CARLOS FABRA LLEVA YA SEIS AÑOS BAJO INVESTIGACIÓN JUDICIAL

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó, hace unas semanas, a España por la demora de cuatro años con la que el Tribunal Supremo resolvió un recurso sobre un litigio comenzado diez años atrás. Fue una cuestión civil sobre la que se sucedieron las resoluciones judiciales, pero existen otros muchos casos en los que la lentitud de la justicia no se limita a este periodo procesal.

El presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, está siendo investigado por varios presuntos delitos contra la administración pública (tráfico de influencias y cohecho, entre otros) y por fraude fiscal. Hace ahora seis años que el juzgado de Nules registró la querella presentada por el empresario Vicente Vilar que le acusaba de cobrar cantidades millonarias a cambio de favores políticos. El proceso está, prácticamente, en la primera parte del procedimiento, en el momento en el que, tras admitir la existencia de indicios sobre un presunto delito, se emprende la investigación. Las pesquisas duran ya seis años y el grueso del llamado caso Fabra no ha pasado de ese punto, de la imputación. Ni archivo, ni acusación. Mientras, el dirigente del PP de Castellón ha declarado haberse sentido "absuelto" por las urnas.

La investigación fue fructífera, sobre todo, en los primeros años. Vicente Vilar fue acompañando sus acusaciones con documentos. Presentó escritos de diputados populares y de distintos cargos en los ministerios de Sanidad y Agricultura del gobierno de José María Aznar en los que se demostraba el interés y la "preocupación" por unos determinados productos fitosanitarios. Provocó la declaración de cuatro ex ministros que ratificaron la existencia de dicho "interés". También mostró facturas de joyas y relojes supuestamente regalados a Fabra y a sus "mediadores". Y facturas firmadas por el propio presidente provincial del PP, como asesor, por la elaboración de unos informes que resultaron ser copia de otros documentos colgados en Internet o guías de grandes compañías.

Mientras, la Agencia Tributaria presentó una denuncia por fraude fiscal y por el desfase hallado entre sus ingresos declarados y los movimientos en sus cuentas. Hasta 600.000 euros, de los que se le imputaron directamente 300.000. Aún no ha justificado su origen.Fue a finales de 2005 cuando el juzgado decidió que la investigación se extendiera a toda la familia Fabra al considerar que, en este tipo de casos, no resulta "infrecuente" que el lucro obtenido se "trate de ocultar en la esfera familiar". Para la elaboración del informe pericial que rastreara ingresos, gastos y patrimonio entre 1999 y 2004 se designó a dos inspectores de Hacienda adscritos al Banco de España, ya que la fiscalía anticorrupción tiene firmado un convenio de colaboración con la entidad para investigaciones y peritajes.

Algunos bancos y cajas se mostraron más reticentes que otros a la hora de aportar documentación, pero también tardó en llegar la orden de que fuera la policía judicial la que acudiera a las entidades a exigir la información y el Banco de España nunca llegó a advertirles de su deber de colaboración con la justicia. El caso es que cuatro años después, el informe aún no ha sido entregado al juzgado.

Sí se aportaron las relaciones de cuentas de los miembros de la familia, sus declaraciones de hacienda y su patrimonio, pero no el análisis que determine si con los ingresos que declararon se conrresponden con el patrimonio y gastos detectados.

Otro de los motivos que se achacan al lento procedimiento al que está siendo sometido Carlos Fabra es el continuo tránsito de jueces y fiscales que han formado parte de la instrucción del caso. Hasta ahora han sido nueve jueces y cuatro fiscales. En el caso de los jueces, el hecho de que el de Nules sea un juzgado de paso hacia el ascenso a magistrados es el origen de la mayoría de los cambios, que han conllevado sus correspondientes sustituciones. En el de los fiscales, después de que la Fiscalía Anticorrupción asumiera el caso, apartando así al fiscal jefe de Castellón, el tránsito ha sido por el abandono de los representantes públicos hacia otras actividades profesionales. En este momento, existe un juez titular, Jacobo Pin, que aunque fue cuestionado por sus vinculaciones personales con el PP, ha adoptado ya algunas iniciativas. El nombramiento del actual fiscal, Luis Pastor, también resultó polémico ya que éste había trabajado como asesor para dos ministros del PP. Pastor lleva ya tres años como representante de Anticorrupción en el caso Fabra y, poco a poco, su trabajo ha sido más activo.

Carlos Fabra tampoco ha renunciado a su derecho a recurrir y recurrir cada una de las determinaciones adoptadas por el juzgado. Los recursos no deberían paralizar el procedimiento pero, en el caso de muchos jueces, la admisión de pruebas puede demorarse. Uno de estos recursos fue al que se acogió el presidente de la Diputación de Castellón para evitar el interrogatorio sobre la acusación de fraude fiscal por la que, de momento, no ha prestado declaración aunque, públicamente, siempre ha negado tanto el fraude como el incremento patrimonial.

Existe otra causa abierta contra Carlos Fabra. Los jueces se negaron a unir las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho con una supuesta falsificación de análisis de los productos fitosanitarios que ha sido investigada en otro juzgado. En este procedimiento, la investigación ya ha finalizado y, ante los indicios de delito, las partes ya han presentado sus escritos de acusación.

La fiscalía anticorrupción, pide dos años de cárcel para el dirigente popular y presidente de la Diputación. El asunto, que comenzó a investigarse dos años después de las anteriores acusaciones, podría, en breve, sentar a Fabra en el banquillo.

EL CASO FABRA

- La denuncia. En diciembre de 2003, el empresario Vicente Vilar acusó a Carlos Fabra de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

- Cuentas y patrimonio. El juzgado de Nules extendió, en 2005, la investigación al patrimonio y las cuentas de toda la familia de Fabra.

- Fraude fiscal. El presidente de la Diputación no ha sido interrogado por el supuesto fraude fiscal.

- Informe pendiente. Los peritos llevan cuatro años sin concluir un informe sobre ingresos y gastos.

- Juicio a la vista. La fiscalía anticorrupción pide dos años de cárcel a Fabra por falsificación de análisis y documentos en otra causa que quedó al margen.

www.elpais.es 21.12.09

Fabra cumple seis navidades impunes

En 2009, el presidente de la Diputación y el PP de Castellón volverá a pasar unas navidades impunes, las sextas desde que su caso llegó al Juzgado número uno de Nules en el que se eterniza. El 18 de diciembre de 2003 el empresario Vicente Vilar tiró de la manta y acusó al dirigente de cobrarle cantidades millonarias para intermediar ante los ministerios de Agricultura y Sanidad. Con su mediación, Fabra conseguía legalizar los productos fitosanitarios que el comerciante fabricaba. Un mes más tarde, tanto el presidente como su mujer fueron imputados en uno de los casos más largos y tediosos de la historia reciente: hasta la fecha, por los juzgados de Nules han pasado nueve jueces y 4 fiscales. Nadie quiere instruir el caso Fabra…

En 2004, Fabra recibió el año con malas noticias judiciales. Él, su mujer, María Amparo Fernández, a Vilar, y la ex mujer de éste, Montserrat Vives fueron imputados por delitos contra la Administración Pública, un extremo que incluye el cohecho, el tráfico de influencias y las negociaciones prohibidas a funcionarios, recoge Radio Castellón, emisora de la Ser.

Acusaciones
La declaración del empresario-acusador fue reveladora. Tal como contó, desde 1999 el presidente provincial cobraba, a veces en negro y en bolsas de plástico, otras a través de Carcamás, su empresa, por conseguir las autorizaciones para los fitosanitarios. Artemis 2000, empresa que figuraba a nombre de las esposas respectivas, era la encargada de comercializar los productos, y por esta vía los imputados consiguieron beneficios multimillonarios. Así consta en las declaraciones de bienes del presidente: su patrimonio –su sueldo ascendía a 6.000 euros al mes- se multiplicó por 7. Así las cosas, desde 1999 Fabra se hizo con 5 nuevas viviendas, varias de ellas de lujo, y se hipotecó por más de 500.000 euros. También adquirió vehículos de lujo, parcelas, y obras de arte.

Suma y sigue de casos
El caso fue asumido por la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2004, cuando se abrió otra investigación penal contra el dirigente, en este caso por evasión fiscal: Fabra había ingresado, sin declarar y en efectivo, unos 600.000 euros, repartidos en varias cuentas. Ello sin mencionar otros 300.000 euros que se incorporaron a sus finanzas vía-cheque. El representante legal del presidente, Alejandro Lorca, mantuvo 20 encuentros con los inspectores, pero no consiguió explicar el origen de este dinero. En la que ha venido siendo su línea, Fabra se negó a declarar, excepto ante un juez. Cuando le llegó este momento, se limitó a negar todas las acusaciones. En este momento se abrió, además, una tercera causa en el Juzgado número 2 de Nules, esta por falsedad en los documentos de los fitosanitarios.

Peregrinaje judicial
El peregrinaje judicial del caso Fabra, como se llama habitualmente al grueso de las causas contra el dirigente, merece párrafo aparte. Decenas de funcionarios han desfilado por los tribunales desde que se inició la investigación, en concreto, nueve magistrados y cuatro fiscales. Los testigos han sido, asimismo, relevantes. La lista incluye a 4 ex ministros, todos del gabinete de José María Aznar. Precisamente Jesús Posada, ex titular de Agricultura, admitió que Fabra y el también ex ministro Juan Costa se reunieron con él para pedirle que agilizara trámites de Vilar con un interés que calificó de inusual. Excepto el mismo Costa, actualmente diputado por Valencia, todos los testigos ministeriales han admitido contactos para abordar el tema de los fitosanitarios.

¿Visos de esperanza?
En este momento, se espera la apertura del juicio oral a Fabra por la causa del Juzgado 2 de Nules. La Fiscalía pide para él tres años de cárcel, y la defensa la nulidad del proceso. En lo que al otro juzgado respecta, el número uno de Nules, el nombramiento de un nuevo juez titular, Jacobo Pin, tras un año de sustituciones, ha dado nuevos bríos al caso. Este año se ha tomado declaración a diversos trabajadores bancarios, y ha ampliado la investigación a Antonio Bonet, presidente del club deportivo Castellón, que ingresó 26.000 euros en las cuentas del dirigente. También se ha llamado a testificar al chófer del dirigente, a quien los banqueros señalan como la persona que hacía los ingresos. Falta, sin embargo, la prueba definitiva: el informe de Hacienda sobre los movimientos económicos del popular.

Ámbito político
Los dirigentes populares de primera fila han rehuido, habitualmente, la presencia de Fabra, sin embargo, ni el caso Gürtel ni el suyo propio han afectado electoralmente a los populares de Castellón, o al menos eso reflejan las encuestas y los comicios europeos. El presidente, por cierto, tampoco se amilana ni ante la prensa ni ante la oposición. Fabra no ha dudado en confabularse con Intereconomía para boicotear a la prensa crítica e, incluso, a los abogados, ni en descalificar soezmente a socialistas como Francesc Colomer, conocido por sus trifulcas verbales con el dirigente.

www.elplural.com 19.12.09

FABRA LLAMA A LOS SOCIALISTAS "ESTÚPIDOS" POR SUS "SANDECES"

Después de anunciar que no volvería a presentarse a las elecciones, el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra, parece haber cambiado de estrategia y plantea dudas sobre su continuidad. Éstas provocaron que los socialistas advirtieran de que la posibilidad de seguir o no en la vida pública no la marcará su deseo, sino "los jueces". Ayer, al ser preguntado por esta consideración, Fabra volvió a recurrir al insulto. El también presidente de la Diputación de Castellón llamó "estúpidos" a los socialistas, de quienes también manifestó que dicen "sandeces". "No tengo el menor interés en seguir presentándome y, sobre todo, estar aguantando a estúpidos permanentemente en el desarrollo de mi cargo, porque lo que hay en el PSOE son estúpidos", afirmó. Además, adujo que no responde a "sandeces". Fabra ya llamó "hijo de puta" al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Francesc Colomer, y luego alegó que se trataba de una expresión corriente en Castellón.

Ernest Blanch, secretario de acción electoral del PSPV, exigió al líder del PP, Mariano Rajoy, que desautorice a Fabra.

(www.elpais.com, 11/12/09)

´YA TENGO AÑOS PARA DEDICARME A JUGAR AL GOLF, A VER A MIS NIETAS Y A GANAR ALGÚN DINERO´

El presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aseguró ayer que Francisco Camps le daría un disgusto "muy grande" si no se volviera a presentar a las próximas elecciones autonómicas. Además, señaló que él optará a repetir en su cargo si las circunstancias lo aconsejasen.

Fabra dijo que Camps "es una de las personas más honestas y honradas que conozco, y le apoyaré a muerte, tanto personal como políticamente, porque quiero que siga siendo presidente, y me daría un disgusto muy grande si decidiera no presentarse".

Respecto a si cree que Camps volverá a repetir, manifestó que "si yo fuera él, me volvería a presentar y, desde luego, teniendo como tiene el apoyo mayoritario del partido y de la sociedad, que nos sitúa a 21 puntos del PSOE, más que nunca", y matizó que "sólo hay que ver lo que hay delante para ver quién puede apostar por una persona sensata en el futuro de esta Comunidad".

Preguntado sobre si su continuidad en la vida pública no depende de él, sino de los jueces, el dirigente popular consideró que esa afirmación es "una sandez como la copa de un pino".

Al respecto, señaló que "en estos momentos pienso no volver a presentarme, lo que pasa es que no soy esclavo de mis palabras, y si en un momento determinado las circunstancias pudieran aconsejar que me presentara, me presentaría, pero, en principio, no tengo el menor interés y, sobre todo, estar aguantando a estúpidos permanentemente en el desarrollo de mi cargo, porque lo que hay en el PSOE son estúpidos y Compañía Sociedad Anónima".

Además, indicó que no va a hablar de un tema que "no es competencia ni mía, ni del Comité Ejecutivo Regional, ni siquiera del Comité Ejecutivo Nacional, sino de la Comisión de Listas Nacional del partido". En cuanto a las condiciones que deberían de darse para que volviese a presentarse, Fabra aseguró que "muchas", puesto que "en cada momento uno tiene que hacer una cosa y yo ya tengo suficientes años para dedicarme a jugar al golf, a ver a mis nietas y a trabajar y ganar algún dinero en mis negocios", apuntó.

Preguntado si sigue confiando en el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, como su sustituto, señaló: "ya he dicho 40 veces que Moliner está haciendo un magnífico trabajo en el Ayuntamiento y en la provincia, es joven, ingeniero y profesor de la Universidad, por lo que no voy a cambiar de criterio".

(www.elpais.com, 11/12/09)

EL JUEZ CITA AL CHÓFER DE FABRA PARA QUE ACLARE LOS INGRESOS BANCARIOS

El titular del juzgado número 1 de Nules ha llamado a declarar, en calidad de testigo, al chófer de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, después de que hace dos semanas al menos cuatro empleados de tres entidades bancarias diferentes reconocieran al conductor, José Del Campo, como la persona que realizaba los ingresos en efectivo en las cuentas de su jefe. Carlos Fabra está siendo investigado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

La Agencia Tributaria detectó, sólo en 1999, más de un centenar de ingresos cuyo origen no justificó Carlos Fabra. En muchos casos, las cuentas no superaban los 3.000 euros, y, entre lo declarado y lo ingresado, se calculó un desfase de 600.000 euros de los que 300.000 eran atribuibles directamente a Carlos Fabra, que no aportó "ninguna justificación ni explicación mínimamente aceptable en cuanto al origen de los mismos".

El juez llamó a declarar a varios empleados de las entidades en las que Fabra tenía abiertas cuentas personales y, al menos, cuatro cajeros señalaron al chófer del presidente de la Diputación como la persona que, habitualmente, acudía a realizar los ingresos en las cuentas. Tras estas declaraciones, el juez quiere oír la versión del chófer, que será interrogado el 29 de enero.

En uno de los bancos en los que el chófer fue identificado, la cuenta de Fabra registró, en cuatro días, una veintena de ingresos sin origen justificado. El montante total de lo ingresado, en cantidades inferiores a los 3.000 euros, fue de cerca de 60.000 euros (casi diez millones de pesetas en aquel año).

En la misma providencia, el titular del juzgado número 1 de Nules requiere al ex presidente del CD Castellón Antonio Bonet para que aporte toda la documentación que acredite el aval del préstamo que, según declaró ante el propio juez, realizó a Fabra. El empresario sostuvo que los ingresos que realizó en una de las cuentas del presidente de la Diputación sirvieron para cubrir el impago de un crédito que avalaba. Según declaró ante el juez de Nules, cuando Fabra dejaba de pagar las mensualidades del crédito, él cubría estos impagos.

Ahora, el juez quiere comprobar la veracidad de la declaración de Antonio Bonet a través de las declaraciones de renta que deben incluir las deducciones por el aval, así como la documentación de Ruralcaja, entidad en la que se suscribió el préstamo.

(www.elpais.com, 01/12/09)

El PP presume de que su pacto anticorrupción ampara a Fabra

El pacto contra la corrupción propuesto por el Partido Popular ampara al señor Fabra. Así lo cree el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, quien ha defendido al presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, imputado por numerosos delitos contra la Administración. Según Clemente, que Fabra haya cometido irregularidades "no está demostrado, ni lo va a estar".

Clemente considera que Fabra no incumpliría ese pacto, que es "absolutamente claro", porque se refiere a personas que están imputadas por delitos en los que existe "gravedad" o en los que se actúa "incorrectamente". "No es el caso del señor Fabra", afirma Clemente, quien además cree "absolutamente en la honradez" del presidente provincial.

Por su parte, Fabra ha respondido a los periodistas que nunca ha "oído" a los responsables del PSOE "pedir la dimisión del secretario de Estado de la Unión Europea", Diego López Garrido, "o del director de Seguros del Ministerio de Economía". Además, para no dejar títere con cabeza, ha acusado a los periodistas de "preguntar únicamente" por el Partido Popular.

También ha rehuido contestar a las preguntas sobre la gestión del actual secretario general del PPCV en comparación con la de su antecesor, Ricardo Costa, cuando ha asegurado que él no asiste a las ruedas de prensa "para hacer comparaciones". Sin embargo, ha querido dejar clara su opinión sobre la "brillantísima" gestión de Costa.

www.publico.es 28.11.09

FABRA: ´TENDRÉ UN ENFRENTAMIENTO IMPORTANTE CON GERARDO CAMPS SI NO ACTIVA MUNDO ILUSIÓN´

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, lanzó ayer una advertencia en toda regla al vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps , al asegurar que si no reactiva la sociedad Mundo Ilusión, tendrá con el conseller un "enfrentamiento personal importante". Según Fabra que el proyecto siga paralizado "es una irresponsabilidad del Consell, puesto que hay mucha gente que compró o vendió terrenos en función del atractivo que supone el parque de ocio", dijo.

"Hay compromisos que hay que respetar, le guste o no al conseller del ramo", insistió Fabra en declaraciones a los medios de comunicación tras finalizar el pleno de la Diputación. Fabra dejó claro que el proyecto debe reactivarse de manera inmediata en los presupuestos de 2010, con una dotación económica suficiente, que incluso cifró entre 80.000 y 100.000 euros.

Las explosivas declaraciones de Fabra coincidieron ayer con el anuncio del secretario general del PPCV, Antonio Clemente, de reunir en un futuro a los tres presidentes provinciales con el responsable del Consell, Francisco Camps. Clemente, que ya se ha visto en Alicante con Joaquín Ripoll, prevé encontrarse hoy con Alfonso Rus y el próximo lunes con Carlos Fabra.

En su opinión, una vez mantenidos estos encuentros el siguiente paso es que los tres barones vayan a la sede del PP para reunirse con Francisco Camps. Los barones verían así cumplida, aunque a toro pasado, su petición de mantener un encuentro con el jefe del Consell. A sugerencia de Génova, los líderes provinciales reclamaron esta cita cuando el partido estaba sumido en el desconcierto tras la defenestración de Ricardo Costa.

Por otro lado, el ex secretario general del PP acudió ayer a Orihuela para asistir a una conferencia sobre economía sostenible de su hermano, el ex ministro, Juan Costa. Al acto acudió también Ripoll, quien exhibió su sintonía con los dos hermanos.

(www.levante-emv.com, 25/11/09)

Nuevo varapalo judicial para Carlos Fabra

Consulta la sentencia aquí

El Supremo confirma la veracidad de las informaciones difundidas por la Cadena SER, a raíz de la entrevista que se realizó al empresario Vicente Vilar en diciembre de 2003. El Alto Tribunal absuelve al que fuera director del programa H25 y a una periodista de la SER. Fabra deberá pagar las costas del proceso

Los abogados del Presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en la provincia sostenían que la entrevista que se realizó en el programa Hora 25 a Vicente Vilar el 18 de diciembre de 2003 fue el detonante de una campaña de acoso y persecución contra Carlos Fabra, vulnerando su derecho al honor.

El Supremo niega que haya existido delito, confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón y condena a Fabra al pago de las costas del juicio. La sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Xiol señala que, en este caso, el derecho a la libertad de información prevalece sobre el derecho al honor.

No cabe duda, dice el Supremo, "de la relevancia pública y del interés general de las informaciones". Los Magistrados además explican el motivo de esta afirmación. En primer lugar porque Carlos Fabra "ejerce un cargo de notoria relevancia pública con funciones de relevancia en un importante partido político" y en segundo lugar porque las informaciones difundidas por la Cadena SER "versan sobre conductas relacionadas con el incremento de su patrimonio y con la intervención ante otros poderes públicos en favor de determinadas personas". Se trata, por consiguiente, "de cuestiones que son de interés para que la sociedad controle la observancia por sus mandatarios de los deberes de integridad que informan la vida pública"

El Alto Tribunal recuerda que el principal deber del periodista es el de la veracidad y que la veracidad "debe entenderse como el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales, aún cuando la información, con el transcurso del tiempo, pueda ser desmentida o no resultar confirmada"

Con estos argumentos el Supremo avala la entrevista que se realizó al empresario Vicente Vilar y las informaciones que en los días posteriores a esa entrevista publicó una periodista de la Cadena SER. Informaciones que, según la sentencia, no contenían, tal y como alegó Fabra "expresiones insultantes o desproporcionadas"

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/nuevo-varapalo-judicial-carlos-fabra/csrcsrpor/20091117csrcsrnac_8/Tes

EL CHÓFER DE FABRA LE HACÍA LOS INGRESOS EN EFECTIVO, SEGÚN AFIRMAN DOS CAJERAS

Dos cajeras de una de las entidades bancarias en las que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, era titular de cuentas señalaron ayer ante el juez que quien hacía los ingresos en efectivo en ellas era el chófer del también presidente provincial del PP.

El juzgado número 1 de Nules acogió ayer el interrogatorio a ocho empleados de banca, que fueron llamados a declarar en calidad de testigos. La mayoría de ellos alegaron falta de memoria, porque las preguntas se refirieron a movimientos de dinero registrados entre 1999 y 2004.

Sin embargo, dos cajeras de Ibercaja señalaron, por separado, al chófer de Fabra como la persona que habitualmente acudía a realizar los ingresos en la cuenta de éste. Ambas dijeron que sabían que esa persona, José Del Campo, era el chófer del presidente de la Diputación y del PP provincial.

La denuncia de la Agencia Tributaria por la que Carlos Fabra está acusado de un presunto delito fiscal señala la existencia, durante 1999, de seis ingresos en efectivo realizados en esa entidad, que fueron imputados a Carlos Fabra como "ganancias patrimoniales" cuyo origen no justificó.

Las cantidades oscilan entre los 600 euros (100.000 pesetas de entonces) y los 12.000 euros (dos millones de pesetas). Sin embargo, sólo en tres ocasiones se ingresaron grandes cantidades, ya que el resto corresponde a sumas menores de 3.000 euros, montante a partir del cual los directores de todas las entidades bancarias debían comunicar a Hacienda el ingreso tras la aprobación de la norma contra el blanqueo de dinero.

En total, durante 1999 los diez bancos en los que Carlos Fabra y su entonces su esposa, María Amparo Fernández, tenían cuentas registraron más de un centenar de ingresos en efectivo cuyo origen no justificaron. El montante total asciende a cerca de 600.000 euros, de los que la Agencia Tributaria imputó al presidente de la Diputación la mitad, ya que eran cuentas compartidas.

La aparición del chófer de Fabra en el caso, en el que también se investiga la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública, no es una novedad. José Del Campo fundó en 1995 una empresa minera parte de cuyas acciones revendió a la esposa de Fabra.

(www.elpais.com, 12/11/09)

COMIENZAN LOS INTERROGATORIOS A LOS CAJEROS DEL 'CASO FABRA'

El titular del juzgado número 1 de Nules, en el que se instruye el caso Fabra, comienza hoy a tomar declaración a una veintena de cajeros y directores de las entidades bancarias en las que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, tenía cuentas corrientes. Los empleados de las oficinas, que acudirán a declarar como testigos, ejercieron estas labores entre 1999 y 2004, años sobre los que se extiende la investigación.

La prueba fue solicitada por el fiscal Anticorrupción para averiguar quién y cómo hacía los ingresos de talones y efectivo en las cuentas de Fabra. Además, éstos habrán de responder si dieron cuenta a Hacienda en los casos en los que las cantidades ingresadas superaron los 3.000 euros, cifra a partir de la cual los bancos han de comunicar a la Agencia Tributaria. La denuncia de la Agencia Tributaria, presentada tras la inspección del ejercicio fiscal de Carlos Fabra de 1999, concluyó que entre lo declarado y lo ingresado había un desfase de 600.000 euros, de los que 300.000 eran atribuibles directamente al presidente de la Diputación.

(www.elpais.com, 11/11/09)

FABRA: “EL PSOE TIENE A LA MITAD DE SU PARTIDO EN LA CÁRCEL”

El president de la Generalitat, Francisco Camps, afirmó este martes en Castellón que él es "un disciplinado y leal militante" del PP y por tanto asume la petición de Mariano Rajoy de que "nadie hable del partido fuera del ámbito del mismo".

Camps realizó estas declaraciones tras el acto de celebración del cuadragésimo aniversario del Instituto Técnico Cerámico (ITC) en Castellón, tras ser preguntado por las declaraciones del presidente fundador del PP, Manuel Fraga, quien sobre el líder del PPCV dijo desconocer "si repetirá como candidato porque, no en vano, ha habido trajes arriba y trajes abajo. Se ha trajinado demasiado". Asimismo, Fraga apostó por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para la dirección popular en la Comunitat Valenciana.

Silencio

El jefe del Consell explicó que "hace seis días el presidente nacional del Partido Popular, Mariano Rajoy, dijo que nadie hablase del partido fuera del ámbito y de los órganos del partido".

”No hablaré”

"Yo, que soy un disciplinado militante, voy a hacer exactamente lo mismo que el presidente del partido nos ha pedido a todos y que imagino incluye a todos los militantes del partido: no hablar de las cuestiones del partido fuera de los ámbitos del gobierno del mismo", aseveró.

Tomadura de pelo

Previamente al acto de celebración del aniversario del ITC, Camps visitó un centro Servef de formación donde a su salida también fue abordado por los periodistas y preguntado por "las declaraciones de Fabra", en errónea alusión a las de Fraga. Entre risas, Camps le dijo a la periodista que le había hecho la pregunta: "Creo que usted se ha equivocado", y tras corregir aquélla su consulta y hacerlo por "las de Fraga", Camps señaló: "No conozco esas declaraciones".

Vuelta a Fabra

Precisamente, Camps no tuvo reparos en afirmar que tanto él como Castellón tienen "la enorme suerte" de tener a Carlos Fabra como presidente de la Diputación y del partido en la provincia, pues es "un hombre que lleva décadas peleando" por este territorio y lo ha puesto en valor.

De peleas

Asimismo, el president indicó que Fabra "es un hombre que lleva décadas peleando por esta provincia, que la ha puesto en valor, que ha hecho que las Administraciones nacional y autonómica hayamos invertido como jamás se había hecho en la provincia de Castellón".

Acusaciones gravísimas

Por su parte, el multi –imputado Fabra evitó hablar de corrupción, aunque no dudó en señalar que el PSOE "tiene a la mitad de su partido en la cárcel" y en acusar a los socialistas de intentar sacar rédito político en los tribunales. "Demuestran que quieren ganar en los tribunales lo que llevan perdiendo 14 años en las urnas”.

(www.elplural.com, 11/11/09)

FABRA NO EXPLICA POR QUÉ BLOQUEA EL TURISMO EN ELS PORTS

"Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión". Así dice el informe de la secretaría de la Diputación de Castellón sobre los contenidos, límites y alcance de los ruegos y preguntas que pueden formularse en el pleno. "Yo dirijo el pleno" y "la secuencia normal la dictamino yo, que soy el que preside, ¿vale?", fueron las respuestas del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, cuando el portavoz del Grupo Socialista, Francesc Colomer, insistió en que contestara a las preguntas formuladas por escrito y a las orales planteadas hace un mes. No hubo manera. Aunque Colomer trató de plantear la normativa, Fabra se aferró a su recurso: "Yo contesto cuando creo conveniente". "Si tiene alguna queja, presente un recurso", resumió.

De esta manera, el presidente de la Diputación se negó a responder sobre qué va a hacer con los tres establecimientos hosteleros de la comarca de Els Ports, dos en Morella y uno en Forcall, todos ellos dependientes de la Diputación, que están cerrados al público. El portavoz socialista preguntó si "todos los hoteles van a permanecer cerrados indefinidamente" e hizo especial hincapié en el reciente cierre del hotel Cardenal Ram, para el que la Diputación no ha convocado la concesión del servicio. "¿Cómo es posible que no esté preparado el aparato administrativo para afrontar una reforma inmediata del edificio y no esté hecha la adjudicación de la gestión a una nueva empresa concesionaria con la importancia que tiene para el turismo de la zona?", cuestionó Colomer.

Pero no fueron éstas las únicas preguntas obviadas por Carlos Fabra. En las relativas al caso Gürtel, el presidente de la Diputación alegó la improcedencia de hablar de temas que incumben al PP en la institución. Sin embargo, apenas 24 horas antes, el también presidente del PP de Castellón irrumpió en una rueda de prensa en la misma Diputación para explicitar su apoyo a Ricardo Costa.

Unos minutos antes, Colomer había recriminado a Fabra sobre una petición de bajada de impuestos: "Si todos los ciudadanos actuaran como dice Hacienda que actuó usted, el Estado se desplomaría", dijo Colomer. "A mí nadie me ha detenido y no me han pedido ninguna fianza, pues lo que hay es una denuncia de la Agencia Tributaria, en la que dice una cosa que usted repite, porque es un insultador profesional", contestó Fabra

(www.elpais.com, 28/10/09)

Un informe de Anticorrupción confirma que Fabra tuvo ingresos sin justificar desde 1999

La Fiscalía Anticorrupción ha elaborado un informe en el que demuestra que el presidente de la Diputación de Castellón, el popular Carlos Fabra, pudo incurrir en un delito de fraude fiscal por no haber declarado desde el año 1999 numerosos ingresos sin justificar en un centenar de cuentas bancarias a su nombre. Fabra podría acumular unos 300.000 euros sin declarar al erario público, según recoge el informe que será entregado en el juzgado número 1 de Nules que juzga las numerosas causas abiertas contra el dirigente.

En junio de 2005 la Agencia Tributaria denunció presuntas irregularidades en las declaraciones de Carlos Fabra y la Fiscalía Anticorrupción ha elaborado ahora un informe en el que se detallan posibles ingresos no justificados del presidente castellonés, según informa Levante. Tal y como recoge el informe, Fabra no declaró en 1999 la totalidad de los ingresos que percibía por sus múltiples actividades profesionales.

Ganancias sin justificar
Según el informe, durante ese ejercicio y los siguientes, Fabra habría obtenido ganancias que canalizó mediante ingresos en efectivo, transferencias y cheques en las casi cien cuentas bancarias de las que era titular, cotitular o autorizado. Esas cantidades rebasaron, según el informe de la Fiscalía, los 107 millones de las antiguas pesetas (unos 643.000 euros), solo en las cuentas en las que el dirigente era titular en exclusiva. La cantidad rebasa, con mucho, la declarada por el popular: 11,5 millones de pesetas anuales (uno 69.000 euros) por rendimientos de trabajo.

Origen de los ingresos
Anticorrupción trata ahora de desvelar el “origen y procedencia” de estos ingresos, al menos 140 entregas en efectivo en distintas entidades. Se trata de una tarea complicada puesto que, según la Fiscalía, muchas de las entidades bancarias de Castellón aún no han facilitado la información y se muestran reacias a colaborar.

Investigación abierta
Aunque el informe está terminado, la investigación continúa abierta: el juez Jacobo Pin, nuevo titular del caso, ha llamado a declarar a una docena de cajeros y empleados bancarios para que aclaren quién o quiénes hicieron estos ingresos a favor de Fabra entre 1999 y 2004.

www.elplural.com 23.10.09

EL JUEZ INVESTIGA QUIÉN HIZO LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS DE FABRA

El titular del juzgado número 1 de Nules, en el que se instruye el caso Fabra, ha llamado a declarar a una veintena de trabajadores de ocho entidades bancarias diferentes, con el fin de aclarar quién y cómo hacía los ingresos de talones y efectivo en las cuentas del presidente de la Diputación y presidente provincial del PP, Carlos Fabra.

Carlos Fabra está siendo investigado, desde hace más de cinco años, ante la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran el tráfico de influencias y la prevaricación. Además, está imputado por un presunto fraude fiscal, tras una denuncia presentada por la Agencia Tributaria.

Los empleados de las oficinas bancarias, que acudirán a declarar en calidad de testigos, ejercieron labores de cajeros entre 1999 y 2004, años sobre los que se extiende la investigación. De esta manera, el juez podrá indagar sobre cómo y quiénes ejecutaron los cientos de movimientos en las cuentas de Fabra en las que se hicieron innumerables ingresos.

La providencia, dictada por el noveno juez que pasa por el caso Fabra, titular del juzgado desde este verano, solicita, además, otra información. En su escrito señala que, pese a que en el mes de marzo se dictó un auto judicial para que las distintas entidades bancarias aportaran las identidades de los cajeros, Bancaja aún no ha facilitado esta información, por lo que "al objeto de agilizar la entrega de la información solicitada", reclama la presencia de la policía judicial en esta entidad para que recoja, en mano, dichos datos.

(www.elpais.com, 15/10/09)

El PP de Castellón pagó dinero en negro a las empresas de Correa

El PP de la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra, pagó a las empresas de la trama Gürtel dinero en negro, al menos en los años 1999 y 2008, según los datos contables de la caja B de la red empresarial de Francisco Correa en Madrid y de su filial en Valencia, Orange Market, en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

En el llamado "Archivo CajaPC.xls" del entramado Gürtel aparece la anotación de un ingreso, realizado por el PP de Castelló, por un importe de 450.000 pesetas, con fecha del 7 de junio de 1999, a la cuenta personal de Francisco Correa, el cabecilla de la red de corrupción que afecta al principal partido de la oposición.

Los pagos B, de Barcelona
En el registro de la sede de Orange Market se encontró un documento con el nombre "Barcelona eventos" y fecha de 2008, en el que figura un apunte como ingreso de caja B ( que la trama identifica con el eufemismo de "Barcelona") por un importe de 1.950 euros. La policía ha constatado que no existe factura relacionada, sólo ha encontrado un recibo.

Fabra: "No me consta..."
Hace unos días, el presidente de Castellón, aseguró que no tenía ninguna preocupación” con la contabilidad B , “porque el PP no la lleva, y nuestras cuentas están auditadas por el Tribunal de Cuentas”, y que no le constaba que “haya habido actos en Castellón encargados por el PP a Orange Market”.

Alterar las facturas
Los investigadores han encontrado un email en la sede principal del entramado de Correa en la calle Serrano de Madrid, con fecha de 20 de junio de 2008, en el que desde Orange Market se pide a la asesoría que se alteren dos facturas del PP de Castellón (de 23 y 13 de abril) para cambiar el nombre del cliente y las cantidades, que pasan a ser de 55.369 y 68.925 euros, IVA aparte. Las facturas debían ser modificadas a nombre de Facsa, la empresa de Enrique Gimeno, al que en otras ocasiones, relacionadas con pagos en negro, se alude como EG, según el diario Levante.

"Paco Martínez"
En el informe policial sobre supuesta financiación ilegal del PP, que fue ignorado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, se habla del vicepresidente de la Diputación de Castelló y alcalde de Vall d'Alba, Francisco Martínez. En el documento "cajaBarcelona.xls", sobre la contabilidad en negro de Orange Market, y en el epígrafe titulado "alcaldes" figura un acto organizado por la empresa de Álvaro Pérez (El Bigotes), con fecha de 13 de enero de 2007, en Vila-real, que costó 18.460,32 euros a los populares, de los que sólo 16.000 se pagaron mediante factura con su correspondiente IVA. El nombre de "Paco Martínez" (Francisco Martínez, vicepresidente de la Diputación de Castelló y alcalde de Vall d'Alba) está inscrito, junto a su número de teléfono móvil, en una relación de alcaldes y portavoces que eran "las personas de contacto para tratar sobre la financiación del evento".

www.elplural.com 03.10.09

FABRA SE GASTA 500.000 EUROS EN PROPAGANDA EN SEIS MESES

La Diputación de Castellón gastó, en los primeros seis meses del año, cerca de 500.000 euros en publicidad y propaganda, tal como detallan los decretos de obligación y autorización de pago firmados hasta ese momento. El total de decretos firmados para este fin asciende a 177 y detallan cantidades muy diversas, desde unos 150 euros hasta patrocinios que ascienden a 25.000.

En una docena de casos se trata de anuncios oficiales. Son más los que se destinan a patrocinios para fiestas populares, pero también se patrocinan retransmisiones de partidos de fútbol o tertulias. "Publicidad acciones de la Diputación" es uno de los conceptos por el que la institución pagó cerca de 22.500 euros. Al margen de estos pagos, también aparecen otros cargos en las arcas públicas por reportajes sobre distintas áreas de trabajo de la institución provincial que, al ser pagados, se convierten en publirreportajes. Del mismo modo, entre los decretos firmados en los seis primeros meses del año existen pagos por la publicación de una entrevista a Carlos Fabra y a alguno de sus diputados.

Las partidas destinadas a publicidad y propaganda en el presupuesto de la Diputación de Castellón se encuentran dispersas por todo el listado de gastos. De esta manera, las cifras de las que dispone la institución no arrojan ninguna cantidad llamativa. Pero si se suman todas, revelan los pagos que la institución realiza a lo largo del año y que, en muchos casos, supera incluso las previsiones, más allá del millón de euros. Al margen de estos gastos, las arcas públicas también han desembolsado, en sólo seis meses, casi 65.000 euros en la puesta en marcha de la televisión de la diputación en la página web de la institución.

Pero los decretos reflejan otro tipo de pagos, como gastos de representación en ferias "y varios" por los que el gerente del patronato de turismo ha pasado facturas, en los primeros seis meses del año, por más de 41.000 euros. Son muchos los gastos desembolsados por la asistencia a distintas ferias, expositores, billetes, alquiler de espacios, entre otros, pero resulta destacable el desembolso con motivo de la feria de Turismo en Madrid, Fitur. El transporte y alojamiento de diputados y del personal del patronato de turismo ascendido a cerca de 57.000 euros, de los que 1.215 corresponden al "alojamiento" del vicepresidente segundo de la Diputación, Vicent Aparici, durante tres días.

(www.elpais.com, 25/09/09)

Fabra "subvenciona" a Intereconomía

El Bloc Nacionalista Valenciano ha denunciado la última maniobra del presidente de la Diputación y el PP de Castellón, Carlos Fabra, para subvencionar de forma encubierta a la cadena afín del ex diputado popular Julio Ariza, Intereconomía. Según la parlamentaria del Bloc Maria Gràcia Molés, el Ejecutivo de Fabra ha aprobado un “gasto de 34.800 euros para patrocinar la emisión desde Castellón de un programa de televisión y radio” de este canal, un empeño que esconde “una clara política discriminatoria entre los medios de comunicación, con aquel sistema de premia a los buenos y castiga a los malos que tanto le gusta a Fabra”, recoge el periódico regional Levante. Intereconomía se ha distinguido por apoyar incondicionalmente al presidente castellonés, blindándole con maniobras torticeras ante las preguntas incómodas sobre su decena de imputaciones judiciales. La cadena de Ariza no sólo tiene la bendición de Fabra. La misma Generalitat Valenciana le ha agasajado concediéndole cuatro licencias de TDT y poniendo publicidad en El gato al agua, buque insignia del medio.

“Está claro que dirán que la subvención tiene por finalidad promocionar la imagen de Castellón entre los oyentes, pero no es menos cierto que la subvención sólo se destina, qué casualidad, a una emisora caracterizada por la defensa a ultranza de su figura, incluso frente a otras cadenas que han sacado a la luz pública los casos del llamado caso Fabra, en el que el presidente está implicado, por supuesto, siempre presuntamente”, denuncia Molés.

Bronca con CQC
La diputada del Bloc se refiere al sonado episodio de Fabra y el programa de laSexta Caiga quien caiga. En septiembre del año pasado, varios escoltas de Intereconomía rodearon al presidente e impidieron a la reportera Estíbaliz Gabilondo acercarse a él. La polémica continuó poco tiempo después, cuando se supo que entre el equipo de blindaje enviado por Ariza estaba José Antonio Expósito, un oscuro personaje que trabaja como asesor de seguridad de la cadena pero, en la práctica, ejerce de chico para todo.

El guardaespaldas del tamayazo
En el currículum de Expósito destaca un apartado con historia propia: fue él quien protegió a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáenz, los dos trásfugas que otorgaron a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad de Madrid en junio de 2003. Claro que su salto profesional definitivo lo dio de la mano de Ariza y en Intereconomía. Gracias al magnate mediático del PP, Expósito pudo ejercer como reportero y tender una trampa fallida, cámara oculta en mano, al abogado acusador del caso Fabra, José Luis Vera. Este tiro, sin embargo, le salió por la culata y los periodistas de pega acabaron imputados por "descubrimiento y revelación de secretos".

Bendición de la Generalitat
Con este nivel de entrega a las causas populares, no es de extrañar que Intereconomía reciba tantas recompensas, no sólo de la Diputación de Castellón sino de la misma Generalitat, que a finales de 2008 concedió cuatro licencias de TDT al medio y, no contenta con esto, compró publicidad al polémico programa estrella de la cadena, El gato al agua. El círculo lo cerraría la misma Iglesia. Según Levante, fue el ex obispo de la diócesis de Castellón, Juan Antonio Reig, quien respaldó el lanzamiento del semanario ultracatólico Alba en la zona.

Amedrentando a los “malos”
Así las cosas y volviendo a la “subvención” de Fabra al imperio de Ariza, el Bloc reprocha al PP destinar 34.800 euros a Intereconomía y no apoyar su “plan de ayuda a los medios de comunicación en los tiempos de crisis, tanto por el tema de los puestos de trabajo en peligro como por asegurar la pluralidad informativa”. “Fabra y el PP votaron en contra, ahora, en cambio, se dedican a repartir ayudas y subvenciones encubiertas para que los diferentes medios sean conscientes de que, si explican los hechos en los que se ve implicado negativamente al presidente de la Diputación de Castelló, pasarán a engrosar el apartado de malos”, sentencia Molés.

www.elplural.com 23.09.09

FABRA FINANCIA CON DINERO PÚBLICO UN TORNEO DE PELOTA QUE LLEVA SU PROPIO NOMBRE

Carlos Fabra se quiere, y mucho. Quizás no llegue a los límites de Berlusconi (que se autoproclama el “mejor presidente” de la historia de Italia), pero se acerca. El multi-imputado dirigente popular ha patrocinado, a través de la diputación que dirige, un torneo de pelota valenciana que lleva su propio nombre: I Trofeo Presidente Diputación Castellón. El torneo contó con grandes jugadores de renombre en la modalidad de “escala i corda”, como son Sarasol II, Álvaro, Dani o Genovés II (sin relación conocida con la sede del PP).

Desde el 18 de agosto al 13 de septiembre, los municipios de Xilxes y Borriol han acogido diversos partidos del I Trofeo Presidente Diputación de Castellón de pelota valenciana. Localidades como Castellón y Burriana también han puesto su granito de arena.

… y el dinero de todos

Sin embargo, una de las mayores colaboraciones las ha puesto el propio Fabra que, no contento con que el torneo llevara su nombre, también ha añadido la financiación de la competición a través de la diputación que dirige, según explica Radio Castellón, filial local de la Cadena SER.

(www.elplural.com, 18/09/09)

UN INFORME IMPIDE A FABRA IMPLANTAR LA CENSURA A LA OPOSICIÓN

Un informe de la secretaría de la Diputación de Castellón desvela que en el punto de ruegos y preguntas, que se incluye en el orden del día de un pleno, "no cabe la posibilidad de establecer límites a priori". El documento va más allá y califica de "del todo inconstitucional, privar a los miembros corporativos de la opción de formular ruegos o preguntas antes de que éstas se formularan". Este dictamen echa por tierra la pretensión del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de implantar la censura en los plenos de la Diputación y restringir las cuestiones sobre las que puede preguntar la oposición.

Fabra ha intentado, un pleno tras otro, que el portavoz socialista, Francesc Colomer, no saque a relucir sus causas judiciales en el pleno de la Diputación. El socialista aprovechaba el turno de ruegos y preguntas para reprobar la situación de Carlos Fabra, imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal y para quien la fiscalía ha solicitado dos años de cárcel por una supuesta falsedad continuada. Hasta el último pleno, celebrado en julio, Fabra no sólo amenazó con echarle del pleno, sino que le retiró el turno de palabra en más de una ocasión, alegando que no eran cuestiones relativas a la diputación.

El presidente de la Diputación anunció que pediría la redacción de un informe que fijara los límites. Sin embargo, el informe al que ahora ha tenido acceso la oposición fue redactado en octubre de 2008, aunque no ha sido registrado hasta septiembre de este año.

Ayer, Carlos Fabra tuvo que escuchar todos los ruegos y preguntas de Colomer y lo hizo sin apenas interrumpir. Así, aunque no obtuvo respuesta, el socialista exigió "responsabilidad pública y decencia" al PP en sus referencias a los impuestos porque "si todo el mundo funcionara como el presidente de la Diputación, tal como ha dicho la Agencia Tributaria, se desplomaría el estado del bienestar". "Ruego decencia al hablar de estos temas y más cuando la Diputación se sitúa en el lado más duro al aplicar 15 puntos más que la Diputación de Alicante en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE)", señaló.

De esta manera, Francesc Colomer también acusó a Fabra de "castigar a las empresas de Castellón para sufragar asesores y el ritmo de vida" de los órganos de gobierno, después de reprocharle que el gasto corriente haya aumentado un 63% en los últimos seis años, mientras que las inversiones sólo lo han hecho un 6,7%.

(www.elpais.com, 16/09/09)

Fabra recoloca a otro de sus colaboradores

Ignacio Soria, ex director de Mundo Ilusión, pasará a la promotora de la Diputación de Castelló sin concurso

Dicen los que conocen a Carlos Fabra que nunca deja en la estacada a sus colaboradores. Siempre encuentra un hueco en la diputación para nuevas incorporaciones y un resquicio presupuestario para otro sueldo. Así se explica la extensa nómina de asesores y cargos de confianza de la institución provincial, que se verá ampliada próximamente con la entrada del ex director de Mundo Ilusión, Ignacio Soria, quien se situará al frente de Vicasdi, S. A, la promotora inmobiliaria de capital público auspiciada por Fabra. En la elección no ha mediado concurso ni proceso de selección.

Ignacio Soria estaba desde hace casi medio año en el paro, después de que el Consell decretara la suspensión indefinida del proyecto del parque de ocio Mundo Ilusión y de la sociedad promotora. Carlos Fabra ha intentado en este tiempo sin éxito el reingreso de Soria en la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), adscrita a la Conselleria de Economía, para que supervisara la puesta en marcha de los proyectos de Castelló, que acumulan años de retraso (de la SPTCV dependen la Ciudad de la Música, la Ciudad de las Lenguas, el Centre de Convencions, el aeropuerto y Mundo Ilusión).

Las gestiones del presidente provincial no han tenido resultado, en una nueva muestra de su escasa influencia sobre el Ejecu?tivo autonómico. No le ha quedado otra que buscar acomodo en la diputación a Ignacio Soria, que será director gerente de la sociedad pública Vicasdi, una promotora de capital íntegramente público que pretende promover la construcción y alquiler de viviendas y el desarrollo de suelo industrial. Ayer se constituyó la mercantil en un acto en el que estuvo presente Ignacio Soria, que aún no ha firmado el contrato.

Soria fue asesor en la diputación con Fabra, quien luego le situó al frente de Turcastellón. De ahí dio el salto a la sociedad Centro de Ocio Mundo Ilusión, adscrita a la SPTCV, donde ejerció de director general hasta abril, cuando el Consell ordenó suspender la actividad y despedir a los dos trabajadores en nómina. También es en la actualidad gerente del patronato de la Fundación de Festivales Costa Azahar, que gestiona el FIB. Este cargo no está remunerado.

Iniciativa: "Un nuevo chiringuito para colocar a sus amigos"

El portavoz de Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, aseguró ayer en un comunicado que la inmobiliaria Viscali de la diputación es un nuevo "chiringuito" del presidente de esta institución, Carlos Fabra, "para colocar a sus amigos", pues -dijo- "esta empresa no tiene ninguna utilidad y la colocación a su frente del ex gerente de Mundo Ilusión es una prueba más de para qué servirá". Según Mulet, "conociendo de sobra como han funcionado y la utilidad social que han tenido los inventos societarios de Carlos Fabra: Aerocas, Mundo Ilusión y el Patronato de Turismo, ahora se crea otra, con medio millón de euros de nuestros bolsillos, y lo primero que se hace es colocar como gerente no a un técnico experto en la materia, sino a un viejo conocido parásito de las instituciones, Ignacio Soria, que fue gerente de la empresa pública Mundo Ilusión". "Esta persona -añadió- ya acumula en sus espaldas el fracaso en la gestión del que había sido el proyecto estrella de Carlos Fabra, por lo que una persona de ineptitud manifiesta que se ponga ahora a gestionar esta inmobiliaria pública hace prever su resultado", indicó el portavoz de Iniciativa Carles Mulet. levante-emv valencia

www.levante-emv.com 04.09.09

CAMPS RENUEVA SU ALIANZA CON FABRA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no quiere dejar cabos sueltos en un curso que se presenta cargado de tensión. El jefe del Consell renovó el martes pasado su alianza con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para garantizarse la estabilidad interna en el seno del PP de la Comunidad Valenciana. Especialmente frente al sector que lidera José Joaquín Ripoll en Alicante, que ha adelantado la celebración de las asambleas locales del partido para evitar la hegemonía del campismo en la provincia. Ripoll, consciente de la situación, aprovechó ayer el encuentro con Camps en la catedral de Valencia -donde se celebró un funeral por el consejero fallecido José Ramón García Antón- para acercarse a saludarle y departir durante varios minutos con él. Por la mañana el presidente de la Generalitat había obtenido en Madrid, nuevamente, el apoyo explícito de Mariano Rajoy.

Pero a estas alturas del partido, Camps tiene clara cuál es su hoja de ruta. El jefe del Consell acudió el pasado martes a Castellón para almorzar con Fabra en compañía de los vicepresidentes primero y segundo, Vicente Rambla y Gerardo Camps, respectivamente, y el secretario regional del PP, Ricardo Costa.

En el almuerzo, según desveló el propio Fabra, estuvieron presentes la secretaria provincial del PP y portavoz adjunta del grupo parlamentario, Marisol Llinares; el vicepresidente de la Diputación, Francisco Martínez; el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y su hombre de confianza Javier Moliner.

Algunos de los asistentes prolongaron la reunión hasta entrada la noche.En la reunión se abordaron distintas cuestiones, como la manera de reconducir los grandes proyectos de la Generalitat en la provincia de Castellón -la Ciudad de las Lenguas, la Ciudad de la Música, el aeropuerto- e impulsar grandes infraestructuras como el hospital de Vall d'Uixó, las depuradoras, las plantas de basura y las carreteras pendientes. Cuestiones que tendrán que tener su traslación en los presupuestos de la Generalitat para 2010 que se presentan en las Cortes Valencianas a finales de octubre.

Cuestiones que hicieron que Gerardo Camps fuese uno de los últimos en marcharse de la jornada con Fabra. El presidente de la Diputación de Castellón logró, además, apalabrar una reunión con el vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Juan Contino, la próxima semana para desbloquear la construcción de varios campos de golf en la provincia.

La discreción con la que se planteó la cumbre entre Camps y Fabra -que continuó en el domicilio playero del presidente de la Diputación- motivó las críticas de la diputada socialista María José Salvador.

"Se tienen que reunir a escondidas porque sólo hablan de sus causas judiciales y no de los problemas de Castellón", dijo la parlamentaria socialista, que lamentó que el presidente de la Generalitat vaya "poco a Castellón y que cuando lo haga sea a escondidas porque sabe que no tiene respuesta para explicar por qué sigue manteniendo a Fabra a pesar de sus graves imputaciones judiciales".

La relación entre Camps y Fabra fue una de las cuestiones comentadas ayer en las numerosas reuniones informales que mantuvieron distintos cargos populares que acudieron a Valencia para asistir al funeral por el fallecido José Ramón García Antón.

El PP de la Comunidad Valenciana no ha dejado de ser un hervidero desde hace meses, en donde los sobresaltos se suceden uno tras otro. En menos de una semana, los populares han asistido a una reorganización del Consell; al relevo del director general de RTVV, Pedro García; y a la posibilidad de que se adelantasen las elecciones a las Cortes Valencianas. Y todo ello, en vísperas de un gran mitin en la plaza de toros de Valencia -este viernes por la noche- con el que el PP pretende realizar una nueva demostración de fuerza. Un acto que contará con la presencia del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy.

(www.pais.com, 03/09/09)

FABRA ASEGURA QUE SU CASO ACABARÁ EN ARCHIVO COMO EL DE CAMPS

"A joderse, aguantarse y a resignarse", dijo a los socialistas el líder del PP

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, aprovechó ayer el auto de sobreseimiento de la rama valenciana del caso Gürtel para asegurar que no tiene "ninguna duda" de que sus imputaciones "acabarán del mismo modo". Fabra es investigado no sólo por un presunto delito de cohecho sino también ante la posible comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude fiscal. Además, la fiscalía ha pedido dos años de cárcel por un presunto delito de falsedad. Aun así, señaló que si no estuviera convencido de que el llamado caso Fabra acabará archivándose, "no estaría pleiteando".

El PP "no se portó bien" con Campos, dice el líder popular de Castellón

Carlos Fabra no hizo más referencias a sus imputaciones, pero sí habló del archivo del caso Camps, que calificó de "decisión fenomenal". Y abundó en la resolución judicial para afirmar que a los socialistas les ha sentado "a cuerno quemado" y añadió: "Ajo, agua y resina, como decían en mi pueblo. A joderse, aguantarse y a resignarse".

Fabra se refirió con especial hincapié al anuncio de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández De la Vega, sobre la intención de la fiscalía anticorrupción de recurrir el archivo de la causa que, a su juicio, es "la demostración palpable de que la Fiscalía General del Estado está al servicio del Gobierno". Carlos Fabra señaló que "el Gobierno acapara todas las esferas" y calificó de "lamentable" el "poco respeto de los socialistas con la actuación del tribunal". Luego pasó a hablar de Montesquieu y la separación de poderes que, según dijo, "está claro que actualmente no existe en este país". "Montesquieu ha muerto y sólo resucitará cuando gobierne el PP", dijo.

Fabra también citó al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, el único imputado valenciano al que el PP suspendió de militancia. El PP levantó el lunes la suspensión cautelar, tras conocerse la decisión del TSJ de sobreseer la causa. "El partido se precipitó", dijo Fabra, que añadió que "la dirección general" del PP "no se portó bien con una persona que durante muchos años se ha entregado al partido en cuerpo y alma".

La variante puede esperar 36 años

Los senadores valencianos se reunieron ayer en Castellón para planificar su trabajo a partir de septiembre. Además de las futuras propuestas, el senador por Castellón Juan José Ortiz hizo un repaso de las iniciativas adoptadas hasta el momento y habló de la reforma del trazado de la variante de la N-340. Ortiz dijo que el Grupo Popular mantiene su apoyo a la propuesta de la Consejería de Infraestructuras que "preserva el entorno del emblemático paraje de la Magdalena", tal como había reclamado el PP en el Ayuntamiento de Castellón pese a que el trazado fue consensuado en su día. Ayer, el PP, en boca de su presidente provincial, Carlos Fabra, admitió que esta modificación del trazado supondrá un retraso en la ejecución de la variante pero, según dijo Fabra, "llevamos 35 años esperando la variante y podemos estar 36 y hacer las cosas bien".

En lo que sí ha variado la posición del PP es respecto al AVE, ya que mientras que la secretaria provincial, Marisol Linares, dijo que asumirían las reivindicaciones de la plataforma que exige un cambio en el trazado, ayer, el senador Ortiz puntualizó que lo que apoyará el PP en el Senado son "correcciones técnicas" que no suponen ningún retraso puesto que el proyecto constructivo aún no está redactado.

www.elpais.es 06.08.09

EL ALCALDE DE CASTELLÓ READMITE COMO POLICÍA AL SOBRINO DE FABRA ARRESTADO POR DROGAS

El gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP) ha readmitido en el cuerpo de la Policía Local al sobrino y ex guardaespaldas de Carlos Fabra que fue detenido el pasado octubre por su presunta vinculación a una red de tráfico de drogas que disponía de laboratorios clandestinos de cocaína en la capital de la Plana. El acuerdo quedó ratificado el 10 de julio de 2009 por la Junta Local de Gobierno que preside el alcalde, Alberto Fabra, aunque el asunto no había trascendido en el orden del día al ser tramitado de urgencia por despacho extraordinario.

Este agente, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria, salió en libertad bajo fianza el pasado mes de marzo tras el pago de 40.000 euros y residía con su familia en Benicàssim al tiempo que trabajaba en un negocio familiar. El gobierno local se limitó a manifestar a través de su gabinete de prensa que el ayuntamiento "se está acogiendo en todo momento a lo que marca la ley".

(www.levante-emv.com, 22/07/09)

El químico del 'caso Fabra' no sabía que sus análisis se falsificaban

Hadmi el Azouzi, uno de los químicos imputados en el llamado caso Fabra por la supuesta falsificación de análisis de fitosanitarios, aseguró ayer en el juzgado que no sabía que sus informes se usaban para presentar solicitudes ante el Ministerio de Agricultura y que creía que se limitaban a un trabajo "interno". El Azouzi alegó que analizaba los productos que le facilitaba el empresario Vicente Vilar, también imputado en la causa, y que no sabía que sus informes fueran falsificados con sellos y cuños de empresas indias y chinas.

El químico acudió ayer a declarar al juzgado número 2 de Nules que investiga la trama organizada para la falsificación de documentos y sellos con el fin de obtener autorizaciones para la fabricación de productos fitosanitarios. Tal como explicó el propio Vilar, ante las dificultades para obtener autorizaciones para fabricar herbicidas y pesticidas, optaron por falsificar los análisis que requería el Ministerio de Agricultura para conceder las licencias. Según Vilar, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, estaba al tanto de las falsificaciones ya que las autorizaciones que se obtenían se registraban a nombre de Artemis 2000, la empresa que compartían las ahora ex esposas de Vilar y Fabra. Por ello, la juez imputó también a Fabra por un posible delito de falsedad documental, por el que el fiscal le pide dos años de cárcel.

Carlos Fabra también es investigado en el juzgado número 1 de Nules por varios supuestos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

La declaración de El Azouzi era la última prueba pendiente de la causa que instruye el juzgado número 2 contra Fabra. La juez sustituta María José Calvo deja la plaza antes de fin de mes. Antes, debe resolver los recursos presentados para transformar las diligencias en procedimiento abreviado, paso previo a la apertura de juicio oral.

www.elpais.es 04.07.09

Fabra: "El caciquismo no ha caído con los votos"

La crítica por la permanencia de Carlos Fabra al frente de la Diputación de Castellón, pese a su imputación por varios delitos contra la administración pública y fraude fiscal y la petición del fiscal de dos años de cárcel por falsedad documental, volvió a protagonizar el pleno de la institución provincial. El portavoz del Grupo Socialista, Francesc Colomer, volvió a exigir ayer a Fabra "decencia política" y pese a felicitar al PP por los resultados obtenidos en las europeas, argumentó que éstas no eran "un referéndum para depurar responsabilidades penales". "Usted es un presunto delincuente y yo soy el portavoz del PSOE, y Anticorrupción no pide cárcel para mí, esa es la gran diferencia entre los dos", señaló Colomer.

La respuesta de Fabra fue acompañada de calificativos como "bronquista nato", en referencia al portavoz socialista. El presidente de la Diputación llegó a decir que "el caciquismo aquí no ha caído con los votos", en referencia a la llamada electoral que realizó Colomer para que "el caciquismo caiga con los votos".

www.elpais.es 01.07.09

La acusación del 'caso Fabra' vigilará la actuación del nuevo juez de Nules

Ni la acusación popular ni la fiscalía anticorrupción han previsto, de momento, adoptar medida alguna respecto al próximo nombramiento de Jacobo Pin como titular del juzgado número 1 de Nules y, por lo tanto, próximo instructor del llamado caso Fabra. Jacobo Pin es hijo de Emilio Pin, abogado y representante legal del PP en la junta electoral durante los últimos procesos electorales, cargo remunerado y dependiente del partido. El juzgado número 1 de Nules instruye las diligencias por las que se investiga al presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

La relación familiar del magistrado no es motivo suficiente para recusarle

Tanto la acusación popular, que representa la Unión de Consumidores de España (UCE), como la fiscalía anticorrupción, tienen la posibilidad de recusar al juez, si consideraran que puede existir una "amistad íntima" del magistrado con alguno de los acusados, ya que ésta es una de las causas de recusación que recoge la ley. Sin embargo, de momento, no adoptarán ninguna medida aunque, tal como indicaron ayer fuentes de la UCE, se mantendrán "vigilantes" a las actuaciones del juez y no descartan la posibilidad de adoptar esta medida "si se generara una actuación llamativa". Aún así indicaron que la vinculación de su padre con el PP provincial no es un hecho de suficiente calado como para plantear una recusación. Fuentes de la fiscalía, por su parte, se remitieron al hecho de que Pin aún no ha tomado posesión de su cargo (lo hará el próximo 8 de julio) y, por lo tanto, ni siquiera han barajado la posibilidad de presentar una recusación.

La Ley orgánica del poder judicial recoge, además de la recusación, otra posibilidad para que los jueces se abstengan de participar en casos con los que puedan estar comprometidos. El juez podría inhibirse particularmente del procedimiento en el caso de que considerara que no está legitimado para instruir el proceso. Aún así, el hecho de que Pin pidiera, de forma voluntaria, ese destino, a sabiendas de que era el juzgado que instruía el caso Fabra y sus propias declaraciones, en las que señaló que "mi padre es mi padre y yo soy yo", no hacen previsible esta posibilidad.

El juzgado número 1 de Nules lleva un año y medio con una juez sustituta ya que nadie ha querido, hasta ahora, hacerse cargo de él, al igual que ocurre con otras plazas. El próximo 20 de julio, Jacobo Pin se convertirá en el noveno juez, entre titulares y sustitutos, participante de las instrucciones del caso Fabra. Mientras, el juzgado sigue a la espera del informe de los peritos de Hacienda, con el análisis de las cuentas y del patrimonio de Fabra y su familia.

El nuevo juez del caso Fabra es hijo de un líder histórico de Alianza Popular en Castellón

Se llama Jacobo Pin, que acaba de aprobar la carrera judicial, ocupará la plaza del juzgado número 1 de Nules, que se encontraba sin juez titular desde diciembre de 2007

El juzgado número 1 de Nules que investiga el caso Fabra, contará con juez titular a partir del próximo mes de julio, después de año y medio con jueces sustitutos. Jacobo Pin Godos, hijo de un conocido abogado de Castellón vinculado al Partido Popular, ocupará la plaza a petición propia.

Jacobo Pin, que acaba de aprobar la carrera judicial, ocupará la plaza del juzgado número 1 de Nules, que se encontraba sin juez titular desde diciembre de 2007. Fuentes del Consejo General del Poder Judicial han confirmado a Radio Castellón que Jacobo Pin ha pedido como destino este juzgado, y que accederá a Nules a partir del 8 de julio, cuando el Rey proceda a su nombramiento como juez.

Jacobo Pin tendrá que pronunciarse sobre el grueso de la investigación del caso Fabra, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y fraude fiscal, con un sumario de más de 25.000 folios.

Se da la circunstancia de que el nuevo juez de Nules es hijo de Emilio Pin, un conocido abogado de Castellón, estrechamente vinculado al Partido Popular. Suele representar a esta formación política ante las juntas electorales y fue cabeza de lista al Congreso por Alianza Popular en las primeras elecciones democráticas, y también estuvo integrado en las listas municipales por el mismo partido en Burriana, cuatro años después.

Jacobo Pin será el noveno juez al frente del caso Fabra desde que comenzó el proceso en enero de 2004.

www.cadenaser.com 26.06.09

EL TSJ DESESTIMA LA QUERELLA POR CALUMNIAS QUE FABRA PRESENTÓ CONTRA NOGUERA

La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado la querella por calumnias presentada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contra la diputada del PSPV en las Corts Valencianes Ana Noguera, por unas manifestaciones realizadas en un artículo de opinión.

En el escrito del TSJCV se señala que una vez valorado el artículo de opinión en su conjunto, la sala de lo civil y penal entiende que "no se realiza en el mismo ninguna imputación de concretos y genuinos hechos delictivos contra el querellante". Asimismo estima que las expresiones "pueden resultar molestas e irónicas pero, valorando el artículo en su conjunto y en el contexto en el que se realizan, no implican la imputación de un delito de malversación de caudales públicos".

La diputada manifestó en un artículo de opinión publicado en Levante-EMV el 18 de noviembre de 2008 expresiones en las que, según Carlos Fabra, se le imputaban falsamente los delitos tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho. Los magistrados argumentan que no se aprecia el "necesario y exigible ánimo de calumniar y difamar", sino que "lo que realiza en realidad es una crítica de tipo político, y de exigencia, a juicio de la querellada, de una conducta ética". "Dichas manifestaciones no impliquen una clara y concreta imputación de un delito", añade.

(www.levante-emv.com, 18/06/09)

LA FALTA DE UNA DECLARACIÓN RETRASA EL JUICIO A FABRA

La decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Nules de iniciar el juicio oral o archivar la causa contra el presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, imputado por un presunto delito de falsedad documental por el que Anticorrupción le pide dos años de cárcel, se retrasará debido a la falta de la declaración de uno de los imputados.

Hamdi El Azouzi es uno de los técnicos que trabajaba en el laboratorio del empresario Vicente Vilar en el que, supuestamente, se realizaban los análisis que posteriormente se visaban con tampones y sellos falsos con el fin de lograr autorizaciones para fabricar plaguicidas y herbicidas. Pese a estar imputado, Hamdi El Azouzi se encontraba en paradero desconocido, por lo que hasta ahora la juez no había podido tomarle declaración.

En su escrito de acusación, el fiscal anticorrupción solicitó que se mantuvieran las órdenes de localización y, finalmente, la juez dictó para ayer el día del interrogatorio. Sin embargo, la declaración fue aplazada porque Hamdi El Azouzi no fue citado "en tiempo y forma", según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.

En cualquier caso, el juzgado aún ha de resolver los recursos presentados por Fabra, que arguyó que no existen pruebas suficientes para mantener su imputación, y por Monserrat Vives, la ex esposa del empresario Vicente Vilar y ex socia de la ex esposa de Fabra, María Amparo Fernández. De todas formas, la juez no decidirá el archivo o la apertura de juicio oral hasta que haya tomado declaración al técnico del laboratorio. Según fuentes jurídicas, legalmente, la juez podría dejar este testimonio para otro proceso, pero habitualmente se espera a que todos los imputados hayan sido interrogados para adoptar la decisión.

Por otra parte, la sala de gobierno del TSJ ha pedido ya la prórroga, de seis meses, de los refuerzos para los juzgados de Nules 1 y 2, en las mismas condiciones y con las mismas jueces sustitutas. La solicitud de prorrogar la estancia de estos juzgados bis, que finalizaba este junio, se remonta al mes de abril. La información facilitada por el TSJ choca con la denuncia efectuada por el fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, quien aludió a que se había retirado el refuerzo de fiscales en Nules, que se otorga cuando se aprueba un juzgado bis, puesto que éstos no habían sido prorrogados.

(www.elpais.com, 17/06/09)

EL NÚMERO TRES DE FABRA PUSO UN VERTEDERO TÓXICO EN VALL D´UIXÓ SIN LICENCIA

El vertedero del Garrut de la Vall d'Uixó, en el que se vertieron residuos tóxicos y peligrosos durante el mandato municipal de Vicent Aparici, carecía de licencia de actividad. Así consta en un documento aportado por la propia Conselleria de Medio Ambiente al juzgado que instruye el caso, según informó ayer la Cadena SER. Según el fiscal, Aparici autorizó "al menos desde 1998 a 2002", el "vertido de residuos tóxicos y peligrosos" en el basurero del Garrut pese a no tener autorización municipal ni estudio de impacto. En una reciente comparecencia en las Corts, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, defendió que la gestión de Aparici se hizo "bajo la legalidad".

(www.levante-emv.com, 17/06/09)

FABRA ASEGURA QUE NO SE PRESENTARÁ A NINGUNA ELECCIÓN MÁS

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, no volverá a presentarse como candidato a ningún proceso electoral. Imputado por varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal y con una solicitud de fiscalía de dos años de cárcel por falsedad documental, Fabra ha comparecido esta mañana para hacer una valoración de los resultados obtenidos en Castellón, donde el PP ha duplicado la diferencia con el PSOE respecto a las anteriores europeas. Pese a ello y a que el PP ha conseguido la victoria en 101 de los 135 municipios de la provincia de Castellón, Carlos Fabra aseguró que "no voy a volver a presentarme a ninguna candidatura".

El también presidente provincial del PP había manifestado, en más de una ocasión, su decisión de no optar a ningún otro proceso electoral.

Sin embargo, siempre lo había hecho de forma ambigua y dejando entrever la posibilidad de cambiar de opinión, sobre todo, tras el logro de triunfos electorales como el conseguido en las autonómicas y locales de 2007. Esta mañana ha asegurado que abandona, sin ningún pero, y ha variado su discurso frente a 2007, cuando se sintió "absuelto" por las urnas. Pese a decir que "a la gente no le preocupa si Fabra o Camps somos culpables o inocentes", sí apuntó que la culpabilidad o inocencia, la dictarán "los tribunales".

(www.elpais.com, 08/06/09)

A LA GENTE NO LE PREOCUPA SI CAMPS ES CULPABLE´

El presidente provincial del PP, Carlos Fabra, aseguró hoy que "la gente está preocupada porque no puede llegar a final de mes o, a lo mejor, ni siquiera al día 5 de cada mes, pues somos cuatro millones de parados, y no les preocupa si Carlos Fabra o Paco Camps son culpables o inocentes, pues, --dijo-- si somos culpables, ya lo dirán los tribunales y asumiremos cada uno las responsabilidades que tenemos que asumir".

Fabra realizó estas declaraciones en una rueda de prensa que ofreció en la sede del PP de Castellón y tras ser preguntado por cómo valora los resultados electores tras una campaña con casos judiciales en marcha.

El dirigente popular manifestó que puede sacar "lo que no está escrito" en cuanto a la lista de imputados del PSOE, y añadió que es, "cuanto menos, una indecencia política, pedir que un imputado se vaya a su casa, y luego que el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, se vaya a la Vall d'Uixó a hacerse en plena campaña electoral una fotografía con el ex alcalde de esta población, que también está imputado".

"Yo no tengo que probar mi inocencia, pues el que tiene que probar la culpabilidad es el que me acusa, y, de momento, soy imputado como cientos y miles de casos que hay en España, y el presidente de la Generalitat, lo mismo", aseguró Fabra, quien aclaró que "la gente no es tonta y está harta de todo este procedimiento paralelo que se tiene como único argumento mientras obvian problemas importantes como el apoyo claro al aeropuerto, al AVE, al corredor mediterráneo, al agua del Ebro, a la financiación autonómica o a la A-68".

Tras ser preguntado si después de estos resultados se plantea si esta legislatura y el mandato en el partido serán los últimos, Fabra reiteró que "pienso mantener lo que ya he dicho, y no voy a volver a presentarme a ninguna candidatura".

Por otra parte, explicó que la Dirección del partido "ha iniciado una campaña" para conseguir que tanto el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, como el secretario general de los socialistas en Castellón, Francesc Colomer, y el portavoz de grupo socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Juan María Calles, "sigan siendo cabeza de lista del PSOE para las próximas elecciones, lo cual nos satisface muchísimo".

En este sentido, señaló que Alarte, "que tenía 15 puntos de ventaja en Alaquàs, ha perdido; Colomer ha perdido en todas las mesas electorales de Benicàssim, y es que la gente de su municipio le ha dado la respuesta a lo que él estaba buscando; y la actitud de crispación permanente de Calles les ha hecho perder por más de diez puntos en la capital".

Según dijo, "ayer Alarte estaba pletórico y encantado de los resultados, y si él está encantado, pues todos estamos encantados, pero para siempre", mientras que indicó que Colomer "debe hacer una reflexión profunda y, ante la respuesta de la ciudadanía, debería plantearse presentar la dimisión como portavoz de la Diputación y, posiblemente, marcharse también de la alcaldía de Benicàssim, porque --apuntó-- los ciudadanos de su municipio de han dicho claramente qué es lo que quieren de él, es decir, que no le quieren".

Preguntado si el PP realizará más esfuerzos en el norte de la provincia para recortar las diferencias con el PSOE, indicó que "en Villafranca, donde los resultados eran favorables al PSOE, nos hemos quedado a seis puntos, y en Morella hemos perdido por poco más de cien votos, por lo que no son cifras muy significativas", aunque dijo que "desde hace tiempo tenemos previsto producir una profunda renovación en las listas de estos dos municipios".

Finalmente, manifestó que los eurodiputados del PP demandarán "agua, el corredor mediterráneo el apoyo a la agricultura y, sobre todo, llevaremos una imagen de España correcta, pues no entiendo las causas por la que los socialistas valencianos denuncian a la Comunitat Valenciana y envían comisiones que dejan la imagen de que todo esto es un desbarajuste, y eso -añadió- es una aberración política y una falta de honestidad".

RESULTADOS

Tras agradecer a los ciudadanos el "excelente" comportamiento "en una provincia donde las elecciones europeas son importantes porque tiene una vocación netamente exportadora", Carlos Fabra destacó que Castellón "ha sido una de las provincia españolas con mayor índice de participación".

Según comentó, "estamos muy satisfechos con los resultados, tras una campaña rigurosa y seria, en la que hemos llegado muy bien a la gente". Así, destacó que el PP ha ganado en la provincia con 110.652 votos, "lo que supone casi dos puntos más con respecto a las anteriores elecciones europeas", mientras que el PSOE ha obtenido 85.466 votos, "que supone una pérdida de 4,5 puntos".

Además, indicó que el PP ha ganado en 101 de los 135 municipios de la provincia, "lo que supone que hemos recuperado 11 municipios respecto a las últimas europeas", y resaltó la victoria en localidades como Castellón capital, Benicàssim, Vila-real, Onda, Vinaròs, Benicarló, Burriana, Nules, L'Alcora o Moncofa.

www.levante-emv.com, 08/06/09

FABRA: ´¿QUIEREN QUE MARIANO RAJOY SE ME DECLARE O QUE ME ACUESTE CON ÉL?´

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se preguntó ayer si es necesario que el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, se le "declare" y se "acueste" con él para mostrarle un apoyo claro. Señaló que se siente "respaldadísimo" con todo lo que le ha demostrado hasta ahora y aseguró que "no puedo pedir nada más". Fabra realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la comarca del Baix Maestrat y tras ser preguntado si no echaba de menos un apoyo "explícito" de Rajoy.
Aseguró que "siempre" se ha sentido respaldado por Rajoy, y reiteró que él a su madre "no le decía todos los días que la quería más que a su vida, pero -dijo-"la quería más que a mi vida", y aseguró que él se siente respaldado por su partido en la Comunitat Valenciana y en Madrid, y siente que el partido en Castellón le "adora", aunque "a muchos les dolerá", aclaró.

De otro lado la Junta Electoral de zona de Castellón ha obligado al presidente de la Diputación, Carlos Fabra, tras un recurso presentado por los socialistas, a retirar las pancartas que rezan "Agua para todos", al ser publicidad contraria a lo establecido tanto en la LOREG y en la Ley Electoral Valenciana, coincidiendo con la campaña electoral para las Elecciones Europeas, según fuentes del PSPV.

La ley señala que los poderes públicos no pueden realizar ninguna campaña durante el período electoral "por vulnerar los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y el principio de igualdad entre los actores electorales". La Junta Electoral indica que han de distinguirse con nitidez los mensajes institucionales de los partidistas, por lo que no cabe la utilización de leyendas o eslóganes para una campaña institucional que coincidan sustancialmente con los utilizados por las entidades políticas en su campaña electoral .

(www.levante-emv.com, 04/06/09)

FABRA DEVUELVE LOS FAVORES A INTERECONOMÍA

El Gobierno municipal de Castellón (PP) podría haber premiado los favores de Intereconomía al presidente provincial, el polémico Carlos Fabra, contratando publicidad en dos semanarios del grupo. Lo cuenta el diario Levante, que asegura que en octubre de 2008, un mes después de que Intereconomía TV torpedeara los intentos de una reportera del programa de laSexta Caiga quien Caiga de llegar a Fabra, el vicealcalde castellonés y mano derecha del popular, Javier Moliner, contrató publicidad en las revistas Época y Trámite Parlamentario por 2.900 euros. En el recordado episodio participaron cuatro supuestos reporteros del grupo ataviados con gorras y gafas oscuras. Tal como se descubrió posteriormente, uno de ellos era Antonio Expósito, el guardaespaldas del tamayazo.

Los servicios que el grupo de Ariza prestó a Fabra durante el pleno celebrado en Castellón el 12 de septiembre de 2008 podrían haber sido abonados apenas un mes después. Según Levante, en octubre pasado el el Ayuntamiento de Castellón pagó 2.900 euros a Intereconomía por dos anuncios insertados en las revistas Época y Trámite Parlamentario. La medida se aprobó mediante un decreto del vicealcalde y mano derecha del presidente provincial, Javier Moliner.

Boicot a CQC

El mencionado pleno de septiembre, de por sí recordado por el lamentable “hijo de puta” que el presidente provincial dedicó al líder de la oposición, Francesc Colomer, tuvo gran repercusión por ser el escenario de la batalla campal que enfrentó a laSexta y a Intereconomía TV. Y es que, el canal dirigido por Xavier Horcajo envió a cuatro guardaespaldas para impedir que la reportera de CQC Estibáliz Gabilondo se acercara a Fabra. Según explicó Horcajo, era una broma para “ver qué hace CQC cuando les hacen lo mismo que a ellos”. Según Gabilondo, fue un boicot en toda regla que incluyó, además, la imposición de la presencia física.

El guardaespaldas del tamayazo

La polémica se amplió posteriormente, cuando se supo que uno de los falsos reporteros era Antonio Expósito, asesor de Seguridad de Intereconomía según su contrato. En 2003 y dos días después del tamayazo, Expósito fue contratado para proteger a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, los dos trásfugas que dieron la Presidencia de Madrid a Esperanza Aguirre. Posteriormente y ya a las órdenes de Intereconomía, el guardaespaldas se vio implicado en un montaje contra el abogado que lleva la acusación contra Fabra, imputado en varios casos de corrupción. Tal despropósito, llevado a cabo en noviembre de 2008, se saldó con la intervención policial y dos detenciones.

(www.elplural.com, 04/06/09)

FABRA DESCARTA "ACOSTARSE" CON RAJOY PARA LOGRAR SU APOYO

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha asegurado sentirse "respaldadísimo" por el presidente del PP, Mariano Rajoy, y se ha cuestionado, ante la pregunta de una periodista, si es necesario que el líder de su partido se le "declare" o se "acueste" con él como muestra de apoyo. Fabra ha contestado así al ser preguntado sobre si esperaba un apoyo más explícito por parte de Rajoy durante el mitin ofrecido el pasado viernes en Castellón con motivo de la campaña para las elecciones europeas del próximo domingo.

"¿Más explícito? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere, que se me declare? ¿Que me diga: 'Fabra, te quiero'?", ha respondido textualmente, para después añadir: "No sé exactamente qué apoyo explícito quiere; no querrá que me acueste con él".

Fabra, quien considera que "más no se puede decir", ha recordado que Rajoy estuvo con él "durante todo el recorrido" el día del mitin de Castellón y que hace dos años visitó con él el recinto de Feria Valencia.

"Me voy a la sede nacional del partido, estoy con él en su despacho en Madrid, en el congreso nacional estuvo pendiente de mi y agradecido; fui de las pocas personas, de las diez o doce personas, que fue llamado a Madrid para hablar sobre el nuevo equipo del partido a nivel nacional", ha añadido.

¿Qué quiere, que se me declare? ¿Que me diga: 'Fabra, te quiero'?

Fabra, presidente del PP en la provincia de Castellón y para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de dos años de cárcel por un supuesto delito de falsificación documental, ha sentenciado: "No puedo pedir nada más; me siento respaldadísimo".

Asimismo, ha explicado que no le hace falta que le den muestras de apoyo "todos los días" pero que se ha sentido respaldado por su partido "siempre" y no sólo en "esa visita", y, así, ha añadido: "Yo a mi madre no le decía todos los días que la quería más que a mi vida, pero la quería más que a mi vida".

Considera asimismo que su partido en Castellón le "adora" y asegura sentirse muy querido por su "gente" y "por la gente de la calle, que afortunadamente son los más contra los menos". "Yo me he sentido respaldado desde el primer día, y estoy muy tranquilo y muy agusto", ha aseverado.

(www.publico.es, 03/06/09)

Ricardo Costa : "En toda España se envidia a Castellón por Fabra"

Los populares animan a "pedir la cabeza" de Zapatero en las urnas el 7-J

Por si quedaba alguna duda del respaldo del Partido Popular valenciano a su presidente provincial en Castellón, Carlos Fabra, después de que la Fiscalía le haya pedido dos años de prisión por una de sus causas abiertas en los juzgados de Nules, ayer recibió numerosas muestras de cariño y apoyo de la cúpula regional en un acto con militantes en un restaurante del Grao de Castellón.

El vicepresidente del Consell y coordinador de campaña del PP, Vicente Rambla, le encumbró como "el artífice de tener este gran partido" en Castellón y calificó de "mentiras y manipulaciones" las informaciones publicadas en los medios de comunicación "porque quieren hacer daño" a quienes dirigen el PP "en Castellón y en la Comunidad Valenciana".

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, aseguró que "en toda España se envidia a Castellón por [Carlos] Fabra, por Alberto

[Fabra, alcalde de Castellón], y por Francisco Camps". Y aseguró que Rajoy y el presidente valenciano quedaron "encantados" con el acto en Castellón del día anterior, "donde quedó demostrado que la provincia es popular y está con Rajoy, con Camps y con Carlos".

Poco se habló de Europa en la comida-mitin, pero fueron notables los esfuerzos por tensionar al electorado ante unos comicios en los que "hay que ganar no solo por las europeas, sino para que haya elecciones anticipadas y Zapatero se vaya a la calle", en palabras de Costa. El alcalde animó a "llenar las urnas de pañuelos pidiendo la cabeza del presidente" del Gobierno. Palabras gruesas que se encargó de cebar Carlos Fabra al dirigirse a los socialistas de Castellón, "que tienen los santos huevos de manifestarse en Vinaròs por la A-68".

www.elpais.es 31.05.09

FABRA: "NO PIENSO DEJAR MI PUESTO"

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, obvió ayer la existencia de la responsabilidad política, al margen de la judicial, y se aferró al "no pienso abandonar mi puesto" como conclusión tras el primer pleno provincial celebrado desde que se conoció que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido dos años de cárcel por un presunto delito de falsedad documental. De nada sirvió que los socialistas, a los que ayer, por primera vez, se unió la representante del Bloc, reclamaran su dimisión por "decencia", "por no ensuciar más el nombre de la provincia", y por "desafiar la moral pública". En la única intervención que no leyó, casi al finalizar el pleno, el también imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal dijo estar "igual de tranquilo que el primer día" y mantuvo tener un "soberano respeto a la justicia", aunque insistió en que la Fiscalía depende del Gobierno, pero no contestó al portavoz socialista, Francesc Colomer, si estaba insinuando que los fiscales en España están prevaricando. Es más, después de asegurar que no piensa abandonar su puesto, Fabra le espetó a Colomer: "Usted va a perder las elecciones y posiblemente después le tiren de su sitio".

La respuesta del PP a la ya sabida intención del PSPV de pedir la dimisión de Fabra fue una moción de reprobación contra el portavoz socialista "por hacer dejación de sus funciones como portavoz y convertir los plenos en un auténtico espectáculo", según dijo uno de los vicepresidentes de la Diputación, Rubén Ibáñez. Para entonces, Colomer ya había hecho referencia no sólo a la solicitud del fiscal para Fabra sino también a los siete años de cárcel que pide la Fiscalía para el vicepresidente Vicente Aparici por un presunto delito medioambiental por permitir vertidos tóxicos cuando era alcalde de La Vall d'Uixó.

"Si el fiscal me pidiese lo mismo que a ustedes, yo me iría a casa por dignidad y no les condenaría a pasar un espectáculo como este", les espetó Colomer. El socialista reprochó a Fabra que "en su relación con la Generalitat", él "gana porque le mantienen, y ahora más que nunca, pero la provincia pierde". Y después de que Carlos Fabra le hablara de cuatro casos judiciales en los que están implicados políticos del PSPV, Colomer le explicó: "Yo no le pido la dimisión por estar imputado, sino por no dar la cara y no explicar quién le ingresó 600.000 euros y a cambio de qué". "Sus líos judiciales le están restando fuerza para reivindicar", le dijo.

(www.elpais.com, 27/05/09)

FABRA: NO SABE NO CONTESTA

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha negado en tres ocasiones a responder a las preguntas de los periodistas relacionadas con la petición de la Fiscalía Anticorrupción de dos años de cárcel por un supuesto delito de falsificación de documento oficial.

En la parte final de una rueda de prensa en la sede de la institución provincial, los periodistas han preguntado a Fabra si tiene pensado dimitir tras conocer la acusación formulada por la Fiscalía, si ha recibido muestras de apoyo durante el fin de semana por parte de sus compañeros de partido y si esperaba alguna muestra pública de apoyo de los dirigentes del PP.

El presidente de la Diputación, en las tres ocasiones, ha instado a los periodistas a formular la "siguiente pregunta", pese que en esa rueda de prensa sí había respondido a otras cuestiones relacionadas con la concesión de un aval de dos millones de euros a la empresa textil Marie Claire para evitar el cierre de la fábrica situada en la provincia de Castellón.

(www.publico.es, 25/05/09)

El fiscal pide para Fabra dos años de prisión por falsear documentos

El ministerio público constata la falsificación hasta en seis ocasiones

La Fiscalía Anticorrupción considera al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial, por lo que reclama dos años de prisión y una multa de 6.000 euros. Según el escrito de acusación del fiscal, en el que solicita la apertura de juicio oral, Fabra acordó manipular documentación con el fin de conseguir "el mayor número posible de autorizaciones para la producción de productos fitosanitarios", plaguicidas y herbicidas. Una de las empresas beneficiarias de las autorizaciones era Artemis 2000, de la que era socia su entonces esposa, María Amparo Fernández.

La juez de Nules debe decidir si abre juicio al presidente de Castellón

Anticorrupción considera también autores de este delito al entonces amigo de Fabra, el empresario Vicente Vilar, y a la ex esposa de éste, Monserrat Vives. Y dice de los tres que "llegaron al acuerdo de que, si era preciso, presentarían documentación manipulada". Vives era, entonces, socia de la ex esposa de Fabra, a la que, sin embargo, el fiscal excluye de su escrito de acusación al considerar que "no constan indicios de los que pueda desprenderse su participación". De la misma manera, considera que no debe ser juzgado ni el ex director general del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía, ni una de las personas que trabajaba para el laboratorio de la fábrica de Vilar. Sin embargo, sí pide un año de cárcel para el impresor Manuel Martínez, al que acusa de proporcionar sellos y cuños para elaborar los documentos falsos.

Según el fiscal, "consta que hasta en seis ocasiones fueron falsificados los sellos y firmas en la documentación" presentada ante el Ministerio de Agricultura entre diciembre de 2001 y agosto de 2002.

Ayer, tras celebrar la festividad de Santa Rita con los funcionarios de la Diputación, Carlos Fabra cargó contra la Fiscalía y, además de aludir al inicio de la campaña de las elecciones europeas, sostuvo que "la Fiscalía es una institución jerarquizada y se nota que está a las órdenes del Gobierno".

En el escrito de acusación, el fiscal apunta que la manipulación consistía en la "simulación" de informes técnicos y la "imitación" de documentos supuestamente emitidos por laboratorios de India y China. Para ello utilizaban tampones falsos que, según el escrito, "en principio fueron proporcionados por Fabra". Después, los encargos se realizaron al impresor Martínez.

Ésta es una de las causas por las que se investiga a Carlos Fabra. En el Juzgado número 1 de Nules, desde hace cinco años, el presidente de la Diputación de Castellón está imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal, después de que Vicente Vilar le acusara de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

www.elpais.es 23.05.09

Las amistades peligrosas de Camps

Cuando a Francisco Camps le preguntaron el pasado mes de febrero en las Cortes por su relación con Álvaro Pérez, El Bigotes, y el empresario José Luis Ulibarri, ambos imputados en el caso Gürtel, el presidente valenciano contestó: "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat. Y la verdad es que no tengo muchas personas definidas por su fisonomía". Pero lo cierto es que distintas circunstancias han hecho que Camps se haya rodeado de amistades tan peculiares como comprometedoras para su carrera política. Así, Camps no ha dudado, desde que llegó a la presidencia de la Generalitat en 2003, en contar con el afecto y la complicidad de Carlos Fabra. Un "ciudadano ejemplar", en palabras del propio Mariano Rajoy, capaz de "poner la mano en el fuego" por Camps tras ser imputado de un delito de cohecho por el Tribunal Superior valenciano.

Pero si Camps ha buscado en Castellón el respaldo de Fabra, en Alicante no ha dudado en apoyarse en el alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, imputado por tráfico de influencias y uso privilegiado de información en un pelotazo urbanístico que le ha reportado ganancias millonarias.

Aunque la amistad que peores réditos le ha dado ha sido la de Álvaro Pérez, imputado por cohecho, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

www.elpais.es 23.05.09

LA ACUSACIÓN DE FALSIFICAR PERMISOS PARA HERBICIDAS ACERCA A FABRA AL BANQUILLO

"Iba vestido con traje oscuro y corbata y no llevaba maletín ni carpeta". De esta manera se presentó el ex subdirector de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura Domingo Cadahía a un encuentro en el Hotel Palace de Madrid, entre finales de 1999 y principios de 2000, según el empresario Vicente Vilar. En la reunión estaba también el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. El objetivo era que el entonces ya jubilado cargo de Agricultura les asesorara ante los infructuosos intentos de que el ministerio aprobara herbicidas y plaguicidas. Los tres, junto a otras cinco personas, están ahora imputados.

La juez, que ha incoado procedimiento abreviado, decidirá en los próximos días si abre el juicio oral, lo que sitúa a Fabra más cerca del banquillo de lo que él mismo esperaba. De momento, a él y a los demás se les acusa de haber falsificado sellos y analíticas y de haberlas presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas. La sociedad beneficiaria era Artemis 2000, de la que eran socias las ahora ex esposas de Fabra y Vilar, ambas imputadas.

Cadahía había montado una asesoría, Consultores Agroquímicos, para encarrilar los trámites para la obtención de permisos. Vilar, fabricante del sector, acudió a él y, según la versión del empresario, éste les sugirió falsificar la composición de las materias primas. Cadahía declaró ante la juez que, "seguramente", la reunión trató sobre las dificultades para obtener los permisos y la necesidad de presentar una "documentación adecuada", pero negó haber sugerido la falsificación de análisis.

El caso es que Vicente Vilar sostiene que "decidimos hacerlo". El sistema consistía en cambiar, sobre papel, la composición de las materias primas y firmar los análisis con rúbricas y sellos de firmas chinas e indias falsificados. Shengua Group Company, de Zheijang (China), o la india Sharda Internacional fueron algunas de las firmas utilizadas. También presentaron la acreditación falsa de un laboratorio, el Fredrik Institute, que avalaba los compuestos ante el Ministerio de Agricultura.

La trama precisó de un impresor jubilado, Manuel Martínez, ahora imputado, que recibía los logotipos en un folio y los transformaba en sellos de caucho. Vilar dice que los primeros fueron aportados por el chófer de Fabra. Mientras, dos químicos, Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir, también imputados, rehacían los análisis.

Los productos, aprobados con documentación falsa, fueron comercializados durante más de dos años. En 2005, el Ministerio de Agricultura inició una investigación que halló indicios de la manipulación. En 2006, el Gobierno suspendió su comercialización.

(www.elpais.com, 18/05/09)

LA INVESTIGACIÓN POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS AÚN NO HA CONCLUIDO

La primera denuncia por la que se empezó a investigar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, la presentó el empresario Vicente Vilar, en otros tiempos amigo suyo, quien le acusó de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Según Vilar, Fabra medió, durante el Gobierno de José María Aznar, ante los ministerios de Agricultura y de Sanidad para tratar de agilizar autorizaciones de fabricación de productos fitosanitarios. Ocurrió en diciembre de 2003 y, según Vilar, el "pago" por estos favores se realizó a través de una asesoría de Fabra, a la que facturaba por la supuesta realización de informes de prevención de riesgos laborales. El empresario presentó también ante el juez facturas de joyerías de supuestos regalos al presidente de la Diputación.

Durante la investigación, el empresario aportó decenas de documentos de cargos del PP en los que se interesaban por el estado de los productos fitosanitarios para los que Vilar había pedido autorización. Y la titular del Juzgado número 1 de Nules le llamó a declarar como imputado por varios presuntos delitos contra la Administración pública, entre los que se encuentran el tráfico de influencias, el cohecho y las negociaciones prohibidas. Fabra lo negó todo, pese a que su entonces esposa, María Amparo Fernández, se había asociado con la de Vilar, Montserrat Vives, en una firma dedicada a la fabricación de plaguicidas y herbicidas

Pese a que los supuestos favores políticos estaban encaminados a autorizar los productos que, según se ha sabido, contaban con análisis e informes falsificados, la Audiencia de Castellón decidió el pasado mes de marzo que se trataba de temas diferentes y rechazó acumular las causas, revocando así la decisión del propio juzgado de unir ambas investigaciones.

Pero, además, Fabra se enfrenta a otra acusación. En 2005, en medio de la investigación por cohecho, la Agencia Tributaria presentó una denuncia de fraude fiscal por el impago de cuotas en 1999. La inspección fiscal señaló que no existía una correspondencia "entre su incremento patrimonial y su capacidad económica declarada, siendo injustificable esa discrepancia". Ante la presencia de numerosos ingresos en efectivo, la fiscalía reclamó investigar las cuentas y el patrimonio, tanto suyo como de su familia. La confección del informe se aprobó en 2007 pero aún no se ha concluido.

Fabra tuvo la posibilidad de aclarar ante la juez las acusaciones de la Agencia Tributaria. Sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar y nunca ha solicitado acudir al juzgado para explicar su versión.

(www.elpais.com, 18/05/09)

FABRA ENVIÓ A VILAR AL BUFETE DE COSTA PARA QUE LE ASESORARA SOBRE LA VENTA DE LOS PLAGUICIDAS

A finales del año 99, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano, fue consultado por el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, sobre un negocio que iba a generar unos beneficios de 500 millones de las antiguas pesetas: la venta de un producto fitosanitario. Hoy, diez años después, no queda nada de aquel maná dorado de los pesticidas. Fabra está imputado en una causa que lleva su nombre, Costa implicado en la trama de los trajes de caso Gürtel y Vilar encarcelado por violar a su ex mujer.

El auto dictado el pasado lunes por la juez de Nules que investiga la trama de los cuños falsos del caso Fabra concluye que Naranjax falsificó documentos del Ministerio de Agricultura para sacar al mercado decenas de bactericidas tóxicos de origen chino no autorizados en España. La resolución judicial también concluye que Fabra estaba al corriente de la operación.

A finales de los 90, Vilar pensó que había llegado la hora de vender los permisos de comercialización de Naranjax a una multinacional, y aceptó una oferta de Sapec, un grupo portugués. En aquella época Vilar aún tenía estrecha relación de amistad con Fabra y éste le recomendó Cas Legis, la asesoría de un joven Ricardo Costa, para asesorarse en un negocio tan prometedor como delicado.

Todo fue concertado minuciosamente. Una cena en la sede de Naranjax para crear el clima apropiado. El día acordado, Costa se desplazó hasta la fábrica de Artana para participar en la cumbre, "que se convirtió en una cena", según declaró en su comparecencia como testigo ante la juez de Nules. "Como soy economista y eran temas puramente mercantiles no intervine absolutamente en nada en la ejecución del trabajo", dijo. Costa reconoce que su despacho, Cas Legis, se embolsó "dos millones de pesetas más IVA" por asesorar a Vilar en la elaboración del contrato de compraventa con Sapec y sobre las posibles "consecuencia fiscales" que reportaría la operación.

El dirigente del PP valenciano insistió varias veces ante la juez en que el gerente de Naranjax en ningún momento contrató a su bufete de asesores para realizar gestiones sobre la tramitación de productos plaguicidas. "Mi despacho única y exclusivamente factura por la redacción de un contrato de compraventa y sus implicaciones", afirmó. A preguntas de los abogados y del fiscal, Costa se excusó en que habían pasado cinco años y no recordaba bien cómo fue aquella reunión en la que compartió mesa y mantel con su socio Emilio Álvarez, Vilar, y representantes de la empresa portuguesa. Y cuando llegó el momento de responder a la pregunta del millón, afloraron las dudas. ¿Estuvo Carlos Fabra en aquella reunión? Costa no lo descartó pero no lo afirmó. "No puedo garantizar que el señor Fabra estuviera ahí, tampoco que no estuviera. Podría estar en la cena". Eso sí, el político del PP reconoce que el presidente de Castelló le puso en contacto con Vilar, pero cuando las partes le preguntan por qué Fabra recomendó al empresario de Artana que visitara el despacho de Costa, éste contesta: "Los motivos por los que el señor Fabra nos llamó a nosotros se los tendrían que preguntar a él".

El secretario general de los populares valencianos mostró su tono más firme cuando Juan Navarro, en aquellos momentos abogado de Vilar, le volvió a preguntar en presencia de la juez por qué Fabra aconsejó al empresario que se asesorara en Cas Legis. "No sé si el señor Fabra sabrá o no sabrá, yo tengo un despacho y mi nombre está puesto en la calle, es público y notorio, lo tengo declarado en el Registro y compatibilizo mi actividad política con mi actividad profesional".

Además, el menor de los Costa negó haberse reunido con Fabra y Vilar en anteriores ocasiones para tratar sobre el precio de la venta de Naranjax y sus licencias de comercialización de productos plaguicidas.

(www.levante-emv.com, 14/05/09)

LA GENERALITAT VALENCIANA SALE EN DEFENSA DE CARLOS FABRA

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, apeló ayer a la presunción de inocencia del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, después de que la juez de Nules haya activado el proceso judicial que podría llevar al dirigente popular a la cárcel por falsificación documental. "Todos los ciudadanos tenemos derecho a la presunción de inocencia y Fabra también", argumentó.

Rambla vinculó el auto judicial, después de cinco años de investigaciones, al proceso electoral de las europeas y dejó claro que el PP mantiene intacto su apoyo al controvertido político. De hecho, presumió de que, a pesar de que Fabra hace años que está imputado por diversos delitos, en las últimas elecciones obtuvo "un resultado abrumador".

Como cada vez que surge alguna novedad en cualquiera de las tramas a las que está asociado el nombre de Fabra, los partidos de izquierda insisten en reclamar su dimisión. Y ayer no fue una excepción. Los socialistas le pidieron que abandone la presidencia de la Diputación, "si todavía le queda algo de decencia política, aunque sea poca", para no seguir "manchando" el nombre de Castellón. Por su parte, el Bloc animó a la justicia a actuar "con firmeza" por el bien de las instituciones democráticas.

Incluso la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana celebró la "valentía" de la jueza de Nules por estar resolviendo plazos en el complejo proceso judicial contra Fabra.

(www.elperiodico.com, 13/05/09)

LA JUEZ CONCLUYE QUE FABRA MEDIÓ POR AL MENOS SEIS PESTICIDAS CHINOS ILEGALES

El auto de la juez de Nules que da por concluida la investigación de la trama de los cuños falsos del Ministerio de Agricultura revela que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, medió supuestamente por al menos seis productos pesticidas fabricados por Naranjax con sustancias chinas "que no reunían los requisitos para su fabricación en España" y que fueron tramitados a través de la Subdelegación del Gobierno en Castelló.

La resolución de la juez María José Calvo, sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de Nules, recoge cada uno de los expedientes sospechosos que Naranjax, la empresa de Vicente Vilar, presentó para su aprobación con documentación falsificada y que Carlos Fabra remitió al entonces subdelegado del Gobierno Vicente Sánchez Peral. De este modo, el expediente con ficha 23.303 corresponde a la sustancia "Rotenona", del fabricante chino Guangxi Nanning Shi-Lu; un segundo expediente número 23.383 se atribuye a la sustancia plaguicida denominada "GA4+GA7", proporcionada por el fabricante Shenghua Company Group; y el registrado como 23.426 permitió la salida al mercado de la "Abamectina", cuyo proveedor fue Zhejiangsu Pharmaceutical.

Además, otros tres pesticidas agrícolas fueron aprobados tras las supuestas mediaciones de Fabra y Sánchez Peral. Se trata del expediente con registro 23.621, correspondiente a la sustancia "Imidaclopridm", atribuida al fabricante chino Jiangsu Research Institute; el número 23.666, "Diniconazol", de la fábrica Jianhu Pesticide Factory; y el 23.673, "Triciclazol", otro poderoso insecticida fabricado por la firma Hangzhou Nanjiao Chemical.

Según el auto de la juez, todos estos expedientes fueron "remitidos", en diferentes días y a través de Carlos Fabra, al Área de Agricultura y Pesca de la Subdelegación del Gobierno en Castelló, cuyo responsable era Sánchez Peral, hoy fallecido. En concreto, los expedientes se tramitaron el 2 de agosto y 4 de diciembre de 2001, así como el 2 de febrero, 12 de julio (por dos veces) y 23 de agosto de 2002.En su auto, la juez sustituta asegura que hay indicios de que Fabra medió ante altos cargos del Ministerio de Agricultura para favorecer a la empresa Naranjax en la adjudicación y venta de un largo listado de productos insecticidas agrícolas altamente tóxicos que salieron al mercado sin control. Vilar se autoinculpó en su declaración como imputado al asegurar que los productos que importaba de China no cumplían con los mínimos requisitos sanitarios y que incluso podían ser cancerígenos. Además, el industrial denunció la existencia de "despachos de influencia" en el propio Ministerio de Agricultura y dijo haber pagado "comisiones millonarias" a funcionarios de este departamento. La decisión de la juez salpica a la Generalitat Valenciana, que tiene competencias atribuidas en la inspección y gestión de los productos fitosanitarios.

Prueba de ello es que el Consell aprobó en el año 2003 la exportación a Turquía de al menos 16 productos insecticidas agrícolas de Artemis 2000, en su mayoría sustancias sobre las que la Justicia clava ahora el cartel de sospechosas por haber salido al mercado al margen de los controles del Ministerio de Agricultura.

El procedimiento de homologación, que quedó registrado en un certificado sellado por la Generalitat al que ha tenido acceso Levante de Castelló, benefició a una larga lista de fitosanitarios distribuidos por Artemis, la empresa gestionada al cincuenta por ciento por María Amparo Fernández, esposa de Carlos Fabra, y Montserrat Vives, ex mujer del empresario Vicente Vilar. Seis años después de que el Consell diera luz verde a aquella operación, los productos continúan bajo sospecha. Vilar, el empresario que destapó el caso, está hoy en prisión por violar a su ex mujer.

(www.levante-emv.com, 13/05/09)

EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN ESTUDIA PEDIR HASTA 6 AÑOS DE PRISIÓN

En los próximos diez días, Luis Pastor, fiscal Anticorrupción asignado al caso Fabra, deberá emitir un escrito a la juez indicándole si pide el archivo de la causa o si realiza una acusación concreta, con años de cárcel, contra el presidente de la Diputación de Castelló y el resto de imputados. En su auto, dictado el pasado 29 de abril y que se dio a conocer a las partes el lunes, la juez ve indicios de delito contra Carlos Fabra; el empresario Vicente Vilar (gerente de la empresa de Artana Naranjax); las ex mujeres de ambos -María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente-; Domingo Cadahía, ex director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura; dos químicos magrebíes que trabajaban para la firma castellonense -Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir-; y un comercial jubilado que supuestamente falsificaba los documentos y cuños oficiales. La juez exime de responsabilidad al ex subdelegado del Gobierno en Castelló, Vicente Sánchez Peral, que ha fallecido.

Fuentes de la Fiscalía señalaron ayer que Pastor ha ejercido una posición firme de acusación a lo largo de todo el proceso, por lo que resultaría incoherente que pidiera a estas alturas el archivo de la causa, y más cuando la juez ha dado el paso de transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado, o lo que es lo mismo, en trámite previo a la apertura del juicio oral.

Ayer, la secretaria general de la Unión de Consumidores (UCE) de la Comunidad Valenciana, Isabel Dolz, celebró que la jueza "haya tenido la valentía de resolver plazos" en la causa contra Fabra.

La UCE figura como acusación particular en el caso al haberse producido un daño a los derechos de los consumidores. Dolz admitió así su "alegría", tras "seis años de dilatarse el caso", por la decisión de la juez. La representante de la Unión de Consumidores, asociación personada en la causa, indicó a Europa Press que primero esperarán para ver cómo responde la Fiscalía.

"Nuestra actuación dependerá mucho de cómo se desarrollen las cosas, aunque será nuestro abogado el que decidirá al respecto", apuntó.

La causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Nules se inició para investigar la supuesta falsificación de cuños, análisis químicos, sellos y firmas con el objetivo de obtener las autorizaciones necesarias para comercializar plaguicidas procedentes de empresas asiáticas.

(www.levante-emv.com, 13/05/09)

LA JUEZ ACUSA A CARLOS FABRA DE UN DELITO DE FALSIFICACIÓN PENADO CON CÁRCEL

El presidente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, Carlos Fabra, está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. La responsable del juzgado número 2 de Nules (Castellón) considera que hay indicios racionales de "un delito de falsedad documental" cometido por Fabra y otros ocho implicados en una trama para conseguir, mediante falsificaciones, la autorización para comercializar plaguicidas ilegales. El delito del que es acusado el presidente de la Diputación de Castellón puede ser castigado con penas de inhabilitación y prisión de hasta seis años.

La juez, que da por finalizada la fase de diligencias previas cinco años después de iniciadas, en 2004, ha emitido un auto de incoación de procedimiento abreviado para que "en un plazo de 10 días" la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento del caso o, "excepcionalmente", nuevas diligencias de investigación.

El delito de falsificación de documentos que le atribuye a Fabra la responsable del juzgado número 2 de Nules está relacionado con la investigación que se sigue en el juzgado número 1 de esa localidad, que lleva el grueso del caso Fabra. Sin embargo, la Audiencia de Castellón rechazó a finales del pasado marzo que se acumulasen las dos causas al considerar que eran "hechos diferentes con imputaciones distintas".

Así, el juzgado número 1 investiga si Fabra medió ante la Administración pública para acelerar las autorizaciones para fabricar plaguicidas, y si cobró por ello. Además, instruye también las diligencias por presunto fraude fiscal tras la denuncia de la Agencia Tributaria. El juzgado número 2 ha investigado si los informes que fueron presentados ante el Ministerio de Agricultura y que sirvieron para lograr las autorizaciones para comercializar los productos fitosanitarios, fueron falsificados.

La juez del número 2 de Nules, en el auto firmado el pasado 29 de abril y comunicado ayer a las partes, halla indicios de "un delito de falsedad documental" de Carlos Fabra, el empresario Vicente Vilar y sus ex esposas, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente. Además, cita a otros cinco imputados: Hadmi El Azouzi, Mohamed Chakir (encargados materiales de las falsificaciones), el impresor Manuel Martínez Martí y los cargos de la Administración Vicente Sánchez Peral (ex subdelegado del Gobierno de Castellón) y Domingo Cadahía (ex director adjunto de Sanidad Vegetal en el Ministerio de Agricultura).

El auto judicial describe con detalle la forma de actuar de la trama con el objetivo de conseguir de forma fraudulenta los permisos para comercializar unos plaguicidas sospechosos. Los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían "falsificado cuños, análisis químicos, sellos y firmas" de productos fitosanitarios y los habrían presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas "procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización" en España.

La juez dice que "las falsificaciones fueron encargadas" por las ex esposas de Carlos Fabra y de Vicente Vilar, el empresario que posteriormente denunció a Fabra por cobrarle comisiones millonarias a cambio de sus gestiones en los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que fabricaba. Las dos mujeres habrían realizado esas gestiones a través de la empresa Artemis 2000, cuya propiedad compartían al 50%, aunque Vilar aseguró en su día que, en realidad, él y Fabra eran los dueños la firma y tomaban las decisiones.

La juez explica que esas falsificaciones fueron "realizadas materialmente por Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir", mientras que "los sellos fueron falsificados y vendidos por Manuel Martínez Martí", propietario de una imprenta en Castellón, y "remitidos a través de Carlos Fabra" al entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, ya fallecido, que a su vez los enviaba al director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Domingo Cadahía, para su legalización.

El auto y las actuaciones han sido remitidos al fiscal Anticorrupción, Luis Pastor Mota -que fue asesor del Ministerio de Justicia con José María Michavila y de Exteriores con Abel Matutes-, y a las acusaciones personadas, para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, diligencias complementarias del caso. Ésta es la primera de las causas abiertas contra Carlos Fabra en los juzgados de Nules que concluye el proceso de diligencias previas de investigación. El resto del caso Fabra se investiga en el juzgado número 1 de Nules.

(www.elpais.com, 12/05/09)

La juez prepara la apertura de juicio oral contra Fabra por un delito de falsificación de documento

El auto considera que hay indicios de que los imputados actuaron "de común acuerdo y con ánimo de lucro"

La juez sustituta de Nules María José Calvo, que investiga la trama de los cuños falsos del Ministerio de Agricultura, ha dictado un auto que da por cerrada la investigación y prepara la apertura de juicio oral contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y otros ex altos cargos de los Gobiernos de José María Aznar, según establece la resolución a la que ha tenido acceso Levante-EMV. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia advirtió ayer de que contra la orden de la juez caben todavía "algunos recursos" que podrían dejarla sin efecto.

La sustituta del Juzgado de Instrucción Número 2 de Nules trata de determinar si Fabra medió ante altos cargos del Ministerio de Agricultura para favorecer a la empresa Naranjax en la adjudicación y venta de un largo listado de productos insecticidas agrícolas altamente tóxicos que salieron al mercado sin control. En su auto, dictado el pasado 29 de abril y que ayer se dio a conocer a las partes, la juez ve indicios de delito contra Carlos Fabra, el empresario Vicente Vilar (gerente de la empresa de Artana Naranjax), las ex mujeres de ambos (María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente), Domingo Cadahía, ex director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura; dos químicos magrebíes que trabajaban para la firma castellonense (Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir), y un comercial jubilado que supuestamente falsificaba los documentos y cuños oficiales. La juez exime de responsabilidad al ex subdelegado del Gobierno en Castelló, Vicente Sánchez Peral, que ha fallecido.

Según la resolución judicial, existen indicios de que los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían participado en la falsificación de "análisis químicos, sellos y firmas de productos fitosanitarios". Toda esta documentación se presentó en el Ministerio de Agricultura "a sabiendas de su falsedad y con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones".

Como ha confesado el empresario Vicente Vilar, los químicos magrebíes que trabajaban para él alteraron los análisis de los productos insecticidas con el fin de que pasaran los controles sanitarios. Luego, según las declaraciones como imputado del industrial, altos cargos del PP castellonense, entre ellos el ex subdelegado Vicente Sánchez Peral y Carlos Fabra, mediaban ante ministros y directores generales con el fin de que se aprobaran cuanto antes las licencias de comercialización de Naranjax.

La juez asegura que las falsificaciones de documentos fueron encargadas por las ex esposas de Fabra y Vilar, quienes participaban como socias al 50% en Artemis 2000, una empresa filial de Naranjax cuya función era vender a los agricultores los productos fitosanitarios contra las plagas. Parte de la documentación falsificada corresponde a empresas proveedoras chinas a las que Naranjax compraba los componentes básicos para elaborar sus productos.
Además, el auto de la juez considera que un comercial jubilado, Manuel Martínez Martí, "falsificó y vendió" a Naranjax decenas de cuños de caucho que sirvieron para dar apariencia de legalidad a los documentos que se presentaban en el Ministerio de Agricultura.

Según la resolución del Juzgado de Nules, existen indicios de que los documentos falsos "eran remitidos a través de Carlos Fabra a Vicente Sánchez Peral y por éste a Domingo Cadahía (ex subdirector y funcionario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación)", quien según Vilar tenía influencias a la hora de agilizar la aprobación de los permisos de comercialización. Cadahía ha reconocido en su declaración como imputado que llegó a reunirse en el Hotel Palace de Madrid con Vilar y con Fabra para hablar de los insecticidas.

Auto de transformación

El paso que ha dado la juez es lo que jurídicamente se conoce como "auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado", que se sigue para casos en que la pena de cárcel es inferior a 6 años. La decisión de María José Calvo se interpreta en fuentes jurídicas como previa a la apertura de un juicio oral contra los imputados, aunque ahora se abre el plazo para los recursos de las partes.

El caso Fabra estalló a finales del año 2003, cuando el empresario Vicente Vilar interpuso dos querellas contra el presidente del PP de Castelló y otros altos cargos populares, a los que acusó de cobrar "comisiones millonarias" a cambio de mediar en los ministerios de Agricultura y Sanidad para lograr la aprobación de los productos fitosanitarios de Naranjax. Las querellas de Vilar derivaron en dos juzgados de Nules.

www.levante-emv.com 12.05.09

El Código Penal lo castiga hasta con seis años de cárcel

El delito de falsificación de documento público está castigado en el Código Penal con penas de entre 3 y 6 años de cárcel y multa de hasta 24 meses. Además, en el caso de que el condenado sea un funcionario o político, se enfrentaría a una inhabilitación para ejercer su cargo de entre 2 y 6 años.

El auto de María José Calvo supone, en la práctica, el punto final a la investigación de la trama de los cuños falsos del caso Fabra. La juez ha dado traslado del auto a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de las partes para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.

Asimismo, este mismo plazo serviría para solicitar, excepcionalmente, diligencias complementarias.

La pelota está ahora mismo en el tejado del fiscal, que en el plazo de 10 días deberá realizar una acusación formal con penas concretas para los imputados o el cierre del caso.

En octubre del año 2008 la juez María José Calvo dio otro empujón importante al caso Fabra al considerar que "existen suficientes elementos de conexión" entre la trama de los cuños falsos y la causa principal que se sigue en el Juzgado Número 1 de Nules por delitos de tráfico de influencias y fraude fiscal contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y seis ex altos cargos. Ante esta conexión, la juez ordenó la acumulación de ambos procedimientos en uno solo. Sin embargo, la Audiencia Provincial desestimó esta medida al considerar que las personas en uno y otro caso no son las mismas.

Se da la circunstancia de que la acumulación de ambas causas en una sola es una petición que ha venido realizando, de forma insistente en los últimos cinco años, la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE), personada como acusación particular.

Las fuentes judiciales consultadas por este diario advirtieron que no es necesario que la juez Calvo dicte un auto de procesamiento contra los imputados, ya que una vez que las partes y el fiscal hagan sus alegaciones puede remitir todo el expediente al decanato de la Ciudad de la Justicia para su reparto.

www.levante-emv.com 12.05.09

La juez atribuye a Fabra un delito de falsedad castigado con hasta seis años de cárcel

Es el primer paso para juzgar al presidente de la Diputación Provincial de Castellón

Tras cinco años de investigación judicial, María José Calvo, juez sustituta del juzgado de Nules, ha dictado hoy un auto de incoación de procedimiento abreviado en relación con la falsificación de documentación para la comercialización de plaguicidas en España. La juez incluye entre los responsables de este acto al dirigente popular Carlos Fabra, presidente de la Diputación Provincial de Castellón. El PP no ha tomado ninguna medida contra Fabra pese a que, desde hace años, está imputado no sólo por este delito de falsificación, sino por otros relacionados con negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias y fraude a la Hacienda Pública.

Fabra, según el relato de la juez en el auto de incoación de procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral, formaba parte de una trama que, "con ánimo de lucro, falsificó cuños, análisis químicos, sellos y firmas presentándolos, a sabiendas de su falsedad, ante el Ministerio de Agricultura con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" para vender "diversos plaguicidas procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización en España".

Fabra, según la investigación judicial, llegó incluso a reunirse con altos dirigentes del Gobierno del PP para presionar en el ministerio de Agricultura de manera que se agilizarán las autorizaciones a favor de Naranjax, una empresa de comercialización de fitosanitarios propiedad de la entonces mujer de Fabra, del empresario Vicente Vilar y de su esposa. El relato de la juez señala que los sellos falsos fueron remitidos por Fabra al subdelegado del Gobierno en Castellón quién, a su vez, los hizo llegar a un alto funcionario del Ministerio de Agricultura.

La juez entiende que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de falsedad documental previsto y penado en el artículo 390 del código Penal ("Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 1.º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial; 2.º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error ").

www.elpais.es 11.05.09

FABRA ACUSA A LA FISCALÍA DE SELECCIONAR A LAS PERSONAS QUE IMPUTA Y ENJUICIA

"Está imputado y nada más que imputado". Con esa afirmación, el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, justificó su intención de "no tomar ninguna medida" respecto a su vicepresidente y vicesecretario del PP, Vicent Aparici, para quien la Fiscalía pide siete años por permitir el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en La Vall d'Uixó, de donde era alcalde. Que Fabra optara por tomar alguna medida política tras conocer el proceso judicial al que está sometido Aparici hubiera sido una novedad. Él mismo, imputado por supuestos delitos contra la Administración pública y por fraude fiscal, sigue en su puesto y sin intención de dimitir, tal como ha asegurado en reiteradas ocasiones. Además, el ex alcalde de Vila-real y presidente local del PP, Manuel Vilanova, no solo fue imputado, acusado y procesado sino que también fue condenado por prevaricación administrativa por el Tribunal Supremo y ni entonces el PP adoptó medida alguna.

Fabra arremetió ayer contra la Fiscalía, a la que tachó de "selectiva" a la hora de elegir "a los que quiere imputar y a los que quiere abrir juicio oral". Y argumentó su idea en el hecho de que, tras el mandato de Aparici, en La Vall d'Uixó haya gobernado el PSPV. Sin embargo, obvió las fechas en las que se realizó el atestado que llevó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a presentar un informe en el juzgado número 2 de Nules, que dio lugar a la apertura de diligencias. Tampoco explicó que después de que se realizara la inspección en el barranco Del Garrut, a finales de 1999, Vicent Aparici permaneció en la alcaldía otro mandato, durante el que se realizó la investigación. Y tampoco dijo que entonces la Fiscalía estaba encabezada por Javier Arias, a quien Anticorrupción apartó del llamado caso Fabra, por su actitud indulgente durante la primera declaración en el juzgado del propio Carlos Fabra.

Así, para el presidente de la Diputación, Vicent Aparici, "goza" de toda su confianza pese a que, en ningún momento, le comunicó, tal como reconoció ayer, su condición de imputado en la causa.

(www.elpais.com, 07/05/09)

EL FISCAL PIDE SIETE AÑOS DE CÁRCEL PARA EL 'NÚMERO DOS' DE FABRA EN LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

El fiscal pide siete años de cárcel y ocho de inhabilitación para cargo público al número dos de Carlos Fabra en la Diputación, Vicent Aparici, por permitir, cuando fue alcalde de Vall d'Uixó, el vertido de residuos tóxicos y peligrosos en un basurero ilegal de la localidad.

En el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Radio Castellón, el Ministerio Público pide a la Audiencia Provincial de Castellón la apertura de juicio oral y acusa al vicepresidente segundo de la Diputación, Vicent Aparici, de los supuestos delitos de establecimiento de vertederos de residuos tóxicos y peligrosos, contra los recursos naturales, el medio ambiente, y prevaricación medioambiental.

Según el fiscal, cuando Vicent Aparici era alcalde de Vall d'Uixó, autorizó, "al menos desde 1998 hasta 2002", el "vertido de residuos tóxicos y peligrosos", en el basurero de Garrut de este municipio, "pese a no tener ningún tipo de autorización municipal ni licencia ni estudio de impacto" para ello.

Entre los residuos se encontraron metales pesados como el Boro o el Cromo, cuya concentración "excedía con mucho los parámetros permitidos" por la ley.

Estos residuos, según el fiscal, se han "filtrado en el subsuelo" y "han llegado hasta el mar", "afectando de manera grave al equilibrio de los sistemas naturales y a la salud de las personas expuestas". Los efectos del vertedero, dice el fiscal "siguen produciéndose" hoy.

El fiscal dice que Vicent Aparici "no sólo autorizó el vertedero y los depósitos" tóxicos, "sino que, conocedor de las diversas ilicitudes por carecer de todo tipo de licencia, no inició ningún tipo de actividad sancionadora". El fiscal añade que sólo realizó una operación de "adecentamiento exterior" del vertedero en 1999, "sin solucionar los problemas de impermeabilización" de los residuos.

Además de la pena de cárcel e inhabilitación, el fiscal pide para Aparici una multa de 45.000 euros. También pide que sea condenado "a la adopción de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico". Por estos hechos también pide una condena al ayuntamiento de Vall d'Uixó como responsable civil subsidiario. El fiscal acusa también por un supuesto delito de prevaricación ambiental a los dos concejales de urbanismo de la Vall en la época de alcalde de Aparici, y acusa a la empresa encargada de gestionar el vertedero por los mismos delitos que al ex alcalde.

(www.elpais.com, 04/05/09)

FABRA SUSPENDE SU PARQUE TEMÁTICO TRAS GASTAR DOS MILLONES

Uno de los grandes proyectos promovidos por la Generalitat valenciana, el parque temático Mundo Ilusión, quedó ayer suspendido indefinidamente sin que todavía se hayan adquirido los terrenos. La iniciativa fue anunciada hace diez años por Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, y la sociedad fue constituida en 2005. La suspensión se hará oficial en la reunión del Consejo de Administración de mañana.

La decisión fue anunciada ayer por Fabra, que explicó que Mundo Ilusión se reactivará cuando avancen los trámites urbanísticos para adquirir los terrenos. Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, aseguró que el parque queda "en espera" de una mejora del entorno económico. "No hay que empeñarse en proyectos que puedan, por alguna razón de viabilidad económica, resultar deficitarios", añadió.

El PSOE denunció que en estos años se han gastado entre dos y tres millones de euros en varios estudios, encargados a empresas privadas, sobre marketing, logotipos o paisaje, sin haber hecho antes un plan de viabilidad del proyecto. Según Fabra, los estudios serán útiles en el futuro. Ni la Diputación ni la Generalitat facilitaron ayer cifras concretas de gasto.

(www.publico.es, 01/04/09)

"ES USTED UN INSULTADOR PROFESIONAL Y DEBERÍA DIMITIR"

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, contestó ayer, de forma verbal, a las preguntas formuladas por el portavoz socialista, Francesc Colomer, en el último pleno de la institución provincial. En ellas, el socialista le preguntaba a cuántas personas había colocado en cada de las instituciones y entes que citaba Fabra en una grabación en la que se le oye decir: "Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años..." Un mes después de que sus palabras salieran a la luz pública, el presidente de la Diputación de Castellón dijo ayer que no ha colocado a nadie, acusó a Colomer de ser un "insultador profesional" y llegó a decir que "debería dimitir. En la anterior sesión plenaria, se limitó a señalar: "Yo no hago declaraciones sobre grabaciones ilegales, manipuladas y fuera de contexto". Poco después dijo que sus palabras se referían, únicamente, a cargos de libre designación, a los que tienen acceso los partidos cuando logran el gobierno de las instituciones. Ayer, aseguró no haber colocado a nadie.

El PP utilizó ayer una argucia para no aprobar ni rechazar una moción con la que se pretendía arrancar el compromiso del pleno de la Diputación de Castellón para salvaguardar "las buenas prácticas democráticas, la transparencia y los procedimientos legales en la contratación de personal al servicio de la Administración, desmarcándose absolutamente de toda manifestación de uso partidista de las instituciones democráticas". El texto formaba parte de la moción presentada por el Grupo Socialista con el objetivo de aclarar las colocaciones de las que se jactó el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en una grabación hecha pública hace poco más de un mes. Pero el PP presentó una enmienda a la totalidad para no votar el texto socialista y reprobar la actitud de su portavoz, Francesc Colomer que, a su entender, "provoca permanentemente el escándalo".

"Desmiéntalo, señor Fabra", exigió una y otra vez Francesc Colomer. Pero Carlos Fabra ni siquiera tomó la palabra en el debate de la moción con la que los socialistas pretendían que se abundara en la grabación en la aludía a las colocaciones. Solo al finalizar el pleno, y en contestación a unas preguntas formuladas hace un mes, Fabra dijo no haber colocado a nadie. También negó haber hecho "trampas" con el entonces director territorial de Educación, Francisco Baila, al que hacía referencia en la grabación. "¿Madre que quiere entrar en el colegio de la Consolación de Burriana?, ¿que está muy difícil? Fabra llama a Baila y el niño entra... y esa señora es un voto agradecido", decía en la conversación grabada.

Colomer aludió a la "gravedad" de las palabras del presidente de la Diputación y le acusó de "liderar las trampas y las malas artes". Habló de "estupor y vértigo democrático" y de la "inseguridad" que sus declaraciones han provocado en la Administración y entre los funcionarios. Le recriminó el "tener miedo a dar la cara, a la verdad" y le acusó de poner la institución a disposición de su partido.

La única respuesta que obtuvo Colomer fue la de uno de los vicepresidentes de la Diputación, Vicente Aparici, que le llamó "el gran crispador". Aparici no negó la veracidad de la grabación y aludió a la "dudosa legalidad" de su procedencia, al ser una conversación "hurtada". Además, con la enmienda presentada, el PP no permitió que la Diputación solicite un informe en todos y cada uno de los organismos mencionados por el presidente de la corporación "como entidades receptoras de colocaciones arbitrarias durante su periodo de mandato, con el objeto de determinar la magnitud y el verdadero alcance de su política de cautiverio de votos en la propia Administración pública", tal como pedían los socialistas.

(www.elpais.com, 01/04/09)

FABRA RECURRE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PARA NO RETIRAR EL LIBRO QUE JUSTIFICA EL FRANQUISMO

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, se ha remitido a lo dicho por el diputado de Cultura de la corporación, Miguel Angel Mulet, sobre la publicación de un libro financiado por el consistorio provincial que niega el golpe militar de Francisco Franco en 1936.

Mulet dijo que la obra, España. Sueño imposible, se publicó acogiéndose a la libertad de expresión. "Somos respetuosos con el criterio del autor, pensamos que en un sistema democrático debe existir información en todos los sentidos y en todas las variantes y debemos escucharlas", aseguró, antes de afirmar que "se han sacado de contexto". Fabra afirmó que las "valoraciones" en este tema "ya las ha hecho Miguel Angel Mulet, y yo suscribo lo que él ha dicho, por lo que no tengo nada más que decir".

(www.publico.es, 27/03/09)

EL PP VE LÍCITO QUE FABRA SE JACTARA DE "COLOCAR" GENTE

El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Castellón no ve "ningún hecho ilícito" en las declaraciones del presidente de la Diputación y del partido en la provincia, Carlos Fabra, en las que afirmaba que había "colocado a un sinfín de gente en 12 años" para obtener un "voto cautivo". Era la respuesta del vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, a las preguntas formuladas al respecto por el concejal Mario Edo. Fabra también comentó que cuando una madre tenía un problema para colocar a su hijo en un determinado colegio de Castellón, llamaba al entonces director territorial de Educación, Francisco Baila, y éste colocaba al hijo. Fabra concluía diciendo que eso era "un voto agradecido". El PP lo ve lícito.

(www.elpais.com, 27/03/09)

EL LIBRO DE FABRA NIEGA LA MASACRE DE GERNIKA

El libro que justifica el franquismo y que pagó la Diputación de Castellón con dinero público continuará en el mercado está en una veintena de bibliotecas públicas pese a la lluvia de críticas que la oposición ha lanzado sobre la Administración de Carlos Fabra (PP). La publicación no sólo alaba el franquismo, sino que exalta la figura del general golpista Queipo de Llano y justifica el bombardeo de Gernika, una de los peores masacres de la Guerra Civil.

"Había que encontrar un paliativo, una forma de contrarrestar el fracaso enemigo y para ello se montará un maremágnum de propaganda y desinformación a cargo de los hábiles técnicos de la KGB", asegura el coronel José Luis Lapeña, autor del polémico libro. Además, desmiente que el número de víctimas superara el millar: según él, fueron "unas 200, hecho que secomprobó nominalmente".

El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, dijo ayer no tener opinión al respecto porque no ha leído el libro. Pero remitió a las palabras del Diputado provincial de Cultura, quien defendió la publicación acogiéndose a la libertad de expresión.

El libro también arremete contra catalanes y vascos, de quienes dice que no "han sido dotados de la capacidad de ser conscientes de sus errores, en lo que a sus extravíos y exageraciones, por lo que a su afán separatista se refiere". Por otra parte, el municipio de Dénia anunció ayer que retirará el título de Hijo Adoptivo a Franco.

(www.publico.es, 25/03/09)

Fabra ve un "acierto" su libro de exaltación al franquismo, mientras el Gobierno lo tacha de fascista

Carlos Fabra, presidente de la Diputación y el PP de Castellón, considera un "acierto digno de ser tenido en cuenta" que su Servicio de Publicaciones edite con dinero público el libro "España, sueño imposible", una obra del ex coronel José Lapeña que niega el golpe militar de 1936 y justifica la dictadura franquista. Fabra, imputado por nueve delitos contra la Administración y Hacienda públicas, firma el prólogo del libro –como de todos los editados con dinero provincial- y destaca en este preámbulo la "valentía que caracteriza a algunas mentes"como la del autor, valorando el "reto" que ha supuesto su trabajo. "Su inmenso deseo de lectura y erudición hicieron de él un personaje ideal para emprender la tarea de repasar nuestra historia desde sus inicios hasta el final de la guerra civil", elogia. Mientras Fabra se deshace en alabanzas, el Gobierno ha tildado de "propaganda fascista"el polémico ejemplar.

Para Fabra, “España, un sueño imposible” es una prueba del “empeño por ofrecer las muestras de nuestros insignes eruditos para beneficio de la cultura de nuestra tierra”, recoge Levante EMV

Empeñados con fines nobles
“Como presidente de la Diputación sólo puedo sentirme orgulloso por el esfuerzo que hacemos en este sentido y agradecer el soporte que, vía colaboraciones como esta, recibimos de toda la población para mayor prestigio de nuestras tierras. Nuestro empeño no es sino servir a estos nobles fines”, añade el dirigente en el prólogo en el que califica la obra de “total, ambiciosa y concluyente”.

“Gran conocimiento de causa”
Fabra también valora algunos capítulos del libro, asegurando que, por ejemplo, en los apartados del 16 al 19 se “trata con gran conocimiento de causa” el reinado de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil. En estas últimas páginas, Lapeña niega el golpe de 1936 y ensalza a Franco porque buscaba "dar a España un régimen de justicia, paz, orden y armonía”.

“Propaganda fascista”
A pesar de merecer tales elogios de Fabra, este libro ha sido calificado de “propaganda fascista” por el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, para quien la obra “no tiene nada que ver con la recuperación de la memoria histórica”. Peralta ha censurado el contenido del volumen y de su prólogo, acusando al presidente castellonés de tener una influencia negativa “no sólo en el terreno económico, sino también en el cultural y el democrático.

Lo que supone Fabra
“Este tipo de discurso y este tipo de obra es una consecuencia más de lo que supone que Fabra esté al frente de una institución democrática”, ha recalcado el delegado del Gobierno. “Propaganda fascista ya tuvimos bastante con cuarenta años de dictadura”, ha insistido.

www.elplural.com 23.03.09

POLÉMICA POR UNA LOA A FRANCO EDITADA POR FABRA

El coronel de Artillería José Luis Lapeña falleció en 2005, pero la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra, rescató del olvido su libro España, sueño imposible en 2008 y desató la polémica. Todos los grupos de la oposición reclamaron ayer la retirada de un volumen que exalta y justifica a Francisco Franco.

Lapeña considera que el alzamiento militar no fue propiamente un golpe de Estado y asegura que "Franco colaboró a partir del 18 de julio de 1936 con las demás fuerzas sublevadas con el fin de dar a España un Régimen de Justicia, Paz, Orden y Armonía para todos los españoles". Su libro, fechado en 1998, fue editado con fondos públicos bajo supervisión directa del diputado provincial responsable del área de Cultura Miguel Ángel Mulet.

Isabel Sabater, presidenta provincial del PSPV de Castellón, consideró "un insulto a los demócratas que Carlos Fabra financie y apoye la edición de textos en los que se enaltece la figura de Franco y en los que se tergiversa de forma grave el curso de la historia de España".

Carles Mulet, portavoz de Iniciativa en Castellón, exigió la inmediata retirada del libro de Lapeña y aireó las "filias totalitarias y predemocráticas" de Miguel Ángel Mulet.

Marina Albiol, diputada autonómica de Esquerra Unida por Castellón, también exigió la inmediata retirada del libro que consideró "un insulto a la memoria histórica, a todos aquellos que murieron asesinados por el franquismo, y a todos los que sufrieron torturas y el exilio bajo el franquismo".

Mulet, concejal en Castellón, fue también el responsable de la edición en 2002 de Las calles de Castellón, un volumen firmado por José Luis Gimeno, entonces alcalde de la ciudad, que repasaba el origen del nombre de las calles de la ciudad y deslizaba un auténtico homenaje a la figura de Franco. El libro fue retirado días después de presentarse ante las airadas críticas de la oposición municipal.

(www.elpais.com, 23/03/09)

Carlos Fabra edita un libro que niega el golpe militar de 1936 y justifica a Franco

El autor defiende que el dictador ayudó a crear en España "un régimen de justicia, paz, orden y armonía para todos"

La Diputación de Castelló ha editado un libro del coronel José Luis Lapeña Carrasco (1929-2005) que cuestiona que el levantamiento de 1936 fuera un golpe militar y justifica las actuaciones de Francisco Franco que dieron lugar a la Guerra Civil. Franco, escribe el oficial, colaboró a partir del 18 de julio de 1936 con las demás fuerzas sublevadas "con el fin de dar a España un régimen de justicia, paz, orden y armonía para todos los españoles".

La obra fue presentada por el vicepresidente y diputado de Cultura, Miguel Ángel Mulet, durante la Feria del Libro de Castelló, en mayo de 2008, pero pasó sin pena ni gloria. El documento contiene, sin embargo, afirmaciones que pueden ser muy polémicas y que chocan con la historiografía establecida.

El libro, que se llama "España, sueño imposible", sostiene que la guerra no fue "un golpe militar al estilo de los del siglo XIX", sino que se trató un conflicto entre dos partes "con ideas distintas e irreconciliables". En la zona "nacional", prevaleció "la visión del mundo de la clase media española, con sus valores y con sus defectos"; en la "republicana" -nótese la diferencia en los juicios-, se intentó "de cara al exterior disimular una mercancía anarquista, sindicalista o comunista, claramente proletaria, con la bandera de un liberalismo burgués, tranquilo y europeo, que conseguirá engañar durante algún tiempo a muchos ingenuos".

Así, mientras "la conciencia religiosa" dio "razón y sentido a toda una generación de jóvenes" que fueron "a la muerte alegremente por su fe" (los franquistas), la "exaltación revolucionaria" produjo en el otro bando "un espíritu de lucha y una tenacidad dignos de mejor causa".
El "golpe" del Frente Popular

Si el alzamiento "nacional" no fue un golpe militar, según Lapeña, sí que lo fue, en cambio, lo que se produjo tras la victoria del Frente Popular en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Este triunfo "había dado a trabajadores, parados y revolucionarios, una patente de impunidad alejada de todo principio de orden y autoridad". El Gobierno salido de las urnas, insiste, no hizo "otra cosa que ceder constantemente, ante el empuje revolucionario", que quiso "imponerse y dominar toda España". "Era un auténtico golpe de Estado" que tenía como modelo la revolución rusa.

La tesis del coronel es contraponer un intento de rebelión de corte bolchevique manejada desde Moscú -"la URSS actuaba en España como si esta fuese una República Socialista Soviética más", dice- con la resistencia de las clases medias españolas contra el comunismo y a favor del catolicismo.
El autor subraya así el apoyo de Pío XI al "Movimiento Nacional" y la declaración del cardenal primado de Toledo, Isidro Gomá: "Debe reconocerse que la guerra de España es una verdadera cruzada en pro de la religión católica". Lapeña asegura que "el Generalísimo aceptaba las sugerencias en materia de religión porque el pueblo español se lo pedía". Y añade que, después de las preocupaciones en la Iglesia por el "totalitarismo nazi", Franco contestó a Gomá que "jamás permitiría la extensión del racismo hitleriano en España".

Lapeña sostiene en el epílogo que los países europeos acabaron reconociendo esta visión sobre la guerra: "Desenmascarada Rusia, las potencias occidentales acabarán reconociendo el esfuerzo de España frente al comunismo, cuya verdadera fisonomía llegarán a descubrir después de la Guerra de Vietnam".

La obra recorre la historia en busca de "los rasgos esenciales del "homo hispanicus"", pero Lapeña, como subraya Fabra en las páginas de presentación, se explaya en los momentos más cercanos dado su "gran conocimiento de causa".

El "Jefe" de un ejército "único"

Así, dice de Franco que, pese a no existir una unidad política en la zona "nacional", él "era el Jefe que ganaría la guerra, como mejor militar". Los distintos grupos de este bando, añade, se unieron en "una alianza asombrosa que supo llevar a la victoria a un ejército único y eficaz". Las tesis de Lapeña se inscriben en la línea revisionista abierta por autores como Stanley G. Payne, Pío Moa y César Vidal desde finales de los noventa, momento que coincide con la redacción del libro del militar de Castelló (1998).

www.levante-emv.com 22.03.09

FABRA SUBVENCIONÓ UN PROYECTO POR EL QUE COBRÓ SU HERMANO

Un hermano aprobó la subvención que hacía viable la obra y el otro redactó el proyecto técnico para ejecutarla. Eso al menos fue lo que ocurrió en 2002 en el pequeño municipio de Sant Jordi (Castellón), de unos 1.000 habitantes. Un hermano arquitecto del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, del Partido Popular, fue el autor del proyecto técnico para una obra en ese municipio de El Baix Maestrat que había sido incluida en un plan impulsado y subvencionado por la institución provincial que preside el propio Fabra.

Luis Fabra Carreras realizó y cobró el proyecto técnico de pavimentación parcial del Camino Aljibe, presentado por el Ayuntamiento de Sant Jordi, por el que cobró 10.517,71 euros, tal como figura en el acta del pleno municipal en el que se aprobó dicho proyecto. Esta obra fue aprobada por el Ayuntamiento de Sant Jordi, del que es alcalde el vicepresidente de la Diputación castellonense, Luis Tena, es decir, el número dos en la institución provincial que preside el propio Carlos Fabra.

(www.elpais.com, 12/032/09)

Fabra ataca a los periodistas entre el regocijo de sus seguidores

El presidente del PP de Castellón dice colocar sólo cargos de libre designación

El presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP provincial, Carlos Fabra, preparó ayer el escenario para reaparecer ante los medios de comunicación después de que se hiciera pública la grabación en la que alardea de haber colocado a un sinfín de personas que se convierten en votos cautivos. La sede del PP fue el fondo y la presentación de la web de Nuevas Generaciones, que aún no está ni acabada ni en funcionamiento, la excusa.

Fabra: "A mí no me gusta mucho hablar con ustedes". Risas.

Le acompañaron miembros y cargos electos del PP, al fondo de la sala y, rodeando a su presidente, una treintena de jóvenes.Los periodistas, en medio. Fabra replicó a las preguntas de los periodistas con ataques personales. "Tiene una obsesiva persecución fabrista que agradezco por la importancia que me da", espetó a un periodista, entre el regocijo de sus seguidores.

Fabra, imputado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal, aseguró ayer que en la grabación se refiere a los cargos de libre designación a los que todos los grupos políticos tienen acceso al lograr el gobierno de una institución. "Cuando se ganan la elecciones, quien hace los nombramientos es el partido que gana y aquí el partido es su presidente y su comité ejecutivo", dijo, "a otro tipo de colocaciones, yo no me dedico, eso lo hace el Servef y alguna agencia de colocación del Estado". E indicó: "Estoy averiguando las colocaciones en la diputación entre 1987 y 1994", años bajo mandato socialista durante los que, según afirmó, "pasarán de las 800".

La única explicación que dio a sus referencias al "voto cautivo" y "voto agradecido", procedente de esas colocaciones, fue la de alegar que sus palabras están manipuladas. Los jóvenes del PP coreaban, "presidente, presidente". Fabra dijo que no es cierto que llamara al director territorial de Educación, Francisco Baila, para "enchufar" a niños en colegios concertados. Y llegó a recurrir a la amnesia cuando fue preguntado a quién aludía cuando, tras el último pleno, celebrado el martes, el micrófono registró un "payasos" cuando parte del público pedía su dimisión. "No me acuerdo de nada de lo que usted me dice", respondió antes de decir "ya saben que a mí con ustedes no me apetece mucho hablar", en referencia a los periodistas. Los figurantes rieron la gracia.

"Se acabaron las preguntas, todos fuera", reaccionó un empleado del PP entre vítores y aplausos. El escenario y "acto" preparados por Fabra provocó la inmediata respuesta de la Unió de Periodistes Valencians que volvió a denunciar su actitud. La Unió ya ha llevado el caso al Síndic de Greuges (defensor del pueblo valenciano) y "continuará tomando las medidas que estime oportunas para defender los derechos de los periodistas de unos ataques que están aumentando, con el tiempo, en intensidad y frecuencia, y que son ya totalmente intolerables".

www.elpais.es 28.02.09

Fabra, en estado puro, llama "payasos" a la oposición

Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón, ha sido otra vez pillado con los micrófonos abiertos. En la última sesión plenaria, llamó “payasos” a los diputados de la oposición que pedían su dimisión. No es la primera vez que la educación de Carlos Fabra queda en entredicho. Hace unos meses, el dirigente popular llamó “hijo de puta” al líder de la oposición en la Diputación de Castellón, Francesc Colomer.

Aunque a Fabra no le importa llamar “payasos” a los miembros de la oposición, se niega a hacer “declaraciones sobre grabaciones ilegales, manipuladas y sacadas de contextos”. Al menos es lo que dijo ayer, cuando Francesc Colomer le preguntó sobre la conversación difundida por la Cadena Ser en la que Fabra “se jacta, se burla y alardea de haber colocado a un sinfín de gente”. En su respuesta, Fabra arremetió contra la emisora, a la que acusó de no ser “un medio que se caracterice por su imparcialidad”, y contra Colomer, a quien mandó a hacer averiguaciones con “la mujer de su jefe de prensa, que es la subdirectora” de la emisora. Ocupado como estaba en los ataques, lo que no llegó a hacer Fabra fue desmentir el contenido de las cintas.

Un sinfín de gente
En el pleno de ayer, Colomer inquirió a Fabra sobre la conversación difundida por la Cadena Ser en la que “se jacta, se burla y alardea de haber colocado a un sinfín de gente, y sienta la triste doctrina del voto cautivo y del voto agradecido” afirmando “que ni recuerda a cuánta gente ha colocado”.

“Grabaciones ilegales y manipuladas”
Fabra, que suele dedicar a Colomer broncas descomunales y soeces, se defendió atacando. El presidente castellonés empezó por la Cadena Ser, aseverando que éste no es “un medio que se caracterice por su imparcialidad”. “No hago declaraciones sobre grabaciones ilegales, manipuladas y sacadas de contexto”, sostuvo.

Perseguido
“A radio Castellón de la Cadena Ser no le he contestado a ningún comunicado, porque mantiene una persecución contra mi partido y contra mi persona” indicó, según informa Levante- EMV. Esta misma estrategia la utilizó cuando El País desveló que había ingresado en cinco años seis millones de euros sin justificar, y la emisora desveló que Anticorrupción estaba investigando sus cuentas.

Balones fuera
“Diríjase usted para pedir más datos a la mujer de su jefe de prensa, que es la subdirectora de la emisora; o a la de su Vicesecretaria de Comunicación y diputada autonómica, que es la mujer del jefe de informativos de la Ser”, espetó a Colomer. Lo que siguió es tan habitual que ya casi ha dejado de ser noticia: otro pleno de Castellón acabó con gritos de “¡dimisión!”, “¡dimisión!”.

Dimisión
Tras la negativa de Fabra a dar explicaciones, la Comisión Ejecutiva Provincial del Partido Socialista del País Valenciano convocó una reunión con carácter urgente en la que acordó presentar mociones en todos los ayuntamientos de Castellón exigiendo la dimisión de Fabra. El grupo también ha solicitado la relación de todas las personas contratadas directamente por la Diputación y por sus organismos en los últimos 12 años. Según Colomer, “estamos ante un claro uso perverso de la administración”, algo “especialmente grave en un momento de crisis, cuando la gente pierde empleo”.

"Mafia siciliana"
La misma petición de dimisión se repitió en los comunicados que la oposición remitió a la prensa, pidiendo, en cualquier caso, la intervención de la directiva del PP. Marina Albiol, diputada de EU, ha señalado que al mantenerle en el cargo, Mariano Rajoy está dando una “nueva demostración” de que los lazos que le unen al dirigente, acusado de nueve delitos contra la Administración y Hacienda públicas, son “muy estrechos”. También el portavoz de Iniciativa en las comarcas de Castellón, Carles Mulet, ha pedido a la cúpula de Génova que tome medidas y “no continúe haciendo como si no pasara nada”. “Fabra, en lugar de asumir consecuencias y dimitir, se dedica a atacar de nuevo con métodos que recuerdan a la mafia siciliana”.

Complicidad del PP
El Gobierno popular de la comunidad, por su parte, ha vuelto hacer la vista gorda. El vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, ha negado conocer el contenido de las grabaciones y “la realidad y el contexto en el que se hicieron” de las que, a su juicio, “se está intentado hacer un mundo”. El PPCV, a su vez, ha descartado pronunciarse sobre la conversación hasta que se conozca a su autor y éste “las ponga sobre la mesa” y “diga si pertenece o no a este partido” según ha indicado su portavoz, Ricardo Costa.

www.elplural.com 26.02.09

LA FISCALÍA VE DELITO EN EL 'ENCHUFE' EN COLEGIOS QUE DESCRIBE FABRA

La Audiencia de Castellón ha de decidir si la maniobra de Francisco Baila, como director territorial de Educación, ha de ser juzgada o no. Baila emitió resoluciones para matricular, de manera irregular, a varios niños en centros concertados. Se trata, precisamente, de la misma maniobra que describe el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en una grabación en la que alardea de haber colocado a un sinfín de personas en varias Administraciones públicas controladas por el PP. En la conversación con otros miembros de su partido, grabada poco antes de las últimas elecciones autonómicas, Fabra dice, a modo de ejemplo: "Madre que quiere entrar en el colegio de la Consolación de Burriana. Está muy difícil. No hace falta, Fabra llama a Baila y Baila mete en ese colegio y esa señora es un voto agradecido... Si nosotros no estamos, Baila no estará y tampoco lo podremos hacer y eso es así y cuesta mucho de recuperar".

Lo que describe Fabra es, precisamente, la irregularidad que CC OO puso en conocimiento de la fiscalía de Castellón en noviembre de 2007. Estos hechos permitieron abrir una investigación penal y el fiscal remitió los hechos al juzgado de Instrucción número 5 de Castellón ante los indicios de un presunto delito de prevaricación. El sindicato aportó las resoluciones firmadas por el propio Baila en las que decretaba, con nombre y apellidos, la matriculación de determinados niños en el colegio concertado de la Consolación, de Castellón. En sus escritos, el director territorial alegaba "necesidades de escolarización" para lograr que determinados alumnos accedieran al colegio en el proceso de matriculación extraordinario, a mediados de septiembre. Sin embargo, el sindicato Comisiones Obreras consideró "falsa" esta motivación, ya que se trataba de niños que ya estaban matriculados en otros centros escolares. Aun así, el juzgado número 5 archivó la causa de forma provisional y la fiscalía recurrió el archivo sobre el que ahora ha de decidir la Audiencia.

Ayer, CC OO recordó que "durante varios cursos en la provincia de Castellón fue una práctica habitual del entonces director territorial el permitir, una vez finalizado el periodo ordinario de matriculación, que el Colegio de la Consolación pudiese matricular sin respetar norma alguna alumnado por encima de las ratios ordinarias".

Hasta cuatro veces se negó ayer el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, a hacer valoraciones sobre la grabación en la que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, alardea de haber colocado a un "sinfín" de personas en instituciones públicas. Rambla hizo alusión a su desconocimiento del "contenido, la realidad o no de las mismas y al contexto en el que se hicieron". El contenido fue reproducido por varios medios, pero el vicepresidente del Consell dijo no haberlo escuchado. La realidad no fue negada ni por el propio Fabra, que únicamente dijo que las grabaciones son "ilegales y manipuladas" y, respecto al contexto, Vicente Rambla no contestó, siquiera, a si el alarde de nepotismo del presidente de la Diputación de Castellón es aceptable en algún contexto.

El también consejero de Presidencia dijo entender el "interés informativo", aunque apuntó que "el interés informativo de los cinco millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana está centrado en si los gobiernos de la Comunidad y de España son capaces de hacer que este país salga de una situación de crisis y de pérdida de puestos de trabajo", obviando que en la grabación, precisamente, se habla de colocar a gente en las instituciones públicas como manera de lograr el "voto agradecido".

El vicepresidente del Consell trató de desviar la responsabilidad remitiendo, para las aclaraciones, "a quien hizo las grabaciones" o a quien supuestamente aparece mencionado. Además, eludió responder a la posibilidad de que, desde la Generalitat, se le pida algún tipo de explicación a Fabra.

Mientras, la ejecutiva provincial del PSPV, con Francesc Colomer a la cabeza, se reunió ayer con carácter urgente y acordó solicitar la relación de "todas las personas contratadas directamente por la Diputación y por los organismos autónomos en los últimos 12 años sin que hayan ganado una oposición".

Colomer reclamó una reacción cívica ante el "uso perverso de la Administración para colocar a ni se sabe cuánta gente durante 12 años" y adelantó que presentarán una moción en todos los ayuntamientos de la provincia.

Para el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, las grabaciones desvelan que Fabra "no está trabajando realmente por los intereses generales" de la provincia, sino "única y exclusivamente por los intereses de sus conocidos y de sus amigos".

(www.elpais.com, 26/02/09)

FABRA: "YO NO SÉ LA CANTIDAD DE GENTE QUE HABRÉ COLOCADO EN 12 AÑOS"

"Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años...". Lo que era un secreto a gritos finalmente se puede oír en voz del propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), en una grabación en la que admite utilizar la Administración para "colocar" a gente de la que, después, espera su "voto agradecido". "Porque el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente (...), y con las oposiciones puedes meter a uno o dos ayudantes", añade.

Para Fabra, ganar las elecciones "supone mucho poder en un ayuntamiento, en una diputación". La grabación, desvelada ayer por la Cadena SER, corresponde a una conversación, antes de las pasadas elecciones municipales, con un miembro de su partido, el PP. Esos comentarios suponen, a juicio de la oposición, una "autoinculpación" de Fabra, a quien un juzgado de Nules investiga por supuesto fraude fiscal y tráfico de influencias. El portavoz socialista en la diputación, Francesc Colomer, exigió una "explicación inmediata".

"Ni sé", dice Fabra en referencia al número de personas que ha colocado. Y cita entre las entidades donde ha practicado el enchufismo la Diputación, donde mantiene contratados a más de una treintena de asesores. También asegura haber colocado a conocidos en el Hospital Provincial, el Instituto de Promoción Cerámica, dependiente de la Diputación; la Escuela Taurina, un proyecto puesto en marcha por Fabra; el complejo socioeducativo de Penyeta Roja, también dependiente de la Diputación, y el Puerto de Castellón, integrado en Puertos del Estado pero cuyo personal está transferido a la comunidad autónoma, con lo que la designación de su plantilla y del consejo de administración, al que pertenece Fabra, depende de la Generalitat Valenciana.

En todos ellos y en algunos otros, según palabras del propio Carlos Fabra, se puede "colocar a un sinfín de gente, asesores, secretarios, directores generales, subdirectores, subsecretarios, asesores de los consejeros, directores territoriales, secretarias de no sé qué... (...). Y toda esa gente es un voto cautivo. Ese es un voto cautivo, que lo tengáis muy claro", añade.

Fabra pone un ejemplo, una "tontería", según él. "Madre que quiere entrar en el colegio de la Consolación de Burriana. Está muy difícil. No hace falta, Fabra llama a Baila y Baila mete en ese colegio y esa señora es un voto agradecido". Se refiere a Francisco Baila, entonces director territorial de Educación en Castellón y actualmente director general de Centros Docentes de la Generalitat Valenciana, que está siendo investigado por un posible delito de prevaricación después de que CC OO lo acusara de intervenir irregularmente en el proceso de matriculación del colegio de la Consolación, pero no de Burriana, sino de Castellón.

(www.elpais.com, 25/02/09)

FABRA SE NIEGA A DAR DETALLES SOBRE SUS "COLOCADOS" EN INSTITUCIONES PÚBLICAS

"Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en doce años (...): en el hospital, en el instituto de formación cerámica, la escuela taurina, la Diputación, el Puerto... ni sé". Es una de las frases de Carlos Fabra en una grabación difundida el martes por la Cadena Ser. Antes y después de esta confesión, el presidente de la Diputación alecciona a su auditorio sobre la necesidad de mantener el "voto cautivo" o el "voto agradecido" para ganar elecciones.

En el pleno de la Diputación que se celebró hoy, el jefe de la oposición socialista, Francesc Colomer, preguntó a Fabra por estas declaraciones. Sus preguntas fueron concisas: quiso saber "a cuánta gente ha colocado" el líder conservador en los diversos organismos que había citado en sus grabaciones y "cuántas lista de espera había violentado". Colomer pidió además una dimisión inmediata a Fabra en caso de no dar explicaciones sobre el contenido de las frases hechas públicas. Le acusó de haber sentado "la triste doctrina del voto cautivo".

El presidente de la institución y líder del PP de la provincia contestó con descalificaciones. No se dejó a nadie en el tintero. Acusó a Colomer de tener "una carencia importante de principios democráticos" y de haber estado "acusando a mi partido y a mi persona sistemáticamente". Y arremetió una vez más contra los medios críticos con su gestión. El turno fue de la Cadena Ser, a la que dijo "no contestar preguntas". Fabra tuvo además descalificaciones personales contra profesionales concretos.

Sobre la grabación, no hubo explicaciones. Fabra se negó a hacer declaraciones sobre "grabaciones ilegales, manipuladas y sacadas de contexto". No especificó en qué consiste la manipulación ni en qué contexto cabe hacer alarde del "voto agradecido" o de las "colocaciones" logradas desde un cargo público. El presidente de la Diputación alardeó, además, de estar "simplemente imputado".

Cabe recordar que el líder del PP en Castellón está imputado desde hace cinco años y tres meses por nueve delitos, como cohecho o tráfico de influencias.El Pleno duró más de dos horas de enorme tensión en cada una de las intervenciones, para acabar en bronca. Después de que Fabra diera por acabada la sesión, los miembros del público se levantaron y pidieron su dimisión entre gritos de "cara dura". El aludido había acusado anteriormente al PSOE de haber llevado al pleno "a quien aplauda sus intervenciones". Uno de los espectadores espetó a los diputados del PP "qué más os hace falta para abrir los ojos".

(www.publico.es, 25/02/09)

Un juzgado de Castellón mantiene paralizado el caso de la muerte por negligencia de una niña en un campamento de verano

Fabra rodeado de potentes monosabios

El campamento tuvo lugar en las instalaciones del Club de Campo del Mediterráneo de Borriol, del que es máximo responsable Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón

El juzgado de instrucción numero cinco de Castellón lleva más de un año y medio sin llamar a declarar a los responsables del campamento donde falleció María Ortega Cirera, una niña de seis años a quien le cayó en julio de 2007 un macetero sin anclajes mientras asistia a este campamento de verano con monitores sin titulacion y sin la correspondiente licencia para la organización de este tipo de actividades

Los padres de María Ortega quieren justicia. Quieren que el juzgado haga su trabajo y cite a declarar a los responsables de las instalaciones deportivas donde ocurrió el accidente y declaren también los responsables del Ayuntamiento de Borriol, en Castelllón, porque al parecer el club de campo donde se celebraba el campamento no había solicitado la licencia obligatoria para esta actividad.

Las dos monitoras, sin titulación ni contrato, según las diligencias judiciales, son las únicas que han declarado como imputadas, pero el juez todavía no ha escuchado a los responsables de la organización del Campamento. Entre ellos se encuentra el gerente de esta entidad o su máximo dirigente, Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón.

El juzgado tampoco ha tomado declaración a los responsables del ayuntamiento de Borriol quienes no habían realizado ninguna inspección a la actividad de ese campamento.

Después de un año y medio, el caso sigue parado a pesar la insistencia de la familia y sus abogados, el bufete González Franco, que desde el pasado mes de julio han solicitado hasta en cuatro ocasiones la declaración como imputados de los responsables del Campamento y del Consistorio, sin recibir respuesta ninguna por parte del Juzgado.

Los padres de María Ortega consideran que los organizadores del campamento son responsables indirectos de la muerte de su hija porque no hicieron lo que debían hacer y estaba en sus manos: solicitar los permisos legales para esa actividad, vigilar la seguridad de sus instalaciones y contratar como monitores a personas con la titulación necesaria para tratar con niños de tan corta edad

www.cadenaser.com 07.02.09

LOS 'DEBERES' DE LA JUEZ DE FABRA

La juez de refuerzo para Nules dejará el trabajo de su compañera reducido a casi la mitad. De los casi 3.600 casos, entre diligencias previas penales y asuntos civiles, que durante el año pasado recibió el juzgado número 1 de Nules, la juez de refuerzo se hará cargo de todos los civiles, con lo que pasará a tramitar cerca de 1.500 expedientes. Los demás, los penales, quedarán en manos de quien, desde noviembre de 2007, se hace cargo del juzgado, una juez, sustituta, la octava responsable también del caso Fabra.

La última diligencia practicada se remonta al mes de septiembre, cuando autorizó a los peritos judiciales a que acudieran a los bancos, acompañados de la policía, para reclamar la documentación que las entidades no habían facilitado. Esta información resulta crucial para la elaboración del informe en el que se cruzarán los datos fiscales del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y de su familia, con los movimientos en sus cuentas.

Desde entonces, se ha cumplido el quinto aniversario del llamado caso Fabra, por el que se investiga al presidente provincial del PP ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal. Una vez descargada de trabajo, la juez cuenta con tiempo para tratar de agilizar el caso, si quiere. Sus posibilidades, pese a lo adelantado de la instrucción, no son banales.

El escrito por el que el juzgado autorizó la realización del informe de los peritos inspectores de Hacienda es de mayo de 2005. Como en el resto de pruebas aprobadas, Carlos Fabra recurrió la decisión y un año después la Audiencia provincial avaló la decisión del juzgado y dio vía libre a la recopilación de información. Dos años y medio después, el informe aún no se ha concluido. Algunos bancos y cajas de ahorro suministraron la información por goteo. Pero hasta septiembre, momento en el que los peritos acudieron a las entidades junto a la policía para reclamar exactamente lo que querían, tampoco hubo nadie que les apercibiera o recriminara su lentitud. Además, la última titular del juzgado número 1 de Nules dictó que el acceso a esta información por parte de los peritos se hiciera "ordenadamente", que después de una cosa, se estudiara otra. Y los peritos tampoco utilizaron ninguna argucia legal para aligerar la transmisión de esa información.

La documentación ya está acumulada y la juez, que ahora tiene más tiempo, podría actuar con la misma diligencia que lo hizo en septiembre y reclamar, exigir, la presentación del informe o la designación de cierta exclusividad para que los técnicos saquen adelante el trabajo de un proceso que lleva abierto cinco años y que ha causado alarma social. Estos peritos inspectores dependen de la fiscalía anticorrupción, pero tampoco el fiscal que lleva el caso les ha reclamado premura.

En diciembre de 2007, la acusación popular solicitó la práctica de una nueva prueba. La petición no ha sido ni contestada, con lo que la juez también podría responder a este escrito.

Carlos Fabra nunca ha sido interrogado por la denuncia presentada por la Agencia Tributaria que, tras comprobar sus ingresos y declaraciones de renta del ejercicio de 1999, le acusó de impago de cuotas y desveló un desfase de 600.000 euros. Según la denuncia, las cuentas de Fabra y de su familia presentaban este volumen de ingresos sin que estuviera acreditada su procedencia. La juez le llamó entonces a declarar para que explicara el origen del dinero, pero el presidente de la Diputación se acogió a su derecho a no hacerlo porque había recurrido la denuncia. Su recurso fue visto y desestimado y las jueces, titulares y sustitutas, que desde entonces han pasado por el juzgado, no volvieron a reclamar sus explicaciones. El propio Fabra ha manifestado en más de una ocasión su deseo de que la investigación a la que está sometido concluya. También el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, arengó hace unos días con una petición para que Carlos Fabra pueda defenderse "donde le corresponde, que es en los juzgados". Sin embargo, al igual que dispone del derecho a no declarar, el imputado también tiene en su mano otro derecho, el de acudir al juez tantas veces como considere oportunidades para explicar estos desfases. Y Carlos Fabra no lo ha hecho y su partido, el PP, tampoco se lo ha reclamado.

La juez podría llamarle a declarar por esta acusación y, con sus explicaciones, el presidente del PP castellonense podría arrojar algo de luz al caso, sobre todo en lo que se refiere a su incremento patrimonial y a sus cuentas. De esta manera, quizá, los peritos también contarían con alguna pista para concluir su informe.

Las diligencias del caso Fabra suman sus folios por decenas de miles. La juez que más tiempo ha permanecido en el número 1 de Nules estuvo poco más de dos años y, después, pidió el traslado. Las otras seis que precedieron a la actual pasaron meses en la plaza, con un importante volumen de trabajo y un caso especialmente complejo por la índole de los delitos, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas... La actual juez estará hasta julio, en el caso de que algún nuevo juez reclame la plaza para cubrirla como titular, o hasta enero de 2010, en que habrá otro concurso de destinos, o no se sabe hasta cuándo.

De momento, el margen de maniobra que tiene, aunque importante, es limitado. Otra cosa será cuando llegue el esperado informe, momento en el que habrá de estudiar, analizar y determinar si es suficiente para decretar la apertura de juicio oral, si pide más pruebas, si interroga a alguien más o si archiva la causa.

(www.elpais.com, 30/01/09)

LOS PERITOS SE CENTRAN EN LA INSPECCIÓN DE 1999 QUE DETECTÓ EL FRAUDE FISCAL DE FABRA

Cinco años después de que estallara el caso Fabra, los peritos de la Fiscalía Anticorrupción comienzan a tener sobre su mesa todas las piezas del puzzle que conforma el patrimonio del presidente de la Diputación de Castelló y su familia. Y de todas ellas destaca una: el informe que los inspectores de Hacienda llevaron al juzgado tras detectar ingresos sin justificar por 600.000 euros en la declaración de renta de Carlos Fabra correspondiente al año 99.

Según ha podido saber Levante de Castelló por fuentes judiciales, la principal prueba de cargo contra el líder provincial del PP es este informe de la Agencia Tributaria, en el que se constatan cientos de ingresos en casi un centenar de cuentas corrientes a nombre de Fabra, su mujer y sus hijos.

La inspección de los años posteriores, es decir de 2000 a 2004, no ha arrojado de momento resultados importantes, por lo que los peritos de la Fiscalía Anticorrupción de aferran a la denuncia del año 1999 como pieza clave de todo el sumario.

El escándalo estalló a finales de 2003, cuando un empresario, Vicente Vilar, acusó a Fabra de cobrarle comisiones millonarias a cambio de favores políticos e interpuso contra él dos querellas en los juzgados de Nules.

Desde hace cinco años, los inspectores han escudriñado minuciosamente las cuentas corrientes de la familia Fabra, han examinado centenares de cheques y letras, y han seguido el rastro del dinero que entró en Carmacas, la asesoría del presidente de la diputación, en el periodo comprendido entre 1999 y 2004. Ninguna de estas pesquisas ha resultado ser tan trascendente como esa inspección del año 99, donde se ha hallado la irregularidad fiscal más relevante supuestamente cometida por Fabra.

"El informe de los peritos está cerca, pero no variará mucho de la denuncia que ya puso en su día la Agencia Tributaria por supuesto fraude fiscal", han asegurado fuentes próximas al juzgado de Nules. La prueba pericial que están elaborando los técnicos de la Fiscalía Anticorrupción podría estar entrando en la recta final y una vez que sea remitida al juzgado le tocará al fiscal asignado al caso, Luis Pastor, calificar los hechos.

"La calificación no puede ir más allá de lo que dicen los datos fiscales; desde este punto de vista el fiscal tiene poco margen de maniobra para calificar, en el caso de que haya habido alguna irregularidad tributaria", añaden las citadas fuentes.

El sumario acumula ya más de 20.000 folios, cinco años de instrucción, diez juezas, entre titulares y sustitutas, y cuatro fiscales. Desde el inicio de la investigación, en la que consta como imputado el presidente de la diputación de Castelló y otros seis ex altos cargos del gobierno de Aznar, los retrasos, relevos y una constante parsimonia judicial ha llevado a la casi paralización del proceso.

En febrero del año 2006 la Audiencia Provincial de Castelló consideró que sería útil para la investigación que se aportaran las certificaciones del Registro de la Propiedad sobre las propiedades de Carlos Fabra, su esposa y los hijos de ambos. Asimismo, el auto ordenó la realización de una prueba pericial para determinar "la naturaleza y el origen del incremento patrimonial" del presidente de la Diputación Castelló. El tribunal consideró además que el patrimonio de los hijos de Fabra ha de estar al "alcance" de la investigación, ya que "no es infrecuente" que el posible lucro obtenido "se trate de ocultar en la esfera familiar".

(www.levante-emv.com, 19/01/09)

EL SEGUNDO JUEZ PARA EL ´CASO FABRA´ SE INCORPORA AL JUZGADO DE NULES

El juzgado de Nules es el encargado de investigar al presidente de la Diputación y del PP en Castellón, Carlos Fabra, que aparece imputado como presunto autor de delitos de contra la administración pública, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.

Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, una investigación que el Juzgado número 1 de Nules sumó a la causa abierta en 2003 referente a una supuesta falsificación en documentos y permisos para productos fitosanitarios.

Según el TSJCV, las plazas de los dos jueces que se aprobaron como refuerzo para Nules por parte del Tribunal Superior debían ser cubiertas el pasado día 2 de enero de la bolsa de trabajo, que cuenta con 4 jueces destinados a Nules.

El día 2 de enero se incorporó uno de los jueces y el resto de funcionarios judiciales de refuerzo, pero el segundo juez no se incorporó ya que en ese momento no quedaba ningún juez disponible en la bolsa.

De estos cuatro jueces de la bolsa destinados a Nules, ha explicado el TSJCV, dos están ya empleados en el juzgado número 2 de esta misma localidad, y de los 2 restantes, uno se incorporó el día 2 de enero y el otro se ha incorporado hoy, ya que la bolsa "no es estática y el día 2 no había ningún juez disponible", por motivos como podría ser la baja por enfermedad, han aclarado las mismas fuentes.

Del total de los jueces que se encuentran en la bolsa de trabajo, hay 12 destinados a la provincia de Castellón, y un tercio de éstos (4 jueces), están destinados a Nules.

El pasado 30 de diciembre la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León anunció que el dos de enero se incorporarían a trabajar en Nules 2 jueces, 2 secretarios judiciales y 4 funcionarios de refuerzo en este juzgado que investiga la causa abierta contra el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, por delitos contra la administración pública y fraude fiscal.Pese a que el Ministerio de Justicia autorizó en septiembre la creación de las dos plazas de juez de refuerzo en los juzgados de Nules, la Conselleria de Justicia anunció que no cubriría las plazas de funcionarios -tres por cada uno de los nuevos jueces- hasta 2009, por considerar que no estaba obligada a hacerlo hasta que se adjudicaran los refuerzos para todos los juzgados de la Comunitat.

(www.levante-emv.com, 07/01/09)

Colomer sugiere una "mano negra" tras el retraso del 'caso Fabra'

El PP acusa a la oposición de usar la Justicia como "carnaza política"

El secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón, Francesc Colomer, calificó ayer de "injustificable e inexplicable" el reiterado retraso del caso Fabra por la falta de jueces y funcionarios en los juzgados de Nules. Y llegó a afirmar que "cuesta pensar que no existe una mano negra detrás de esta demora reiterada". Las declaraciones de Colomer hacían referencia a la noticia de que la falta de personal impidió poner en marcha el viernes los juzgados de refuerzo creados en Nules, donde se investiga desde hace cinco años al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad en documento y fraude fiscal.

Colomer mostró su convicción en que Fabra deberá abandonar todos sus cargos, porque "una persona que no solo no paga los impuestos que le corresponden, sino que se niega a aclarar sus millonarios ingresos, no puede mantenerse al frente de ninguna responsabilidad política".

De los cuatro funcionarios previstos en Nules, solo uno tomó posesión el viernes en las nuevas dependencias. Y mientras, los dos nuevos juzgados siguen sin tener adscrito un juez encargado porque la bolsa de jueces sustitutos está ahora vacía. Por ello, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol criticó ayer la actitud del Consell porque "desde que el pasado mes de septiembre el Consejo General del Poder Judicial aprobara la creación de los dos juzgados de refuerzo para el caso Fabra desde la Consejería de Justicia no han hecho más que poner trabas y problemas para su puesta en funcionamiento". Albiol aseguró que si el lunes los juzgados no están en marcha la consejera Paula Sánchez de León debería de dimitir. "Sánchez de León ya ha perdido la oportunidad de demostrar que está al servicio de los ciudadanos y la justicia y no únicamente bajo las órdenes de su partido, un partido donde Carlos Fabra, a pesar de las múltiples imputaciones, continua teniendo mucho peso".

El PP, por su parte, acusó al PSPV de solo tener un objetivo, "entorpecer la justicia", y de usarla "como carnaza política".

www.elpais.es 04.01.09

La falta de jueces impide que arranque el 'caso Fabra'

El líder popular en Castellón está acusado de cohecho y fraude fiscal

Los dos juzgados de refuerzo creados en la localidad de Nules para agilizar la instrucción del caso Fabra no se pusieron ayer en marcha, como en principio estaba previsto, por falta de jueces y de funcionarios.

La consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, después de haber retrasado durante los últimos cuatro meses el nombramiento de los funcionarios con el pretexto de que carecía de presupuesto para sus sueldos o porque, tal y como aseveró, no consideraba prioritario el caso Fabra, manifestó esta semana que ayer se incorporarían los dos funcionarios necesarios para cada uno de estos dos juzgados. Sin embargo, ayer sólo pudo tomar posesión de su puesto uno de estos trabajadores. Según aseguraron fuentes de la Consejería de Justicia, "problemas en la documentación originados por la acumulación de días festivos" impidieron la incorporación del resto, "que acudirán a Nules el lunes".

Tampoco había magistrados. Éstos debían salir de la bolsa de jueces sustitutos de la provincia de Castellón, pero según confirmaron tanto el juez decano de Castellón, José Luís Conde-Pumpido, como el presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez, la bolsa "está ahora vacía porque todos estos funcionarios están ocupados en algún juzgado".

Domínguez, cuya reciente reelección al frente de la Audiencia de Castellón por parte del Consejo General del Poder Judicial estuvo rodeada de polémica por su amistad con el presidente del PP y de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, manifestó en declaraciones a la Cadena SER que "no sabía" que la bolsa de jueces sustitutos estuviera vacía, y dijo que esta situación no era previsible. "Los jueces no se improvisan y no podemos poner un anuncio en un periódico para tener más", dijo.

Los dos juzgados de refuerzo de Nules fueron creados en septiembre por el Gobierno central, tras las peticiones del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Oposición y sindicatos criticaron que no se habían puesto en marcha porque la Generalitat valenciana no había destinado a los funcionarios necesarios para que pudieran comenzar a trabajar. Sin embargo, ahora también faltan los jueces. Los juzgados 1 y 2 de Nules investigan a Carlos Fabra desde hace 5 años por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad en documento, y fraude fiscal.

www.elpais.es 03.01.09

Tensión en el CGPJ por los candidatos a presidir la Audiencia de Castellón

La elección del presidente de la Audiencia provincial de Castellón ha sido uno de los motivos que ha elevado la tensión entre los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votaran mañana la elección de varios cargos. El desacuerdo para este nombramiento se ha centrado, fundamentalmente, en el seno del llamado grupo progresista, en el que los apoyos están divididos, cuando esta audiencia provincial tiene actualmente un especial relieve ya que hasta ella llegan los recursos del caso Fabra.

Los consejeros han barajado también la "inquietud" que puede provocar la posible reelección del actual presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez, dada su relación manifiesta con el propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Ante todo, de cara a la sociedad y después de que Domínguez no haya tenido reparos en aparecer en público con el político, imputado e investigado ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

Sin embargo, el del presidente de la Audiencia de Castellón no es el único puesto que se decide en la votación del pleno del CGPJ de mañana y el acuerdo parece haber pasado por la cesión del puesto de Castellón por parte de los progresistas con el fin de llegar a un acuerdo en la elección de los nuevos presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Galicia y de las Audiencias Provinciales de Madrid y Cáceres.

El llamado sector progresista cuenta con mayoría en el pleno del Consejo pero entre sus miembros se encuentra el representante de la Asociación Francisco de Vitoria, a la que pertenece Carlos Domínguez. Éste ya obtuvo, hace cinco años, el apoyo mayoritario del Consejo, cuando entonces estaba dominado por el sector más conservador y pese a que la Francisco de Vitoria no contaba con ningún representante.

El Consejo General del Poder Judicial suele optar por la reelección en los casos de las presidencias de Audiencias provinciales. En el caso de Castellón, Carlos Domínguez logró, hace cinco años, el respaldo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la más conservadora y cuyos representantes fueron elegidos a propuesta del PP. Al igual que entonces, José Manuel Marco, de la Asociación Jueces para la Democracia, es el segundo candidato a ocupar el puesto.

En esta ocasión, la reelección ha sido motivo de debate, en el que ha participado el vicepresidente del CGPJ y ex consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando De Rosa. La relación entre el presidente de la Audiencia y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, no se limita a actos institucionales sino que se extiende a festejos taurinos o partidos de fútbol. Además, el pasado mes de mayo, la Diputación de Castellón editó y presentó públicamente un libro de la esposa de Domínguez sobre derecho eclesiástico.

Nadie pone en duda en el consejo la capacidad como jurista del candidato a la reelección pero, en algunos casos, sí se observan con recelo las incursiones que el propio magistrado ha tenido en el caso Fabra, en las que llegó a vulnerar las normas de reparto dictadas desde la propia Audiencia. Éstas establecen que todos los recursos contra resoluciones judiciales en la fase de instrucción de una misma causa penal deben tramitarse y resolverse en la misma sección. Con su aplicación, le tocó a la sección II de la Audiencia hacerse cargo de todos los recursos del caso que se sigue contra el presidente del PP de Castellón, iniciado hace cinco años. Sin embargo, en noviembre de 2006, la sección I, que preside Domínguez, tramitó y resolvió uno de estos recursos. La alerta llegó cuando, en junio de 2007, la misma sección, la I, se hizo cargo de otro recurso cuando, según la norma, no debía tramitarlo. Aún así, Domínguez lo tramitó y marcó fecha para su resolución. El mismo día en el que debía resolverse, decidió devolverlo a la sección II, a la que debería haber llegado desde un principio para su tramitación.

Así, transcurrieron ocho meses desde que los abogados de Fabra presentaron el recurso y la resolución de éste que, finalmente, desestimó la petición del abogado de Fabra de limitar en tiempo y forma el acceso de los peritos a los datos tributarios tanto del presidente de la Diputación como de su familia y sus empresas.

www.elpais.es 22.12.08

UN EX ALTO CARGO DE AGRICULTURA RECONOCE QUE FABRA SE INTERESÓ POR LOS PRODUCTOS DE NARANJAX

Comidas en los mejores restaurantes, gestorías intermediarias, reuniones secretas en hoteles de Madrid, funcionarios que no controlaban las sustancias químicas que las empresas presentaban para su análisis antes de lanzar al mercado sus productos insecticidas. Levante-EMV ha tenido acceso a la transcripción de la declaración judicial de Domingo Cadahía, que tuvo lugar el 20 de septiembre de 2006 y que forma parte del sumario del caso Fabra. El ex alto cargo del Ministerio de Agricultura fue citado a declarar como imputado por la juez de Nules por sus supuestas reuniones con el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, y el empresario Vicente Vilar, gerente de Naranjax, que se autoinculpó de haber lanzado al mercado sustancias tóxicas sin control gracias a las mediaciones de Fabra y de Cadahía. El gerente de Naranjax dice que pagó cantidades millonarias a ambos a cambio de que sus licencias salieran al mercado.Cadahía niega haber cobrado comisiones pero reconoce que en 1993, un año después de su jubilación, fundó Consultores Agroquímicos, una asesoría creada para tramitar los permisos de venta de los fitosanitarios. En su declaración, el ex director adjunto admite que entre 1999 y 2000 mantuvo una reunión "directamente con el señor Fabra" para tratar sobre los problemas que empresas como Naranjax tenían para sacar sus productos al mercado, aunque eran "relaciones de tipo institucionales. No recuerdo la fecha pero sí que tuve esa reunión, no recuerdo tampoco lo que se habló, sí que el señor Fabra estaba interesado en el conocimiento del proceso".

Cuando los abogados y la juez le preguntan por sus contactos con Vilar y Fabra, Cadahía dice: "Tuvimos una reunión en el Hotel Palace, creo que sí, aunque no había visto al señor Fabra con anterioridad (...) Vilar me dijo: le voy a presentar al presidente de la diputación, que está interesado por mis negocios". Durante la reunión, Fabra se muestra "sin hablar demasiado, iba más como acompañante", aunque, según Cadahía, su intención era "enterarse de las dificultades de obtención de registros" (permisos fitosanitarios).

El ex responsable de Sanidad Vegetal dice que "seguramente" la reunión giró entorno a las dificultades que Naranjax encontraba para obtener los permisos y la importancia de presentar "una documentación adecuada" a través de su asesoría. Sobre Vilar, Cadahía dice que "era un hombre muy dado a las reuniones con gente importante y a mí me invitaba a comer con él cuando pasaba por Madrid. Y supongo que en este caso veo que estaba interesado el señor Fabra, porque precisamente está Artemis por medio, la señora de Fabra". Artemis 2000 es la sociedad filial que fundaron las mujeres de Vilar y Fabra para canalizar las licencias de venta de los insecticidas agrícolas fabricados por Naranjax. Fuentes próximas al caso calculan que los permisos tendrían en el mercado un valor de 600 millones de pesetas.El ex director adjunto negó haber asesorado a Vilar sobre cómo falsificar la documentación para obtener licencias. "Jamás pude manifestar que tenía noticias de que algunas empresas falsificaban los resultados de las analíticas. Jamás he podido decir nada así".

"No hay nadie que vigile"

Cadahía reconoció que los análisis que se hacían eran "teórico. En la práctica no hay nadie que los vigile. Puedes presentar un producto para su aprobación y luego nadie sigue qué productos llegan a las fábricas". Muchas de estas sustancias que se aprobaron al margen de la normativa son tóxicas para la salud humana.

"Los funcionarios no son policías, no son investigadores de documentos, los documentos que llegan ahí se consideran válidos. La administración se enteró de que los cuños eran falsos cuando lo declaró el señor Vilar en los periódicos. Yo no soy responsable", alegó.

La Unión de Consumidores (UCE), personada como acusación popular en el caso Fabra, ha pedido a la juez que investigue el cobro de comisiones por funcionarios del ministerio que supuestamente asesoraban a los empresarios sobre cómo presentar la documentación para facilitar la tramitación.

(www.levante-emv.com, 22/12/08)

NAVIDADES IMPUNES PARA FABRA: LA FISCALÍA NO TENDRÁ ANTES DE LAS FIESTAS EL DOSSIER CRUCIAL PARA ACUSARLE

La Fiscalía tendrá que esperar hasta después de navidades para tener el informe de la Agencia Tributaria sobre Carlos Fabra, el presidente del PP y de la Diputación de Castellón imputado por nueve delitos contra la Hacienda y Administración Públicas. Se esperaba que los peritos concluyeran el trabajo antes de las fiestas, pero lo que el estamento judicial esperaba como un “regalo de Papá Noel” para desbloquear la causa, atascada en los tribunales desde hace cinco años, no llegará antes de que finalice enero. Anticorrupción achaca el retraso a la “exasperante lentitud de la Administración de Justicia” y a la pasividad de algunas entidades bancarias, que no acaban de enviar la información sobre las cuentas de Fabra y su familia.

Por este motivo, el pasado mes de septiembre la policía judicial se incautó de la documentación directamente, registrando las sedes de los bancos en los que Fabra tenía una veintena de cuentas. Aquella pesquisa arrojó valiosos datos sobre su patrimonio, por ejemplo, que en cinco años había movido cerca de 15 millones de euros de los cuales al menos seis estaban injustificados.

El último revés

Pero tras este gran paso, el caso abierto hace cinco años en el Juzgado número 1 de Nules ha sufrido un nuevo revés. Y es que, aunque la Fiscalía Anticorrupción esperaba recibir antes de navidad el informe de los peritos de la Agencia Tributaria sobre las cuentas de Fabra, no será posible tenerlo hasta después de las fiestas.

La Fiscalía, sin “regalo de Papá Noel”

La posibilidad de que aparezca un “regalo de Papá Noel” –según bromeaban en el estamento judicial- para desatascar la infinita causa se diluye. Es “imposible” concluir un dossier crucial para acusar al presidente castellonés antes de que termine el año. Es más: los expertos en delincuencia económica de Anticorrupción son pesimistas sobre las posibilidades de que el informe esté terminado y entregado en el Juzgado de Nules a finales de enero.

“Exasperante lentitud” de la Justicia

Las fuentes consultadas por Levante EMV culpan del retraso a la “exasperante lentitud de la Administración de Justicia” así como a la pasividad de algunos bancos, que continúan mostrándose reticentes a facilitar a la Justicia información sobre los movimientos contables del dirigente.

Juzgado sin juez

Asimismo, sigue faltando un juez titular en el Juzgado número 1 de Nules, por el que ya han desfilado nueve magistrados y varios fiscales a lo largo de la instrucción –todos han abandonado-, una carencia que significa un escollo insalvable. Recientemente, el Gobierno central acusó al Consell de no proveer los medios necesarios para cubrir esta plaza –vacante desde el verano-.

La Generalitat, culpable del retraso

Según se indicó en el Parlamento, el Consejo General del Poder Judicial ya ha aprobado dos jueces y dos secretarios de refuerzo para el citado órgano judicial. Pero la Generalitat, en manos del popular Francisco Camps, continúa “retrasando la provisión de los citados medios” a pesar de “la repercusión social del asunto investigado”

(www.elplural.com, 17/12/08)

El juez imputa a los autores del montaje contra el abogado que acusa a Fabra

Reabierta la investigación del intento de soborno al letrado José Luis Vera

El titular del Juzgado de Instrucción 14 de Valencia ha admitido a trámite el recurso del abogado José Luis Vera contra los dos supuestos periodistas de Intereconomía que tendieron una trampa al letrado que ejerce de acusación en el caso Fabra. El juez reabre así la investigación y llama a declarar en calidad de imputados por un presunto delito de revelación de secretos a los dos individuos que se hicieron pasar por empresarios y que llevaban acreditaciones del grupo Intereconomía cuando fueron detenidos por la policía el día 4 de noviembre en Valencia. Uno de ellos es José Antonio Expósito, el guardaespaldas que se ocupó de proteger a los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras impedir el acceso del PSOE al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Expósito fue contratado, poco después, por Intereconomía. Además, el juez ha reclamado que entreguen las cintas en las que se grabó el encuentro con el letrado. El abogado presentó el recurso después de que este mismo juez que ahora lo reabre decidiera su archivo.

Los dos supuestos periodistas deben entregar al juez la grabación

El caso comenzó a principios de noviembre cuando Vera recibió una propuesta de asesoramiento procedente de dos supuestos empresarios. Ambos concertaron un encuentro en el que alegaron haber acudido a él por recomendación y con el objetivo de asesorarles en la implantación de su negocio en Valencia. Pero Vera sospechó y antes de la cita comprobó que el nombre de la empresa no figuraba en el registro y que era falsa su supuesta dirección postal. Puso los hechos en conocimiento de la policía, que montó un dispositivo de vigilancia. Durante el encuentro, le preguntaron por el caso Fabra y llegaron a decir, con intención de sonsacarle, que "ya es hora de que le metamos en la cárcel", aunque el letrado les explicó su obligación de no aportar datos sobre el asunto. Finalmente, uno de ellos le ofreció un "detalle para su esposa", un anillo de oro y supuestos diamantes que Vera rechazó, momento en el que intervino la policía.

"Ante el cerco judicial, el PP no puede dejarlo caer, no vaya a ser que haga mucho ruido", alegó el propio Vera después de señalar al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, o a alguien de su entorno como posibles responsables del montaje.

No era la primera vez que los supuestos periodistas de Intereconomía irrumpían en defensa deCarlos Fabra. En septiembre, cuatro personas con cámaras y micrófonos asistieron a un pleno de la Diputación de Castellón tras el que trataron de boicotear el acceso de los periodistas a Fabra.

www.elpais.es 14.12.08

El PP aclama de nuevo a Fabra, imputado por tráfico de influencias

El reelegido presidente provincial de Castellón sigue para defender su "nombre"

Los populares valencianos aclamaron ayer de nuevo en su reelección como presidente provincial del partido en Castellón a Carlos Fabra, imputado por tráfico de influencias y fraude fiscal. El presidente de la Diputación de Castellón justificó ayer en Peñíscola, donde se celebra el congreso provincial, su continuidad en la política y como líder castellonense. "Lo hago para defender a mi familia, mi nombre y al Partido Popular", alegó. Fabra, investigado por presuntos delitos contra la administración pública y un posible fraude fiscal, realizó, en la presentación de su candidatura en el décimosegundo congreso de los populares de Castellón, un alegato sobre la presunción de inocencia y los derechos humanos. Fue el único que osó referirse a la investigación judicial de la que es objeto y despejó cualquier duda sobre su futuro, al menos, a medio plazo. "Sigo aquí, firme", dijo. Y aunque sostuvo que ésta será la última vez que opte a la presidencia del partido, después de más de 18 años en el puesto, puntualizó que hace poco más de un año que repitió como presidente de la Diputación, cargo para el que no tiene fecha de abandono. Fabra, quien pretendió hacer una gracia, aunque de mal gusto, al alegar que padecía Alzheimer y así justificar que leyera su intervención, habló de sus nietos y pidió empezar de cero después de 30 años vinculado a la política provincial.

El presidente dice que Fabra "es lo mejor que le puede suceder a Castellón"
"Esto no es el principio de una sucesión", afirma un compromisario

Tan emotiva fue la intervención de Fabra que así lo resaltó el presidente regional del PP, Francisco Camps, quien alegó que Castellón "es la esencia del buen hacer de los políticos del PP". Camps desbordó sus elogios al reelegido presidente provincial al decir que "es capaz de saludar por su nombre a la práctica totalidad de los ciudadanos de la provincia de Castellón" y al afirmar que "es lo mejor que le puede suceder a la provincia".

El gesto de crear un cargo de adjunto a la presidencia, que ocupará el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, con el que el PP ha pretendido escenificar el principio de la renovación del partido en Castellón, quedó ayer totalmente diluido al hacerse públicos los nombres de quienes ocupan la dirección provincial y al aprobarse, a la vez, la inclusión de otro cargo intermedio, al que se otorga el control de las vicesecretarías. Además, el 12 congreso del PP de Castellón concedió a los diputados provinciales un puesto en el organigrama del PP de Castellón, con lo que Fabra mantiene el control sobre todo el organigrama provincial."Los proyectos personales no suelen cuajar", advirtió Fabra al nuevo adjunto a la presidencia después de desvelar que ha repescado al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos para ocupar un puesto en el comité ejecutivo del PP de Castellón. Un comité ejecutivo en el que el presidente puede designar hasta a cinco miembros, según los estatutos, aunque, en esta ocasión, el propio Fabra decidió que fueran seis. Su "propuesta", lanzada a los congresistas sin la posibilidad de obtener respuesta poco antes de que se celebrara la votación, fue tan incuestionada como su propia candidatura, que obtuvo el 98,83% de los votos de los afiliados que participaron en el congreso. Sólo hubo 12 votos en blanco y nueve nulos, con lo que la reelección de Fabra alcanzó un porcentaje, según dijo, "mayor de lo que podía haber soñado después de 18 años, cinco meses y cinco días".

Tras aceptar "el encargo de ser presidente provincial durante los próximos tres años", Fabra dijo compartir con Camps la idea de "convertir nuestra provincia en la Florida de Europa".

Fabra quiso alentar la ambigüedad sobre su posible sucesor y habló de Moliner indicando que "el día de mañana, si el partido lo considera conveniente y él tiene ganas e ilusión" asumirá la responsabilidad de presidir el PP de Castellón. Sin embargo, aconsejó a Moliner "trabajar mucho", pero no desveló qué funciones delegará en él. Los estatutos aprobados también ayer designan como única función del adjunto a la presidencia la coordinación y el seguimiento de los programas electorales, además de "las tareas que delegue el presidente". Sin embargo, Fabra eludió explicar a qué se dedicará el nuevo adjunto a la presidencia y sólo dijo que le "sustituirá en muchos sitios".

Tampoco Javier Moliner pudo adelantar mucho sobre su tarea en el partido y sólo dijo que llega "con una mochila cargada de ilusión y con ganas de trabajar".

Pese a los intentos de perpetuarse demostrados ayer por Carlos Fabra y pese a la recuperación de Víctor Campos en el organigrama del partido, algunos afiliados abandonaron el congreso sopesando la posibilidad de que Camps encargue a Moliner y, por tanto, al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, una revuelta desde dentro que, de verdad, ponga fin al fabrismo. Así, vaticinaron la importancia del papel que jugará el propio Alberto Fabra, si se da el caso, aunque también plantearon el hecho de que la relación de éste con Víctor Campos puede dar lugar a una sucesión más tranquila y más acorde a las pretensiones de Carlos Fabra que, en cualquier caso, ya ha manifestado su deseo de que su hija, Andrea Fabra, mantenga la saga, siga con la línea sucesoria y llegue a ser presidenta de la Diputación de Castellón.

"Esto no es el principio de una sucesión", afirmaba ayer con rotundidad uno de los compromisarios antes de añadir que "quizá" la renovación llegue en el próximo cónclave de los populares castellonenses y sólo en el caso de que "se celebre un congreso de verdad". Fabra fue ayer centro, eje y núcleo del congreso. Las ponencias, las comunicaciones y cada una de las intervenciones hicieron referencia a sus bondades y al continuo resultado en las urnas que, en las últimas elecciones, llevó al PP a lograr más del 50% de los votos de los castellonenses. "El partido gira entorno a la figura de Carlos Fabra", dijo Marisol Linares poco antes de ser reelegida como secretaria general provincial.

"Hemos venido a votar y a aplaudir a Carlos Fabra", dijo Francisco Camps, y así lo hicieron incluso cuando el propio Fabra dijo "soy uno de los vuestros" y cuando anunció que el grupo elegido para amenizar el tiempo de votación era Presuntos Implicados, lo que provocó más de un codazo, dada la situación judicial en la que se encuentra.

La imputación de Fabra por varios supuestos delitos contra la administración pública y un fraude fiscal apenas tuvo eco en el congreso. El secretario regional, Ricardo Costa, lo limitó a lo que, a su parecer, es "una obsesión enfermiza" de los socialistas contra Fabra. Costa añadió que ha obtenido siempre el "apoyo unánime y masivo de todos los militantes de Castellón".

www.elpais.es 13.12.08

Fabra denuncia el acoso de la izquierda: "No respetan ni la Declaración de los Derechos Humanos ni la Constitución"

No se siente culpable. Ni mucho menos. Y además, va a ser nuevamente reelegido como presidente del PP castellonense. En su discurso en el Congreso provincial, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha sacado a flote su discurso más victimista para "denunciar" las protestas que de su impunidad fiscal viene haciendo la izquierda en los últimos tiempos. Sus declaraciones no tienen desperdicio: "En cinco años he soportado descalificaciones por parte de la izquierda provincial, a través de videos, fotomontajes, webs, canciones o panfletos para insultarme a mí y a mi familia, sin respetar ni siquiera los principios más elementales, como la Declaración de Derechos Humanos o la Constitución, que establece la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario".

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Al respecto, explicó, "he sido objeto de risas y burlas por parte de responsables políticos que no tienen proyectos y que han intentado convertir el debate político en un circo", pero yo sigo firme aquí para defender mi nombre, a mi familia y al PP, porque, a diferencia de otros, creo que no vale todo para alcanzar el poder".

Seguirá en la brecha
A pesar de estas dificultades, 18 años, cinco meses y cinco días después de ser elegido por primera vez presidente provincial del PP en Castellón, Fabra ha asegurado sentirse "orgulloso" del progreso de la provincia, "pues las realidades superan con creces a los proyectos inconclusos, pero queda mucho por hacer, y lo vamos a hacer mejor porque Castellón aún nos necesita". Y a esto, añade una dura pulla al Gobierno central: "No podemos abandonar la provincia a la suerte de un Gobierno sectario que nos ningunea, que nos niega el agua, que nos sitúa a la cola de transferencias económicas, que niega que somos un millón más de valencianos y que prometió el AVE para 2007 y todavía no tiene proyecto constructivo".

Casi reelegido
Por todo ello, Fabra ha pedido el voto de los compromisarios para su reelección. Una prueba casi superada, pues se trata de la única candidatura presentada, además, con nada más y nada menos que 1.290 avales -cuando el reglamento establece que apenas son necesarios 75-. La ciudad de Peñíscola está siendo, por tanto, testigo de lo que, en palabras de la secretaría provincial del PP, está siendo “el Congreso de Carlos Fabra”.

Congreso-homenaje
Y aunque todo indica que el Congreso del PP castellonés se ha diseñado como un homenaje a su líder, siempre respaldado por los suyos a pesar de estar imputado en nueve delitos contra la Hacienda y la Administración públicas, en un caso que dura ya cinco años, fuentes citadas por el diario El País señalan que también podría ser su último cónclave. Se pronuncian de este modo basándose en un dato: la creación del “adjunto a la presidencia”, un nuevo cargo que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner, en quien muchos ven al sucesor.

Cinco años desde que se abrió la causa
Es cierto, sin embargo, que las interpretaciones son múltiples. También hay quien opina que la colocación de Moliner ha sido un mero gesto simbólico y que este es un “convidado de piedra” sin facultad alguna. En cualquier caso, pocos días después de su proclamación, se cumplirán cinco años desde que el Juzgado número 1 de Nules abrió las diligencias del llamado caso Fabra. Un órgano famoso, además, por haber visto pasar a nueve jueces sin que ninguno quisiera seguir instruyendo el caso.

9 jueces y varios fiscales
Precisamente, esta cuestión la llevó el diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, al Congreso. Herrera dio cuenta de que “inexplicablemente, hasta 9 jueces han pasado por este caso, así como un buen número de fiscales, hecho que ha ido eternizando la investigación”, una “huida que comienza a ser inquietante”, informa el rotativo Público.

La Generalitat no ha provisto de los medios
La respuesta del Gobierno llegó por boca de Francisco Camaño, secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios –dependiente del Ministerio de Presidencia encabezado por María Teresa Fernández de la Vega- y fue clara: el Consell es el culpable de los “retrasos”. Y es que, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado mes de septiembre dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, pero su incorporación está pendiente, a falta de que la Generalitat los provea de los medios materiales y humanos correspondientes.

Fabra arremete contra Bermejo
En definitiva, “a pesar de la repercusión social del asunto investigado”, el Ejecutivo de Francisco Camps continúa “retrasando la provisión de los citados medios”. Precisamente, apenas ayer la Consejería de Justicia informó de la designación de dos funcionarios; sin embargo, además de ser la mitad de los autorizados por el CGPJ, no se incorporarán hasta enero. Ese mismo día, Fabra se dejó ver criticando al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. “Bermejo es un incompetente por alargar la causa”, apostilló.

www.elplural.com 12.12.08

El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'

El dirigente del PP de Castellón será reelegido hoy en presencia de Camps

El Gobierno lo podía decir más alto pero no más claro y, en una respuesta al diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, señala a la Generalitat valenciana como responsable de "retrasar" la provisión de medios para la buena marcha del juzgado de Nules en el que se instruye el llamado caso Fabra desde hace cinco años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre una dotación de dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, lo que serviría para desatascar el juzgado y, en alguna medida, dar algo de celeridad a la instrucción, en la que ya han participado siete juezas y cuatro fiscales. Sin embargo, su incorporación está pendiente de que la Generalitat provea a los juzgados de los medios materiales y humanos correspondientes, lo que ha provocado la crítica del Gobierno, que acusa al Gobierno de Francisco Camps de que, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", sigue "retrasando la provisión de los citados medios". No fue hasta ayer, después de conocida la respuesta del Gobierno, cuando la consejería de Justicia dio a conocer la designación de dos funcionarios para cada uno de los juzgados, aunque no se incorporarán hasta enero y pese a que la recomendación del CGPJ cifraba en cuatro los funcionarios a designar. Fuentes de la consejería aseguraron que en ningún momento han "obstaculizado" la instrucción del caso.

El líder castellonense califica de "incompetente" al ministro de Justicia

Mientras, Carlos Fabra será hoy reelegido presidente provincial del PP de Castellón en presencia del propio Camps y sin nadie como oponente. Fabra asumirá su proclamación en Peñíscola en el que puede ser su último congreso.Carlos Fabra será hoy proclamado en Peñíscola, de nuevo, presidente provincial del PP, un puesto que ocupa desde hace 18 años. Todo hace prever que no habrá voces discordantes. Sin embargo, varias fuentes del partido sí han señalado que éste podría ser el último congreso de Fabra y, como dato, esgrimen la creación de un nuevo cargo, el adjunto a la presidencia, que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner. Se trata del hombre fuerte del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, que, como presidente de la agrupación local, no ha demostrado, de momento, gran interés por vincularse y atender en mayor medida las tareas orgánicas del PP castellonense. Sin embargo, las interpretaciones sobre la "colocación" de Moliner en un puesto tan destacado, aunque sin apenas funciones, según la ponencia de estatutos, son variadas. Hay quien apunta que la tarea del vicealcalde no será otra que la de mantener el desgaste que pueda suponer el cargo hasta que Carlos Fabra deje su puesto, momento en el que la formación auparía a Alberto Fabra como líder. Otros sostienen que Carlos Fabra ha realizado únicamente un gesto admitiendo a Javier Moliner como "convidado de piedra" en la organización del partido para acallar susceptibilidades. El puesto que sí reforzará hoy el congreso será el de vicesecretario de organización, que ocupará el vicepresidente de la Diputación, Vicente Aparici, que concentrará la estructura provincial.

Días después de la proclamación de Fabra se cumplirán cinco años desde que el juzgado número 1 de Nules abriera diligencias para investigar la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y, posteriormente, un posible fraude fiscal. Desde entonces, se han practicado un sinfín de pruebas e interrogatorios y en la instrucción han participado hasta siete jueces, dado el carácter temporal de la plaza, y cuatro fiscales. Además, el de Nules es un juzgado objetivamente saturado, tal como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en sus memorias. Después de más de cuatro años de instrucción, el TSJ decidió solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la dotación de refuerzos para este juzgado. El Ministerio de Justicia aprobó el refuerzo solicitado por CGPJ con lo que el propio Gobierno considera que, "dentro del ámbito de sus competencias", ha adoptado todas las medidas necesarias "para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia" también en el supuesto del caso Fabra por el que preguntó el diputado Joan Herrera. La respuesta, fechada en noviembre, apunta, además, que el Gobierno considera que el margen del que disponen las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas "no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados". Por tanto, concluye que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".

El propio Carlos Fabra optó ayer por arremeter contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien calificó de "incompetente" y al que culpó de no haber solucionado los problemas de los juzgados de Nules hace tiempo. "Lo que tenía que haber hecho el ministro", dijo Fabra, "es solucionar el guirigay de los juzgados desde hace mucho tiempo".

www.elpais.es 12.12.08

“He comprado el 27931 y si me toca me sacaré la pirula y me mearé en la sede de Izquierda Unida”

Suele decirse que las probabilidades de que a una persona le caiga un rayo por la calle son mayores que las de ser premiado con la lotería. Semejante afirmación carece de sentido en la persona de Carlos Fabra, el presidente de la diputación de Castellón. Hasta tres veces ha sido agraciado por la fortuna el popular político. Las malas lenguas lo relacionan con la compra de billetes para el blanqueo de dinero. Incluso ha llegado a circular un fotomontaje en Internet en el que se le caracteriza como al famoso calvo de la lotería. Fabra ha acusado al partido Esquerra Unida de su elaboración y ha anunciado que ha comprado ya el número que aparece en la imagen: 27931. “Si me toca me sacaré la pirula y mearé en la sede de Izquierda Unida”, ha adelantado Fabra.

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El presidente del PP de Castellón hizo estas afirmaciones durante una celebración organizada por el PP del Grau en el restaurante castellonense Celebrity. Allí fueron homenajeados la diputada Andrea Fabra, hija de Carlos y futura sustituta al frente de la Diputación, el senador Juan Ortiz y el ex vicepresidente del Consell y ahora fuera de la vida pública, Víctor Campos. Fabra aprovechó su comparecencia para acusar a los socialistas de ladrones, informa Levante.

Un calvo con pelo y gafas de sol
Ataviado con sus inseparables gafas de sol, Fabra extiende su mano y con un soplido reparte suerte entre los españoles. De sus dedos sale el número 27931. Es el fotomontaje en el que se representa a Carlos Fabra como el calvo de la lotería de navidad que solía aparecer por estas fechas en la publicidad del sorteo nacional. La imagen pretende bromear sobre la fortuna del presidente de la Diputación de Castellón, que ha sido agraciado hasta tres veces en este tipo de sorteos. La última vez, en el sorteo del Niño, con 2 millones de euros.

“Me sacaré la pirula”
Hay quienes creen que Fabra podría haber comprado los boletos a posteriori a sus propietarios para justificar algunos de los ingresos que no es capaz de explicar en las causas por supuestos delitos contra la Administración pública y fraude fiscal que tiene abiertos. Pero el presidente confía en su suerte y así lo demostró anunciando que había comprado ya el número del fotomontaje: “He comprado el 27931 y si me toca me sacaré la pirula y me mearé en la sede de Izquierda Unida”.

Sin décimos en la mano
El escatológico anuncio se debe a que Fabra responsabiliza del fotomontaje a la parlamentaria de Esquerra Unida por Castellón, Marina Albiol. El dirigente dijo haber encontrado el número en la administración 199 de la calle Costa Rica de Madrid y haber comprado toda la serie (diez décimos). Por desgracia, Fabra se disculpó ante los presentes por no disponer en ese instante de ningún décimo con él.

“A robar, a robar, a robar”
Fabra, micrófono en ristre, dejó la lotería de lado y comenzó a cargar contra el Gobierno, al que acusó de discriminar a Castellón y llamó perdedores y ladrones a los socialistas. "¿Sabéis cómo se llama a la web del PSOE: a robar, a robar, a robar. com", explicó. "Estos zapateristas -continuó-, y no me refiero a los de [Emiliano] Zapata, pues éstos robaban a los pobres para dárselo a los ricos. Los de aquí roban a los pobres y a los ricos y no solucionan nada".

La dinastía Fabra continuará
Fabra explicó a los presentes cuáles eran sus deseos de sucesión al frente de la Diputación de Castellón, que no son otros que los de colocar a otro Fabra, su hija Andrea, diputada del PP y homenajeada con una placa conmemorativa durante la misma cena. “Sería la sexta generación de mi familia”, recordó Carlos Fabra.

Exaltación del líder
De momento, él seguirá aspirando a presidir el PP de Castellón, puesto en el que será revalidado el próximo 12 de diciembre, en el congreso provincial que se celebrará en Peñiscola. Todo está a punto para el evento, preparado para exaltar al líder, según anunció la presidenta del comité organizador, Susana Marqués: "Tenemos preparada alguna sorpresa. Queremos que se refleje el apoyo del partido a Carlos Fabra y a su decisión de volver a presentarse, que ha sido acertada".

www.elplural.com 29.11.08

Fabra admite que sólo se investigan sus cuentas y no las de la diputación

Carlos Fabra rectificó ayer ante el pleno de la diputación y admitió que sólo se investigan sus cuentas personales y no las de la institución provincial como dijo el mes pasado.

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, afirmó ayer en el pleno que la institución «no está siendo investigada» en respuesta a una pregunta del portavoz socialista, Francesc Colomer, en el pleno de octubre acerca de la actuación de la policía al entrar en varias entidades bancarias para acceder, supuestamente, a las cuentas de Fabra. El socialista formuló entonces la pregunta en base a la respuesta de Fabra de que «no tengo un centenar de cuentas bancarias» porque en la mayoría era «firma autorizada porque son cuentas de la propia diputación y los organismos que presido en razón de mí cargo».. De ahí que admite ahora que se investigan sólo sus cuentas.

La respuesta que Fabra llevaba ayer por escrito se produjo tras reclamar Colomer que le contestara e interpelarle ante la falta de respuestas. En su contestación Fabra, que se acogió al derecho a la presunción de inocencia, acusó al socialista de formular «una acusación libre y gratuita» que «pone en entredicho la honradez y profesionalidad de los funcionarios de esta casa a los que, implícitamente está acusando» con sus preguntas. Al tiempo que buscaba cortar esta serie de preguntas al afirmar que «no voy a volver a responder ninguna pregunta ya contestada, que no proceda por su dudosa legitimidad».

Colomer reitera la necesidad de que Fabra responda y aclare las dudas en beneficio de la ética institucional y ante la alarma social que genera el caso que se investiga en los juzgados de Nules desde hace cuatro años. Colomer reclamó ayer moderación y contención en los gastos de la corporación y más en los suntuosos. Así aludió al pago, mediante un decreto, de los 11.600 euros al despacho de abogados que defendió a Fabra en el procedimiento judicial contra la Cadena Ser por denunciar los gastos en cátering, champagne y cohibas (puros) en la feria taurina de la Magdalena 2004. Alusión que no tuvo réplica del PP. El socialista lamentó que la institución pagase la defensa de Fabra cuando éste había afirmado en un pleno que no costaría un euro porque ganarían la apelación.

El socialista instó a Fabra a explicar dónde estaba el interés general de adquirir entradas por 9.000 euros para la novillada del 25 de octubre de 2008 en la plaza de toros de Castelló. Tampoco aclaró el portavoz popular, Vicente Aparici, quién está detrás de la empresa a la que la diputación transferirá 400.000 euros. Tan sólo una larga respuesta escrita-leída en el pleno en que se insiste en que será una «sociedad que busca optimizar y mejorar los servicios públicos a través de una sociedad mercantil» y se centrará «en la promoción, apoyo y participación de actividades económicas que contribuyan al desarollo económico y generar empleo y riqueza»

Tampoco halló respuesta oral, ni obtuvo apoyo suficiente, ni tan siquiera el del Bloc que se abstuvo, para su propuesta de impulsar un plan estratégico contra la crisis. Plan que pasaba por la creación de una mesa contra el paro en la que estuvieran presentes los agentes sociales implicados: UJI, empresarios, sindicatos y Administración. En un intento de que la diputación liderase el proceso de «repensar» el modelo.
Aparici le replicó que la moción era «humo» y no definía el marco de trabajo. Y recordó las reuniones con los empresarios.

www.levante-emv.com 26.11.08

LA DIPUTACIÓN PAGÓ A FABRA LOS 21.000 EUROS DE SUS DOS RECURSOS CONTRA UNA EMISORA

La Diputación de Castelló ha pagado de sus presupuestos el coste de una querella interpuesta por Carlos Fabra contra Radio Castellón, según recogía ayer la emisora en base a los decretos de la institución provincial de 2007 y 2008.

La emisora informó sobre los invitados de Fabra en el palco de la diputación en la plaza de toros de Castelló, durante La Magdalena 2004. Los invitados disfrutaron de abundante catering, champán francés y puros Cohíba. Entonces, apunta, Fabra entendió que la noticia dañaba el honor y la imagen de la Diputación, y presentó una querella en nombre de la institución provincial.

Tanto el juzgado número 6 de Castelló, como la Audiencia Provincial, fallaron en contra confirmando la veracidad de las informaciones y le condenaron a sufragar las costas del proceso. Entonces Fabra dijo que la institución no pagaría nada porque iba a recurrir la decisión hasta el final, pero a la vista de los dos decretos firmados por Fabra, en los que ordena el pago de esas costas procesales eso no ocurrió así.

En el primer decreto, Fabra ordena una transferencia bancaria para pagar 13.415 euros por perder el juicio en primera instancia. En el segundo decreto, Carlos Fabra ordena el pago de otros 7.576 euros después de perder el recurso. El PSPV y el Bloc han exigido que pague el líder del PP pague esos 21.000 euros de su bolsillo.

(www.levante-emv.com, 25/11/08)

Fabra nombrará en el congreso del PP de Castellón un "asistente" que le ayude

El presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, aprovechará el congreso provincial que tendrá lugar el mes que viene para nombrar un adjunto que le ayude en las tareas del partido. Los estatutos que aprobarán los compromisarios del PP de Castellón, presentados ayer por el vicesecretario provincial Vicente Aparici, preven una reorganización de cargos en el organigrama. Así, Carlos Fabra, que se presentará a la reelección en el PP provincial sin oposición pese a su condición de imputado en varios delitos contra la Administración pública y el fisco, tendrá un "asistente".

El secretario general provincial de Castellón seguirá contando con un adjunto para las labores de coordinación, aunque ahora los estatutos regularán con mayor precisión las funciones de este cargo. La dirección provincial se completará con 11 coordinadores de área y 21 secretarios de área. Aparici destacó que en esta nueva etapa el PP provincial pondrá en marcha las unidades de acción comarcal, cuyos coordinadores serán diputados provinciales y formarán parte de la dirección.

Los cambios previstos en la ponencia de estatutos tienden a reforzar, aún más si cabe, el poder de Carlos Fabra, que ha recabado más avales a su candidatura que compromisarios acudirán al congreso, en la estructura provincial del PP. Mientras en Castellón Fabra prepara una exhibición de su poder orgánico, en Alicante los dos candidatos a la presidencia provincial, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación, y Manuel Pérez Fenoll, alcalde de Benidorm, siguieron ayer lanzándose puñales.

Pérez Fenoll acusó a Ripoll de no haber dado nunca la cara como cartel electoral del PP y esconderse siempre detrás con una calculadora. Ripoll criticó el papel de la dirección regional del PP por apoyar a Pérez Fenoll. "Si viene gente de Valencia bienvenida sea, aunque no tienen por qué venir aquí, porque no tienen ninguna competencia en estos congresos", dijo.

www.elpais.es 22.11.08

El Consell encarga trabajos al bufete al que se marchó el primer fiscal del caso Fabra

Carlos Saiz Díaz, el primer fiscal anticorrupción del caso Fabra, dejó su puesto hace tres años para fichar por el bufete madrileño Gómez-Acebo y Pombo, uno de los despachos que han asesorado al Consell en los últimos meses sobre la construcción del parque temático Mundo Ilusión, el proyecto emblemático del presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra.

El gobierno valenciano reconoció el pasado mes de mayo que ha pagado cantidades millonarias a empresas privadas por un proyecto que lleva embarrancado desde casi una década. En concreto, el conseller de Economía, Gerardo Camps, reconoció la existencia de hasta cuatro expedientes adjudicados "a dedo", por 804.000 euros, a empresas privadas que han asesorado sobre el parque de atracciones proyectado en Orpesa. Una de estas firmas es el despacho Gómez-Acebo y Pombo, aunque el Consell aún no ha querido desvelar cuánto ha pagado al bufete situado en el 216 del Paseo de la Castellana.

Carlos Saiz fue asignado como fiscal anticorrupción del caso Fabra en junio del año 2004 y ocupó este puesto hasta septiembre del año 2005, cuando solicitó la excedencia de la función pública para fichar por Gómez-Acebo.

En una entrevista telefónica aseguró que no tiene "ni idea" de lo que significa el proyecto Mundo Ilusión, un parque temático impulsado por el presidente de la diputación hace casi diez años y que sigue sin construirse, pese a los gastos millonarios que origina.
"No sé ni lo que es Mundo Ilusión. Abandoné hace tres años el caso Fabra y desde entonces no he tenido relación ni con las personas que toman parte en él ni por supuesto con los implicados", explica.

El ahora letrado del prestigioso despacho Gómez-Acebo recalca que, como representante de la Fiscalía Anticorrupción, puso todo su empeño y "énfasis personal en sacar adelante el caso Fabra". Y alega: "Ahora, cada vez que sale alguna información sobre este señor en la que se me quiere relacionar a mí, pues no me gusta".

Sobre los supuestos contratos de asesoramiento que el bufete ha firmado con el Consell sobre Mundo Ilusión, confiesa que desconoce de qué tipo de informes se trata: "Estas gestiones las llevaría nuestro despacho y nuestro equipo en Valencia".

Instrucción en Nules

El ex fiscal del caso Fabra recuerda que cuando tomó parte en la causa abierta en el Juzgado de Nules "esto de Mundo Ilusión no aparecía por ningún lado en la instrucción" y apostilló: "No veo qué relación ni qué interés puedo tener yo en esto". Saiz asegura que en ningún momento sus compañeros de la delegación de Valencia se han puesto en contacto con él para pedirle asesoramiento o colaboración en la tramitación de los supuestos expedientes e insiste en que dejó la acusación pública del caso Fabra y su puesto en la Fiscalía Anticorrupción por cuestiones personales. "Fui abogado antes que fiscal, mi padre era abogado, no veo qué interés pueda tener esto", añade.

El Consell ha reconocido que pagó diversas cantidades por los informes sobre el parque de atracciones Mundo Ilusión. En mayo de 2005 el gobierno autonómico desembolsó 290.000 euros a The Added Value Group por un documento que se tituló Elaboración de la segunda fase del Plan Estratégico; en junio de 2005 volvió a gastarse185.600 euros en un contrato con Lobby Comunicación; el tercer expediente se adjudicó, en junio de 2006, a Peonia Consulting por 46.400 euros; y finalmente la Generalitat firmó otro contrato con Baker Leisure Group por otros 26.000 euros. El conseller no quiso referirse a otros contratos que, sumados a los anteriores, alcanzan los 804.000 euros.

www.levante-emv.com 15.11.08

UNO DE LOS ACOSADORES DEL ABOGADO DEL CASO FABRA SE EXPONE A 9 AÑOS DE PRISIÓN POR SIMULAR SER ESPÍA

Uno de los empleados de Intereconomía que simuló ser un empresario para tender una trampa al abogado que, en nombre de la Unión de Consumidores, ejerce la acusación popular en el caso Fabra se enfrenta a una posible pena de hasta 9 años de prisión por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según información difundida ayer por la Cadena Ser en Madrid. La citada emisora explicó que el caso está pendiente de señalamiento después de una larga investigación del Juzgado de Instrucción número 25 de la capital de España. En su escrito de acusación, el fiscal pide, además de la pena de cárcel, que se le imponga a José Antonio Expósito una multa de 4.000 euros. Se le acusa de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, usurpación de funciones públicas y delito continuado de falsedad de documento oficial.

Junto a él se sentarán en el banquillo dos miembros de la Policía Nacional para los que la Fiscalía pide 5 años de cárcel por revelación de secretos. Fuentes jurídicas citadas por la Cadena Ser indicaron que José Antonio Expósito mantuvo engañados hasta su detención a numerosos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los que hacía creer que era un agente del CNI. Expósito conseguía así que le proporcionaran información confidencial con la que obtenía importantes beneficios económicos. Expósito ha interpretado varios personajes en su condición de empleado de Intereconomía. El último de sus papeles conocidos lo protagonizó en Valencia la semana pasada cuando se hizo pasar por empresario de Ciudad Real fabricante de maquinaria de serigrafía interesado en trasladar las instalaciones a Valencia, según denunció el letrado de la acusación del caso Fabra, José Luis Vera. Junto a otro empleado del citado grupo de comunicación intentaron un montaje consistente en contratar a Vera como asesor y, en señal de agradecimiento, le ofrecieron hasta un anillo de diamantes para su esposa, la ex diputada socialista Maria Antonia Armengol. Vera había alertado a la policía al sospechar de los clientes y la brigada de delitos económicos desbarató el montaje.

El citado empleado de Intereconomía hizo de escolta de los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez cuando dieron la espantada en la Asamblea de Madrid para no votar la investidura de Rafael Simancas. El escándalo obligó a una nueva convocatoria electoral, que convirtió a Esperanza Aguirre en presidenta.

Preguntado por el caso Fabra, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dijo ayer en esa emisora: "No me voy a erigir en juez de nadie". Y concluyó: "Me parece que es una función lo suficientemente importante como para que por impresiones o informaciones uno no tome decisiones; esperaré a lo que digan los tribunales".

(www.levante-emv.com, 14/11/08)

RASTREAN 15.000 OPERACIONES BANCARIAS DE LA FAMILIA FABRA

La Fiscalía Anticorrupción investiga 15.000 operaciones bancarias realizadas a través de casi un centenar de cuentas corrientes en las que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, figura como titular, cotitular o persona autorizada junto a su mujer y sus hijos, según se desprende del examen que llevan a cabo los peritos de Hacienda.

Este volumen contable supone que el líder del PP, su mujer y sus hijos suscribieron al año una media de 3.000 movimientos bancarios. O lo que es lo mismo, 250 operaciones mensuales.

Durante ese período, el matrimonio y sus cuatro hijos realizaron centenares de transferencias bancarias cuyo origen y destino analizan los expertos de la Agencia Tributaria para averiguar qué fuentes de ingresos alimentaron el supuesto incremento patrimonial de la familia.

En su análisis, los peritos han descartado operaciones menores que no tienen relevancia para el caso, como el pago de las nóminas de Fabra a sus hijos, y se han centrado en las denominadas "operaciones cruzadas" que el presidente de Castelló y miembros de su familia han podido realizar desde el año 99. Los expertos en derecho fiscal califican como operaciones cruzadas aquellas "de activo y pasivo" que se realizan entre un cliente y uno o más bancos. Mediante este sistema, el particular acude a la entidad y aporta una suma como garantía para obtener un crédito o préstamo para él, para una persona de su confianza o una empresa propia o ajena. Ese préstamo, que en ningún caso puede superar el límite de la garantía, lo devolverá el prestatario aportando una nueva cantidad en metálico o cubriéndolo con una transferencia de otra entidad financiera. De ahí el concepto de operación cruzada.

Cabe recordar que un particular tiene la obligación de identificarse cuando va a realizar un ingreso superior a los 3.000 euros, pero esta obligación desaparece si la cantidad se fracciona e ingresa en diferentes entidades.

Anticorrupción rastrea los cheques, pagarés y cantidades millonarias en metálico que, mediante este sistema, se pueden haber trasvasado entre las distintas oficinas bancarias. Las fuentes judiciales señalan que los investigadores están examinando, una a una, cada transferencia, ya que un programa informático no detecta la operación cruzada cuando las cantidades de entrada y salida no coinciden por la acumulación de intereses y otros gastos añadidos.

Este trabajo contable que llevan a cabo los técnicos de la Fiscalía, casi artesanal, podría retrasar aún más la elaboración del informe, que en un principio tendría que estar terminado y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Nules antes de Navidad.

Lo más complicado, añaden las fuentes, será averiguar el origen de los ingresos de Carlos Fabra y su familia, ya que en muchas ocasiones no consta información documental en Hacienda y tendrán que ser las entidades financieras quienes lo aclaren. Precisamente ayer, la Fiscalía estaba a la espera de recibir una importante remesa de datos procedente de uno de los grandes bancos del país, con delegación en Castelló, sobre las cuentas de Carlos Fabra.

La investigación de la Fiscalía avanza de forma constante, a pesar de que el juzgado de Nules lleva meses sin titular y sin jueces de apoyo. Fabra figura como imputado en un delito contra la Administración Pública y fraude fiscal.

(www.levante-emv.com, 12/11/08)

EL PP RETA AL ABOGADO A LLEVAR AL PARTIDO O A FABRA A LOS TRIBUNALES

En una rueda de prensa a preguntas de los periodistas, Costa indicó que "si ese abogado tiene pruebas de que está siendo presionado, chantajeado y coaccionado", parafraseó al informador, lo que tiene que hacer es "ir al juzgado y denunciarlo", agregó.

El dirigente popular manifestó que "si una persona quiere acusar al PP de determinadas actuaciones o al señor Fabra, que le lleve a los tribunales" y si Fabra, apostilló, "quiere tomar actuaciones legales porque hay una persona que ha manchado su honor, como ha hecho en otras ocasiones, que lo haga, pero que se asuman las consecuencias", advirtió.

Costa aseguró que se ha enterado de esta cuestión porque ayer lo leyó "de pasada en un medio de comunicación" e ironizó señalando que esta tarde va a acudir al preestreno de la última película del agente 007 James Bond, "y cuando la vea le podría contestar, porque no entiendo muy bien cual es la operación del abogado de la UCE o de no se quien, con no se qué periodistas para no se qué historia". Por ello, señaló que como no la entiende, no la valora.

En cualquier caso, si la denuncia planteada por Vera prospera, expresó su "respeto absoluto a las actuaciones judiciales y por lo tanto, colaboración si nos piden algún tipo de colaboración".

En relación a la situación de Fabra, recordó que "hay un caso abierto que está siendo investigando por la justicia y por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la cual pido diligencia y rapidez", mostró su respeto absoluto al proceso, ofreció su colaboración y reclamó prudencia respecto a determinadas informaciones, que deben mantenerse "en el ámbito judicial", sin vulnerar el derecho a la información.

Asimismo, aprovechó para criticar que los socialistas pidan "presunción de inocencia en los casos de Denia, Bigastro, San Fulgencio, Zarra y alguna ex parlamentaria" y que, aunque los hayan suspendido de militancia, los "mantenga en el puesto" de alcalde. Por ello, Costa reclamó al PSPV "igualdad de trato", que respete la presunción de inocencia y que no haga juicios paralelos.

(www.levante-emv.com, 06/11/08)

FABRA HA PAGADO DECENAS DE MILES DE EUROS AL GRUPO QUE ACOSA AL ABOGADO DE LA ACUSACIÓN

El grupo Intereconomía ha lanzado una ofensiva contra todo aquél que cuestione al presidente de la diputación, Carlos Fabra, imputado por varios posibles delitos. El último episodio ha sido el intento fallido de dos reporteros que, haciéndose pasar por empresarios, trataron de tender una trampa al abogado de la acusación del caso Fabra, invitándole participar en un negocio millonario y ofreciéndole un anillo de diamantes, como informó ayer Levante de Castelló. Este grupo de comunicación, vinculado al sector más conservador del PP, ha recibido en los últimos años decenas de miles de euros de las arcas de la diputación de Castelló en concepto de suscripciones a sus publicaciones y publirreportajes.

Los diputados provinciales reciben periódica e individualmente la revista Trámite parlamentario y municipal -una de las cuatro publicaciones de Intereconomía-, que sale a la venta cada mes con un precio de nueve euros. Época ha sido otra de las cabeceras habituales en los despachos de la diputación, que también hace llegar a los ayuntamientos. El semanario, dirigido desde hace unos meses por el periodista Carlos Dávila, afín al PP, se dirige a un público "de derechas", según se explica en la web del grupo de comunicación.

Los pagos a Intereconomía se llevan produciendo desde hace varios años e incluso han sido objeto de reparos por parte de los servicios técnicos de Intervención por el modo en que se contrataron las suscripciones. Así ocurrió a finales de 2004, cuando el PP acordó abonar la suscripción con Época por 3.749 euros, además de otra factura por 34.800 euros por la publicación en la misma revista de un publirreportaje sobre los atractivos turísticos de la provincia.

A cambio de la inyección de dinero público, Carlos Fabra ha encontrado un aliado en los medios vinculados al grupo Intereconomía. El semanario Época salió en auxilio del líder provincial cuando estalló el caso Fabra. Últimamente ha encontrado el apoyo de Intereconomía TV. El pasado mes de septiembre, el canal digital envió a Castelló a pseudoperiodistas ataviados con gafas de sol y gorras para impedir que la reportera del programa de la Sexta Caiga quien Caiga preguntara a Fabra al finalizar el pleno de la diputación. La última entrega ha sido la trampa de dos reporteros de Intereconomía disfrazados de empresarios contra el abogado de la Unión de Consumidores, José Luis Vera.

(www.levante-emv.com, 06/11/08)

FALSOS EMPRESARIOS INTENTAN TENDER UNA TRAMPA AL ABOGADO QUE ACUSA A FABRA

La policía desbarató ayer en Valencia un montaje que presuntamente tenía como fin desacreditar al abogado José Luis Vera, que representa a la Unión de Consumidores Valenciana, organización presente como acusación popular en la causa que se sigue por múltiples delitos contra el presidente del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Dos personas que simularon ser directivos de una empresa que no figura en el Registro Mercantil y a los que se intervinieron sendas identificaciones como miembros del grupo de comunicación Intereconomía, próximo al PP, intentaron tender una trampa a Vera. Este diario intentó recabar ayer, sin éxito, la versión de Intereconomía.

La policía retuvo a los falsos empresarios para su identificación y les requisó una grabadora camuflada en una agenda y una aparente sortija de brillantes, que ofrecieron a Vera como aperitivo de lo que le pagarían después por asesorarles en instalar una planta de serigrafía en Valencia. Los falsos empresarios le ofrecían la sortija como una expresa atención para la esposa del letrado, la ex diputada socialista en el Parlamento valenciano María Antonia Armengol.

La cita, que tuvo lugar en la cafetería de un hotel valenciano a las 8.30, fue una farsa por ambas partes. Vera sabía desde la víspera que alguien quería tenderle una trampa porque los supuestos empresarios se dirigieron a él previamente invocando el nombre de dos personas, una de ellas un redactor de EL PAÍS. Alegaban que éstas les habían recomendado contratar los servicios de Vera para una asistencia jurídica de sus negocios en expansión en la región. El letrado sospechó que la cita era una maniobra oscura y puso los hechos en conocimiento de la policía, que montó una vigilancia del encuentro. El letrado, además, había comprobado que la empresa invocada por sus pretendidos contratistas, Facsoil Group, no existía ni cuadraban sus direcciones domiciliarias.

En la mañana de ayer, uno de los supuestos empresarios, que se presentó como Rubén Bret, tras introducirlo en la cafetería aparentando ser un mero secretario, le dejó a solas en una mesa con su pretendido jefe empresarial, que dijo llamarse Alberto Sánchez Poveda. Entretanto, uno de los agentes desplegados permanecía en las proximidades.

Sánchez Poveda explicó a Vera que controlaba numerosas empresas a través de Infraestructuras y Gestión, supuesta matriz de diversas firmas, con una facturación multimillonaria. Alegó que su padre era muy amigo de Francisco Tomás y Valiente, el asesinado ex presidente del Tribunal Constitucional. A grandes rasgos, el negocio que le dibujó consistía en la exportación de máquinas de serigrafía a Argelia y a Italia a través del puerto de Valencia, para lo que pretendía instalar dos naves en Gandía.

El pretendido empresario alardeó ante Vera de que era militante socialista, a lo que el letrado replicó que él no lo era y le preguntó qué importancia podía tener el ser militante o no del PSOE para el negocio que estaban tratando, según la denuncia que interpuso después contra los dos falsos empresarios por chantaje, obstrucción a la justicia, amenazas y revelación de secretos.

El fingido empresario, según el relato del denunciante, le confesó que estaba seguro de que la Administración valenciana, bajo mandato del PP, le pondría muchos problemas. Llegó a decir que el Ejecutivo valenciano le daba "asco" y que por ello había dilatado su implantación en esta región. El falso empresario preguntó a Vera si conocía a alguien en Aduanas con la supuesta intención de pedirle que mediara. El abogado negó tener tal contacto. La guinda de la encerrona se produjo cuando el tal Bret puso sobre la mesa lo que denominó "un detalle para la esposa" de Vera. Y de una bolsa de fieltro blanca extrajo un anillo de oro que llevaba engarzados supuestos diamantes. Vera rechazó el regalo. El falso empresario le insistió en vano que lo cogiese como compensación por haberlos atendido tan rápidamente. Y se jactó de que ya lo consideraba socio suyo. Vera reiteró su negativa a aceptarlo. Y, en ese momento, le avisó la policía por el móvil de que era momento de intervenir. Ambos empresarios alegaron que no llevaban sus DNI; sólo portaban sendos carnés de Intereconomía. La policía descubrió que habían grabado la reunión con una falsa agenda.

(www.elpais.com, 05/11/08)

LA 'DEFENSA' DEL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

El 12 de septiembre, cuatro individuos (embozados con gorras y grandes gafas de sol) con cámaras y micrófonos de Intereconomía asistieron a un pleno de la Diputación de Castellón. En ese foro, Carlos Fabra se ha negado reiteradamente a aclarar la procedencia de los ingresos millonarios en sus cuentas. Al finalizar la sesión, Intereconomía trató de boicotear el acceso de otros periodistas a Fabra. Entre empujones y codazos, el presidente del PP de Castellón salió del salón de plenos, sin atender a los medios de comunicación, rodeado por sus propios diputados, ante la imposibilidad de que sus escoltas llegaran al punto en el que se encontraba.

Entre los miembros del equipo enviado por Intereconomía se encontraba José Antonio Expósito, el guardaespaldas que se ocupó de proteger a los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras impedir el acceso del PSOE al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, Expósito fue fichado por Intereconomía.

José Luis Vera, magistrado de la Audiencia de Valencia hasta 2003, forma parte del despacho de abogados que, como letrados, representan a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en el caso Fabra, en el que actúa como acusación popular. Vera ha acudido en varias ocasiones al Juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso por el que se investiga al líder del PP de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y un supuesto fraude fiscal. Además, Vera ha intervenido hablando sobre el asunto en varios reportajes televisivos.

Por otra parte, el PP de Castellón dio a conocer ayer que el único candidato a la presidencia provincial del partido es Carlos Fabra, al que la secretaria popular, Marisol Linares, calificó de "líder indiscutible de toda la provincia".

Ante la próxima celebración del congreso, el 12 de diciembre, Linares habló de Fabra como la "única persona capaz de aglutinar a toda la provincia entorno suyo".

(www.elpais.com, 05/11/08)

CUANDO FABRA DESCUBRIÓ EL MARISCO

La investigación que la Fiscalía Anticorrupción está siguiendo contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, no está siendo en balde. A pesar de que nadie, ni siquiera el propio Fabra, es capaz de explicar de dónde vienen tantos ingresos millonarios, al menos sí se va sabiendo qué clase de persona es el político del PP: Un amante del marisco. Así lo reflejan numerosas facturas en las marisquerías más selectas de Madrid y Castelló, a donde Fabra podía ir tres veces por semana y pagar facturas que rozan los 1.000 euros.

Todos estos gastos se desprenden de la información que los peritos de Anticorrupción han conseguido del diario contable de Carmacas, una empresa que fundó Fabra en 2000 y que de la que fue administrador único hasta junio de 2004.

Carmacas S.L.

La empresa Carmacas es oficialmente un sociedad que ofrece servicios de consulta y asesoramiento sobre dirección y gestión de empresas privadas, pero los peritos están investigando si durante sus gestiones, Fabra cobró comisiones millonarias por agilizar licencias de comercialización de la empresa fitosanitaria Naranjax, a través de sus contactos en los ministerios durante el Gobierno de José María Aznar. Relaciones públicas

Dentro del diario contable de la empresa, bajo el ambiguo epígrafe de “Relaciones Públicas”, se concentran decenas de facturas en restaurantes y marisquerías de alta categoría tanto en Castellón como Madrid. Un ejemplo del tren de vida de Carlos Fabra en aquella época son los ágapes que se daba en 2001, según revela el diario Levante.

Afición por el marisco

El 2 de febrero, Fabra pagó 711 euros en el restaurante Rafael de El Grao de Castelló. Dos días antes se había dejado caer por la catedral del marisco madrileño La Trainera, donde desembolsó casi 1.000 euros en una comida. Y dos días después, el 4 de febrero, Fabra visitaba el exquisito restaurante Rausell de Valencia, para librar tres facturas que en total suman 484 euros. Una cantidad que Fabra cargó a Carmacas.

Alta cocina

El día 26, Fabra siguió con su dieta y se pasó por la marisquería Santa Cruz de Valencia, para gastar una cantidad más reducida, casi 200 euros. Pero el 2 de abril se resarció repitiendo en La Trainera madrileña, donde firmó una factura por 729 euros. Justo una semana después pagó 835 euros en el restaurante Green de Valencia. Ya en octubre, el líder del PP castellonense no dejó pasar una visita a Madrid para pasar por el famosísimo Casa Lucio y gastarse 283 euros.

Cajón de sastre

Las investigaciones de la Agencia Tributaria presentan la empresa de Carmacas como un cajón de sastre que Carlos Fabra utilizaba como un cajón de sastre para sus gastos. Así se explica que el presidente de la Diputación cargara a la empresa 450 euros de compras en Cortefiel Caballeros. O que en los libros aparezca una factura por 3.467 euros a nombre de una agencia de viajes, Mediterraneo Holidays.

Difícil de explicar

Incluso para Fabra tanto movimiento de dinero es difícil de explicar. Hasta 17 veces le han citado para aclarar ingresos que había recibido entre 1999 y 2000. Su único argumento fue que a menudo sacaba grandes cantidades de dinero para tenerlas en su casa e ingresarlas de nuevo en los bancos.

¿Síndrome de Diógenes?

Pero para los inspectores, esta variante inédita del síndrome de Diógenes es insostenible, ya que no tiene sentido que las cuentas de Fabra quedaran al descubierto, generando grandes gastos en intereses, según recoge el informe fiscal de Hacienda. En la última diligencia de actuación, Fabra alegó estar indispuesto y evitó la entrevista con los inspectores.

(www.elplural.com, 03/11/08)

ANTICORRUPCIÓN SIGUE EL RASTRO DE DIEZ CUENTAS OCULTAS DE FABRA QUE HACIENDA NO CONTROLABA

El presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, manejó al menos diez cuentas corrientes que escaparon al control de la Base de Datos de la Agencia Tributaria, según se desprende de la investigación que están llevando a cabo los peritos de la Fiscalía Anticorrupción.

La Justicia investiga el origen de más de un millón de euros en ingresos, en su mayoría injustificados, que el líder provincial del PP obtuvo entre 1999 y 2000, y que canalizó a través de casi un centenar de cuentas corrientes en las que aparece como titular, cotitular o persona autorizada.

Las 10 cuentas que no constaban en las pantallas de la base de datos de Hacienda fueron abiertas a nombre de Carlos Fabra y su esposa, María Amparo Fernández.

En concreto, se trata de 4 cuentas del Banco Guipuzcoano, 3 de Bancaja, 2 del Banco de Valencia y una de Caja Madrid. Algunas de ellas las aportó espontáneamente el presidente de la diputación en sus primeras entrevistas con los inspectores y otras fueron descubiertas, durante la inspección, cuando los investigadores reclamaron a los bancos justificantes de los movimientos en efectivo. Fuentes próximas al caso aseguraron ayer que los peritos de la Fiscalía Anticorrupción han pedido a los bancos toda la información de que dispongan sobre estas cuentas para realizar su informe final sobre el patrimonio de Fabra.

En el año 1999, el presidente de la diputación se benefició de 146 ingresos por importe de 600.000 euros sin justificar, lo que generó una cuota defraudada al erario de 120.000 euros. A su vez, en el año 2000 obtuvo al menos 68 ingresos en metálico, cheque o pagaré por un importe de 427.740 euros, lo que obligó a los inspectores de Hacienda a abrir 17 diligencias de investigación contra el líder provincial del Partido Popular.

Además, los peritos de Anticorrupción investigan la operación de compraventa de unos terrenos en La Coma, por los que Fabra pagó 1.600.000 pesetas en el año 1999 a la entidad Planning y Promociones. Esta empresa declara haber recibido el dinero de Fabra con anterioridad al acto de firma de la escritura. Según consta en la querella por fraude fiscal que la Agencia Tributaria presentó en mayo de 2005 contra el presidente de la diputación, no se han podido acreditar los medios de pago que Fabra empleó en esa operación.

(www.levante-emv.com, 31/10/08)

Una cuenta personal de Fabra refleja decenas de miles de euros sin justificar

Los extractos bancarios analizados de 2000 y 2001 registran ingresos en efectivo y en cheques por cantidades muy superiores a las nóminas del líder del PP y de su esposa

Decenas de cheques e ingresos en efectivo por cantidades de entre 12.000 y 100.000 euros (a veces en un mismo mes) figuran en los extractos de una de las decenas de cuentas bancarias en las que figura como titular o autorizado Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia. La cuenta analizada -de momento sólo en los ejercicios 2000 y 2001, aunque la documentación requisada alcanza hasta 2004- corresponde al banco más próximo al domicilio de Fabra. Estaba a nombre del líder del PP y de su mujer, y en ella ingresaban ambos cada mes sus respectivas nóminas, según fuentes de la investigación.

En un mes gastó 18.000 euros en muebles, ropa, zapatos y comidas

La cuenta es la misma cuyo análisis ya dio resultados muy comprometedores para el dirigente popular en el ejercicio de 1999, por el que fue imputado por delito fiscal al no declarar a Hacienda ingresos superiores a 600.000 euros, cuyo origen no ha podido justificar hasta el momento.

Éste es uno de los primeros datos que ya obran en la investigación que Anticorrupción puso en marcha hace poco más de un mes para aclarar el origen de seis millones de euros que, según la Fiscalía, Fabra no ha justificado. Anticorrupción requisó la documentación de una veintena de entidades bancarias de Castellón donde Fabra tenía cuentas corrientes.

El presidente de la Diputación de Castellón está imputado por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios y fraude fiscal. Esta imputación se basa en la investigación judicial abierta a raíz de la denuncia presentada por Vicente Vilar, un fabricante de productos fitosanitarios que, supuestamente, pagaba a Fabra comisiones ilegales a cambio de que el presidente de la Diputación Provincial de Castellón presionase a ministros y secretarios de Estado del entonces Gobierno de José María Aznar para conseguir autorizaciones de Agricultura y Sanidad.

En medio de esa investigación, la Agencia Tributaria destapó un delito fiscal que habría cometido Fabra al no declarar a Hacienda en 1999 ingresos por más de 600.000 euros, cuyo origen todavía hoy se desconoce.

La investigación en marcha ha descubierto que los extractos bancarios de la cuenta citada registran mensualmente los ingresos por nóminas de Fabra (algo más de 2.700 euros) y de su esposa (1.500 euros) y, además, ingresos en efectivo o por cheques con cantidades muy superiores.

El presidente del PP de Castellón, según la documentación requisada, contrató un crédito junto a su hija (hoy diputada nacional del PP) por 648.000 euros que le obligaba a abonar cada trimestre 14.104 euros (4.700 al mes) para pagar la compra de una vivienda.

La documentación recabada por Anticorrupción recoge también los gastos de una tarjeta de crédito American Express que Fabra compartía con su mujer. En uno de los meses que se han analizado figuran cargos por valor de 18.000 euros (los ingresos mensuales de ambos eran de 4.200 euros) por compra de muebles, ropa, zapatos y comidas en restaurantes de Madrid, una de ellas por valor de 600 euros. Uno de los restaurantes que aparece entre los pagos con la tarjeta de crédito es el que supuestamente utilizaba Fabra para comer con las personas que le podían facilitar las autorizaciones para fabricar fitosanitarios, según denunció el empresario Vicente Vilar en su día ante el juez. Vilar llegó a relatar en los juzgados que en ese restaurante se pagaron miles de euros a personas que podían intermediar para lograr las autorizaciones correspondientes.

Pese a estos hechos, el Partido Popular no ha abierto aún expediente disciplinario a Fabra, en contra de lo que establece el código ético del propio partido. Tanto Mariano Rajoy como Francisco Camps, respectivamente líderes del PP nacional y valenciano, han ensalzado en varias ocasiones de manera pública al presidente de la Diputación de Castellón.

La única respuesta que Fabra ha dado sobre sus ingresos a la oposición llegó anteayer por escrito, cuando sugirió que muchas de las cuentas corrientes cuya propiedad se le atribuye son en realidad de la Diputación Provincial de Castellón y, por tanto, los ingresos no son suyos. La cuenta analizada por Anticorrupción donde figuran ingresos muy superiores a su salario es la que comparte con su mujer en la sucursal más próxima a su domicilio.

Por otro lado, la investigación que encabeza el fiscal anticorrupción Luis Pastor ha tenido mucho cuidado en excluir de su ámbito de pesquisas todas aquellas cuentas relacionadas con la actividad institucional de Fabra. Por tanto, los datos inquietantes que salen de la primera lectura de sus numerosas cuentas -más de 15 millones de euros movidos entre 1999 y 2004 y casi la mitad con origen desconocido o injustificado- se refieren exclusivamente a las que posee en solitario o comparte con sus parientes directos

www.elpais.es 30.10.08

Declaraciones de la renta a devolver

Hacienda devolvió a Carlos Fabra alrededor de 14.000 euros entre 1999 y 2004 ya que todas sus declaraciones de renta le salieron a devolver, pese a los ingresos multimillonarios en sus cuentas. Ya en 1999, ejercicio en el que se detectaron las primeras supuestas anomalías fiscales, Hacienda le devolvió 2.800 euros en una declaración en la que se detectó un supuesto fraude de 150.000 euros por el impago de cuotas en el IRPF. Según la documentación que obra en las diligencias de investigación que instruye el juzgado número 1 de Nules, el presidente de la Diputación de Castellón obtuvo en 1999 retribuciones por un total de 73.136 euros. Por este ejercicio fiscal, Hacienda le devolvió 2.783 euros que, según su declaración, correspondían a la cuota diferencial. En 2000, sus rendimientos de trabajo alcanzaron los 78.618 euros y la cuota diferencial se fijó en 1.611 euros. Al año siguiente, Carlos Fabra apenas aumentó sus rendimientos de trabajo en 1.000 euros y su declaración exhibe que la cantidad a devolver fue de 2.246 euros. En la mayoría de los casos, el líder del PP de Castellón no percibió estas cantidades sino que las compensó con el pago que debía efectuar su esposa, a la que la declaración sí le salía positiva.

Los ingresos por trabajo obtenidos en 2002 se incrementaron hasta 83.636 euros, mientras que éste fue el año, de los cinco investigados, que más dinero le salió a devolver: 4.230 euros. Algo menos, 3.109 euros, fue lo que percibió en 2003 después de declarar unos rendimientos de trabajo de más de 88.000 euros, mientras que en 2004 percibió 3.286 de devolución de Hacienda con unos ingresos declarados de 91.304 euros.

www.elpais.es 30.10.08

ANTICORRUPCIÓN INICIA LA CUENTA ATRÁS PARA CALIFICAR EL CASO CONTRA CARLOS FABRA

El fiscal Anticorrupción del caso Fabra, Luis Pastor, ha pedido ya al Juzgado de Instrucción Número 1 de Nules que le remita parte de la causa para estudiarla, lo que en algunos medios judiciales se interpreta como un paso previo antes de tomar la decisión de concretar una acusación formal contra los imputados o pedir el archivo de las diligencias. Este intento de la Fiscalía por llevar el caso a su recta final se produce a pesar de que los juzgados de Nules siguen sin jueces titulares y mientras el Consell sigue aplazando el nombramiento de los dos jueces de apoyo y sus funcionarios.

El informe del fiscal Pastor no se producirá de ninguna manera mientras no tenga sobre su mesa el complejo informe sobre las cuentas de Carlos Fabra que deben elaborar los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción. Este informe podría estar concluido antes de Navidad, según fuentes próximas a la investigación.

Hace poco más de un mes, policías y peritos de la Fiscalía se desplazaron a Castelló para recabar personalmente los datos bancarios de la familia Fabra que 23 bancos han evitado facilitar desde que estalló el escándalo político a finales del año 2003. A pesar de la operación policial desplegada por la Fiscalía Anticorrupción, a fecha de hoy aún hay entidades financieras que no han transmitido toda la documentación de que disponen relativa a los supuestos ingresos millonarios del presidente de la diputación castellonense.

Además, este último impulso a la investigación desde la Fiscalía se produce días después de que Fabra hiciera unas contundentes declaraciones a una emisora de radio, a la que aseguró que tiene "ganas" de que se juzguen cuantos antes sus causas pendientes para "dejar de ser portada de algún periódico".Las declaraciones de Fabra contrastan con la actuación de sus abogados, que desde que estalló el caso han ido recurriendo, sistemáticamente, cada paso que daban los dos juzgados de instrucción de Nules.

La causa, que acumula ya más de 20.000 folios, se abrió a finales del año 2003, cuando un empresario, Vicente Vilar, gerente de Naranjax, interpuso dos querellas contra Carlos Fabra y lo acusó de cobrar comisiones millonarias por favores políticos en los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Las fuentes consultadas señalan que la petición del fiscal al juzgado para que le vaya remitiendo la causa, por tomos, suele ser un paso previo a la elaboración de un escrito de calificación, en el que el ministerio público realiza una acusación formal contra los imputados. En el caso de que Pastor no advierta la existencia de delito solicitaría a la juez el archivo del expediente.

Fabra figura como imputado en delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.

(www.levante-emv.com, 28/10/08)

FABRA DICE QUE LAS CUENTAS QUE LE INVESTIGAN SON DE LA DIPUTACIÓN

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cumplió ayer con su deber de contestar, por escrito, a las preguntas formuladas por el portavoz socialista, Francesc Colomer, en el último pleno. "¿Quién le ingresa tantos millones y a cambio de qué?", fue una de las preguntas que formuló el socialista en referencia a la investigación de los peritos de Hacienda sobre sus cuentas y movimientos bancarios.

Sin embargo, Fabra sólo respondió sobre la parte pública y alegó que no es titular de casi un centenar de cuentas, sino que en muchas de ellas aparece como firma autorizada cuando se trata de cuentas de organismos públicos, tal como se ha dicho reiteradamente. Además, Carlos Fabra, en una respuesta muy medida, afirmó que se trata de "ingresos relacionados" con la Diputación y con los organismos que preside y que no le pueden ser atribuidos.

Francesc Colomer acusó al presidente de la Diputación de no haber respondido a sus preguntas, en las que reclamaba explicaciones sobre los ingresos privados de Fabra. "No tengo los ingresos millonarios que usted se empeña en atribuirme", reiteró, y acusó al portavoz de la oposición de "mentir". Al finalizar el pleno, Fabra volvió a quitarle el turno de palabra al portavoz socialista.

Minutos antes se había debatido una moción en cuya redacción no se dejó descalificación alguna en el tintero el vicepresidente de la Diputación de Castellón, Vicent Aparisi. En la exposición de motivos señala que la Confederación Hidrográfica del Júcar "de manera tan metódica como obstruccionista informa negativamente de cualquier desarrollo urbano", y sostiene que las negativas a desarrollos urbanísticos por insuficiencia de recursos hídricos sólo se dan en municipios gobernados por el PP. "En muchos casos, el comportamiento no es sólo hostil sino indolente", añade la moción, que acusa a la entidad de ejercer un "sistemático y lesivo comportamiento".

La moción, que se queja de "la constante y generalizada obstrucción" que efectúa la Confederación, fue aprobada con los votos a favor del PP, los votos en contra de los socialistas y la abstención del Bloc. Pese a lo que dice la moción, la Confederación Hidrográfica del Júcar sí informó a favor de la macrourbanización prevista entre Oropesa y Cabanes, que abarca cerca de 18 millones de metros cuadrados. Ambos municipios están gobernados por el PP.

(www.elpais.com, 29/10/08)

La seda de Fabra

La diputación gasta 85.000 euros en 1.500 corbatas de seda de 7 pliegues y 500 pashminas personalizadas para distinguir a los VIP

La seda es el material con el que la Diputación de Castelló distingue a los VIP. Y es que a tal fin la Junta de Gobierno del PP contrató mil quinientas corbatas de seda de siete pliegues y 500 pashminas (pañuelos de mujer) personalizadas. Todo contra el desembolso de 84.840 euros. Regalos corporativos, imagen de la institución, a cambio de un importante desembolso. Un gasto que pudo ser mayor si en el camino no se hubiera quedado el lote de 2.100 corbatas, también de seda, habida cuenta que el concurso público quedó desierto, lo que habría elevado por encima de los 140.000 euros el coste de estos detalles exclusivos.

El encargo cuida al máximo los detalles. Así, desde la calidad del bordado de las iniciales al embalaje de corbatas y pashminas, pasando por el color de los mismos han sido tenidos en cuenta a la hora de seleccionar la empresa adjudicataria Cityties Inversiones, SL. Esta firma ofrece 3.000 combinaciones de color en el caso de las corbatas de siete pliegues de seda, que los expertos consideran el epítome del lujo, y 1.123 en el caso de los pañuelos de cuello.

La medida se adopta en plena crisis económica y mientras desde distintos sectores de la sociedad, incluidas las administraciones públicas, se hacen llamadas a la austeridad para salvar esta situación que tiene efectos impredecibles. De ahí que desde el principal grupo de la oposición: el PSPV se lamente la ocasión perdida para aplicar medidas de contención del gasto.

Este tipo de encargos tiene antecedentes en años anteriores apuntan, pero en el presente cobra una trascendencia mayor por cuanto se da en tiempo de crisis y cuando se reclaman más fondos a la Administración central y tras cerrar un plan de ayudas a la implantación de energías renovables en pequeños municipios del interior que deja pendientes 26 proyectos por agotar el presupuesto de 75.000 euros.

Por ello, desde el grupo Socialista, su diputado Juli Domingo califica esta actuación del grupo que preside Carlos Fabra como "una provocación en plena crisis, mientras se están adoptando medidas para contener los gastos más directos, como pueden ser las percepciones de los diputados, que Fabra nos venta ahora a gastarse ochenta mil euros en corbatas de seda de siete pliegues es, cuando menos, ir contra corriente. Es una burla, una burla hacia los ciudadanos de una persona que es capaz de gastarse una cantidad como esta en regalos corporativos, más que el dinero gastado en publicaciones culturales".

Domingo considera que esos fondos públicos habrían tenido un mejor aprovechamiento destinándolas a financiar actuaciones municipales en el interior. Lo contrario "es gestionar de espaldas a la realidad".

Nuevas empresas

Los socialistas entienden que es una forma de entender el gobierno de una institución, la misma que es capaz de llevar al pleno una modificación del presupuesto por la que se libera una partida de 400.000 euros para crear una empresa para gestionar proyectos de desarrollo endógeno y exógeno de la provincia, sin que ofrezca "al pleno dato alguno sobre el nombre de la empresa, sus cometidos o el personal que tendrá en plantilla". Recuerdan también los socialistas de la corporación, asimismo, que a detalles promocionales de la institución también se destinan cantidades en el presupuesto del Patronato Provincial de Turismo Costa de Azahar.

www.levante-emv.com 26.10.08

EL POLICÍA DETENIDO POR SUPUESTO TRÁFICO DE DROGAS ES FAMILIAR Y EX ESCOLTA DE FABRA

El agente de la Policía Local de Castelló detenido por su presunta relación con una red de tráfico de drogas es L. S. B., ex guardaespaldas y familiar del presidente de la diputación, Carlos Fabra. Fuentes policiales confirmaron la identidad del arrestado, que ayer se encontraba en los calabozos de la Comisaría de Castelló, a la espera de pasar a disposición judicial.

Según fuentes consultadas, el detenido ingresó hace más de una década en la plantilla de la Policía Local y forma parte de una de las primeras promociones. El pasado 20 de octubre de 2006, la junta de gobierno local del ayuntamiento de la capital acordó conceder la excedencia voluntaria a L.S.B., que se hizo efectiva el 15 de noviembre del mismo año. El permiso fue para un mínimo de dos años continuados, según el acta de la reunión consultada por este diario. Por lo tanto, podía pedir la reincorporación a partir de mediados del mes que viene.

El agente estuvo adscrito a la división de servicios especiales de la Policía Local, de la que depende el grupo de escoltas para protección de autoridades. En los últimos años fue uno de los guardaespaldas

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