La empresa del amigo de Castellano tiene una flota de cinco Mercedes

Taroncher y el consejero compraron el mismo vehículo con un mes de diferencia

Construcciones Taroncher, empresa con la que está vinculado el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, tiene registrados en el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona siete vehículos: Una furgoneta Iveco -usada por los trabajadores de la empresa-, una flota de cinco coches Mercedes adquirida entre 2004 y 2008 y un Jeep Cherokee. Diversas fuentes confirmaron a este periódico que José Miguel Pérez Taroncher -compañero de partidos de pilota y de cacería de Castellano-, utilizaba este vehículo en sus desplazamientos para la práctica ilegal del parany. Pérez Taroncher negó ayer que dispusiera de este vehículo pese a los datos que aparecen en el registro municipal.

"Estoy comiendo y no le puedo atender", dijo y después colgó

De los cinco Mercedes pertenecientes a la constructora con sede en La Pobla de Vallbona, dos de ellos -un ML320 y un C220CDI, valorados según la firma automovilística en 56.600 y 35.600 euros, respectivamente- fueron adquiridos en 2008 y dados de alta para el pago del impuesto de circulación con sólo 15 días de diferencia, concretamente el 1 y el 16 de septiembre del año pasado.

Desde 2004, Construcciones Taroncher y el consejero Serafín Castellano disfrutan de sendos Mercedes, del mismo modelo -un E320-, de importación y registrados con un mes de diferencia. El alta del vehículo de Castellano es del 8 de octubre de 2004 y el de la empresa constructora, del 18 de noviembre siguiente.

La relación entre esta firma y el consejero saltó a mediados de febrero, cuando EL PAÍS publicó que el consejero Castellano concedió obras menores a Construcciones Taroncher, empresa con la que comparte a título personal un crédito hipotecario. La dueña de la constructora, María Ángeles González García, es copropietaria con la esposa del consejero, Nuria Rioja -casada en régimen de gananciales con Castellano- de unos terrenos rústicos en el municipio de Llíria para cuya adquisición solicitaron un préstamo solidario.

El consejero había otorgado a esta empresa contratos menores de obra por 200.000 euros entre 2006 y 2007. De julio a septiembre de 2008, Castellano adjudicó a la empresa amiga contratos por otros 57.000 euros por trabajos en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana, entre otros.De los siete vehículos del parque móvil registrados a nombre de Construcciones Taroncher, dos los conduce el propio Pérez Taroncher, otro su esposa, y los demás sus hijos. En una breve conversación telefónica mantenida por este diario con Pérez Taroncher, que él interrumpió al colgar el teléfono, sólo reconoció que conduce un Mercedes. "Estoy comiendo y no le puedo atender", dijo y después colgó. Este diario intentó sin éxito volver a contactar con él unas horas después. El valor total de compra de estos cinco Mercedes, según aparece en la web de la compañía, ascendería a unos 226.500 euros.

Las relaciones del actual consejero de Gobernación con la propietaria de Construcciones Taroncher y su esposo y apoderado de la firma José Miguel Pérez Taroncher vienen de mucho antes. Castellano y Pérez Taroncher son amigos, juegan habitualmente partidos de pilota y cazan pájaros los fines de semana. El consejero tiene con su mujer y la esposa de su amigo un crédito de 82.000 euros con el que adquirió la finca cuya propiedad es indivisa, según consta en las escrituras.

En 1996, Serafín Castellano contrató a la dueña de la constructora y esposa de Pérez Taroncher como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, donde continúa. "La contraté porque nos hacía falta personal", explicó el consejero el pasado 17 de febrero. El salario base de María Ángeles González es de 2.865 euros.

Cinco meses después de comenzar a trabajar en este puesto es cuando María Ángeles González creó la constructora, que ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, el 92% ingresados gracias a las obras oficiales. De éstos, entre las obras menores, los procedimientos negociados y los contratos públicos, la constructora habría facturado unos dos millones de euros coincidiendo con el mandato de Castellano al frente de Sanidad y Gobernación.

En su comparecencia pública ante los medios de comunicación, el actual consejero de Gobernación reconoció haber adjudicado obras -menores o por contrato- por importe de 600.000 euros. El consejero de Francisco Camps se comprometió entonces a hacer públicos los contratos de obra menor -sin concurso público- otorgados a Taroncher desde el año 2000, pero hasta hoy no los ha facilitado todavía. "No he beneficiado a esta empresa. Si lo hubiera hecho, las adjudicaciones y los contratos no serían los que son en 10 años", arguyó el consejero.

Por si fuera poco, en los terrenos adquiridos en Llíria por la esposa de Castellano y la dueña de Construcciones Taroncher se levanta un parany -arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Supremo en 2005-.

Tras la denuncia de estos hechos, los partidos de la oposición en las Cortes Valencianas exigieron a Castellano que dimitiera o al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que lo destituyera. No ha sucedido ni una cosa ni la otra.

En una reciente comparecencia de Castellano en sede parlamentaria, a preguntas de la oposición, el consejero repitió que las adjudicaciones a Construcciones Taroncher son legales. "Lo ético es cumplir la ley", ha dicho desde el principio.

El escándalo que salpica a Castellano por las adjudicaciones a Construcciones Taroncher coincide en el tiempo con la operación Gürtel que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En este segundo caso, los implicados son, entre otros, el presidente Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Uno y otro caso mantienen en jaque al Consell.

www.elpais.es 14.03.09

Constructor a la sombra de un consejero

José Miguel Taroncher es conocido en La Pobla de Vallbona como Carlampio, el apodo de su padre y de su anterior empresa de construcción. Es conocida desde tiempo atrás su vinculación con el PP, primero en el ámbito local, antes de dar el salto a la Administración autonómica. No tiene nada a su nombre por razones que son vox populi en esta localidad del Camp de Túria. En los años noventa, Taroncher intentó ser el constructor de cabecera del alcalde Vicente Alba. Su mujer, María Ángeles González, Marián para los conocidos, era concejal del partido. Pero la relación acabó mal, entre otras cosas, como consecuencia de las adjudicaciones de las obras municipales.

Hasta 1996, la firma de Taroncher solo hacía alguna obra en La Pobla y chalés

A la empresa de Taroncher sólo le tocó la cubierta donde todavía hoy se instala el mercadillo. El PP comarcal era controlado entonces por Alba y por Serafín Castellano, delfín de Zaplana y valor emergente entre los populares. Como concejal de servicios sociales, Marián trabó relación con Castellano, que también acabó distanciándose del regidor poblano a raíz del conflicto entre zaplanistas y campistas. María Ángeles fue nombrada por Serafín secretaria del grupo popular de las Cortes Valencianas en 1996.

Su actividad en las Cortes no se ceñía únicamente al ámbito físico de trabajo. A lo largo del tiempo demostró su valía para reclutar periodistas afectos de cara a unas pruebas de selección de personal en RTVV mientras se encargaba de la lotería de Navidad del grupo o de asociaciones de mujeres promovidas por el PP que dirigían desde el Parlamento valenciano diputadas populares. Nada más llegar a las Cortes, en septiembre de 1996, creó la nueva empresa, Construcciones Taroncher y Asociados, SL, que daría cobertura a todas las adjudicaciones ya conocidas. Hasta entonces, la actividad constructora de Pérez Taroncher se reducía a la promoción de unos pocos chalés y de algunas obras municipales de la Pobla. Algunos de los trabajadores subcontratados de aquella época todavía no dan crédito al meteórico ascenso de la constructora.

Mientras, Castellano preparaba desde la presidencia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias su camino hacia el Consell. Aunque diputado desde 1991, hasta 1999 no logró ser nombrado consejero de Administraciones Públicas y en 2000 de Sanidad. Entonces, el Camp de Túria empezó a contar en la política autonómica. El carrusel de beneficiados por la política de personal de Castellano fue abrumador, si bien en esta legislatura le han parado los pies hasta el punto de que el partido le obligó a destituir a los tres meses de ser nombrados como directores generales de la Consejería de Gobernación a los alcaldes de Benaguasil y Casinos, Joaquín Segarra y Miguel Espinosa, respectivamente, aunque mantiene de jefe de los servicios de espectáculos a Fernando Castellano, hijo de un ex alcalde de Benissanó.

Hoy, el sector renovador del PP ha decidido que ha llegado el momento de prescindir de quien manejó con mano de hierro la comarca. Pero el control local que ejerce Castellano ha llevado a situar de concejales a su esposa y un primo hermano.

www.elpais.es 14.03.09

LA CONSTRUCTORA VINCULADA AL CONSELLER DE CAMPS TIENE COMO PRINCIPAL CLIENTE A LA GENERALITAT

Desde el año 2000 hasta la fecha, la mayor parte de los trabajos realizados por "Construcciones Taroncher y Asociados" han sido pagados por la Consellería de Sanidad, de la que fue titular Serafín Castellano

De los 7 millones de euros de ingresos que Construcciones Taroncher ha tenido desde el año 2.000, cuando Serafín Castellano asume el cargo de Conseller de Sanidad, un 92% proviene de contratos públicos, mayoritariamente con la propia Consellería de Sanidad y con la Consellería de Gobernación, que Castellano preside actualmente. En algunos ejercicios, prácticamente toda la facturación de la constructora proviene de obras oficiales. Además, la empresa de los amigos personales del Conseller ha obtenido contratos con el Ayuntamiento de Benisano, del que Serafín Castellano fue alcalde durante ocho años.

El Conseller de Gobernación mantiene una amistad íntima con Mari Ángeles García, administradora de la constructora, y con su marido, José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la empresa, con el que comparte cacerías y partidos de pelota.

Mari Ángeles García crea "Construcciones Taroncher y Asociados" en septiembre de 1996. Sólo cinco meses antes, en marzo de ese mismo año, el propio Serafín Castellano la había contratado personalmente para ocupar un puesto de confianza en el grupo popular en las Cortes Valencianas. En aquel momento, Castellano era secretario del grupo popular en el parlamento autonómico.

El portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, reclamó ayer al presidente Francisco Camps (PP) la destitución "fulminante" de Serafín Castellano, consejero de Gobernación, ante la evidencia de que las adjudicaciones a Construcciones Taroncher desde los distintos departamentos que ha ocupado en los últimos años "no han sido contrataciones de forma esporádica, sino de forma sistemática para burlar la ley". Mònica Oltra, portavoz de Compromís, abundó: "Castellano no puede seguir en el Consell ni un minuto más".

Construcciones Taroncher, empresa propiedad de María Ángeles González y gestionada por su marido, José María Pérez Taroncher, amigos íntimos de Castellano, ha sido adjudicataria de unas 200 obras contratadas por la Generalitat Valenciana por un valor de siete millones de euros desde el año 2000. La mayoría de los contratos a Construcciones Taroncher se han tramitado por procedimiento negociado sin publicidad o directamente, en los casos de menor cuantía.

Castellano, quien se comprometió a difundir todos los contratos que ha adjudicado a Construcciones Taroncher hace tres semanas -aún no lo ha hecho- difundió una nota en la que asegura: "No he influenciado en nada ni sobre nadie para que a ninguna empresa se le concedieran adjudicaciones".

El portavoz socialista opina en cambio que "Castellano se burla de la ley y del sentido común. No se trata de sospechas o dudas, hay certeza absoluta de que Castellano ha adjudicado obras a su amigo íntimo, él mismo lo ha confesado". Luna se preguntó: "¿Por qué no procede el presidente a su destitución? Hay dos opciones. O tiene mala conciencia porque él mismo ha adjudicado obras a muchos amigos o tiene miedo de que Castellano hable, que revele entresijos de su Administración que le pondrían en un aprieto mayor de los que ya tiene".

Luna asumió que "es inútil" pedir la dimisión a Castellano, quien ha defendido en comparecencias públicas y en sede parlamentaria que cumple la ley "a rajatabla". Por eso invitó a Camps a actuar para airear "las aguas profundas de la charca putrefacta en que se ha convertido la administración del Consell".

Oltra también cargó contra Camps: "Su actitud de mirar hacia otro lado solo se explica porque está más preocupado por sus asuntos con la justicia que con su tarea ejecutiva".

Un consejero de Camps dio 200 obras a una empresa con la que está vinculado

La constructora facturó siete millones a la Generalitat en los últimos ocho años

Serafín Castellano, consejero de Gobernación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, adjudicó, cuando estaba al frente del Departamento de Sanidad, unas 200 obras a la firma Construcciones Taroncher y Asociados, con la que está vinculado. La empresa, que sigue trabajando para la Generalitat, ha facturado desde 2000 a la Administración valenciana siete millones de euros.

Muchos de los contratos han sido para reformas en el hospital La Fe

Castellano tiene una finca en el término municipal valenciano de Llíria de la que son copropietarias su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de Construcciones Taroncher, María Ángeles González García, que además tienen una cuenta bancaria común. La finca y el préstamo que solicitaron para adquirir los terrenos (82.600 euros) se escrituraron el 25 de abril de 2008. El consejero ha reconocido una estrecha amistad tanto con esta mujer como con su esposo y apoderado de la empresa, José Miguel Pérez Taroncher.

Castellano y Taroncher comparten partidos de pelota y cacerías, lo que choca frontalmente contra la ley, que establece que la autoridad que disfrute de la potestad de otorgar un contrato público "debe abstenerse" cuando concurra el supuesto de "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los aspirantes a obtener el contrato".

En 1996, el consejero contrató a la dueña de la empresa como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes valencianas, donde todavía trabaja por las mañanas. Fue cinco meses después de comenzar a trabajar en ese puesto, cuando María Ángeles González, creó la empresa, que ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat. De éstos, entre las obras menores, los procedimientos negociados y los contratos públicos, la constructora habría facturado unos dos millones de euros coincidiendo con el mandato de Castellano al frente de Sanidad y Gobernación. En su primera comparecencia pública, éste reconoció haber otorgado obras a esta empresa por unos 600.000 euros. El consejero se ha negado a dimitir por este asunto y ha asegurado, tras admitir a este periódico su amistad con el apoderado y la dueña de la empresa, que cumple la ley "a rajatabla".

La constructora, con apenas cinco empleados, se benefició de adjudicaciones directas y sin concurso, de obras en el hospital universitario La Fe de Valencia por más de 1,6 millones de euros, según cálculos de este diario. Por otra parte, la mayoría de los más de 200 arreglos, contratos menores [inferiores a 50.000 euros y para los que no se requiere concurso público] y procedimientos negociados [inferiores a 100.000 euros] facturados por la empresa a la Generalitat van desde los 400 a los 60.000 euros y se llevaron a cabo entre el 22 de mayo de 2000 y el 21 de junio de 2003, cuando Castellano dirigía Sanidad.

Los contratos a dedo y por procedimiento negociado otorgados por el consejero durante su etapa en Sanidad incluyen toda clase de obras y reformas en el hospital valenciano: implantación de la unidad de psiquiatría infantil, acondicionamiento de habitaciones, laboratorio de hormonas en la Escuela de Enfermería. La constructora sigue realizando obras para el hospital La Fe, como el refuerzo de los pilares del pabellón general, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros.

Castellano fue nombrado consejero de Gobernación en junio de 2007. Desde entonces, el alto cargo ha encargado a Construcciones Taroncher varios contratos, incluyendo la remodelación de su propio despacho. Los trabajos han tenido lugar en la planta donde trabaja el consejero y en el Centro de Emergencias 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería.

A veces, las propuestas presentadas por la constructora, tanto en Sanidad como en Gobernación, concurrían con las de un albañil y un escayolista, que en ocasiones trabajan para esa empresa. Ambos aseguran que lo hicieron por su cuenta y al margen de Construcciones Taroncher y no para que figurase la concurrencia de tres ofertas.

El 17 de febrero, después de que EL PAÍS revelara la relación entre el consejero de Camps y la citada empresa, el primero se comprometió a facilitar la relación de contratos menores otorgados durante sus diez años como consejero de Sanidad, de Justicia y Administraciones Públicas y al frente de Gobernación, pero todavía no lo ha hecho. Fuentes de su consejería aseguran que se trabaja en la búsqueda de ellos.

La celeridad con la que Taroncher cobra las obras contrasta con las reiteradas quejas de atrasos en los pagos que denuncian otros constructores valencianos.

Reforma de la casa de campo

La familias Castellano y Pérez Taroncher están unidas por una estrecha amistad y por unos terrenos de dos hectáreas y media adquiridos el 25 de abril de 2008 por las esposas de ambas en Liria (Valencia). El consejero de Camps paga junto a ellas un crédito de 82.000 euros con el que se adquirió la finca cuya propiedad es indivisa, según consta en las escrituras.

La finca de naranjos adquirida por la esposa del político y por la dueña de la constructora tiene una casa de campo que ha sido reformada por trabajadores de Construcciones Taroncher y en cuya mejora y acondicionamiento se han invertido más de 20.000 euros, según estimaciones de este periódico. En la finca hay instalado un arte tradicional de caza de pájaros con un parany, una modalidad cinegética prohibida por la ley de la Comunidad Valenciana. José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la constructora, y Serafín Castellano frecuentan juntos esta casa, pero el consejero asegura que nunca ha cazado con parany, que es una trampa para pájaros especialmente cruel, porque los animales se quedan pegados a las ramas de los árboles y son rematados cuando caen al suelo.

Los implicados

- Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación. El 25 de abril de 2008 firmó un préstamo de 82.600 euros con su esposa, Nuria Rioja, y con María Ángeles González, dueña de Construcciones Taroncher para la compra de una finca rústica en Llíria (Valencia). Desde que es consejero, la empresa ha facturado siete millones a la Generalitat.

- Nuria Rioja. Esposa del consejero. Adquirió en 2008 la finca de naranjos, de más de dos hectáreas y media, con María Ángeles González. El precio en la escritura es de 130.392 euros. Rioja está casada en régimen de gananciales por lo que el consejero es también propietario de los terrenos.

- María Ángeles González. Ha recibido obras de equipamientos sanitarios cuando Castellano fue consejero de Sanidad y para obras en dependencias de Gobernación, ahora que es titular de este área.

- José Miguel Pérez Taroncher. Marido de María Ángeles González, apoderado de la constructora. Amigo personal del consejero.

www.elpais.es 09.03.09

El escándalo en torno a las adjudicaciones públicas a una empresa con cuyos dueños tiene una estrecha amistad no hace mella en el consejero de Gobernación. Tampoco el hecho de que comparta con ellos una finca con parany, un método de caza ilegal. Serafín Castellano sacó ayer pecho y declaró que nadie conseguirá "paralizar" su gestión política ni "mancillar" su honor, porque no tiene "nada que ocultar", ni "servidumbre" alguna.

El consejero realizó estas declaraciones en rueda de prensa al ser comparada su situación con la dimisión del ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, informó Efe. "Comparar esto con la dimisión de Bermejo es intentar confundir para sacar rédito político", porque "no tiene absolutamente nada que ver". "Dimite aquel que tiene algo que ocultar, y yo no tengo nada que ocultar", insistió Castellano.

El consejero admite haber adjudicado contratos por cerca de 600.000 euros a la empresa Construcciones Taroncher, a cuya dueña, María Ángeles González García, colocó también como auxiliar administrativa en el grupo parlamentario del PP en las Cortes valencianas. Además, la esposa del consejero, con la que éste comparte bienes gananciales, comparte la propiedad de una finca en Llíria con González García. La finca alberga un parany en perfecto estado de uso.

A la Consejería de Medio Ambiente no le constan denuncias contra Castellano por la práctica de cazar tordos con este sistema -se tratan las ramas del árbol y se embadurnan de una materia viscosa a la que quedan adheridos los pájaros-. Como lo que se sanciona es la caza en sí, y no la preparación del árbol para atrapar las aves, tampoco hay prevista una inspección de la consejería si no media denuncia. En el caso del ex ministro Bermejo, la Junta de Andalucía ha abierto un expediente porque carecía de licencia para la cacería que compartió con el juez Garzón.

El consejero de Gobernación defiende que los contratos a la empresa de sus amigos cumplieron la legalidad, "mirando el precio, las mejoras y las garantías", según explicó tras hacerse pública la relación con Construcciones Taroncher. Ayer, Serafín Castellano insistió en que no tiene nada que reprocharse, incluso lamentó que "algunos quieran sacar ganancia de pescadores a río revuelto". El consejero aseguró que su "obligación" es continuar con su programa de trabajo.

El Consell no tomará medidas ante el 'parany' de Castellano

Una cosa es podar un árbol de manera singular, y otra usarlo para cazar tordos. Y, además, para sancionar la práctica ilegal del parany, debe mediar denuncia. La Consejería de Medio Ambiente distinguió ayer estas situaciones para argumentar que no enviará una inspección a la finca de Llíria que alberga un parany y que fue comprada a medias por la esposa de Serafín Castellano, y la mujer de su amigo José Miguel Taroncher, al que el consejero de Gobernación ha adjudicado varias obras.

"Lo que se sanciona es la práctica" de la caza por el método del parany, declarado ilegal por el Tribunal Supremo y el Tribunal de la Unión Europea, según insistió Medio Ambiente. Esculpir las ramas de un árbol para colocar varillas pringadas de una sustancia viscosa en la que quedarán atrapados los pájaros que se posen, sin embargo, no es objeto de infracción. A la consejería no le consta ninguna denuncia o infracción a Castellano por el parany que decora la finca. Sin embargo, el pasado 3 de noviembre la Guardia Civil de Benaguasil sí intervino a Taroncher reclamos ilegales para esta caza tradicional en la Comunidad Valenciana y tramitó una sanción administrativa contra el constructor.

Para sancionar la caza del parany, hay que pillar al cazador in fraganti. Los agentes medioambientales y el servicio del Seprona de la Guardia Civil son los encargados de denunciar esta práctica ilegal ante la consejería. También un particular puede hacerlo, lo que obliga a Medio Ambiente a vigilar la zona para comprobar si se produce la caza con parany. Pero "no hay infracción por trabajar el árbol", recalcó la consejería. El año pasado, se tramitaron 187 denuncias en toda la Comunidad Valenciana.

Los grupos ecologistas critican que Medio Ambiente no persigue como debiera el parany e intenta dar salida a esta caza pese a que es ilegal por su arraigo en Castellón y Valencia. Además, un juzgado de Castellón investiga una denuncia del grupo Gecen que acusa a un cargo de la consejería de no actuar ante sus quejas. En esa línea, el portavoz de Els Verds, Carles Arnal, denunció ayer la "notable falta de eficacia" de la consejería "en hacer cumplir la legalidad vigente, y exigió que se investigue el parany de la finca del consejero Castellano. Compromís presentará iniciativas en las Cortes "para aclarar la situación" y saber "si la consejería conoce el caso y si ha sancionado o piensa sancionarlo", añadió.

www.elpais.es 20.02.09

La empresa se llama Construcciones Taroncher y ha recibido un goteo de adjudicaciones de obras por parte de las diferentes consellerias que ha dirigido Castellano desde finales de la década de los 90: Justícia y Administracions Públiques, Sanitat y Governació.

Castellano aseguró que las adjudicaciones "son legales, claras y transparentes". Y, según una curiosa definición de la ética acuñada por él mismo, aclaró que los contratos obtenidos por sus amigos no faltan a la ética política: "Lo ético es cumplir la legalidad".

Según los datos aportados por el conseller, en los últimos dos años Construcciones Taroncher ha cobrado facturas procedentes de la Conselleria de Governació por valor de 171.034 euros. Desde 1999, los trabajos que la empresa ha hecho para los departamentos dirigidos por Castellano le han reportado 391.450 euros. Sin embargo, esta última cifra no incluye las adjudicaciones menores de las que también se benefició Taroncher.

Este tipo de contratos son los más opacos, ya que por su reducido importe no es necesario convocar un concurso en el que compitan varias empresas ni publicar la contratación en los documentos oficiales. El conseller aseguró que facilitaría esa cifra en cuanto tuviera tiempo de hacer el cálculo, cosa que no sucedió.

Para completar la polémica, ayer se conoció que la propietaria de la constructora y amiga de Castellano, María Ángeles González, forma parte del personal contratado por el Grupo Parlamentario Popular en Las Cortes Valencianas desde el año 1995. El PP prefirió no dar explicaciones sobre la formación y méritos de González para el puesto que ocupa con el argumento de que no se trata de un cargo público.

Por su parte, el conseller atribuyó las informaciones aparecidas a "cortinas de humo" del PSOE para tapar el paro y la recesión. Castellano negó haber favorecido a la firma de sus amigos, dijo tener "la conciencia muy tranquila" y amenazó con ejercitar "acciones legales" contra quien "ponga en duda mi honradez". "A mí no me va a amedrentar nadie", afirmó.

Castellano destacó que lo facturado por Taroncher supone un 0,23% del importe total adjudicado por la Conselleria de Governació. Insistió en que la constructora es una más de las 81 empresas que trabajan para su departamento.

Desde la oposición, el PSOE pidió a Castellano que dé explicaciones en Las Cortes Valencianas. "El problema del PP es que ha eliminado de plano el concepto de responsabilidades políticas", explicó el diputado socialista Joaquim Puig. "No sería reprobable que el conseller contratara a una empresa con cuyos dueños mantiene una relación personal si es en un momento concreto y por una razón justificada. Pero no parece moral que vaya jalonando de adjudicaciones a la misma empresa según la conselleria que esté dirigiendo", explicó Puig.

Por su parte, el grupo parlamentario Compromís destacó que el escándalo es una consecuencia de la opacidad del Gobierno valenciano. Su portavoz, Mónica Oltra, criticó que "desde hace años" el Ejecutivo de Francisco Camps se resiste a dar información sobre los contratos menores. Oltra anunció que enviará sus solicitudes de información no atendidas al juez Baltasar Garzón.

Según la portavoz, la secuencia es siempre la misma. Primero, la oposición presenta una pregunta parlamentaria en la que se interesa por las empresas que se benefician de estas adjudicaciones. Y, al cabo de unas semanas, la Mesa de Las Cortes rechaza la pregunta con argumentos como que los adjudicatarios no tienen "relevancia" en el País Valenciano. La diputada afirma que existen 776 millones de euros anuales adjudicados a través de contratos menores, de los que la Generalitat se niega a dar explicaciones.
(www.publico.es, 18/02/09)

Serafín Castellano, consejero de Gobernación y responsable de seguridad ciudadana en la Comunidad Valenciana, presume de su amistad con José Miguel Pérez Taroncher. La esposa de Castellano, Nuria Rioja, con la que el consejero comparte bienes gananciales, y la esposa de Taroncher, María Ángeles González, comparten la propiedad de una finca en el término municipal de Llíria desde abril de 2008 sobre cuya superficie se levanta un parany en perfectas condiciones de uso. El parany es un arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2002 y por el Tribunal Supremo en 2005.

El pasado 3 de noviembre, la Guardia Civil de Benaguasil intervino a Taroncher reclamos y otras artes ilegales que se utilizan para la caza del parany, una forma de caza tradicional en la Comunidad Valenciana. Taroncher sufrió una sanción administrativa.

El constructor y el consejero son habituales compañeros del juego de la pilota, otra modalidad tradicional en la Comunidad Valenciana. Vecinos de Llíria, aficionados a la práctica del parany, aseguran que el propio Castellano ha participado en alguna cacería, un extremo que este diario no pudo confirmar.

Castellano restó importancia ayer a la adjudicación de varias obras menores en la sede de su consejería a la empresa constructora de Taroncher, que está registrada a nombre de su mujer. El consejero recordó que ha sido responsable de Justicia y Administraciones Públicas durante un año y consejero de Sanidad durante otros tres, y que manejó presupuestos millonarios.

Pero la relación de Castellano con Taroncher se prolonga durante mucho tiempo. Cuando Castellano era consejero de Sanidad, entre mayo de 2000 y junio de 2003, adjudicó al menos tres concursos a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados desde ese departamento. Se trata de las obras de la ampliación del centro de salud de Riba-roja por 227.970 euros, las obras del laboratorio de hormonas en el hospital La Fe de Valencia por 63.523 euros, ambas de 2001, y la rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del hospital maternal e infantil de La Fe por 99.956 euros en 2002.

En total, durante su estancia en la consejería de Sanidad, la constructora de la que su estrecho amigo José Miguel Pérez Taroncher es apoderado resultó adjudicataria de, al menos, estos tres concursos por una suma total de 391.449 euros.

La esposa de Taroncher, María Ángeles González, trabaja como auxiliar administrativa en el Grupo parlamentario del PP desde 1996.Las adjudicaciones de Castellano adquirieron otra dimensión ayer cuando el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicó el contrato de los servicios de limpieza de la sede de la Consejería de Gobernación y del Centro de Coordinación de Emergencias con Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, SA, por 214.908 euros. El propio Castellano firma la adjudicación con fecha de noviembre pasado.

José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la investigación abierta por el juez Garzón sobre una supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas vinculadas al PP, es presidente y propietario de Seralia a través de la empresa contructora Begar.

No es la única adjudicación obtenida por Ulibarri de la Administración autonómica en el segmento de limpiezas. Desde 2007, Seralia ha ganado concurso de limpieza de otras siete áreas de la Generalitat.

La primera y más importante fue adjudicada en febrero de 2007 por la Consejería de Turismo por un total de 1,28 millones de euros por limpiar las dependencias de la Agencia Valenciana de Turismo durante dos años. En esa época era consejera de Turismo Milagrosa Martínez, la actual presidenta de las Cortes. Pero la adjudicación la firmó el subsecretario Carlos Alberto Precioso.

Fernando de Rosa Torner, actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, firmó en octubre de 2007, cuando era consejero de Justicia y Administraciones Públicas, la segunda adjudicación por importancia de la Generalitat a Seralia. Un total de 957.345 euros por los servicios de limpieza, desinfección y desratización de cuatro edificios de atención al ciudadano en Valencia, Castellón y Requena.

Bienestar Social adjudicó a Seralia la limpieza de varios centros de servicios sociales dependientes de la dirección territorial de Valencia por 242.574 euros. Agricultura también adjudicó a Seralia en junio de 2007 la limpieza de la sede de los servicios territoriales en Alicante por 135.244 euros. La Secretaría Autonómica de Deporte adjudicó a Seralia la limpieza de su sede en Valencia por 74.664 euros. Hacienda adjudicó a la empresa de Ulibarri en junio de 2007 la limpieza del centro territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo en Alicante por 46.393 euros.

Las relaciones de Ulibarri en la Comunidad Valenciana son tan extensas que César Augusto Asencio, diputado autonómico del PP, anunció que el PP solicitará que todos los Ayuntamientos socialistas aclaren si mantienen alguna relación con alguna de las empresas vinculadas a la trama que investiga Garzón.

De momento, el grupo municipal socialista de Rocafort, localidad valenciana donde otra empresa de Ulibarri construye el PAI (Programa de Actuación Integrada) El Bovalar, solicitó ayer al alcalde, Sebastián Bosch, del PP, una copia del documento que acredite el ingreso del aval definitivo que el agente urbanizador de este PAI, Urbanite SL, debió haber depositado en el Ayuntamiento de esta localidad en mayo de 2006, y que rondaría los 900.000 euros, dijo la portavoz socialista, Amparo Sampedro. Ésta pidió también una copia del contrato o convenio entre el consistorio y la adjudicataria del plan.

Y, al margen de la trama que investiga el juez Garzón en la Audiencia Nacional, los contratos de la Consejería de Sanidad con Construcciones Taroncher se prolongaron cuando Castellano dejó de ser consejero en junio de 2005. De acuerdo con una lista del departamento de gestión económica del área de salud número 7 (la zona de asistencia correspondiente al hospital La Fe), durante el año 2005 la empresa fue adjudicataria de diez obras.

Algunas de esas obras fueron adjudicadas por tan solo 6.437 euros, como la adecuación del área administrativa de atención primaria del pabellón de gobierno. Otras por 80.780 euros, correspondiente a la reforma del bloque quirúrgico infantil, un expediente que se repite con el mismo precio, el mismo plazo de ejecución (dos meses) y el mismo número de expediente. La suma de todos estos importes es de 327.315 euros.

Además, hay otras adjudicaciones que refleja el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, cuando Serafín Castellano estaba fuera de Sanidad. Las correspondientes al año 2005 son las obras de acondicionamiento y mejora del centro de salud de Manises por 102.841 euros o la impermeabilización de la terraza de la UCI del pabellón central del hospital La Fe por 64.364 euros el mismo año. En 2006 se suman otros contratos por la reparación de la estructura del pabellón central de La Fe (91.556 euros), la remodelación y mejoras en diversos centros de salud (89.926 euros) y las obras de unificación de la farmacia del pabellón infantil y del maternal de La Fe (76.238 euros).

Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación del PP de la Comunidad Valenciana ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. La dueña de esta firma es copropietaria con la esposa del consejero de unos terrenos rústicos en el término de Llíria (Valencia), un suelo que también paga el alto cargo del Gobierno de Francisco Camps mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la citada empresa.

Construcciones Taroncher es propiedad de María Ángeles González García y de su hijo Daniel. El apoderado de la empresa es su marido, José Miguel Pérez Taroncher, de 57 años, un amigo personal del consejero Castellano, del que es compañero de cacerías y partidos de pelota.

La consejería de Gobernación ha encargado a la constructora, que apenas cuenta con cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007. Las obras han tenido lugar en la sede oficial de la consejería y en el Centro de Emergencias y Coordinación 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería. Algunas autorizaciones de obras llevan la firma del consejero Serafín Castellano, que fue consejero de Sanidad con Eduardo Zaplana y hoy está alineado con Camps.

El 25 de abril de 2008, Nuria Fundamento Rioja Rioja, esposa del consejero de Gobernación, y María Ángeles González García, la dueña de la constructora, escrituraron ante notario la compra de una finca de naranjos de dos hectáreas y media en el término de Llíria. Nuria Rioja está casada en régimen de gananciales, por lo que el político también es propietario de los terrenos, y María Ángeles González, en separación de bienes, según señala la escritura.

Ambas adquirieron la finca a la sociedad mercantil L'Alqueria Vella S.C.P., y declararon un precio de compra de 130.392 euros. La forma de pago, según el documento notarial, fue así: dos pagos en efectivo de 30.000 y 17.792 euros y un cheque de 82.600 euros.

El mismo día de la compra de estos terrenos, el consejero Castellano acompañó a su esposa a la notaría de Llíria donde se escrituraron. Y en esa misma notaría Castellano; su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de la constructora, María Ángeles González, firmaron ante el mismo notario un préstamo hipotecario con el Banco Popular Español por 82.600 euros con la garantía de la finca de naranjos. Las dos mujeres tienen una cuenta conjunta.

"Firmé el préstamo porque tengo régimen de gananciales, pero lo hice como particular y pago la parte que me corresponde", explicó ayer el consejero.

Los contratos firmados por el consejero Castellano a favor de la citada constructora son de obras menores [inferiores a 50.000 euros] para los que no se requiere acudir a concurso.

En 2007, Taroncher facturó más de 27.000 euros en la planta tercera de la consejería de Gobernación por obras de ampliación de baño y hall. En esta planta se encuentra el despacho del consejero, también reformado. En este mismo edificio de la calle Historiador Chabás 2, la constructora hizo obras de pintura por unos 30.000 euros. Los proveedores de la Generalitat se quejan del atraso en los pagos, pero las obras de Taroncher se cobran con una celeridad poco común.

Construcciones Taroncher ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat de Valencia. Entre sus obras más importantes destaca el refuerzo de los pilares del pabellón general del Hospital La Fe de Valencia, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros, y reformas en centros de salud, algunas en la época en la que Castellano fue consejero de Sanidad (entre 2000 y 2003). Entre ellas el concurso del laboratorio de hormonas del Hospital La Fe; rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del Hospital Maternal y Hospital Infantil La Fe y ampliación del centro de salud de Ribarroja del Turia. En total, unos 300.000 euros.

- Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación de la Generalitat valenciana. El 25 de abril de 2008 firmó un préstamo de 82.600 euros con su esposa, Nuria Rioja, y con María Ángeles González, dueña de Construcciones Taroncher y Asociados, SL, para la compra de una finca rústica en Llíria (Valencia). Entre 2007 y 2008, el consejero adjudicó a Construcciones Taroncher obras por unos 200.000 euros.

- Nuria Rioja. Esposa del consejero de Gobernación. Adquirió en 2008 la finca de naranjos, de más de dos hectáreas y media, con María Ángeles González. El precio en la escritura es de 130.392 euros. Rioja está casada en régimen de gananciales por lo que el consejero es también propietario de los terrenos.

- María Ángeles González García. Ha facturado en los últimos siete años unos siete millones de euros, en su mayoría con la Administración y el Gobierno de Valencia. Ha recibido obras de equipamientos sanitarios cuando Castellano fue consejero de Sanidad y para obras en dependencias de Gobernación, ahora que es titular de este área.

- José Miguel Pérez Taroncher. Marido de María Ángeles González, apoderado de la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, SL. Amigo personal del consejero Serafín Castellano.

El consejero Serafín Castellano, de 44 años, natural de Benisano (Valencia) tiene una intensa trayectoria política en la Comunidad Valenciana. Ha sido consejero de Sanidad (2000-2003) y de Justicia y Administraciones Públicas (2003-2007) y presidente de la Federación Valenciana de Municipios. En 2003, Eduardo Zaplana, su principal mentor político, le nombró portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tarea que desempeñó tres años.

Su fidelidad a Zaplana desapareció cuando Camps llegó al Palau de la Generalitat y encontró en este político el hombre para impulsar su proyecto de Estatuto. En marzo de 2006, las Cortes aprobaron el nuevo Estatuto con el acuerdo de populares y socialistas. Castellanos negoció con el dirigente socialista Joan Ignasi Pla y logró el consenso con la oposición. Desde Gobernación, Castellanos recibió el encargo de desarrollar legislativamente el nuevo Estatuto. De la Consejería de Gobernación dependen la policía autonómica, la seguridad ciudadana y la prevención de incendios.

Castellano adjudicó contratos a Ulibarri y su mujer fue socia de uno de los imputados en el caso Terra Mítica

El conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, ha asegurado que "jamás" ha utilizado sus cargos públicos "para beneficiar a nadie", ni ha utilizado sus contactos "para influir en contratos públicos a beneficio de ninguna empresa", reivindicando la “legalidad” y “transparencia” de sus adjudicaciones. Castellano ha hecho estas afirmaciones en su primera comparecencia pública después de que la Cadena Ser y El País informaran que ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. Con este frente recrudecido, al dirigente siguen saliéndole fuegos: tal como informó la emisora antes citada, el conseller también habría adjudicado contratos al empresario José Luis Ulibarri, uno de los 37 imputados por Garzón en la llamada Operación Gürtel.

Según estos medios de comunicación, la Conselleria ha encargado a Construcciones Taroncher, de cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007. Además, la administradora de la empresa, María Angeles García, sería copropietaria junto a la mujer del conseller, Nuria Fundamento Rioja, de unos terrenos rústicos en Llíria (Valencia). Se trataría de unos campos de naranjas de 27.000 metros cuadrados adquiridos en abril de 2008 con una hipoteca del Banco Popular, precisa Levante-EMV

Relaciones con Terra Mítica
La mujer del conseller, además, habría sido socia en la empresa Cartografía, Nacionalización y Comercialización (CRC), capitaneada por Vicente Conesa y su esposa, ambos imputados en el caso Terra Mítica por estafa, blanqueo de capitales y fraude fiscal, prosigue el rotativo valenciano. Ya en 1994, con Castellano como alcalde de Benisanó y número dos del PP valenciano, estalló un escándalo por la contratación “a dedo” de CRC para realizar el mapa verde de Benidorm. Cabe mencionar que, en la actualidad, la esposa del conseller ocupa la concejalía de Cultura de la localidad de la que Castellano fue regidor.

Consellería de Sanidad
Levante-EMV también ha explicado los tratos entre Castellano y Taroncher, asegurando que se remontarían al año 2000, cuando el conseller ocupó la cartera de Sanidad de la Generalitat. Su llegada al puesto habría reportado a la empresa de su amigo contratos por casi 430.000 euros en tres años, correspondientes a la construcción del laboratorio de hormonas del Hospital La Fe, a la rehabilitación del maternal e infantil del mismo centro, y a la construcción y ampliación del centro Ribarroja. Castellano dejó este gabinete en 2003 y pasó a ser el portavoz de las Corts, lo que no impidió a la constructora seguir haciéndose con jugosos contratos de Sanidad.

Niega participación en Taroncher...
El conseller ha negado sus relaciones con la Construcciones Taroncher, asegurando que ni él ni su mujer tienen "ninguna participación ni intereses" con ninguna empresa, aunque ha admitido que mantiene amistad con su responsable, José Miguel Pérez Taroncher. Tal como ha contado la prensa local, ambos jugarían juntos casi todos los martes a pelota valenciana, deporte del que el empresario fue jugador profesional, y cazarían juntos. "Voy a seguir defendiendo mi tierra y los intereses de esta comunidad", ha aseverado por su parte el conseller, insistiendo en que no renunciará a sus ideas, a su partido, a sus amistades, ni a sus aficiones.

...y resta importancia a los contratos
Castellano ha restado importancia a los contratos adjudicados a la constructora de su amigo, explicando que ésta ha facturado en los últimos dos años por distintos trabajos de reforma a la Conselleria de Gobernación -entre ellos la sala de prensa de la Conselleria y el Centro de Coordinación de Emergencias- "171.034 euros en contratos menores". El dirigente ha agregado que el montante total de sus adjudicaciones desde que es titular de Gobernación asciende a 73.233.763,56 euros, de manera que lo facturado a esa empresa -que es una de las 81 adjudicatarias de contratos menores de su departamento- representa "un 0'23" por ciento.

Adjudicaciones “legales y transparentes”
Además, ha explicado que desde que es conseller de la Generalitat, donde ha ocupado distintas carteras, Construcciones Taroncher ha sido adjudicataria en concursos públicos de libre concurrencia que ha ganado por valor de "391.450,16 euros" en diez años, cuando como conseller ha adjudicado en ese tiempo "miles de millones de las antiguas pesetas". Según Castellano, las adjudicaciones que ha ejecutado durante durante su trayectoria política son todas "legales, claras y transparentes", por lo que tiene "la conciencia muy tranquila" y "absolutamente nada que ocultar".

Le parece “ético”
Preguntado sobre si esta situación es "ética", Castellano ha asegurado que "lo ético es cumplir la legalidad", y ha insistido en que no ha beneficiado a esa empresa, en la que no tiene participación ni relación familiar, y que todo lo que ha hecho es "público y contrastable". A su juicio, tendría un "conflicto de intereses" si hubiera hecho "grandes adjudicaciones" a esa empresa o si hubiera hecho “algún tipo de trato de favor", lo que ha negado.

“Cortinas de humo”
El conseller ha acusado a los socialistas de lanzar "cortinas de humo" en vísperas electorales para "desviar de los problemas que realmente tienen los ciudadanos", y ha indicado que no le va a "amedrentar nadie" y que si alguien pone en duda su "honradez" y transparencia ejercitará las acciones legales "oportunas". Finalmente, ha instado a que se investigue su patrimonio todo lo que se quiera, "por activa y por pasiva", ya que será "beneficioso para la dignidad de la clase política", y ha defendido que "lo poco" que posee de patrimonio lo tiene por una hipoteca y por un préstamo hipotecario, y que vive en la misma casa, en un segundo piso que le hizo su padre.

Ulibarri también
Con el frente de Taroncher recrudecido, a Castellano se le acaba de abrir otro. Tal como ha informado la Ser, el conseller habría adjudicado el servicio de limpieza de los edificios dependientes de su conselleria a la empresa Seralia S.A, del Grupo Begar que pertenece a José Luis Ulibarri, uno de los 37 imputados por el juez Garzón en su investigación de la presunta trama corrupta vinculada al PP. El contrato se concedió en noviembre del año pasado y habría reportado a la empresa de Ulibarri un total de 214.908 euros. Este no sería el único beneficio del magnate por sus tratos con la Generalitat: como ya informó este rotativo, su empresa Mediamed habría obtenido 13 licencias de TDT del Gobierno de Francisco Camps.

www.elplural.com 17.02.09

UN CONSELLER DE CAMPS ADJUDICÓ OBRAS DURANTE DIEZ AÑOS A LA EMPRESA DE UNOS AMIGOS

El actual conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, adjudicó obras durante diez años a una empresa constructora propiedad de unos amigos íntimos, aunque éste afirma no ver "inconvenientes" en que sean contratistas de su departamento, según una información de la Cadena Ser recogida por EP.

Según la cadena, Castellano adjudicó numerosas obras relacionadas con los distintos departamentos de la Generalitat que ha ocupado -Sanidad, Gobernación y Justicia- a la empresa de unos amigos personales, con los que posee intereses comunes, puesto que su esposa y la administradora de esta firma compraron unos terrenos conjuntamente.

En todos los casos, las adjudicaciones se hicieron a través de contratos menores que evitaban el concurso con otras compañías, mecanismo que implicaría que la resolución tuviera que hacerse pública a través de los boletines oficiales.

Desde la constitución de la mercantil en septiembre de 1996, esta empresa firmó contratos con diferentes administraciones de la Comunitat Valenciana, pero fundamentalmente con la Generalitat a partir de que Castellano se convirtiera en conseller de Sanidad, en el año 2000, según las mismas fuentes.

Entre otras obras, esta empresa se hizo cargo de las obras en el laboratorio de hormonas del Hospital Universitari La Fe de Valencia; la ampliación del centro de salud de Riba-roja del Túria; las obras de la sala de mando del Centro de Emergencias de la Comunitat, así como la reparación del tejado del mismo centro, la instalación del sistema de detección de incendios y gran parte de la reforma del alumbrado.

Ante esta información, Castellano reconoció en declaraciones a la cadena que es íntimo amigo de los dueños de esta constructora, y admitió que firmaron juntos la compra de unos terrenos aunque dijo no detectar inconveniente alguno en que sean contratistas del departamento que él dirige.

El 'conseller' de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, habría adjudicado numerosos contratos desde hace 10 años a la empresa constructora Taroncher y Asociados, propiedad de unos amigos suyos.

Castellano comparte también intereses comunes con dichos amigos, ya que su esposa y la administradora de la empresa compraron unos terrenos en abril de 2008 en Llíria.

Fuentes de la Consejería confirmaron ayer que Castellano conoce a los responsables de la empresa, pero niegan que se haya cometido una ilegalidad puesto que la concesión se hizo de acuerdo con la ley, que permite que los convenios menores no se sometan a contrato público. El propio consejero afirmó no ver «inconvenientes».

La compra del terreno en Llíria, de unos 27.000 metros cuadrados, se formalizó ante notario en presencia del 'conseller', que está casado en régimen de gananciales. Paralelamente, los amigos de Castellano, Mari Angeles González García y José Miguel Pérez Taroncher (con quien comparte cacerías), administradora y apoderado de Construcciones Taroncher, recibieron el encargo de diversas obras de la Generalitat, según la emisora.

Desde su creación en 1996, la constructora ha recibido numerosos encargos. Entre 2007 y 2008, ha obtenido contratos menores por valor de unos 200.000 euros para obras de la Consejería autorizadas por Castellano.

La constructora habría conseguido obras por valor de siete millones de euros. Además, Mari Angeles González fue contratada como secretaria en las Cortes valencianas gracias a la influencia de Serafín Castellano.

UN CONSELLER DE CAMPS LLEVA 10 AÑOS ADJUDICANDO OBRAS A LA EMPRESA DE UNOS ÍNTIMOS AMIGOS

Serafín Castellano, en la actualidad, conseller de gobernación de la Comunidad Valenciana, ha adjudicado numerosos contactos a la empresa constructora 'Taroncher y Asociados', propiedad de unos amigos suyos

Serafín Castellano ha adjudicado numerosas obras a la empresa de unos amigos personales, Construcciones Taroncher y Asociados SL. Con esos amigos comparte además intereses comunes, ya que su esposa y la administradora de Construcciones Taroncher y Asociados SL compraron unos terrenos en abril del año pasado. En la firma ante notario para formalizar la hipoteca de las tierras estuvo presente el propio Conseller, casado en gananciales con su esposa

Durante 2008, la empresa de los amigos personales de Serafín Castellano, Conseller de Gobernación de la Comunidad Valenciana, Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher, administradora y apoderado de Construcciones Taroncher y Asociados SL respectivamente, se ha encargado de distintas obras de la Generalitat.

En concreto ha llevado a cabo, por ejemplo, las obras de la sala de mando del Centro de Emergencias de la Comunidad Valenciana, la reparación del tejado del mismo centro, la instalación del sistema de detección de incendios y gran parte de la reforma del alumbrado. En todos los casos a través de contratos menores que evitan el concurso con otras compañías y que la adjudicación tenga que hacerse pública a través de los boletines oficiales. Según la documentación en poder de la Cadena Ser, la firma autorizando las obras es del propio Conseller de Gobernación.

Desde que Construcciones Taroncher y Asociados se crea, en septiembre de 1996, ha contratado con distintas administraciones de la Comunidad Valenciana, pero fundamentalmente con la Generalitat a partir de que Serafín Castellano se convierte en Conseller de Sanidad, en el año 2000.

Un año después, la constructora se hace con la adjudicación de las obras en el laboratorio de hormonas del Hospital Universitario La Fe de Valencia por 63. 523 euros. En el mismo año, la Consejería de Sanidad que dirige Serafín Castellano le adjudica la ampliación del centro de salud de Riba-Roja de Túria por 227.970 euros. Construcciones Taroncher y Asociados también se encargaría de las obras de rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del hospital maternal y del hospital infantil del Hospital Universitario La Fe, por los que recibiría casi 100.000 euros.

Y a partir de ahí, cuando Serafín Castellano deja de ser Conseller de Sanidad para asumir la portavocía del Partido Popular en las Cortes, la Consellería de Sanidad seguirá usando los servicios de la constructora. Le adjudica otras reformas que se acometen en el Hospital Universitario La Fe y en otros centros, como las obras de acondicionamiento del Centro de Salud de Manises. En total, más de 800.000 euros.

Serafín Castellano ha reconocido en que es íntimo amigo de los dueños de esta empresa constructora. Admite también que firmaron juntos la compra de unos terrenos, pero no ve inconveniente alguno en que sean contratistas del departamento que el dirige. Ni siquiera en las obras encargadas sin concurso, las obras a dedo que él mismo autoriza con su firma.

La esposa de Serafín Castellano, Nuria Fundamento Rioja, y Mari Ángeles García, propietaria de Construcciones Taroncher y Asociados desde que la funda en 1996, compran juntas en abril de 2008 unos terrenos de 27.000 metros cuadrados en Lliria, en Valencia. Para ello suscriben una hipoteca con el Banco Popular de la que son responsables solidarias. A la formalización del préstamo acuden el propio Conseller de Gobernación, su esposa, Nuria Fundamento Rioja y el matrimonio de Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher.

Serafín Castellano fue zaplanista hasta que se distanció del ex presidente de la Generalitat, como tantos otros, para acercar su postura a la de Francisco Camps, actual presidente autonómico. Castellano ha ocupado distintas consellerías del gobierno valenciano con los populares en el poder. En el año 1999 fue Conseller de Justicia y Administraciones Públicas hasta el año 2000, cuando pasa a ocupar la Consellería de Sanidad hasta el 2003. A partir de este año es el portavoz del Partido Popular en las Cortes y en el 2007 ocupa el cargo de Conseller de Gobernación, que ocupa en la actualidad.

Serafín Castellano es amigo personal de José Miguel Pérez Taroncher, con el que comparte cacerías y partidos de pelota.