CASO SERAFÍN CASTELLANO, SA
El susodicho con Fabra
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EL JUEZ REAFIRMA LOS INDICIOS CONTRA LA ‘TRAMA DEL FUEGO’ DE CASTELLANO
CASTELLANO RECIBIÓ 163.000 EUROS DE LA TRAMA DEL FUEGO, SEGÚN LA POLICÍAEL SOCIO DE CASTELLANO EVADIÓ A LUXEMBURGO 2 MILLONES CUANDO ERA SU CONTRATISTA EN SANIDAD
Rajoy destituye al delegado del Gobierno detenido en Valencia
El Gobierno defendió hace un mes al delegado detenido en ValenciaLa detención del delegado del Gobierno asfixia al PP valenciano
La empresa del amigo de Castellano tiene una flota de cinco Mercedes
Constructor a la sombra de un consejero
LA CONSTRUCTORA VINCULADA AL CONSELLER DE CAMPS TIENE COMO PRINCIPAL CLIENTE A LA GENERALITAT
LA OPOSICIÓN EXIGE A CAMPS EL CESE INMEDIATO DE CASTELLANO
Un consejero de Camps dio 200 obras a una empresa con la que está vinculado
CASTELLANO SE NIEGA A DIMITIR POR EL ESCÁNDALO QUE LE AFECTA
El Consell no tomará medidas ante el 'parany' de Castellano
UN CONSELLER DE CAMPS DEFIENDE EL NEPOTISMO
LA FINCA DE CASTELLANO Y LA ESPOSA DE TARONCHER ALBERGA UN 'PARANY'
UN CONSEJERO DE CAMPS DA OBRAS A UNA EMPRESA CON LA QUE COMPARTE CRÉDITO
DEL BRAZO DE ZAPLANA AL DEL PRESIDENTE CAMPS
Castellano adjudicó contratos a Ulibarri y su mujer fue socia de uno de los imputados en el caso Terra Mítica
UN CONSELLER DE CAMPS ADJUDICÓ OBRAS DURANTE DIEZ AÑOS A LA EMPRESA DE UNOS AMIGOS
AMIGUISMO EN VALENCIA
UN CONSELLER DE CAMPS LLEVA 10 AÑOS ADJUDICANDO OBRAS A LA EMPRESA DE UNOS ÍNTIMOS AMIGOS
EL JUEZ REAFIRMA LOS INDICIOS CONTRA LA ‘TRAMA DEL FUEGO’ DE CASTELLANO
El magistrado atribuye a la red de extinción de incendios los delitos de organización criminal, malversación y cohecho
El juez de Sagunto Héctor Ignacio Santamaría se ha reafirmado este viernes en que existen “indicios racionales” de que el ex delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín Castellano formó parte de una “organización criminal” dedicada al amaño de contratos de extinción de incendios con medios aéreos en varias autonomías. Castellano fue detenido en mayo de 2015 en su casa de Benissanó (Valencia) y ha negado las acusaciones. La trama tuvo, según el magistrado, ramificaciones internacionales.
En la causa hay una treintena de personas imputadas —investigadas en la nueva terminología judicial—, entre ellos otro ex alto cargo valenciano y tres de la Generalitat de Cataluña.
El magistrado mantiene abierto el procedimiento, que ha dejado de estar bajo secreto, por los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación prohibida a funcionario público.
Los amaños en la contratación de aviones para sofocar incendios forestales afectaron presuntamente a adjudicaciones autonómicas, nacionales e internacionales. En concreto se indaga la extensión de la actividad de la trama en Italia y Portugal.
Los empresarios implicados se habrían repartido el mercado de la extinción de incendios mediante aviones en España, pactado precios de los concursos públicos y sobornado a autoridades. Los registros y detenciones practicados por la policía se extendieron por la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Madrid, Extremadura y Baleares.
A Castellano, que fue secretario general del PP valenciano hasta 2014, le regalaron presuntamente un rifle y le invitaron a cacerías. Él ha calificado las acusaciones de “disparate”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/05/valencia/1454689836_032790.html
CASTELLANO RECIBIÓ 163.000 EUROS DE LA TRAMA DEL FUEGO, SEGÚN LA POLICÍA
Los investigadores creen que la red trucó concursos en España, Italia y Portugal
El ex delegado del Gobierno en Valencia se defiende: “Soy inocente”
Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, recibió 163.736 euros de la trama del fuego, el presunto cartel de empresas del sector de la extinción de incendios forestales con medios aéreos desarticulado el pasado mes de mayo, cuando el exdirigente del PP fue detenido. La red trucó, según los investigadores, concursos públicos en siete comunidades autónomas y del Ejecutivo, y se extendió también a Italia y Portugal.
En la causa judicial hay indicios de sobornos a seis altos cargos en dos autonomías, Comunidad Valenciana y Cataluña. La intención del juzgado de Sagunto y de la Fiscalía es que la parte internacional del caso sea investigada en los países afectados. Castellano se ha proclamado inocente y ha calificado de "disparate" las informaciones sobre su procedimiento.
La presunta trama estaba compuesta por empresas especializadas en la extinción de incendios utilizando aviones. Según el sumario, las sociedades se repartían el mercado de las Administraciones, pactaban precios al presentarse a concursos o decidían no optar para que otra mercantil del grupo obtuviera una prórroga automática del contrato. En algún caso llegaron a prestarse aviones entre sí para ganar las convocatorias.
Castellano, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) elaborado a instancias del juez citado por Europa Press, disfrutó de actividades de caza, comida y alojamiento por importe de 163.736 euros pagados por una de las empresas de la presunta trama, Avialsa, con sede en la Comunidad Valenciana. Varias de esas estancias cinegéticas están recogidas en fotografías.
El informe policial menciona numerosas cacerías en las que Castellano habría participado entre 2007 y 2010 acompañado en ocasiones por su esposa y amigos. Entre ellos figuró el empresario José Miguel Pérez Taroncher, que recibió adjudicaciones de consejerías dirigidas por Castellano, criticadas por la oposición por su relación de amistad.
Entre los pagos realizados por la empresa de aviones que la policía atribuye a gastos de Castellano y su séquito figuran noches en el parador de Albacete o en un hotel de cinco estrellas de Altea (Alicante), cacerías de tórtola y caterings que costaban 2.100 euros.
La policía señala que en el registro de la casa de Castellano encontraron facturas de cacerías con aspecto de "haber sido enviadas por fax o ser simples fotocopias". Los autores del informe lo consideran un "intento" de reunir documentos para salir al paso de las informaciones en los medios sobre sus cacerías. Castellano, que también fue secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, habría pedido a Avialsa "5.000 euros en efectivo" para pagar él personalmente una cacería que tuvo lugar en 2010.
Siete comunidades
Las detenciones y los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto se extendieron por Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, además de por la Comunidad Valenciana y Cataluña. Los investigadores creen que los amaños alcanzaron al Ministerio de Medio Ambiente. Además de los imputados —investigados según la nueva terminología judicial— que ocuparon puestos de responsabilidad en el Consell y la Generalitat de Cataluña, hay otro implicado que pertenecía al Ministerio de Fomento y trabajaba para Aviación Civil en Valencia.
Los concursos presuntamente amañados en Italia y Portugal tenían importes de decenas de millones de euros. El juzgado y la Fiscalía prevén que el caso pase primero a la Audiencia Nacional, ya que entre los 30 imputados los hay de varias autonomías.
Y que la Audiencia Nacional envíe, a través de los mecanismos de cooperación judicial internacional, las adjudicaciones sospechosas en Italia y Portugal a estos países para que sean investigadas allí.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/09/valencia/1455012794_294765.htmlEL SOCIO DE CASTELLANO EVADIÓ A LUXEMBURGO 2 MILLONES CUANDO ERA SU CONTRATISTA EN SANIDAD
Taroncher utilizó la sociedad Jopeta Patrimonios para sacar en divisas «un dinero que no ha vuelto a España», según la investigación - El extitular de Sanidad dio a dedo 2 millones a su amigo - Anticorrupción subraya que era una firma sin actividad»
Las cacerías pagadas por el contratista de la extinción aérea de incendios, Avialsa T35, eran solamente un pretexto para los negocios. Una especie de junta general de socios beneficiarios de los contratos públicos adjudicados por Serafín Castellano Gómez en su paso por distintas «conselleries». Así lo acredita la investigación judicial del llamado caso Avialsa. A las jornadas cinegéticas acudían, además de Castellano y el empresario de los aviones Vicente Huerta, el constructor José Miguel Pérez Taroncher, que hacía de chófer del exconseller, compartía negocios y la afición por la pilota. La investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción desde octubre de 2014 ha revelado los «negocios comunes» entre ambos amigos del alma, así como una transferencia en divisas de 2 millones de euros remitida por el constructor de la Pobla de Vallbona a una cuenta de Luxemburgo, según una información a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
El dinero se catalizó a través de la sociedad Jopeta Patrimonios, la patrimonial de la familia. Taroncher operaba con las firmas Taroncher y Asociados o José Miguel Pérez Taroncher S. L. en sus contratos con la Generalitat. El constructor fue introducido por Castellano nada más desembarcar en Sanidad en 2000. El subsecretario de recursos económicos de Sanidad con Serafín Castellano era Máximo Caturla, el considerado «cajero» de la trama de las presuntas mordidas en Ciegsa y la diputación.
El swift bancario de Taroncher es de 2006. Llevaba ya seis años recibiendo adjudicaciones a dedo. El cómputo inicial judicial cifra en 2 millones de euros el volumen de negocio adjudicado directamente por Castellano a las empresas Construcciones Taroncher y Asociados y Construcciones DV Cuatro. En la propiedad de esta última participaban los hijos de Taroncher. Se trata de empresas que nunca tuvieron, en el mejor de los momentos, más de media docena de trabajadores a su cargo.
Adjudicaciones sin concursos
En todos los casos se trata de concesiones «sin acudir a los procedimientos legales, con fragmentación de importes y sin presentarse a licitaciones públicas», según el sumario. Como contó este diario, Taroncher pescó más de 7 millones en unos 200 contratos a dedo. Entre ellos, algunos tan polémicos como una reforma estructural del pabellón central de La Fe, que se llevó por 1,2 millones, sin contrato ni expediente.
Jopeta Patrimonios se creó en el año 2006 —justo antes de evadir el dinero— con un capital social inicial de 900.000 euros, «depositados en efectivo en una cuenta de Banesto cuya existencia no ha sido posible confirmar en la Agencia Tributaria». El juez instructor de la causa subraya que el volumen de dinero aportado para montar la patrimonial «no guarda correlación con los ingresos legales atribuibles a Pérez Taroncher», quien, además, aportó otros 90.000 euros como socio de la mercantil. «La única operativa» que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Jopeta Patrimonios es precisamente la realización de «transferencias internacionales de divisas que no han vuelto a España». El juez y el Ministerio Público sospechan que al no existir ninguna relación comercial ni actividad de Taroncher en el extranjero, este tránsito de divisas escondería una mecánica de blanqueo de capitales. La patrimonial habría sido utilizada como «una sociedad instrumental muy sospechosa de albergar procedimientos de blanqueo para derivar capitales a los circuitos económicos internacionales» sin llamar la atención de las autoridades fiscales», según el auto del juzgado de Instrucción número dos de Sagunt, que desplegó la operación para detener a Castellano el pasado 29 de mayo.
La liquidez del compañero de cacerías de Serafín Castellano siempre estuvo por encima de la actividad aparente de la empresa. Además, el constructor inyectó capital a su propia empresa en una cuantía infrecuente. Así, en 2011, Taroncher ingresó 800.000 euros para capitalizar Construcciones Taroncher y Asociados. «En principio no tiene ingresos suficientes para hacer esos pagos», subraya el auto judicial.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/02/09/socio-castellano-evadio-luxemburgo-2/1376886.htmlRajoy destituye al delegado del Gobierno detenido en Valencia
Serafín Castellano, acusado de prevaricación, malversación y cohecho en su etapa de consejero, queda en libertad con cargos y con la prohibición de salir de España
Las cacerías con un contratista ponen al delegado del Gobierno en la picota
El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha destituido a Serafín Castellano, su delegado en la Comunidad Valenciana, apenas unas horas después de ser detenido por supuesta corrupción en Valencia. A Castellano se le atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, malversación y cohecho relacionados con una serie de adjudicaciones realizadas durante su etapa de consejero de la Generalitat y ha sido arrestado en la localidad de Benissanó (Valencia). Los investigadores también han registrado las consejerías de Gobernación, Sanidad e Infraestructuras de la Generalitat, donde han requisado abundante material relacionado con las adjudicaciones que el arrestado realizó durante su etapa de consejero.
La investigación se refiere, en concreto, a las adjudicaciones realizadas durante la época de Castellano como consejero a Avialsa, una empresa con la que contrató los medios aéreos para la extinción de incendios. La policía también ha requisado documentación relacionada con las adjudicaciones a la empresa Taroncher, a la que Castellano adjudicó distintas obras, especialmente en su etapa como consejero de Sanidad, y con la construcción de una pista forestal en el municipio de Viver (Castellón).
Después de pasar 12 horas detenido, Castellano ha salido del juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto en situación de libertad provisional hacia las 19.45, tras pasar unos 40 minutos en dependencias judiciales. La juez ha acordado la obligación del ex delegado del Gobierno de comparecer ante la autoridad judicial "tantas veces como sea requerido", le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido salir de España, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
La detención del delegado del Gobierno ha vuelto a conmocionar al PP regional que dirige el presidente en funciones de la Generalitat, Alberto Fabra. Su propio partido ha iniciado ya su suspensión cautelar de militancia. La suspensión se produce apenas tres semanas después de que también haya sido apartado del partido el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por otro escándalo relacionado con el supuesto cobro de comisiones ilegales. El Consejo de Ministros ha destituido a Castellano también este viernes como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Castellano ha sido hasta hoy una de las piezas claves del PP valenciano. Consejero con Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra, Serafín Castellano recaló en la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana tras los malos resultados electorales de las elecciones europeas del año pasado. Fabra lo destituyó como número dos del PP regional y consejero de Gobernación presionado por los barones provinciales y lo reubicó, pese a las reticencias de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la Delegación en la Comunidad Valenciana. La noche de la derrota electoral en las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá se abrazó a él diciéndole "qué hostia, qué hostia", tal y como recogió un video.
Los agentes y el fiscal anticorrupción, Vicente Torres, han permanecido toda la mañana en el interior de la vivienda de Castellano en la localidad de Benissanó, en la provincia de Valencia, población de la que fue alcalde. El juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto, en funciones de guardia, ha autorizado y supervisa la operación en la que se están practicando distintos registros. También han sido detenidas, hasta el momento, otras ocho personas. La causa está bajo secreto y la operación continúa abierta, según el Tribunal Superior valenciano.
Fachada del edificio donde vive Serafín Castellano en Benissanó, donde la policía efectúa el registro. / JOSÉ JORDÁN
De las pesquisas se encarga la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Los agentes le investigan por presuntos favores a Avialsa, una empresa a la que le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de consejero de Gobernación. Castellano coincidió con el presidente de Avialsa en diversas cacerías el cual, supuestamente, le habría regalado un rifle de caza entre otros obsequios. El presidente de esta mercantil se encuentra entre los detenidos, así como su empleado y alcalde en funciones del pequeño municipio de Quartell, Francisco Huguet, y el exconcejal del mismo municipio Emilio Máñez. El alcalde de Quartell ha salido del juzgado de Sagunto poco después de las cinco de la tarde mostrando las manos y ha afirmado que la juez le ha dejado en libertad sin fianza, aunque no ha indicado si se han presentado cargos contra él. El PP valenciano ha suspendido de militancia tanto a Huguet como a Máñez.
La operación policial se ha iniciado poco antes de las 7.30 horas de la mañana. A las 14 horas, tras permanecer incomunicado toda la mañana, un coche policial ha salido de la vivienda con el delegado del Gobierno, presumiblemente con destino a otros registros. Hacia las 19 horas, Castellano ha entrado esposado al juzgado de Sagunto, donde ha sido abucheado por algunos vecinos. Al salir del juzgado, el excargo público se ha subido a un automóvil conducido por una mujer y se ha marchado sin hacer declaraciones.
Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa (empresa adjudicataria de dichos contratos) en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por la consejería dirigida por Castellano a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.
La detención del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana salpica la última institución que había permanecido al margen de los escándalos de corrupción del PP que dirige Alberto Fabra. Diputaciones, grandes ayuntamientos, empresas públicas y numerosos departamentos del Gobierno de la Generalitat, gobernados por el PP, se han visto implicados en tramas de corrupción, generalmente por cobro de comisiones o regalos a cambio de concesiones y contratas que han servido, en parte, para financiar a los populares valencianos.
Alberto Fabra anunció esta semana que no volverá a repetir como presidente del PP regional tras los malos resultados obtenidos que él mismo ha achacado en gran medida a los escándalos de corrupción que han afectado a su partido y la falta de respuesta ante los mismos.
http://politica.elpais.com/politica/2015/05/29/actualidad/1432886643_850266.html
El Gobierno defendió hace un mes al delegado detenido en Valencia
"Este escándalo le ha saltado en toda la cara a la vicepresidenta", señalan desde el PSOE
El Gobierno contestó a principios de mayo al Grupo socialista que avalaba la gestión del delegado del Gobierno de Valencia, Serafín Castellano, detenido este viernes acusado de corrupción durante su etapa de consejero de la Generalitat. "Es rotundamente falso que haya recibido cantidad alguna de la empresa mencionada, ni directa ni indirectamente", era la respuesta del Ejecutivo a la pregunta del PSOE sobre la supuesta concesión de contratos públicos del ya cesado delegado.
"Hace 48 horas ha llegado su respuesta avalando estas contrataciones", ha asegurado el portavoz socialista, Antonio Hernando, que ha añadido que no es la primera vez que preguntan a la vicepresidenta del Gobierno sobre el caso del delegado del Gobierno de Valencia. "Este escándalo de corrupción le ha saltado en toda la cara a la vicepresidenta del Gobierno", ha espetado el portavoz socialista, Antonio Hernando.
Los socialistas han instado a la vicepresidenta que de explicaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre "por qué ha avalado al señor Serafín Castellano". Sáenz de Santamaría se ha limitado a anunciar el cese del delegado del Gobierno de Valencia, una decisión que asegura que se ha tomado "tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial". El sustituto deebrá superar un informe de idoneidad para el puesto y cuando este esté concluido, será nombrado, ha explicado la número dos del Ejecutivo.
Pero los socialistas han concretado su solicitud. “Pedimos a la vicepresidenta del Gobierno que a la hora de sustituirle no busquen a nadie del PP de la Comunidad Valenciana ni tampoco a nadie del PP de Murcia, para garantizarse que entre una persona decente”, han añadido. Además, han criticado el acierto de la vicepresidenta a la hora de nombrar a los delegados del Gobierno. "Tenemos al anterior delegado del Gobierno en Valencia, al actual, al que fuera delegado del gobierno en Baleares, al delegado del Gobierno en Castellón, al que fuera delegado del gobierno en Extremadura imputados, y que han tenido de dimitir o han sido cesados por estar relacionados con la corrupción”, ha enumerado Hernando.http://politica.elpais.com/politica/2015/05/29/actualidad/1432904916_155798.html
La detención del delegado del Gobierno asfixia al PP valenciano
Castellano está acusado de prevaricación, malversación y cohecho en la adjudicación de contratos en su etapa como consejero
El Gobierno destituye al delegado de Valencia detenido por corrupciónLa detención por corrupción de Serafín Castellano, hasta ayer delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha asestado un golpe mortal al PP que dirige Alberto Fabra. Tras cosechar el domingo los peores resultados electorales desde 1991, la operación policial evidenció que la corrupción de los populares valencianos ha entrado en fase de metástasis. Castellano está acusado de prevaricación, malversación y cohecho en la adjudicación de contratos en su etapa como consejero. Tres departamentos del Gobierno de Fabra fueron registrados. El PP lo suspendió ayer de militancia y el Gobierno lo destituyó del cargo.
Castellano era una de las piezas clave del PP de la Comunidad Valenciana. Ayer fue apartado del partido y destituido por el Gobierno. El juez le dejó en libertad provisional con cargos y le retiró el pasaporte tras declarar en Sagunto por varios delitos relacionados con la corrupción.
Alcalde entre 1991 y 1999 de Benissanó (Valencia), donde fue detenido a las 7.30 de la mañana mientras los policías de la UDEF procedían al registro de su vivienda, Castellano fue consejero en los Gobiernos autonómicos de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra antes de asumir la representación del Ejecutivo central como delegado del Gobierno.
El hoy presidente en funciones de la Generalitat lo designó secretario general en el congreso del PP en 2012 y lo mantuvo como consejero de Gobernación. Y ello, pese a quienes le advirtieron de que sobre él planeaba la sospecha de la corrupción. Los contratos fraccionados y sin publicidad de obras y reformas adjudicados a Construcciones Taroncher —propiedad de un amigo íntimo— y rumores sobre la estrecha relación que mantenía con los responsables de Avialsa— la adjudicataria de un jugoso contrato para labores de extinción de incendios forestales con medios aéreos— corrían desde hacía tiempo por los círculos de poder del PP y provocaban las críticas de la oposición.
Sin embargo, fueron los malos resultados de las elecciones europeas de 2014 y la presión de los barones provinciales —incluido el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, expulsado hace tres semanas del PP por corrupción— quienes forzaron a Fabra a prescindir de Castellano. Este dirigente, capaz de sobrevivir a tres presidentes regionales del PP, encontró destino al frente de la Delegación del Gobierno, puesto al que accedió con las reticencias de Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta del Gobierno informó ayer de forma escueta, y como si fuese un asunto de trámite, de la destitución de Castellano, al que hace menos de un mes había defendido en una respuesta parlamentaria en el Congreso.
De la influencia del político detenido da cuenta un vídeo de la noche de la derrota electoral del pasado domingo en el que se ve a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, abrazándose a él mientras le dice: “¡Qué hostia, qué hostia”.
La portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, visiblemente conmocionada, apenas pudo dar cuenta, tras la reunión semanal del Ejecutivo, de que el PPCV había suspendido a Castellano de militancia. A esa hora estaban siendo registradas las consejerías de Gobernación, Sanidad e Infraestructuras, donde los agentes requisaron abundante material. El alcalde popular de Quartell (Valencia), Francisco Huguet, y uno de sus ediles fueron detenidos también junto con varios empleados de la empresa Avialsa. La operación policial terminó con nueve los arrestados.
La investigación analiza las contratas a Avialsa de medios aéreos para la extinción de incendios, las adjudicaciones a Construcciones Taroncher y la construcción de una pista forestal en el municipio de Viver (Castellón). La causa está bajo secreto, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
Fuentes de la investigación apuntaron que Castellano recibió, supuestamente, distintos obsequios por parte de los contratistas. El destituido era un habitual de las cacerías que organizaba el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, también detenido. Este empresario le habría regalado un rifle, extremo que Castellano siempre ha negado.
La detención deteriora la imagen de la delegación del Gobierno, la única institución que había permanecido al margen de los escándalos de corrupción del PP valenciano.http://politica.elpais.com/politica/2015/05/29/actualidad/1432935557_666894.html
La empresa del amigo de Castellano tiene una flota de cinco Mercedes
Taroncher y el consejero compraron el mismo vehículo con un mes de diferencia
Construcciones Taroncher, empresa con la que está vinculado el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, tiene registrados en el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona siete vehículos: Una furgoneta Iveco -usada por los trabajadores de la empresa-, una flota de cinco coches Mercedes adquirida entre 2004 y 2008 y un Jeep Cherokee. Diversas fuentes confirmaron a este periódico que José Miguel Pérez Taroncher -compañero de partidos de pilota y de cacería de Castellano-, utilizaba este vehículo en sus desplazamientos para la práctica ilegal del parany. Pérez Taroncher negó ayer que dispusiera de este vehículo pese a los datos que aparecen en el registro municipal.
"Estoy comiendo y no le puedo atender", dijo y después colgó
De los cinco Mercedes pertenecientes a la constructora con sede en La Pobla de Vallbona, dos de ellos -un ML320 y un C220CDI, valorados según la firma automovilística en 56.600 y 35.600 euros, respectivamente- fueron adquiridos en 2008 y dados de alta para el pago del impuesto de circulación con sólo 15 días de diferencia, concretamente el 1 y el 16 de septiembre del año pasado.
Desde 2004, Construcciones Taroncher y el consejero Serafín Castellano disfrutan de sendos Mercedes, del mismo modelo -un E320-, de importación y registrados con un mes de diferencia. El alta del vehículo de Castellano es del 8 de octubre de 2004 y el de la empresa constructora, del 18 de noviembre siguiente.
La relación entre esta firma y el consejero saltó a mediados de febrero, cuando EL PAÍS publicó que el consejero Castellano concedió obras menores a Construcciones Taroncher, empresa con la que comparte a título personal un crédito hipotecario. La dueña de la constructora, María Ángeles González García, es copropietaria con la esposa del consejero, Nuria Rioja -casada en régimen de gananciales con Castellano- de unos terrenos rústicos en el municipio de Llíria para cuya adquisición solicitaron un préstamo solidario.
El consejero había otorgado a esta empresa contratos menores de obra por 200.000 euros entre 2006 y 2007. De julio a septiembre de 2008, Castellano adjudicó a la empresa amiga contratos por otros 57.000 euros por trabajos en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana, entre otros.De los siete vehículos del parque móvil registrados a nombre de Construcciones Taroncher, dos los conduce el propio Pérez Taroncher, otro su esposa, y los demás sus hijos. En una breve conversación telefónica mantenida por este diario con Pérez Taroncher, que él interrumpió al colgar el teléfono, sólo reconoció que conduce un Mercedes. "Estoy comiendo y no le puedo atender", dijo y después colgó. Este diario intentó sin éxito volver a contactar con él unas horas después. El valor total de compra de estos cinco Mercedes, según aparece en la web de la compañía, ascendería a unos 226.500 euros.
Las relaciones del actual consejero de Gobernación con la propietaria de Construcciones Taroncher y su esposo y apoderado de la firma José Miguel Pérez Taroncher vienen de mucho antes. Castellano y Pérez Taroncher son amigos, juegan habitualmente partidos de pilota y cazan pájaros los fines de semana. El consejero tiene con su mujer y la esposa de su amigo un crédito de 82.000 euros con el que adquirió la finca cuya propiedad es indivisa, según consta en las escrituras.
En 1996, Serafín Castellano contrató a la dueña de la constructora y esposa de Pérez Taroncher como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, donde continúa. "La contraté porque nos hacía falta personal", explicó el consejero el pasado 17 de febrero. El salario base de María Ángeles González es de 2.865 euros.
Cinco meses después de comenzar a trabajar en este puesto es cuando María Ángeles González creó la constructora, que ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, el 92% ingresados gracias a las obras oficiales. De éstos, entre las obras menores, los procedimientos negociados y los contratos públicos, la constructora habría facturado unos dos millones de euros coincidiendo con el mandato de Castellano al frente de Sanidad y Gobernación.
En su comparecencia pública ante los medios de comunicación, el actual consejero de Gobernación reconoció haber adjudicado obras -menores o por contrato- por importe de 600.000 euros. El consejero de Francisco Camps se comprometió entonces a hacer públicos los contratos de obra menor -sin concurso público- otorgados a Taroncher desde el año 2000, pero hasta hoy no los ha facilitado todavía. "No he beneficiado a esta empresa. Si lo hubiera hecho, las adjudicaciones y los contratos no serían los que son en 10 años", arguyó el consejero.
Por si fuera poco, en los terrenos adquiridos en Llíria por la esposa de Castellano y la dueña de Construcciones Taroncher se levanta un parany -arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Supremo en 2005-.
Tras la denuncia de estos hechos, los partidos de la oposición en las Cortes Valencianas exigieron a Castellano que dimitiera o al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que lo destituyera. No ha sucedido ni una cosa ni la otra.
En una reciente comparecencia de Castellano en sede parlamentaria, a preguntas de la oposición, el consejero repitió que las adjudicaciones a Construcciones Taroncher son legales. "Lo ético es cumplir la ley", ha dicho desde el principio.
El escándalo que salpica a Castellano por las adjudicaciones a Construcciones Taroncher coincide en el tiempo con la operación Gürtel que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En este segundo caso, los implicados son, entre otros, el presidente Francisco Camps, y el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Uno y otro caso mantienen en jaque al Consell.
www.elpais.es 14.03.09
Constructor a la sombra de un consejero
José Miguel Taroncher es conocido en La Pobla de Vallbona como Carlampio, el apodo de su padre y de su anterior empresa de construcción. Es conocida desde tiempo atrás su vinculación con el PP, primero en el ámbito local, antes de dar el salto a la Administración autonómica. No tiene nada a su nombre por razones que son vox populi en esta localidad del Camp de Túria. En los años noventa, Taroncher intentó ser el constructor de cabecera del alcalde Vicente Alba. Su mujer, María Ángeles González, Marián para los conocidos, era concejal del partido. Pero la relación acabó mal, entre otras cosas, como consecuencia de las adjudicaciones de las obras municipales.
Hasta 1996, la firma de Taroncher solo hacía alguna obra en La Pobla y chalés
A la empresa de Taroncher sólo le tocó la cubierta donde todavía hoy se instala el mercadillo. El PP comarcal era controlado entonces por Alba y por Serafín Castellano, delfín de Zaplana y valor emergente entre los populares. Como concejal de servicios sociales, Marián trabó relación con Castellano, que también acabó distanciándose del regidor poblano a raíz del conflicto entre zaplanistas y campistas. María Ángeles fue nombrada por Serafín secretaria del grupo popular de las Cortes Valencianas en 1996.
Su actividad en las Cortes no se ceñía únicamente al ámbito físico de trabajo. A lo largo del tiempo demostró su valía para reclutar periodistas afectos de cara a unas pruebas de selección de personal en RTVV mientras se encargaba de la lotería de Navidad del grupo o de asociaciones de mujeres promovidas por el PP que dirigían desde el Parlamento valenciano diputadas populares. Nada más llegar a las Cortes, en septiembre de 1996, creó la nueva empresa, Construcciones Taroncher y Asociados, SL, que daría cobertura a todas las adjudicaciones ya conocidas. Hasta entonces, la actividad constructora de Pérez Taroncher se reducía a la promoción de unos pocos chalés y de algunas obras municipales de la Pobla. Algunos de los trabajadores subcontratados de aquella época todavía no dan crédito al meteórico ascenso de la constructora.
Mientras, Castellano preparaba desde la presidencia de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias su camino hacia el Consell. Aunque diputado desde 1991, hasta 1999 no logró ser nombrado consejero de Administraciones Públicas y en 2000 de Sanidad. Entonces, el Camp de Túria empezó a contar en la política autonómica. El carrusel de beneficiados por la política de personal de Castellano fue abrumador, si bien en esta legislatura le han parado los pies hasta el punto de que el partido le obligó a destituir a los tres meses de ser nombrados como directores generales de la Consejería de Gobernación a los alcaldes de Benaguasil y Casinos, Joaquín Segarra y Miguel Espinosa, respectivamente, aunque mantiene de jefe de los servicios de espectáculos a Fernando Castellano, hijo de un ex alcalde de Benissanó.
Hoy, el sector renovador del PP ha decidido que ha llegado el momento de prescindir de quien manejó con mano de hierro la comarca. Pero el control local que ejerce Castellano ha llevado a situar de concejales a su esposa y un primo hermano.
www.elpais.es 14.03.09
LA CONSTRUCTORA VINCULADA AL CONSELLER DE CAMPS TIENE COMO PRINCIPAL CLIENTE A LA GENERALITAT
Desde el año 2000 hasta la fecha, la mayor parte de los trabajos realizados por "Construcciones Taroncher y Asociados" han sido pagados por la Consellería de Sanidad, de la que fue titular Serafín Castellano
De los 7 millones de euros de ingresos que Construcciones Taroncher ha tenido desde el año 2.000, cuando Serafín Castellano asume el cargo de Conseller de Sanidad, un 92% proviene de contratos públicos, mayoritariamente con la propia Consellería de Sanidad y con la Consellería de Gobernación, que Castellano preside actualmente. En algunos ejercicios, prácticamente toda la facturación de la constructora proviene de obras oficiales. Además, la empresa de los amigos personales del Conseller ha obtenido contratos con el Ayuntamiento de Benisano, del que Serafín Castellano fue alcalde durante ocho años.
El Conseller de Gobernación mantiene una amistad íntima con Mari Ángeles García, administradora de la constructora, y con su marido, José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la empresa, con el que comparte cacerías y partidos de pelota.
Mari Ángeles García crea "Construcciones Taroncher y Asociados" en septiembre de 1996. Sólo cinco meses antes, en marzo de ese mismo año, el propio Serafín Castellano la había contratado personalmente para ocupar un puesto de confianza en el grupo popular en las Cortes Valencianas. En aquel momento, Castellano era secretario del grupo popular en el parlamento autonómico.
(www.cadenaser.com, 12/032/09)
LA OPOSICIÓN EXIGE A CAMPS EL CESE INMEDIATO DE CASTELLANO
El portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, reclamó ayer al presidente Francisco Camps (PP) la destitución "fulminante" de Serafín Castellano, consejero de Gobernación, ante la evidencia de que las adjudicaciones a Construcciones Taroncher desde los distintos departamentos que ha ocupado en los últimos años "no han sido contrataciones de forma esporádica, sino de forma sistemática para burlar la ley". Mònica Oltra, portavoz de Compromís, abundó: "Castellano no puede seguir en el Consell ni un minuto más".
Construcciones Taroncher, empresa propiedad de María Ángeles González y gestionada por su marido, José María Pérez Taroncher, amigos íntimos de Castellano, ha sido adjudicataria de unas 200 obras contratadas por la Generalitat Valenciana por un valor de siete millones de euros desde el año 2000. La mayoría de los contratos a Construcciones Taroncher se han tramitado por procedimiento negociado sin publicidad o directamente, en los casos de menor cuantía.
Castellano, quien se comprometió a difundir todos los contratos que ha adjudicado a Construcciones Taroncher hace tres semanas -aún no lo ha hecho- difundió una nota en la que asegura: "No he influenciado en nada ni sobre nadie para que a ninguna empresa se le concedieran adjudicaciones".
El portavoz socialista opina en cambio que "Castellano se burla de la ley y del sentido común. No se trata de sospechas o dudas, hay certeza absoluta de que Castellano ha adjudicado obras a su amigo íntimo, él mismo lo ha confesado". Luna se preguntó: "¿Por qué no procede el presidente a su destitución? Hay dos opciones. O tiene mala conciencia porque él mismo ha adjudicado obras a muchos amigos o tiene miedo de que Castellano hable, que revele entresijos de su Administración que le pondrían en un aprieto mayor de los que ya tiene".
Luna asumió que "es inútil" pedir la dimisión a Castellano, quien ha defendido en comparecencias públicas y en sede parlamentaria que cumple la ley "a rajatabla". Por eso invitó a Camps a actuar para airear "las aguas profundas de la charca putrefacta en que se ha convertido la administración del Consell".
Oltra también cargó contra Camps: "Su actitud de mirar hacia otro lado solo se explica porque está más preocupado por sus asuntos con la justicia que con su tarea ejecutiva".
(www.elpais.com, 10/032/09)
Un consejero de Camps dio 200 obras a una empresa con la que está vinculado
La constructora facturó siete millones a la Generalitat en los últimos ocho años
Serafín Castellano, consejero de Gobernación del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, adjudicó, cuando estaba al frente del Departamento de Sanidad, unas 200 obras a la firma Construcciones Taroncher y Asociados, con la que está vinculado. La empresa, que sigue trabajando para la Generalitat, ha facturado desde 2000 a la Administración valenciana siete millones de euros.
Muchos de los contratos han sido para reformas en el hospital La Fe
Castellano tiene una finca en el término municipal valenciano de Llíria de la que son copropietarias su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de Construcciones Taroncher, María Ángeles González García, que además tienen una cuenta bancaria común. La finca y el préstamo que solicitaron para adquirir los terrenos (82.600 euros) se escrituraron el 25 de abril de 2008. El consejero ha reconocido una estrecha amistad tanto con esta mujer como con su esposo y apoderado de la empresa, José Miguel Pérez Taroncher.
Castellano y Taroncher comparten partidos de pelota y cacerías, lo que choca frontalmente contra la ley, que establece que la autoridad que disfrute de la potestad de otorgar un contrato público "debe abstenerse" cuando concurra el supuesto de "amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de los aspirantes a obtener el contrato".
En 1996, el consejero contrató a la dueña de la empresa como auxiliar administrativo del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes valencianas, donde todavía trabaja por las mañanas. Fue cinco meses después de comenzar a trabajar en ese puesto, cuando María Ángeles González, creó la empresa, que ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat. De éstos, entre las obras menores, los procedimientos negociados y los contratos públicos, la constructora habría facturado unos dos millones de euros coincidiendo con el mandato de Castellano al frente de Sanidad y Gobernación. En su primera comparecencia pública, éste reconoció haber otorgado obras a esta empresa por unos 600.000 euros. El consejero se ha negado a dimitir por este asunto y ha asegurado, tras admitir a este periódico su amistad con el apoderado y la dueña de la empresa, que cumple la ley "a rajatabla".
La constructora, con apenas cinco empleados, se benefició de adjudicaciones directas y sin concurso, de obras en el hospital universitario La Fe de Valencia por más de 1,6 millones de euros, según cálculos de este diario. Por otra parte, la mayoría de los más de 200 arreglos, contratos menores [inferiores a 50.000 euros y para los que no se requiere concurso público] y procedimientos negociados [inferiores a 100.000 euros] facturados por la empresa a la Generalitat van desde los 400 a los 60.000 euros y se llevaron a cabo entre el 22 de mayo de 2000 y el 21 de junio de 2003, cuando Castellano dirigía Sanidad.
Los contratos a dedo y por procedimiento negociado otorgados por el consejero durante su etapa en Sanidad incluyen toda clase de obras y reformas en el hospital valenciano: implantación de la unidad de psiquiatría infantil, acondicionamiento de habitaciones, laboratorio de hormonas en la Escuela de Enfermería. La constructora sigue realizando obras para el hospital La Fe, como el refuerzo de los pilares del pabellón general, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros.
Castellano fue nombrado consejero de Gobernación en junio de 2007. Desde entonces, el alto cargo ha encargado a Construcciones Taroncher varios contratos, incluyendo la remodelación de su propio despacho. Los trabajos han tenido lugar en la planta donde trabaja el consejero y en el Centro de Emergencias 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería.
A veces, las propuestas presentadas por la constructora, tanto en Sanidad como en Gobernación, concurrían con las de un albañil y un escayolista, que en ocasiones trabajan para esa empresa. Ambos aseguran que lo hicieron por su cuenta y al margen de Construcciones Taroncher y no para que figurase la concurrencia de tres ofertas.
El 17 de febrero, después de que EL PAÍS revelara la relación entre el consejero de Camps y la citada empresa, el primero se comprometió a facilitar la relación de contratos menores otorgados durante sus diez años como consejero de Sanidad, de Justicia y Administraciones Públicas y al frente de Gobernación, pero todavía no lo ha hecho. Fuentes de su consejería aseguran que se trabaja en la búsqueda de ellos.
La celeridad con la que Taroncher cobra las obras contrasta con las reiteradas quejas de atrasos en los pagos que denuncian otros constructores valencianos.
Reforma de la casa de campo
La familias Castellano y Pérez Taroncher están unidas por una estrecha amistad y por unos terrenos de dos hectáreas y media adquiridos el 25 de abril de 2008 por las esposas de ambas en Liria (Valencia). El consejero de Camps paga junto a ellas un crédito de 82.000 euros con el que se adquirió la finca cuya propiedad es indivisa, según consta en las escrituras.
La finca de naranjos adquirida por la esposa del político y por la dueña de la constructora tiene una casa de campo que ha sido reformada por trabajadores de Construcciones Taroncher y en cuya mejora y acondicionamiento se han invertido más de 20.000 euros, según estimaciones de este periódico. En la finca hay instalado un arte tradicional de caza de pájaros con un parany, una modalidad cinegética prohibida por la ley de la Comunidad Valenciana. José Miguel Pérez Taroncher, apoderado de la constructora, y Serafín Castellano frecuentan juntos esta casa, pero el consejero asegura que nunca ha cazado con parany, que es una trampa para pájaros especialmente cruel, porque los animales se quedan pegados a las ramas de los árboles y son rematados cuando caen al suelo.
Los implicados
- Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación. El 25 de abril de 2008 firmó un préstamo de 82.600 euros con su esposa, Nuria Rioja, y con María Ángeles González, dueña de Construcciones Taroncher para la compra de una finca rústica en Llíria (Valencia). Desde que es consejero, la empresa ha facturado siete millones a la Generalitat.
- Nuria Rioja. Esposa del consejero. Adquirió en 2008 la finca de naranjos, de más de dos hectáreas y media, con María Ángeles González. El precio en la escritura es de 130.392 euros. Rioja está casada en régimen de gananciales por lo que el consejero es también propietario de los terrenos.
- María Ángeles González. Ha recibido obras de equipamientos sanitarios cuando Castellano fue consejero de Sanidad y para obras en dependencias de Gobernación, ahora que es titular de este área.
- José Miguel Pérez Taroncher. Marido de María Ángeles González, apoderado de la constructora. Amigo personal del consejero.
www.elpais.es 09.03.09
CASTELLANO SE NIEGA A DIMITIR POR EL ESCÁNDALO QUE LE AFECTA
El escándalo en torno a las adjudicaciones públicas a una empresa con cuyos dueños tiene una estrecha amistad no hace mella en el consejero de Gobernación. Tampoco el hecho de que comparta con ellos una finca con parany, un método de caza ilegal. Serafín Castellano sacó ayer pecho y declaró que nadie conseguirá "paralizar" su gestión política ni "mancillar" su honor, porque no tiene "nada que ocultar", ni "servidumbre" alguna.
El consejero realizó estas declaraciones en rueda de prensa al ser comparada su situación con la dimisión del ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, informó Efe. "Comparar esto con la dimisión de Bermejo es intentar confundir para sacar rédito político", porque "no tiene absolutamente nada que ver". "Dimite aquel que tiene algo que ocultar, y yo no tengo nada que ocultar", insistió Castellano.
El consejero admite haber adjudicado contratos por cerca de 600.000 euros a la empresa Construcciones Taroncher, a cuya dueña, María Ángeles González García, colocó también como auxiliar administrativa en el grupo parlamentario del PP en las Cortes valencianas. Además, la esposa del consejero, con la que éste comparte bienes gananciales, comparte la propiedad de una finca en Llíria con González García. La finca alberga un parany en perfecto estado de uso.
A la Consejería de Medio Ambiente no le constan denuncias contra Castellano por la práctica de cazar tordos con este sistema -se tratan las ramas del árbol y se embadurnan de una materia viscosa a la que quedan adheridos los pájaros-. Como lo que se sanciona es la caza en sí, y no la preparación del árbol para atrapar las aves, tampoco hay prevista una inspección de la consejería si no media denuncia. En el caso del ex ministro Bermejo, la Junta de Andalucía ha abierto un expediente porque carecía de licencia para la cacería que compartió con el juez Garzón.
El consejero de Gobernación defiende que los contratos a la empresa de sus amigos cumplieron la legalidad, "mirando el precio, las mejoras y las garantías", según explicó tras hacerse pública la relación con Construcciones Taroncher. Ayer, Serafín Castellano insistió en que no tiene nada que reprocharse, incluso lamentó que "algunos quieran sacar ganancia de pescadores a río revuelto". El consejero aseguró que su "obligación" es continuar con su programa de trabajo.
(www.elpais.com, 25/02/09)
El Consell no tomará medidas ante el 'parany' de Castellano
Una cosa es podar un árbol de manera singular, y otra usarlo para cazar tordos. Y, además, para sancionar la práctica ilegal del parany, debe mediar denuncia. La Consejería de Medio Ambiente distinguió ayer estas situaciones para argumentar que no enviará una inspección a la finca de Llíria que alberga un parany y que fue comprada a medias por la esposa de Serafín Castellano, y la mujer de su amigo José Miguel Taroncher, al que el consejero de Gobernación ha adjudicado varias obras.
"Lo que se sanciona es la práctica" de la caza por el método del parany, declarado ilegal por el Tribunal Supremo y el Tribunal de la Unión Europea, según insistió Medio Ambiente. Esculpir las ramas de un árbol para colocar varillas pringadas de una sustancia viscosa en la que quedarán atrapados los pájaros que se posen, sin embargo, no es objeto de infracción. A la consejería no le consta ninguna denuncia o infracción a Castellano por el parany que decora la finca. Sin embargo, el pasado 3 de noviembre la Guardia Civil de Benaguasil sí intervino a Taroncher reclamos ilegales para esta caza tradicional en la Comunidad Valenciana y tramitó una sanción administrativa contra el constructor.
Para sancionar la caza del parany, hay que pillar al cazador in fraganti. Los agentes medioambientales y el servicio del Seprona de la Guardia Civil son los encargados de denunciar esta práctica ilegal ante la consejería. También un particular puede hacerlo, lo que obliga a Medio Ambiente a vigilar la zona para comprobar si se produce la caza con parany. Pero "no hay infracción por trabajar el árbol", recalcó la consejería. El año pasado, se tramitaron 187 denuncias en toda la Comunidad Valenciana.
Los grupos ecologistas critican que Medio Ambiente no persigue como debiera el parany e intenta dar salida a esta caza pese a que es ilegal por su arraigo en Castellón y Valencia. Además, un juzgado de Castellón investiga una denuncia del grupo Gecen que acusa a un cargo de la consejería de no actuar ante sus quejas. En esa línea, el portavoz de Els Verds, Carles Arnal, denunció ayer la "notable falta de eficacia" de la consejería "en hacer cumplir la legalidad vigente, y exigió que se investigue el parany de la finca del consejero Castellano. Compromís presentará iniciativas en las Cortes "para aclarar la situación" y saber "si la consejería conoce el caso y si ha sancionado o piensa sancionarlo", añadió.
www.elpais.es 20.02.09
UN CONSELLER DE CAMPS DEFIENDE EL NEPOTISMO
El conseller valenciano de Governació, Serafín Castellano, reconoció el martes que lleva diez años adjudicando obras y reformas en edificios públicos a la constructora de un matrimonio de amigos íntimos, María Ángeles González y José Miguel Pérez Taroncher. Además de una relación personal, Castellano y su mujer comparten con esta pareja la propiedad de una finca de naranjos en la localidad de Liria.
La empresa se llama Construcciones Taroncher y ha recibido un goteo de adjudicaciones de obras por parte de las diferentes consellerias que ha dirigido Castellano desde finales de la década de los 90: Justícia y Administracions Públiques, Sanitat y Governació.
Castellano aseguró que las adjudicaciones "son legales, claras y transparentes". Y, según una curiosa definición de la ética acuñada por él mismo, aclaró que los contratos obtenidos por sus amigos no faltan a la ética política: "Lo ético es cumplir la legalidad".
Según los datos aportados por el conseller, en los últimos dos años Construcciones Taroncher ha cobrado facturas procedentes de la Conselleria de Governació por valor de 171.034 euros. Desde 1999, los trabajos que la empresa ha hecho para los departamentos dirigidos por Castellano le han reportado 391.450 euros. Sin embargo, esta última cifra no incluye las adjudicaciones menores de las que también se benefició Taroncher.
Este tipo de contratos son los más opacos, ya que por su reducido importe no es necesario convocar un concurso en el que compitan varias empresas ni publicar la contratación en los documentos oficiales. El conseller aseguró que facilitaría esa cifra en cuanto tuviera tiempo de hacer el cálculo, cosa que no sucedió.
Para completar la polémica, ayer se conoció que la propietaria de la constructora y amiga de Castellano, María Ángeles González, forma parte del personal contratado por el Grupo Parlamentario Popular en Las Cortes Valencianas desde el año 1995. El PP prefirió no dar explicaciones sobre la formación y méritos de González para el puesto que ocupa con el argumento de que no se trata de un cargo público.
Por su parte, el conseller atribuyó las informaciones aparecidas a "cortinas de humo" del PSOE para tapar el paro y la recesión. Castellano negó haber favorecido a la firma de sus amigos, dijo tener "la conciencia muy tranquila" y amenazó con ejercitar "acciones legales" contra quien "ponga en duda mi honradez". "A mí no me va a amedrentar nadie", afirmó.
Castellano destacó que lo facturado por Taroncher supone un 0,23% del importe total adjudicado por la Conselleria de Governació. Insistió en que la constructora es una más de las 81 empresas que trabajan para su departamento.
Desde la oposición, el PSOE pidió a Castellano que dé explicaciones en Las Cortes Valencianas. "El problema del PP es que ha eliminado de plano el concepto de responsabilidades políticas", explicó el diputado socialista Joaquim Puig. "No sería reprobable que el conseller contratara a una empresa con cuyos dueños mantiene una relación personal si es en un momento concreto y por una razón justificada. Pero no parece moral que vaya jalonando de adjudicaciones a la misma empresa según la conselleria que esté dirigiendo", explicó Puig.
Por su parte, el grupo parlamentario Compromís destacó que el escándalo es una consecuencia de la opacidad del Gobierno valenciano. Su portavoz, Mónica Oltra, criticó que "desde hace años" el Ejecutivo de Francisco Camps se resiste a dar información sobre los contratos menores. Oltra anunció que enviará sus solicitudes de información no atendidas al juez Baltasar Garzón.
Según la portavoz, la secuencia es siempre la misma. Primero, la oposición presenta una pregunta parlamentaria en la que se interesa por las empresas que se benefician de estas adjudicaciones. Y, al cabo de unas semanas, la Mesa de Las Cortes rechaza la pregunta con argumentos como que los adjudicatarios no tienen "relevancia" en el País Valenciano. La diputada afirma que existen 776 millones de euros anuales adjudicados a través de contratos menores, de los que la Generalitat se niega a dar explicaciones.
(www.publico.es, 18/02/09)LA FINCA DE CASTELLANO Y LA ESPOSA DE TARONCHER ALBERGA UN 'PARANY'
Serafín Castellano, consejero de Gobernación y responsable de seguridad ciudadana en la Comunidad Valenciana, presume de su amistad con José Miguel Pérez Taroncher. La esposa de Castellano, Nuria Rioja, con la que el consejero comparte bienes gananciales, y la esposa de Taroncher, María Ángeles González, comparten la propiedad de una finca en el término municipal de Llíria desde abril de 2008 sobre cuya superficie se levanta un parany en perfectas condiciones de uso. El parany es un arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2002 y por el Tribunal Supremo en 2005.
El pasado 3 de noviembre, la Guardia Civil de Benaguasil intervino a Taroncher reclamos y otras artes ilegales que se utilizan para la caza del parany, una forma de caza tradicional en la Comunidad Valenciana. Taroncher sufrió una sanción administrativa.
El constructor y el consejero son habituales compañeros del juego de la pilota, otra modalidad tradicional en la Comunidad Valenciana. Vecinos de Llíria, aficionados a la práctica del parany, aseguran que el propio Castellano ha participado en alguna cacería, un extremo que este diario no pudo confirmar.
Castellano restó importancia ayer a la adjudicación de varias obras menores en la sede de su consejería a la empresa constructora de Taroncher, que está registrada a nombre de su mujer. El consejero recordó que ha sido responsable de Justicia y Administraciones Públicas durante un año y consejero de Sanidad durante otros tres, y que manejó presupuestos millonarios.
Pero la relación de Castellano con Taroncher se prolonga durante mucho tiempo. Cuando Castellano era consejero de Sanidad, entre mayo de 2000 y junio de 2003, adjudicó al menos tres concursos a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados desde ese departamento. Se trata de las obras de la ampliación del centro de salud de Riba-roja por 227.970 euros, las obras del laboratorio de hormonas en el hospital La Fe de Valencia por 63.523 euros, ambas de 2001, y la rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del hospital maternal e infantil de La Fe por 99.956 euros en 2002.
En total, durante su estancia en la consejería de Sanidad, la constructora de la que su estrecho amigo José Miguel Pérez Taroncher es apoderado resultó adjudicataria de, al menos, estos tres concursos por una suma total de 391.449 euros.
La esposa de Taroncher, María Ángeles González, trabaja como auxiliar administrativa en el Grupo parlamentario del PP desde 1996.Las adjudicaciones de Castellano adquirieron otra dimensión ayer cuando el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana publicó el contrato de los servicios de limpieza de la sede de la Consejería de Gobernación y del Centro de Coordinación de Emergencias con Limpiezas, Ajardinamientos y Servicios Seralia, SA, por 214.908 euros. El propio Castellano firma la adjudicación con fecha de noviembre pasado.
José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la investigación abierta por el juez Garzón sobre una supuesta trama de empresas corruptas controladas por personas vinculadas al PP, es presidente y propietario de Seralia a través de la empresa contructora Begar.
No es la única adjudicación obtenida por Ulibarri de la Administración autonómica en el segmento de limpiezas. Desde 2007, Seralia ha ganado concurso de limpieza de otras siete áreas de la Generalitat.
La primera y más importante fue adjudicada en febrero de 2007 por la Consejería de Turismo por un total de 1,28 millones de euros por limpiar las dependencias de la Agencia Valenciana de Turismo durante dos años. En esa época era consejera de Turismo Milagrosa Martínez, la actual presidenta de las Cortes. Pero la adjudicación la firmó el subsecretario Carlos Alberto Precioso.
Fernando de Rosa Torner, actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, firmó en octubre de 2007, cuando era consejero de Justicia y Administraciones Públicas, la segunda adjudicación por importancia de la Generalitat a Seralia. Un total de 957.345 euros por los servicios de limpieza, desinfección y desratización de cuatro edificios de atención al ciudadano en Valencia, Castellón y Requena.
Bienestar Social adjudicó a Seralia la limpieza de varios centros de servicios sociales dependientes de la dirección territorial de Valencia por 242.574 euros. Agricultura también adjudicó a Seralia en junio de 2007 la limpieza de la sede de los servicios territoriales en Alicante por 135.244 euros. La Secretaría Autonómica de Deporte adjudicó a Seralia la limpieza de su sede en Valencia por 74.664 euros. Hacienda adjudicó a la empresa de Ulibarri en junio de 2007 la limpieza del centro territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo en Alicante por 46.393 euros.
Las relaciones de Ulibarri en la Comunidad Valenciana son tan extensas que César Augusto Asencio, diputado autonómico del PP, anunció que el PP solicitará que todos los Ayuntamientos socialistas aclaren si mantienen alguna relación con alguna de las empresas vinculadas a la trama que investiga Garzón.
De momento, el grupo municipal socialista de Rocafort, localidad valenciana donde otra empresa de Ulibarri construye el PAI (Programa de Actuación Integrada) El Bovalar, solicitó ayer al alcalde, Sebastián Bosch, del PP, una copia del documento que acredite el ingreso del aval definitivo que el agente urbanizador de este PAI, Urbanite SL, debió haber depositado en el Ayuntamiento de esta localidad en mayo de 2006, y que rondaría los 900.000 euros, dijo la portavoz socialista, Amparo Sampedro. Ésta pidió también una copia del contrato o convenio entre el consistorio y la adjudicataria del plan.
Y, al margen de la trama que investiga el juez Garzón en la Audiencia Nacional, los contratos de la Consejería de Sanidad con Construcciones Taroncher se prolongaron cuando Castellano dejó de ser consejero en junio de 2005. De acuerdo con una lista del departamento de gestión económica del área de salud número 7 (la zona de asistencia correspondiente al hospital La Fe), durante el año 2005 la empresa fue adjudicataria de diez obras.
Algunas de esas obras fueron adjudicadas por tan solo 6.437 euros, como la adecuación del área administrativa de atención primaria del pabellón de gobierno. Otras por 80.780 euros, correspondiente a la reforma del bloque quirúrgico infantil, un expediente que se repite con el mismo precio, el mismo plazo de ejecución (dos meses) y el mismo número de expediente. La suma de todos estos importes es de 327.315 euros.
Además, hay otras adjudicaciones que refleja el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, cuando Serafín Castellano estaba fuera de Sanidad. Las correspondientes al año 2005 son las obras de acondicionamiento y mejora del centro de salud de Manises por 102.841 euros o la impermeabilización de la terraza de la UCI del pabellón central del hospital La Fe por 64.364 euros el mismo año. En 2006 se suman otros contratos por la reparación de la estructura del pabellón central de La Fe (91.556 euros), la remodelación y mejoras en diversos centros de salud (89.926 euros) y las obras de unificación de la farmacia del pabellón infantil y del maternal de La Fe (76.238 euros).
(www.elpais.com, 18/02/09)
UN CONSEJERO DE CAMPS DA OBRAS A UNA EMPRESA CON LA QUE COMPARTE CRÉDITO
Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación del PP de la Comunidad Valenciana ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. La dueña de esta firma es copropietaria con la esposa del consejero de unos terrenos rústicos en el término de Llíria (Valencia), un suelo que también paga el alto cargo del Gobierno de Francisco Camps mediante un crédito compartido y solidario con su esposa y la dueña de la citada empresa.
Construcciones Taroncher es propiedad de María Ángeles González García y de su hijo Daniel. El apoderado de la empresa es su marido, José Miguel Pérez Taroncher, de 57 años, un amigo personal del consejero Castellano, del que es compañero de cacerías y partidos de pelota.
La consejería de Gobernación ha encargado a la constructora, que apenas cuenta con cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007. Las obras han tenido lugar en la sede oficial de la consejería y en el Centro de Emergencias y Coordinación 112 de L'Eliana, dependiente de esa consejería. Algunas autorizaciones de obras llevan la firma del consejero Serafín Castellano, que fue consejero de Sanidad con Eduardo Zaplana y hoy está alineado con Camps.
El 25 de abril de 2008, Nuria Fundamento Rioja Rioja, esposa del consejero de Gobernación, y María Ángeles González García, la dueña de la constructora, escrituraron ante notario la compra de una finca de naranjos de dos hectáreas y media en el término de Llíria. Nuria Rioja está casada en régimen de gananciales, por lo que el político también es propietario de los terrenos, y María Ángeles González, en separación de bienes, según señala la escritura.
Ambas adquirieron la finca a la sociedad mercantil L'Alqueria Vella S.C.P., y declararon un precio de compra de 130.392 euros. La forma de pago, según el documento notarial, fue así: dos pagos en efectivo de 30.000 y 17.792 euros y un cheque de 82.600 euros.
El mismo día de la compra de estos terrenos, el consejero Castellano acompañó a su esposa a la notaría de Llíria donde se escrituraron. Y en esa misma notaría Castellano; su esposa, Nuria Rioja, y la dueña de la constructora, María Ángeles González, firmaron ante el mismo notario un préstamo hipotecario con el Banco Popular Español por 82.600 euros con la garantía de la finca de naranjos. Las dos mujeres tienen una cuenta conjunta.
"Firmé el préstamo porque tengo régimen de gananciales, pero lo hice como particular y pago la parte que me corresponde", explicó ayer el consejero.
Los contratos firmados por el consejero Castellano a favor de la citada constructora son de obras menores [inferiores a 50.000 euros] para los que no se requiere acudir a concurso.
En 2007, Taroncher facturó más de 27.000 euros en la planta tercera de la consejería de Gobernación por obras de ampliación de baño y hall. En esta planta se encuentra el despacho del consejero, también reformado. En este mismo edificio de la calle Historiador Chabás 2, la constructora hizo obras de pintura por unos 30.000 euros. Los proveedores de la Generalitat se quejan del atraso en los pagos, pero las obras de Taroncher se cobran con una celeridad poco común.
Construcciones Taroncher ha facturado desde el año 2000 más de siete millones de euros, en su mayoría en obras para la Generalitat de Valencia. Entre sus obras más importantes destaca el refuerzo de los pilares del pabellón general del Hospital La Fe de Valencia, por la que facturó en 2007 más de un millón de euros, y reformas en centros de salud, algunas en la época en la que Castellano fue consejero de Sanidad (entre 2000 y 2003). Entre ellas el concurso del laboratorio de hormonas del Hospital La Fe; rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del Hospital Maternal y Hospital Infantil La Fe y ampliación del centro de salud de Ribarroja del Turia. En total, unos 300.000 euros.
(www.elpais.com, 17/02/09)
LOS IMPLICADOS
- Serafín Castellano Gómez, consejero de Gobernación de la Generalitat valenciana. El 25 de abril de 2008 firmó un préstamo de 82.600 euros con su esposa, Nuria Rioja, y con María Ángeles González, dueña de Construcciones Taroncher y Asociados, SL, para la compra de una finca rústica en Llíria (Valencia). Entre 2007 y 2008, el consejero adjudicó a Construcciones Taroncher obras por unos 200.000 euros.
- Nuria Rioja. Esposa del consejero de Gobernación. Adquirió en 2008 la finca de naranjos, de más de dos hectáreas y media, con María Ángeles González. El precio en la escritura es de 130.392 euros. Rioja está casada en régimen de gananciales por lo que el consejero es también propietario de los terrenos.
- María Ángeles González García. Ha facturado en los últimos siete años unos siete millones de euros, en su mayoría con la Administración y el Gobierno de Valencia. Ha recibido obras de equipamientos sanitarios cuando Castellano fue consejero de Sanidad y para obras en dependencias de Gobernación, ahora que es titular de este área.
- José Miguel Pérez Taroncher. Marido de María Ángeles González, apoderado de la empresa Construcciones Taroncher y Asociados, SL. Amigo personal del consejero Serafín Castellano.
(www.elpais.com, 17/02/09)
DEL BRAZO DE ZAPLANA AL DEL PRESIDENTE CAMPS
El consejero Serafín Castellano, de 44 años, natural de Benisano (Valencia) tiene una intensa trayectoria política en la Comunidad Valenciana. Ha sido consejero de Sanidad (2000-2003) y de Justicia y Administraciones Públicas (2003-2007) y presidente de la Federación Valenciana de Municipios. En 2003, Eduardo Zaplana, su principal mentor político, le nombró portavoz del Grupo Parlamentario Popular, tarea que desempeñó tres años.
Su fidelidad a Zaplana desapareció cuando Camps llegó al Palau de la Generalitat y encontró en este político el hombre para impulsar su proyecto de Estatuto. En marzo de 2006, las Cortes aprobaron el nuevo Estatuto con el acuerdo de populares y socialistas. Castellanos negoció con el dirigente socialista Joan Ignasi Pla y logró el consenso con la oposición. Desde Gobernación, Castellanos recibió el encargo de desarrollar legislativamente el nuevo Estatuto. De la Consejería de Gobernación dependen la policía autonómica, la seguridad ciudadana y la prevención de incendios.
(www.elpais.com, 17/02/09)
Castellano adjudicó contratos a Ulibarri y su mujer fue socia de uno de los imputados en el caso Terra Mítica
El conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, ha asegurado que "jamás" ha utilizado sus cargos públicos "para beneficiar a nadie", ni ha utilizado sus contactos "para influir en contratos públicos a beneficio de ninguna empresa", reivindicando la “legalidad” y “transparencia” de sus adjudicaciones. Castellano ha hecho estas afirmaciones en su primera comparecencia pública después de que la Cadena Ser y El País informaran que ha adjudicado con regularidad obras a la empresa Construcciones Taroncher, con la que mantiene una estrecha vinculación personal. Con este frente recrudecido, al dirigente siguen saliéndole fuegos: tal como informó la emisora antes citada, el conseller también habría adjudicado contratos al empresario José Luis Ulibarri, uno de los 37 imputados por Garzón en la llamada Operación Gürtel.
Un consejero de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos
La Generalitat valenciana se querellará contra quienes difamen a sus altos cargos
Camps, contra las cuerdas: la oposición le reprocha sus contratos con Orange Market y Ulibarri
Una empresa de Ulibarri construye en Valencia sin haber pagado los avales obligatorios por...
¿Facilitó González Pons que el imputado Ulibarri se llevara 13 licencias TDT de la Comunidad...
37 políticos y empresarios, imputados por Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP
Según estos medios de comunicación, la Conselleria ha encargado a Construcciones Taroncher, de cinco empleados, contratos menores de obras por unos 200.000 euros entre 2006 y 2007. Además, la administradora de la empresa, María Angeles García, sería copropietaria junto a la mujer del conseller, Nuria Fundamento Rioja, de unos terrenos rústicos en Llíria (Valencia). Se trataría de unos campos de naranjas de 27.000 metros cuadrados adquiridos en abril de 2008 con una hipoteca del Banco Popular, precisa Levante-EMV
Relaciones con Terra Mítica
La mujer del conseller, además, habría sido socia en la empresa Cartografía, Nacionalización y Comercialización (CRC), capitaneada por Vicente Conesa y su esposa, ambos imputados en el caso Terra Mítica por estafa, blanqueo de capitales y fraude fiscal, prosigue el rotativo valenciano. Ya en 1994, con Castellano como alcalde de Benisanó y número dos del PP valenciano, estalló un escándalo por la contratación “a dedo” de CRC para realizar el mapa verde de Benidorm. Cabe mencionar que, en la actualidad, la esposa del conseller ocupa la concejalía de Cultura de la localidad de la que Castellano fue regidor.
Consellería de Sanidad
Levante-EMV también ha explicado los tratos entre Castellano y Taroncher, asegurando que se remontarían al año 2000, cuando el conseller ocupó la cartera de Sanidad de la Generalitat. Su llegada al puesto habría reportado a la empresa de su amigo contratos por casi 430.000 euros en tres años, correspondientes a la construcción del laboratorio de hormonas del Hospital La Fe, a la rehabilitación del maternal e infantil del mismo centro, y a la construcción y ampliación del centro Ribarroja. Castellano dejó este gabinete en 2003 y pasó a ser el portavoz de las Corts, lo que no impidió a la constructora seguir haciéndose con jugosos contratos de Sanidad.
Niega participación en Taroncher...
El conseller ha negado sus relaciones con la Construcciones Taroncher, asegurando que ni él ni su mujer tienen "ninguna participación ni intereses" con ninguna empresa, aunque ha admitido que mantiene amistad con su responsable, José Miguel Pérez Taroncher. Tal como ha contado la prensa local, ambos jugarían juntos casi todos los martes a pelota valenciana, deporte del que el empresario fue jugador profesional, y cazarían juntos. "Voy a seguir defendiendo mi tierra y los intereses de esta comunidad", ha aseverado por su parte el conseller, insistiendo en que no renunciará a sus ideas, a su partido, a sus amistades, ni a sus aficiones.
...y resta importancia a los contratos
Castellano ha restado importancia a los contratos adjudicados a la constructora de su amigo, explicando que ésta ha facturado en los últimos dos años por distintos trabajos de reforma a la Conselleria de Gobernación -entre ellos la sala de prensa de la Conselleria y el Centro de Coordinación de Emergencias- "171.034 euros en contratos menores". El dirigente ha agregado que el montante total de sus adjudicaciones desde que es titular de Gobernación asciende a 73.233.763,56 euros, de manera que lo facturado a esa empresa -que es una de las 81 adjudicatarias de contratos menores de su departamento- representa "un 0'23" por ciento.
Adjudicaciones “legales y transparentes”
Además, ha explicado que desde que es conseller de la Generalitat, donde ha ocupado distintas carteras, Construcciones Taroncher ha sido adjudicataria en concursos públicos de libre concurrencia que ha ganado por valor de "391.450,16 euros" en diez años, cuando como conseller ha adjudicado en ese tiempo "miles de millones de las antiguas pesetas". Según Castellano, las adjudicaciones que ha ejecutado durante durante su trayectoria política son todas "legales, claras y transparentes", por lo que tiene "la conciencia muy tranquila" y "absolutamente nada que ocultar".
Le parece “ético”
Preguntado sobre si esta situación es "ética", Castellano ha asegurado que "lo ético es cumplir la legalidad", y ha insistido en que no ha beneficiado a esa empresa, en la que no tiene participación ni relación familiar, y que todo lo que ha hecho es "público y contrastable". A su juicio, tendría un "conflicto de intereses" si hubiera hecho "grandes adjudicaciones" a esa empresa o si hubiera hecho “algún tipo de trato de favor", lo que ha negado.
“Cortinas de humo”
El conseller ha acusado a los socialistas de lanzar "cortinas de humo" en vísperas electorales para "desviar de los problemas que realmente tienen los ciudadanos", y ha indicado que no le va a "amedrentar nadie" y que si alguien pone en duda su "honradez" y transparencia ejercitará las acciones legales "oportunas". Finalmente, ha instado a que se investigue su patrimonio todo lo que se quiera, "por activa y por pasiva", ya que será "beneficioso para la dignidad de la clase política", y ha defendido que "lo poco" que posee de patrimonio lo tiene por una hipoteca y por un préstamo hipotecario, y que vive en la misma casa, en un segundo piso que le hizo su padre.
Ulibarri también
Con el frente de Taroncher recrudecido, a Castellano se le acaba de abrir otro. Tal como ha informado la Ser, el conseller habría adjudicado el servicio de limpieza de los edificios dependientes de su conselleria a la empresa Seralia S.A, del Grupo Begar que pertenece a José Luis Ulibarri, uno de los 37 imputados por el juez Garzón en su investigación de la presunta trama corrupta vinculada al PP. El contrato se concedió en noviembre del año pasado y habría reportado a la empresa de Ulibarri un total de 214.908 euros. Este no sería el único beneficio del magnate por sus tratos con la Generalitat: como ya informó este rotativo, su empresa Mediamed habría obtenido 13 licencias de TDT del Gobierno de Francisco Camps.www.elplural.com 17.02.09
UN CONSELLER DE CAMPS ADJUDICÓ OBRAS DURANTE DIEZ AÑOS A LA EMPRESA DE UNOS AMIGOS
El actual conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, adjudicó obras durante diez años a una empresa constructora propiedad de unos amigos íntimos, aunque éste afirma no ver "inconvenientes" en que sean contratistas de su departamento, según una información de la Cadena Ser recogida por EP.
Según la cadena, Castellano adjudicó numerosas obras relacionadas con los distintos departamentos de la Generalitat que ha ocupado -Sanidad, Gobernación y Justicia- a la empresa de unos amigos personales, con los que posee intereses comunes, puesto que su esposa y la administradora de esta firma compraron unos terrenos conjuntamente.
En todos los casos, las adjudicaciones se hicieron a través de contratos menores que evitaban el concurso con otras compañías, mecanismo que implicaría que la resolución tuviera que hacerse pública a través de los boletines oficiales.
Desde la constitución de la mercantil en septiembre de 1996, esta empresa firmó contratos con diferentes administraciones de la Comunitat Valenciana, pero fundamentalmente con la Generalitat a partir de que Castellano se convirtiera en conseller de Sanidad, en el año 2000, según las mismas fuentes.
Entre otras obras, esta empresa se hizo cargo de las obras en el laboratorio de hormonas del Hospital Universitari La Fe de Valencia; la ampliación del centro de salud de Riba-roja del Túria; las obras de la sala de mando del Centro de Emergencias de la Comunitat, así como la reparación del tejado del mismo centro, la instalación del sistema de detección de incendios y gran parte de la reforma del alumbrado.
Ante esta información, Castellano reconoció en declaraciones a la cadena que es íntimo amigo de los dueños de esta constructora, y admitió que firmaron juntos la compra de unos terrenos aunque dijo no detectar inconveniente alguno en que sean contratistas del departamento que él dirige.
(www.publico.es, 17/02/09)
AMIGUISMO EN VALENCIA
El 'conseller' de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, habría adjudicado numerosos contratos desde hace 10 años a la empresa constructora Taroncher y Asociados, propiedad de unos amigos suyos.
Castellano comparte también intereses comunes con dichos amigos, ya que su esposa y la administradora de la empresa compraron unos terrenos en abril de 2008 en Llíria.
Fuentes de la Consejería confirmaron ayer que Castellano conoce a los responsables de la empresa, pero niegan que se haya cometido una ilegalidad puesto que la concesión se hizo de acuerdo con la ley, que permite que los convenios menores no se sometan a contrato público. El propio consejero afirmó no ver «inconvenientes».
La compra del terreno en Llíria, de unos 27.000 metros cuadrados, se formalizó ante notario en presencia del 'conseller', que está casado en régimen de gananciales. Paralelamente, los amigos de Castellano, Mari Angeles González García y José Miguel Pérez Taroncher (con quien comparte cacerías), administradora y apoderado de Construcciones Taroncher, recibieron el encargo de diversas obras de la Generalitat, según la emisora.
Desde su creación en 1996, la constructora ha recibido numerosos encargos. Entre 2007 y 2008, ha obtenido contratos menores por valor de unos 200.000 euros para obras de la Consejería autorizadas por Castellano.
La constructora habría conseguido obras por valor de siete millones de euros. Además, Mari Angeles González fue contratada como secretaria en las Cortes valencianas gracias a la influencia de Serafín Castellano.
(www.elmundo.es, 17/02/09)
UN CONSELLER DE CAMPS LLEVA 10 AÑOS ADJUDICANDO OBRAS A LA EMPRESA DE UNOS ÍNTIMOS AMIGOS
Serafín Castellano, en la actualidad, conseller de gobernación de la Comunidad Valenciana, ha adjudicado numerosos contactos a la empresa constructora 'Taroncher y Asociados', propiedad de unos amigos suyos
Serafín Castellano ha adjudicado numerosas obras a la empresa de unos amigos personales, Construcciones Taroncher y Asociados SL. Con esos amigos comparte además intereses comunes, ya que su esposa y la administradora de Construcciones Taroncher y Asociados SL compraron unos terrenos en abril del año pasado. En la firma ante notario para formalizar la hipoteca de las tierras estuvo presente el propio Conseller, casado en gananciales con su esposa
Durante 2008, la empresa de los amigos personales de Serafín Castellano, Conseller de Gobernación de la Comunidad Valenciana, Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher, administradora y apoderado de Construcciones Taroncher y Asociados SL respectivamente, se ha encargado de distintas obras de la Generalitat.
En concreto ha llevado a cabo, por ejemplo, las obras de la sala de mando del Centro de Emergencias de la Comunidad Valenciana, la reparación del tejado del mismo centro, la instalación del sistema de detección de incendios y gran parte de la reforma del alumbrado. En todos los casos a través de contratos menores que evitan el concurso con otras compañías y que la adjudicación tenga que hacerse pública a través de los boletines oficiales. Según la documentación en poder de la Cadena Ser, la firma autorizando las obras es del propio Conseller de Gobernación.
Desde que Construcciones Taroncher y Asociados se crea, en septiembre de 1996, ha contratado con distintas administraciones de la Comunidad Valenciana, pero fundamentalmente con la Generalitat a partir de que Serafín Castellano se convierte en Conseller de Sanidad, en el año 2000.
Un año después, la constructora se hace con la adjudicación de las obras en el laboratorio de hormonas del Hospital Universitario La Fe de Valencia por 63. 523 euros. En el mismo año, la Consejería de Sanidad que dirige Serafín Castellano le adjudica la ampliación del centro de salud de Riba-Roja de Túria por 227.970 euros. Construcciones Taroncher y Asociados también se encargaría de las obras de rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del hospital maternal y del hospital infantil del Hospital Universitario La Fe, por los que recibiría casi 100.000 euros.
Y a partir de ahí, cuando Serafín Castellano deja de ser Conseller de Sanidad para asumir la portavocía del Partido Popular en las Cortes, la Consellería de Sanidad seguirá usando los servicios de la constructora. Le adjudica otras reformas que se acometen en el Hospital Universitario La Fe y en otros centros, como las obras de acondicionamiento del Centro de Salud de Manises. En total, más de 800.000 euros.
Serafín Castellano ha reconocido en que es íntimo amigo de los dueños de esta empresa constructora. Admite también que firmaron juntos la compra de unos terrenos, pero no ve inconveniente alguno en que sean contratistas del departamento que el dirige. Ni siquiera en las obras encargadas sin concurso, las obras a dedo que él mismo autoriza con su firma.
Compra de terrenos
La esposa de Serafín Castellano, Nuria Fundamento Rioja, y Mari Ángeles García, propietaria de Construcciones Taroncher y Asociados desde que la funda en 1996, compran juntas en abril de 2008 unos terrenos de 27.000 metros cuadrados en Lliria, en Valencia. Para ello suscriben una hipoteca con el Banco Popular de la que son responsables solidarias. A la formalización del préstamo acuden el propio Conseller de Gobernación, su esposa, Nuria Fundamento Rioja y el matrimonio de Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher.
Serafín Castellano, un zaplanista reconvertido
Serafín Castellano fue zaplanista hasta que se distanció del ex presidente de la Generalitat, como tantos otros, para acercar su postura a la de Francisco Camps, actual presidente autonómico. Castellano ha ocupado distintas consellerías del gobierno valenciano con los populares en el poder. En el año 1999 fue Conseller de Justicia y Administraciones Públicas hasta el año 2000, cuando pasa a ocupar la Consellería de Sanidad hasta el 2003. A partir de este año es el portavoz del Partido Popular en las Cortes y en el 2007 ocupa el cargo de Conseller de Gobernación, que ocupa en la actualidad.
Serafín Castellano es amigo personal de José Miguel Pérez Taroncher, con el que comparte cacerías y partidos de pelota.
www.cadenaser.com 16.02.09
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