cubalibres o sesiones de rayos UVA. Los documentos que avalan estas denuncias han sido presentados en el juzgado por Pilar Ramallo, concejal del Partido en Sada, que imputa al senador un delito de malversación de fondos públicos. Entre en los años 2000 y 2001, Rodríguez Ares, alcalde desde hace 23 años, cobró numerosas facturas por desplazamientos realizados con dos vehículos de su propiedad. El senador disponía de dos tarjetas, con cargo a las cuentas municipales, para pagar el combustible y los peajes de autopista de cada uno de los automóviles. Los extractos de gastos de esas tarjetas permiten verificar que en varias ocasiones el alcalde cobró por utilizar ambos vehículos el mismo día y casi a la misma hora.

El senador dijo también que no recuerda el motivo de un viaje que realizó en noviembre de 1999 a Nueva York , acompañado de otra persona, cuyos gastos fueron abonados por el Ayuntamiento. 'Voy con frecuencia allí para interesarme por los emigrantes del pueblo', declaró. Los pasajes y la estancia costaron a las arcas municipales 404.822 pesetas, además de 333,49 dólares (unas 63.000 pesetas) por gastos extras en el hotel Hilton.

Ramallo asegura que comunicó hace tiempo a su partido las supuestas irregularidades en la gestión del senador. La concejal llegó a entrevistarse el pasado verano con el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, a quien pidió su inclusión en las listas a las últimas elecciones autonómicas. Fraga le envió posteriormente una tarjeta manuscrita en la que afirma a propósito del alcalde: 'Él y yo nos debemos una lealtad que se mide por años' (Febrero 2002).

ZAPLANA CONTINUA SU POLÍTICA DE APOYO A LA FAMILIA POPULAR

La abogada Gema Amor, de 28 años e hija del edil benidormense de Cultura, el popular José Amor, tomó posesión del cargo como nueva directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante, la empresa pública creada por el Consell para impulsar la construcción de Terra Mítica, en la que participa con un 15% del capital social. La sociedad pública que preside el empresario Luis Esteban Presidente de la Cámara de Comercio, se ocupa actualmente de algunas de las obras de infraestructura relacionadas con Terra Mítica y de impulsar el ya polémico parque temático de la Ciudad del Cine en Agua Amarga. Hasta su nombramiento al frente de la Sociedad Parque Temático de Alicante, Gema Amor trabajaba como urbanista en la Conselleria de Obras Públicas, y en concreto en temas relacionados con el Plan de Acción Territorial de Alicante y Elche (Mayo 2000).

LAS RESIDENCIAS AMIGAS DE EDUARDO ZAPLANA

El conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, comparece en la comisión de Política Social de las Cortes para informar sobre «la situación de ilegalidad o no» de la residencia de la tercera edad Casa de la Primavera del Campello, en funcionamiento desde 1993 pese a que carece de licencia de apertura y a que en junio de 1999 la conselleria multó con 2,5 millones y decretó su cierre definitivo. Como se recordará, el director de la residencia, Juan Lorenzo Giner, es secretario del Partido del Campello y portavoz municipal, la panadería que provee al centro es propiedad del alcalde, Juan Varó (Octubre 2000).

LA JUEZA APRECIA «ENCHUFISMO» EN LA CONTRATACIÓN DE LA MUJER DE CERVERA EN PRESIDENCIA DEL CONSELL Y EN IBM

La titular del juzgado de instrucción 18 de Valencia a pesar de archivar la querella presentada contra el ex conseller José Emilio Cervera y Dolores Santos por falta de pruebas, deja clara su opinión de que se produjo «enchufismo y favoritismo» en la contratación de la esposa de Cervera como alto cargo de la multinacional IBM. La magistrada tilda de «sorprendente» que la entidad IBM contratara a una persona que carecía de experiencia profesional en el terreno de la informática e incluso también en el sector de la administración pública. Además, deja en evidencia a la mujer de Cervera. En el currículum que remitió Dolores Santos a la multinacional, un mes antes de su contratación, dijo haber trabajado en las empresas Andersen Consulting, Deustche Bank y en Arcoasa, como auditora de cuentas. No obstante, la jueza hace constar que en el oficio de la Tesorería General de la Seguridad Social sólo constaba haber trabajado un año (1992-1993) en una empresa familiar para después, en diciembre de 1995, figurar de alta en la Generalitat Valenciana, donde desempeñaba el cargo de asesora del presidente. El auto relata que los altos cargos de IBM que declararon en el juzgado indicaron que seleccionaron a Santos entre tres candidatos y que se inclinaron por ella, «especialmente» por el empleo de asesora de Presidencia. «Resulta sorprendente que IBM contrate a una persona por su experiencia en el sector público, ya que su intención era abrirse camino en las administraciones, por lo que se consideró muy ventajoso los conocimientos de la señora Santos como asesora del señor Zaplana». A renglón seguido, la jueza explica que este cargo «se limitaba a llevar su agenda personal, por lo que difícilmente podía aportar muchos datos tanto en la informática, como en el sector público» (Febrero 2001).

EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN RECALIFICA MILES DE METROS DE SUELO INDUSTRIAL DE LA FAMILIA DEL EDIL DE URBANISMO

La familia del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castellón, Alberto Fabra, ha visto cómo un terreno de su propiedad, que era industrial, se ha convertido en suelo residencial en el que se pueden construir hasta 60 viviendas por cada 10.000 metros cuadrados. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por el gobierno popular del que forma parte el propio Fabra, incluye una modificación de la calificación y edificabilidad de los terrenos, ubicados en la zona oeste de la ciudad. Los terrenos están comprendidos en el área colindante a lo que hasta el vigente plan se denominaba PERI 7. El PGOU dividió esta zona en varios sectores dotando a cada uno de ellos unas características particulares (Marzo 2001).

UN EX DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO GESTIONA TRES ACADEMIAS QUE OFRECEN CURSOS SUBVENCIONADOS POR LA UE

José Lifante Vidal, director general de Empleo durante un año tras la llegada del Partido Popular a la Generalitat Valenciana, figura como administrador de tres sociedades dedicadas a la formación de parados a través de cursos subvencionados con fondos de formación en parte procedentes del Fondo Social Europeo (FSE). Lifante ejerce desde el 25 de febrero de 2000 como administrador único de la Academia Superior de Ciencias de Inglés e Informática (ASCII), un centro de enseñanza que el año pasado impartió cursos de formación para desempleados y que este año ha solicitado también diversas ayudas con el mismo objetivo. Con domicilio social en la calle del Pintor Baeza de Alicante, ASCII realiza actividades vinculadas a la enseñanza desde 1992 y en su consejo de administración figuraba hasta el año pasado Asunción Sánchez Zaplana, concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante por el Partido Popular. Sánchez Zaplana está casada con Ginés Lifante Vidal, diputado de Personal y Régimen Interior de la Diputación de Alicante y coordinador de formación de la ejecutiva provincial del Partido Popular en Alicante y hermano de José Lifante. Asimismo, fue consejera la esposa de este último, María Teresa Baeza, de quien en la actualidad tramita la separación.

El ex director general de Empleo figura también como administrador único de la sociedad limitada Mediterránea de Distribución Net (Medisnet), constituida en junio de 1997 con domicilio social en el mismo edificio que ASCII. Medisnet está registrada como una empresa dedicada a la gestión y desarrollo de programas del Fondo Social Europeo, la formación reglada y no reglada y el desarrollo y comercialización de programas informáticos, según consta en Registro Mercantil de Alicante. Durante los seis primeros meses de actividad, Medisnet tuvo unos ingresos de explotación de algo más de diez millones.

La Dirección General de Formación e Inserción Profesional destinó en 1999 más de 8.100 millones a acciones formativas dirigidas a la mejora de cualificación de desempleados y la reconversión y formación profesional. Las partidas están adscritas al denominado plan FIP y tienen como finalidad desarrollar acciones formativas para la inserción laboral. Parte de esas subvenciones, que se conceden a academias privadas, proceden del Fondo Social Europeo, que en 1999 destinó a la Comunidad Valenciana 1.243 millones de pesetas. Empleo también oferta ayudas con cargo al FSE destinadas a la redacción y ejecución de proyectos basados en las nuevas tecnologías de información y comunicación (Marzo 2001).

LA MUJER DE UN DIRECTOR GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PUBLICAS TIENE PARCELAS JUNTO A UN CAMPO DE GOLF ILEGAL

María Teresa Ballester Carreras, esposa de José María García Zarco, director general de Arquitectura y Vivienda, y presidente de Gestión del Suelo de Alicante, organismos pertenecientes a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), tiene, junto a otros familiares, intereses urbanísticos en Algorfa, en la comarca de la Vega Baja, junto al campo de golf construido sin licencia por la empresa Urbanizadora Villamartín, SA, de Antonio Pedrera. La Coput, conocedora de la irregularidad cometida en la construcción del campo de golf, no ha procedido a paralizar ni sancionar, hasta el momento, las obras de esta instalación, basando su actitud en razón de que el Ayuntamiento de Algorfa decretó su presunta paralización. A pesar de ello, la instalación del golf se encuentra prácticamente finalizada. María Teresa Ballester es socia fundadora de la empresa Cucheto, SL, según el Registro Mercantil de Alicante, y adquirió junto a la mercantil Samaguil, SA, de Domingo Alcocer, 2.364.000 metros cuadrados de la finca La Rellana en marzo de 2000, según una nota del Registro de la Propiedad de Torrevieja número uno. Otra finca de más de 100.000 metros cuadrados, la partida de Algorfa, pertenece a Urbanizadora Villamartín, Samaguil, SA, y Cucheto, SL, escriturada en mayo de 2000, según una nota del mismo registro. A partir del año 1998 se inició una importante operación urbanística en Algorfa, justo cuando se redactó la nueva homologación de las normas subsidiarias, pendiente de aprobación por parte de la Coput. Desde esas fechas a la actualidad, cinco millones doscientos setenta y cinco mil metros cuadrados de terrenos han cambiado de propietarios. Esta superficie equivale al 30% de todo el término municipal, que cuenta con 18.000.000 metros cuadrados (Marzo 2001).

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: EL EDIL DE URBANISMO VOTÓ POR DOS VECES EN EL PLENO SOBRE ASUNTOS QUE LE AFECTABAN

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miguel Domínguez, permaneció en el pleno municipal de diciembre de 1999 durante la votación en la que fue aprobada la adjudicación de las obras de un aparcamiento a una empresa que cuenta entre sus accionistas con un hermano suyo. Este es el segundo caso conocido en el que el edil vota favorablemente un asunto que le afecta directamente. El otro, que se votó en marzo de 2000, se refería a una modificación urbanística que afectaba a un solar propiedad de una entidad a la que pertenece el propio Domínguez. El último pleno del Ayuntamiento de Valencia del año 1999 aprobó la adjudicación del proyecto para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en la calle de J. J. Dómine a la empresa Construcciones y Estudios, SA (Cyes), en la que trabaja y de la que es accionista Vicente Domínguez, hermano del delegado de Urbanismo, Miguel Domínguez. Éste votó, junto con los demás concejales del Partido Popular, a favor de la adjudicación, según consta en el acta del pleno celebrado el 30 de diciembre de ese año. De esta manera, el edil incumplió la legalidad, ya que la ley de Procedimiento Administrativo obliga a los representantes políticos en las corporaciones a abstenerse en las votaciones de asuntos que les afecten y precisa que esa afección llega hasta el cuarto grado de parentesco. Como se recordará este concejal es reincidente, puesto que ya hizo lo mismo en otro caso que le afectaba junto a otros dos concejales populares. Se trata de la aprobación, en marzo de 2000, de un plan urbanístico en el barrio de El Carmen. La comunidad de bienes Sorell, integrada por Domínguez y los también ediles de Valencia Enrique Pérez Boada y Rafael Ripoll, además del director general de la Policía, Juan Cotino, compró un solar en la plaza de Mossèn Sorell -catalogado como expropiable en el planeamiento urbanístico de 1991- poco antes de que el Ayuntamiento aprobara un plan urbanístico que excluía la parcela del ámbito de actuación. Por otra parte, la oferta con la que la empresa del hermano del edil se presentó al concurso convocado por el Ayuntamiento para adjudicar el proyecto del aparcamiento de J. J. Dómine no era la más adecuada, según consta en el informe elaborado por el servicio de Transortes y Circulación. En el informe, los técnicos alertaban sobre las carencias técnicas y económicas de la oferta presentada por Cyes, que competía por la adjudicación del concurso con la UTE Comsa-Stirling. A pesar de que Comsa ofrecía mejores precios para el alquiler y venta de las plazas de aparcamiento, el concurso fue adjudicado a la empresa del hermano de Domínguez basándose en una cláusula del pliego de condiciones que primaba la aportación que la empresa adjudicataria hiciera a las arcas municipales. Comsa ofrecía pagar al Ayuntamiento el 3,5% de sus ingresos anuales por alquiler de plazas, mientras que Cyes elevaba su aportación al 4% (Abril 2001).

COLOCADOS A DEDO Y JEFES DE SECCIÓN CONSIGUEN EL 80% DE LAS PLAZAS DE UNA OPOSICIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

La lista definitiva de aprobados en la oposición para acceder al cuerpo de inspectores de Educación muestra que de 55 plazas, 42 serán ocupadas por inspectores habilitados a dedo por el Partido desde 1996, y otras tres, por dos jefes de servicio y uno de sección. La publicación de las notas del tercer y último ejercicio confirman, las sospechas de que era un traje a medida para colocar a sus amigos'. La consejería se limitó a decir que 'han aprobado los mejores'.

El resultado de la polémica convocatoria de oposiciones para acceder al cuerpo de inspectores, que ha sido recurrida por los sindicatos STEPV y UGT, pone de manifiesto que sólo 10 de los inspectores que entrarán a trabajar en el cuerpo de inspección de la Administración educativa valenciana son profesores que han trabajado hasta la fecha en sus respectivos centros. El resto, es decir el 80% de las plazas consolidadas, estarán ocupadas por 45 funcionarios que, en su mayoría, son amigos, familiares, militantes o compañeros de viaje de cargos del Partido y del Consell. Entre los casos que más críticas suscitaron en la oposición y sindicatos, tras conocerse el funcionamiento digital de la inspección, figuran el hermano de la presidenta de las Cortes Valencianas, Marcela Miró, el cuñado del ex director territorial de Valencia, dos familiares de cargos políticos, concretamente la sobrina del director general de ordenación y el yerno del presidente del Consejo Escolar Valenciano. Todos ellos han sido aprobados (Junio 2001).

EL Partido DE MONÒVER CONTRATA A UN CENTENAR DE AFINES EN DOS AÑOS DE MANDATO

El Partido de Monòver (Vinalopó Mitjà) ha contratado para trabajos relacionados con proyectos del Ayuntamiento a un centenar de personas afines en dos años de mandato, entre ellas familiares directos de concejales y militantes. Entre estas personas se encuentran 3 hijos de concejales, 2 novios de hijas de concejales y 3 sobrinos de concejales, aparte de matrimonios completos de militantes del Partido (Junio 2001).

EL GOBIERNO DE EDUARDO $ ZAPLANA ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES GERIÁTRICOS AL MARIDO DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

La Generalitat Valenciana ha adjudicado tres geriátricos a un socio del marido de la ministra de Educación y Cultura, el diputado del Partido Guillermo Cortázar. Éste tiene una empresa con el apoderado de la firma que construirá residencias de ancianos en Castellón, Valencia y Benicàssim. La resolución del concurso para la gestión de estos centros concluyó con la adjudicación de tres geriátricos de 140 plazas cada uno a Inversiones Financieras Cualificadas, SL, una firma de la que es apoderado un socio del parlamentario del Partido y marido de la ministra Pilar del Castillo. Cortázar, que también es secretario ejecutivo del área de Análisis y Documentación del Partido, figura como administrador, desde el pasado 23 de octubre, de Planificación y Desarrollo Valenciano, SL, junto con el notario Joaquín Serrano Yuste. Esta empresa está participada por Desarrollo Empresarial Valenciano, SL, que es a su vez es la única accionista, según el Registro Mercantil, de Inversiones Financieras Cualificadas, la entidad que ha recibido del Gobierno valenciano la concesión de las tres residencias para mayores (Julio 2001).

ZAPLANA Y LOS CONTRATOS AMIGOS: DENUNCIAN 77 CASOS, DE LOS QUE 14 CORRESPONDEN A FAMILIARES DE ALTOS CARGOS

La junta de personal denuncia que a lo largo de los años la Generalitat Valenciana ha nombrado diversas personas como interinos de urgencia «prescindiendo absolutamente del principio de publicidad», y por lo tanto, «sin atender los principios de igualdad, mérito y capacidad». En este sentido, informa a la Administración de la existencia de una reciente sentencia de la sala contenciosa administrativas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula la contratación de los tres responsables en los servicios jurídicos de la Generalitat Valenciana tanto en la provincia de Alicante como en la de Valencia.

Este fallo considera ilegales los nombramientos porque no se respetaron los principios de publicidad e igualdad ante la ley. No hubo convocatoria pública para seleccionar a los mejores aspirantes para los puestos cubiertos de forma interina, ya que el Consell tan sólo llevó a cabo una entrevista personal. La junta de personal alude al artículo 110 de la ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa que obliga a la Administración «a extender a otras personas los efectos de una sentencia firme que, en materia de personal, reconozca situaciones jurídicas individualizadas». Así las cosas, la junta de personal solicita la extensión de la sentencia a los 77 interinos, que deben «cesar en los puestos de trabajo que ocupan».

El listado de «interinos de urgencia» afecta a todas las conselleries de la Generalitat, en especial a los departamentos de Presidencia, Cultura y Educación que concentran 43 de los 77 nombramientos recurridos. La junta identifica con nombres y apellidos a los interinos, el número de puesto que ocupan, así como su denominación. En su mayoría, se trata de puestos de jefatura, asesores o técnicos.

Por consellerias, Industria cuenta con seis contratados «a dedo» Bienestar Social, diez; Cultura y Educación, 18; Presidencia, 23; Sanidad, siete; Medio Ambiente, uno; Justicia y Administraciones Públicas, uno; Agricultura y Pesca, uno; y Economía, diez. Al menos 14 de los interinos de urgencia guardan relación familiar con cargos del Partido, entre ellos el conseller de Sanidad, Serafín Castellano o el diputado Luis Concepción; o con altos funcionarios de la Administración, sobre todo en el ámbito de los interventores

(Octubre 2001).

LA COMUNIDAD VALENCIANA Y LA AYUDA A LA FAMILIA MÁS POPULAR

La presidenta del Partido en el distrito de Abastos ( valencia ), Lucía Esteban Villarroya, tiene a sus cuatro hijos empleados en la Administración pública valenciana. Dos de ellos trabajan en el Ayuntamiento de Valencia, un tercero en la Conselleria de Economía y el cuarto en la Diputación. Lucía Esteban acaba de ser elegida, a propuesta del Partido, nueva consejera de Bancaja. Las políticas de creación de empleo del Partido continúan siendo un éxito. Las tasas de desempleo se han reducido de forma importante, y en algunos casos, hasta espectacular. Este podría ser el caso de Lucía Esteban, una dirigente local del Partido de Valencia. Esteban, que ocupa este puesto desde hace casi 10 años, ha tenido la suerte de tener a sus cuatro hijos trabajando para la Administración pública en sus distintas modalidades: local, provincial y autonómica. Como es sabido, en las tres administraciones referidas el Partido dispone de mayoría.

EL AYUNTAMIENTO CASTELLÓN URBANIZARÁ UN ÁREA EN LA QUE TIENEN INTERESES EL ALCALDE Y EL EDIL DE URBANISMO

El alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, y su concejal de Urbanismo, Alberto Fabra, están relacionados con la urbanización de 60.000 metros cuadrados en aquella ciudad. Gimeno, junto con su hermano, es el titular de una de las parcelas afectadas, mientras que Fabra es yerno de una de las propietarias. Además, un hijo del alcalde trabaja como abogado para el grupo de Vistamar, empresa a la que el gobierno municipal propone para ejecutar la urbanización, a pesar de que presentó su proyecto fuera de plazo. El Partido desestimó otra propuesta presentada por varios vecinos. Tal como admiten los propios servicios municipales, la segunda propuesta de urbanización de Vistamar, la que se pretende aprobar, llegó un día después de que culminara el plazo y lo mismo pasó con la propuesta económico-jurídica

(Febrero 2002).

BERNARDO BLASCO LOGRA DOS ADJUDICACIONES EN BIENESTAR SOCIAL

La conselleria de Bienestar Social ha adjudicado al menos dos contratos a la empresa GCS General de Comunicaciones y Servicios SL cuyo administrador único -Augusto Cesar Tauroni- fue en el pasado socio del constructor Bernardo Blasco, hermano del conseller, Rafael Blasco. La vinculación empresarial entre Tauroni y Bernardo Blasco se sitúa en Alzira -ciudad natal de ambos- hace cinco años cuando compartieron cargo de administrador solidario en la firma Grupo Alpelcine, SL.

Esta empresa, cuya actividad es el comercio al por mayor de frutas y verduras, comenzó a operar en marzo de 1997 con un capital social desembolsado de cerca de medio millón de pesetas. Durante dos años Tauroni, Bernardo Blasco y una tercera persona, Emilio Colom Escrivà, ejercieron como administradores solidarios de la firma. Según datos del registro mercantil, Tauroni cesó en su cargo en enero de 1999. El hermano del conseller de Bienestar Social mantiene en la actualidad el cargo de administrador solidario de la firma alcireña.

Con todo, los lazos que en el pasado unieron a Augusto Cesar Tauroni con la familia Blasco no se circunscriben al ámbito de los negocios. Tauroni participó de forma activa en la estrategia urdida desde el PSI (el partido escindido del PSOE que lidera el ex presidente de la diputación y ex alcalde de Alzira, Francisco Blasco) en colaboración con militantes de Unión Valenciana para tratar de recuperar la alcaldía. Estuvo cerca de un año al frente de la agrupación local de Unión Valenciana y durante este (1996-1997) situó como número dos del colectivo local a Bernardo Blasco.

General de Comunicaciones y Servicios SL. Trabaja en la actualidad para Bienestar Social en dos proyectos valorados en 223.000 euros. El primero de ellos, la atención telefónica del programa del teléfono de atención al mayor, fue adjudicado en enero de 2001 a General de Comunicaciones y Servicios SL por 99.716 euros (16 millones de pesetas). El proyecto salio a concurso por procedimiento abierto y tramitación urgente y anticipada y tenía una duración de un año, pero el contrato ha sigo prorrogado por un año más a la empresa que administra Tauroni. El segundo contrato de GCS con la conselleria que dirige Rafael Blasco tiene por objeto prestar el servicio técnico de informática para los servicios centrales de la conselleria. También fue un concurso abierto y urgente adjudicado por 123.207 euros (20,5 millones de pesetas) a GCS en noviembre de 2001. ( Abril 2002 )

Trato de favor a un hijo del Alcalde del PP de Granada

La contratación de un hijo del alcalde de Granada, el popular Gabriel Díaz Berbel, como director general de Inagra -la empresa a la que el Ayuntamiento renovó recientemente la contrata de basuras para los próximos 10 años sin mediar concurso- ha provocado una dura protesta de la oposición. El PSOE dijo que Díaz Berbel "no tiene vergüenza, pudor ni recato en usar a la ciudad en beneficio de su familia", y añadió que "los alcaldes franquistas eran al menos más discretos". (Enero 1998)

ARIAS SALGADO Y SUS NEGOCIOS FAMILIARES URBANÍSTICOS EN MARBELLA

El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, y miembros de su familia firmaron en 1998 con el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por el GIL, una permuta de terrenos rústicos de su propiedad por suelo municipal urbanizable en zonas de alto valor inmobiliario. Este acuerdo sustituyó a otro que Arias-Salgado no culminó con el PSOE en 1990 y que le ofrecía suelo edificable en una zona de menor valor. Arias-Salgado reconoce que este año ha vendido dos de las parcelas recibidas pese a que el Plan General de 1997 que las recalificó fue suspendido por la Junta de Andalucía en 1998, lo que cuestiona esta venta. La finca no urbanizable Huerta Zaragoza del paraje Puerto Rico, de unos 400.000 metros cuadrados, era propiedad, al 50%, de dos familias: los Arias-Salgado, por un lado, y los Martínez Higuero, por otro. La parte de los Arias-Salgado correspondía a cuatro hermanos, que la heredaron de su madre. El ministro de Fomento compró a uno de sus hermanos una parte, por lo que poseía el 50% de la parcela. El Gobierno municipal socialista, en 1986, aprobó un nuevo Plan General de Ordenación Urbana y situó la finca de Puerto Rico bajo la denominación de "sistema general de áreas libres". El Ayuntamiento pretendía hacer en esos terrenos de los Arias-Salgado y de los Martínez Higuero un parque municipal. Para conseguir la propiedad de la finca, aprobó en el Plan General compensar a los propietarios con 66.000 metros cuadrados de suelo edificable en otro punto del municipio (33.000 para cada familia). El plan municipal de los socialistas para la finca Puerto Rico se empezó a ejecutar el 23 de julio de 1990. Ese día, el pleno municipal de Marbella, gobernado entonces por el socialista Francisco Parra, aprobó ocupar los terrenos. A cambio de dejar a los propietarios sin ese suelo, el Ayuntamiento de Marbella aprobó compensarles con parcelas municipales en la zona de Nagüeles (por donde el municipio crece hacia el monte), con una calificación urbanística que permitía levantar cerca de 100 viviendas. En el caso de los Arias-Salgado podían ocupar el 30% de los 33.000 metros cuadrados edificables, lo que significaban 9.900 metros cuadrados residenciales. Pero nunca se llegó a efectuar esa permuta de terrenos. Tras la victoria de Jesús Gil en las elecciones municipales de 1991, el Ayuntamiento no cedió los suelos municipales de los Nagüeles a Arias-Salgado y varios miembros de su familia y cambió todos los planes de compensación. Con el Gobierno municipal de Marbella en manos de Gil, la familia del ministro firmó un nuevo convenio urbanístico para la permuta de su parcela. El Ayuntamiento de Marbella buscó nuevos terrenos municipales para entregárselos a los Arias-Salgado a cambio de la finca Puerto Rico, ya ocupada para convertirla en parque municipal. El Gobierno de Gil y Gil ofreció a los Arias-Salgado unos suelos municipales para levantar viviendas en Lomas del Puerto (64 casas), Reserva de los Monteros (6) y Golf Río Real (6), zonas de Marbella con más valor que Los Nagüeles, según expertos inmobiliarios. En esos terrenos se pueden levantar 76 viviendas. Lomas del Puerto está próxima a Cabo Pino (un área valiosa de Marbella); Reserva de los Monteros y Golf Río Real, parcelas más pequeñas donde se pueden levantar menos casas, están junto a algunas de las urbanizaciones más lujosas de Marbella. La oferta de nuevos terrenos hecha por Gil y aceptada por Arias-Salgado en 1993 se basaba en unas futuras recalificaciones de zonas verdes incluidas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que Jesús Gil aprobó en 1997 pero que aún no está vigente, ya que la Junta de Andalucía lo suspendió en 1998. Para cederles las tres parcelas, el Ayuntamiento pidió a Segundo Pastor Gómez, agente de la Propiedad Inmobiliaria, una tasación de la finca rústica de los Arias-Salgado que arrojó un valor de 235 millones de pesetas (a 1.200 pesetas el metro cuadrado). También le solicitó que tasase las tres parcelas municipales que les cederían a Arias-Salgado. En la más grande, el tasador fijó un precio de 26.000 pesetas por cada metro cuadrado edificable (168 millones en total); en las dos pequeñas cambió el criterio de tasación y fijó un precio de 16.000 pesetas por cada metro cuadrado de superficie (67 millones). Pese a que el Plan General aún no está en vigor, la compensación a los Arias-Salgado por su finca Puerto Rico fue elevada a escritura pública el 6 de marzo de 1998. Y los Arias-Salgado, según un comunicado emitido por el ministro, ya han vendido parte de esos terrenos este mismo año, ingresando 74 millones por las dos parcelas de Los Monteros (siete millones más que lo tasado por el Ayuntamiento). Posteriormente, firmaron un convenio con un promotor privado por el cual prevén ingresar otros 160 millones por el resto del suelo, ocho millones menos que la tasación municipal de 1995. Curiosamente, la suma de estas dos cantidades (234 millones) casi coincide con la valoración que de los terrenos de los Arias-Salgado recuerda haber hecho el PSOE en 1990 (235).

Por otro lado, los propietarios de la otra mitad indivisa del paraje Puerto Rico no han corrido la misma suerte que la familia Arias-Salgado. Los cuatro hermanos Martínez Higuero también se vieron afectados por el acuerdo de pleno municipal del 23 de julio de 1990 para ocupar su finca y, al igual que a los Arias-Salgado se les propuso una compensación de usos de suelo urbanizable programado en Nagüeles. También tras la llegada de Gil a la alcaldía, se revoca el acuerdo y se firma otro convenio urbanístico según el cual la familia Martínez Higuero sería compensada con dos parcelas en La Pepina con una edificabilidad neta de 6.200 metros cuadrados y capacidad para construir 55 viviendas. La tasación de las fincas intercambiadas también se fijó en 235 millones de pesetas. En julio de 1996, los hermanos Martínez Higuero son citados para elevar el convenio a escritura pública y comprueban en la notaría que las parcelas que les va a entregar el Ayuntamiento no corresponden con las que se habían acordado. Tras negarse a firmar la escrituras inician una investigación y comprueban que las fincas fueron cedidas ya a la entidad Natwest, hoy Solbank, y que el Ayuntamiento se había atribuido la facultad de disponer de unos terrenos ajenos. El pasado 10 de noviembre la familia puso querella por estafa contra Gil, que ha sido citado a declarar por el juez instructor el próximo 7 de febrero. (DICIEMBRE 1999)

C.VALENCIANA. HOSPITAL DE ALZIRA : LAS SINGULARES PRMERAS CONTRATACIONES

El concejal tránsfuga de Carlet José Suey, que fue expulsado del PSOE por pactar con la alcaldesa del PP, es un hombre afortunado. Su familia no conoce el desempleo. Él fue contratado por el ayuntamiento tras prestar su voto para asegurar la alcaldía de María Ángeles Crespo; su mujer forma parte del consejo de administración de Caixa Carlet, y ahora sus dos hijas han encontrado empleo en el Hospital de la Ribera, del que la caja de ahorros carletina es accionista desde que Suey presidía la entidad.

Una de las dos descendientes de José Suey se incorporó a la plantilla del hospital de Alzira mucho antes de que el centro abriera sus puertas. Trabaja como oficial administrativo desde finales del mes de septiembre. Tiene experiencia laboral, ya que anteriormente había estado empleada, también como administrativo, en un comercio de muebles, aunque posteriormente, en los meses previos a la apertura del hospital, amplió su formación tras permanecer varios meses en EE UU con el objetivo de perfeccionar su inglés. El conocimiento de este idioma fue muy valorado por el tribunal que seleccionó a los trabajadores del hospital.

La segunda de sus hijas fue contratada por el consorcio empresarial que explota el centro sanitario de la Ribera junto al grueso de los trabajadores que cursaron alta a finales de diciembre, escasos días antes de que el hospital recibiera a sus primeros pacientes durante la nochevieja. En este caso, la hija de Suey ha pasado a engrosar el departamento de enfermería. Está contratada como técnico.

Caixa Carlet aceptó la invitación cursada por Adeslas para convertirse en socio de la compañía que debía gestionar el hospital en abril de 1997. Al igual que Bancaixa y la CAM, posee el 15% de las acciones de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que logró adjudicarse el contrato dispuesto por la Conselleria de Sanidad para privatizar la prestación del servicio de atención especializada del área de salud número diez, que abarca a la mayoría de municipios de la Ribera. Completan el capital de la UTE la aseguradora Adeslas, que posee el 51%, y las constructoras Dragados y Lubasa, que se reparten el 4% restante. José Suey presidía el consejo de administración de Caixa Carlet cuando se gestionó y aprobó su incorporación al consorcio liderado por Adeslas. Suey abandonó la presidencia en mayo pasado. Sin embargo, consiguió situar en la presidencia de Caixa Carlet a uno de sus hombres, Vicente Vanaclocha. Su mujer y un sobrino también forman parte del máximo órgano directivo de la caja de ahorros.

MINISTERIO DE INDUSTRIA: SUBVENCIONES FONDOS MINEROS PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

La directora de Minas, Paloma Sendín de Cáceres, autorizó en octubre de 1998 sendas subvenciones de 10,7 y 278,3 millones de pesetas con cargo a los fondos mineros para dos proyectos de reparación de vehículos del empresario Raúl Lago García en Ponferrada (León) y Pola de Siero (Asturias). Los servicios del propio ministerio habían rechazado previamente las solicitudes de subvención "por actividad" incompatible con la normativa. Las empresas relacionadas con los empresarios Lago (Grupo Sánchez Lago) han recibido 645 millones en ayudas desde 1996. Según la documentación, Raúl Lago García, hijo de Alberto Lago (responsable del grupo constructor asturiano Sánchez Lago), solicitó en julio de 1998 sendas subvenciones para sus empresas Integral de Automoción 2000 en El Bierzo (León) y Pola de Siero (Asturias) para "compra de terrenos, obra civil, acondicionamiento, instalaciones y compra de maquinaria" en ambos casos. La inversión prevista en el primer caso era de 133, 5 millones de pesetas y de 927,8 millones en el segundo. Las solicitudes fueron rechazadas el 8 de agosto de 1998 por los servicios de evaluación del Ministerio de Industria. "Desestimado por actividad", consta en los documentos de tramitación. Apenas un mes después del rechazo oficial -1 de octubre de 1998-, ambas subvenciones fueron pasadas a evaluables y los proyectos "preseleccionados". Los documentos aclaran quién modificó la decisión de los servicios técnicos, la "directora", es decir, la responsable de Minas, Paloma Sendín de Cáceres. El grupo asturiano constructor Sánchez Lago ha recibido, también con cargo a los fondos mineros, en el año 1998, 113 millones de pesetas de Industria para un "Plan de diversificación y reestructuración empresarial. Ampliación". La cifra corresponde al 25% de la inversión prevista, 453,6 millones de pesetas. Esos 113 millones se suman a los 224 millones que Sánchez Lago recibió en el ejercicio 1996-1997 para la compra de maquinaria por "movimiento de tierras y obra pública civil". Si se tienen en cuenta todas las subvenciones recibidas con cargo a los fondos mineros de empresas relacionadas con la familia Lago desde el año 1996, la cantidad supera los 645 millones de pesetas. El grupo constructor Sánchez Lago, junto con Ploder -participada por dicho grupo y Alsa- y Sanjumar (controlada por Tomás Fuertes, propietario de Cárnicas El Pozo) sorprendió el pasado año, en el mes de julio, al hacerse con la concesión de la autopista de peaje Alicante-Cartagena, la primera que adjudicaba el Gobierno del PP, frente a los grandes de la construcción como FCC, ACS, Dragados, Sacyr y Autopistas del Mare Nóstrum, entre otros. (ABRIL 1999 )

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y LAS ADJUDICACIONES DE CONTRATOS A SUS ALTOS CARGOS

La sociedad Intertécnica de Valoraciones, controlada por el director financiero de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, y por su familia, consiguió la adjudicación por parte del Ministerio de Agricultura de los trabajos para inspeccionar las desmontadoras de algodón de Andalucía en la campaña 96-97. Esta oferta no era la más barata de las presentadas. El ministerio, del que depende en gran parte Mercasa, pagó 350 millones a la sociedad de Ruiz y a otras dos firmas más que se encargaron de realizar los trabajos de control del algodón. El director financiero de Mercasa se ha beneficiado también de subvenciones para el cultivo de lino, y posee una fábrica de transformación de este producto. Intertécnica de Valores se llevó el concurso de Agricultura aparentemente en condiciones ventajosas, según fuentes del sector, que apuntan que un año más tarde, cuando estas competencias estaban en manos de la Junta de Andalucía, la misma tarea fue adjudicada por la mitad del dinero pagado por el Ministerio. Gonzalo Ruiz Paz confirmó en rueda de prensa la adjudicación a su empresa asi como que había recibido también subvenciones para el cultivo de lino, Respecto al contrato de 350 millones de pesetas suscrito con Agricultura por Intertécnica de Valoraciones, empresa familiar de la que posee un 20%, reconoció que se produjo el 20 de agosto de 1996, un mes después de que se incorporara a Mercasa. En cuanto a la subvención que recibió en 1996 por cultivar lino se defendió diciendo que es "agricultor, hermano de agricultor e hijo de agricultor", por lo que ve lícito cultivar productos como el lino y recibir subvenciones de la UE. (MAYO 1999)

LAS SUBVENCIONES AMIGAS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El Ministerio de Asuntos Exteriores tramitó solicitudes de subvenciones a Pueblos Fraternos, una organización no gubernamental valenciana vinculada al Partido Popular, antes de que tuviese existencia legal, y le concedió incluso una primera ayuda en enero de 1997. Aún hoy, Pueblos Fraternos sigue obteniendo toda su financiación de Exteriores a través de una línea presupuestaria que no es la habitual para ese tipo de entidades. En Pueblos Fraternos trabajan y ocupan puestos directivos personas que coincidieron con Luis Espinosa Fernández, actual secretario general de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), cuando éste era el número dos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV). Durante su época en la patronal valenciana se produjeron irregularidades por las que Espinosa y otros cuatro responsables de la CEV han sido citados como imputados.

La AECI, que depende de Exteriores, ordenó el primer pago a Pueblos Fraternos -11 millones de pesetas para mandar libros a universidades mozambiqueñas- el 29 de enero de 1997, según consta en el Boletín Oficial del Estado. Dos días después, esta ONG se registró en el Ministerio del Interior y tres semanas después hizo otro tanto en la Generalitat valenciana. Para recibir un pago en enero, Pueblos Fraternos había tenido que hacer su solicitud como mínimo dos meses antes. El propio Espinosa, un hombre cercano al PP, afirmó ante la Comisión de Cooperación del Congreso que la AECI empezó a subvencionar a la ONG valenciana en 1996, (Diario de Sesiones del 23 de abril) aunque, en realidad, sólo admitió a trámite las primeras peticiones.

Tras la llegada del PP al poder Espinosa dejó, en mayo de 1996, la patronal valenciana para ser nombrado secretario general de la AECI. Poco después, algunos de sus ex colaboradores en la CEV o en la patronal que reagrupa a las pequeñas y medidas empresas (Cepymev) pusieron en marcha Pueblos Fraternos.

El presidente de Pueblos Fraternos es Alfredo Hernández Monar, alcalde popular de Cárcer y presidente de la comarca de La Ribera Alta, al tiempo que desempeña la gerencia de la empresa de aguas de la Diputación Valenciana (Egevasa). Según Hernández Monar, Pueblos Fraternos "nació a partir de la inquietud solidaria de personas de (...) ideología liberal" y la presencia de Espinosa en la AECI ha permitido "mantener más contacto".

Pueblos Fraternos, desconocida en el mundo de la cooperación, nunca ha pedido una subvención por el cauce generalmente utilizado por las ONG porque no cumple los requisitos para poder hacerlo. Las ha solicitado a través de la llamada convocatoria abierta y permanente, reservada, en principio, para financiar proyectos de las oficinas de cooperación española y otros organismos oficiales. Desde 1997, Pueblos Fraternos ha obtenido 173 millones de pesetas de la AECI. A esto hay que añadir otros 42 millones de la Diputación valenciana, a la que también financia Exteriores para que, a su vez, subvencione una Escuela del voluntariado instalada en la misma sede de la ONG.

Asimismo, Pueblos Fraternos está instalada en el paseo de las Facultades de Valencia, en unos locales que en su día pertenecieron, en parte, a Luis Espinosa y albergaron también al Instituto de Formación de Nuevas Empresas (IFNE), cuya administradora era María Asunción Hernández, sobrina de Espinosa. Entonces Espinosa era secretario general de la patronal y ahora encabeza la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). El IFNE está ahora en liquidación -su nuevo domicilio coincide con el de una vivienda de Espinosa- pero en los tiempos en que fue una próspera academia obtuvo contratos de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) para impartir cursos de formación permanente. El IFNE emitió facturas duplicadas con las que la patronal valenciana justificó gastarse las subvenciones que recibía para formación continua del fondo público previsto para ese fin (Forcem).

El Tribunal de Cuentas, que descubrió ese y muchos más trapicheos en el informe que fiscaliza la gestión del Forcem en Valencia entre 1993 y 1995, instó incluso a la apertura de diligencias penales contra los ex responsables de la CEV y de su hermana menor , la Cepymev. Las "irregularidades (...) hacen pensar en la existencia de operaciones premeditadas con la intención de no dar el destino legalmente establecido a las subvenciones", afirmó Enrique Abad, el fiscal adscrito al tribunal que reclama a la CEV la devolución de más de 200 millones.

El juzgado de instrucción número 9 de Valencia ha citado el 16 de junio a Espinosa como imputado, y otros cuatro responsables de la patronal ya han declarado. Dos de ellos, Jesús López Sanjosé y Cesáreo Fernández Álvarez, han estado vinculados a Pueblos Fraternos, donde también han trabajado u ocupan aún puestos directivos otros tres ex colaboradores de Espinosa en la patronal: Amparo Llorens Soldino, Alfredo Rojo Fernández y Luis Miguel Torres. Este último fue responsable de formación en la CEV. (MAYO 1999)

MÁS SUBVENCIONES POLÉMICAS

Colisur 2000, empresa transformadora de lino de la familia de Nicolás López de Coca -el ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha recibido del Ministerio de Economía y Hacienda una subvención comunitaria de 20 millones de pesetas que atenta presuntamente contra la legislación de la Unión Europea. La ayuda, concedida a Colisur 2000, Sociedad Limitada -establecida en Picón, Ciudad Real- en correspondencia a una inversión industrial de 118,6 millones, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado del 25 de mayo, un mes después de la renuncia de López de Coca como alto cargo de Agricultura. Las instalaciones de Colisur 2000 han ardido recientemente en dos ocasiones. El grupo de empresas de la familia de Nicolás López de Coca ha recibido en los últimos cuatro años subvenciones de la Unión Europea para el cultivo de lino por un total de 286 millones de pesetas. El indicio de presunta ilegalidad aparece en el Boletín Oficial del Estado en el que se publica la orden por la que se concede la ayuda a Colisur 2000 a cargo de la línea presupuestaria de incentivos regionales, cofinanciada por el Fondo Regional Europeo (Feder). Firma la orden el secretario de Estado de Presupuestos, José Folgado. La concesión de esa subvención es presuntamente ilegal, a la luz del derecho comunitario, porque éste prohíbe las ayudas a inversiones de industrias agrarias en transformación o comercialización cuando se trate de productos en los que se registra un exceso de capacidad. Un norma comunitaria del 23 de marzo de 1994 que aplica ese principio prohíbe las ayudas europeas a los sectores del lino y el cáñamo (salvo en casos de modernización de plantas que no impliquen aumento de la producción total en la región, o si se trata de productos nuevos). Estas limitaciones, que se aplican a las ayudas de Bruselas, se extienden a las ayudas nacionales, según norma aparecida en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 2 de febrero de 1996. ( JUNIO 1999 )

LOS NEGOCIOS DE ABEL MATUTES CONFIRMADOS POR EL PRIMER MINISTRO DE CABO VERDE

El primer ministro de Cabo Verde, Gualberto do Rosário, anunció en Madrid que un consorcio internacional, encabezado por el grupo hotelero de la familia Matutes, construirá un enorme complejo turístico en la isla de Boavista. Los primeros pasos para la puesta en marcha de este proyecto fueron dados en enero de 1998 cuando el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, efectuó un viaje oficial a Cabo Verde durante el cual coincidió en el archipiélago con cinco directivos de su grupo familiar, incluida su hija Carmen, que desempeña un alto cargo en la empresa. En agosto de 1999, Carmen Matutes, hija del ex ministro de Exteriores, reconoció que su grupo hotelero había firmado con el Gobierno caboverdiano un protocolo que permite reservar una zona para la construcción de hoteles. "Estamos interesados en Cabo Verde porque es un destino turístico con muchas posibilidades", añadió. Como se recordará, en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, en marzo de 1998, el entonces ministro Abel Matutes, insistió una y otra vez en que el grupo Doliga no había tomado ninguna decisión de inversión en Cabo Verde. Matutes intentaba así quitar hierro a su coincidencia en Cabo Verde, durante el primer y único viaje que hizo en su mandato a un país del África subsahariana, con tres directivos del grupo Doliga y dos de sus hijas que también trabajan para la misma empresa. Su visita al archipiélago fue descrita por las autoridades locales como de "prospección turística". El ministro se hospedó en el mismo hotel en Praia, la capital, que los ejecutivos y tuvo los mismos interlocutores que la delegación de Doliga, cuyos principales accionistas son sus hijos, su hermano Antonio, su mujer, sus hermanas y una sociedad radicada en Panamá a la que Matutes transfirió su paquete de acciones en octubre de 1986. Doliga, más conocida por su nombre comercial de Fiesta, administra o tiene en propiedad dos docenas de grandes hoteles con más de 30.000 camas. Ibiza es su punto fuerte pero también cuenta con establecimientos en otras islas españolas, en República Dominicana y grandes ciudades peninsulares. ( NOVIEMBRE 2000 )

EL CASO MAÑUECO Y LOS PAGOS DE FESTEJOS FAMILIARES VARIOS

El ex consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León y actual senador del Partido Popular por Palencia, Jesús Mañueco, asegura ante el juzgado número 5 de esa capital que pagó las facturas de los banquetes de sus bodas de plata y la comunión de su hijo menor, celebrados en el restaurante del castillo medieval de la localidad palentina de Monzón de Campos. En esa época Mañueco era el presidente de la Diputación Provincial de Palencia, entidad propietaria del restaurante. El concesionario del establecimiento, José María Díez, interpuso una demanda civil para exigir a la familia Mañueco el pago de dos facturas por un total de 833.094 pesetas por esos banquetes. Mañueco declaró bajo el procedimiento de confesión judicial, por lo que sólo respondió sí o no a las preguntas que le realizaron. Luego, rehusó hacer declaraciones a los medios de comunicación. El abogado del demandante, Juan Carlos Sacho, explicó que Mañueco afirmó que había pagado las dos comidas por un precio especial que él y el hostelero habían fijado previamente. En agradecimiento, según el senador popular, obsequió al gerente del restaurante con dos relojes. Lo que no dijo Mañueco según el abogado del hostelero es "cómo y cuándo pagó las facturas". Como se recordará, los problemas de la familia Mañueco se iniciaron tras la denuncia del hostelero por las presuntas coacciones a que se vio sometido por parte del hijo del ex consejero de presidencia, Juan Pablo Mañueco Boto, para que contratara a su esposa, Ana Carrancio, como relaciones públicas. Un mes después de la denuncia, Jesús Mañueco dimitió como consejero para ser nombrado posteriormente senador de designación autonómica. ( DICIEMBRE 2000 )

ZAPLANA , EL CASO NASEIRO Y LAS RELACIONES DE FAMILIA

El notario y registrador de la propiedad Antonio Magraner Duart ocupa desde hace dos años uno de los veintiún sillones del consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Magraner fue designado para ese puesto en el órgano de gobierno de la entidad crediticia por el cupo que corresponde a las entidades fundadoras. Fue nombrado concretamente a propuesta de la Diputación de Valencia, corporación gobernada por el Partido Popular desde las elecciones del 28 de mayo de 1995. Antes había ocupado plaza en el consejo de asesor del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), organismo que, entre otros cometidos, tiene la fiscalización de las cuentas de las cajas de ahorros. Antonio Magraner Duart fue la persona que captó a la familia Puchades, terratenientes de la comarca de La Marina Baixa para que entrasen como socios capitalistas en Futuro Financiero, la sociedad que estuvo en el centro de las miradas en el llamado caso Naseiro, que salpicó a destacados dirigentes del Partido Popular. Magraner había emparentado con la citada familia al casarse con María José Puchades, sobrina de Margarita Puchades Orts, la consejera delegada de la sociedad GP Polop, accionista mayoritaria de Futuro Financiero, con 2.250 de las 15.000 participaciones de esta gestora de valores. El contacto de Magraner, un ilustre notario y registrador de la propiedad, con esa empresa le llega a través de su amigo Luis Domínguez, letrado del Consejo de Estado, que también era socio de Futuro Financiero y amigo del contratista del IVEX y ex vicesecretario general del PP Arturo Moreno. Las relaciones de Antonio Magraner con el círculo de poder del PP que impulsó a Aznar hacia la presidencia del partido, primero, y hacia la Moncloa, después, le llegan vía Madrid, donde entabla relación con el denominado clan de Valladolid, pero también directamente con miembros de este grupo en la Comunidad Valenciana. Magraner Duart es amigo del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, desde que éste era concejal de la oposición. Pertenece, como Zaplana, a la Peña Picarol, que, con la llegada del PP al Consell, se convirtió en vivero de altos cargos. Al poco de acceder Eduardo Zaplana a la alcaldía de Benidorm, gracias a una moción de censura que prosperó el 22 de noviembre de 1991, Antonio Magraner se hizo cargo de la presidencia del Benidorm CF cuando atravesaba una difícil situación, tras el mandato de Luis Laporta en el club. La familia Murcia Puchades es propietaria de 666.000 metros cuadrados urbanizables incluidos en el plan director de usos e infraestructuras del área del parque temático de Benidorm a través de la sociedad Murcia Puchades, SA, cuyo consejo de administración lo componen el propio Francisco y sus hermanos Virginia Murcia Puchades y Alfonso Murcia Puchades. El ex conseller de Obras Públicas José Ramón García Antón firmó el 28 de junio de 1999 una resolución por la cual se modificaba la ordenación urbanística del sector dos del término municipal de Finestrat, en el que los Murcia Puchades poseen varios miles de metros cuadrados urbanizables en varias parcelas. La modificación, elaborada por el entonces subsecretario de Urbanismo y actual conseller de Medio Ambiente, Fernando Modrego, otro ilustre de la peña Picarol, establecía los límites de las distintas tipologías de viviendas en función de un porcentaje sobre superficie construida, en lugar de un porcentaje sobre el número de viviendas. Murcia Puchades tiene previsto edificar en esa zona adosados y varios hoteles asociados con otros propietarios en la mercantil Urbanizacions Sierra Cortina. Los terrenos en cuestión han incrementado notablemente su valor con la construcción de Terra Mítica y el entorno del parque tiene inmejorables expectativas de negocio. La Generalitat Valenciana expropió a la familia Murcia Puchades otros varios miles de metros cuadrados para la construcción de accesos e infraestructuras para el complejo. FEBRERO 2000 )

LAS ADJUDICACIONES DE LA GENERALITAD Y EL CASO NASEIRO

Empresarios vinculados a una de las firmas fundadoras de la empresa que estuvo en el centro del escándalo del caso Naseiro, Futuro Financiero, participan en la unión temporal de empresas concesionaria de la gestión de las ITV de Alicante, Elx y Benidorm. La UTE Control de ITV Alicante cuenta entre su accionariado con Mayve Obra Civil, en cuyo consejo de administración figuran personas que formaron parte de la promotora GP Polop, el socio capitalista de Futuro Financiero, y en cuyo consejo de administración figuraban actuales propietarios de más de 600.000 metros cuadrados urbanizables junto a Terra Mítica. La Conselleria de Industria adjudicó a finales de 1997 los cinco lotes en los que dividió la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la Comunidad Valenciana y el quinto recayó sobre una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por la CAM, la constructora Pavasal, Gesfesa Valencia, Supervisión y Control y la sociedad Mayve Obra Civil de Alicante. Esta sociedad, con domicilio en la avenida Mediterráneo, número 44, de Benidorm, está liderada desde el 23 agosto de 1996 por el propio Velasco Gómez, quien formó parte hasta el 30 de julio de 1997 del consejo de administración de GP Polop, la sociedad de la que son socios la familia Murcia Puchades, que tiene también como domicilio social la avenida Mediterráneo, 44, de la capital de la Marina Baixa. Su consejero delegado es Francisco Murcia Puchades, la persona que participó en la constitución en 1989 de Futuro Financiero, la empresa que estuvo en el centro del presunto caso de financiación irregular del Partido Popular conocido como caso Naseiro y del que salieron salpicados altos dirigentes del partido, entre ellos Arturo Moreno, vicesecretario nacional de los populares. Moreno, actualmente contratista del IVEX, se vio obligado a dimitir por el escándalo, al igual que el entonces responsable de finanzas del PP Rosendo Naseiro y el ex concejal del Ayuntamiento de Valencia Salvador Palop. El juez, no obstante, declaró nulas las pruebas: unas cintas magnetofónicas que reproducían conversaciones entre varios dirigentes del PP. Francisco Murcia Puchades acudió a la constitución de Futuro Financiero en representación de la promotora de su familia GP Polop. El notario de Benidorm Enrique Magraner Duarte fue quien captó a la familia, al estar emparentado una de sus miembros. Las ITV formaban parte de los servicios del Sepiva y fueron privatizados por la Conselleria de Industria en la etapa de Diego Such como conseller. La Generalitat sacó a concurso cinco lotes y el quinto -el que corresponde a Alicante Elx y Benidorm y del que fue beneficiario Control de ITV Alicante- se resolvió por un importe de 1.298 millones de pesetas por un plazo de 25 años, con un volumen de negocio estimado de 607 millones para el año 2000. En el consejo de administración de Control de ITV Alicante se sientan también familiares del que fue director general de Economía, José Luis Quesada, en representación de la constructora Pavasal. ( MARZO 2000 )

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA BIEN PAGÁ FAMILIA PÉREZ PUIG-RECATERO

De vueltas con el Teatro Español. Ahora, se ha conocido que la directora adjunta del Teatro Español, Mara Recatero -esposa del director del teatro municipal, Gustavo Pérez Puig- ha cobrado siete millones de pesetas extras por la dirección de diversas obras de teatro. Ello, pese a que Recatero ya cobra 11 millones de pesetas al año por ocupar el cargo de dirección adjunta del Español. Como se recordará Recatero, puso en su momento una demanda al Ayuntamiento porque decía que cobraba poco. Al parecer, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con ella, ha retirado la demanda y ha cobrado un cheque de 7 millones de pesetas extras. (NOVIEMBRE 1999 )

UN CONSEJERO DE LUCAS DIMITE Y EL PP LE COLOCA DE SENADOR PARA NO DEJARLE DESAMPARADO. LA FISCALÍA DE PALENCIA HA DENUNCIADO AL HIJO DE JESÚS MAÑUECO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

La dirección nacional del PP ha asumido la dimisión de Jesús Mañueco como consejero de la Junta de Castilla y León como "la única salida lógica" a un conflicto que empezaba a salpicar la imagen del partido más allá de las límites de esa comunidad. Mañueco compareció ante los medios informativos una hora después de haberse entrevistado con el presidente regional, Juan José Lucas, al que planteó su "dimisión irrevocable" tras la denuncia que la Fiscalía de Palencia ha presentado contra su hijo por un presunto delito de tráfico de influencias. El hasta ayer consejero volvió a manifestar que todo obedece a la "persecución política" de que es objeto desde diversos sectores de su partido, "especialmente desde el PP palentino". Mañueco presentó su dimisión para "tener mayor autonomía y defender" a su "familia de las acusaciones falsas y gratuitas de que está siendo objeto, para no salpicar más al Partido Popular y para evitar que la presión mediática empañe la magnifica gestión del Ejecutivo que dirige Juan José Lucas". A pesar de la renuncia al cargo de consejero de Presidencia, Mañueco ocupará la vacante de senador por la comunidad, no abandonará su escaño en las Cortes regionales y seguirá como presidente provincial del PP en Palencia. ". El peligro más grave para el PP pasa porque resulte finalmente denunciado y el asunto se dilucide en el Tribunal Supremo por su condición de aforado, con lo que las repercusiones públicas del escándalo serían mucho mayores. La Consejería de Presidencia será ocupada ahora por María José Salgueiro, que hasta la fecha ocupaba la Secretaria General de la Consejería. Por su parte, José María Díez, el hostelero de Monzón de Campos (Palencia) que inició el proceso judicial que le ha costado el puesto de consejero de Presidencia de Castilla y León a Jesús Mañueco, considera que lo ocurrido ahora con el también ex presidente de la Diputación de Palencia "solo es el principio". Sus irregularidades "han sido constantes", según el industrial, que estima que Mañueco "está recogiendo lo que ha sembrado durante tantos años". Como se recordará, Díez declaró que tanto el ex consejero como su familia le han costado desde 1993 más de diez millones de pesetas. Esos gastos los relaciona el hostelero "con las facturas de comunión y bodas de plata que no abonó en el [restaurante] Castillo de Monzón; el dinero que dio a Juan Pablo Mañueco [hijo del exc onsejero denunciado por la Fiscalía] para comprarse un vehículo BMW; las comidas con otros de sus fieles en el PP, como Óscar Llanos, y los problemas de relaciones laborales que he tenido con la nuera, Ana Carrancio". Las criticas de Díez van más allá: "La abogada de Ana Carranció ofreció una importante suma de dinero a mi mujer en un momento en que teníamos dificultades familiares para que me desprestigiara". ( Junio 2000 )

RENOVACIÓN A LA BÚLGARA EN EL PP DE CASTELLÓN: TODO QUEDA EN CASA Y EN FAMILIA

El presidente provincial del Partido Popular (PP) en Castellón, Carlos Fabra, fue reelegido por cuarta vez en el cargo, durante el X Congreso Provincial del PP celebrado en Castellón, en el que obtuvo el 98,52% de los votos emitidos por los 1.017 compromisarios que votaron -de los 1.083 sufragios asignados para votar en el congreso-, al conseguir 999 sufragios a favor, 15 en blanco y tres nulos. El acto contó con la presidencia del presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y de la presidenta del Senado, Esperanza Aguirre. En el anterior congreso, celebrado en Segorbe el 17 de noviembre de 1996, obtuvo el 98,1% de los votos emitidos. En el nuevo comité ejecutivo figura la hija mayor del propio Carlos Fabra, Andrea Fabra; la hija de su chófer oficial, Vanesa del Campo; su jefa de gabinete, María Fernanda Vidal; el asesor de su gabinete, Alejandro Lorca; y Arcadio Gómez, marido de la recién nombrada secretaria general del PP, Ascensión Figueres; aparte de tres miembros de la familia Costa: Juan, Ricardo y la madre de ambos, María Dolores Climent. El reelegido a la hora de explicar la presencia de su chica comentó que Andrea lleva 9 años afiliada al PP «y está preparada para asumir retos. Ojalá que algún día decida incorporarse a la política activa en la primera línea del partido porque me daría una satisfacción enorme porque creo que lo vale». ( Octubre 2000 )

LOS FAVORES A LA FAMILIA CORTÉS MARTÍN

Miguel Ángel Cortés, secretario de Cooperación Iberoamericana, anda haciendo favores a sus familiares. Su tío, José Luis Martín Torres-Pardo, es el propietario del Club Hípico Sotogrande de Valladolid, el más elitista de la ciudad. Pues bien, Martín Torres ha logrado un beneficioso acuerdo con el Ayuntamiento de Valladolid, al permitir el cambio de uso de los terrenos de Sotogrande, unos 120.000 metros cuadrados, que serán recalificados como suelo urbanizable, con el consiguiente "pelotazo ".Al parecer, las buenas relaciones del tío del secretario de Estado con el alcalde y la estrecha amistad que une a Miguel Ángel Cortés con el presidente de Cajaduero han hecho posible este acuerdo. ( Mayo 2001 )

UN HERMANO DEL SENADOR Y PORTAVOZ GONZÁLEZ PONS TRABAJA EN LA EMPRESA SEMIPÚBLICA TISSAT

Según una denuncia de FSP- UGT , un hermano del senador y actual Portavoz de GPP en la Cámara Alta figura entre las supuestas contrataciones irregulares de 300 interinos en la empresa semipublica Tissat, Así, en el recurso de apelación con fecha de 8 de febrero de 2002 aparecen los nombres de Beatriz Concepción, hija del diputado autonómico del PP, Luis Concepción; Fernando Castellano Martí, familiar del conseller de Sanidad, Serafín Castellano; Encarnación Serrano, cónyuge del conseller de Cultura y Educación, Manuel Tarancón; Luisa del Cerro Angosto, cónyuge del entonces subsecretario de inmigración y ahora director del Imserso, Antonio Lis; Cristina Álvarez Aloy, hija del interventor delegado de la Conselleria de Obras Públicas; Pilar Anta Bernabeu, sobrina del interventor delegado de Bienestar Social; Carmen Fenollosa, sobrina del interventor general, Salvador Hernández; Luisa Martínez, cónyuge del interventor delegado de Cultura; María Jesús Giner Almaraz, hija del interventor delegado de Hacienda; Eva Teixidor, hija de la ex jefa del servicio de Cultura, Carmen Aramegui; Helena de Carmen Gómez, ex asesora del conseller Fernando Castelló; Luisa Martínez, cónyuge del interventor delegado de Cultura o Julio Sanchis, del que no se cita la supuesta vinculación. ( Febrero 2003 )

UN HIJO DEL ALCALDE DE OVIEDO, UNIVERSITARIO SIN LA NOTA NECESARIA

Juan de Lorenzo, hijo del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, del PP, ha ingresado en la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de Oviedo acogiéndose al cupo reservado para deportistas de élite, eximido de cumplir los requisitos del números clausus. En la Universidad, el vicerrector de Extensión Universitaria, Moisés Llordén, ha dicho que la incorporación de este estudiante obedece al propósito de "potenciar el equipo de tiro de la Universidad", una modalidad deportiva inexistente en la Universidad. De Lorenzo no está federado y en su familia hay versiones contradictorias de si practica o no este deporte. La Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia es el centro en el que se exige una nota de ingreso más elevada (superior al 7) y en el que el acceso es más restringido, limitado en el actual curso académico a sólo 50 alumnos. Desde la creación de los estudios de Fisioterapia, hace tres años, la Universidad de Oviedo da acceso directo a los deportistas de élite que pretendan cursar tales enseñanzas. El rector Julio Rodríguez explicó a la prensa que si el hijo de Gabino de Lorenzo "figura en un listado oficial será porque se cuenta con él para integrarlo en algún equipo universitario ya existente o en algún equipo nuevo de un deporte en el que destaque". Rodríguez señaló: "Es algo perfectamente legal. Estoy seguro". (El País. 01.11.1996)

EL ALCALDE DE LAS PALMAS FICHA A SU CUÑADA PARA UNA EMPRESA MUNICIPAL

EL ASESOR JURÍDICO DE BALTAR RENUNCIA A ESTAR EN EL TRIBUNAL DE LA OPOSICIÓN DE SU HIJA

Feijóo se desentiende de las denuncias por nepotismo en la Diputación ourensana

400 EDILES DEL PP TRABAJAN O TIENEN FAMILIARES EN LA DIPUTACIÓN OURENSANA

La mitad de los empleados del organismo están vinculados al partido de Baltar

CASTEDO CONTRATA CON UNA EMPRESA CREADA POR EL HIJO DE UNA CONCEJAL DEL PP

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