OPERACIÓN BRUGAL
ripoLl EN EL YATE DE SU AMIGO ortiz.
LAS NOTICIAS AL DÍA
LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS DA AIRE A CASTEDO POR SU ACUSACIÓN EN BRUGAL
La regidora, baluarte del campismo, ve viable resistir aunque la imputen
La absolución del expresidente del Consell Francisco Camps en el caso de los trajes ha supuesto, indirectamente, un balón de oxígeno para su más destacada defensora en Alicante, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP. La regidora está acusada por el fiscal Anticorrupción en la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor del promotor Enrique Ortiz.
"En Madrid ya están hartos de los escándalos del PP valenciano"
Pese a que Castedo aún no está imputada en el sumario, el PP ya había tanteado el terreno para el relevo de la regidora. No obstante, la alcaldesa ha tomado ahora nuevo impulso y fuentes de su entorno ven más factible que pueda continuar en el cargo aun en el supuesto de que acabara finalmente imputada.
La imputación de Castedo en el sumario del PGOU está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforada de la regidora, que compagina este cargo con el de diputada autonómica. Esta posibilidad, dada la evolución de la instrucción del sumario (todavía en la fase testifical) se pospondrá con toda seguridad hasta después del verano.
La operación de relevo de Castedo se ha frenado a la espera del devenir político de Camps y de la resolución del inminente proceso congresual de los populares. Primero el cónclave regional y, a continuación, el provincial.
Desde mediados de junio, cuando el juez levantó el secreto del sumario del caso del PGOU y trascendió a la opinión pública la explícita connivencia entre la alcaldesa, su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi, y el promotor Ortiz, Castedo se aprestó a defender su inocencia y a cuestionar el juicio paralelo que, según ella, se estaba haciendo desde los medios de comunicación.
El primer comentario que realizó Castedo tras la absolución de Camps fue la alusión al "juicio paralelo" que ha sufrido el expresidente durante tres años. Aunque precisó que no quería compararse con Camps sí dejó entrever que ella estaba siendo víctima de esa situación desde hacia ya un año, cuando comenzaron a filtrarse las primeras diligencias del sumario del PGOU.
Los seguidores de Castedo ponen el énfasis en que Camps, acusado, imputado y procesado, ha sido finalmente absuelto. Y también critican la fría actitud de Alberto Fabra con Camps durante el desarrollo del juicio de los trajes. Castedo, junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fueron los únicos tres altos cargos del PP que arroparon a Camps con su presencia en la sala de vistas, en una de las jornadas del juicio.
La presión mediática llevó a la regidora a enrocarse a medida que pasaban las semanas y se destapaban nuevos datos del caso Brugal, como la imputación de su hermano, el abogado urbanista, José Luis Castedo, y la declaración, como testigo, de su amiga y asesora, Julia Castelló, por el supuesto regalo de un coche de la marca Mini.
En paralelo a ese aislamiento, también comenzó a diluirse su protagonismo en el equipo de gobierno en favor del concejal de Hacienda, Juan Seva.
Precisamente, fue Juan Seva el primer elegido como sustituto de Castedo al frente de la alcaldía, en una operación que contaba con el visto bueno de la dirección nacional del PP. El edil, en cambio, negó esa posibilidad y alegó que nadie le había ofrecido nada.
Fuentes del PP señalan que la intensidad del acoso interno a Castedo para que deje el cargo estará en función de la firmeza del mandato del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, al presidente regional de los populares valencianos, Alberto Fabra, para que haga tabla rasa con la herencia del campismo y su legado de sucesivos casos de corrupción. "En Madrid están ya hartos de la Comunidad Valenciana", aseveran esas fuentes en alusión a la cascada de noticias vinculadas a escándalos que exporta la Comunidad Valenciana.
Otro elemento que destacan esas fuentes para calibrar las posibilidades de Castedo de resistir en la alcaldía de Alicante es el resultado final de la ponencia sobre nuevo código ético del partido que salga del congreso regional. Ese documento lo está elaborando el propio Alberto Fabra y no descarta plantear la posibilidad de que los cargos públicos del partido imputados tengan que dejar obligatoriamente el puesto.
Gobierno municipal tricéfalo
El monolítico respaldo del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante, con el que Sonia Castedo comenzó su periplo al frente de la alcaldía, denota vías de agua en los albores del presente mandato, generadas por dos de sus hombres fuertes: Andrés Llorens, primer teniente de Alcalde, y Juan Seva, responsable del área de Hacienda y Seguridad Ciudadana.
En el fondo de esta inestabilidad del equipo de gobierno local subyace la irrupción en la opinión pública de las escuchas del caso Brugal vinculadas al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Castedo optó por dar un paso atrás en su otrora omnipresencia y, consciente o no, delegó el peso de la gestión en Llorens y Seva.
Andrés Llorens y Juan Seva están llamados a sustituir a Castedo, en el supuesto de que finalmente resulte imputada en caso Brugal. Sendos ediles han evidenciado su disparidad de criterios en los últimos meses con motivo de la elaboración del presupuesto municipal para este año, marcado por los recortes. La alcaldesa no terció en la disputa y dejó en manos de Seva el peso de las decisiones. De esta forma, el edil de Hacienda cargó con la lluvia de críticas que acarrearon medidas como rebajar el salario a los funcionarios o subir el transporte público, con el polémico bono-oro para los pensionistas como punta de lanza de la polémica.
No obstante, y en consonancia con su estilo de gobierno, cuando la presión social llega a su cénit, Castedo reaparece para tomar la iniciativa, recular y de paso desautorizar a sus concejales. Un día antes de llevar al pleno el presupuesto, dulcificó el tijeretazo a funcionarios y pensionistas.
www.elpais.es 30.01.12
EL JUEZ CITA A DOS EMPLEADOS DEL HERMANO DE CASTEDO
El juez que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha citado como testigos a dos empleados del despacho de Salvetti Abogados, regentado por los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. El magistrado, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, interrogará a los dos testigos el próximo día 15 de febrero.
El interrogatorio a estos dos empleados del despacho del hermano de la alcaldesa se produce a petición de una de las dos acusaciones populares personadas en la causa, la que ejerce el PSPV.
La policía y el fiscal Anticorrupción consideran al bufete Salvetti Abogados como el puente del que se valió la trama para amañar el planeamiento en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. Además, sostienen que ambos abogados tramitaron diversas alegaciones al PGOU a sabiendas de que luego iban a ser estimadas debido a la información privilegiada que tenían del documento. La policía estima en un millón de euros el beneficio que obtuvo el despacho mediante esa actividad.
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez ya han declarado ante el magistrado como imputados. Ambos negaron que tuvieran información privilegiada del PGOU antes de salir a exposición pública. Mientras, la alcaldesa está acusada por el fiscal de los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
www.elpais.es
26.01.12LA AUDIENCIA AVALA LAS ESCUCHAS DEL 'CASO BRUGAL'
Los 'pinchazos' revelaron el amaño del PGOU de Alicante- Considera que el órgano competente es del tribunal que juzgue los hechos
La Audiencia de Alicante ha dado un espaldarazo a la instrucción de sumario del caso Brugal que investiga una trama político-empresarial en torno al negocio de la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante. La sección 1ª del alto tribunal ha dado luz verde a las escuchas telefónicas que destaparon uno de los tres pilares de la causa general: el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.
La policía y el fiscal Anticorrupción sostienen que el empresario recibió datos secretos del planeamiento de la mano de la actual alcaldesa del PP de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, a cambio de dádivas. Ambos, diputados autonómicos, están acusados por el fiscal de supuesto cohecho. En este sumario hay ya 18 imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. El primero es hermano de la regidora Castedo y el segundo, un exedil socialista.
En un auto difundido ayer, la sección 1ª de la Audiencia ratifica la resolución del pasado mes de octubre del instructor de la causa del PGOU, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. El magistrado dio por buenas las intervenciones telefónicas practicadas durante la fase de investigación y, además, observó indicios de delito en los hechos.El auto de la Audiencia de Alicante en virtud del cual avala las escuchas telefónicas que dejaron al descubierto un posible amaño del PGOU de Alicante se produce a raíz del recurso de apelación presentado por uno de los principales imputados, el promotor Enrique Ortiz. La defensa de Ortiz planteaba básicamente dos cuestiones: la nulidad de las intervenciones de los teléfonos de los investigados por la violación de derechos fundamentales y del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y la competencia de Juzgado número 5 de Alicante para instruir la causa. La sala ha desestimado ambas peticiones.
Al recurso de apelación de Ortiz se sumaron otros imputados, como su mujer y los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. Estos dos últimos regentan el despacho Salvetti Abogados, creado a finales de 2008, en la recta final de la redacción del PGOU. Según la policía, desde el despacho tramitaron alegaciones, a sabiendas de que iban a ser estimadas, que les generaron un beneficio de un millón de euros.
En su recurso, la defensa de Ortiz planteaba que "las diligencias de investigación, en concreto la grabación de supuestas conversaciones telefónicas, autorizadas mediante los autos recurridos [prórrogas de las intervenciones desde el auto de junio de 2008], son diligencias de investigación obtenidas con violación de los derechos fundamentales". El objetivo de los recurrentes era la declaración de nulidad de diversos autos dictados en la fase instructora en los que sea acordaba la intervención y sucesivas prórrogas de las comunicaciones telefónicas de Enrique Ortiz, su esposa, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.
En el apartado de fundamentos jurídicos, la sala precisa, en primer término, que en procedimiento de sumario ordinario y, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "es en el acto del inicio del juicio oral, mediante el planteamiento de cuestión previa de nulidad de actuaciones por haberse producido con vulneración de derechos fundamentales, cuando debe plantearme la misma [nulidad de las escuchas]".
La sala considera que no es momento procesal para resolver la legalidad o no de las intervenciones y que tampoco procede examinar ahora la necesidad, proporcionalidad, indicios, motivación y control judicial de las escuchas. "No procede porque entendemos que el resultado de esas diligencias de investigación, será prueba o podrá serlo en la sede y lugar en que estas se practiquen", señala la Audiencia en su resolución.
"Insistimos", añade el auto, "es el órgano de enjuiciamiento el que, si se cuestiona en el plenario la legalidad de una medida limitativa de derechos fundamentales, procederá a dar validez a las diligencias de entrada y registro, intervención de la correspondencia o intervención telefónica, ya que la ratificación de estas por el juez instructor es un acto irrelevante, pues serán el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia o el juez de Lo Penal, en su caso, quienes deberán adoptar la decisión que estimen pertinente sobre la validez de las medidas limitativas de derechos fundamentales cuestionadas y cómo quedan afectados otros elementos de prueba obtenidos de una que es declarada prueba".
Con este auto la Audiencia avala la instrucción hasta ahora realizada por el magistrado Tejada, pero con una corrección. La sala cree que el juez, en su auto del 18 de octubre, cuando también rechazó el recurso de Ortiz sobre la nulidad de las escuchas, debió limitarse a desestimarlo porque no es momento procesal oportuno sin entrar a ratificar su legalidad.
LA BATALLA JUDICIAL DE LOS 'PINCHAZOS'
La investigación policial y judicial de la trama del caso Brugal se gestó entre marzo de 2007 y junio de 2010. En esos tres años el sumario engordó hasta llegar a los 40.000 folios. El grueso de las diligencias lo integran centenares de horas de escuchas practicadas a los cabecillas de la supuesta trama, encabezados por el exlíder del PP de Alicante José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
El 6 de julio de 2010 y sobre la base de esas intervenciones telefónicas, el instructor general, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, desencadenó la operación policial que acabó por destapar la envergadura de la trama (decenas de supuestos cohechos por negocios vinculados al negocio del urbanismo y las contratas de la basura).
Pero la iniciativa del instructor (en esa fecha el magistrado Carlos San Martín) también reveló que la principal prueba de cargo de la acusación pública, encarnada por la Fiscalía Anticorrupción, era precisamente el contenido de las escuchas telefónicas.
Desde esa fecha, las defensas de los imputados (en la actualidad 56 personas en las diferentes piezas) decantaron el peso de su estrategia judicial hacia las escuchas en un intento de anularlas antes de que se consolidara la instrucción y, sobre todo, para frustrar que finalmente ninguno de los imputados llegue a sentarse en el banquillo de los acusados.
El primer arreón de las defensas contra los pinchazos fue ante el instructor general, el mencionado Carlos San Martín. Los abogados recurrieron los autos de prórroga de las intervenciones alegando vulneración de los derechos fundamentales y falta de motivación. Paradójicamente, San Martín, que había firmado algunas de las prórrogas, emitió el pasado mes de junio un auto en el que anulaba parte de las intervenciones. Y ello pese a admitir que no era el momento procesal oportuno y que el órgano competente para validar su legalidad es el juzgador de los hechos. Los beneficiados por esta resolución fueron Ripoll, Ortiz y Fenoll. La Fiscalía Anticorrupción ha apelado la resolución a la Audiencia de Alicante.
La sala que tiene que resolver este recurso de la Fiscalía al auto de San Martín es la sección 7ª con sede Elche. Fuentes de la Audiencia de Alicante han informado de que el alto tribunal ya ha remitido a la sala de Elche la resolución de la sección 1ª dictada ayer sobre esta cuestión y que avala las escuchas de la pieza del PGOU de Alicante. Si la sala de Elche se suma a los argumentos de la de Alicante revocará el auto de San Martín y validará el global de las escuchas.
www.elpais.es 19.01.12
LA ASISTENTA QUE PASÓ A ASESORA DE SONIA CASTEDO
La mujer declara en el 'caso Brugal' que pagó a Ortiz 5.000 euros por un Mini
Julia Castelló, amiga íntima de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, compareció ayer como testigo ante el juez que investiga la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en favor del promotor Enrique Ortiz. El promotor supuestamente le regaló un Mini modelo Cooper. Castelló, hasta ahora identificada en el caso Brugal como la asistenta de Castedo, negó la dádiva y también que sea la niñera de la alcaldesa. "He sido la niñera de su hija como ella de la mía", precisó. Este grado de amistad con la regidora le ha valido a Castelló integrar desde enero de 2009 la nómina de su personal de confianza. Castelló gestiona desde el gabinete de la alcaldía las entrevistas de la alcaldesa con los vecinos y el buzón de sugerencias.
Castelló es personal de confianza de la alcaldesa desde enero de 2009
El fiscal cree que Ortiz le regaló el Mini por indicación de la regidora
Julia Castelló compareció ante el magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante. Este juez instruye el supuesto amaño del PGOU de Alicante, una de las piezas de mayor relevancia del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción mantiene que Ortiz regaló el Mini a Castelló por indicación de la alcaldesa. El ministerio público, además, sostiene que el promotor Ortiz recibió datos secretos del nuevo PGOU de la mano de Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi y, a cambio, el empresario los colmó de regalos.
Castelló no ocultó al magistrado su estrecha amistad con la regidora y el promotor y aportó documentación según la cual abonó 5.000 euros, en mano y en cuatro plazos, por el coche a Virgilio Ortiz, hermano del promotor y apoderado de la empresa propietaria del vehículo.
Según las escuchas del caso Brugal, y en concreto una conversación grabada entre Enrique Ortiz y su mujer [ambos están imputados en el sumario], Juliá Castelló recibió el Mini el 16 de agosto de 2009, con motivo de su cumpleaños. La asesora no negó este extremo y señaló que se trató de un regalo que le hizo su marido. Y aportó documentación (facturas, extractos bancarios y justificantes de Tráfico) para acreditar el pago del vehículo
Castelló presentó en el juzgado una factura por la compra del coche expedida por el grupo Cívica, propiedad de Ortiz, con fecha del 16 de septiembre de 2009, es decir, un mes después de recibir el Mini. El monto de la factura es de 5.000 euros (4.310,64 euros por el coche, más 689,66 en concepto de IVA). La testigo también adjuntó una cartilla de ahorros con cuatro extractos correspondientes, según ella, a cada uno de los plazos en los que abonó la factura. El primer extracto (1.500 euros) tiene fecha del 20 de agosto de 2009, cuatro días después de tener el coche. El segundo (1.000 euros), del 8 de octubre de 2010; el tercero (1.000 euros), del 18 de diciembre de 2009, y el cuarto, del 15 de enero de 2010. Castelló aseguró al juez que entregó esas cantidades de dinero en mano al hermano del promotor Enrique Ortiz.
El resto de documentación aportada por Castelló fue un justificante del pago a la gestoría que tramitó el alta del coche a su nombre en Tráfico con fecha del 21 de septiembre de 2009, por 135,66 euros, y el seguro, también a su nombre, con fecha del 9 de septiembre de 2009.
Fuentes del caso han asegurado que el instructor abrirá una investigación para verificar las pruebas documentales aportadas ayer por la asesora de la regidora.
La testigo confirmó al juez la relación de amistad que mantiene con la familia Castedo y con el promotor Ortiz. Y admitió que viajó con ellos a bordo del yate propiedad de Ortiz en agosto de 2009, unos días antes de supuestamente recibir el regalo del coche de parte del promotor.
Además de la asesora de Castedo, el juez interrogó ayer, igualmente en calidad de testigo, a Carlos Parodi, hombre de confianza de Ortiz y ahora gerente del Hércules CF. Parodi fue incluido inicialmente en el escrito de acusación del fiscal por supuestamente facilitar planos del PGOU a Ortiz antes de que el documento saliera a exposición. Ayer, el juez dictó in voce un auto de sobreseimiento provisional de su imputación.
En su declaración, Parodi negó que facilitara ningún plano del PGOU de Ortiz. El testigo sí admitió que el 28 de septiembre de 2009, y por indicación de Ortiz, se desplazó hasta el domicilio particular de Castedo, "pero fue para llevarle una relación de gastos de mantenimiento del estadio Rico Pérez", puntualizó.
Parodi dijo al juez que desconocía quién había aportado la participación del capital social de Otto Díaz, hijo del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi en una firma de publicidad. Parodi es apoderado de esa empresa. Según el fiscal, la cuota de Otto Díaz (30.00 euros) la aportó el empresario Ortiz, por indicación del exregidor.
Otto Díaz había sido propuesto como testigo por el fiscal. No obstante, el juez ha aplazado la citación al alegar este que su testimonio podría perjudicar a su padre. Díaz Alperi, al igual que Castedo, está acusado pero no imputado en el sumario.
La instrucción de este sumario continúa el próximo lunes con el interrogatorio a otros tres testigos, todos ellos empleados de Enrique Ortiz.
www.elpais.es 11.01.12
EL TSJ REFUERZA POR DECRETO LOS JUZGADOS DE EMARSA Y BRUGAL
De la Oliva designa dos magistrados de apoyo antes del visto bueno de Justicia
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de La Oliva, se ha hecho eco de las demandas de los juzgados que investigan dos de los casos de corrupción de mayor envergadura -el saqueo de Emarsa y la trama de corrupción sobre la basura y urbanismo en la provincia de Alicante- y ha designado, por decreto, dos jueces de refuerzo.
De acuerdo con una nota oficial del TSJCV, hoy, lunes, se incorporará un juez de adscripción territorial (JAT) al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que dirige la investigación del caso Emarsa, cuyo instructor, Vicente Ríos, ya ha imputado a 28 personas.
Y a lo largo de la semana se incorporará otro magistrado de la misma categoría al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Esta oficina ha llevado la instrucción general del caso Brugal, con tres piezas principales y una veintena de ramificaciones. En la actualidad, el juzgado dirige dos de las piezas centrales de la investigación: un supuesto soborno por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja y un presunto amaño del contrato de la basura de Orihuela. La tercera causa de relevancia -un posible amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante- la instruye el Juzgado número 5 de Alicante. En el caso Brugal hay decenas de imputados y centenares de implicados. Los de mayor calado son el exlíder PP de Alicante, José Joaquín Ripoll -imputado por cinco delitos- y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo -acusada por el fiscal-
El TSJCV asegura que el pasado 14 de octubre, la sala de gobierno del alto tribunal avaló la propuesta del juez del caso Emarsa de incorporar un refuerzo. La petición fue respaldada por el Consejo General del Poder Judicial el 22 de noviembre. Sólo quedó pendiente el visto bueno del Ministerio de Justicia. "Dado que ese pronunciamiento [el de Justicia] aún no se ha producido, De la Oliva ha decidido, de acuerdo con las necesidades planteadas por el juez Ríos desplazar un JAT", señala la nota.
De La Oliva firmó el decreto para designar el JAT de caso Emarsa el pasado jueves. Ese mismo día, también, por decreto, acordó incorporar otro al Juzgado número 3 de Orihuela. Así esta oficina seguirá contando con dos jueces: el sustituto que ha asumido provisionalmente la dirección del juzgado, tras la salida de hasta ahora titular, Carlos San Martín, y el JAT.
www.elpais.es 09.01.12
UN CASO PENDIENTE DE LAS ESCUCHAS
La legalidad de las intervenciones en la investigación de Brugal, en manos de dos salas de la Audiencia de Alicante
Las partes del caso Brugal, trama corrupta vinculada a la basura y al urbanismo en la provincia de Alicante tejida sobre la base de la connivencia entre los líderes políticos del PP y empresarios, encaran el tercer año después del levantamiento del secreto de sumario con la vista puesta en dos tribunales distintos de la Audiencia de Alicante. Sendas salas tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción: las escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la red durante más de tres años, de marzo de 2007 a junio de 2010. El sentido de la resolución ambos tribunales será clave para el futuro de significados dirigentes del PP, con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la cabeza, y destacados empresarios, entre otros, el omnipresente promotor Enrique Ortiz.
Un juez anuló una parte de las intervenciones y otro las validó
Ripoll (imputado) y Castedo (acusada) son los principales implicados
Las escuchas telefónicas realizadas por los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante durante centenares de horas a los líderes de la trama ocupan el grueso de los más de 40.000 folios del sumario.
Sobre la base de esas intervenciones, el 6 de julio de 2010 el instructor general del caso, Carlos San Martín, extitular del Juzgado número 3 de Orihuela ordenó la operación policial clave de la investigación, que incluyó 19 arrestos y otros tantos registros domiciliaros, entre ellos el del en esa fecha presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz.
El levantamiento del secreto del sumario reveló una trama con una veintena de ramificaciones y dos piezas centrales: un supuesto soborno al exlíder del PP por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja por parte de los empresarios Ortiz y Fenoll; y un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de promotor Ortiz a base de información privilegiada supuestamente facilitada por los alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.
La instrucción del soborno del plan zonal permaneció bajo la batuta de San Martín. Sin embargo, el juez anuló el junio de 2011 algunas de las intervenciones practicadas a Ripoll, Fenoll y Ortiz. Esta resolución, junto a otra serie de errores formales (incluir en la documentación facilitada a las partes de esa causa diligencias de la pieza del PGOU aún secretas), ha empantanado la instrucción de este sumario.
Las partes, con la Fiscalía Anticorrupción a la cabeza, han apelado a la Audiencia. La sección 7ª con sede en Elche tiene ahora la última palabra. San Martín no ha podido superar la presión mediática sobre el caso Brugal y a finales del pasado mes de diciembre dejó ese juzgado, por una plaza en otra oficina judicial en Elche.
El sumario del presunto amaño del PGOU recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, Manrique Tejada, en un auto del pasado mes de octubre, sí dio por validas las escuchas y además observó indicios de delitos en los hechos investigados. No obstante, las defensas de los imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la Ciudad, han apelado a la Audiencia. La sección primera del alto tribunal será la encargada de resolver el recurso.
La instrucción de este sumario sí ha avanzado en los últimos meses. El magistrado ha interrogado a los 18 imputados, y ahora han comenzado la prueba testifical. Una vez cerrada la instrucción, siempre que la Audiencia ratifique su auto sobre la legalidad de las intervenciones, el juez deberá decidir si ve indicios de delitos en Castedo y Alperi. De resolver en sentido positivo tendrá que remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que ambos son diputados autonómicos y gozan de la condición de aforados.
www.elpais.es 09.01.12
UN IMPUTADO DECLARA QUE ORTIZ TENÍA DATOS SECRETOS DEL PLAN ZONAL
Lo adjudicó Ripoll, exlíder del PP, al promotor
Luis Bracho, exgerente de la mercantil Sufi, declaró ayer ante el juez del caso Brugal que investiga un soborno al exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, que el ganador del concurso, el promotor Enrique Ortiz, tenía "alguna información privilegiada". El contrato lo adjudicó Ripoll, en su etapa al frente de la Diputación de Alicante, a una UTE integrada por Ortiz y la firma Cespa. La investigación mantiene que Ripoll logró, a cambio de la concesión, dos pisos de parte Ortiz y el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de Brugal.
Bracho compareció ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela como imputado. El exdirectivo de Sufi también está imputado en otra rama de Brugal que indaga el amaño de la contrata de la basura de Orihuela. Esa contrata fue adjudicada a una UTE integrada por Sufi y otras dos firmas que, según la investigación, son una tapadera de Fenoll.
Oferta malísima
Sufi, en unión con una mercantil del Ángel Fenoll, también aspiraba a la contrata que finalmente se llevaron Ortiz y Cespa. En su declaración, Bracho confesó que tuvo "conocimiento" de que su oferta (la de Sufi y la empresa de Fenol) "era malísima" porque "en un partido de fútbol" una persona se lo comentó a su socio, Manuel Carbó, recoge textualmente la declaración.
El socio le comentó que alguien le había recomendado "que se olvidaran de la oferta", según Bracho, que no recordaba si Carbó le dijo quién le había hecho el comentario, aunque sí que era un técnico de la consejería, si bien desconocía si era "el encargado de valorar los informes". La diligencia añade que a continuación Bracho dijo que "una vez contrastado lo dicho por esa persona con la exposición pública, confirmó las sospechas de que Cespa tenía algunos conocimientos que los demás licitantes desconocían, lo cual le llevó a pensar que tenía alguna información privilegiada".
En su anterior declaración por la contrata de Orihuela, Bracho confirmó al juez que Fenoll había falsificado las empresas de la UTE. Sufi despidió a Bracho tras sus dos imputaciones.
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17.12.11CASTEDO: "LOS POLÍTICOS NO PUEDEN CONVERTIRSE EN JUECES Y FISCALES"
La alcaldesa de Alicante lamenta que la oposición buscara "el ensañamiento"
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, desplegó ayer una teoría para intentar argumentar el veto del PP a la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, que investiga un juzgado de Alicante. Castedo aseguró, durante el acto de inauguración del belén del Ayuntamiento, que los políticos no se pueden convertir "en abogados, fiscales y jueces" en estas comisiones. La regidora, que es también diputada autonómica, reiteró que con la propuesta de Compromís de crear esta comisión "no se pretende otra cosa" que crear una "comisión de ensañamiento" contra ella y el anterior alcalde, el también popular Luis Díaz Alperi. "Una comisión de investigación es una cosa, una de ensañamiento, otra", aclaró.
EU denuncia los recortes en el presupuesto para crear empleo
Castedo está acusada por el fiscal, dentro de la investigación del caso Brugal, de facilitar información privilegiada al promotor Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. En la misma investigación está imputado su hermano, José Luis Castedo, y el socio de este, el exedil socialista Javier Gutiérrez.
La alcaldesa de Alicante subrayó ayer que ella es "quien mejor conoce y puede defender" el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Compromís justificó su propuesta en un informe policial que asegura que el despacho de abogados del hermano de Castedo contratado por el Ayuntamiento para realizar el PGOU hacía las alegaciones de empresas privadas que ellos mismos resolvían después para el Consistorio.
La oposición reclamó que, de la misma forma que el PP ha permitido la creación de una comisión de investigación sobre Caja Mediterráneo (CAM) o ha impulsado una sobre el saqueo a la empresa pública Emarsa, permita analizar si existen responsabilidades políticas en un caso que afecta directamente a Castedo y a Díaz Alperi. En su intervención en las Cortes, Castedo dijo que la propuesta de Compromís está "plagada de mentiras", pues es "absolutamente falso" que el bufete de su hermano resolviera las alegaciones, a pesar de que los investigadores del caso lo "reiteren hasta la saciedad sin base probatoria". Castedo también calificó de "sesgada, tergiversada e interesada" la investigación judicial del PGOU.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante ha recortado en 800.000 euros el presupuesto de la Agencia Local de Desarrollo, organismo que tiene por objeto fomentar la creación de empresas y de empleo o impulsar el desarrollo socioeconómico. El portavoz del grupo municipal Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, denunció que el recorte presupuestario es del 30%. La decisión, que deja el presupuesto en 1,7 millones para 2012, se aprobó ayer en la reunión del consejo rector de la Agencia Local de Desarrollo y EU votó en contra. Pavón lamentó que el recorte se produzca con el paro en constante aumento.
Y en la misma línea de recortes, el Patronato de la Vivienda de Alicante también aprobó ayer un presupuesto reducido en 1,4 millones. El recorte más destacado se produce en el área de inversiones, que pasa de 1,96 millones previstos en 2010 a 4.812 euros.
www.elpais.es 03.12.11
RIPOLL CALLA ANTE EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL'
El exlíder del PP de Alicante se niega a declarar por el soborno de la basura
José Joaquín Ripoll, expresidenre provincial del PP de Alicante, optó ayer por el silencio en su segunda comparencia, en calidad imputado, ante el juez del caso Brugal que investiga un supuesto soborno por la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja. "Aconsejado por mis abogados, me he acogido a mi derecho constitucional de no declarar", comentó el ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante a la salida del Juzgado número 3 de Orihuela.
Carlos San Martín, instructor de esta pieza del sumario de Brugal, imputa al exdirigente del PP cinco delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y fraudes, vinculados al contrato de la planta de basura de La Vega Baja. La contrata la adjudicó la Diputación de Alicante en enero de 2008, con Ripoll al frente de la institución, al promotor Enrique Ortiz en unión con la firma Cespa. La policía sostiene que Ripoll otorgó el contrato a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) y que la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros tras la adjudicación del contrato.
Ripoll justificó su negativa a declarar ante el magistrado Carlos San Martín por la cantidad de recursos que sus letrados han presentado al sumario, "más de 45, pendientes de resolver por la Audiencia de Alicante". Ese alud de recursos, aunque Ripoll evitó una referencia explícita, incluye uno en que solicita la nulidad de las escuchas telefónicas, base de la investigación de este caso que comenzó en marzo de 2007.
Parte de esas intervenciones telefónicas fueron anuladas por el propio instructor Carlos San Martín el pasado mes de junio. Este magistrado abandonará en breve este caso ya que acaba de ganar una plaza en un juzgado de Elche.
Ripoll dijo estar "tranquilo" ante su imputación y volvió a negar que su implicación en Brugal sea el motivo que le llevó a dimitir al frente del PP hace precisamente una semana. "Dimití porque no fui reelegido presidente de la Diputación", aseveró el exdirigente popular.
Por su parte la sucesora de Ripoll en la Corporación provincial, Luisa Pastor, dijo que la investigación del plan zonal "no tiene por qué dañar la imagen de la Diputación, porque Ripoll ya no ocupa ese puesto [el de presidente]".
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02.12.11LA CORRUPCIÓN DESCABEZA EL PODER POLÍTICO Y EMPRESARIAL DE ALICANTE
En dos días dimiten el líder provincial del PP y el de la patronal
Las supuestas tramas de corrupción político-empresariales que se han gestado en la provincia de Alicante en el último lustro han acabado por pasar factura al poder político, en manos del PP de manera hegemónica, y a la gran patronal alicantina, Coepa. En dos días, la cúpula de ambas organizaciones ha quedado descabezada con las dimisiones de sus líderes, José Joaquín Ripoll y Rafael Martínez Berna, respectivamente.
Ambos tenían sobre sus espaldas la pesada losa de la sombra de la corrupción. El veterano político popular, por su imputación en el sumario paradigmático de la promiscuidad entre lo público y lo privado, el caso Brugal, que indaga una red corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Y el empresario, por la implicación de su empresa Hormigones Martínez en la trama de amaños de contratos de obra pública.
En el plano político, la dimisión de Ripoll podría ser solo la avanzadilla de las consecuencias del voluminoso sumario de Brugal. Una pieza de esta causa indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sumario hay ya 19 imputados y dos políticos de relevancia acusados por el fiscal Anticorrupción, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor Luis Díaz Alperi. Ambos son diputados autonómicos. Esta condición de aforados impide al juez instructor pronunciarse sobre su imputación.
La sospecha de la corrupción no se ha limitado al ámbito político y empresarial. El hasta hace meses emblema de las finanzas de la provincia, Caja Mediterráneo (CAM), tampoco ha salido mejor parado. Las dimisiones de Ripoll y Martínez Berna se producen cuatro meses después de la criba que el Banco de España ha hecho en la caja. Los nuevos administradores destituyeron al consejo de administración. Y la Audiencia Nacional investiga ya la gestión de la exdirectora general María Dolores Amorós.Alberto Fabra, jefe del Consell y, a su vez, líder de los populares valencianos, pactó con José Joaquín Ripoll su salida de la dirección provincial del PP de Alicante dos días después de las elecciones generales y a una semana vista de que el veterano político alicantino tenga que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. Ayer, Fabra, preguntado por la nueva etapa que se abre en el PP alicantino tras la dimisión de Ripoll (baluarte de la defensa del poder alicantino frente a Valencia) hizo un llamamiento a la unidad. "Apuesto por todos aquellos que quieren unidad y trabajar de forma conjunta", aseguró en declaraciones a este periódico el presidente de la Generalitat tras almorzar con empresarios y políticos en Elda.
Fabra, que presidió los actos de celebración del 40º aniversario del instituto tecnológico del calzado (Inescop), el primero creado en la Comunidad Valenciana, también enfatizó el apoyo ciudadano recibido por el PP en la provincia de Alicante. "Hemos sabido responder a las necesidades de los ciudadanos, que nos han dado su masiva confianza", defendió para añadir que a partir de ahora espera "lo mismo que antes".
Y preguntado por la dimisión del presidente de la patronal alicantina, Fabra calificó la decisión de "responsable". El presidente aseguró que habló con el ya exdirigente empresarial y que éste le explicó que no quería "enturbiar" a la institución con sus asuntos. Una decisión que Fabra valora. El jefe del Ejecutivo valenciano trasladó sus mejores deseos a Martínez Berna en esta nueva etapa.
Mientras, desde el sector empresarial se siguió valorando la figura de Martínez Berna. Su dimisión, conocida por unos, prevista por otros y sorpresiva para la mayoría, termina con una etapa en la que se apaciguaron las aguas dentro de Coepa, muy encrespadas durante la presidencia de Modesto Crespo.
En el ámbito político hubo más reacciones. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, resaltó que el empresario ha sido "un grandísimo presidente" de Coepa. "Son cuestiones personales que hay que respetar", comentó.
Y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, pidió más transparencia en la gestión de Coepa y consideró que ésta "tiene que quedar libre de las irregularidades en las que se ha visto involucrada en los últimos tiempos".
www.elpais.es 26.11.11
EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO A CASTEDO Y ALPERI POR EL AMAÑO DEL PGOU
La alcaldesa y el exalcalde de Alicante habrían favorecido a Ortiz
La presión política sobre la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos del PP, crece en paralelo al avance de la instrucción de la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor del promotor Enrique Ortiz.
Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5, acaba de finalizar los interrogatorios, en calidad de imputados, a los 21 acusados por el fiscal Anticorrupción. Dos de los imputados que ya han declarado, un empresario y un alto cargo de Bancaja, han confirmado ante el magistrado que Ortiz les aseguró que tenía datos secretos sobre el curso de la redacción del PGOU.
En la lista del fiscal estaban incluidos Castedo y Alperi por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Ambos son aforados por su condición de diputados autonómicos y su imputación es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Fuentes del caso señalan que, de hallar indicios de delito en la regidora y el exalcalde, el magistrado enviará el sumario al alto tribunal la próxima primavera.
Tejada, en un auto firmado el pasado mes de octubre, ya advirtió de que observaba indicios de delito en los hechos investigados y resaltó la "ingerencia" de cargos públicos en la elaboración del planeamiento en favor del interés privado. En esa resolución, el juez validó las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. Las defensas han apelado el auto a la Audiencia de Alicante.La policía y el fiscal Anticorrupción mantienen, sobre la base de las escuchas telefónicas, que Ortiz tuvo información privilegiada del PGOU de Alicante mediante datos secretos facilitados por Castedo y Alperi. Y además apuntan al exregidor como el cabecilla que tejió la trama. En este segundo apartado, la investigación cree que el exregidor se valió del despacho Salvetti Abogados como puente para facilitar los datos secretos del Plan General al promotor. Ese despacho se constituyó a finales de 2008, en la recta final del trámite del PGOU, y es propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados en el sumario.
La instrucción de este sumario continuará las próximas semanas con la toma de declaración a los testigos y otras pruebas periciales.
En el apartado testifical, las acusaciones pedirán, entre otros, el interrogatorio a Otto Luis
Díaz González, hijo del exalcalde. De la lista de supuestas dádivas de Ortiz a Alperi a cambio del trato de favor en el PGOU, el fiscal destaca la aportación del promotor en nombre del hijo de Alperi de la cuota (30.000 euros) para la constitución de la empresa de publicidad Verass Operadores Publicitarios, S. L.
En una conversación, incluida en las escuchas, entre el hijo del excalde y Ortiz, el primero le pregunta al segundo si le va a poner el dinero como le había asegurado su padre.
El diálogo entre Otto Luis Díaz González y Enrique Ortiz transcurre así.
Otto Díaz. ¿Y decírtelo por teléfono?
Enrique Ortiz. Sí. Dímelo venga.
O. D. Vamos a ver, el tema, que, a ver, que esta semana se va a firmar el ese, se va a firmar la constitución de la sociedad, vale.
E. O. Sí.
O. D. Entonces, vamos a ver, hay que poner 30.000 euros por socio.
E. O. Sí.
O. D. Entonces, esos 30.000 euros que yo en teoría tengo que poner, ¿esos lo pones tú?
E. O. (Se ríe), hombre.
O. D. No, vamos a ver, eso me dijo mi padre, yo no sé.
E. O. Sí, sí. No te preocupes.
O. D. No coño, joder, yo esto papá, ¿esto cómo va?, y me dice, eso, de eso se encarga Enrique. Pues vale, ya se lo diré, yo qué sé.
E. O. Venga vale. No te preocupes.
O. D. Vale.
Junto al hijo de Alperi, las acusaciones también estudian interrogar como testigos a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo degradados al inicio de los trabajos de la redacción de PGOU. Estas partes no descartan incluso llamar al arquitecto Lluís Cantallops, que inicialmente asumió la redacción del PGOU, hasta que lo despidió Alperi, en favor de Jesús Quesada, también imputado en la causa.
De la prueba pericial destaca un informe de la Agencia Tributaria sobre Salvetti Abogados y otras tres firmas vinculadas al bufete según el cual esas empresas podrían haber generado un negocio de al menos 2,5 millones entre 2007 y 2010. Salvetti Abogado mantiene que el negocio que le reportó el trámite de 19 alegaciones al PGOU rondó los 20.000 euros.
El sumario del PGOU en datos
- Imputados. El juez ya ha imputado formalmente a los acusados por el fiscal, salvo a la alcaldesa y el exalcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, del PP. Los imputados más destacados son Enrique Ortiz y los abogados José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.
- Acusados. La regidora Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi están acusados por el fiscal y sólo pueden ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia.
- Testigos. Las acusaciones estudian llamar como testigo al hijo del exalcalde por un supuesto regalo que recibió de Ortiz.
- Agencia Tributaria. Un informe de Hacienda recoge que el despacho del hermano de la alcaldesa y tres firmas vinculadas facturaron entre 2007 y 2010 al menos 2,5 millones de euros
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28.11.11RIPOLL DIMITE ACOSADO POR BRUGAL TRAS DIRIGIR EL PP ALICANTINO 7 AÑOS
El proceso hasta el congreso provincial lo pilotará el alcalde Altea, Miguel Ortiz
José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante desde diciembre de 2004 y el imputado de mayor cargo en el caso Brugal, ha tirado la toalla. Ripoll presentó anoche por sorpresa su dimisión ante el comité ejecutivo provincial. Miguel Ortiz, alcalde de Altea y afín al dimitido, pilotará el partido hasta el congreso provincial, previsto para el próximo mes de junio.
La renuncia de Ripoll se produce cinco meses después de ser descabalgado de la presidencia de la Diputación de Alicante por la presión del otrora sector campista y a una semana vista de tener que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. El magistrado imputa al veterano político alicantino cinco delitos, entre ellos cohecho y tráfico de influencias, vinculados a la adjudicación de la contrata de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. La policía sostiene que, tras la concesión del contrato a Enrique Ortiz, Ripoll obtuvo 1,3 millones de euros sin justificar. Tras la dimisión, Ripoll negó que su implicación en el caso Brugal fuese el motivo de la renuncia: "Lo tenía ya meditado y pactado con el presidente regional, Alberto Fabra, cuando se cerraron las listas para las generales", dijo. Génova, que ha sopesado el desgaste del escándalo judicial, ha participado activamente en la decisión.José Joaquín Ripoll insistió anoche en que la decisión de dejar de la presidencia provincial de PP de Alicante la estaba meditando desde el pasado mes de junio, cuando fue apartado de la Diputación, y pactada con el líder regional del PP, Alberto Fabra, desde el cierre de las listas para las pasadas elecciones generales. Sin embargo, fuentes oficiales del PP aseguran que la salida de Ripoll de la dirección provincial se aceleró en las últimas 48 horas, debido a su inminente comparencia ante el juez del caso Brugal.
El acuerdo final entre Ripoll y Fabra contó con la mediación de Ana Mato, vicesecretaria nacional del PP. El pacto, según fuentes de la presidencia de Generalitat Valenciana, incluyó otra renuncia de Ripoll, que el hombre por el que apostaba para sucederle, el alcalde de Altea, Miguel Ortiz, ocupe el cargo solo "de manera provisional" hasta la celebración del cónclave provincial, que se celebrará antes de junio. Miguel Ortiz está considerado por la actual dirección regional de los populares valencianos como "un ripollista moderado".
Ripoll cosechó anoche la unanimidad del comité ejecutivo provincial a su propuesta de Miguel Ortiz para sucederle en el cargo. También este extremo estaba pactado de antemano, aunque no faltaron voces que instaron al flamante presidente provincial de Alicante a apostar por la integración. Entre ellas sobresalió la voz de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que por primera vez acudió a una reunión del comité ejecutivo provincial. Castedo tomó la palabra y dijo: "Ortiz tiene nuestro apoyo, siempre que siga la senda de la integración. Han sido muchos años de exclusión". El alcalde de Altea era hasta ahora vicesecretario de Organización del PP provincial de Alicante, un cargo sobre el que no se adoptó ninguna decisión.
Ripoll logró colocar a Ortiz en la cúpula del PP de Alicante, con la ayuda de Ana Mato y a pesar de la oposición de Federico Trillo, candidato del PP por Alicante al Congreso en las elecciones del pasado domingo. Durante esta campaña el exministro, que ha recorrido las distintas agrupaciones del partido en la provincia, habría presionado para que, tras la dimisión de Ripoll, la alcaldesa de Elda y vicepresidenta de la Diputación, Adela Pedrosa, dirigiera una gestora hasta el congreso provincial.
Pedrosa ya fue secretaria regional del PP con Francisco Camps entre los años 2004 y 2007, cargo en el que fue sustituida por Ricardo Costa tras ser nominada como candidata a la alcaldía de Elda. Pedrosa, considerada uno de los referentes del campismo en la provincia de Alicante era uno de los nombres que también sonó en su momento para presidir la Diputación.
No obstante, las mencionadas fuentes del PP aseguran que finalmente la dirección regional descartó la opción de la gestora en favor de una sucesión por sorpresa, según prevén los estatutos de la organización, para evitar "abrir una nueva crisis" en el partido en Alicante.
La dirección regional del PP bendijo, en vivo y en directo, los acuerdos adoptados ayer por los populares alicantinos. La reunión del comité ejecutivo provincial contó con la presencia del secretario general y vicesecretario, Antonio Clemente y David Serra, respectivamente. Clemente, tras agradecer a Ripoll los trabajos prestados, lanzó el siguiente mensaje a Ortiz: "Está demostrado que un PP unido es un partido invencible".
Ripoll adornó su despedida al frente del PP resaltando los éxitos electorales del PP bajo su mandato. A renglón seguido, remarcó que meditaba su dimisión desde junio, cuando los campistas le excluyeron de la Diputación de Alicante. "Entonces dije que me tomaba un período de reflexión, porque yo creo que ambos cargos [presidente de la Diputación y del partido] han de ir ligados", señaló. "Luego llegué a la conclusión de que había terminado un ciclo en mi carrera política y que el mejor momento para dejarlo era tras las elecciones generales", insistió. El exlíder del PP rechazó que su dimisión en el puesto estuviera ligada a su acceso a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante. "No hubo ningún pacto en ese sentido".
Ripoll comentó que en los últimos meses no se ha sentido desautorizado o aislado ni por la dirección nacional ni regional del partido. "Repito, la dimisión es fruto de una reflexión. He sentido que el número uno [él] tenía que dar un paso atrás".
Por otro lado, la convocatoria de los congresos provinciales, previsiblemente, también provocará tensiones en Valencia, ya que las relaciones entre el presidente provincial Alfonso Rus y la dirección regional no han sido muy fluidas hasta ahora. Un ambiente al que no ayudan las pretensiones de Rus de entrar en el próximo Consell, según fuentes populares.
www.elpais.es 24.11.11
ORTIZ PASÓ DATOS RESERVADOS DEL PGOU DE ALICANTE A BANCAJA
El mensaje a un directivo fue: "Compra porque se recalificará"
Juan Zurita, director adjunto de Bancaja, reconoció ayer ante el juez una conversación telefónica con el promotor Enrique Ortiz en la que este le aconsejó que comprase suelo en la zona de La Condomina de Alicante porque se iba a recalifcar con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Zurita compareció, como imputado por uso privilegiado de información, ante el titular del Juzgado número 5, que investiga una rama del caso Brugal sobre el amaño del Plan.
Junto a Zurita, comparecieron como imputados los empresarios Vicente Pérez, Juan José Climent y Francisco Barahona. Ninguno declaró. Zurita es el segundo imputado que reconoce al juez que Ortiz tenía datos del PGOU antes de hacerse público.
Zurita respondió a las preguntas de las partes. El fiscal Anticorrupción le acusa de comprar suelo en La Condomina al empresario Aurelio González Villarejo "alentado" por Ortiz porque se iba a recalificar. La operación se rubricó el 16 de diciembre de 2008 por 8,8 millones de euros.
La conversación entre Ortiz y Zurita se produjo unos meses antes, el 23 de septiembre de 2008.
Juan Zurita: Aurelio me ha comentado que vea el tema de tu tocayo Aurelio de lo de La Condomina. Tú ahí estás con él.
Enrique Ortiz: Sí, Sí.
J. Z.: Tú ahí estarías interesado, en comprar o...
E. O.: No. Yo he buscado un grupo de inversores para que lo compren pero mientras que lo compran o no lo compran yo creo que lo que tengáis con él, deberías quedároslo vosotros, porque él ha aportado bastante dinero de recursos propios.
J. Z.: Hombre, depende del dinero que nos pida.
E. O.: No, el precio es bueno, además tiene bastantes recursos propios y os lo quedaríais vosotros para cobraros cosas que os deba [adeudaba 25,2 millones].
J. Z.: Pues yo lo voy a ver y...
E. O.: Pregúntalo y yo te doy todos los datos que quieras, porque, además, se va a recalificar en el Plan General y yo, mi consejo es que compres y le cobres.
J. Z.: Estás hablando de lo de La Condomina.
E. O.: La Condomina, sí.Carlos Bueren, abogado de Zurita, señaló que el ejecutivo de Bancaja admitió la operación, "pero se hizo después de que existiese pública información sobre los terrenos, por tanto, no hubo ninguna información privilegiada". El letrado añadió que Bancaja compró el terreno a González Villarejo en "concepto de dación de pago, es decir, para aminorar una deuda de 25,2 millones que tenía con la caja". González Villarejo está imputado en este sumario.
Las acusaciones mantienen que Zurita no negó la conversación con Ortiz y van a solicitar una tasación de los terrenos en la fecha que los compró Villarejo y cuando los revendió a Bancaja.
Por otro lado, la Agencia Tributaria ha remitido al juzgado el informe de los ingresos de las empresas del despacho Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa Sonia Castedo, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Según fuentes oficiales del caso, el volumen generado por las tres firmas investigadas entre 2007 y 2010 es de 2,5 millones. Esta cifra corroboraría la tesis policial del supuesto enriquecimiento de Castedo y Gutiérrez a base de elaborar alegaciones al PGOU.
Castedo y Gutiérrez están imputados en la causa. En su comparencia ante el juez, el pasado 26 de octubre, ambos rechazaron la acusación.
Con la comparencia ayer del ejecutivo de Bancaja y los tres empresarios, el juez ha concluido los interrogatorios a los imputados. Ahora, la instrucción proseguirá con la prueba testifical. En este apartado, las acusaciones prevén citar a Otto Luis Díaz González, hijo del exalcalde y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, del PP. La investigación apunta al exregidor como el muñidor de la trama del PGOU.
www.elpais.es 22.11.11
ENRIQUE ORTIZ TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DEL PGOU DE ALICANTE
Ramón Salvador ratifica ante el juez el contenido de una grabación
El empresario de la construcción Ramón Salvador Águeda, imputado en la pieza del caso Brugal que trata de esclarecer las supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ratificó ayer la conversación recogida en la investigación en la que el promotor Enrique Ortiz le aseguraba tener información del planeamiento antes de que éste saliera a exposición pública.
Así lo aseguró tras la declaración de Salvador Águeda el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero. Águeda fue el único de los tres empresarios que ayer acudieron al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante que accedió a declarar.
Salvador está imputado por un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada en relación con unos terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU. En su declaración, el empresario ilicitano aseguró que "efectivamente se produjo" la conversación en la que Ortiz le informó de que disponía del detalle del planeamiento. La conversación telefónica a la que se refirió se mantuvo el 25 de agosto de 2008, dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública. Esta es la transcripción de la primera parte de esta charla, grabada por la policía, en la que Ortiz y Salvador hablan del PGOU de Alicante:
-Salvador. ¿El plan general cómo lo ves, querido?
-Ortiz. ¿Tienes suelo por allí o qué?
-S. Sí
-O. Yo te lo puedo enseñar todo, me dices dónde lo tienes y yo te lo digo, porque si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya.
El fiscal preguntó al empresario por su relación con Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP) en Salvetti Abogados y que según la acusación diseñó a medida de Salvador un cambio de calificación de terrenos de su propiedad en el nuevo PGOU. El informe policial apunta al bufete como una de las claves del supuesto amaño del planeamiento de Alicante a favor de Ortiz. Salvador admitió conocer a Gutiérrez pero aseguró que éste jamás le dijo que colaboraba en el PGOU.En otro momento de la conversación interceptada por la policía entre Enrique Ortiz y Ramón Salvador ambos hablan de los terrenos del constructor y se refieren a Gutiérrez, socio del hermano de Castedo:
-O. Pues esa zona no sé, creo que tengo todos los planos menos esa zona, pero ¿tú te has ocupado de hablar con Javier [Gutiérrez] para que lo metieran?
-S. Claro.
-O. Ah, pues entonces estará metido.
-S. Claro, si él me dijo que sí, entonces un año.
-O. Pues ya está seguro, si él te dijo que sí, eso no hay problema.
El empresario ilicitano no respondió a las preguntas de los abogados de la acusación particular. A la salida de los juzgados, Salvador aseguró no tener nada que ocultar, criticó "el circo mediático", calificó de "tonterías" las acusaciones que apuntan a la existencia de tráfico de influencias y consideró que en España hay una "persecución política" a los promotores, lo que repercute aún más negativamente en el mercado laboral. Él mismo, aseguró, ha tenido que irse a trabajar al extranjero.
La declaración del empresario provocó la reacción de la oposición política de Alicante. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Elena Matín, defendió que tras esta ratificación realizada por Águeda ya no son solo las escuchas las que apuntan que en la tramitación del PGOU de Alicante hubo información privilegiada. Martí aseguró que la alcaldesa de Alicante "no puede eludir su responsabilidad política y posiblemente otras que podrían deducirse de las actuaciones judiciales, porque es un hecho incuestionable que ella era la responsable del área de Urbanismo cuando se filtró información privilegiada, que esta llegó a manos de Ortiz y otros empresarios interesados y al despacho de abogados urbanistas con el que presuntamente colaboraba su hermano". El PSPV recordó que los redactores del PGOU de Alicante entregaron el primer borrador del documento el 1 de julio de 2008, aunque el documento no salió a exposición pública hasta el 15 de octubre.
También EU salió al paso de esta declaración judicial. "Nos parece muy importante que gracias a esta ratificación se demostraría que Enrique Ortiz tenía la documentación del PGOU de Alicante antes de que saliera a exposición pública y cuando no tenía que contar con ella", subrayó Miguel Ángel Pavón, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante. "¿Quién se la facilitó?", agregó. El edil también confió en que no se anulen las conversaciones recogidas durante la investigación.
www.elpais.es 15.11.11
EL ALCALDE DE ABANILLA CONSINTIÓ EL VERTEDERO ILEGAL DE FENOLL
El industrial asegura en una grabación que tiene el "poder del Ayuntamiento"
Las relaciones del alcalde de la localidad murciana de Abanilla, Fernando Molina Parra, del PP, con el industrial Ángel Fenoll son más que cordiales, según recogen las escuchas del caso Brugal. El informe policial resalta la supuesta connivencia entre el regidor y el industrial, extremo que ha permitido al empresario mantener activa la planta de basura que explota en ese municipio. El Gobierno de Murcia acaba de dictar una resolución en la que decreta el cierre de la instalación por las ilegalidades acumuladas. El empresario ha desoído la orden.
El empresario ha desoído la orden de Murcia de cerrar la planta de Abanilla
Fernando Molina es el alcalde más longevo de la Región de Murcia. Ocupa el cargo de regidor de Abanilla desde el año 1987. La "estrecha amistad" entre Fenoll y Molina la manifiesta públicamente el empresario en conversaciones con terceras personas. En uno de esos diálogos llega a confesar haberle "dado cariño", entre otros, a la Guardia Civil, "para tapar posibles irregularidades en la planta de Proambiente (empresa de Fenoll con la que explota la instalación)".
Una muestra de esa relación con el alcalde de la que presume Fenoll en grabaciones con terceras personas se recoge en la conversación con una mujer llamada Josefina Candel grabada el 28 de mayo de 2008.
Ángel Fenoll. Yo... no. Temas familiares y tal. Y le dije de todo. Digo, no tenéis vergüenza. ¿Sabes? Os hundo a todos y os meto bajo tierra. No ves, Fina, que los poderes los tengo yo. Los poderes me refiero... no de la empresa. Los poderes de la empresa también, pero tengo los poderes de los Ayuntamientos y de Fernando [el alcalde]. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí no se mueve nadie. Cierro. Y en 24 horas cierro el quiosco. ¿Sabes lo que te digo?
Fina. Sí, sí, sí.
A. F. A mí me van... pero que lo intentaron. Claro. Pero me avisó Marga. ¿Sabes lo que te digo?
F. ¿Y qué te dijo Antonio Ángel?
A. F. No me la tocan. ¿Sabes lo que te digo?
F. Ya, ya, ya.
5A. F. No me la tocan. Aparte de eso he hecho otras cosas muy gordas, ahí en la planta. ¿Sabes? Dándole cariño a estos... a la Guardia Civil... en fin... A todos esos temas. ¿Me entiendes o no?
F. Hay que ser agradecidos.
En otra de las intervenciones del teléfono de Ángel Fenoll, realizada el 14 de mayo de 2007, el industrial habla con el alcalde de Abanilla y su mujer, a su vez secretaria general del PP local, Gumersinda Díaz Ruiz. En la conversación comentan unos pasquines distribuidos en la población contrarios a la actividad de la planta. "Ambos acusan a un tal Bolo (apodo familiar del portavoz municipal del PSOE entre 2003 y 2007, José Antonio González)", precisa la diligencia policial. En esa conversación el regidor informa al empresario de las iniciativas de la oposición, en este caso del PSPV, para cerrar la instalación. "Fernando le pide a Fenoll que extreme las precauciones porque el PSOE ya ha presentado preguntas en el Ayuntamiento", recoge el informe policial.
Sobre el trasvase de información del PP de Abanilla a Fenoll acerca de los movimientos en la población contra la planta, el sumario del caso Brugal también recoge una foto en la que el exteniente de alcalde del Ayuntamiento José Tenza Lajar y la esposa del alcalde, Gumersinda Díaz Ruiz, graban una manifestación de vecinos contra el vertedero del industrial el 28 de mayo de 2005.
La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno murciano acordó la clausura de la planta de Abanilla el pasado 6 de octubre a raíz de una denuncia de Ecologista en Acción. El servicio de vigilancia e inspección ambiental de esa dirección general corroboró diversas anomalías en la planta, entre ellas, el vertido de residuos sin tratar y directamente al suelo natural y la construcción de un vaso de vertido sin declaración de impacto ambiental.
Fenoll ha desoído la resolución y mantiene activa la planta. La industria da servicio a 19 municipios de La Vega Baja, que generan un volumen de 300 toneladas de basuras al día.
Además, Fenoll está construyendo otro vaso para verter residuos que ha provocado un recurso del Ayuntamiento de Orihuela por entender que la nueva infraestructura invade su término municipal. El empresario, según fuentes del consistorio oriolano, no ha solicitado permiso a esta institución para realizar los trabajos.
Fenoll es considerado el cabecilla de la parte del caso Brugal que investiga una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.
El industrial está imputado en dos de las piezas más destacadas de esta causa. La primera, por un supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela. La investigación cree probado que Fenoll se ocultó tras dos empresas para hacerse con la contrata en unión con la mercantil Sufi. La segunda imputación está relacionada con la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. La investigación trata de esclarecer un supuesto soborno al líder del PP de Alicante por la contrata.
www.elpais.es 14.11.11
UN IMPUTADO EN BRUGAL VA AL JUZGADO NADA MÁS ORDENAR EL JUEZ SU ARRESTO
Había eludido dos citas sucesivas del juez para interrogarle como imputado. Sin embargo, apenas unos minutos después de conocer que el magistrado había firmado el auto para su busca y captura se personó en la sede judicial. El protagonista de esta peripecia judicial ha sido el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil Juan Roselló, del PP, y según la investigación, intermediario clave en la trama de la pieza del caso Brugal que investiga un soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Calp.
Ortiz vuelve hoy al juzgado por el supuesto soborno a Ripoll por la basura
Artacho se presentó en la mañana de ayer en el juzgado número 1 de Dénia nada más conocer que el magistrado había firmado la resolución ordenando a la Guardia Civil su arresto. Artacho había sido citado para la mañana del pasado viernes. Sin embargo, no compareció alegando motivos de salud. El magistrado, sobre la base del informe del forense, rechazó el argumento del empresario y lo conminó a presentarse en el juzgado. Era la segunda vez que el imputado desoía la llamada del juez.
El juez, según informó el Tribunal Superior de Justicia, tras verificar la identidad de Francisco Artacho, decretó su libertad provisional y lo citó para declarar como imputado el próximo día 15. El magistrado acordó dejar sin efecto la orden arresto.
La policía y el fiscal Anticorrupción sostienen que el industrial Ángel Fenoll se hizo con la contrata de planta de basuras de Calp merced a un soborno de 600.000 euros a políticos y técnicos del Ayuntamiento, en esa fecha gobernado por el PP. La investigación cree probado que Artacho era el intermediario del que se valió la trama para consumar el cohecho. En este sumario abierto por cohecho y tráfico de influencias hay 11 imputados, entre ellos, Javier Morató, exalcalde del PP de Calp.
Por otro lado, el empresario Rafael Gregori se negó en la mañana de ayer a declarar ante el juez, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que instruye otra rama del caso Brugal, en este caso un supuesto soborno por la planta de basura de la comarca de La Vega Baja al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por parte de los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz.
Gregori, al que la investigación también considera como el intermediario clave de esta supuesta trama corrupta del caso Brugal, apenas permaneció en la oficina judicial por espacio de unos 40 minutos. A la salida del juzgado, se limitó a confirmar que se había negado a declarar.
De esta forma, Gregori se ha sumado a la estrategia de otros dos imputados, el industrial Fenoll y su hijo, que también se negaron a declarar alegando la posible ilegalidad de la prueba principal del sumario, las escuchas telefónicas. El propio instructor del caso anuló el pasado mes de junio parte de las escuchas. El fiscal Anticorrupción recurrió el auto a la Audiencia de Alicante, que todavía no se ha pronunciado.
Tras Gregori, el juez interrogará, en calidad de imputado, esta mañana al empresario Enrique Ortiz. El promotor, en unión con la firma Cespa, fue el adjudicatario de la contrata. La policía sostiene que Ortiz y Fenoll entregaron a Ripoll dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) a cambio de la contrata. Ortiz también está imputado en la pieza del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.
El supuesto receptor de la millonaria dádiva por la contrata, José Joaquín Ripoll, está citado para el día 1 de diciembre.
www.elpais.es 08.11.11
EL INTERMEDIARIO CLAVE DEL 'CASO BRUGAL', DE NUEVO ANTE EL JUEZ
El titular de Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, retoma esta mañana la segunda tanda de interrogatorios a los arrestados el 6 de julio de 2010 por el supuesto soborno por la adjudicación de la planta de basuras del Plan Zonal de la Baja. Según la policía y el fiscal anticorrupción, el expresidente de la Diputación y actual titular de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, adjudicó el contrato a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico, que supuestamente le entregaron los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.
Investiga un posible soborno a Ripoll por la basura de La Vega Baja
El magistrado tomará declaración hoy al empresario de automoción Rafael Gregori, considerado por la investigación como el intermediario clave de la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo que trata de esclarecer el caso Brugal. Además de esta pieza, Gregori está también imputado en el sumario del supuesto amaño de la contrata de basura del Ayuntamiento de Orihuela y en otra pieza que investiga irregularidades en la financiación de la Fundación del Hércules CF.
Para la mañana del martes, el juez ha citado el promotor alicantino Enrique Ortiz. Éste en unión con la firma Cespa fue el adjudicatario de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja. Ortiz, además, está imputado en otra rama del caso Brugal, que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de sus intereses del promotor.
Las citaciones de Gregori y Ortiz, se producen en una ronda iniciada por el industrial Angel Fenoll y su hijo, Antonio Angel, los pasados 25 y 26 de octubre. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la validez de las escuchas policiales.
Una vez que pasen por el juzgado Gregori y Ortiz, posteriormente deberán declarar el empresario Angel Luis Bracho, el día 30, el expresidente de la Diputación y aún líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, 1 de diciembre. Cerrará la tanda José Candel, empleado de Ortiz, el 5 del mismo mes.
www.elpais.es 07.11.11
ORTIZ NIEGA QUE RIPOLL PIDIERA PISOS O DINERO POR LA BASURA
El constructor exculpa al expresidente de la Diputación de Alicante de beneficiarle en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja en un alegato ante el juez
El constructor
Enrique Ortiz ha
negado ante el
juez de la rama
del Brugal que
investiga la
adjudicación del
plan de residuos
de la Vega Baja
que el
expresidente de
la Diputación de
Alicante, José
Joaquín Ripoll (PP),
le pidiera
dinero o pisos
para
beneficiarle en
el citado
concurso.
Ortiz ha
comparecido
durante 40
minutos ante el
titular del
juzgado de
instrucción
número 3 de
Orihuela, Carlos
San Martín, y se
ha limitado a
leer un alegato
después de
rechazar
contestar tanto
a las preguntas
del juez como
del fiscal
Anticorrupción y
de las partes
personadas.
Según ha
relatado
posteriormente a
los periodistas
uno de sus
abogados,
Alejandro Bas,
en dicho
discurso ha
asegurado que es
"absolutamente
falso" que
Ripoll, actual
presidente del
puerto de
Alicante y del
PP provincial,
le pidiera "dos
pisos o un
millón de
euros", como
cree
Anticorrupción.
También ha
sostenido que
Ripoll "jamás"
le ha solicitado
favor alguno "ni
nada" y ha
añadido que, por
su parte, él
tampoco le ha
pedido
beneficios ni le
ha ofrecido
nada.
En el alegato,
el constructor
ha negado todos
los hechos
delictivos que
se le imputan y
ha afirmado que
la unión
temporal de
empresas (UTE)
Cespa-Ortiz se
hizo con la
adjudicación del
plan zonal de
residuos porque
"fue la oferta
mejor valorada
por todos los
técnicos desde
un principio",
según ha dicho
el letrado.
Ortiz ha querido
dejar claro que
no ha adquirido
la finca Las
Pistolas, al
parecer
propiedad del
también imputado
Ángel Fenoll y
donde se preveía
situar la planta
de tratamiento
de residuos.
Sobre el
supuesto
intermediario en
las operaciones,
el empresario
Rafael Gregory,
que compareció
ayer ante el
mismo juez, ha
indicado que
nunca le ha
pagado cantidad
alguna por
ningún asunto
relacionado con
el plan de
residuos de la
Vega Baja.
Según el abogado
de Ortiz, éste
ha explicado al
juez que desde
el momento en
que resultaron
adjudicatarios
del plan zonal
eran conscientes
de que la mayor
parte de los
municipios de la
comarca eran
"reacios" a
albergar la
planta de
tratamiento por
motivos
políticos o de
opinión pública.
Ha continuado
que, por este
motivo y para
facilitar a la
administración
la ubicación del
recinto, la UTE
ofreció posibles
lugares "en
distintos
sitios" de
manera que la
decisión fuera
"menos
problemática".
Ortiz, también
imputado en
otras ramas del
Brugal, como la
del Plan General
de Ordenación
Urbana (PGOU) de
Alicante, es el
cuarto imputado
en declarar en
la actual ronda
de
comparecencias
dictadas por el
juez de
Orihuela.
Sucede al
industrial
oriolano Ángel
Fenoll, el hijo
de éste, Antonio
Ángel, y el
supuesto
intermediario
Rafael Gregory,
todos los cuales
se acogieron a
su derecho a no
declarar hasta
que se resuelva
la posible
anulación de las
escuchas
policiales que
iniciaron el
caso.
Tras él,
comparecerá el
empresario Ángel
Luis Bracho (30
de noviembre),
el citado Ripoll
(1 de diciembre)
y cerrará la
ronda el
empresario José
Candel (el 5 de
ese mes).
En esta rama del Brugal, el juez San Martín investiga posibles irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios de distinto signo político situados al sur de la provincia.
A principios de julio de 2010, se detuvo a Ripoll, Ortiz y a nueve personas más en Orihuela, Alicante y Valencia, y se practicaron diversos registros, entre ellos en la casa y despacho del entonces presidente de la Diputación y aún líder provincial del PP.
http://www.levante-emv.com/comarcas/2011/11/08/ortiz-niega-ripoll-pidiera-pisos-o-dinero-basura/854974.html
MARTÍN ASEGURA QUE ORTIZ TENÍA EL PGOU ANTES DE SER PÚBLICO
Elena Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, aseguró ayer que el promotor Enrique Ortiz dispuso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de hacerse público. La dirigente socialista esgrimió esta tesis en una nueva entrega de la serie de preguntas que ha traslado, a través de los medios de comunición, a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, para que aclare el supuesto trato de favor al empresario en el trámite del planeamiento. Estos hechos son objeto de investigación en una de las ramas del caso Brugal. En la causa el fiscal acusa a Castedo de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información.
Una de las cinco preguntas que ayer formuló Martín a Castedo fue la siguiente: "¿Puede negar usted, señora alcaldesa, que Ortiz disponía de, al menos, un plano del nuevo PGOU antes de que fuera público, inmediatamente después de ser entregado por el señor Quesada, su redactor?". Según Martín, "es imposible" que Castedo pueda negarlo y para ello adjuntan pasajes de las escuchas recogidas en la causa.
En una de esas conversaciones intervenidas, Ortiz comenta a un empleado. "Escucha, si te pregunta alguien por si tienes el plano, sea quien sea, le dices que no. No se lo enseñes a nadie...". En otra escucha, el empresario responde a su interlocutor: "Me lo darán... me lo darán. Ya te lo daré", después de que un empleado le apuntara: "Del PGOU hay un trozo, el más importante. Pero falta un trozo que es el tema de Agua Amarga".
www.elpais.es 03.11.11
EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADAS A 7 PERSONAS MÁS
Son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de información privilegiada y/o de participación en cohecho
El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, donde se instruye la pieza del denominado 'caso Brugal' relativa a presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha acordado citar a declarar como imputadas a otras siete personas los próximos días 14 y 21 de noviembre.
El juez se refiere en su auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en el que se hacen constar una serie de supuestos delitos relacionados con el PGOU alicantino por información privilegiada y participación en delito de cohecho.
De este modo, el juez Manrique Tejada ha decidido llamar a declarar el 14 de noviembre a José Gregorio Bernabé Martínez y Ramón Salvador por el presunto delito de aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, así como a Aurelio González por la misma razón y, además, por supuesta participación en cohecho.
El resto de imputados --Vicente Pérez Cañas, Juan José Climent Ivars, José Francisco Javier León Barahona y Juan Zurita Marqués-- acudirán al juzgado el día 21. Todos ellos son considerados por el fiscal "supuestamente responsables" de aprovechamiento de secreto y, en el caso de Vicente Pérez, también de participación en cohecho.
www.levante-emv.com
01.11.11EL FISCAL DE BRUGAL PIDE UNA PRUEBA CALIGRÁFICA DEL HERMANO DE CASTEDO
El abogado declara que no hizo trabajos para Ortiz en el PGOU de Alicante
El abogado urbanista José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su socio el exedil socialista Javier Gutiérrez, declararon ayer ante el juez que no hicieron ningún trabajo para el promotor Enrique Ortiz vinculado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al término del interrogatorio, el fiscal Anticorrupción pidió al juez una prueba caligráfica de los urbanistas para cotejar anotaciones manuscritas supuestamente realizadas por éstos en documentos incluidos en el sumario.
El hermano de la alcaldesa de Alicante tilda de "infantil" el informe de la policía
Gutiérrez dice que su trabajo era "motivar" las alegaciones
José Luis Castedo compareció, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que instruye la rama del caso Brugal sobre un presunto amaño del planeamiento urbano en favor de los intereses del promotor Ortiz. Junto a José Luis Castedo, el magistrado también tomó declaración como imputado a su socio en el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez. El fiscal acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Castedo y Gutiérrez solo respondieron a las preguntas de sus abogados y rechazaron contestar al resto de las partes personadas, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PSPV y EU.
El fiscal Anticorrupción y la policía mantienen que Salvetti Abogados fue el puente del que se valió el promotor Ortiz para modificar el planeamiento en función de sus interes urbanísticos en la ciudad. La investigación también señala que desde el despacho canalizaron decenas de alegaciones que fueron estimadas y que les generó un beneficio de un millón de euros.
Al igual que su hermana, José Luis Castedo esgrimió la tesis del, en su opinión, "deficiente, erróneo e interpretativo" informe policial que implica a los dos abogados urbanistas en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final de la redacción del Plan General, entre marzo de 2008 y mayo de 2010. Castedo, según fuentes del caso, calificó así la investigación policial: "Es una infantilización que hace la policía de un proceso muy complejo".
El exedil socialista Javier Gutiérrez también negó que hubiera realizado ningún trabajo para Ortiz vinculado al PGOU de Alicante. En un momento de su declaración, según fuentes del caso, Gutiérrez llegó a asegurar que "jamás" ha trabajado "para un monopolista del suelo". Enrique Ortiz posee el 70% del suelo urbanizable en el término municipal de Alicante. Gutiérrez aseguró que el objeto social del despacho Salvetti Abogados era la gestión del suelo, "aunque de manera lícita".
Castedo y Gutiérrez sólo reconocieron una gestión para Enrique Ortiz, pero relacionada con un programa urbanístico en la población de Santa Pola. Por ese trabajo aseguraron que facturaron al empresario 60.000 euros.
Respecto a las alegaciones al Plan General que, según el informe policial, elaboró el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez señaló que no tenían la autonomía que la investigación les atribuye para plantear su estimación, sino que era un trabajo de mera asesoría, "su motivación jurídica". Según los abogados, la competencia para estimar las alegaciones era una cuestión exclusiva de los técnicos municipales y del equipo redactor del PGOU.
Por otro lado, Antonio Ángel Fenoll, hijo del industrial Ángel Fenoll, imitó ayer a su padre y se negó a declarar ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que instruye otra rama del caso Brugal sobre un supuesto soborno al presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja.
"Son las que son: 19 alegaciones y 11 clientes"
En su declaración ante el juez, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez se mostraron parcos. El grueso de su explicación para contrarrestar la acusación de la policía y el fiscal Anticorrupción en la trama del PGOU ya lo adelantaron, por escrito, la víspera de su comparencia ante el juez.
A largo de un extenso escrito (167 páginas) los abogados responden a las acusaciones y tesis del informe elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaria de Alicante tras el registro de su despacho (Salvetti Abogados). En el escrito hacen hincapié en que solo tramitaron 19 alegaciones para 11 clientes de las 3.834 presentadas al documento. "Son las que son y no hay más. Y resulta que realizar el 0,45% de las mismas supone una trama organizada para el investigador", señalan.
Castedo y Gutiérrez aseguran que el beneficio que obtuvieron por los trabajos relacionados con las alegaciones fue de 20.000 euros, el 2% de la facturación del despacho en 2009. La policía eleva esa cifra hasta el millón de euros. Según los abogados, la estimación de la policía es "errónea" porque atribuye todos los pagos de esos 11 clientes al concepto de elaboración de alegaciones. Según ellos, el grueso de las cantidades es por otros servicios ajenos a las alegaciones.
Igualmente niegan, como mantiene la policía a través de datos recabados en la Agencia Tributaria, que hubieran recibido dos pagos de Enrique Ortiz (uno de 90.000 euros y otro 69.600). Los abogados aseveran que la primera factura fue anulada y la segunda era "una mera proforma que jamás ha sido emitida".
Castedo y Gutiérrez rechazan imputación de la policía de que las personas al frente de la sociedad que realizan las alegaciones (la firma G&M Gestión del Suelo, propiedad de Gutiérrez) y las personas que las estiman "son las mismas". Gutiérrez asegura que nunca firmó un contrato con la empresa adjudicataria del PGOU, la mercantil Laboratorio de Proyectos, SL.
"No existe [el contrato] pues nunca se ha firmado", recoge el escrito. "El documento al que se refiere el investigador es un mero borrador de contrato que nunca fue suscrito por las partes", añade.
Y, por último, recalcan que sólo "informaban jurídicamente" las alegaciones pero no se pronunciaban sobre su estimación, competencia de los técnicos municipales y el equipo redactor del PGOU. "Gutiérrez no formaba parte de ese equipo sino que era un colaborador externo del mismo".
www.elpais.es 27.10.11
EL HERMANO DE CASTEDO ALEGA AL INFORME POLICIAL ANTES DE DECLARAR
El juez cita en vano al cabecilla del 'caso Brugal', el industrial Ángel Fenoll
Los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y el exedil socialista Javier Gutiérrez, presentaron ayer en el juzgado un escrito con sus alegaciones al informe policial que ha dado pie a su imputación en la supuesta trama que amañó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La iniciativa de Castedo y Gutiérrez se produce un día antes de que ambos tengan que comparecer, en calidad de imputados, ante el magistrado instructor de esta pieza separada del caso Brugal, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante.
El juez interroga hoy al familiar de la alcaldesa por la trama del PGOU
El informe de Castedo y Gutiérrez, según han confirmado fuentes oficiales del caso, ocupa 160 folios. En el escrito, los abogados intentan contrarrestar el informe de la policía tras el registro de bufete Salvetti Abogado, propiedad de Castedo y Gutiérrez. Los agentes califican este despacho como el puente de la supuesta trama corrupta vinculada al amaño del planeamiento, cuyo cabecilla sería Luis Díaz Alperi, exalcalde de la ciudad y actual diputado autonómico. El informe policial destaca que Salvetti Abogados pudo obtener un rédito de un millón de euros a base de tramitar con éxito decenas de alegaciones.
Por otra parte, el magistrado Manrique Tejada ha aceptado parcialmente un recurso presentado por José Luis Castedo y Javier Gutiérrez en el que pedían al magistrado que advirtiera a las partes personadas en la causa de que la divulgación de las diligencias del sumario a través de los medios de comunicación que puedan afectar al derecho a la intimidad y el honor se ajuste a lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Mientras, el empresario Ángel Fenoll, acusado en el sumario Brugal de ser uno de los cabecillas de la trama del negocio de la basura en La Vega Baja, se negó ayer a declarar ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín. La de ayer era la quinta vez que comparecía por su imputación en distintas piezas del sumario principal. El juez pretendía interrogarle sobre la adjudicación de la planta de residuos del plan zonal de La Vega Baja, en el que la policía sospecha que el empresario, junto con el promotor Enrique Ortiz ofreció supuestos sobornos, al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll.
A la salida del juzgado, Fenoll dijo: "Me he acogido a mi derecho a no declarar. No está claro que las escuchas sean legales". El empresario se refería así al auto del juez instructor del pasado mes de junio que anuló parcialmente las intervenciones policiales a los imputados, entre ellos el propio Fenoll, Ortiz y Ripoll. Esta resolución está recurrida por las partes y por el fiscal Anticorrupción. Junto a Fenoll, San Martín ha citado en esta nueva ronda de declaraciones al resto de imputados en esta pieza, entre ellos a Ripoll, que tendrá que comparecer el día 1 de diciembre, y el empresario Enrique Ortiz.
www.elpais.es 26.10.11
CASTEDO ANTE EL ESPEJO DE BRIONES
La regidora de Alicante lanza un serial para desmarcarse de la trama del PGOU
Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, del PP, ha optado por el contraataque. Sin esperar al veredicto del juez sobre su imputación o no, ha lanzado un serial con dos objetivos: el primero, de carácter personal, es defender su inocencia en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final del trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); y el segundo, de índole corporativa, busca refutar que el Ayuntamiento (con su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y una oficina paralela, el bufete del hermano de Castedo) engordara con información privilegiada sobre el futuro PGOU el negocio urbanístico del promotor Enrique Ortiz.
El fiscal la acusa de favorecer al empresario a cambio de regalos
Los informes dicen que diseñó planes urbanísticos a gusto del promotor
La alcaldesa omite la acusación de dar a Ortiz información privilegiada
Considera que la investigación policial es "errónea e interpretativa"
Ni corta ni perezosa y, quizás, espoleada por la presión añadida del último aldabonazo de la investigación policial con nuevas revelaciones sobre la supuesta implicación del despacho de su hermano José Luis Castedo en la trama, la alcaldesa se ha puesto ante el espejo del fiscal Anticorrupción Felipe Briones y los informes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante.
Castedo ha aportado documentos que, en su opinión, dejan claro que Ortiz no sacó tajada del PGOU. Esta afirmación contradice otra del empresario recogida en las escuchas del sumario del caso Brugal, en la que Ortiz cifraba el monto del pelotazo en 120 millones de euros por el método de acaparar suelo protegido para trasvasar los aprovechamientos a los futuros sectores urbanizables en los que tiene el control hegemónico.
La alcaldesa ha pasado de puntillas sobre el supuesto trasvase de datos privilegiados al empresario Ortiz, recogido en decenas de conversaciones entre ambos. Las escuchas desvelan comentarios tales como "te he apañado lo del APA-9 y lo del Rico Pérez", "tú mandas", o mensajes al redactor del PGOU, Jesús Quesada, para reunirse con Ortiz.
La estrategia de la regidora para defender ante la opinión pública su inocencia -todavía no es parte de la causa, al estar únicamente acusada por Briones y no haber sido citada a declarar por el juez- ha sido simple. En cuatro entregas a la prensa ha confrontado la acusación del fiscal y de la Policía con documentos del trámite del PGOU, en las dos fases de alegaciones y el plan provisional de mayo de 2010.
Fue la propia Castedo quien el 25 de octubre de 2010 se encargó de difundir el escrito inicial de acusación de la rama del caso Brugal que investiga el PGOU, en el que el fiscal Briones distribuyó en cuatro grandes bloques las presuntas ilegalidades cometidas por Castedo.
Información Privilegiada. Briones acusa a Castedo de facilitar información privilegiada a Ortiz sobre el trámite del PGOU. Este apartado recoge una "reunión velada" entre el promotor y la alcaldesa en la gerencia de Urbanismo, otra para entregarle un plano y una tercera para darle el plan general.
Diseño a medida. En el segundo bloque, el fiscal acusa a Castedo de "diseñar y resolver a la medida de Ortiz" aspectos relevantes del PGOU. Entre estas actuaciones, Briones resalta el "apaño" de los planes de Lomas de Garbinet, APA-9, PAU-3, el Estadio Rico Pérez y la recalificación de tres parcelas propiedad del promotor.
"Pacto velado". El tercer capítulo de la acusación del ministerio público versa monográficamente sobre el "pacto velado" entre la alcaldesa y Ortiz para reformar el Rico Pérez en beneficio del empresario.
Regalos. Briones enumera las supuestas dádivas a Castedo por parte de Ortiz, entre las que destacan el regalo de un Mini a una persona de confianza de Castedo, vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, y un viaje a Ibiza en el yate del promotor.
La alcaldesa comenzó el pasado día 7 a desplegar su contraataque. Cada informe facilitado presenta la misma estructura: escrito introductorio y documentos del trámite de las actuaciones urbanísticas bajo sospecha y su plasmación final en el PGOU provisional. El serial tiene un nexo en común, la descalificación de la investigación policial, que es "errónea, interpretativa y valorativa", según Castedo.
Edificabilidad del APA-9. La primera entrega de Castedo versó sobre el supuesto incremento de edificabilidad en el sector APA-9. La regidora aportó documentos que indican que el plan, aprobado en 1993, sufrió modificaciones en 2003, 2004 y 2008 "sin que en ningún caso se experimentara aumento de edificabilidad".
Menos viviendas. La segunda entrega de Castedo fue para rebatir otros supuestos traje a medida al promotor Ortiz, en este caso a cuenta de dar más edificabilidad al PAU-3. La regidora mantiene que lo que ocurrió fue algo diametralmente opuesto, es decir, que con las diferentes modificaciones hubo una reducción de la densidad en esa zona, de 50 a 30 viviendas por hectárea. La regidora aprovechó esta entrega para cuestionar el conocimiento de la norma urbanística por parte de los investigadores.
Actuación transparente. El tercer capítulo fue para desmontar el pacto velado con Ortiz para la reforma del estadio Rico Pérez. Para la regidora, hay un dato significativo: La calificación del estadio y sus aledaños es en el nuevo PGOU la misma que en el de 1987, es decir, deportiva. Negó ningún pacto con Ortiz y defendió la "transparencia" del intento frustrado por reformar el campo.
Apaño obligado. En la cuarta entrega, Castedo admitió por primera vez que había hablado con Ortiz de un "apaño". Según la alcaldesa, de nuevo se produjo una mala interpretación de la Policía. En su versión, el apaño era para comunicar a Ortiz que había solucionado la modificación propuesta por el Ministerio de Fomento en los planes de Lomas de Garbinet y APA-9.
En cuanto a los supuestos regalos recibidos de Ortiz, Castedo los ha negado todos, salvo el viaje en yate.
www.elpais.es 17.10.11
EL JUEZ VALIDA LAS ESCUCHAS POLICIALES DE LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES DEL PGOU DE ALICANTE
Un exdirectivo de Bancaja admite que se reunió con la alcaldesa y el bufete de su hermano durante el trámite del documento
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que instruye la rama del caso Brugal sobre un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha emitido un auto en el que valida las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en el caso.
El magistrado Manrique Tejada ha rechazado los recursos de las defensas que pedían la anulación de las escuchas por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los investigados. Según el auto, dictado el pasado 14 de octubre y comunicado a las partes ayer, el juez considera que no es el momento procesal oportuno para plantear este recurso. "El lógico e idóneo para declarar nulidades de diligencias de investigación acordadas por el juez instructor será cuando el hecho se está enjuiciando", afirma.
En esta sumario el fiscal acusa por las supuestas irregularidades en el plan general a 21 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor en el cargo y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El juez ya ha imputado a nueve de los acusados, entre ellos el promotor Enrique Ortiz.
La resolución de Tejada difiere de la dictada el pasado 14 de junio por el instructor general del sumario del caso Brugal, Carlos Sanmartín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que anuló parcialmente las intervenciones telefónicas. El auto de Sanmartín ha sido recurrido por la partes, incluido el fiscal anticorrupción, ante la Audiencia de Alicante.
Por otra parte, José Cortina, exdirector territorial de Bancaja, ha admitido esta mañana ante el juez Tejada que durante la tramitación del PGOU de Alicante mantuvo reuniones con la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP; su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y el despacho de abogados del hermano de la regidora. Cortina ha declarado como imputado por los supuestos delitos de información privilegiada y tráfico de influencias.
www.elpais.es 17.10.11
MARTÍN A CASTEDO: "¿POR QUÉ OCULTÓ SUS CITAS CON ORTIZ?"
Elena Martín, portavoz del PSPV en Ayuntamiento de Alicante, ha optado por la vía de la prensa para plantear a la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, una batería de preguntas sobre su implicación en la trama del supuesto amaño el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del promotor Enrique Ortiz.
La edil socialista asegura que la regidora favoreció al promotor
Las primeras cuestiones están relacionadas con la entrega de documentos del Plan General por parte de alcaldesa al empresario antes de la exposición pública del documento, según recoge el sumario de esta pieza separada del caso Brugal. Martín destacó el carácter secreto que Castedo otorgó a esas citas y trasladó esta pregunta a la regidora: "¿Cree usted que como concejal de Urbanismo se debía ocultar de los ciudadanos, o es que lo que iba darle al señor Ortiz [un plano] era secreto para el resto de los alicantinos?" Otras de las cuestiones que plantea Martín son estas: "¿Si el PGOU, en esta fase, no es público, cómo es posible que usted -como concejal de Urbanismo- le entregara un plano del mismo a Ortiz? ¿No es esto, señora Castedo, trabajar para los intereses particulares de un empresario en vez de trabajar para los intereses generales de la ciudad?" Martín señaló que ha acudido a esta vía ante la negativa de la regidora a crear una comisión de investigación sobre el PGOU, tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes Valencianas.
Por otro lado, Mireia Mollà, diputada autonómica de Compromís, señaló ayer que si "Castedo no parte de la causa [sumario del PGOU] es porque el PP se encargó de convertirla en aforada".
www.elpais.es 20.10.11
EL JUEZ CITA OTRA VEZ A RIPOLL POR EL POSIBLE SOBORNO DE LA BASURA
El magistrado de Brugal imputa al líder del PP de Alicante cinco delitos
El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, declarará por segunda vez ante el juez del caso Brugal que indaga un supuesto soborno por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, adjudicada en enero de 2008 por la Diputación. En esa fecha Ripoll ocupaba la presidencia de institución. El juez investiga un supuesto cohecho de dos pisos (o su equivalente en metálico, un millón de euros) a Ripoll por parte de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll a cambio de la contrata.
Ripoll, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, fue arrestado por esos supuestos hechos delictivos el 6 de julio de 2010. Un día después compareció ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que acordó su libertad con cargos por cinco delitos (cohecho, tráfico de Influencias, revelación de secretos, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios). San Martín ha citado a Ripoll para el próximo día 1 de diciembre.
Junto a Ripoll, la policía también arrestó a Fenoll, Ortiz, el empresario de la automoción Rafael Gregori, Ángel Luis Bracho Pacheco, gerente de la firma Sufi, José Candel Martínez, empleado de Ortiz, y Antonio Ángel Fenoll. Estos siete últimos también quedaron en libertad con cargos, al igual que el líder del PP e, igualmente, tendrán que comparecer por segunda vez ante el magistrado instructor a lo largo de las próximas semanas.
La nueva tanda de interrogatorios a detenidos e imputados en esta pieza del caso Brugal se produce a instancia del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, dado que cuando comparecieron por primera vez ante el juez el sumario era aún secreto.
Ripoll cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa. Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en La Vega Baja.
Un informe policial, realizado a instancias del instructor, concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros. "Podría considerarse que el origen de dicha cantidad, que constituye el incremento patrimonial no justificado, puede tener una relación directa con la adjudicación del plan zonal a la UTE Cespa-Ortiz y con la ubicación de la planta de gestión, que tienen como beneficiarios a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, respectivamente, a tenor, como se ha apuntado en informes anteriores, de una posible compensación de un millón de euros a través de Rafael Gregori, en pago a los servicios prestados a Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en relación al acuerdo de adjudicación", señala la policía.
San Martín ha citado a los imputados en el sumario del Plan Zonal cuando aún está pendiente un recurso sobre un auto suyo que anulaba parcialmente las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. El magistrado consideró nulos parte de los pinchazos realizados a Ripoll, Fenoll, Ortiz y Gregori. La decisión sobre la legalidad o no de las intervenciones está en manos de la Audiencia de Alicante.
Escuchas validadas
En contra del criterio del juez oriolano, el magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, que dirige la instrucción de la rama del
caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, sí ha validado las escuchas. Tejada observa, además, "indicios de delito" de tráfico de influencias en los hechos investigados.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo del PP, acusada por el fiscal en ese sumario, rechazó ayer que "esos posibles indicios de delito" que ve el juez recaigan sobre ella. "Claro que aprecia indicios de delito pero no especifica sobre quién", precisó. "El día que se acabe esto quiero que mi nombre quede limpio y no porque se anulen las escuchas, sino porque se demuestre que no ha habido nada", dijo.
www.elpais.es 19.10.11
EL BUFETE DEL HERMANO DE CASTEDO RECHAZA EL PELOTAZO DEL PGOU
Asegura que las plusvalías de los parques no están asignada a zonas concretas
El despacho Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del exedil socialista Javier Gutiérrez, rechaza el informe policial del caso Brugal que atribuye a Enrique Ortiz un pelotazo de 120 millones en virtud del supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Aducen que el informe policial omite la legislación urbanística vigente
Mantienen que Ortiz no tiene suelo protegido en la sierra de Fontcalent
Los abogados Castedo y Gutiérrez están imputados por el juez
La tesis de la policía es que Ortiz, valiéndose de información privilegiada, acaparó suelo en zonas declaradas parques naturales, especialmente Fontcalent y Agua Amarga, para luego trasvasar la edificabilidad, como contempla la ley, a áreas urbanizables, en concreto al sector Torres de la Huerta. En esa zona el promotor es el dueño hegemónico del suelo y el PGOU prevé 16.000 nuevas casas. Castedo y Gutiérrez consideran "erróneo" el informe policial primero porque la declaración de parques naturales viene determinada por ley y, segundo, porque el PGOU no asigna de antemano los aprovechamientos urbanísticos de suelo protegido a un sector urbanizable concreto.
Los argumentos con los que Castedo y Gutiérrez intentan rebatir la acusación policial están incluidos en un recurso presentado al instructor, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, el pasado 4 de julio. Antes de esa fecha, el 14 abril, la policía había registrado el bufete. El informe policial, tras el escrutado del disco duro de los ordenadores, abundó en la tesis inicial del pelotazo a costa de los parques. Los agentes califican este despacho con el puente de la supuesta trama corrupta vinculada al amaño del planeamiento, cuyo cabecilla sería Luis Díaz Alperi, exalcalde de la ciudad y actual diputado autonómico. Este segundo informe policial, hecho público el pasado 19 de septiembre, destaca que Salvetti Abogados pudo obtener un rédito de un millón de euros a base de tramitar con éxito decenas de alegaciones.
El mencionado recurso de Castedo y Gutiérrez comienza con un rechazo frontal a las imputaciones que la policía y el fiscal les atribuye en el trámite del PGOU de Alicante para favorecer a Ortiz. "Las referidas imputaciones, atendiendo a su contenido material, se fundamentan en interpretaciones subjetivas, que se realizan omitiendo la legislación vigente y el contenido real del Plan General tramitado y aprobado", dicen.
Los abogados resaltan que desde la primera exposición pública del PGOU (17 de octubre de 2008) hasta la segunda aprobación provisional del mismo (31 de mayo de 2010) el documento de planeamiento fue público y estaba colgado en la web del Consistorio, "y por ello todos los ciudadanos pueden conocer su contenido y opinar sobre el mismo".
El escrito de los abogados urbanistas hace hincapié en las cuatro supuestas actuaciones irregulares de la trama corrupta durante el trámite del PGOU: proyecto Ciudad de la Economía, Fontcalent, Saladar de Agua Amarga y Pla de Xirau.
Sobre el proyecto de la Ciudad de la Economía (en el perímetro de protección del humedal del Saladar de Agua Amarga), la policía sostiene que la reclasificación final de ese suelo como no urbanizable protegido se hizo a instancias de los intereses de Ortiz y, que, además, los aprovechamientos urbanísticos de ese parque se habían adscrito al sector de Torres de la Huerta.
El escrito de Salvetti Abogados considera que el suelo sobre el que se asentaba la propuesta de la Ciudad de la Economía "es, por imperativo legal, suelo no urbanizable protegido". Según los abogados, El Saladar de Agua Amarga y su perímetro de afección (500 metros) está considerado suelo no urbanizable desde el 10 de septiembre de 2002, según recoge el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.
Los urbanistas esgrimen este extremo legislativo para concluir que "es rotundamente incierto" que la declaración de esa zona como parque natural en el documento de planeamiento aprobado provisionalmente "sea como consecuencia de beneficiar a Enrique Ortiz o alguna de sus empresas, sino que obedece pura y simplemente al cumplimiento de las exigencias de la legislación vigente".
Los abogados consideran "errónea" la conclusión de la policían de adscribir el parque natural de Agua Amarga al sector de Torres de la Huerta. "No existe una adscripción concreta de un parque natural a un sector, sino que los parques se integran en áreas de reparto que, a su vez, contienen diversos sectores, por lo que la adscripción concreta a uno dependerá de la evolución de los mismos", argumentan los abogados.
En cuanto a la sierra de Fontcalent, los abogados niegan primero la mayor, es decir, que Ortiz tenga terrenos en la zona declarada parque natural. La policía sostiene que el promotor compró en esa zona 1,7 millones de metros cuadrados. El escrito de Castedo y Gutiérrez rechaza que el Ayuntamiento declarara esa zona como parque natural por indicación de Ortiz. "El motivo de su incorporación radica en la ingente cantidad de alegaciones que solicitaron su protección", señalan. Al igual que en el caso de la Ciudad de la Economía, los abogados consideran que la policía se equivoca al adscribir este parque al sector Torres de las Huerta, "ya que en el planeamiento aprobado provisionalmente en 2010 la sierra de Fontcalent sigue manteniéndose como parque natural, estableciéndose su no adscripción a ninguna de las áreas de reparto previstas en el Plan General".
Sobre El Saladar de Agua Amarga, el informe policial recoge que la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja, puso en marcha una operación para intentar adscribir 700.000 metros cuadrados de suelo protegido a Torres de la Huerta. La policía concluye que el empresario trató de cambiar los parámetros relacionados con los porcentajes adscritos al suelo urbanizable. "Y todo ello para poder pasar de un beneficio estimado de 11 o 12 millones de euros" a 120 millones de euros, dice el informe policial.
Los abogados mantienen que el suelo de Agua Amarga "ostenta por disposición legal la condición de parque natural dentro del Plan General", y que tampoco sus aprovechamientos urbanísticos están adscritos directamente a ningún sector concreto.
Castedo y Gutiérrez señalan que el coeficiente de ponderación fijado para este parque y el resto "responde a criterios de naturaleza técnica y legislativa y no se compadece con los intereses de Enrique Ortiz". Al Saladar, el PGOU otorga un coeficiente de 0,4%, según los abogados "contrario a los intereses de Ortiz, que pretendió eliminarlos o su reducción al 0,1%". El empresario presentó alegaciones en ese sentido que fueron rechazadas por el Ayuntamiento. "Si el eje de la actuación de Ortiz era el de influir en el PGOU para adquirir suelo de parques y se llega a afirmar que lo ha conseguido, ¿qué sentido tiene que a posteriori su objetivo sea eliminar los coeficientes que le dan valor a dichos suelos?", aducen los abogados, que esgrimen los mismos argumentos en el caso del sector del Pla de Xirau.
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados y el juez los interrogará el próximo día 26. La alcaldesa Sonia Castedo sigue en la misma situación judicial en este sumario: acusada por el fiscal.
www.elpais.es 05.10.11
CÓMO 'COLOCAR' A UN LÍDER CORRUPTO
El imputado Ripoll preside el Puerto de Alicante y el PP provincial
Puertos del
Estado reconoce
que la mayoría
de los
presidentes de
las 28
autoridades
portuarias
españolas son de
filiación
política
conocida,
incluso con
carné del
partido que
gobierna la
comunidad
autónoma que los
nombra. En
lugares como
Canarias hasta
se reparten los
puertos personas
afines a
Coalición
Canaria y el
PSOE como una
porción más del
pacto entre
ambos. De hecho,
desde que en
1996 Aznar y
Pujol firmaran
el llamado
pacto del
Majestic por
el que, entre
otras muchas
cosas, las
comunidades
autónomas
consiguieron la
gestión de los
puertos, ningún
ministro ha
puesto
objeciones a la
propuesta de
nombramiento
portuario. Pero
no hay
precedente
alguno de que el
presidente de un
puerto lo sea
también del
partido político
que lo propone,
y mucho menos de
que un imputado
por el juez por
la supuesta
comisión de
cinco delitos
haya accedido a
un cargo de tal
rango.
El Puerto de Alicante lleva varios años perdiendo dinero
Todo el mundo acudió a jalearlo en su toma de posesión
No hay precedente alguno de un presidente portuario y de partido a la vez
Ripoll esgrimió méritos y experiencia para ocupar el cargo
Es así como la semana pasada el recientemente nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, que también lo es del PP alicantino, pudo recibir a las puertas de la sede provincial a Alberto Fabra, presidente de la Generalitat y a la sazón del PP regional. Fabra inició la mañana del jueves pasado como jefe del Consell en La Vega Baja y la concluyó presidiendo una reunión del comité electoral de su partido en Alicante. Sin embargo, el viernes no acudió a la toma de posesión de Ripoll en la estación marítima de cruceros del puerto.
El presidente concedió más importancia a la normalización de las relaciones con el PP alicantino que a su presencia en un acto al que acudió la práctica totalidad de la sociedad civil alicantina, incluyendo al presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, reelegido para el cargo 48 horas antes, que se las tendrá que ver tarde o temprano con el caso Brugal, en el que está imputado Ripoll por su actuación durante su etapa de presidente de la Diputación.
En su discurso ante más de 200 personas, recordó sus dos periodos de ocho años en el Gobierno valenciano y la Diputación de Alicante para dejar claro al auditorio que impulsó la primera dirección general de Puertos de la Generalitat, la fundación Feports. También recordó su presencia durante siete años en el consejo de administración del Puerto de Alicante. Es decir, sus méritos para el cargo. "Un reto en el que voy a volcar todos los conocimientos y capacidad de gestión que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida política", dijo para intentar justificar que la Ley de Puertos del Estado, en vigor desde agosto de 2010, exige que el presidente sea designado "entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad". Contrariamente, la misma ley demanda que el consejo de administración nombre al director de cada puerto "entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria".
Ahora Ripoll se enfrenta a un desafío más propio de la empresa privada que de la gestión de organismos o instituciones públicas. Los puertos españoles no dependen de los presupuestos del Estado, que únicamente reflejan sus inversiones anuales. Tienen total autonomía de gestión en el día a día y se financian mediante las tasas que recaudan y los ingresos por las concesiones de su suelo, con lo que pagan a los empleados, mantienen las instalaciones y ejecutan las inversiones. De hecho, hasta que se modificó la Ley de Puertos el año pasado, el peso de la gestión recaía en el director del puerto. El cargo de presidente era casi testimonial, eso sí, bien retribuido. "Si el puerto funciona bien, da igual quién sea el presidente", aseguran en Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Fomento. Pero no es el caso de Alicante, cuyo puerto lleva varios años perdiendo dinero porque ha pasado de manejar 3,7 millones de toneladas en 2007 a 2,2 el año pasado, de 370.000 a 308.000 pasajeros y de 179.000 a 148.000 contenedores TEU en el mismo periodo.
La relación de cada Autoridad Portuaria con Fomento se limita a presentar en el segundo semestre de cada año en Madrid un plan de empresa para ese ejercicio y los tres siguientes, que deberán autofinanciarse. La propuesta se consensúa desde la lógica y entre ambos se decide su viabilidad. Lo cierto es que las inversiones en infraestructuras han caído en picado. Por la crisis, pero no solo. Puertos del Estado confirma que las grandes obras ya están finalizadas, excepto las de los puertos de La Coruña y La Granadilla, en Tenerife, aunque admite que "todos quieren tener muelles para todo y hacer de todo en su puerto".
Está por ver qué se deriva de la inédita doble condición de Ripoll los mismos días y a las mismas horas de presidente del PP y del puerto de Alicante. De momento, lo que sí ha conseguido Ripoll es que aparentemente nadie se acuerde en Alicante de las conversaciones telefónicas y los informes policiales que lo delataron como un supuesto corrupto y acuda todo el mundo a jalearlo el día de su toma de posesión. Ya ha colocado una primera hornada de gente de su confianza. Por supuesto, del PP.
www.elpais.es 03.09.11
UN PELOTAZO VERDE DE 120 MILLONES
Trasvasar edificabilidad de suelo protegido, plan de la trama del PGOU de Alicante
El supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante tenía un precio: 120 millones de euros. Esta cifra sería el beneficio de transferir la edificabilidad asignada a las zonas catalogadas en el planeamiento como parques naturales a otras áreas de la ciudad calificadas como urbanizables.
Ortiz pretendía conseguir más edificabilidad en Torres de la Huerta
Según los informes policiales recogidos en el sumario del caso Brugal que investiga las irregularidades en la tramitación del Plan General, Enrique Ortiz aspiraba a obtener más edificabilidad en el sector de Torres de la Huerta, donde era el propietario hegemónico de suelo a través de la empresa Deproinmed. Para ello diseñó un plan destinado a acaparar terreno no urbanizable en las partidas de Fontcalent y El Saladar de Aguamarga que luego debería ser incluido en el PGOU bajo la figura de parque natural.
El informe policial asegura que "Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene [Ortiz] en el Plan General". "Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 millones en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]", comentó Ortiz en una de las escuchas telefónicas recogidas en el sumario.
La operación de compra de suelo en Aguamarga también se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Y todo ello con la intención de adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados de suelo protegido de este humedal del sur de Alicante al plan parcial de Torres de la Huerta o La Condomina, donde el nuevo PGOU contempla la construcción de 16.000 viviendas.
La segunda zona donde Ortiz puso su punto de mira fue la sierra de Fontcalent. Allí, según la Policía, compró un total de 1,7 millones de metros cuadrados. Antes, intentó concretar sin éxito la misma operación en el polígono Las Atalayas. El promotor tanteó a través de intermediarios a algunos propietarios para comprarles suelo no urbanizable, como ya publicó este periódico el pasado mes de enero. Ante la negativa de los dueños, esta zona inicialmente catalogada como parque natural fue finalmente excluída en favor de Fontcalent.
La investigación policial concluye que Ortiz obtuvo información privilegiada del proceso de elaboración del PGOU, que supuestamente le habrían ido facilitando el exalcalde, Luis Díaz Alperi, y su sucesora, Sonia Castedo. La UDEF también cree probado que la supuesta trama corrupta utilizó al despacho Salvetti Abogados como puente entre el promotor y el Consistorio alicantino. Este bufete, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la regidora, y del exconcejal socialista Javier Gutiérrez comenzó a operar en diciembre de 2008, antes de la exposición pública del PGOU. Desde allí, Ortiz, por indicación de Alperi, habría gestionado el grueso de las operaciones para acaparar suelo en los parques naturales.
www.elpais.es 02.10.11
LA FISCALÍA INVESTIGARÁ SI LA TRAMA BRUGAL ESPIÓ A BRIONES
La junta de fiscales de Alicante analizará en su reunión del próximo día 4 el supuesto espionaje de la trama corrupta vinculada al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad al fiscal anticorrupción, Felipe Briones. El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, anunció ayer que, a su juicio, los hechos no son inicialmente constitutivos de delito.
Las últimas diligencias policiales de la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del PGOU apuntan a José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, como el muñidor de ese trabajo de espionaje. La policía halló sendos informes sobre supuestas actividades irregulares del fiscal Briones y del dirigente socialista Luna en los ordenadores intervenidos en el despacho de Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo y el exedil socialista Javier Gutiérrez. El primero incluye referencias a las actividades privadas del exregidor alicantino y el segundo, sobre la casa de Briones.
El juez que instruye esta causa desestimó incluir los informes en el sumario, por ser ajenos a la investigación.
www.elpais.es 02.10.11
HACIENDA EJECUTÓ A DÍAZ ALPERI UN AVAL DE 886.032 EUROS POR MOROSO
La Agencia Tributaria ha ejecutado un aval bancario por 886.032, 07 euros que Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, consignó para hacer frente a deudas pendientes con el erario público derivadas de su actividad privada. El exregidor ha declinado comentar cómo gestionó la garantía, si con sus bienes o través de terceros, y, caso de haber optado por esta segunda vía, si ha devuelto las cantidades a los supuestos avalistas.
Consignó la garantía bancaria en 2004 y el fisco la ejecutó en 2007
Alperi presentó el aval el 17 e mayo de 2005 para hacer frente a las deudas de la inmobiliaria Champka de Promociones SL., firma constituida en 1990 de la que llegó a ser vicepresidente antes de llegar a la alcaldía en 1995. Hacienda reclamó al exalcalde un total de de 592.303,70 euros por impagos del IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA.
El exalcalde inició el litigio para eludir los pagos en mayo de 2001 ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia. La batalla judicial de Alperi para evitar pagar concluyó el 26 de abril de 2007, cuando la sección 1ª de la sala tercera del Tribunal Supremo condenó finalmente al exalcalde a ingresar el dinero a Hacienda. El alto tribunal declaró la inadmisión del recurso de casación interpuesto por los abogados del entonces alcalde contra la sentencia de 23 de junio de 2005 de la sección 7ª de la Audiencia Nacional, que ya falló en contra de Alperi. El Supremo declaró firme la resolución de la Audiencia y le condenó a pagar las costas. La Agencia Tributaria ejecutó finalmente el aval el 11 de septiembre de 2007 por un importe total de 886.032,07 euros, esto es, la deuda inicial más 293.307,70 en concepto de intereses de demora. La comunicación oficial de la ejecución del aval iba notificada a nombre de Luis Díaz Alperi y dirigida a su domicilio particular.
El exalcalde ha eludido hacer comentarios a este periódico sobre el aval y la decisión final de Hacienda de ejecutarlo. "No tengo ninguna declaración que hacer", dijo secamente.
Su última declaración de bienes, en junio de 2011, declaró bienes no inmobiliarios por 510.000 euros y un pasivo de 210.000 euros. No declaró bienes inmuebles. Y en cuanto a su actividad privada, la declaración recoge que es consejero de Aguas de Alicante, de Emarsa, consejero general de la CAM y administrador de Andarx Bussiness SL.
La investigación del caso Brugal recoge que Alperi compró en abril de 2008 el 50% de la mercantil Andarx Bussines al promotor Antonio Solona. Al mes esta sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. Esta embarcación y un segundo yate que tambien tiene la empresa pasaron a manos de Alperi en febrero de 2010, cuando compró el 49% de las acciones restantes por 1.502 euros. Esta firma está embargada, según el Registro Mercantil.
Luis Díaz Alperi es, según el fiscal anticorrupción, uno de los ejes de la rama del caso Brugal que indaga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor del promotor Enrique Ortiz. El exregidor está acusado en el sumario por el fiscal, pero todavía no ha sido imputado, dada su condición de aforado.
www.elpais.es 02.10.11
EL PGOU DE ALICANTE SE ARREGLABA EN EL BUFETE DEL HERMANO DE CASTEDO
Todas las alegaciones tramitadas en el despacho fueron estimadas- El 90% de sus ingresos provinieron de las alegaciones al Plan General
Salvetti Abogados, despacho del que es socio el hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tuvo una actuación decisiva en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF) incluido en el caso Brugal revela el mecanismo a través del cual se solucionaban las alegaciones al plan presentadas por particulares.
El despacho cobró tres millones por redactar alegaciones al Plan General
El método para arreglar los problemas, según la UDEF, tuvo su origen en la adjudicación de una subcontrata por parte de la empresa adjudicataria de la redacción del plan a la sociedad G&M, de la que es administrador el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, quien, a su vez, es socio de José Luis Castedo en Salvetti Abogados. G&M era la responsable de evaluar las alegaciones. Según la policía, todas las presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" El informe de la UDEF concluye que existen "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas la propia alegación que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios".
El 90% de los ingresos de Salvetti Abogados entre los años 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula en más de tres millones de euros los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad del cobro en varios millones de euros".
La policía registró el despacho del hermano de la alcaldesa hace cinco meses y los documentos encontrados en sus ordenadores son la base de este nuevo informe.El completo informe, de más de 350 páginas y 47 anexos con documentos que incluyen facturas, planos, y grabaciones, establece una relación directa entre la firma Salvetti Abogados, que elaboraba las alegaciones de los afectados por el PGOU, y G&M Gestión del Suelo, la empresa que se encargaba de su aprobación, hasta concluir una "comunión de intereses entre ambos". La policía apunta algunos datos llamativos, como que G&M comparte domicilio en la calle de Castaños de Alicante con Salvetti Abogados, aunque su representante, Javier Gutiérrez, la inscribió con domicilio en la avenida de Maisonnave de la ciudad.
La brigada policial reconoce que es "una constante" a lo largo de la documentación intervenida encontrar papel corporativo y carpetas con el logotipo de G&M y el domicilio social de Salvetti. Por eso, concluye que "queda plasmada la labor de asesoramiento" que realiza José Luis Castedo para esta sociedad, subcontratada por Laboratorios y Proyectos, de Jesús Quesada, redactor del Plan General.
Aunque no aparece relación fiscal directa del hermano de la alcaldesa con G&M, la investigación descubrió la dirección joseluiscastedo@gmurbanismo.com y mucha más información confiscada en el registro que "corrobora la vinculación inequívoca" con Gutiérrez. Además, recuerda que Castedo se incorporó en 2004 como técnico a la Consejería de Territorio, prestando servicios jurídicos en la delegación territorial de Alicante y actuando como vocal de la comisión informativa de Urbanismo hasta el año 2008.
La policía también destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa empezó a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses después de que la regidora accediera al cargo tras la dimisión del exalcalde Luis Díaz Alperi. Y es llamativo que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueran "aceptadas o estimadas parcialmente" en los puntos que más favorecían a las pretensiones solicitadas por la sociedad G&M, ya que "las personas al frente de la sociedad que realiza las alegaciones y las que realizan las estimaciones son las mismas", concluye el informe.
El monto que percibió el despacho Salvetti por confeccionar las alegaciones de 11 clientes podría alcanzar los tres millones de euros entre 2008 y 2009. La relación de las mismas documenta la facturación cruzada entre el bufete y sus clientes o la existencia de contratos de prestación de servicios y descubre que se aprobaron alegaciones en diferentes planes o zonas de desarrollo de la ciudad.
En Pla Xirau, Salvetti cobró 100.000 euros por conseguir la calificación como urbanizable de dicho sector. La policía encontró un boceto de contrato por 1.115.000 euros con Gestión de Puertos Deportivos, SA, por un proyecto modificado de ejecución de la construcción de un puerto deportivo en Puertoamor tras haber confeccionado y conseguido que se estimara una alegación de la mercantil.
Otra empresa, Inmobiliaria Jiménez de Laiglesia, SL, abonó 65.036,56 euros por la "confección y estimación" de varias alegaciones en el sector La Condomina. Fincorp Mediación pagó 116.000 euros por una serie de alegaciones, también aceptadas en el LIC de Tabarca. A Enrique Ortiz le facturaron 90.480 euros por mediar en Fontcalent a favor del promotor alicantino. Y en esa misma zona la policía tiene constancia de la facturación de al menos 232.000 euros de los 800.000 que Salvettí firmó en un contrato de prestación de servicios para la empresa Terras de l'Horta. Y hasta les pagó 250.000 euros Nau, SL, una empresa de Bancaja, como provisión de fondos por un contrato de arrendamiento de servicios.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el 14 de abril de este año el despacho Salvetti Abogados Consultores SL, en el marco de las investigaciones del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción solicitó la imputación de ambos socios por mediar a favor de Ortiz en la resolución de alegaciones a la ordenación urbanística de la ciudad. El despacho, según el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz.
Alegaciones redactadas por Salvetti y estimadas por G&M
- Pla Xirau. Salvetti Abogados cobró 100.000 euros más IVA a dos sociedades vinculadas a imagen Valenciana.
- Puertoamor. La policía encontró un boceto de contrato de arrendamiento de Gestión de Puertos Deportivos, SA, que preveía el pago de 1.115.000 euros.
- El Bosqueto. Inmobiliaria Jiménez de Laiglesia, SL pagó 65.036,56 euros por una alegación en La Condomina.
- Sra. Rodríguez Montagut. Facturó 1.044 euros por una alegación desestimada.
- Dianium. Salvetti facturó 4.060 euros por una serie de alegaciones.
- Tabarca. 116.000 euros en 2008 y 66.829 en 2009 pagó Fincorp Mediación por alegaciones aceptadas en la isla de Tabarca.
- Finca San Gabriel. Por una alegación estimada cobró 1.740 euros.
- Finca Urbanova. Pedro Agulló, en representación de Bahia Gold Beach, pagó 1.450 euros por una alegación.
- El Palamó. Jesús Castelo, en representación de Nyza, pagó 3.480 euros por dos alegaciones.
- Antonio Solana. Pagó 9.416 euros por una alegación a través de la sociedad Aqrabol.
- Grupo Ortiz. 90.480 euros, más otros 69.600 en factura proforma detectada.
- Bancaja. Contrato de arrendamiento de servicios por 200.000 euros como provisión de fondos.
- Fontcalent. 1.160.309 euros en diferentes facturas y conceptos.
www.elpais.es 20.09.11
RIPOLL DECLARA 360.119 EUROS EN BIENES PERO DEBE 312.594
El expresidente de la Diputación de Alicante y desde el pasado viernes nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, tiene activos en bienes inmuebles por un valor catastral de 311.702 euros y otros bienes declarados por importe de 48.417 euros. En total, su patrimonio se cifra en 360.119 euros, pero también declara tener deudas por un importe de 312.594. Son cifras que refleja el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante referidas a la declaración de actividades y bienes con motivo de la finalización del anterior mandato. Ripoll declaró su pertenencia a los consejos de administración de cinco sociedades públicas y la comunidad de bienes creada para gestionar una herencia familiar, Hermanos Ripoll, investigada por la policía en el marco de las diligencias seguidas en el juzgado número 3 de Orihuela por el caso Brugal.
Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, declaró entre inmuebles y otros bienes un patrimonio de 95.944 euros, aunque cifra su deuda en 223.759, más del doble. El edil que más patrimonio declaró es Miguel Valor, responsable de Cultura en el Ayuntamiento. Por bienes inmuebles declara un patrimonio de 499.179 euros de valor catastral y otros bienes por 340.205. Además, no tiene deudas.
Imputado irrelevante
También ayer, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, defendió en Valencia la capacidad y la experiencia de José Joaquín Ripoll para asumir la presidencia del Puerto de Alicante y admitió sin rubor que su imputación por cinco delitos en el caso Brugal no es "irrelevante".
Fabra hizo estas declaraciones en Valencia antes de participar en un almuerzo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) tras ser preguntado sobre la conveniencia de que el Consell haya colocado a un imputado al frente de la entidad portuaria alicantina. "Creo que el que a una persona se la vea por su situación judicial no es lo relevante", dijo. "Lo importante es si ha demostrado públicamente en los puestos que ha ostentado si está preparado para poder llevar a cabo esta responsabilidad", algo que en este caso está "demostrado".
Fabra defendió el derecho de Ripoll a luchar "por demostrar su inocencia", dado que mientras la Justicia no diga que es culpable su trayectoria le hace apto para asumir el mando del Puerto de Alicante.
www.elpais.es 13.09.11
CASTEDO MANTENDRÁ EL PGOU PESE A SUS IRREGULARIDADES
Ni las sospechas que se ciernen sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, un asunto que se investiga en el juzgado como ramificación del caso Brugal y que de momento tiene siete imputados, ni el contundente informe de Fomento sobre el PGOU, preceptivo y vinculante, que no admite la implantación de Ikea en el Plan Rabassa y obliga a modificar hasta una docena de planes parciales lindantes con carreteras nacionales, han conseguido allanar al Gobierno de la ciudad, que ayer rechazó una propuesta del Grupo Socialista para retrotraerlo hasta la fase anterior a la exposición pública y volverlo a redactar a través de la creación de una comisión municipal específica.
El PP también evitó que un edil diera explicaciones de las obras del Plan E
Todo lo contrario. El PP se opuso y su portavoz municipal y edil de Urbanismo, Marta García Romeu, adelantó: "Vamos a impulsarlo y continuar con el proceso por interés general". El documento ha sido informado por las diferentes Administraciones implicadas y está a expensas de su aprobación definitiva por la Consejería de Urbanismo, que lo devolverá al Consistorio para que le subsane las deficiencias que son de obligada observación.
Para Romeu, "recibir informes desfavorables es normal y habitual y ahora lo que toca es contestarlos" antes de que vuelva a ser expuesto al público por tercera vez.
El proponente de la comisión, el concejal socialista Pablo Rosser, la justificó en que "o se modifica y rectifica o [el PGOU] no se podrá aprobar". Además, "esperar la resolución judicial
es dejar años sin plan general a la ciudad". Por eso pide "revisarlo de oficio" y que la consecuencia sea la aprobación final de "un documento limpio y transparente, de todos y para todos". Rosser también apeló a que la investigación judicial abierta "crea inseguridad jurídica en los particulares", puesto que "no saben qué va a ocurrir" con el plan en el futuro.
Esquerra Unida quiere empezar desde cero, porque han pasado más de 12 años desde que se inició la tramitación del plan y lo considera "un documento fallido y muerto". Además, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, solicita la paralización del procedimiento en marcha porque "hay sospechas de beneficiarios particulares y lo lógico sería suspender la tramitación hasta que finalice la investigación".
Romeu contestó que "el PGOU no va a dejarse llevar por intereses políticos y partidistas". Y recordó que ya "ha tenido dos exposiciones públicas", tiempo suficiente para "conocerlo y realizar alegaciones, planteamientos y enmiendas". La conclusión de la portavoz popular fue que el documento ha sido "fruto de un proceso transparente y abierto al público".
El PP también rechazó otra petición del PSPV para que el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, compareciera a explicar las supuestas irregularidades que está investigando el juzgado en relación con las adjudicaciones del segundo Plan E del Gobierno. Este caso motivó la detención y posterior puesta en libertad de dos empresarios y un funcionario del Consistorio alicantino, aunque el asunto continúa bajo secreto de sumario.
El concejal socialista Gabriel Moreno acusó a Llorens de ser el responsable, aunque sea por omisión, porque "todos los expedientes llevan su firma". Pero el gobernante del PP se defendió con el argumento de que el proceso es político, dado que tiene su origen en una denuncia de la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal a la Fiscalía Anticorrupción.
Llorens añadió que la documentación solicitada por el juez se remitió "inmediatamente" y que fue revisada por la concejalía "sin que se encontraran irregularidades". Pavón asertó que "no es normal que la policía nacional detenga a un funcionario y dos responsables de empresas con los que podría haber llegado a acuerdos prohibidos" y anunció la petición de que se cree una comisión de investigación sobre la materia.
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23.07.11DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO BRUGAL' SE NIEGAN A DECLARAR
El fiscal los acusa en relación con el PGOU de Alicante
Bernardo Campos, empresario del sector inmobiliario y amigo del exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, admitió ayer ante el juez que intentó hacer negocios [compra de suelo] durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, pero que descartó la operación "porque no era viable". En el mismo sentido se expresó el abogado Jorge Yacobi, supuesto representante de un grupo de inversores armenios interesados en comprar terreno en la ciudad de Alicante. Campos y Yacobi comparecieron ayer, en calidad de imputados, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que dirige la investigación de la pieza del caso Brugal sobre un presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz durante la tramitación del plan general urbano de Alicante.
Ni el letrado ni el empresario accedieron a responder a las preguntas de las partes, incluido el fiscal anticorrupción. Ambos imputados se limitaron a hacer un alegato ante el magistrado en el que únicamente admitieron el intento de realizar operaciones de compra de terreno en la zona de la Condomina, donde el PGOU prevé la mayor concentración de suelo urbanizable. Los dos rechazaron tener información privilegiada sobre el desarrollo del planeamiento. En concreto, el abogado Yacobi señaló que en su "vida" había visto "a un armenio".
El fiscal anticorrupción acusa a ambos de un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el ministerio público y de acuerdo con las escuchas telefónicas, Campos intentó comprar suelo en el área de La Condomina porque tenía información privilegiada sobre la futura recalificación del terreno. Sobre el letrado Yacobi, el fiscal mantiene que representaba los intereses de un grupo inversor armenio para comprar suelo en esa zona, en función de la información que el exalcalde Luis Díaz Alperi proporcionaba al empresario Enrique Ortiz.
En este sumario hay ya siete imputados, entre ellos Ortiz, su mujer y el redactor del PGOU. Alperi y la alcaldesa, Sonia Castedo, están acusados por el fiscal.
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29.07.11EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL' SEGUIRÁ EN ORIHUELA
Fenoll se niega a declarar por la financiación del PP
El juez del caso Brugal en Orihuela, Carlos San Martín, tendrá que continuar con la instrucción del sumario de una causa que lleva cuatro años siendo investigada y que ha dado lugar a diversas ramificaciones. San Martín había solicitado el traslado del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, del que es titular desde hace poco más de un año y medio, en el concurso para cubrir cinco vacantes de la provincia de Alicante que convocó el Consejo General del Poder Judicial la pasada primavera. Finalmente, no ha conseguido la plaza a la que optaba para vincularse al juzgado de lo penal número 6 de la capital alicantina y deberá seguir en su puesto.
San Martín llegó al juzgado cuando el caso estaba a punto de estallar definitivamente en diferentes piezas separadas que afectaban a otras demarcaciones territoriales. Tras haber derivado la investigación de la referida a la tramitación del Plan General de Alicante al juzgado de instrucción número 5 de la capital y el que afecta a la planta de basura de Calp al número 1 de Dénia, San Martín instruye en estos momentos la parte del caso que investiga las supuestas irregularidades en la concesión del vertedero del plan zonal de residuos de La Vega Baja, en la que se encuentran imputados, entre otros, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
Precisamente por la investigación de otra de las ramificaciones del caso que lleva el mismo magistrado, Fenoll estaba citado a declara ayer. Sobre él recae la acusación de haber financiado la campaña electoral del PP para los comicios municipales de 2007 en cinco localidades de La Vega Baja, a saber, Rafal, Jacarilla, Algorfa, Bigastro y Pilar de la Horadada. Entonces, las tres primeras estaban gobernadas por los populares y Fenoll tenía la concesión de la recogida de basura y las otras dos por el PSPV, donde otra empresa era tenedora de la misma contrata.
Según el informe policial que sirvió de acusación, Fenoll pagó a alcaldes y concejales del PP entre 3.000 y 9.000 en los días previos a la cita electoral. Pero en su comparecencia de ayer, el empresario se acogió a su derecho a no declarar.
26.07.11ORTIZ GARANTIZÓ LA RECALIFICACIÓN DE SUELOS A LA CAM EN UNA OPERACIÓN
Un exdirectivo de la caja, imputado en Brugal, admite al juez el hecho
Daniel Gil, exdirector General de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM), admitió ayer ante el juez una empresa de la caja y otra firma del promotor Enrique Ortiz compraron suelo rústico en el paraje de Agua Amarga con la expectativa de su posterior recalificación. El ejecutivo de la caja declaró, en calidad de imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante. Este magistrado dirige la instrucción de la pieza del sumario del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.
El directivo de la CAM declaró ante el juez por espacio de una hora. Según los letrados de la acusación popular, EU y PSPV, Gil se negó a responder a las preguntas de estas partes y eludió las del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, vinculadas con las escuchas. Sobre este punto el acusado respondió l que "no recordaba absolutamente nada".
Gil se ciñó así al guión del resto de imputados que evitan responder a cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas hasta que la Audiencia no se pronuncie sobre su legalidad. Las defensas han adoptado esta estrategia a raíz de la decisión del instructor general del sumario, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela de anular algunas de las escuchas.
Los abogados de las acusaciones populares señalaron que El directivo de la CAM admitió ante el juez una operación de compra de suelo de la entidad con Ortiz, en concreto unos 200.000 metros cuadrados en la zona de Agua Amarga. El directivo, según esas parte, "Señaló que la compra se realizó con miras a la reclasificación del suelo, pero que ese extremo lo dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa de Ortiz".
El imputado, en cambio, rechazó disponer de información privilegiada sobre el PGOU de Alicante y también si Ortiz disponía de datos secretos facilitados por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, o la concejal de Urbanismo y ahora regidora, Sonia Castedo.
En su escrito de acusación inicial, el fiscal acusa a Daniel Gil de disponer de información privilegiada del PGOU y en concreto sobre el proyecto denominado Ciudad de la Economía planteado en la zona Agua Amarga. Briones basa su acusación en las conversaciones, recogidas en las escuchas, entre Gil y Ortiz, en el que refieren al proyecto de la Ciudad de la Economía como "un traje a medida" para la CAM. En otro pasaje de las escuchas, Ortiz comunica al directivo de la caja que una reunión con Castedo, la regidora dio "apoyo total" al proyecto.
Según el fiscal, la operación de compra de suelo se formalizó con una trama de tres empresas: la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones S. L., propiedad de la CAM y en cuyos órganos de administración se encontraba Gil, Camservi Obras y Servicios, propiedad de Ortiz; Dreamview, cuyos máximos accionistas son las dos primeras sociedades.
Los interrogatorios a los imputados en esta trama del PGOU de Alicante proseguirán el próximo jueves, día 28, con la declaración de un abogado y el empresario Bernardo Campos, amigo de Alperi. El juez ha interrogado como imputados al redactor del PGOU, Jesús Quesada, el empresario Ortiz y a su mujer. Castedo y Alperi aún no han sido imputados, aunque sí están acusados de supuesto cohecho por parte del fiscal.
www.elpais.es 22.07.11
UN AÑO QUE CAMBIÓ ALICANTE
El 'caso Brugal' destapó la impúdica connivencia de políticos y empresarios
Hace un año, en la madrugada del 6 de julio de 2010 esperaban, en pijama pero ya desperezados, en su chalé de Alicante a la policía. Los inquilinos de la lujosa vivienda eran el histórico líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y su mujer Margarita de La Vega. Y los agentes, la Brigada de Blanqueo de Capitales, que se disponían a desarrollar la segunda fase del caso Brugal. Este sumario se incoó tres años antes en pos de la estela de una trama de corrupción gestada a la sombra del negocio de la basura y el urbanismo en Alicante.
En las piezas del urbanismo y la basura hay ya 36 imputados
El futuro del caso depende de si la Audiencia valida o no las escuchas
El escándalo que ha aflorado tras levantarse el secreto del voluminoso sumario (40.000 folios) ha tambaleado los cimientos del partido hegemónico en Alicante en los tres últimos lustros, el PP, y ha dejado al descubierto las ilícitas prácticas de sus dos empresarios de cabecera: el promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. Ambos controlan decenas de contratas adjudicadas por instituciones gobernadas por el PP.
La investigación sostiene que Ortiz y Fenoll han coronado sus imperios económicos a base de sobornar a los cargos del PP, bien en especies (las diligencias incluyen un torrente de regalos, desde lujosos relojes hasta viajes en jet privados) o en metálico. Ortiz optaba por los regalos; y Fenoll, por la entrega de sobres repletos de billetes.
El sumario ha puesto al descubierto la connivencia entre los empresarios y la clase política. "Tú mandas", comenta en una de las escuchas de la causa la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al promotor Ortiz; O, "¿Qué pisos quieres?", pregunta el intermediario clave de la trama, Rafael Gregori, a Ripoll.
El 6 de julio de 2010, la policía arrestó a 11 personas, incluidos Ripoll, Ortiz y Fenoll. Éste y su clan empresarial (seis personas más), ya habían sido detenidos en mayo de 2007 en la primera fase policial de Brugal.
La génesis de este escándalo está en una insólita iniciativa de Fenoll. En marzo de 2006, el industrial puso en manos del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, un DVD que contenía un supuesto soborno por la basura de Orihuela. La grabación fue el hilo del que tiró Briones para desentrañar la que, cuatro años más tarde, se reveló como una gran madeja corrupta.
Con motivo del primer arresto de Fenoll, la policía se incautó en su empresa de centenares de grabaciones que delataban las prácticas del empresario. Fenoll, con ayuda de un detective, grababa todos los encuentros con políticos e intermediarios en los que amañaba contratas.
La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 de Orihuela, completó las pruebas a base de escuchas telefónicas, entre marzo de 2007 y junio de 2010. El objetivo inicial de las intervenciones era el soborno de la basura de Orihuela. Pero las escuchas ofrecieron una montaña de réditos a la fiscalía y al juzgado. La trama no sólo pugnaba por ese contrato, sino también por el de la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja, y otra decena de contratas en diversos municipios alicantinos.
Las escuchas destaparon que no sólo era la basura el objeto de deseo de los supuestos corruptos. El urbanismo estaba también en su punto de mira. En este apartado, destaca el supuesto trato de favor por parte de la alcaldesa de Alicante y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Tras los arrestos de julio de 2010, el instructor general en la recta final de la investigación, Carlos San Martín, imputó a 18 personas por dos de las piezas centrales de la investigación (la basura de Orihuela y el Plan Zonal), entre ellos, Ripoll, Ortiz y Fenoll. Al primero, el juez le atribuye cinco delitos. El más destacado es un supuesto soborno de dos pisos o su equivalente en metálico -un millón de euros- por el plan zonal. La policía sostiene que Ripoll generó 1,3 millones de euros sin justificar tras adjudicar la contrata. San Martín se inhibió del resto de las piezas. La causa del PGOU de Alicante recayó en el juzgado número 5 de la capital. Su titular ha imputado a siete de los 21 acusados por el fiscal.
En este primer año desde que trascendió el contenido del sumario de caso Brugal la instrucción ha estado mediatizada por el aluvión de recursos de las defensas, con el objetivo de tumbar las escuchas. El instructor les ha abierto la puerta al anular parte de las intervenciones. El futuro del caso está ahora en manos de la Audiencia de Alicante que tendrá que validar o revocar el sorpresivo auto del juez.
Síntesis del 'caso Brugal'
- ¿Qué es el caso Brugal? Una investigación judicial sobre una supuesta trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en la provincia de Alicante.
- Origen de la Investigación. La investigación comenzó en marzo de 2006 a raíz de la denuncia de supuesto soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela por parte de Fenoll. Este entregó, en persona, un DVD que recogía el supuesto soborno (de la firma Urbaser a concejales de Orihuela, unos 200 millones de las antiguas pesetas) al fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. La investigación judicial la ha dirigido el juzgado número 3 de Orihuela.
- ¿Qué hechos delictivos investiga? La causa general se abrió por cohecho, tráfico de influencias y fraude. El sumario tiene tres piezas centrales y una veintena de ramificaciones. La primera indaga un supuesto cohecho por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja, adjudicada por la Diputación de Alicante, que preside José Joaquin Ripoll. El juez sostiene que Ripoll adjudicó la contrata a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte del promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. La segunda, indaga otro soborno a ediles del PP de Orihuela por la basura de Orihuela. Y la tercera, cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información en el trámite del Plan General de Alicante
- Imputados. Entre imputados, acusados e implicados el caso Brugal afecta a más de dos centenares de personas. Por el plan zonal hay 18 imputados. El de mayor calado es el líder de PP de Alicante a quien el magistrado atribuye cinco delitos, entre ellos, los de cohecho y tráfico de influencias. Junto a Ripoll, el juez también ha imputado a los tres ediles del PP Oriolano. También están imputados Ortiz y Fenoll y otro tercer empresario del sector de la automoción de Alicante, Rafael Gregori. Por el Plan General de Alicante hay ya siete imputados, entre ellos, el redactor del PGOU, Ortiz y su mujer. El fiscal acusa a otras 14 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, del PP, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi. En otra pieza separada que investiga un soborno por la basura de Calp hay 11 imputados.
- Muñidores. La policía y el fiscal sostienen que en la trama de la basura (contrata de Orihuela y plan zonal) los cabecillas son Ripoll, Fenoll y Ortiz. Y en el caso del PGOU de Alicante, el exalcalde Alperi, Ortiz y Castedo.
- Dádivas. El modo de operar de los dos empresarios de la trama para ganarse los favores de los políticos era a base de entregas de dinero en metálico o colmándolos de lujosos regalos. La lista en este segundo apartado es kilométrica, y destaca el viaje a Creta de Alperi y una concejal del PP de Alicante en un jet de la familia del exconsejero Cotino, por 40.000 euros.
www.elpais.es 10.07.11
UN CONCEJAL DEL PP DE CALP ACUMULÓ 2,7 MILLONES TRAS ADJUDICAR LA BASURA
La policía vincula el patrimonio de Roselló a comisiones de la trama Brugal
El exedil del PP de Calp Juan Roselló inició una enfebrecida carrera por conseguir atesorar patrimonio inmobiliario tras serle adjudicado el contrato de recogida de la basura del municipio a la empresa Colsur, propiedad de Ángel Fenoll, el 24 de febrero de 1998.
El informe policial de esta pieza separada del caso Brugal sostiene que Fenoll pagó 600.000 euros a concejales y técnicos del Consistorio calpino, dinero que habría percibido mayoritariamente Roselló a través de su cuñado Francisco Artacho, quien ejerció de intermediario y comisionista.
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía está llevando a cabo un análisis patrimonial de los principales implicados en una trama donde están imputados el exalcalde Javier Morató, otros tres exconcejales populares, Fenoll y su hijo, dos técnicos municipales, el matrimonio propietario del suelo donde se construyó una planta de basura y Francisco Artacho.
El sumario que investiga esta trama político-empresarial en Calp contiene una exhaustiva relación de los bienes adquiridos por Roselló. Entre 1998 y 2008, él, su mujer, Amparo Femenía, o alguna de las dos empresas que tenían, hicieron 13 operaciones de compra en las que invirtieron 2,7 millones de euros, de los que 920.000 fueron pagados en metálico y 1,82 millones más a través de 10 préstamos hipotecarios, la mayoría a 20 años.
Lo más llamativo del recuento patrimonial familiar de Roselló es que entre febrero de 2000 y junio de 2006 adquirió cuatro adosados, una finca rústica y otra con un chalé de tres plantas por los que pagaron casi un millón de euros, de los que 780.000 fueron entregados en metálico y el resto con un préstamo hipotecario. Un pago de 312.526 euros se hizo en efectivo, "no acreditando ante el notario el cumplimiento de la declaración de este movimiento de capital".
El informe policial especifica que Roselló compró en junio de 2002 una finca con chalé de tres plantas por 631.062,71 euros, pagados una mitad en metálico y la otra con dos pagarés del mismo importe. Sin embargo, la escritura de esta adquisición no se elevó a pública hasta el 11 de marzo de 2010, casi ocho años después y, además, intervino su mujer en nombre del comprador y del vendedor de la finca. La compra la hicieron a nombre de la empresa Viajes Romar, SL, constituida por el exconcejal en 1986. Esta mercantil recibió subvenciones de la Consejería de Turismo en los años 2009, 2010 y 2011 por un importe total de 18.356 euros.
Roselló y su mujer también compraron seis coches en los 12 últimos años, el último en octubre de 2010 a nombre de Viajes Romar. Esta no fue la única mercantil con la que operaron. En noviembre de 2004 compraron la empresa dormida Explain Inmuebles, SL, con la que adquirieron una finca de 2.541 metros con chalé por 180.000 euros para luego segregar una parte con autorización del concejal de Urbanismo.
Al margen de Roselló, el informe policial señala, entre los beneficiados por las comisiones que el industrial Ángel Fenoll ofreció a cambio de la contrata de la basura, a tres excargos del PP local y dos técnicos municipales. La policía llega a esta conclusión sobre la base de las grabaciones incautadas a Fenoll con motivo de su arresto a finales de mayo de 2007. Esas grabaciones recogen, en su mayoría, conversaciones entre Fenoll y el intermediario de la trama, el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil Roselló, pero con una única salvedad. En una de las grabaciones hay una conversación directa entre el empresario y el exconcejal Fernando Penella, responsable del área de Hacienda en la época en la que operó la trama.
En la conversación, según la policía, Penella y Fenoll hablan sobre las deudas que el Ayuntamiento tiene con el empresario y la manera de cobrarlas por parte de este, "que incluirían diversos pagos de comisiones -en este caso de 30.000 euros- incluyendo para esta práctica la cooperación necesaria de los técnicos de pesaje como se ha visto el proceder en otras exposiciones de esta misma trama", puntualiza la diligencia policial.
Uno de los pasajes de la aludida conversación entre el exconcejal Fernando Penella y el empresario Ángel Fenoll transcurrió de esta manera:
Fernando Penella. Que nos saque a nosotros 30.000 euros, pero no es que tú los vayas a perder, si no yo ya he hablado con el técnico que es una (no se entiende) que tengo para aprobar y te lo voy a incluir, de acuerdo.
Ángel Fenoll. Sí.
F. P. A partir de enero, un millón de pesetas.
A. F. A partir de enero...
F.P. De enero de este año... ¿Me entiendes? Las cosas se pueden hacer bien porque hay que coger palo, paulatinamente hasta cumplir los primeros euros.
A. F. De acuerdo...
F. P. Pues eso es lo que quería hablar, lo que pasa que eso por teléfono a mí no.
La policía esgrime otra segunda conversación entre Penella y Fenoll en la que en un momento el exedil asegura que hablará con un tal Juan. Según las diligencias policiales, ese tal Juan sería el exconcejal Roselló. Este extremo lleva a la policía a sospechar que la trama de las comisiones relativas a la adjudicación de la basura del Ayuntamiento de Calp estaría integrada por el concesionario y propietario de la planta de compostaje, Ángel Fenoll, junto con "los ya referidos Artacho, Juan Roselló y finalmente el responsable del área de Economía y Hacienda del Consistorio calpino, Fernando Penella".
www.elpais.es 02.07.11
UN VÍDEO CAPTA EL PAGO DE SOBORNOS EN METÁLICO DE LA TRAMA DE LA BASURA DE CALP
El empresario Ángel Fenoll entrega al cuñado del edil del PP que hizo de intermediario en el amaño del contrato su primera comisión de 24.000 euros
Una de las grabaciones intervenidas por la Policía
Nacional a Ángel Fenoll recoge el momento en el que este empresario del
negocio de la basura entrega a Francisco Artacho, que es cuñado del
exconcejal del PP de Calp, Juan Roselló, cuatro millones de pesetas (24.040
euros) en efectivo. Ese dinero correspondería a la comisión de Artacho por
ejercer de "enlace" con los ediles populares de Calp y los técnicos
municipales que supuestamente recibieron de Fenoll un soborno de 600.000
euros a cambio de beneficiarle con el contrato de eliminación de residuos.
El video se grabó el 3 de junio de 1998. El ayuntamiento, cuyo alcalde era
entonces Javier Morató, del PP, que gobernaba con mayoría absoluta, ya había
adjudicado el servicio a Colsur, la mercantil de Fenoll, pese a que su
oferta económica no era la más económica. En la grabación, se observan sobre
la mesa los fajos de billetes de diez mil pesetas. La escena transcurre en
el despacho de Fenoll, quien sale mientras el cuñado de Roselló (con camisa
blanca) y un empleado del empresario oriolano cuentan el dinero. Artacho
introduce luego los fajos de billetes en su maletín. A continuación, regresa
Fenoll y discute con el "intermediario" de la trama sobre su comisión y
sobre la parte del soborno que ya ha abonado. El empresario parece al final
confesar que, con los 24.000 euros de Artacho, ya ha pagado en comisiones
más de cien mil euros (18 millones de pesetas). Lamenta que la planta de
transferencia, de donde supuestamente obtuvo el resto del soborno al inflar
el pesaje de basura y facturar de más al ayuntamiento, todavía no está en
funcionamiento.
Tras contar los cuatro millones de pesetas en
efectivo, Artacho y Fenoll conversan sobre el dinero hasta entonces aportado
del supuesto soborno y el primero reclama más comisión aparte del dinero que
acaba de recibir.
Francisco Artacho: ¿No puedes dar más?
Ángel Fenoll: No, no, no. No puedo dar más, Paco, ¿eh? No puedo.
Artacho: ¿No has sacado nada del leasing ni de…?
Fenoll: Me lo han tirado las cajas. Me lo ha tirado la CAM. Entonces yo
ahora mismo llevo… Llevo diez millones de pesetas…
Artacho: Diez y cuatro, catorce…
Fenoll: Catorce… y cuatro…
Artacho: Sí, pero son…
Fenoll: Ya, ya… Llevo veinte… dieciocho.
Artacho: Pero esos cuatro no los nombres nunca.
Fenoll: Ya, ya…
Artacho: A mi me debes dos… que cuando estemos trabajando ya lo aclararemos.
¿No?
Fenoll: Cinco quedamos…
Artacho: ¡Tú dijiste seis! Y luego… je, je. Si me quieres dar cinco… Pues
uno que me estás quitando de lo que tú dijiste, no de lo que yo dije.
Fenoll: Ya. Cuando salga todo… Ahora vamos a sacarla en marcha… Que
empecemos a trabajar. A ver si…
Artacho: Pero por lo menos Ángel me podrías completar de estos cuatro hasta
otros diez.
Fenoll: No, no, no. Además hasta que no empecemos yo no puedo. Ni un duro
más. No puedo. Y voy a pasar la perronera, sabes.
Artacho insiste, sin embargo, en que. si no hay más comisiones, pueden
surgir problemas
Artacho: Pero que tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Que se pongan
en contra los que llevan materiales, los técnicos…
Fenoll: No… los técnicos. Los cinco millones de pesetas… ¿…para los
técnicos?
Artacho: Pero ellos quieren bastante más. No quieren eso.
Fenoll: Ya. Ellos, ¿qué?
Artacho: A ellos hay que darle otra… No es eso lo que tienen pactado los
técnicos.
Fenoll: Sabes… Y vamos, vamos… Vamos a salir en marcha, sabes. Y cuando
salgamos en marcha… trabajamos… Empezamos a trabajar. Ya vemos…?Vamos, creo
que no daría ningún problema. No, esto no. Esto no. Yo ya no me fío de…?Pues
claro…?Cuando empiezan, sabes, a dar por culo… la mierda del ayuntamiento y
estoy hecho polvo… dieciocho millones de pesetas. Dieciocho justos. Diez
millones… diez y cuatro, catorce. Y cuatro, dieciocho. ¿No es eso? Claro. Yo
tengo que pagarlo.
El exalcalde, Roselló y otros nueve imputados
El juez de Dénia que instruye esta pieza del caso Brugal ha imputado al
exalcalde del PP, Javier Morató, quien ahora es concejal de Alternativa
Popular, a los exediles Juan Roselló, José Perles y Fernando Penella, a dos
técnicos municipales, al matrimonio dueño del terreno alquilado
irregularmente para la planta de basura, a Artacho, a Fenoll y a su hijo,
Antonio Ángel Fenoll, por esta trama de cohecho, prevaricación y tráfico de
influencias. La Policía cree que Fenoll sobornó con 600.000 euros al resto
de implicados. Sospecha que Roselló negoció la cuantía del soborno.licía
cree que Fenoll sobornó con 600.000 euros al resto de implicados. Sospecha
que Roselló negoció la cuantía del soborno.
www.levante-emv.com 06.07.11
FENOLL: "ESE DINERO TIENE QUE ENTRAR EN LA EMPRESA Y LUEGO CONVERTIRLO EN B"
Las grabaciones de la pieza del caso Brugal que indaga un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll a concejales y técnicos de Calp por la contrata de la basura incluye una serie de conversaciones entre el empresario y el intermediario de la red, Francisco Artacho, cuñado del exconcejal Juan Roselló, que dejan constancia del supuesto cohecho materializado a través del pago de comisiones y el blanqueo de las cantidades abonadas.
Artacho: "Al Ayuntamiento llevamos dándole catorce"
Ángel Fenoll. (...) Porque ese dinero tiene que entrar en la empresa y luego hay que convertirlo, sabes, cómo hay que convertirlo, convertirlo en B, ¿entiendes o no? ¿Sabes lo que te digo?
Francisco Artacho. No, no, si entra en la empresa.
A. F. ¡Ah!
F. A. Pero estamos hablando que yo puedo ir, coger el dinero en el Ayuntamiento y meterlo en una empresa de la cuenta de Colsur [propiedad de Fenoll] (...)
Á. F. Tenemos que sacarlo, tenemos que convertirlo en B (...).
Las cintas también revelan las discrepancias y, a veces discusiones, entre ambos sobre las cantidades ya pagadas y cómo entregar el resto.
Ángel Fenoll. Tú date cuenta que nosotros llevamos ya, ¿cuánto llevamos desde que llevamos dándote?
Francisco Artacho. Catorce, al Ayuntamiento catorce (...)
Á. F. ¿Catorce nada más? Catorce (...)
F. A. Más lo de los terrenos.
Á. F. No, los terrenos aparte. Eso...
F. A. Luego, a mí me llevas dado cuatro (...)
En otro pasaje Artacho y Fenoll discuten porque el primero le pide más dinero y el segundo no se fía de su intermediación con el Consistorio calpino.
Ángel Fenoll. No, no. Hasta que no empecemos a trabajar yo no puedo dar más dinero. Ni un duro. Si para hacer esto... Como tú eso no se lo vas a decir, que hemos hecho...
Francisco Artacho. Yo eso no se lo voy a decir y Ángel, el día que se enteren...
Á. F. Si se enteran será porque tú lo dices.
F. A. ¿Yo qué voy a decir?
Á. F. Hombre. Coño.
F. A. Pero a ver si se te escapa en alguna vez que te llamen y digas, oye yo ya tengo puesto y tanto a Paco, sabes...
Á. F. ¿El qué?
F. A. Que te llame mi cuñado [Juan Roselló, entonces concejal del PP de Calp], y eso y tú digas, oye que yo ya tengo tanto puesto, y tanto a Paco y tanto a lo otro (...)
Á. F. Pero, ¿eso les llega a ellos o no les llega?
F. A. Si se lo dices tú, si. Si no, no.
Á. F. Je... ¿Te lo quedas?
F. A. No... ¿Esto? Esto está claro que les llega. ¿No les va a llegar? (...)
Á. F. Yo sé que te lo doy a tí, pero yo...
F. A. ¿Tú crees que me los quedo yo? Si yo estoy más mal que la hostia.
Á. F. Ya, pero como me has dicho a ver si...
F. A. ¿Qué, qué? Ahora mismo en el Ayuntamiento tú tienes catorce.
www.elpais.es 02.07.11
ALPERI Y CASTEDO CITABAN AL REDACTOR DEL PGOU EN UN RESTAURANTE
Jesús Quesada confirmó el interés en aprobar el proyecto del Rico Pérez
El redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, Jesús Quesada, reconoció el pasado 30 de junio en su declaración como imputado en la pieza separada del caso Brugal que tramita el juzgado de instrucción número 5 de Alicante que tuvo "cuatro o cinco reuniones" para tratar cuestiones de la redacción del plan con el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, en un restaurante de la playa de La Albufereta, a las que también acudieron la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y la también edil Sonia Alegría. "Cosa que a mí me sorprendió", contestó Quesada al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.
Quesada es el único de los imputados en esta causa que se ha prestado a responder a las preguntas del fiscal, aunque eludió las de las acusaciones particulares o cualquier cuestión que hiciera referencia a las grabaciones aportadas al sumario.
Así y todo, sus respuestas añadieron algunas pistas nuevas sobre la manera de proceder del entorno favorable a sus interes que había conformado el promotor Enrique Ortiz, según la acusación.
Castedo era la única de aquellas reuniones de mesa y mantel que también formaba parte de la comisión municipal que servía como vehículo de interlocución con Quesada. Con ella se integraron José Luis Ortuño, Miguel Ángel Cano, Mª Ángeles Sierra e Isabel Campos, a la que en una de las conversaciones intervenidas Ortiz le llega a decir: "Bueno, cariño mío, pero cúrramelo, trabaja para mí un poco". El redactor del plan reconoció que algunas reuniones de la comisión eran de 11 horas y que determinadas cuestiones se tuvieron que resolver votando por falta de consenso entre ellos. En todo caso, dejó claro que se hacían copias de los planos rectificados y que muchos de ellos "se quedaban allí".
En referencia a las dos reuniones que mantuvo con Ortiz, una de ellas en la sede de la empresa del promotor, Quesada las integró en la serie de encuentros que concertó con los comerciantes de la ciudad, otros propietarios de suelo o representantes de la Universidad de Alicante. "Entonces, ¿usted hubiera ido a casa de un ciudadano normal?", preguntó Briones. "¿Qué es un ciudadano normal?", respondió el arquitecto a la gallega.
Respecto al plan para reformar el Rico Pérez, reconoció que "el Ayuntamiento tenía mucho interés en sacarlo adelante" y por eso "me pide Sonia [Castedo] que le dé una solución al problema", que Quesada no consideró nunca de su incumbencia porque el Plan de Reforma Interior y Mejora de la manzana del estadio se presentó en marzo de 2008, antes de comenzar él sus trabajos. Eso si, confirmó que el proyecto lo presentó Aligestión Integral, una empresa de Ortiz, con la firma de un ingeniero de caminos y otro agrónomo.
"Tal como está propuesto, no lo veo correcto", contestó sobre los planes de Ortiz, que pasaban por la construcción en la manzana del estadio de un edificio de 40 plantas. E hizo una propuesta que "ojalá hubieran hecho los técnicos municipales".
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, dijo ayer en referencia a su situación que no puede "estar demostrando continuamente mi inocencia". Y retó a la fiscalía, "que cobran por ello y además cobran bien", a que demuestre "la culpabilidad que tiene tanto interés en demostrar".
www.elpais.es 06.0
7.11FENOLL QUISO AMAÑAR JUNTO CON ARTACHO EL CONTRATO DE LA LIMPIEZA VIARIA DE CALP
La trama pretendía conseguir la basura de otros municipios cercanos
El empresario Ángel Fenoll, líder de la trama de corrupción del caso Brugal relacionada con la recogida de basura, intentó, tras la obtención de la contrata para explotar una planta de transferencia de residuos en Calp, establecer la base de operaciones desde la que expandir su negocio, ya hegemónico en la comarca de La Vega Baja.
Así se desprende de las conversaciones que mantuvieron Fenoll y el intermediario y comisionista Francisco Artacho en el despacho del primero, grabadas por el contratista e intervenidas por la policía en el registro de su domicilio.
Fenoll trató de conseguir que el Consistorio calpino también le adjudicara por 25 años la contrata de la limpieza viaria, que estaba a punto de vencer, amañando el pliego de condiciones y que la planta de transferencia de basuras para la que obtuvo los permisos en el término municipal de la localidad recibiera los camiones de otras poblaciones cercanas. En uno de los pasajes de las cintas, se le puede escuchar tramando con Francisco Artacho, cuñado del edil calpino del PP Juan Roselló, la redacción de un pliego de condiciones a medida que le resultara favorable a Colsur, la empresa de Fenoll.
Francisco Artacho. Que lo de la limpieza nos lo quedamos.
Ángel Fenoll. Y además esos diez, tú, a ti, lo que podemos hacer también después de, oye, si tú puedes ser el delegado, quiero decir, de de Calpe, ¿me entiendes o no? (...)
F. A. Exactamente, pero sí que puede ser, ¿sabes? Ahí podemos llegar a acuerdos, y tú tienes tu... porque si eso lo sacamos, porque eso habría que sacarlo a los mismos años que tiene la planta.
A. F. Claro, a veinte o veinticinco.
F. A. Claro, a veinticinco, y tú tienes asegurado veinticinco años y el pan de tus hijos (...)
A. F. Sí te entiendo, pero entiéndeme lo que te quiero decir, para amarrarlo bien amarrado tenemos que preparar el pliego, vamos a prepararlo, vamos a preparar lo otro, vamos a preparar lo otro, que sea cuando ya estemos empezando.
En otro de los pasajes ambos hablan de las toneladas que podrían llegar a la planta de Calp cada año si conseguían trasladar los residuos de otros municipios de la Marina Alta y Baixa. Y comentan la posibilidad de conseguir cinco millones de euros anuales.
Francisco Artacho. De Calpe habrá sobre cuarenta o cincuenta creo que había.
Ángel Fenoll. Cincuenta me dijo a mí tu (no se entiende).
F. A. Cuarenta o cincuenta. Luego está Llíber, está Callosa d'En Sarriá y estaba L'Alfàs del Pi, eran los pueblos que estábamos haciendo para que...
Á. F. Son los tres y alguno más que busquemos.
F. A. Sí, todos los que busquemos, ahora cuando arranquemos tengo que cogerme todos los que hay de arriba de Dénia de todos los pueblos (no se entiende), de Dénia traerme todos los que pueda.
Á. F. Estamos hablando...
F. A. Ahí me echa un cable mi cuñado
[se refiere a Juan Roselló, concejal del PP en Calp].
Á. F. Si hablamos de ciento cincuenta toneladas, claro, ciento cincuenta toneladas valen a cuatro mil pesetas.
F. A. Cuatro mil ochocientas (no se entiende), cinco mil, son cinco. Cien toneladas serían cinco millones, ¿no?
Según la policía, Artacho era quien transportaba los fajos de billetes desde el despacho de Fenoll hasta Calp. Previamente lo convertían en dinero negro para conseguir que una parte de las cantidades facturadas mensualmente al Ayuntamiento sirvieran para abonar en mano los 600.000 euros a plazos que el empresario se comprometió a distribuir entre concejales y técnicos. Una de las estratagemas seguidas fue pasar al cobro más toneladas de basura de las realmente recogidas, para lo que necesitaron la colaboración de dos técnicos municipales, según recoge el informe de la policía.
En el registro practicado el 30 de mayo de 2007 a la mercantil Proambiente, también de Fenoll, se intervino un listado en el que aparecía José Luis Faubel, ingeniero del Ayuntamiento de Calp, al que citan Fenoll y Artacho como el técnico que debía controlar las toneladas que se pesaban.
La policía también descubrió una reunión en febrero de 2008 entre Juan Cervantes, ingeniero técnico del Ayuntamiento calpino; Antonio Ángel Fenoll, hijo de Ángel Fenoll; y su sobrino, Ginés Fenoll, que además era el encargado de la planta de transferencia de basura de Calp. Cervantes era entonces el director técnico de la concesión y el encargado de validar las toneladas que facturaba Colsur. El informe policial concluye que "resulta cuanto menos llamativa la pérdida por parte del técnico de los tickets de pesaje y otros documentos relacionados con ello" y que la reunión fue "a fin de planear una estrategia para evitar problemas y que fueran descubiertos" cometiendo irregularidades.
www.elpais.es 03.07.11
CASTEDO PAGÓ SUS VIAJES A ANDORRA CON DINERO DE ORIGEN DESCONOCIDO
La policía concluye que no se sabe quién ha abonado un coche Mini de Ortiz
El informe policial del caso Brugal que aborda el estado patrimonial de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su marido, Arturo Soto, concluye que la regidora pagó en metálico, con dinero que no fue extraído de las cuentas bancarias de su unidad familiar, los dos viajes que hizo a Andorra en compañía del promotor Enrique Ortiz y su familia. La policía asegura que los 2.672,52 euros que costaron las vacaciones de 2008 y los 1.820 de la Navidad de 2009 no se corresponden con "extracciones de dinero en efectivo, ni extracciones de dinero a través de cajeros automáticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes". Es decir, que los pagos en las dos agencias de viaje donde fueron reservadas las estancias no tienen "su reflejo contable en las cuentas bancarias analizadas".
La alcaldesa: "Llevo mi economía doméstica como me da la gana"
El objeto de la investigación era "poder descartar la recepción de posibles contraprestaciones por parte del señor Ortiz por la presunta revelación de información privilegiada sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante", pero el informe policial solo concluye que se desconoce el origen del dinero empleado por Castedo.
Lo cierto es que la regidora solicitó la factura del viaje de 2008 casi dos años después y que tanto ella (2.672,52 euros) como el promotor (7.089,46 euros) pagaron en metálico en El Corte Inglés.
En 2009 la familia de Castedo viajó en un coche de Ortiz. La reserva la hicieron ambos en otra agencia de viajes de Sant Joan, cuya propietaria declaró que Castedo volvió a pagar en efectivo 1.820 euros. El importe de Ortiz ascendió a 20.896. La documentación que figura en el sumario del caso para justificar el abono de ambos importes son sendos albaranes de la agencia con numeración correlativa y el mismo número de expediente, pero no figura el NIF de la empresa y en el caso del promotor ni siquiera recoge el número de factura.
Respecto al coche Mini que la policía cree que Ortiz regaló a Sonia Castedo poniéndolo a nombre de una tercera persona de su entorno, también concluye que ni desde las seis cuentas bancarias de la receptora del vehículo ni por los movimientos de dinero de las de la alcaldesa se puede concluir que los usufructuarios del coche lo hayan abonado al vendedor, la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras.
La regidora arremetió ayer contra el fiscal Anticorrupción. "La economía doméstica de mi casa la llevo como me da la gana, y si no tengo que hacerlo así, que a partir de ahora el fiscal me diga cómo organizarme".
www.elpais.es 23.06.11
EL CASO BRUGAL SE QUEDARÁ SIN JUEZ POR QUINTA VEZ
La presión habría obligado a Carlos San Martín a optar por otro destino justo después de anular las escuchas
Y ya van cinco. El juzgado del caso Brugal pasará por un nuevo cambio de magistrado después de que el actual, Carlos San Martín, haya solicitado el traslado a un nuevo destino judicial. La decisión se produce una semana después de que este juez resolviera anular parte de las escuchas de la investigación, una resolución que ha dejado en precario más de cuatro años de instrucción.
La marcha efectiva de San Martín no se produciría hasta el mes de septiembre, fecha en la que se resuelve el último concurso de traslados convocado la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial.
La decisión de Carlos San Martín era un secreto a voces desde hace tiempo y ya se especuló con la posibilidad de que el juez se pidiera un permiso de paternidad de varios meses a principios de año, aunque finalmente sólo se tomó los días que legalmente le correspondían por la baja.
San Martín llegó al juzgado de Primera Instancia número
tres de Orihuela a principios de 2010, tras haber sido juez decano en San
Vicente, coincidiendo con la separación de jurisdicciones en este partido
judicial. Lo que en teoría iba a ser un cambio de destino a un juzgado
especializado en asuntos civiles, se convirtió en un gran embrollo al
conocer que en ese órgano judicial se encontraba entre los antiguos asuntos
penales en trámite la mayor investigación por corrupción que se ha
desarrollado en la provincia: el caso Brugal. San Martín era el quinto juez
en estar al frente de este sumario en un plazo de cuatro años.
Muy crítico con la labor de sus predecesores, San Martín llegó a afirmar en
un auto que la "inactividad" en la causa era "patente" hasta que él llegó y
defendido que la causa debería haberse desglosado en varias piezas mucho
antes y no tres años después. Tan crítico, que la semana pasada causó un
gran terremoto judicial al anular parte de las escuchas autorizadas por sus
compañeros por considerar que los autos no estaban suficientemente
motivados.
La decisión ha dejado una gran maraña en la que ni los propios abogados
saben qué escuchas son las válidas a partir de ahora. De todas maneras, el
auto no es firme y ahora la Audiencia tendrá que pronunciarse sobre los
recursos que previsiblemente irán presentando todas las partes.
Finalmente, todo parece indicar que San Martín no ha podido soportar la
presión y ha adoptado la decisión de cambiar de destino en el concurso de
traslados que convocó la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial
y ayer comunicó a la Audiencia su decisión. Entre las plazas que salen a las
que puede optar están los juzgados de lo Penal de Alicante y Benidorm así
como otros de Torrevieja y Dénia. El concurso se resolverá previsiblemente a
finales del próximo mes de septiembre.
www.levante-emv.com 21.06.11
CASTEDO PIDIÓ LA FACTURA DE UN VIAJE EL DÍA QUE CONOCIÓ SU ACUSACIÓN EN BRUGAL
Asegura que la había pagado antes y el fiscal sostiene que fue un regalo de Ortiz
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), acusada en el sumario del caso Brugal, pidió una factura sobre un viaje de Fin de Año a Andorra, que según el fiscal, fue un regalo del promotor Enrique Ortiz, el mismo día que trascendió el escrito de acusación del ministerio público, el pasado 25 de octubre de 2010. Castedo, junto a su marido y su hija, había disfrutado de esas vacaciones entre el 28 de diciembre de 2009 y 4 enero de 2010.
"Sí, pedí la factura cuando conocí la acusación, porque antes no lo había hecho, pero evidentemente, la pagué cuando se gestionó el viaje", aseguró ayer la regidora.
Castedo está acusada junto a otras 21 personas, entre ellas su antecesor Díaz Alperi, por el fiscal de facilitar información privilegiada al promotor Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal anticorrupción mantiene que, a cambio, el promotor colmó de dádivas a los cargos públicos del PP y funcionarios municipales.
En el caso de Castedo, el fiscal anticorrupción destaca el alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009 y el regalo de un turismo de la marca Mini para una persona de confianza de Sonia Castedo, "a petición de esta última".
El escrito de acusación del fiscal, a causa de una filtración del sumario, trascendió a la opinión púbica el 25 de octubre de 2010. Ese día, Castedo convocó una rueda de prensa para responder a las imputaciones y, en paralelo, exhibió las facturas de los abonos de los viajes a Andorra y del pago del Mini por parte de las personas de su confianza a las que alude el fiscal. En esa convocatoria, la alcaldesa no entregó copia de las facturas alegando que el sumario estaba bajo secreto y que lo haría tras aportarlas al juzgado.
Sin embargo, entre las múltiples pruebas autorizadas por el juez, a petición del fiscal, para completar la investigación se encuentra un exhorto a la Agencia de Viajes del Cortes Inglés, donde se gestionó el viaje, para verificar si Castedo pagó o no las vacaciones.
La respuesta de este departamento del centro comercial dice textualmente: "A nombre de los clientes y en el período indicado sólo nos consta una única factura emitida a nombre de doña Sonia Castedo Ramos, de fecha 25 de octubre de 2010 por importe de 2.672,52, incluidos los seis euros de gastos de gestión, cuya copia acompañamos, que fue pagada en efectivo".
El escrito de El Cortés Inglés señala que esa factura corresponde a los servicios de una estancia de siete días en hotel, en una habitación triple, y cena de Fin de Año para tres personas.
La respuesta del centro comercial al juez también recoge que esa estancia corresponde "a un único expediente de reserva" en el mismo hotel y para el mismo período en el que también se contratan otros servicios "a nombre de don Enrique Ortiz Selfa y doña María Carratalá Fernández [esposa de Ortiz]". El precio del paquete pagado en efectivo ascendió a 7.089,46 euros, desglosado en tres partes, una de ellas una habitación triple (dos adultos más un niño) con cena de fin de año, por 2.666,52 euros. El centro comercial completa la respuesta al juzgado con una copia del duplicado de la factura, emitida en la mencionada fecha de 25 de octubre de 2010.
Por otra parte, la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, anunció ayer que el Consell presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga al Ejecutivo de Francisco Camps a facilitar al grupo parlamentario de Compromís los contratos menores que firmaron las distintas empresas de la trama Gürtel con la Generalitat entre 2003 y 2008.
www.elpais.es 11.06.11
CASTEDO: "LO QUE DICEN LAS URNAS NO PUEDE MODIFICARSE EN OTROS SITIOS"
La sombra del 'caso Brugal' marca la constitución de la nueva corporación
"Lo que han dicho las urnas no puede modificarse en otros lugares", aseguró ayer Sonia Castedo, del PP, en su discurso tras ser investida alcaldesa de Alicante. Esta fue la única referencia de la regidora a las demandas de la oposición, en especial del PSPV y EU, a que renunciara al acta por su acusación por cohecho en el sumario del caso Brugal a raíz de un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General.
Castedo respondía también a los 300 indignados que, apostados en los laterales de la plaza consistorial, se concentraron para expresar su protesta por el supuesto caso de corrupción que afecta a la alcaldesa y a otros cargos de PP. El recinto fue acordonado por la policía, tras el desalojo a primeras de la mañana de 25 indignados que pasaron la noche en la plaza.
La flamante alcaldesa, que ahora asume la vara de mando con el refrendo de las urnas [Castedo llegó al cargo en septiembre de 2008 por designación directa de su antecesor, Luis Díaz Alperi], zanjó el caso Brugal con la referida alusión. El resto de alocución fue un compromiso con los ciudadanos para salir de la crisis y crear empleo, "desde la lealtad, la honestidad y el diálogo"
La nueva oposición municipal, en cambio, optó por explícitos gestos para airear el caso Brugal. Así, los ocho ediles del PSPV añadieron al parlamento oficial de toma de posesión del acta la siguiente coletilla: "(...) Y velar por una gestión transparente y defender los derechos de los ciudadanos de Alicante". Al término de acto institucional, la cabeza de lista el PSPV, Elena Martín, abundó en ese punto y aseguró que, en su opinión, "por ética y dignidad Castedo debería haber renunciado al acta". Respecto a las propuestas de la regidora, Martín señaló que "no ha concretado nada, y sobre todo en el tema más urgente, la creación de empleo".
Los dos ediles de EU, Miguel Ángel Pavón y Ángeles Cáceres, incluyeron en su acto de toma de posesión del acta, referencias a la defensa del valenciano, del medioambiente, de los trabajadores y de los desfavorecidos. Cuando Castedo arrancó su discurso, abandonaron el salón de plenos y bajaron a la plaza para integrarse en la protesta de los indignados.
El concejal de UPyD, Fernando Llopis, aseguró que entendía el malestar de los indignados y precisó: "Es el momento de trabajar desde las instituciones".
www.elpais.es 12.06.11
EL JUEZ DE ORIHUELA ANULA PARTE DE LAS ESCUCHAS DE BRUGAL
El titular del juzgado ha considerado que los autos que las permitieron carecían de motivación o ésta era insuficiente
El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, ha anulado parte de las escuchas policiales que dieron origen a la veintena de piezas separadas del caso Brugal, al creer que algunos de los autos que las avalaron carecían de motivación o que ésta era insuficiente.
A partir de la investigación de un posible cohecho en la
adjudicación de la recogida de las basuras en la ciudad de Orihuela, las
escuchas policiales extendieron la investigación por posibles delitos a casi
una veintena de asuntos, desde el contrato del plan comarcal de residuos de
la Vega Baja a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Alicante.
El auto del juez acepta parcialmente algunos de los recursos presentados,
entre ellos contra el pinchazo telefónico a la esposa del presidente de la
Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado, mientras que
sobre el dirigente popular también acepta que se invaliden diligencias
practicadas desde el 20 de noviembre de 2009.
Siempre en torno a las basuras de Orihuela o de la Vega Baja, también se deja sin efecto unas escuchas policiales al constructor Enrique Ortiz, imputado en el plan comarcal y también en la rama del PGOU.
Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el auto, de 162 folios, tiene fecha de ayer y ha sido entregado esta mañana a las partes.
Paralelamente a algunas anulaciones, el juez valida otra parte sustancial de las intervenciones telefónicas que habían sido recurridas por los imputados o implicados dentro de un auto que no es firme y ante el que, según han avanzado a EFE fuentes jurídicas, es previsible que las partes recurran en apelación.
Además de aceptar algunos recursos de las defensas de Ripoll y Ortiz, se anulan otros autos sobre escuchas telefónicas a los tres exconcejales imputados de Orihuela, Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez Larrosa y Manuel Abadía, todos del PP.
También se invalidan pinchazos a los empresarios Rafael Gregory; y Ángel Fenoll; al hijo de éste último, Antonio Ángel Fenoll; y al empleado de la empresa de Ortiz Inusa José Candel.
Además, se acepta la impugnación del reparto realizado entre varias instancias judiciales de algunas de las piezas separadas a raíz de las escuchas, como las denominadas "Las Algas", "Caminos a la planta de Proambiente", "Rafal", "Bigastro", "Algorfa", "Pilar de la Horadada", "Jacarilla" y "Callosa de Segura".
Aunque el auto se refiere a las escuchas policiales de las basuras de Orihuela y de la Vega Baja, la anulación puede tener más trascendencia porque a partir de esas intervenciones telefónicas se conocieron el resto de irregularidades que dieron lugar a la cerca de veintena de piezas separadas.
Entre los autos anulados que dieron pie a escuchas, figuran los de fecha de 16 de mayo y 16 de junio de 2008 que autorizaban pinchazos a terminales de Ángel Fenoll, al no apreciar una "motivación fáctica" que arrojara indicios para prorrogar la intervención telefónica por un supuesto delito medioambiental.
El juez defiende que las escuchas deben ser expresamente
argumentadas debido a que es una "medida de hondo calado en la esfera de los
derechos protegidos constitucionalmente".
De esta manera, señala que debe existir un interés expreso a partir de un
supuesto delito concreto en el investigado, el cual debe ser desarrollado
"cuanto menos de forma sucinta", algo que no ocurrió en varias ocasiones.
A este respecto, también anula una escucha sobre Gregory porque el auto que la avala adolece de defectos de forma "casi insalvables".
Según el auto, cuando se producen "hallazgos casuales"
delictivos a partir de una escucha, hay que ponerlo en conocimiento
inmediato del juez instructor para que éste examine la competencia y
resuelva, pudiendo citar declaraciones para incoar una nueva causa.
En cuanto a la duración de las escuchas, que recurren varios imputados por
prolongada, el juez rechaza que no haya antecedentes en la Justicia española
y, muy al contrario, informa de que "éste no es el único precedente con una
duración de secreto de actuaciones de tal envergadura" antes de recordar que
lo conocido por los pinchazos es "excepcional".
www.levante-emv.com 14.06.11
EL JUEZ MANTIENE EL GRUESO DEL 'CASO BRUGAL' PESE A ANULAR ESCUCHAS
El magistrado suprime el 20% de las grabaciones efectuadas
El juez del caso Brugal emitió ayer un auto anulando algunas de las escuchas telefónicas efectuadas por la policía durante la investigación de una trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja y al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante. No obstante, la nulidad de estos pinchazos no afecta al grueso de la investigación, cuyo sumario ocupa unos 30.000 folios. El magistrado ha suprimido las grabaciones efectuadas a partir del 30 de noviembre de 2009, en el tramo final de la investigación. Teniendo en cuenta que las escuchas comenzaron en marzo de 2007 y concluyeron en junio de 2010, las conversaciones anuladas suponen el 20% del total.
Las grabaciones declaradas nulas por el juez afectan al presidente del PP y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El magistrado también considera no ajustadas a derecho las escuchas realizadas a tres concejales del PP del Ayuntamiento de Orihuela.
En su auto, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, responde de manera global a los recursos de reforma planteados por las defensas de los imputados (un total de 18 personas) en las dos piezas del sumario que son de su competencia: el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela y un presunto cohecho en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos del Plan Zonal de La Vega Baja, licitada por la Diputación de Alicante.
Las partes presentaron más de tres centenares de recursos y alegaciones en los que exigían la anulación de todas las escuchas por entender que no estaban suficientemente motivadas o que vulneraban derechos fundamentales. El titular del juzgado de Orihuela solo ha estimado parcialmente siete de esos recursos por entender que los autos, que en parte él mismo dictó, "carecían de suficiente motivación".
Otras alegaciones tenían que ver con la competencia territorial del caso. De hecho, el fiscal Anticorrupción presentó un recurso para que la instrucción se realizara desde un juzgado de Alicante y no en Orihuela. La Audiencia provincial todavía no se ha pronunciado sobre el mismo.
La anulación de parte de las escuchas del sumario del caso Brugal
tendrá como primera consecuencia la prolongación en el tiempo de la instrucción solo para dilucidar aspectos formales. "El auto [el firmado ayer por el juez San Martín] aboca al sumario a una prolija labor para dirimir qué parte de la investigación será finalmente legal y cuál no", señalaron ayer fuentes del caso. "Y primero habrá que delimitarlo en la forma, es decir, a base de recursos, para ver qué escuchas son válidas y cuáles no", añadieron. Y tras dilucidar ese aspecto formal, los jueces tendrán que decidir qué aspectos del contenido de las acusaciones se mantienen y cuáles no.
Las escuchas telefónicas son la prueba principal de la investigación. Las intervenciones comenzaron en marzo de 2007 y se prolongaron hasta junio de 2010. De acuerdo con el auto del juez San Martín, prácticamente el 20% de las mismas son nulas, las efectuadas a partir del 30 de noviembre de 2009, que fueron hechas al líder del PP, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz. Otras fuentes del caso resaltan una contradicción en la resolución del juez al anular esas escuchas, "cuando en fechas posteriores el propio juez firmó autos para autorizar la prórroga de la intervención del teléfono de Ortiz".
Las defensas de los imputados en el caso Brugal evitaron ayer pronunciarse sobre el alcance del auto del juez instructor. Los letrados consultados por este periódico pospusieron cualquier comentario a la lectura detallada de la resolución del magistrado, que ocupa un total de 162 folios. No obstante, todos avanzaron su intención de apelar el auto de San Martín a la Audiencia de Alicante. Del mismo criterio es la fiscalía, según confirmaron fuentes del ministerio público.
Las disposiciones más relevantes del auto del juez son las referidas a la estimación parcial de sendos recursos planteados por Ortiz y José Candell [empleado del empresario, también imputado] y por la defensa de Ripoll. Respecto al primer recurso, el magistrado declara nulas las diligencias practicadas desde el auto de 30 de noviembre de 2009. El letrado de Ortiz pedía que esa anulación fuera aún anterior, en concreto desde mayo de 2008, cuando se acordó la intervención de su teléfono en relación con la investigación sobre el plan zonal. El letrado mantenía que en ese momento al empresario Enrique Ortiz no se le podía atribuir ningún hecho delictivo porque el plan zonal se había adjudicado antes, en concreto el 3 de enero de 2008.
En cuanto al recurso del abogado de Ripoll, el juez también estima anular las diligencias practicadas desde el auto de 30 de noviembre de 2009. Y decreta la ilegalidad de las diligencias practicadas sobre el teléfono de su mujer desde el 11 de agosto de 2009 por entender que "el pinchazo" no estaba justificado en relación con los hechos investigados. La anulación de este tramo de las diligencias pueden implicar en paralelo el archivo de la pieza sobre la televisión local de Alicante, incluida en el sumario, y algunas de las supuestas dádivas recibidas por la familia Ripoll. El juez también estima parcialmente un recurso de Rafael Gregori, intermediario de la trama según la investigación, que anula las escuchas que se le practicaron desde el 23 de mayo de 2008.
Intervenciones anuladas
- Periodo de las escuchas. Las escuchas del caso Brugal incluyen desde marzo de 2007 hasta junio de 2010.
- Afectados por el auto. El juez ha declarado ilegales las escuchas practicadas a Ortiz (desde el 30 de noviembre de 2009) Ripoll (desde el 30 de noviembre de 2009), Rafael Gregori (23 de mayo de 2008); la mujer de Ripoll (desde el 11 de agosto de 2009) y tres ediles del PP (25 de enero de 2208).
- Argumentos. La intervención, según el juez, no estaba suficientemente motivada.
www.elpais.es 15.06.11
EL CLAN FENOLL Y TRES EDILES DEL PP DE ORIHUELA
El auto del instructor general del caso Brugal también declara nulas algunas de las intervenciones de teléfonos de personas implicadas en el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela, entre ellos tres concejales del PP Esta adjudicación fue la génesis de este sumario sobre supuestas tramas de corrupción en La Vega Baja vinculadas al negocio de la basura e instigadas por el industrial Ángel Fenoll.
El empresario, precisamente, desató la investigación al llevar a la Fiscalía Anticorrupción un DVD que contenía un supuesto soborno por la contrata de basura del municipio oriolano. Esa grabación fue efectuada por Fenoll al exconcejal del Centro Liberal Renovador, Jesús Ferrández. El exconcejal, primer imputado en el sumario, también ha presentado un recurso, desestimado por el magistrado, en el que solicitaba la anulación de esa grabación. Ferrández siempre mantuvo que la cinta fue manipulada por el industrial Fenoll.
La investigación posterior desembocó en la primera operación policial del caso Brugal, en mayo de 2007. Los agentes arrestaron a Fenoll y su clan empresarial por extorsión, cohecho y tráfico de influencias.
Tras estos arrestos, prosiguió la investigación policial en función de las pruebas recabadas mediante las escuchas telefónicas. Tres años y dos meses después, en julio de 2010 se produjo la segunda operación del caso Brugal. Con motivo de esa operación, los agentes realizaron 16 arrestos, entre ellos, de nuevo al clan de Fenoll, y tres ediles del PP del Ayuntamiento de Orihuela. Los concejales detenidos, y luego imputados por cohecho y tráfico de influencias, fueron Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez Larrosa. La investigación sostiene que estos tres concejales, junto al hermano de la exalcaldesa Mónica Lorente, del PP, colaboraron con Fenoll para falsificar dos empresas para la concesión de la contrata de basura, adjudicada por el Ayuntamiento en octubre de 2008.
El juez estima parcialmente el recurso de los tres ediles y declara nulas las diligencias practicadas sobre ellos desde el 25 de enero de 2008. El magistrado anula las escuchas porque dimanan de otra intervención, en este caso a Antonio Ángel Fenoll Campillo, declarada ilegal. El juez anula escuchas a Ángel Fenoll desde el 16 de mayo de 2008, pero en este caso por un delito medioambiental.
Ninguno de los tres concejales fue incluido en la lista del PP para las elecciones municipales del pasado mayo.
www.elpais.es 15.06.11
“LE REGALÉ UN RELOJ A COSTA PORQUE ME PASÓ A MÍ POR LOS HUEVOS”
El exalcalde de Alicante Luis Alperi habla con el empresario Enrique Ortiz del regalo al exsecretario del PP valenciano
El 6 de octubre de 2009, el empresario Enrique Ortiz, vinculado a la financiación ilegal del PP en el caso Gürtel y al tráfico de influencias y el cohecho con Ayuntamientos del PP en el caso Brugal, que investiga la adjudicación de contratas de basura en la provincia de Alicante, llamó al exalcalde de esta ciudad Luis Díaz Alperi para comentar lo que aquel día publicaba la prensa en relación con un reloj de lujo que alguien había regalado al que entonces era secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.
En esa conversación, Ortiz, que habría favorecido al exalcalde de Alicante con regalos a cambio de tratos de favor en el Ayuntamiento, según la investigación judicial, quiere saber quién le ha regalado tan costoso reloj a Costa, que acabó dimitiendo de sus cargos en el partido forzado por la dirección nacional. El regalo es una muestra de agradecimiento de Alperi tras sus maniobras ante la cúpula del partido en Valencia para llegar a ser diputado autonómico. La conversación, grabada por orden judicial dentro de la investigación del caso Brugal el 6 de octubre de 2009, transcurrió en estos términos, recogidos así en el sumario del caso.
Ortiz: Oye has oído la radio.
Alperi: Pues no, no suelo oír la radio.
Ortiz: Que si el regalo de un reloj a Ricardo Costa.
Alperi: ¿Y qué?
Ortiz: ¿Lo has oído, no?
Alperi: No lo he oído, pero me lo han contado. ¿Y qué?
Ortiz: ¿Pero eso es de la Copa América, no?
Alperi: Pero sea de lo que sea, es que yo no le puedo regalar un reloj a quien a mí me pase por los huevos.
Ortiz: Ya, no, es que me dicen eso, y eso es de la Copa América, que se regalaron un montón de relojes a todo el mundo por la celebración.
Alperi: No señor, eso es un reloj personal que le regalé yo a Ricardo Costa porque me paso a mí por los huevos.
Ortiz: ¿Sabes quién creo que lo ha filtrado?
Alperi: Pues no lo sé.
Ortiz: Ripoll [presidente de la Diputación provincial de Alicante, del PP].
Alperi: Pero si eso no lo ha filtrado Ripoll, si sale en las conversaciones, hombre.
Ortiz: ¿Ah, sí?
Alperi: Claro.
Ortiz: Yo te contaré algo personal de este, de Ripoll.
Ricardo Costa asegura ahora, como ya hizo en su día, que el regalo no está vinculado al caso Gürtel. “Me lo regaló Alperi, con motivo de la Volvo Ocean Race [competición náutica que salió desde el puerto de Alicante]". “El reloj no es de oro, sino de acero. Y no cuesta 20.000 euros”, añade.
www.elpais.es 10.06.11
SERRA A ORTIZ: "TENED ATADO LO DE LAS FACTURAS"
El dirigente del PP alertó al promotor tras estallar Gürtel
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional concluyó en un informe del caso Gürtel, fechado en abril de 2010, que la trama que tejió la red corrupta liderada por Francisco Correa financió al PP de la Comunidad Valenciana con facturas que pagaban hasta cinco empresas contratistas del Consell a cambio de adjudicaciones. Una de ellas era Ortiz e Hijos. Por este motivo, el sumario del caso Brugal, que se basa en las escuchas grabadas al teléfono de Enrique Ortiz, incluye decenas conversaciones y citas del promotor con el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa, y su vicesecretario, David Serra, ambos diputados. Su lectura y despiece deja al descubierto la estrecha relación entre ellos, la mediación de ambos para Ortiz con miembros del Gobierno valenciano y el indicio de que, tras estallar el escándalo Gürtel, Serra intentó que el promotor pusiera en orden sus cuentas para evitar problemas con la justicia.
La policía vincula conversaciones del empresario con Serra al 'caso Gürtel'
El 11 de julio de 2009, en plena tormenta judicial y pocos días después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudiera a declarar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el asunto de los trajes, David Serra llamó a Ortiz, que se encontraba navegando en su yate por las islas Baleares, para advertirle de que tomara precauciones ante la posibilidad de que la investigación policial se centrara en sus cuentas.
David Serra: Oye, no, solamente una cosita, ¿este teléfono se... podemos hablar tranquilamente?
Enrique Ortiz: Pues no lo sé.
D. S.: Nada, simplemente una cosa, todo lo de las facturas...
E. O.: ¡Ah! Bien.
D. S.: Que lo tengáis atado y pertrechado.
E. O.: Sí.
D. S.: Claro hombre, que tenga... que esté todo bien, pero que tengáis todo...
E. O.: Todo en orden.
D. S.: Todo en orden, simplemente es eso, que lo tengáis documentado todo bien.
E. O.: Vale, vale, vale...
D. S.: Simplemente era eso.
Sin embargo, las primeras advertencias entre ellos son anteriores. Solo dos días después de la detención de Francisco Correa, el 6 de febrero de 2009, se produce esta conversación:
E. O.: Le dimos al amigo este tuyo unos temas.
D. S.: Sí.
E. O.: Y con toda la movida que hay a ver si lo podía para...
D. S.: Pues bueno.
E. O.: Sabes, a ver si luego le pegas un toque y le dices, oyes, sabes, y lo arreglamos de otra manera.
D. S.: Claro, vale.
E. O.: No vaya a ser que se monte lío.
D. S.: No creo que se monte lío, porque estos, entre nosotros lo hacemos con ellos, ya lo has visto.
E. O.: Ya, ya, ya.
D. S.: Tenemos muchos, hacemos mucho trabajo con ellos y está todo correcto, todo facturado y todo contrastado, y la contabilidad perfecta. Y, por tanto, no nos preocupa en ese aspecto.
E. O.: Ya, ya. Vale.
La policía relaciona en su informe esta conversación en "el contexto del presunto escándalo de corrupción aparecido en diversos medios de comunicación", el caso Gürtel.
En otra conversación fechada en agosto de 2009 David Serra y Enrique Ortiz hablan de un envío.
E. O.: ¿Qué me cuentas?
D. S.: Nada, todo bien. Y lo que estábamos esperando, me dicen que ya ha llegado.
E. O.: ¿Ah, sí?
D. S.: Solamente eso, que ya ha llegado la cajita de naranjas a Valencia.
E. O.: ¿Y qué tal?
D. S.: Bueno, pues no sé. Ya te contaré cuando las abran.
En enero de 2009, antes de estallar Gürtel, el vicesecretario del PP valenciano intenta cerrar por teléfono una comida con Ortiz, Ricardo Costa y Vicente Llácer, otro importante promotor valenciano. El informe de la policía descubre que Serra le comenta a Ortiz lo que "tenemos pendiente del proveedor nuestro". "Creo que ya lo tienen todo pertrechado y claro", dice el político. Y añade: "Me dicen que lo que necesitarían es que les hagáis ya el pago". Cuando Ortiz responde que ya está hecho, Serra matiza que se refiere a que "les libréis el talón o los pagarés".
Las numerosas conversaciones grabadas entre ambos desvelan que Serra también medió entre Ortiz y los consejeros Vicente Rambla y Manuel Cervera. Incluso aceptó intermediar en la adjudicación de contratos.
D. S.: Ahora lo que tenemos que hacer es fijar ya un día para que nos podamos ver.
E. O.: Cuando vosotros lo digáis, lo hacemos.
D. S.: Sí.
E. O.: Para que...
D. S.: Vale.
E. O.: Para estas obritas que van a salir, coño, a ver si nos echas una mano.
D. S.: Vale, vale. Bien, ¿pues cuándo quieres que no veamos?
E. O.: Cuando tú digas.
www.elpais.es 09.06.11
CATALUÑA SE ARROGÓ LA REPRESENTACIÓN DEL PSPV PARA TRANQUILIZAR A ORTIZ
El exsecretario de Finanzas del PSPV José Cataluña se arrogó la representación del PSPV para tranquilizar al promotor Enrique Ortiz tras la iniciativa de los socialistas valencianos de presentar una querella por supuesta financiación ilegal de PP. Entre los denunciados se encontraba el propio Ortiz. El exdirigente del PSPV llegó a asegurar que hablaba por indicación del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, según recogen las grabaciones del sumario del
caso Brugal. Fuentes de la ejecutiva socialistas rechazaron esa afirmación: "Los hechos de ese día desmintieron las manifestaciones de Cataluña. El PSPV presentó una querella, fruto de la cual Ortiz quedó imputado".
La conversación entre Cataluña y Ortiz fue grabada el 9 de noviembre de 2009.
José Cataluña: Me he dejado a tu exempleado [en alusión al portavoz en las Cortes Valencianas del PSPV, Ángel Luna], dando una rueda de prensa anunciando que presenta una querella.
Enrique Ortiz: Qué cabrón.
J. C.: Te lo digo porque he estado hablando con el jefe y me ha dicho que os llamara para deciros que no vais como imputados, que vais como testigos.
E. O.: Ah, vale, vale.
J. C.: Que lo han modificado, para decir que el que quiera pruebas que le pregunte a estas empresas, pero no una querella del partido contra vosotros.
E. O.: Vale, entonces, no estamos como imputados, ni nada.
J. C.: Que lo sepas que, a pesar de lo que diga la prensa, me ha dicho que os llame y os lo diga.
E. O.: Vale, vale. ¿Quién te lo ha dicho?, este...
J. C.: Jorge, Jorge.
E. O.: Oye a mí me gustaría tener una reunión con él cuando sea posible.
J. C.: Pero de todas maneras primero hablamos tú y yo, un día que estés aquí hacemos un repasito de la situación.
E. O.: Yo quiero hablar, pero para dejarle claro quién soy yo, que no me vincule a mí a nadie, de rollo nada.
J. C.: Yo se lo he dejado claro.
E. O.: Decirle dónde está mi espíritu y mi corazón, habla con él y dile que tengo mucho interés, de verdad, en conocerlo personalmente. No es para pedirle nada, quiero que se me conozca y conocerlo.
Jorge Alarte, en una entrevista concedida ayer a Radio Nacional, valoró así este pasaje de las escuchas sobre el caso Brugal: "Seguro que ahora mismo hay cientos de personas asegurando que están hablando en mi nombre".
Mientras, por lo que respecta a Cataluña, no es la primera vez en la que su nombre aparece vinculado al caso Brugal. También hay otras escuchas en las que habla con el entorno de otro de los líderes de la trama, el industrial Ángel Fenoll
www.elpais.es 09.06.11
"EL RIPOLITO [RIPOLL] O PACTA O LE PONEN UNA GESTORA, Y A HACER PUÑETAS"
El promotor Enrique Ortiz, el líder de la supuesta trama para amañar el Plan General de Alicante, siempre al tanto vicisitudes de la vida económica de la ciudad, tampoco es ajeno a los episodios internos de los partidos políticos mayoritarios.
Una conversación de caso Brugal entre el promotor y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, grabada el 30 del de noviembre de 2009, desvela el interés del empresario por la situación interna del PP.
Ortiz. Bueno ya hablaremos y te contaré la del Ripolito, que esa es buena.
Castedo. Esa es buena, ¿qué te ha dicho?, ¿qué quiere pactar?
O. Ya te contaré, sí, sí... pero es que yo me fui, lo hablé con él antes de irme a ver a Cotino, y jo el tío va muy fuerte. Pero Cotino ya me dijo que si no pacta y no... vamos dijo claramente que tienes que ser tú por lo civil o lo militar, y que si no hay arreglo, pues no hay problema, ponen una ejecutiva y a tomar por culo. ¿Es una ejecutiva?
C. No es una gestora.
O. Eso una gestora, y a hacer puñetas.
El contexto de la conversación se enmarca en la guerra de los dos bandos del PP (ripollistas y campistas), que se recrudeció tras el congreso provincial del PP diciembre de 2008, ganado por Ripoll por cuatro votos más que su rival, el campista y alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll. Tras el congreso, Ripoll tenía que convocar las asambleas de las juntas locales, entre ellas, la de Alicante. Pero Ripoll no lo hizo. No obstante, Sonia Castedo tampoco mostró mucho interés en pugnar por ese cargo. Solo aspiraba a que Ripoll no boicoteara su carrera hacia la alcaldía de Alicante. La supuesta gestora con la que los campistas amenazaban a Ripoll podría ser bien para la ejecutiva provincial o la local.
www.elpais.es 09.06.11
´LA PODEMOS PROMOCIONAR [A CASTEDO], LA TENEMOS QUE HACER CONSELLERA, ES FÁCIL´
El promotor Enrique Ortiz y el exalcalde Alperi conversan sobre el futuro político de la actual primer edil
El constructor
Enrique Ortiz y
el exalcalde de
Alicante Luis
Díaz Alperi
hablan de sus
relaciones con
concejales del
ayuntamiento y,
en concreto con
Sonia Castedo.
En un momento
dado, el
empresario
apunta la
conveniencia de
que Castedo sea
consellera.
20/6/2009 -
13.08 horas
El exalcalde de
Alicante Luis
Díaz Alperi
entabla una
larga
conversación con
el empresario
Enrique Ortiz.
Luis Díaz Alperi:
Todo lo que esté
ligado a mí, tú
estás dentro el
mismo plan.
Enrique Ortiz:
Lo que pasa es
que a mí me
tiene que tragar
[Sonia Castedo],
a mí me tiene
que tragar por
huevos.
L. D. A.: Claro,
efectivamente,
pero...
E. O.: A mí no
me puede, si
pudiera seguro
que...pero no
creo que sea,
fíjate no creo
que sea tanto
ella como que
ella hace caso a
quien se lo
dice...
L. D. A.: Bueno
pero que no
tiene ninguna
personalidad,
entonces le han
comido el coco y
se lo ha dejado
comer.
E. O.: Sí.
(...)
E. O.: Porque si
hace eso se
puede comer un
marrón muy
grande.
L. D. A.: Claro,
claro, y
entonces ella va
a ir quitándose
poco a poco como
pueda, pero ese
es su objetivo,
vamos...
E. O.: Ya, ya,
ya, lo que pasa
es que unos
pueden y otros
no.
L. D. A.:
Efectivamente.
E. O.: Otros no
puede, a mí no
me puede...
L. D. A.: Pero
mejor que no le
digas: oye, he
visto a Luis
jodido, tal, no
se que, porque
yo ayer, te
acuerdas...
E. O.: No, no,
no, pero yo no,
no de decirle..
si es que yo no
le digo nada, si
es que es mejor,
si ya le dije
yo, que
coincidimos, que
es mejor no
decirle nada, ni
a ella ni a
nadie.
L. D. A.:
Efectivamente,
efectivamente,
bueno...
E. O.: Ella
volverá, como
dice la canción,
volverá...
(...)
E. O.: Ya está,
pero la vida
da...esto da
muchas vueltas,
pasado mañana te
necesitan para
cualquier cosa y
te llama y te
pide y te hace y
te da..
L. D. A.: Pero
que es
inconcebible
eh...
E. O.: nada,
tranquilo,
tranquilo, vamos
a
promocionarla...
L. D. A.: No,
coño, que la
matan.
E. O.: No...pero
no aquí, vamos a
promocionarla en
Valencia.
L. D. A.: Bueno,
bien...
E. O.: La
podemos
promocionar, eh,
la tenemos que
hacer consellera,
lo vamos a
hacer, vamos a
trabajar para
hacerla
consellera, que
eso es fácil...
L. D. A.: Sí, y
además es una
tía que vale.
E. O.: Por eso,
esa tiene dos
huevos...
El piloto de
rallies que le
"colocó" G.
Camps
El constructor
Enrique Ortiz y
el subdirector
general de
Bancaja y
consejero
delegado de
Bancaja Habitat
S. L., José
Cortina,
conversan el 3
de julio de
2008. Hablan de
entrevistas con
el conseller de
Infraestructuras,
Mario Flores, y
sobre negocios
con empresas
como Aston,
Siemens o
Bombardier.
Cortina pregunta
si "habéis
hablado" con
Gerardo Camps. A
lo que Ortiz
responde: "Yo
también le voy a
dar un toque,
porque las cosas
no se queden en
el aire, si
alguien se
encarga de hacer
algo, que lo
haga. Yo me lo
voy a apuntar,
porque tengo un
íntimo amigo de
él que me está
haciendo
patrocinar un
coche que es el
campeón de
España de
rallies..".
"¿También te
dedicas al
deporte?",
pregunta
Cortina.
"Hombre, es el
campeón de
rallies, lleva
el nombre de
Cívica, me lo
colocó él, y
entonces lo
tengo todos los
días...",
responde Ortiz.
Se refiere al
piloto Miguel
Fuster, de
Benidorm, como
Camps.
www.levante-emv.com 09.06.11
EL JUEZ IMPUTA A ORTIZ, A SU MUJER Y AL ARQUITECTO DEL PGOU DE ALICANTE
El redactor del proyecto, Jesús Quesada, será el primero en declarar el día 30
El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, ha acordado las primeras imputaciones por el supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El juez, que dirige la investigación de esta pieza separada del sumario general del caso Brugal, iniciará la ronda de interrogatorios a los imputados con el arquitecto Jesús Quesada, redactor del documento. El profesional ha sido citado para el próximo día 30. A continuación, el 4 de julio, el juez interrogará al empresario Ortiz, que tiene otra imputación en la pieza de Brugal que investiga la contrata de la planta de basura del plan zonal, y al día siguiente hará lo propio con la mujer del promotor, María Manuela Carratalá.
A lo largo del mes de julio, el magistrado tomará declaración al resto de 21 de acusados en esta causa por parte del fiscal Anticorrupción de Alicante, salvo a dos: la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. El magistrado hace esta salvedad dada la condición de aforado del exregidor, categoría de la que también gozará en unos días la regidora, que encabezó lista autonómica del PP por Alicante.
El arquitecto Jesús Quesada preside la mercantil Laboratorios de Proyectos, SL, empresa a la que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante le adjudicó la redacción del nuevo PGOU de la ciudad. Quesada sustituyó en el cometido al arquitecto Lluís Cantallop, despedido por Alperi por discrepar del modelo de planeamiento.
En su escrito, el fiscal atribuye al redactor del PGOU los supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. El representante del ministerio público, sobre la base del informe policial, acusa a Quesada de siete supuestas infracciones penales. La primera, el 15 de mayo de 2008, cuando mantuvo una reunión "velada" en la Gerencia de Urbanismo de Ayuntamiento de Alicante con la alcaldesa (en esa fecha aún concejal de Urbanismo) y Ortiz. La segunda, prestar "auxilio" a Ortiz en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, con la anuencia de Castedo. Sobre este proyecto, según la policía, el arquitecto facilitó información en otras dos ocasiones. Las otras cuatro irregularidades son facilitar al promotor datos sobre las futuras áreas de suelo protegido para que el empresario comprara terrenos y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a las zonas urbanizables.
El promotor Enrique Ortiz está considerado por la policía y el fiscal como el líder de esta trama sobre el PGOU. El ministerio público le atribuye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y uso de información privilegiada vinculados a los siguientes hechos: solicitar información privilegiada del PGOU, de manera repetida, a Castedo y Alperi; influenciar, diseñar y conseguir resolver a su medida aspectos fundamentales del documento; comprar terrenos para su futura recalificación según información privilegiada, y pactar veladamente con Sonia Castedo la remodelación del Rico Pérez. A cambio de estos favores, el promotor colmó de dádivas a Castedo y al exregidor Alperi, entre ellas, un viaje a Creta en un jet privado a Alperi.
La tercera imputada en la causa es María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz. El fiscal le acusa de los delitos de uso privilegiado de información y participación en un delito de cohecho, por apoyar a su esposo en la gestión de obtención de dinero para presuntos pagos por favores recibidos en el PGOU. En este apartado, la policía investiga si la imputada entregó a Alperi 60.000 euros para su viaje de dos semanas a Creta.
www.elpais.es 08.06.11
UN PLAN "SUCIO DESDE LA PRIMERA PÁGINA A LA ÚLTIMA"
La Coalició Compromís presentará mañana la solicitud para que se cree una comisión de investigación en las Cortes que indague sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ahora en manos de un juzgado que trata de descifrar si el promotor Enrique Ortiz se benefició de la información privilegiada que fue recabando de la alcaldesa, Sonia Castedo, entre otros.
La diputada de Compromís Mireia Mollà recordó que hasta ahora los implicados en la tramitación judicial han negado haber aceptado regalos del promotor investigado, pero no que "hayan abierto las puertas del Ayuntamiento a Ortiz". Y abogó por que la comisión del Estatuto del Diputado de las Cortes vaya más allá de su cometido habitual y "abra un debate sobre la ética y la honestidad" de los parlamentarios.
Mollà pidió a la Generalitat que rechace el PGOU de Alicante y lo devuelva. "Está sucio desde la primera página a la última", dijo la diputada.
Por su parte, Esquerra Unida (EUPV) registró ayer un escrito en la sede de la Consejería de Urbanismo de Alicante para solicitar la suspensión cautelar de la tramitación del PGOU mientras se prolongue el procedimiento judicial en marcha. El concejal electo de EUPV Miguel Ángel Pavón argumentó que el contenido del sumario "deslegitima por completo el proceso de elaboración y aprobación provisional del PGOU".
El PSPV también criticó el supuesto trato de favor de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al constructor Ortiz. Elena Martín, cabeza de la oposición en el Ayuntamiento, pidió a Castedo "que no recoja su acta, que dé explicaciones inmediatas y asuma su responsabilidad por haber mentido descaradamente". Todo ello tras lanzarle la acusación de "haber puesto los intereses de los alicantinos y alicantinas en el comedor de un yate [de Enrique Ortiz]".
"Lo habitual"
Mientras toda la oposición salió en tromba a acusar a la regidora alicantina, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, se defendió de las informaciones que lo sitúan en la órbita del empresario investigado, al que supuestamente habría favorecido. Flores calificó de "habitual" el hecho de adelantar a los contratistas el resultado de los concursos antes de hacerse públicos y dijo que no tiene nada que ocultar.
Para sostener su argumento también esgrimió que parte del trabajo que desarrolla es "hablar todos los días, si es posible, con los empresarios de obra pública y con los alcaldes, y atender sus peticiones y ser lo más amable posible con ellos".
www.elpais.es 08.06.11
LAS SOSPECHAS EN TORNO A LA ALCALDESA DE ALICANTE CRECEN: RECIBIÓ UN MINI DEL PROMOTOR AL QUE HABRÍA BENEFICIADO
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a quien el presuntos cabecilla de la 'trama Brugal', Enrique Ortiz, llamaba ‘la nena’, fue presumiblemente la dirigente del PP valenciano que más se benefició de los regalos del empresario y dueño del Hércules CF. La grabación de una conversación entre este y su mujer revelan que la primera edil llegó a recibir un coche Mini Cooper en contraprestación por adjudicaciones que le beneficiaron.
¿Regalos a cambio de contratos? El 'modus operandi' de Enrique Ortiz, guarda grandes similitudes con el de los capos de la 'Gürtel'
Según las últimas revelaciones de este caso, de las que se ha hecho eco ELPLURAL.COM, el modus operandi guarda un parecido más que razonable al del caso Gürtel, en el que, según se desprende del sumario, los capos de la trama agasajaron a altos cargos del PP con el fin de conseguir contratos públicos millonarios.
El Mini Cooper azul
La investigación de la Policía revela que en el verano de 2009, un año después de que Sonia Castedo llegara a la Alcaldía de Alicante, Enrique Ortiz le regaló un Mini Cooper de color azul que este tenía en propiedad y que la alcaldesa cedió a su niñera.
Los contratos que favorecieron al empresario
Ortiz habría regalado el coche en medio de las negociaciones del proyecto del primer Ikea de la Comunidad Valenciana sobre suelo del empresario y de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le benefició, según el sumario de Brugal, citado por el diario El Mundo.
El coche, propiedad de Ortiz
Los investigadores comprobaron que el coche Mini Cooper aparece en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico a nombre de la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, pero que estaría en posesión de Julia Castelló, la niñera de la alcaldesa de Alicante y persona de su máxima confianza.
Prendas de lujo, vieja en yate y vacaciones pagadas
No fue el único regalo que Ortiz hizo a la alcaldesa. La investigación recoge una larga lista que incluye múltiples prendas de lujo, el viaje en el yate del constructor a Ibiza o las vacaciones de Navidad en Andorra junto a su familia.
La conversación entre Ortiz y su mujer
La conversación mantenida entre Ortiz y su mujer, Maleles, el 15 de agosto de 2009, grabada por la Policía como parte de la investigación, no deja lugar a dudas sobre el regalo del coche:
Ortiz, a su
mujer:
“Le voy a
regalar a Sonia
el Mini”
Maleles:
“¿Se lo vas a
regalar a
Sonia?”
Ortiz:
“Sí”
Maleles:
“Hostia, qué
regalo”
El empresario entonces le explica que la alcaldesa quiere cederlo a su niñera porque “le está muy agradecida” por sus servicios y la “quiere mucho”, pues está “le está criando a su hija”.
Castedo recogió personalmente el Mini
Un día después, mientras Ortiz se encontraba en Ibiza de vacaciones junto al exalcalde popular Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y su marido recogen personalmente el Mini.
www.elplural.com 08.06.11
"FLORES NOS APOYA A MUERTE, ME HA DADO EL TRAMO GRANDE DEL TRANVÍA"
Las grabaciones policiales destapan la connivencia con el político
Las grabaciones del caso Brugal han destapado las cordiales relaciones entre el promotor Enrique Ortiz, imputado en ese sumario, y el consejero de Infraestructuras, Mario Flores. El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales asegura que el consejero y su familia recibieron regalos del promotor. Este extremo fue rechazado ayer en Alicante por Mario Flores.
El 25 de julio de 2008, la policía grabó una conversación de Ortiz con un amigo del consejero en la que prácticamente solo habla el constructor: "Oye, y tu amigo Mario se porta de puta madre (...). Es un tío legal que se lo está currando. Lo está haciendo para nosotros, te lo digo de verdad, nos está apoyando a muerte (...). Me ha dado los mantenimientos de las carreteras (...) que entrar ahí es supercomplicado. Y me ha dado una zona acojonante. Me ha dado el tramo más grande de tranvía, el túnel. Me ha dado, nada más entrar, la carretera de acceso allí en Valencia. Pero no comentes nada porque encima la gente piensa que no me puede ver. No sé por qué. Pero la gente cree que me llevo mal con él". El promotor todavía añade: "Pero de puta madre, de puta madre, porque en Valencia dicen, no, no, es que Mario a Ortiz no lo puede ver, ¿sabes? Y yo digo, pues mejor así".
Diez días antes, el consejero había llamado a Ortiz mientras cenaba con otro empresario alicantino. Según los investigadores, "Mario le comunica que Enrique ha sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. Enrique le dice que el lunes está en Alicante y quedan para verse. Mario le pide discreción con la noticia". Pero dos minutos después, Ortiz llama a un empleado suyo para decirle: "Me acaba de llamar Mario en este momento, nos acaban de adjudicar el mantenimiento de carreteras".
Ayer, Mario Flores exhibió en Alicante la fotocopia del recibo de una empresa de mensajería con fecha 19 de enero que, según afirmó, justificaría la devolución -25 días después de haberla recibido en su domicilio- de la dádiva que le envió Ortiz. El acuse de recibo no llevaba cuño alguno ni la justificación de que se tratara de un reloj.
El consejero se mostró "sorprendido e indignado" porque "igual que la policía tiene una conversación, tendrá la otra en la que [Ortiz] me llama certificando que le he devuelto el reloj. En ningún momento le digo que me vaya a quedar el reloj y no entiendo cómo se puede interpretar por parte de la policía que yo he podido quedármelo".
También quiso dejar claro que siempre ha tenido "un especial celo" en rechazar regalos de este tipo y que actuó "correctamente".
Pero al día siguiente de haberle comunicado a Ortiz la adjudicación, se interceptó esta conversación con el empresario del Grupo Subús Antonio Arias.
Antonio Arias: Anda, vaya adjudicación que te hicieron ayer extraoficialmente.
Ortiz: ¡Qué maricón! ¿Qué estabas con él anoche?
A. A.: Sí.
O.: Me dijo que estaba en Madrid y dije, con algún amigo común está.
A. A.: Sí, bueno, oye, fenomenal.
O.: Sí, la verdad es que se está portando el tío de puta madre. Me tiene encantado.
Mario Flores es uno de los políticos a los que la investigación del caso atribuye la recepción de regalos del promotor en la Navidad de 2008. En su caso, fueron dos, un reloj y otro indeterminado del que el consejero le preguntó su utilidad. Según cita textualmente el informe policial, Flores habló con Ortiz el 25 de diciembre para decirle que "el reloj lo ha mirado, disfrutado, pero que este tipo de cosas las devuelve. Ortiz le dice que el regalo viene de quien viene y que no lo puede comparar a él con un contratista (...). El conseller también hace mención que su esposa Beatriz ha llamado a la mujer de Ortiz para agradecerle el detalle del bolso, el cual es precioso. Recordar que en primera instancia el bolso [de la marca Purificación García] iba a ser entregado a la secretaria del conseller, pero que por error lo entregó en el domicilio de Mario Flores y se produjo el equívoco. Finalmente, el conseller acepta el regalo", aunque ya le había dicho que le parecía "una barbaridad"
Previamente, Ortiz había comentado con Flores que el reloj no era ostentoso, para intentar convencerlo de que se lo quedara, añadiendo que no llegaba a un valor de 2.000 euros porque le habían hecho un descuento del 40%.
En la relación de regalos y dádivas enviados por Ortiz a finales de 2008 también aparece la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, que habría recibido un bolso de Purificación García. La regidora también lo negó ayer "tajantemente", escudándose en que el promotor "no ha realizado ninguna obra en la ciudad, ni la plaza de toros, ni el centro comercial".
Sin embargo, la policía registró una conversación entre ambos el 13 de junio de 2008 en la que la alcaldesa pone a disposición de Ortiz información relevante poco antes de un pleno.
Celia Lledó: Te llamaba por el otro tema, por el del centro comercial, porque hoy llevamos a pleno extraordinario el convenio que hicimos con General de Galerías.
Ortiz: Sí.
C. Ll.: Hoy es el pleno a la una. Te llamo porque tengo una duda. En la moción aprobando definitivamente el convenio tenemos que como es con General de Galerías, tenemos que poner que está sujeto a que ellos obtengan la cesión del título de agente urbanizador, entonces damos un plazo para que se lleve a escritura pública, y yo he dado hasta el 19 de junio, que fue el que hablamos cuando estuvimos aquí. Pero el 19 de junio a General de Galerías le viene mal porque pensaba que era el 30 de junio con vosotros. ¿Tú de eso sabes algo?
O.: Yo de eso no sé nada. ¿Qué problema tienen, pagar?
C. Ll.: Imagino que sí. Ya me están diciendo que les dé hasta el 30.
O.: (...) No me fío de decirte nada sin hablar antes con ellos (...).
O.: Por qué no haces que llamen a José María Fuerte para que le involucren, porque está un poquito celoso porque se enteró que estuve por allí, está celoso.
C. Ll.: No me digas.
O.: No pasa nada, pero hablas y le dices que lo que diga él.
C. Ll.: Ok.
O.: Oye, de lo otro, te digo. El parking fui a verlo y ahí no sale un parking.
C. Ll.: Sí.
O.: Mandé a mi gente y no hay demanda. Solo se llenaría el día de los toros. Está muy afuera, pero se puede hacer el estudio de la obra o ver el parking en otro sitio.
C. Ll.: Vale.
O.: ¿Cuándo vais a sacar eso a concurso?
C. Ll.: Vamos a tardar por lo menos un mes.
O.: Cuando sea, me llamas.
Esta no es la única conversación grabada entre ambos. En otra anterior, la alcaldesa de Villena puso en conocimiento de Ortiz el concurso para las obras de remodelación de la plaza de toros de la ciudad, al que finalmente no concurrió.
Tras negar que recibiera regalos de Ortiz, Lledó acusó a los cuerpos de seguridad del Estado de "grabar y vigilar a cargos del PP a ver si les encontraban algo". Y de que "no lo hacían, por supuesto, por capricho personal, sino obedeciendo órdenes concretas".
www.elpais.es 07.06.11
ORTIZ: "DE PARTE DE SONIA, DARLE UN TRABAJO EN LAS OBRAS DE ZAPATERO"
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, hizo valer en reiteradas ocasiones su relación con el empresario Enrique Ortiz, según consta el sumario el caso Brugal, de cara a pedir trabajo para conocidos o amigos. En una conversación grabada por la policía el 26 de noviembre de 2008, la edil Sonia Alegría llamó de parte de la alcaldesa a Ortiz para "buscarle a una chica y a un chico una ocupación". El empresario habla con el encargado de Inusa, al que le da instrucciones para colocar a dos personas "de parte de la alcaldesa". Primero hablan de que al sobrino de Antonio Solana, otro promotor, "ni tocármelo", dice Ortiz. Al final le recuerda que "hay dos personas que la alcaldesa quiere colocar que son del partido". La policía no acaba de confirmar la identidad de los agraciados.
El marido de la alcaldesa, Arturo Soto, llama en marzo de 2009 al empresario para proponer el ascenso de una de sus trabajadoras, Julia Castelló. Acto seguido Ortiz llama al encargado de la limpieza en el campus para exigir que la trabajadora "si tiene algo de capacidad, ascenderla a encargada o lo que sea", pero el encargado recuerda las dificultades para ascender "a dedo" en la Universidad. Al final la recomendada acabó como personal de confianza de la alcaldesa. El empresario recibe la llamada de otra concejal, María Otilia García Pertusa, para pedirle "un favor" y renovarle el contrato a una empleada. Ortiz pide a la edil que hable con su hijo, empleado de confianza del empresario investigado, para "que lo solucione". El tema se soluciona y la edil envía un mensaje de móvil a Ortiz "Gracias de parte de Sonia, por el tema de la chica de limpieza. Oti".
La propia alcaldesa envía un mensaje a Ortiz (02.04.2009) "Necesito trabajo temporal de seis meses en Inusa para un chico. ¿Es posible?", y el empresario le contesta "OK", y le pide que envíe el teléfono y nombre del interesado. Ortiz habla con uno de sus encargados, al que le da todos los datos del interesado y le dice: "Le preguntas qué sabe hacer, y qué no sabe hacer, y le das un contrato de seis meses en Inusa, llámale ahora, que está con la alcaldesa", dice el empresario. La policía deduce que las peticiones de Castedo al empresario "se cumplen de manera inmediata". Castedo tiene la intención de colocar a dos auxiliares de enfermería en un hospital. El empresario admite tener cierta influencia en Torrevieja y Elche, alegando ser socio del primero y constructor del segundo, aunque no esté acabada la obra.
El 3 de julio de 2009 la alcaldesa vuelve a solicitar trabajo para una amiga como controladora en una obra adjudicada dentro del Plan E. Ortiz habla con su encargado "de parte de Sonia, para darle trabajo en las obras de Zapatero". Castedo envía en septiembre de 2009 un mensaje de texto al empresario: "Hola bocazas. Necesito saber si sería posible poner a una chica de auxiliar en algún hospital". Ortiz le llama enseguida y explica: "El único sitio donde puedo mandarla es al hospital de Torrevieja". Por último, la alcaldesa, supuestamente, también se interesa por el despido de otra trabajadora de Ortiz a quien exige que le renueven el contrato y la hagan fija.
www.elpais.es 07.06.11
23 REUNIONES, 51 LLAMADAS Y UN SOLO PLAN GENERAL
El juez pide los datos fiscales y tributarios de 29 firmas o personas
Investiga el patrimonio de Castedo, su marido y su hermano
La policía y el fiscal del caso Brugal mantienen que los dos mandatarios del Ayuntamiento de Alicante, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, redactaron el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en función del interés particular del promotor Enrique Ortiz. La investigación justifica esta afirmación en un dato: en la recta final de la elaboración del documento (entre marzo de 2008 y enero de 2010) la policía constata hasta 23 reuniones y 51 llamadas telefónicas en las que el objeto de la conversación era el nuevo planeamiento. Y en especial las actuaciones urbanísticas que más preocupan al promotor, a saber, la recalificación del campo del Rico Pérez, propiedad de una firma del empresario, y las nuevas zonas protegidas de la ciudad para acaparar suelo y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a áreas urbanizables de la ciudad. El informe policial cifra en unos 120 millones de euros el pelotazo de Ortiz con las permutas de suelo protegido por urbanizable.
Según el informe, de la Brigada Blanqueo de Dinero de la Comisaría de Alicante, la mayoría de los encuentros se celebraron en restaurantes y otros en sus respectivos domicilios particulares. En esas reuniones, siempre según la policía, tanto Castedo como Alperi proporcionaban al promotor información, a veces hasta planos, de los proyectos que le afectaban.
La regidora Castedo ha admitido reuniones con Ortiz, "aunque siempre en presencia de técnicos municipales", puntualiza. Y, además, niega que facilitara al promotor información privilegiada.
Por otro lado, el juez que dirige la investigación de esta pieza del caso Brugal, Manrique Tejada, titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, ha autorizado a la policía a que investigue en Hacienda el posible incremento patrimonial de un total de 29 empresas o personas sobre las que recaen sospechas, aunque con diferente grado de implicación en la causa. La lista de los particulares investigados la encabezan la alcaldesa, Sonia Castedo; su marido, Arturo Soto, y su hermano, el abogado José Luis Castedo; el exregidor Luis Díaz Alperi y su hijo, Otto Díaz, además del promotor Enrique Ortiz y su esposa
En el mandamiento judicial que expidió el magistrado a la policía para que recabara la información necesaria, destaca la finalidad del de la alcaldesa, que es "realizar un estudio patrimonial completo de su unidad familiar para comprobar si sus gastos son asumibles con los ingresos declarados tanto en la AEAT (Agencia Tributaria) como los que reflejen sus cuentas bancarias, y poder destacar la recepción de posibles contraprestaciones por parte del señor Ortiz". La petición de datos incluye sus seis cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones o participaciones, fondos de inversión, existencia y contenido de cajas de seguridad u otros activos, "aunque en la actualidad se encuentren cancelados". La petición se extiende desde el 1 de enero de 2007 hasta el 1 de septiembre de 2010.
Y esta ha sido la primera información que ha recibido el juzgado. Según la documentación que obra en el sumario, entre septiembre de 2009 y abril de 2010, Castedo y su marido abonaron seis cheques o pagarés por un importe conjunto de casi 45.000 euros. El juez ha cursado ya otro mandamiento para conocer su destino.
El instructor también quiere llegar a saber si Ortiz le regaló finalmente a Castedo un coche, de la marca Mini, a través de una tercera persona del entorno de la alcaldesa, que recibió oficialmente el vehículo. Por eso, también ha pedido información de las cuentas bancarias de la mujer que tiene el coche a su nombre y de su marido desde el 1 de enero de 2009.
De Manuela Carratalá, la mujer de Ortiz, también solicita toda la información de tres cuentas bancarias sobre transferencia y traspasos de dinero, "con identificación del origen y destino de las mismas, así como la información sobre cuentas en moneda extranjera o movimientos de capital con procedencia o destino a terceros países, incluso en los supuestos en que las cuentas sean puente entre otras entidades", lo que puede interpretarse como un seguimiento de posibles depósitos en el extranjero de la familia Ortiz.
Entre las empresas investigadas destacan dos del sector aeronáutico, de las que el juez también quiere conocer los datos fiscales y tributarios. Se trata de Best Fly, SL, y Executive Airlines, SL, que "pudieran estar relacionadas con presuntos pagos irregulares llevados a cabo por Enrique Ortiz a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante por su colaboración en la obtención de información relativa al Plan General de Ordenación Urbana".
Los mandamientos judiciales se han extendido al Hércules para saber quién contrató palcos en el Rico Pérez y si la cantidad fue abonada, al objeto de saber si el exalcalde, Luis Díaz Alperi, pagó el que disfrutaba.
El juez solicita información de una agencia de viajes o la titularidad y cuentas bancarias de los hijos de Luis Díaz Alperi.
www.elpais.es 07.06.11
LA ALCALDESA DE ALICANTE AFIRMA QUE TIENE MIEDO DE RUBALCABA
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se quejó ayer de "vivir en un Estado policial", a raíz de las conversaciones telefónicas incluidas en el sumario del caso Brugal. "No tengo ningún miedo y sé incluso que me pueden imputar por decir eso, porque te imputan por todo", dijo la regidora, quien aseguró tener "miedo" de que el cabeza de lista del PSOE sea "un personaje siniestro", en referencia al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Castedo reveló "presiones" para que algunas partes del sumario salieran antes de las elecciones. La regidora detecta un "movimiento mediático" para que se influyera en el resultado electoral, "pero no lo consiguieron y lo intentan ahora".
El sumario desvela que la alcaldesa hizo valer su relación y amistad con el empresario Enrique Ortiz para pedir trabajo para amigos y conocidos. En una de estas conversaciones, el empresario habla con uno de sus encargados y le exige: "De parte de Sonia, darle trabajo en las obras de Zapatero", en referencia a uno de los proyectos del Plan E. Pero también medió para colocar a unas enfermeras o a "gente del partido" en alguna de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las adjudicaciones públicas en Alicante.
Esquerra Unida anunció que pedirá la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre el caso Brugal. El concejal electo Miguel Ángel Pavón afirmó que tanto Castedo como el exalcalde Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" de Ortiz "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y recibieron "dádivas" o "pagos".
www.elpais.es 07.06.11
RUBALCABA RESPONDE: “LA ALCALDESA DEBE EXPLICAR SUS CHANCHULLOS ANTE LOS JUECES”
El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha respondido a la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, que "no tiene un problema" con él, sino con la Justicia y la Policía, a los que tendrá que explicar "los chanchullos que tiene o que parece que tiene".
"No tiene un problema conmigo, lo tiene con la Policía"
El vicepresidente respondía así, tras visitar la sede de la Comisaría General de Policía Científica, a las acusaciones de Sonia Castedo, una de las personas investigadas en el caso Brugal y en cuyo sumario se recogen conversaciones telefónicas intervenidas. La alcaldesa de Alicante afirmó este lunes que “vivimos en un Estado policial” y calificó de “personaje siniestro” al también ministro del Interior.
El problema lo tiene con los jueces y la Policía
“La alcaldesa de Alicante ha dicho una serie de disparates. No tiene un problema con el ministro del Interior, tiene un problema con la Policía y con los jueces y es ante los jueces ante quien debe explicar los chanchullos que tiene o que parece que tiene, si es que puede hacerlo”, ha destacado.
La estrecha relación con Enrique Ortiz
Según el contenido del sumario, cuyo secreto ha sido levantado el viernes pasado, la Fiscalía Anticorrupción considera que Castedo y el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron “a la medida” del constructor Enrique Ortiz “aspectos relevantes” de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad y, además, recibieron presuntamente “dádivas” o “pagos”.
www.elplural.com 07.06.11
El sumario señala como 'clave' de la investigación el bufete del hermano de Sonia Castedo
El sumario del caso Brugal, en lo referido al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, refleja que un despacho de abogados, en el que figura el hermano de la alcaldesa, es de "importancia capital" en la investigación y señala que existe una relación entre el bufete y el exalcalde Luis Díaz Alperi.
En el marco de las presuntas irregularidades producidas durante la redacción del PGOU de la capital alicantina, según indica de forma textual el sumario, en éste se hace mención de "manera pormenorizada" del despacho "Salvetti Abogados y Consultores".
Este bufete es, en opinión de los investigadores, "de importancia capital" para la investigación en cuanto que es "comandado por dos personas muy influyentes" en la redacción del PGOU, en referencia a los letrados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.
"Influencia -señala el sumario- que en el caso de José Luis Castedo nace de su hermana" y alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, "y también de su conocimiento sobre Urbanismo, puesto a disposición de los intereses de Enrique Ortiz", empresario alicantino investigado por las citadas irregularidades e imputado en otra de las piezas del caso Brugal.
La influencia de su socio y máximo responsable del despacho -Javier Gutiérrez- en la redacción del PGOU "nace de su participación en la misma como colaborador externo", añade el sumario, en el que se señala que "la razón" por la que se menciona a este despacho es "por la relación del mismo con la figura de Luis Díaz Alperi", exalcalde de la ciudad.
"Una relación laboral que como mínimo se caracterizaría por ser de trabajo por cuenta ajena y que como máximo, a falta de precisarlo, podría llegar a ser de asociación con los dos personas anteriormente" citadas, según indica el sumario.
'Yo quiero que tú ganes más'
La "verosimilitud de dicha relación se sustenta, según el sumario, por conversaciones telefónicas intervenidas y por una reunión de Díaz Alperi en el despacho de los dos letrados.
En cuanto al modo de pago que supuestamente cobraría el bufete, el sumario recoge una conversación en la que el propio Javier Gutiérrez le comenta a Ortiz que ha hablado con una tercera persona y a ésta le ha dicho: "Enrique me ha prometido, que me da por la gestión un porcentaje y un fijo en todo. Y ha dicho -la tercera persona-, si Enrique lo ha dicho vale".
En otra de las conversaciones, Gutiérrez le dice a Ortiz: "Yo quiero que tu ganes más. Yo con cada 10 que ganas tú, me conformo con 0,50, Enrique".
La Policía Judicial registró el pasado mes de abril este bufete, de cuyo interior se llevaron "diversas cajas con documentación y soportes informáticos", si bien ninguno de los dos letrados fue detenido ni interrogado.
La Fiscalía Anticorrupción afirma que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad.
Asimismo, el fiscal ve un supuesto delito de asesoramiento ilegal, información privilegiada y tráfico de influencias en el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, por participar en el favorecimiento de Ortiz, y también en dos abogados citados por ser intermediarios a través de su bufete.
www.efe.es 07.06.11
ORTIZ SABÍA QUE DÍAZ ALPERI IBA A DIMITIR 20 DÍAS ANTES DE HACERLO PÚBLICO
Ricardo Costa al empresario alicantino: "Ya has colocado a tu pupila de alcaldesa"
El empresario
Enrique Ortiz
tenía
conocimiento de
que Luis Díaz
Alperi iba a
dimitir como
alcalde e iba a
dejar a la
entonces
concejal de
Urbanismo, Sonia
Castedo, como su
sucesora, más de
20 días antes de
que finalmente
ocurriera la
dimisión, según
consta en una de
las
conversaciones
interceptadas en
la investigación
del caso Brugal.
Ortiz mantuvo el
21 de agosto de
2008 una
conversación con
Castedo, a quien
se dirige como
"alcaldesa",
pocos días antes
de viajar a
Ibiza.
Ortiz le
traslada a
Castedo que Díaz
Alperi le ha
comentado que
quiere "hacerlo
ya ya" y que ha
"hablado con
Paco Camps" para
decírselo. La
ahora alcaldesa
dice que está al
tanto y que
"claro que lo
quiere hacer ya
pero ya es
dentro de unos
meses".
Castedo le dice
a Ortiz que
tiene "el
estómago
encogido" por su
designación como
alcaldesa y se
alegra de la
posibilidad de
que Díaz Alperi
se quede "en el
puerto". "A mí
me vendría de
puta madre, yo
lo que quiero es
que esté a mi
lado", dice la
alcaldesa, que
añade que
"mientras esté
él" estará
"tranquila".
La ahora
alcaldesa dice
que "no le
importa" que
"los palos"
vayan
directamente a
ella. "A mí lo
que me interesa
es tenerlo a él
ahí" porque,
según dice, "él
es hábil y sabe
cómo lo tiene
que hacer y yo
ejecuto,
entiendes", tal
y como han
"hecho hasta
ahora".
La información
que sobre este
extremo recibe
Ortiz vuelve a
ponerse de
manifiesto el
mismo día de la
dimisión, el 11
de septiembre de
2008, pocos
minutos antes de
que se ofreciera
la rueda de
prensa en la que
se anunció su
decisión.
Díaz Alperi
llamó a Ortiz y
le dijo que
dentro de "un
cuarto de hora
doy una rueda de
prensa" para
dimitir porque
"ya está bien".
"He estado toda
la mañana con
Camps y estamos
de acuerdo, está
aquí conmigo y
Ripoll y Sonia,
se queda Sonia,
claro", le dice
el exalcalde a
Ortiz, porque
"evidentemente
si no se queda
Sonia yo no me
voy".
En el informe
policial también
constan dos
llamadas
relevantes para
los
investigadores,
una el mismo día
de la dimisión,
entre Ortiz y
Vicente Llácer,
en la que el
primero informa
al segundo de la
dimisión de Díaz
Alperi. "Bueno,
dentro de un
cuarto de hora
dimite el
alcalde de
Alicante y se
queda Sonia de
alcaldesa", dice
Ortiz. A esto le
responde Llácer:
"bueno, ahí
tienes tus
buenas acciones,
eso lo habrás
arreglado tú,
además". Ortiz
responde: "es
amiga, es
amiga".
La segunda
llamada
destacada por
las
investigadores
es la que
mantiene con
Ricardo Costa al
día siguiente de
la dimisión. El
entonces
secretario
general del PPCV
le dice a Ortiz:
"ya has colocado
a tu pupila de
alcaldesa".
El trozo del PGOU que faltaba
Además, las
intervenciones
telefónicas de
la Policía han
permitido
determinar
cuáles eran los
documentos del
planeamiento
urbanístico de
Alicante de los
que disponía el
empresario. El
sumario apunta a
que el promotor
tenía un plano
con los
principales
núcleos urbanos
de Alicante,
meses antes de
que este
documento se
hiciera público.
La Policía
sostiene que el
plano pudo
haberle sido
entregado por el
entonces alcalde
de Alicante,
Luis Díaz Alperi.
Una de las
conversaciones
entre Ortiz y
uno de sus
empleados,
Javier Llorens,
es reveladora.
El promotor le
da instrucciones
para que
consulte en el
plano la
situación de
parcelas que
tienen en el
término
municipal. "A
ver, del Plan
General hay un
trozo, el más
importante
¿vale? pero
falta un trozo
que el tema de
Aguamarga,
de...", dice
Llorens, a lo
que Ortiz le
contesta "me lo
darán, me lo
darán, ya te lo
daré eso".
www.levante-emv.com 07.06.11
CASTEDO EXPLOTA POR BRUGAL: ´VIVIMOS EN UN ESTADO POLICIAL´
La alcaldesa de Alicante tilda a Rubalcaba de "personaje siniestro" y afirma que la pueden imputar por sus palabras porque "en este momento te imputan por todo"
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), una de las personas investigadas en el caso Brugal y en cuyo sumario se recogen conversaciones telefónicas intervenidas, ha dicho hoy que "vivimos en un Estado policial" y ha tildado de "personaje siniestro" al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
"No tengo ningún miedo y sé que, a lo mejor, me pueden imputar incluso por decir esto, pues en este momento te imputan por todo", ha criticado Castedo.
La regidora alicantina ha realizado estas declaraciones al ser preguntada por las noticias aparecidas en los medios de comunicación tras el levantamiento del secreto del sumario del caso Brugal, en lo referido a presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
Según el contenido del sumario, a cuyos miles de folios ha tenido acceso EFE, la Fiscalía Anticorrupción considera que Castedo y el exalcalde Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" del constructor Enrique Ortiz "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y, además, que recibieron "dádivas" o "pagos".
Tras asistir al acto de recepción de un crucero turístico en el puerto de la ciudad, Castedo ha indicado que, "posiblemente", tendrá que defenderse "de delitos que no se han cometido" y ha considerado que las informaciones periodísticas relacionadas con el sumario responde al "morbo, porque al final es de lo que se trata".
En los miles de folios que constituyen el citado sumario figuran conversaciones telefónicas intervenidas, seguimientos policiales y toma de fotografías.
"Me da miedo, miedo me da, que el cabeza de lista a nivel nacional del Partido Socialista sea Rubalcaba. Creo que es un personaje absolutamente siniestro y lo digo como lo pienso", ha agregado la alcaldesa.
En este contexto ha indicado que Rubalcaba "es de lo peor que puede tener este país porque, además, durante el tiempo que él ha estado y está ha sido, creo, la crónica más negra, desde el punto de vista político, que ha tenido que sufrir este país".
Según ha dicho, "hubo presiones" para que algunas partes del sumario "salieran antes" de la última campaña electoral "y lo digo porque creo que es importante saber cómo se está moviendo todo".
A su juicio, los datos recogidos en el sumario, a través del "movimiento mediático, podrían haber influido de manera importante, por ejemplo, en lo que es el resultado de las elecciones, pero no lo consiguieron".
"Pero lo han
hecho ahora y me
alegro de que no
lo consiguieran
porque me habría
parecido muy
injusto que por
lo intereses de
algunos las
repercusiones
las tuvieran que
sufrir otros",
ha remarcado.
Tras afirmar que
"el tiempo
dejará a cada
uno donde lo
tiene que
dejar", Castedo
ha reiterado que
no tiene
"absolutamente
nada que
esconder" y que
no le preocupa
nada "estar
leyendo" lo que
aparece en
prensa. "Sé
perfectamente lo
que he hecho y
lo que no he
hecho", ha
enfatizado.
Asimismo, ha
asegurado
desconocer si la
investigación ya
ha concluido y
el porqué de las
interpretaciones
y supuestos que
en el sumario se
recogen y que,
según ha dicho,
dan a entender
supuesta
información
privilegiada
dirigida a la
consecución "de
unos objetivos
concretos, que
son beneficios
dentro del
PGOU".
Sin embargo, Castedo ha recalcado que estos últimos no existen y que "cualquiera" puede comprobarlo accediendo a través de internet al documento del PGOU.
"Si no hay beneficios en el PGOU, ¿todo lo demás qué significa?", se ha preguntado la alcaldesa en alusión, según ha dicho, a un posible tráfico de influencias, información privilegiada y regalos.
"A lo mejor los regalos no tienen nada que ver con el Plan General", ha planteado la regidora, quien ha mostrado su interés por conocer el contenido de nuevos informes que en el plazo de 20 días deberán emitir los investigadores.
"Jugaré las cartas que tengo que jugar en el momento que me toque jugar", ha aseverado.
www.levante-emv.com 06.06.11
ALPERI LE PIDIÓ A ORTIZ QUE LE PRESTARA A SU CHÓFER PARA TRASLADARSE A LES CORTS DOS VECES POR SEMANA
El exalcalde le pidió el favor al empresario porque quería ahorrarse las incómodas búsquedas de aparcamiento en Valencia
La investigacion policial sobre presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) vincula las conversaciones entre el exalcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi, y el constructor Enrique Ortiz en el marco de una relación «estrecha» y de «colaboración» mutua. Así, uno de los pinchazos telefónicos revela una comunicación que la propia policía tilda de «esclarecedora» para conocer «hasta qué punto Alperi y Ortiz tienen una relación estrecha». La citada conversación fue interceptada el día 28 de octubre de 2008. En ella, Alperi le pide a Ortiz que le deje su chófer para desplazarse a Les Corts de Valencia dos veces por semana.
El exalcalde
justifica su
petición en la
incomodidad que
le supone tener
que aparcar en
la ciudad del
Turia para ir a
sus sesiones
como diputado
autonómico.
La conversación
fue grabada a
finales de
octubre, un mes
y medio después
del pleno que
formalizó a
Sonia Castedo
como alcaldesa
de la ciudad. El
exregidor, que
acostumbraba a
llevar chófer y
desplazarse en
coche oficial,
ve interesante
en octubre,
cuando se
reactiva el
periodo de
sesiones de Les
Corts, solicitar
la colaboración
de Ortiz para
ver si puede
prestarle a su
chófer para ir a
Valencia a las
Cortes
Valencianas.
www.levante-emv.com 06.06.11
ORTIZ INTENTÓ EN BENIDORM OBTENER EDIFICABILIDAD RECALIFICANDO SUELO
Quería incluir El Moralet en el nuevo Plan General como parque natural
Benidorm es, tras Alicante, la ciudad donde Enrique Ortiz atesora más suelo e intereses. Desde el plan parcial Armanello, de 531.000 metros y 3.741 viviendas en torres de hasta 29 alturas, hasta la concesión de la estación de autobuses de la ciudad, pasando por las parcelas que le compró a Terra Mítica para construir apartamentos turísticos de lujo.
El promotor del 'caso Brugal' se fijó en Benidorm, después de Alicante
Pero también tiene junto con otro promotor alicantino, Antonio Solana, 540.000 metros de suelo no urbanizable de especial protección en la partida conocida como El Moralet. En 2006 intentaron, con la colaboración municipal, que el Consell aprobara un concierto previo para construir 2.000 viviendas, 700 de ellas protegidas, pero dos años después el proyecto fue desestimado por la comisión territorial de Urbanismo de Alicante, que exigió tramitarlo a través de la revisión del Plan General, vigente desde 1990.
Y según desvelan las conversaciones interceptadas por la policía en la investigación del caso Brugal, a esa tarea se ufanó el promotor para ejecutar la misma operación que llevó a cabo en Alicante, por la que está imputado. Es decir, incluir su suelo en el nuevo plan general como parque natural para así poder transferir la edificabilidad a otro sector utilizando influencias políticas.
Queda claro cuando el 23 de enero de 2009 Ortiz recibe una llamada de Antonio Solana después de reunirse con el entonces alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP.
Solana: Entonces, ¿qué te ha dicho [Fenoll]? Na, no, te ha dado largas, ¿no?
Ortiz: No, que sí, que sí, que lo quieren sacar (...) y que invitan a alguien para que sea una cosa buena y que tal y que cual, lo que me ha dicho un nombre que yo no lo conozco.
S: Pues no lo sé.
O: A ver si Pepe [Requena, una empresario que hace de intermediario para Ortiz en Benidorm] le saca a quiénes van a invitar para la realización del plan.
S: Joder, ¿y no te lo ha podido decir?
O: No, si a mí me ha dicho, me ha dicho un nombre de un tío que yo no lo conozco de nada.
El 24 de marzo de 2009, Ortiz habla con un empleado suyo sobre los plazos de la revisión del PGOU de Benidorm.
Empleado: Tramitarlo y conseguir que el Ayuntamiento te diga que sí y que la conselleria te diga que sí en condiciones normales con mucha decisión política, en 12 meses lo tienes que tener resuelto.
Ortiz: Vale, vale.
E: Ya te digo, porque aquí lo que importa es tener huevos.
O: Ya, ya, esa decisión ya está tomada. ¿Sabes a quién se le ha encargado?
E: No.
O: Pues a los mejores. Se lo van a encargar a los mejores. Ya te contaré.
Fuentes del PP aseguraron ayer que el Ayuntamiento no tramitó la revisión del PGOU, pero que Ortiz encargó a una asesoría externa un borrador de revisión que presentó en el Consistorio.
www.elpais.es 06.06.11
EL PROMOTOR A CASTEDO: "TENGO QUE HABLAR CONTIGO PARA MARCARME LA ESTRATEGIA"
Las escuchas del caso Brugal han dejado al descubierto la familiaridad con la que se trataban el promotor Enrique Ortiz y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Ambos hablaban o se citaban con una periodicidad casi diaria. El 12 de mayo, el promotor intenta concertar una visita.
Enrique Ortiz: ¿Quieres que vaya a las... a qué hora llegas a tu despacho?
Sonia Castedo: No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate.
E. O: ¡Ah! Que lo que quieres es que no me vean allí.
S. C: No, no quiero que te vean allí, claro.
E. O: Pues nada, entonces si quieres nos vemos ahora. ¿Qué vas a hacer, dónde tienes a Turi?
S. C: Turi está en casa. Pero que da igual, que mañana nos podemos ver si quieres en cualquier otro lado, si prefieres mañana me da exactamente igual.
E. O.: Es que quiero verme contigo ya, porque tengo un montón, tengo que hablar contigo para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo.
En otra de las conversaciones, en este caso con un empresario alicantino, Ortiz deja clara el ansia con la que ha manejado sus negocios cuando es felicitado después de recibir una adjudicación.
Antonio Arias: Lo primero, enhorabuena, que la semana pasada me comentaron que te dieron una buena adjudicación.
Enrique Ortiz: Muchas gracias, muchas gracias.
A. A: El martes yo he estado en Valencia y me dijeron, acabo de hablar con este y en 35 millones de euros. No está mal, no.
E. O.: No está mal, no, no está mal, está bien.
A. A: Está bien, para que no te quejes tanto, coño.
E. O: No está mal, pero tengo que llorar más porque yo soy la polla insaciable.
A. A: Eso es, eso lo digo yo siempre. Enriquito es la polla insaciable.
Y se rieron de la broma.
www.elpais.es 06.06.11
RICARDO COSTA MEDIÓ PARA EL CONSTRUCTOR EN TORREVIEJA SALUD
El mismo Enrique Ortiz fijó el importe de los beneficios de la venta de su participación en Torrevieja Salud, la empresa que gestiona el hospital de esta localidad de La Vega Baja, que él mismo había construido y que está en funcionamiento desde noviembre de 2006.
"Al final son seis millones y medio, de los cuales yo le voy a tener que dar a este, Carlos Paz, un millón ochocientos mil euros", le dijo a un empleado suyo en otra de las conversaciones intervenidas por orden judicial. Y añadió que al final le quedarían cuatro millones más de lo que había puesto.
Pero Ortiz tuvo que resolver primero un litigio con Carlos Paz, otro de los pequeños accionistas de Torrevieja Salud, por un acuerdo privado entre ambos, para lo que buscó, y encontró, la mediación de Ricardo Costa y del consejero de Sanidad, Manuel Cervera.
El 27 de noviembre de 2008, Costa llamó a Ortiz para decirle que había estado hablando con el consejero y su problema con Paz se resolvería. El informe policial asegura que Costa dijo que la adjudicación del hospital fue un "apaño que se hizo porque el escenario en Torrevieja era muy complicado, viniendo el tema de Rambla [exconsejero de Sanidad]" y que "ahora la situación es mucho más favorable al haberse resuelto unos concursos, al parecer de resonancias, y que el tema se va a resolver".
En efecto, un par de meses antes, el Consell había adjudicado el nuevo concurso para la realización de las resonancias magnéticas de la sanidad pública valenciana por 497 millones de euros a una UTE participada por Carlos Paz, dueño de varias clínicas privadas, una de ellas en Benidorm.
Costa también pidió trabajo a Ortiz para un despacho de abogados que tiene con otro socio en Valencia. Para Alicante, estuvo buscando "una referencia donde no apareciera yo".
www.elpais.es 06.06.11
LA POLICÍA CONSIDERA QUE ORTIZ REALIZABA CONTRATOS FICTICIOS DE ALQUILER DE SU YATE A SEDESA
El sumario revela que Ortiz gestionó supuestamente parte del viaje de Castedo y Alperi a Oporto para negociar con Ikea
La Policía considera que el constructor, Enrique Ortiz, pudo
realizar
"presuntos
contratos
ficticios de
alquiler" de su
barco 'Elena' en
los que
utilizaba como
arrendatarios a
Sedesa
--propiedad del
empresario
valenciano,
Vicente Cotino,
sobrino del
conseller de
Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo
y Vivienda de la
Generalitat,
Juan Cotino--
así como a
personas físicas
de su entorno.
Tal y como
recoge uno de
los informes
policiales que
consta en el
sumario de la
pieza separada
del caso Brugal,
cuyo secreto ha
sido levantado
este viernes y
al que ha tenido
acceso Europa
Press, la Unidad
de Delincuencia
Económica y
Fiscal (UDEF)
considera que
Enrique Ortiz
habría
modificado la
matrícula y el
objeto-finalidad
de su yate
'Elena' para
realizar
presuntos
contratos
ficticios de
alquiler.
Así, en una conversación telefónica del 24 de julio de 2009, Ortiz
le comunica a
uno de sus
trabajadores que
el yate se le
alquilará "a
SEDESA" durante
"estos 15 días",
con la finalidad
de que este
empleado mande
al capitán de la
embarcación los
datos de SEDESA.
El cinco de
agosto de 2009
Ortiz llama a
Vicente Cotino
para pedirle el
DNI de su mujer,
y en esa
conversación
éste le pregunta
a Ortiz, entre
risas, "¿por
donde estamos
navegando?, si
se puede saber",
a lo que Ortiz
le contesta que
"estás en
Ibiza". A
continuación el
empresario
alicantino
ofrece a Cotino
una lancha
durante unos
días, a lo que
éste contesta
que está "en
Coruña".
La policía hace
constar en su
informe que
durante esa
conversación
Cotino pregunta
a Ortiz con qué
barco se ha
trasladado a
Ibiza, a lo que
éste le
contesta: "tu
estás navegando
con el Benetti,
con el mío,
conmigo" y
Cotino responde:
"Contigo,
\u00A1ah!, estoy
contigo", y
después le pide
que cuando pague
algo por ahí,
que "recoja las
facturas" para
que las
archive", y se
ríe.
ALQUILER A LOS RUSOS
Además, la policía considera en su informe que Enrique Ortiz alquiló el yate 'Elena', del 17 al 24 de julio, a unos individuos de nacionalidad rusa, a los que les cobró 108.000 euros de alquiler, 50.000 más 8.000 de IVA por un lado, y otros 50.000 sin IVA.
El encargado de recoger el pago sería el hermano de Ortiz, Virgilio Ortiz, quien le habría manifestado su temor de ir solo a cobrar, por lo que el empresario y constructor alicantino le ofrece que vaya con su chofer, a lo que Virgilio responde que "mejor, coño", puesto que "con lo que voy a recoger y todo el follón" no le gustaría "ir solo".
Así, el 17 de Julio de 2009 Virgilio Ortiz y el chofer del empresario se encuentran en el barco para cobrar por su alquiler, con "una máquina comprobar si los billetes son buenos", desde donde llaman a Ortiz para indicarle que los individuos "traen la mitad" del dinero, y que "la otra mitad se la dan al capitán".
A esto Ortiz responde que "El barco no sale si no recibe todo el dinero". Finalmente, de as conversaciones intervenidas, la policía infiere que Virgilio Ortiz recogió todo el dinero y se lo entregó a la mujer de Enrique Ortiz ese mismo día.
LOS INTERESES EN IKEA
El empresario alicantino Enrique Ortiz supuestamente gestionó parte
del viaje a
Oporto
(Portugal) para
que la alcaldesa
de Alicante,
Sonia Castedo, y
el exalcalde,
Luis Díaz Alperi,
pudieran volver
en avión privado
tras las
negociaciones
con los
responsables de
Ikea, de las
cuales, según la
investigación
policial, el
constructor
estuvo
plenamente
informado, ya
que ambos
"defendieron los
intereses de
Ortiz" en la
implantación de
la multinacional
en la ciudad.
Según consta en
el sumario de la
pieza separada
del caso Brugal,
relativa al Plan
General de
Ordenación
Urbana (PGOU) de
Alicante, tanto
en los informes
policiales y en
diligencias
previas elevadas
por el fiscal al
juzgado
instructor, Luis
Díaz Alperi
presuntamente se
puso en contacto
con Enrique
Ortiz para
informarle del
viaje que iba a
hacer con Sonia
Castedo a Oporto
para negociar
con los
representantes
de Ikea en
noviembre de
2008.
Además, el
exalcalde
presuntamente le
pide a Ortiz que
les gestione la
vuelta desde
Santiago de
Compostela. Así,
Díaz Alperi le
comenta:
"nosotros, y
cuando digo
nosotros, me
refiero a Sonia
Castedo y yo,
nos vamos a ir a
Oporto (...)
para darles
cumplida
satisfacción a
los de Ikea".
Ortiz le dice
que es "bueno,
que hay que ir,
pero que hay que
apretarles un
poco", a lo que
Díaz Alperi
responde que con
la información
de la que
dispone "ya
sabremos lo que
le tenemos que
decir".
Así, añade que él y Castedo han "considerado que no es conveniente" que él asista, pero le pide "conseguir un avión para esto", en concreto para la vuelta desde Santiago de Compostela, ya que tras la reunión en Oporto ambos van a Galicia. Ortiz le pregunta si su "amigo común" no puede ofrecérselo y Díaz Alperi le dice que no porque "lo tiene en Zurich".
Por ello, Ortiz le pide concreción sobre el día y le asegura que hará "la gestión". En concreto, la gestión consiste en establecer comunicación con Vicente Cotino, a quien le pide que "reserve el avión para el día 2 de noviembre", a lo que el otro accede, ya que es "uno de los apoderados de la mercantil Asedes Capital SA, que tendría como objeto social", entre otros, del arrendamiento de "todo tipo de vehículos destinados al transporte", incluidas aeronaves. Según el informe, "queda de manifiesto que el señor Ortiz habría realizado las gestiones solicitadas por el señor Díaz Alperi".
Después, el informe policial indica que el exalcalde "da traslado al empresario investigado de lo acaecido en la primera reunión con los representantes de Ikea, manifestando que las personas con las que se ha reunido (...) les habrían mostrado las instalaciones que la multinacional tiene en la ciudad lusa".
"Esa misma noche, tal y como también confirma el señor Díaz Alperi, tenían prevista una cena con los representantes de Ikea, donde se trataría más a fondo los asuntos, y en la cual, tanto el exalcalde, como la alcaldesa de la ciudad, defendieron los intereses del señor Ortiz", se asegura en el informe policial.
Según añade, "el señor Díaz Alperi tranquiliza al señor Ortiz diciéndole que les ha trasladado a los de Ikea que no e están dispuestos a que les tomen el pelo, en clara referencia a las trabas que los representantes de la multinacional están poniendo para el cierre definitivo del acuerdo", que, según le informa, será en ese mismo mes de diciembre, según el "compromiso" de los representantes de Ikea con Castedo.
El informe policial indica que queda "una vez más de manifiesto que el señor Díaz Alperi, a pesar de haber abandonado la alcaldía de la ciudad seguiría teniendo gran peso en las decisiones y negociaciones llevadas a cabo por el consistorio alicantino, siendo, junto con la actual alcaldesa, el gran valedor de los intereses urbanísticos de Ortiz en la capital alicantina".
Esta conclusión de los investigadores se basa en unas palabras de Díaz Alperi a los representantes de Ikea: "yo quiero seguridad, lo que no va a meterse la alcaldesa es en una reforma urbanística muy importante, que al final siempre tiene follones y que además coincide en que además en estos momentos la alcaldesa es quien lleva Urbanismo para luego no hacer nada vosotros".
Posteriormente, Díaz Alperi vuelve a "aparecer la figura del exalcalde, ya que como refieren los contertulios próximamente obtendrá un cargo, presumiblemente político, desde donde podrá ejercer presión para que la tienda Ikea sea instalada en Alicante", ya que uno de los responsables de la multinacional le ha trasladado a Ortiz que la consellera, entonces de Industria, y ahora de Turismo, Belén Juste, está ejerciendo "presiones" para que se instalaran en Valencia.
Según el informe, "la consellera tendría en mente la instalación de una tienda en la Comunidad Valenciana y su ubicación sería Valencia", por lo que el señor Laval --representante de Ikea-- apostaba por "dejar pasar el tiempo, mientras la multinacional negocia con la Federación del Mueble para que se rebaje la presión política".
www.levante-emv.com 05.06.11
ENRIQUE ORTIZ: ´PREFIERO ESTAR EN CASA Y QUEDARME CON TODO´
El empresario alicantino Enrique Ortiz afirmó, en una de las
conversaciones
interceptadas
del caso Brugal,
que le había
dicho al que
fuera conseller
de Medio
Ambiente, Agua y
Urbanismo, José
Ramón García
Antón, que
prefería
"quedarse en
casa y quedarse
con todo",
respondiendo así
a la
recomendación
del conseller de
que hiciera
negocios fuera
de la Comunitat
Valenciana
porque "no le
gustaba que
tuviera tanto
poder".
Según consta en
uno de los
informes
policiales
dentro del
sumario de la
pieza separada
del caso Brugal
Ortiz y García
Antón
mantuvieron
diversas
conversaciones
relativas a
cuestiones
urbanísticas,
especialmente
sobre el Plan
Rabassa y aunque
el empresario
intentó
invitarlo de
vacaciones en su
barco, el
conseller
rehusó.
Así, el informe hace mención a una reunión que mantuvieron ambos en Valencia, concretamente 18 de noviembre de 2008, en un restaurante, que fue vigilada por los agentes investigadores. Tras el encuentro, Enrique Ortiz le comenta por teléfono a su empleado, Luis Perea, que el conseller "le ha trasladado su temor porque no le gusta que tenga tanto poder, que lo acapare todo".
En este sentido, el empresario alicantino comenta a Luis Perea que
el conseller
García Antón le
ha aconsejado
"también que
debería salir,
refiriéndose a
hacer negocio
fuera de la
Comunitat
Valenciana".
Según el
informe, "ante
ello, el señor
Ortiz, según sus
propias
palabras, le ha
replicado al
conseller que
prefiere
quedarse en casa
y quedárselo
todo".
"Debemos
tenerlos
contentos porque
hay un huevo de
intereses"
En una conversación grabada el 18 de diciembre de 2008, Ortiz le dice a su mujer, después de que ésta le reprochara que era excesivo hacer un regalo por Navidad a todas las ediles del PP de Alicante, que por "regalarles un detalle posteriormente las tiene a su disposición" y añade que "a los del Ayuntamiento de Alicante tenemos que tenerlos contentos porque hay un huevo de cosas y de intereses". Según el sumario, el modus compensatorio de Ortiz es heterogéneo, desde "favorecer pecuniariamente proyectos empresariales de familiares de los cargos políticos" y "la contratación de terceras personas" a la financiación de regalos a distintos cargos políticos y el diseño de vacaciones a medida. De esta forma, Ortiz crea, según se señala textualmente, "un vínculo más cercano que le permita conseguir sus objetivos futuros". Tras conocer los datos del sumario, las fuerzas políticas de la oposición en la ciudad de Alicante, como PSOE, Esquerra Unida y Compromís, han coincidido en criticar estos hechos y han tildado los mismos de "muestrario de especulación urbanística", "escándalo mayúsculo" y "presunta trama delictiva". La edil electa de Alicante y secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, instó a Castedo a no recoger su acta de concejal.
www.levante-emv.com 05.06.11
EL ESCÁNDALO DEJA A ALPERI SIN POSIBILIDAD PARA PRESIDIR LAS CORTS Y ALEJA A FENOLL DE LA ALCALDÍA
La dirección regional del PP admite un "grave daño" a la imagen del partido pero descarta pedir dimisiones a sus cargos públicos - La cúpula popular asegura contar con el compromiso de Sonia Castedo de que no se volverán a reproducir imágenes como las de los viajes con Enrique Ortiz
El nombre de Luis Díaz Alperi era uno de los que el PP tenía encima de la mesa para presidir las Corts. Pero, como apuntaron fuentes populares, las revelaciones del sumario que recoge la investigación abierta sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz pueden haber arruinado por completo la presión del exalcalde y, por extensión, sus opciones de convertirse en la segunda autoridad de la C. Valenciana. No es el único que sale "tocado" del embrollo. En Valencia dan por hecho que, después de levantarse el secreto de sumario, las opciones, a día de hoy ya limitadas, de Manuel Pérez Fenoll para hacerse con la Alcaldía de Benidorm -figura como receptor de un reloj de 24.000 euros que le habría regalado Ortiz, aunque el dirigente asegura haberlo devuelto-se han esfumado casi por completo.
En la cúpula regional del PP no han sentado nada bien los informes que aporta la investigación policial, especialmente, los apuntes sobre los supuestos pagos recibidos por Luis Díaz Alperi a cambio de dar trato de favor a Ortiz. Había, desde hace varios meses, un cierto temor en los despachos de la sede regional del PP. El caso Gürtel, pese a que el presidente Camps está a punto de sentarse en el banquillo y a la seguridad de que finalmente la cúpula popular acabará encausada por la financiación irregular del PP, está, desde el punto de vista de la defensa judicial, muy delimitado; pero nadie sabía, por contra, los secretos que iban a sacar a la luz los tomos de la operación Brugal -los dedicados a la tramitación del planeamiento de Alicante- que quedaban aún por conocerse.
Desde las filas populares, nadie, más allá de Antonio Clemente y para cargar contra Jorge Alarte, salió ayer a la palestra. Ni para defender, ni para justificar. Nada de nada. Es un síntoma. En el PP son conscientes de que el escenario supone un grave daño para la imagen del partido que, a pesar de su victoria el pasado 22-M, perdió 70.000 votos en la urna autonómica. No han gustado ni las revelaciones sobre las supuestas dádivas recibidas por Alperi con viajes en jet privado, el presunto regalo de tres casas para sus hijos o pagos en metálico. "El que aparece en los papeles lo tendrá que explicar", emplazó un destacado dirigente del PP. En las últimas semanas, de hecho, Alperi había movido ficha para situarse como presidente de las Corts. A cuatro días de la constitución del hemiciclo autonómico, sus opciones, al menos a priori, son inexistentes, apuntaron fuentes del PP.
A Sonia Castedo, aunque tampoco ha gustado en la cúpula regional del
PP el tejemaneje
de los viajes en
el yate de Ortiz
con salida desde
Dénia para
buscar
discreción, sin
embargo, la
distancian de
Alperi. En la
dirección
regional del PP
aseguran tener
el compromiso de
la alcaldesa de
Alicante de
evitar que esas
escenas,
grabadas y
fotografiadas
por la Policía,
se vuelvan a
reproducir.
Consideran que,
en todo caso, la
primera edil se
vio arrastrada
por una
situación "de
facto" heredada
de la etapa de
su antecesor.
Junto a Alperi,
en la dirección
regional del PP
también
consideran que
las revelaciones
del sumario
sobre el reloj
con el que,
supuestamente,
Ortiz habría
agasajado a
Pérez Fenoll,
exalcalde de
Benidorm, alejan
por completo las
opciones de éste
de retornar a la
Alcaldía.
Sumario en mano,
señalan, Gema
Amor-la antigua
dirigente del PP
que ahora tiene
la llave de la
Alcaldía después
de liderar una
candidatura
independiente-
tiene más
argumentos que
nunca para
reclamar la
marcha de Pérez
Fenoll como
condición
ineludible para
entrar a
negociar un
acuerdo estable.
Tratar de evitar
una batalla
campal en la
Diputación
Dirigentes populares señalan que las opciones de Joaquín Ripoll, imputado por cinco graves delitos en la pieza de la operación Brugal que investiga la adjudicación del plan zonal de basuras de la Vega Baja, para seguir en la Diputación se han consolidado en las últimas horas. Así lo creen cargos próximos al dirigente provincial consultados por este periódico. A casi todos los implicados, de alguna manera, apuntan estas fuentes, los iguala la visita de rigor al yate de Ortiz, un escenario esencial de la trama. Si Génova no entra al trapo en el PP valenciano, lo lógico, señalan, es que no avale tampoco una guerra en la Diputación. En cualquier caso, en ambos bandos -campistas y ripollistas- se mostraron preocupados y sugirieron que es el momento de que Madrid empiece a pensar en poner orden.
Mario Flores asegura que devolvió el reloj a Ortiz
El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, negó
ayer haber
aceptado un
reloj que
Enrique Ortiz,
el empresario
que aparece en
el epicentro de
la investigación
de caso Brugal,
le habría
regalado, según
consta en la
parte del
sumario que se
hizo pública el
pasado viernes.
Junto a la nota
de prensa, el
conseller Flores
remitió un
albarán de una
empresa de
mensajería como
prueba de que,
en su día,
retornó al
constructor el
agasajo. "Tengo
el justificante
de envío por
mensajería
correspondiente
a la devolución
de dicho
regalo",
aseguró.
Flores se mostró
"indignado" por
la "información
parcial y
sesgada" que se
ha hecho pública
sobre regalos y
conversaciones
telefónicas que,
en todo caso,
figuran en los
diferentes tomos
del sumario
judicial. El
conseller pidió
que se haga
pública una
"segunda llamada
en la que Ortiz
me reprocha
haberle devuelto
el reloj" y en
la que el
conseller
aclararía que
"no acepto ese
tipo de
regalos". "Se
debe reparar el
daño mediante la
difusión de esa
llamada. A lo
largo de mi
carrera no he
aceptado nunca
ningún regalo
ostentoso ni
favor de ningún
tipo", cerró el
conseller de
Infraestructuras
que aparecía,
junto a otros
dirigentes del
PP, en una lista
de receptores de
una serie de
agasajos que les
habría realizado
el promotor
Enrique Ortiz.
www.levante-emv.com 05.06.11
EL 'CASO BRUGAL' REVELA EL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN ALICANTE
"Me tienes que enseñar el planito", dice el empresario Ortiz. "Mañana te lo llevo", responde la actual alcaldesa
"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en el caso Brugal, que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad. Un sumario que destapa la connivencia entre Ortiz y dos políticos del PP, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la actual regidora, Sonia Castedo, entonces edil de Urbanismo.
Ortiz: "Es un disparate, hablamos de 20.000 millones de pesetas"
El jueves se levantó el secreto de sumario del caso. Y queda ahora claro que, según la policía y el fiscal Anticorrupción, que acusa a los políticos y al empresario de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información, Ortiz se valió de información privilegiada para conseguir su propósito de moldear la redacción del PGOU a su interés personal. Una información facilitada por Castedo y por Díaz Alperi. En las conversaciones Castedo habla sin tapujos de los intereses de Ortiz en la ciudad. "Te hemos apañado lo del Hércules", le dice al empresario sobre la recalificación del estadio Rico Pérez. Y cuando el promotor le pide información sobre el futuro PGOU -"me tienes que enseñar el planito"-, la edil le contesta: "Mañana te lo llevo". La investigación sostiene que el empresario apuntaló su estrategia con un entramado que incluyó urbanistas, funcionarios y varias mercantiles.
Un eslabón destacado del entramado del Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Este despacho comenzó a funcionar en 2008 y, según la policía, medió por imposición directa del exregidor Alperi en el grueso de las operaciones inmobiliarias de Ortiz vinculadas al nuevo planeamiento urbano.
Uno de los mecanismos mediante los cuales el empresario pretendía materializar el pelotazo urbanístico consistía en la compra de suelo en áreas de la ciudad que iban a ser declaradas parque natural, para luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a zonas urbanizables. La segunda pata de la operación de Ortiz pasaba por la recalificación del estadio Rico Pérez, que un año antes había adquirido al Consistorio por 7,2 millones.
En las conversaciones también se revela el pacto entre la alcaldesa y el promotor para buscar material que pudiera implicar en alguna irregularidad al portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, alcalde de Alicante de 1991 a 1995 y principal azote del PP por el caso Gürtel la pasada legislatura. De hecho, el PP denunció en septiembre de 2010 que Ortiz le pagó unas obras para reformar su casa en 1997, por lo que pidió su dimisión y presentó una querella, que fue archivada. Este es un extracto de la charla:
Sonia Castedo. ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?
Ortiz. No.
S. C. ¡La pagaste tú!
O. A ver, a ver, yo no, yo no.
S. C. Me van a dar la factura.
O. No, no tiene factura nuestra, no.
S. C. No es vuestra.
O. (...) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente, puede ser, pero no.
www.elpais.es 05.06.11
EL HERMANO DE CASTEDO, 'OFICINA PARALELA' DE ALPERI
El exalcalde exigió a Ortiz su presencia en las operaciones
"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad.
Movilizó a sus asesores para variar los parámetros de sus terrenos
Compró suelo protegido para trasvasar los aprovechamientos
Pidió recalificar el Rico Pérez para hacer gratis un nuevo campo
Según la policía y el fiscal, el empresario moldeó la redacción del PGOU a su interés personal en base a la información privilegiada facilitada en primera persona por la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor en el cargo y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. La investigación va más allá y sostiene que el empresario apuntaló su estrategia con un entramado que incluyó expertos urbanistas, funcionarios y diversas mercantiles.
Un eslabón destacado del entramado de Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Este despacho comenzó a funcionar en 2008 y, según la policía, medió por imposición directa del exregidor Alperi en el grueso de las operaciones inmobiliarias de Ortiz vinculadas al nuevo planeamiento urbano. "El hermano de la alcaldesa, Javier Gutiérrez y el exalcalde de Alicante, al parecer, actuarían coordinadamente a través de la consultoría Salvetti Abogados y Consultores, SLP", recoge el informe policial.
Uno de los mecanismos mediante el cual el empresario pretendía materializar el pelotazo urbanístico consistía en la adquisición de suelo en áreas de la ciudad que iban a ser declaradas parques naturales en el nuevo planeamiento para luego trasvasar sus aprovechamientos a zonas urbanizables en la ciudad. La segunda pata de la operación de Ortiz pasaba por la recalificación del estadio Rico Pérez, que un año antes había adquirido al Consistorio por 7,2 millones de euros. Si prosperaba la operación, Ortiz podría presentar a la afición un nuevo estadio gratis.
Las operaciones de compra de suelo en zonas protegidas y, en paralelo, en zonas urbanizables, se centraron básicamente en tres puntos: el saladar de Agua Amarga y la sierra de Fontcalent, ambas protegidas en el nuevo planeamiento, y el área de las Torres de la Huerta. Esta última zona se presenta en el nuevo planeamiento como la mayor área urbanizable de la ciudad, y pasó de un aforo de unas 2.000 viviendas en el primer avance del planeamiento a las 16.000 que recoge el documento final.
El informe policial asegura que "Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores (Rafael Ballester, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez) para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene en el Plan General", asegura el informe policial.
La operación de compra de suelo en el saladar de Agua Amarga se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Según la policía, en la adquisición de este suelo protegido el empresario contó con la colaboración de directivos de Bancaja y la CAM, entidades que poseían el 59% del terreno de este humedal del sur de Alicante. Ortiz aspiraba a comprar el 41% restante, en manos de Tirant, los hermanos Quiles y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). De esta forma, junto con Bancaja, su socio en Deproinmed, hubiera llegado a controlar el 80% del suelo. Y todo ello con la intención de adscribir 700.000 metros cuadrados de suelo protegido en el Saladar al plan parcial de Torres de la Huerta para, en el futuro, trasvasar los aprovechamientos urbanísticos.
Los directivos de la CAM y Bancaja implicados en las operaciones de Ortiz fueron Vicente Sala, expresidente de la CAM, José Cortina, director general adjunto de Bancaja durante la investigación, y Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal acusa a los tres de un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada.
La segunda área donde Ortiz puso su punto de mira para adquirir suelo protegido fue en la sierra de Fontcalent. Según la policía, Ortiz compró allí un total de 1,7 millones de metros cuadrados.
El informe policial concluye que esa superficie, más las adquiridas en el Saladar, Pino Ruaya y Serra Grossa, "prácticamente compensan los aprovechamientos que tiene en Torres de la Huerta".
La segunda aspiración de Ortiz en el trámite del planeamiento giró en torno a la remodelación de estadio Rico Pérez para construir un nuevo campo a cambio de la recalificación de los terrenos. La policía sostiene que tanto Alperi como Castedo alentaron "de manera encubierta" las expectativas del empresario. No obstante, el proyecto, unas veces por la presión de los comerciantes y, al final, por la negativa campaña del Hércules, no cristalizó.
En la recta final del trámite del nuevo PGOU, el Ayuntamiento puso sobre el tapete otro proyecto que no pasó desapercibido para Ortiz: la apertura de una tienda de Ikea en la ciudad. Nada más conocerse la iniciativa Ortiz ofreció suelo en el plan Rabassa, que ya le fue adjudicado. El empresario ofertó a la multinacional sueca 150.000 metros cuadrados. Y, en paralelo, pactó con la alcaldesa una modificación de las condiciones iniciales que reunía la ficha urbanística de la parcela.
En contrapartida a todos estos supuestos favores que Alperi y Castedo dieron a Ortiz en el PGOU, el empresario los colmó de dádivas. Los regalos de Ortiz se hicieron extensivos a otra pléyade de cargos públicos locales del PP de Alicante y los autónomicos con mayor vinculación con la ciudad. Entre estos últimos se encuentra el consejero de Infraestructuras, Mario Flores. Según la policía, Flores recibió un reloj valorado en 2.000 euros. El consejero aseguró ayer que devolvió la dádiva y que dispone del recibo que lo demuestra.
www.elpais.es 05.06.11
LA EDIL Y ORTIZ CONSPIRARON CONTRA LUNA
Entre las múltiples conversaciones de Ortiz con Sonia Castedo que recoge el sumario de la pieza separada referente a la tramitación del PGOU de Alicante hay una que delata el pacto entre la alcaldesa de Alicante y el promotor para aplicarse a buscar material que pudiera implicar a Ángel Luna, portavoz del PSPV en las Cortes, en alguna irregularidad. De hecho, el PP denunció el 20 de septiembre de 2010 que Ortiz había pagado a Luna unas obras para reformar su casa en 1997, por lo que reclamó su dimisión y presentó una querella, que fue archivada. En ese tiempo, el portavoz socialista estaba trabajando para Ortiz tras haber dejado en 1995 la alcaldía de Alicante.
- Sonia Castedo: "El presidente quiere arrearle a Ángel
- Ortiz: "Luna ha sido tan acojonado que no hizo nunca nada en el Ayuntamiento"
Sin embargo, una conversación entre el mismo Ortiz y la alcaldesa de Alicante evidencia que ambos tramaron una confabulación para desacreditar a Luna, azote del jefe del Consell, Francisco Camps, desde que se destapó el caso Gürtel. El diálogo descubre que los populares presentaron una denuncia sin base y con el silencio del contratista, dado que quien consiguió la factura con la que lo llevaron al juzgado sabía por boca del mismo Ortiz que la querella no tenía fundamento.
Este es un extracto de la conversación que mantuvieron Castedo y Ortiz el 20 de octubre de 2009, casi un año antes de la denuncia del PP:
Sonia Castedo: ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?
Ortiz: No.
S. C: ¡La pagaste tú!
O: A ver, a ver, yo no, yo no.
S. C: Me van a dar la factura.
O: No, no tiene factura nuestra, no
S. C: No es vuestra.
O: (...) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente el dinero, puede ser, pero no.
S. C: Y tú tienes algún tema de Ángel... Vamos a ver por lo que es, pero, por favor, yo sé que eres muy amigo de Ángel Luna.
O: Era.
S. C: Bueno, ya, pero le tienes aprecio.
O: No le he visto desde entonces.
S. C: Vamos a ver, el jueves sentaré al presidente de la Generalitat en las Cortes y le quiere arrear a Ángel. Es decir, hay muchos temas con los que le puede arrear, primero con lo de su cuñado, que robó dinero siendo jefe de gabinete de alcaldía. (...)
S. C: Vale, mira a ver si me puedes conseguir... habla con Luis Perea a ver si puede conseguir algo, ¿vale? Cualquier cosita.
O: Vale, lo que pasa es que este ha sido siempre muy acojonado en estas cosas.
S. C: ¿Quién?
O: Ángel, este siempre ha sido muy acojonado y si ha hecho cuatro tabiques se ha buscado alguien que no tenga nada que ver, que tal... Ha sido un tío... Bueno, ha sido tan acojonado que no hizo nunca nada en el Ayuntamiento por el que va a pasar, lo que pasa es que a Paco [Camps] le van a dar... Hoy me han dicho una cosa que madre mía.
Ángel Luna se mostró ayer convencido de que "Castedo se ha limitado a hacer de brazo ejecutor de Camps, que es quien la insta a actuar contra mí por el simple hecho de haberle pedido explicaciones".
El portavoz de los socialistas en las Cortes también comentó que el PP buscó la posible información incriminatoria fuera de Alicante e incluso en Murcia, donde también trabajó tras abandonar la política en 1995. "Eso demuestra el talante de Camps y Castedo", remachó.
La beligerancia de Luna desde la tribuna de las Cortes y su activismo contra la corrupción llevaron al PP a orquestar una estrategia para acorralarlo a base de querellas. Primero le presentaron una porque no habría pagado las obras de su casa, cuando el PP ya sabía, por boca del propio empresario, que Ortiz no las pagó. Luego le denunciaron por supuesta revelación de secretos tras exhibir en Cortes un informe secreto. Las dos han sido archivadas. Posteriormente, el PP denunció a Luna por un supuesto delito de injurias y calumnias contra la cooperación valenciana.
www.elpais.es 05.06.11
EL PROMOTOR INTENTÓ GANARSE EL APOYO SOCIALISTA AL PLAN DEL RICO PÉREZ
Los tentáculos de Enrique Ortiz también alcanzaron al partido en la oposición de Alicante, el PSPV. La composición bipartidista del Consistorio alicantino, con 15 concejales del PP y 14 socialistas, abocó al promotor a buscar su complicidad para sacar adelante la financiación del nuevo estadio, que pretendía construir con una inversión de 60 millones de euros. El proyecto debía financiarse con las plusvalías generadas por la recalificación de los terrenos de aledaños al estadio Rico Pérez y sin coste para el club.
Esta operación, que en esa época llevaba aparejada la implantación de un centro comercial, generó amplio malestar entre el pequeño comercio. Para evitar el rechazo público, Ortiz intentó que fuera aprobada por unanimidad de la Corporación.
Intentando recabar el apoyo de los socialistas, contactó con uno de los históricos militantes de la ciudad, Ángel Franco, que todavía gozaba de gran capacidad de influencia entre sus correligionarios.
Ortiz: (...) Él, cómo se llama, el de aquí de Alicante, el que has defendido.
Ángel Franco: He defendido.
O: Sí
A. F: ¡Ah! El Roque
O: El Roque
A. F: Este es un personaje un tanto curioso.
O: Yo por saber si se porta bien o mal, por premiarle o castigarle.
A. F: De momento yo no sé. Este es un tipo bastante, bastante, bastante rarito.
O: Ya.
A. F: ¿Qué pasa que han pedido algún tipo de ayuda?
O: No, no, no, todavía no, pero tengo que darles ahora las tarjetas de los aparcamientos. Y es para darle o no darle.
Una hora y media más tarde, Ortiz llamó a Roque Moreno, entonces portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento.
O: (...) Oye, vamos a ver, tengo que darte las tarjetas de los aparcamientos para que tú se las des a tus concejales.
R. M: Muy bien.
La investigación también se hace eco del papel que jugó el exportavoz socialista Blas Bernal en el trámite del Plan Rabassa para que los suyos lo apoyaran en su arranque. Esta posición acabó costándole el cargo.
Según el informe, Bernal, que acabó trabajando para Ortiz, también disfrutó de un velero propiedad del promotor.
www.elpais.es 05.06.11
LA OPOSICIÓN CLAMA POR QUE LA ALCALDESA ELECTA DIMITA
Elena Martín, concejal socialista electa de Alicante y secretaria de Organización del PSPV-PSOE, instó ayer a la alcaldesa Sonia Castedo (PP), a no recoger el acta de concejal que la revalidará en el cargo. "Los ciudadanos", según dijo, "no quieren ver a una primera edil esposada". Las reacciones a la información recogida en el sumario del caso Brugal, desvelada después de que se levantara el secreto del sumario, arreciaron ayer por boca de los partidos de la oposición.
Así, la coordinadora de Esquerra Unida y diputada autonómica, Marga Sanz, destacó que la trama Gürtel, por la que está imputado por cohecho impropio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en la que se investiga la financiación ilegal del PP, y el caso Brugal "tienen el mismo hilo conductor: regalos de artículos de lujo y de viajes, a cambio de información privilegiada y contratos con la administración".
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, manifestó que "el modelo del presidente del PP, Mariano Rajoy, para toda España es el de la corrupción generalizada del PP de Camps" y le exigió que "deje de mentir cuando habla de transparencia y buena gestión, e impida que los implicados en casos de corrupción contaminen con su presencia las Cortes". Y añadió: "Su silencio avala el sistema implantado por Camps, Fabra, Castedo y Ripoll para la gestión política y le hace cómplice".
Desde el PSPV, Martín exigió que Castedo "asuma su responsabilidad política y antes de continuar desprestigiando las instituciones de la ciudad, dimita". A su juicio, el sumario del caso Brugal, refleja que la reelegida alcaldesa de Alicante "confunde lo privado con lo público" y "ha sido una de las principales receptoras de las dádivas" con las que el empresario Enrique Ortiz agasajaba a políticos del PP "con la intención de conseguir favores".
En su opinión, Castedo puede llegar a "sacrificar cualquier otra cosa, como la imagen de una gran ciudad". "Es capaz de trasladar su despacho del Ayuntamiento a la prisión de Fontcalent", añadió.
Marga Sanz, señaló que las escuchas telefónicas "dejan en evidencia las más que interesadas relaciones" de Díaz Alperi y de Castedo con Ortiz. "Al margen del proceso judicial y de investigación que está siguiéndose, exigimos la depuración inmediata de responsabilidades políticas. El PP tiene que apartar de inmediato de la vida pública a Castedo, a Alperi, y a cualquier de los implicados en este caso y retirarles sus actas de diputados electos, y de concejala electa en el caso de Castedo", manifestó Sanz.
www.elpais.es 05.06.11
EL SUMARIO DESVELA QUE ORTIZ REGALÓ A PÉREZ FENOLL UN RELOJ DE 24.000 EUROS
El empresario agasajaba con joyas, bolsos, prendas de vestir y botellas de Don Periñón a cargos públicos de Alicante y consellers de la Generalitat
24.000 euros. Éste es el valor del reloj que, según la Policía, el empresario Enrique Ortiz pudo regalar en las navidades de 2008 al exalcalde de Benidorm, el popular Manuel Pérez Fenoll. En un principio, los agentes creían que el destinatario de este valioso reloj era el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, pero finalmente descartan esa hipótesis para establecer que el destinario fue el entonces primer edil de Benidorm.
La Policía ha dado cuenta al juzgado que investiga las supuestas irregularidades en el Plan General de los regalos con los que Ortiz agasajaba a cargos políticos de ayuntamientos de la provincia y de la Generalitat Valenciana, principalmente durante las fiestas navideñas. Joyas, bolsos de firma, botellas de Don Periñón figuran entre los obsequios a los políticos. Los agentes dan cuenta de ellos al juez por si éste considera que puedan exceder lo que podría considerarse un uso testimonial o de cortesía. Ortiz pide que se cuide especialmente el regalo de Marta García Romeu por ser la portavoz y de Laura Chorro, por su relación con Ricardo Costa.
En total se regalaron trece bolsos a distintos cargos, valorados entre 90 y los 150 euros. Las botellas de Don Perignón cuyo valor es de 200 euros dos botellas y que fueron al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y al exedil Pablo Suárez.
Entre los
beneficiarios de
los obsequios
hay varios
consellers de la
Generalitat. El
conseller de
Infraestructuras,
Mario Flores,
queda bastante
impresionado por
el reloj que le
ha llegado y
quiere devolver
los regalos
porque entiende
que ascienden a
miles de euros.
Además del reloj
hay un pañuelo y
unos guantes que
inicialmente
eran para su
secretaria, pero
que por error
fueron enviados
a su mujer. Sin
embargo Ortiz
les convence
para aceptarlo.
También compró
un regalo al
presidente de la
Diputación pero
no consta cuál y
para el edil
Andrés Llorens
se le ofreció
elegir su
regalo. A la
alcaldesa de
Alicante, Sonia
Castedo, se le
regaló una
gabardina de 600
euros pero que
tuvo que cambiar
por otras
prendas por que
ya la tenía.
Pero aquí hay
para todos. El
empresario
también contacta
con los ediles
del grupo
socialista para
obsequiarles con
tarjetas para
usar el
aparcamiento de
Alfonso el
Sabio, que
explota la
mercantil de
Ortiz.
MARIO FLORES
CONSELLER DE
INFRAESTRUCTURAS
Un reloj, un
pañuelo, unos
guantes
MARIA BELÉN
JUSTE
CONSELLERA DE
INDUSTRIA
Bolso de 400
euros
JOSÉ JOAQUÍN
RIPOLL
Presidente de la
diputación
No especificado
SONIA CASTEDO
ALCALDESA DE
ALICANTE
Ropa por 600
euros
LUIS DíAZ ALPERI
EXALCALDE DE
ALICANTE
Botellas de Don
Peringnón de 400
euros.
ANDRÉS LLORENS
Concejal
atención urbana
Elige su regalo
personalmente
MARTA GARCÍA
ROMEU
Consejal de
Turismo y
fiestas
Un bolso
A. SÁNCHEZ
ZAPLANA
CONCEJAL DE
ACCIÓN SOCIAL
Un bolso de 100
euros
MARIA ISABEL
FERNÁNDEZ
CONCEJAL DE
DEPORTES
Bolso de 100
euros.
M. CARMEN ROMÁN
Concejal de
Educación
Bolso de 100
euros.
LAURA CHORRO
CONCEJAL DE
JUVENTUD
Un bolso
M. ÁNGELES
GOITIA
Concejal de
participación
ciudadana
Un bolso
OTI GARCÍA
PERTUSA
CONCEJAL DE
IMAGEN URBANA
Un bolso
SONIA ALEGRÍA
delegada de
presidencia
Un bolso
PABLO SUÁREZ
EXCONCEJAL DE
SEGURIDAD
Dos botellas de
Don Perignon
ISABEL CAMPOS
TÉCNICO DE
URBANISMO
Un bolso
MERCEDES ALONSO
CONCEJAL DEL PP
DE ELCHE
Un bolso
MANUEL PÉREZ
FENOLL
Exalcalde de
Benidorm
Un reloj de
24.000 euros
CELIA LLEDÓ
Alcaldesa de
Villena
Un bolso
Amparo
VALLDECABRES
Concejal
de Manises
Un bolso
www.levante-emv.com 04.06.11
LA POLICÍA SOSTIENE QUE ORTIZ COMPENSABA LOS FAVORES EN EL PLAN GENERAL CON DÁDIVAS
Los investigadores aportan fotos de los viajes supuestamente pagados por el empresario del exalcalde a Creta y de Castedo a Ibiza
La investigación de la pieza separada del caso Brugal que afecta al Plan General de Alicante ha sacado a la luz el sistema por el que presuntamente el empresario Enrique Ortiz compensaba a las personas que supuestamente le favorecían durante la redacción del documento urbanístico. Ortiz agasajaba con regalos, viajes, pisos, coches, colocando a amigos en sus firmas e incluso con dinero a los cargos públicos que más desvelo ponían en dar respuesta positiva a sus demandas. El sumario (ayer dejó de ser secreto por decisión del juzgado número 5) señala al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, y a su sucesora, Sonia Castedo, como principales receptores de las dádivas.
En concreto, la investigación policial da cuenta de supuestas compensaciones para Alperi que se plasman en un viaje a Creta en avión privado alquilado a un hermano del conseller Cotino, y que costó más de 35.000 euros. La policía también cita una conversación entre Ortiz y la alcaldesa en la que el primero le cuenta cómo Alperi intentó supuestamente conseguir en el verano de 2009 (con el ahora diputado en las Corts ya fuera de la alcaldía) que el empresario le gestionara otro viaje en jet privado a la isla griega de Corfú. Por la conversación se deduce que esta vez, Ortiz no accedió a los deseos del exalcalde, aunque le comenta a Sonia Castedo que, salvo el vuelo, Alperi lo tiene ya todo contratado y cerrado.
También refleja
cómo el
exalcalde tenía
acceso casi
ilimitado al
barco del
exmáximo
accionista del
Hércules y, en
concreto, relata
una fiesta con
«cervezas y
marisquitos»
para ver un
partido de la
Eurocopa entre
España y Rusia y
festejar el
archivo del caso
de los
aparcamientos.
En el sumario
hay fotografías
de la fiesta con
Alperi y Castedo
en el barco de
Ortiz. Además,
en el informe
policial se
relata cómo los
tres hijos de
Alperi, en el
momento de la
investigación,
vivían en
bungalows
propiedad de una
empresa de Ortiz
(Viviendas del
Mediterráneo
Orvi) en régimen
de alquiler con
opción a compra;
y cómo estas
viviendas
cambian de
propiedad y
pasan a ser de
González
Villerejo, socio
de Ortiz en
otras otras
firmas, días
antes de
declarar tanto
Ortiz como
Alperi como
imputados por el
caso de los
aparcamientos.
El sumario da
muestras de la
estrecha
colaboración
entre Ortiz y el
exalcalde. Se
constatan
peticiones de
empleo de Alperi
para colocar en
empresas de
Ortiz a amigos y
conocidos del
exalcalde, un
supuesto regalo
de un palco
privado para
seis personas
para Alperi en
el Rico Pérez,
con un coste
estimado de unos
tres mil euros,
y un hipotético
vínculo del
exprimer edil
con la sociedad
Salvetti
Abogados,
formada por el
hermano de
Castedo y el
letrado Javier
Gutiérrez. Este
despacho hizo
gestiones para
favorecer los
intereses de
Ortiz en el PGOU
de la capital.
Por último, la
policía sospecha
de que Alperi
pudo recibir una
importante
cantidad de
dinero en
metálico de
Enrique Ortiz,
un abono que
habría sido
realizado por la
esposa del
promotor. Las
cantidades
entregadas se
desconocen
puesto que los
indicios se
basan en las
intervenciones
telefónicas y en
esta fase los
investigados ya
sospechaban que
tenían pinchados
los teléfonos.
El informe
policial señala
que cuando
llegaba el
período
vacacional la
esposa de Ortiz
se encargaba de
sacar grandes
cantidades de
dinero en
efectivo. Sobre
las dádivas de
las que,
supuestamente,
se habría
beneficiado
Castedo, la
policía apunta,
junto al
presunto trato
de favor para la
contratación de
allegados en
diversas
empresas o para
disponer de
tarjetas de
aparcamiento en
«parkings» de la
ciudad, a
compensaciones a
través de viajes
en los períodos
vacacionales de
fin de año y
verano; y de un
coche (un Mini,
que estaba a
nombre de la
mercantil
Enrique Ortiz e
Hijos) con el
que, a su vez,
la alcaldesa
habría
obsequiado a una
amiga. En las
navidades de
2008 y 2009, la
primera edil,
con su familia,
compartió viaje
a Andorra con
Ortiz para
esquiar. El
segundo año,
incluso con la
presencia de la
edil
García-Romeu,
Castedo viajó en
una furgoneta
prestada por
Ortiz. La
alcaldesa, en el
verano de 2009,
también navegó
en el yate del
empresario en
una travesía
desde Dénia,
adonde llegó en
un vehículo
conducido por el
chófer de
Enrique Ortiz, a
Ibiza. Volvió a
Alicante, de
forma
precipitada para
asistir al
funeral del
conseller García
Antón, en una
avioneta junto
al empresario.
Unos días más
tarde, Castedo y
Ortiz retornaron
a la isla en una
nueva travesía
desde el puerto
de Dénia, la
fórmula elegida
para dar
discreción al
traslado, relata
el sumario, que
incluye
fotografías de
Castedo junto al
yate de Ortiz y
bajando de la
avioneta que
usaron para la
vuelta.
www.levante-emv.com 04.06.11
LOS INVESTIGADORES CREEN QUE LOS PISOS DE LOS HIJOS DE ALPERI PODRÍAN SER «UN PAGO DE FAVOR»
El sumario policial deduce de las conversaciones telefónicas que «cabría la posibilidad de que las viviendas fueran regaladas» al aludir el empresario a la probable existencia de asientos de entrada y salida por el importe de las casas
Las viviendas ocupadas por los tres hijos de Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante durante parte de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, «podrían ser un pago a favor del ex alcalde» por parte de Enrique Ortiz y otro empresario de su confianza. Así se recoge en la investigación policial del caso Brugal.
El documento
judicial señala
que los tres
hijos de Alperi,
Otto, Elisa y
Edna, ocupan
tres viviendas
en una
urbanización
construida y
promovida por
Viviendas del
Mediterráneo
Orvi, cuyos
administradores
mancomunados son
Enrique Ortiz y
Aurelio González
Villarejo. Sobre
la titularidad
de estas
viviendas,
Alperi y Ortiz
fueron ya
interrogados
cuando estaban
imputados por el
caso de las
supuestas
mejoras al
empresario en la
adjudicación de
tres
estacionamientos.
Las respuestas
de Alperi en el
interrogatorio
fueron no tener
relación con los
bungalows y las
de Ortiz, no
tenerlas con los
hijos de Alperi.
No obstante,
según el
sumario, «al
parecer, los
bungalows fueron
vendidos a
Jacobriz días
antes» del
interrogatorio
indicado.
Jacobriz tiene
el mismo
domicilio social
que otras seis
empresas y,
aunque no está
presente Ortiz,
sí lo está en
todas ellas, con
cargos
distintos,
Aurelio González
Villarejo, así
como Vicente
Pérez Cañas, del
que el sumario
recoge distintas
conversaciones
con Ortiz.
De una primera
entre Ortiz y
Vicente Pérez,
el 2 de octubre
de 2008, la
investigación
deduce la
existencia de un
contrato de
alquiler con
opción de compra
con los tres
hijos de Alperi,
lo que supone
restar al precio
final a pagar el
importe de los
alquileres
abonados,
«aspecto que es
del todo
beneficiario»
para los hijos
de Alperi, añade
el documento
policial. En las
conversaciones
entre Ortiz y
Vicente Pérez se
constata «el
interés inusual»
mostrado por el
empresario
alicantino, «que
llega al extremo
de querer
conocer las
cantidades
concretas que ha
pagado y resta
por pagar Elisa
Díaz», cuando
«no tendría que
tener ninguna
relación con los
hijos del ex
alcalde», como
dijo en sede
judicial en el
caso de los
aparcamientos.
El 26 de octubre
de 2008 Ortiz
acude al
domicilio
particular de
Alperi para
desayunar.
Durante ese
desayuno, el
empresario llama
a Vicente Pérez
«para solucionar
el tema del
alquiler del
bungalow». Para
la Policía queda
claro que dicha
conversación se
relaciona con la
vivienda de uno
de los hijos del
ex alcalde. En
días sucesivos
hay nuevas
llamadas del
empresario
interesándose
también por las
cantidades
concretas que
adeuda cada hijo
de Alperi por su
vivienda.
El dinero era
«bocata» en
clave
Uno de ellos, Otto, dejó de pagar el alquiler y llegó a adeudar alrededor de 7.500 euros, recogiéndose en el documento policial la «extrañeza» de que la empresa propietaria del bungalow no ejerciera ninguna acción judicial. El sumario deja constancia de la coincidencia en el tiempo de la retirada en efectivo de «gran cantidad» de dinero de las cuentas del empresario por gente de su confianza, en días distintos, incluso un sábado. En las conversaciones se habla en clave y al dinero se le denomina «bocata».
En otra
conversación con
González
Villarejo, Ortiz
le pide que
cambie el nombre
de los contratos
de alquiler
porque aún
aparece Orvi en
ellos. González
le responde que
ya se han
cambiado por
Jacobriz, a lo
que Ortiz
replica que él
no los tiene
cambiados pero
que es posible
que los tenga
Miguel Carratalá
(su cuñado y
empleado en el
área jurídica).
Para la Policía
todo esto denota
«la mecánica
utilizada por
las partes para
no dejar rastro
o eliminar
pistas que
relacionen los
pisos y el
posible pago de
los mismos con
Alperi y Ortiz».
El sumario alude
a un pago de los
alquileres por
36.000 euros por
una persona que
no se identifica
por las
conversaciones
telefónicas pero
que podría ser
Alperi al
coincidir el
importe con lo
adeudado por los
tres hijos. La
Policía apunta a
que cabría la
«posibilidad» de
que las
viviendas fueran
«regaladas» al
interceptar una
conversación de
Ortiz con Pérez,
el 5 de febrero
de 2009, en la
que plantea la
necesidad de
comprobar la
contabilidad de
Orvi porque «es
posible que
exista un
ingreso y una
salida», lo que
supone que «se
simuló el pago y
no se pagó». La
existencia de
este asiento
«reflejaría
justamente lo
que se quiere
evitar, que es
dar a conocer un
posible trato de
favor». «Ortiz
llega a decir
expresamente que
se simuló el
pago», añade el
sumario.
www.levante-emv.com 04.06.11
EL EXALCALDE FORZÓ EL CESE DE UN EDIL POR BLOQUEAR CONTRATOS A SU HIJO, SEGÚN LA POLICÍA
Una conversación entre el exalcalde Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz el 17 de marzo de 2009 es una de las aportadas en el sumario para sostener la tesis de la Policía de que el primero medió ante la alcaldesa, Sonia Castedo, para forzar el cese del exdelegado de área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Pablo Suárez, por no favorecer a la empresa de su hijo, Otto Luís Díaz, destitución que se hizo efectiva el 29 de abril del mismo año, mes y medio después de producirse el diálogo.
En la conversación, Alperi expresa a Ortiz su «cabreo» por la actuación de Suárez. Según los investigadores, la pieza clave del enfado de Alperi es la empresa Verass Operadores Publicitarios, dedicada a la comunicación exterior y soportes publicitarios, en la que participa el hijo mayor del exalcalde, y cuyo dinero para formar parte como socio fue aportado por Ortiz. El informe de la Policía revela que el constructor puso los 30.000 euros que el hijo de Alperi necesitaba para formar la sociedad junto a otros empresarios, vinculados al constructor, quien formaba parte de la firma, según la Policía, aunque no figure en los órganos de administración.
El informe policial recoge conversaciones que reflejan que Alperi le dijo a su hijo que Ortiz se encargaba del dinero que necesitaba para formar la empresa. El constructor, con el objetivo de «complacer» al exregidor, lo aportó. Sin embargo, según la investigación, Pablo Suárez bloqueó una adjudicación a la firma referente a la colocación de soportes publicitarios de la campaña de las europeas de 2009. Ortiz se reunió con Suárez y, según el constructor, «todo quedó arreglado». La Policía sostiene que ese bloqueo se hizo sobre la adjudicación del contrato de suministro y colocación de paneles y borriquetas para soporte de carteles de propaganda electoral por las europeas, que finalmente el ayuntamiento adjudicó a otra empresa de forma provisional el 27 de abril de 2009. La destitución de Suárez se produjo dos días después.
www.levante-emv.com 04.06.11
EL SUMARIO DEL 'CASO BRUGAL' DEJA A CASTEDO Y ALPERI EN MANOS DE ORTIZ
El informe policial destapa la connivencia entre el promotor y los políticos- La concejala Sonia Alegría acompañó al exalcalde hasta la isla griega
Las relaciones entre los dos máximos mandatarios populares de la ciudad Alicante en las últimas décadas, el exalcalde Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, con el promotor Enrique Ortiz, fueron más que cordiales. El informe policial del caso Brugal destapa la connivencia existente entre los tres, y constata que los políticos venían a ser, en la práctica, los representantes del empresario en el Ayuntamiento. La íntima conexión entre ellos quedó clara durante el bienio 2008-2009, cuando se aceleraron los trámites de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.
El vuelo costó 40.000 euros y fue abonado mediante una transferencia
El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, levantó ayer el secreto de la pieza separa del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz en el trámite del planeamiento urbano de Alicante.
Las diligencias de la causa ocupan más de 8.000 folios, de los cuales unos 3.000 corresponden a conversaciones telefónicas entre Ortiz, Alperi y Castedo en las que queda claro el interés del promotor por conocer los detalles del nuevo planeamiento en programas urbanísticos, especialmente en lo que afectaba a la recalificación del estadio Rico Pérez y a las futuras zonas protegidas donde comprar un suelo que luego se trasvasaba a zonas urbanizables de la ciudad. "Tenemos que ver lo del Hércules" o "me tienes que enseñar el planito", requiere una y otra vez Ortiz a Castedo y Alperi en las conversaciones intervenidas por la policía.
La respuesta de los dos políticos del PP, en la mayoría de los casos, fue afirmativa. "Te hemos apañado lo del Hércules" o "sí, sí, mañana te lo llevo [el planito]", son algunas de las respuestas de la actual regidora.
Las diligencias recogen los numerosos encuentros en restaurantes de la ciudad, en visitas a sus domicilios privados, e incluso en la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde también, según el sumario, seguían hablando del nuevo PGOU.
A cambio de este supuesto trato de favor y acceso a información privilegiada, la policía y el fiscal sostienen que el Enrique Ortiz efectuó numerosos regalos tanto a Alperi como a Sonia Castedo. El más llamativo de la abultada lista fue un viaje a Creta de dos semanas para el exalcalde y otra concejal del PP, Sonia Alegría, en un jet de una empresa del sobrino del consejero Juan Cotino.
Por estos hechos, y sobre la base los informes de la Brigada de Policía de Blanqueo de Capitales, el fiscal Anticorrupción presentó el 17 de junio de 2010 un escrito de acusación contra 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información.El informe policial del sumario del caso Brugal señala que uno de los modus operandi del empresario Enrique Ortiz para "beneficiar" a los cargos del PP era "cuanto menos gestionando las vacaciones que estos vayan a disfrutar".
Una de las iniciativas que la policía refleja en su informe es el viaje a la isla de Creta en un avión privado tipo jet para Luis Díaz Alperi y la también concejal del PP Sonia Alegría. La primera conversación intervenida sobre ese viaje fue el 3 de julio de 2008 entre Ortiz y Vicente Cotino Ferrer, sobrino del vicepresidente primero del Consell. "El día 29 necesito el avión, si es posible, par ir a Creta", requiere Ortiz a Cotino. Éste le responde que sí podrá llevar a cabo el encargo. La policía asegura que Cotino materializó el deseo de Ortiz a través de la firma Asedes Capital Sociedad Anónima, cuyo objeto es la explotación y arrendamiento de ese tipo de aviones. Cotino Ferrer es el apoderado de esa mercantil.
Más adelante, Ortiz, a través de su hermana, confirma a Cotino que el avión es para Alperi. "Tú nada, tú dile que queda confirmado y ya está, pero del presupuesto y demás ya hablará don Vicente con don Enrique, y ya está (...) y que te pase el presupuesto, si eso te dice, ¿le paso el presupuesto?, pues pásamelo, lo hacemos así y ya está, ¿vale?", asegura Ortiz a su hermana.
El vuelo parece peligrar inicialmente por la elevada tarifa que exige la empresa de Cotino, unos 50.000 euros. Pero más adelante, Ortiz vuelve a regatear aclarando que el viaje es para dos personas (Alperi y la concejal). El regateo por el precio de la tarifa llega a poner nervioso al propio Alperi: "Pero Enrique, ahora no me puedes decir eso. Hay otra solución, que me vaya nadando". Finalmente, Alperi y Alegría viajaron a Creta por 40.000 euros y la factura fue abonada a través de la firma Rivaflecha, SL, a través de de una transferencia a Caixa Cataluña. El juez instructor ha ordenado a la policía judicial que investigue esa mercantil.
La policía asegura que otro dato de la "amistad íntima" del empresario y los políticos fue una cena en el yate Elena, propiedad de Ortiz, con motivo de un partido de fútbol de la selección española en junio de 2008. Al evento, además de Alperi y Castedo, se sumaron otros tres concejales del PP (Marta García Romeu, José Sobrino y Sonia Alegría) y el hermano del empresario.
La alcaldesa Castedo reiteró ayer que no hubo ningún delito en el trámite del PGOU, "porque Ortiz no se benefició".
www.elpais.es 04.06.11
"POR EL DETALLE DE UN REGALO ESTÁN A MI DISPOSICIÓN"
El promotor Enrique Ortiz lo tenía claro: "Por regalarles [a los políticos] un detalle, los tengo a mi disposición", le dijo a su mujer. Una técnica para tener contentos a los cargos públicos que en nada difería de la que implantó Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia.
La policía emitió un informe con las personas que recibieron regalos de Enrique Ortiz y su esposa, a la que le atribuye la elección de los presentes a las mujeres, la mayoría comprados antes de la Navidad de 2008 en una joyería de Alicante o unos grandes almacenes.
El regalo de mayor importe es un reloj de 20.000 euros que el informe policial atribuye al entonces alcalde del PP en Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, y cuyo importe habrían pagado a medias Ortiz y otro promotor, Antonio Solana.
El consejero de Infraestructuras Mario Flores recibió otro reloj cuyo valor cifra Ortiz, en una conversación grabada, en unos 2.000 euros. La esposa de Flores también fue obsequiada con uno de los 13 bolsos de la marca Purificación García que repartió Ortiz. Uno de esos bolsos llegó a través de mensajería a las manos de la consejera de Turismo, Belén Juste.
La actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, recibió una cazadora de Carolina Herrera, que ella misma ya se había comprado. Optó por cambiar el regalo de Ortiz por una gabardina, una camisa y un jersey de la misma marca.
La dádiva que recibió el exalcalde Luis Díaz Alperi fue una caja con cuatro botellas del champán francés Dom Pérignon. También fueron agasajados el resto de concejales del PP de Alicante; la alcaldesa de Villena, Celia Lledó; la hoy electa de Elche, Mercedes Alonso, o la edil de Urbanismo de Manises, María Valldecabres.
www.elpais.es 04.06.11
"HAY QUE HABLAR DE LO QUE HEMOS QUEDADO"
Tal era el grado de connivencia que tenía Enrique Ortiz con Luis Díaz Alperi que el exalcalde se tomó la molestia de informar al contratista antes de anunciar su dimisión y cederle el sillón a Sonia Castedo. Y con el jefe del Consell, Francisco Camps y el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, delante.
Este es un extracto de la conversación captada el 11 de septiembre de 2008 entre ambos:
Alperi: Dentro de un cuarto de hora doy una rueda de prensa y dimito como alcalde.
Ortiz: ¿Por qué?
A.: Porque sí, que sí, porque ya está bien.
O.: ¿Qué me dices?
A.: Pues lo que te digo y entonces... He estado toda la mañana con Camps y estamos de acuerdo, está aquí conmigo y Ripoll y Sonia, se queda Sonia, claro.
O.: ¿Me lo dices en serio?
A.: Claro que sí.
O.: ¿Y se queda Sonia?
A.: Evidentemente. Si no se queda Sonia, yo me voy.
O.: Bueno, ¿y ya has hablado con Paco [Camps] hoy?
A.: Sí, que está aquí conmigo. (...)
A.: Toma, felicítala directamente (y le pasa el teléfono a Sonia).
Sonia Castedo: Dime, Enrique.
O.: Buenas tardes, señora alcaldesa.
S. C.: Calla, calla.
O.: Este es un crack.
S. C.: Calla.
O.: Pues felicidades.
S. C.: Te paso con Luis.
O.: Bueno, dentro de un rato ya no serás mi amigo el alcalde, solo serás mi amigo.
A.: Eso espero.
O.: Lo celebraremos.
En otra conversación entre Ortiz y Castedo, ambos intentan concretar una cita.
O.: A ver cuándo nos vemos porque tenemos que hablar de lo que habíamos quedado y de los párkings.
S. C.: Sí, cierto.
O.: Que nos están achuchando con que empecemos y que tal y que cual (...).
S. C.: Vale.
O.: Míramelo y yo te asalto cualquier momento por la mañana, voy al Ayuntamiento (...).
S. C.: ¿Qué otro?
O.: Con Jesús [Quesada, redactor del Plan General].
S. C.: Si, es cierto.
O.: Con Jesús, porque a ver qué vamos a hacer con lo del Rico Pérez y estas cosas.
Las escuchas policiales también revelan que Ortiz intentó influir en el Consell para que eliminara la obligación legal de aportar un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro reclasificado y que hasta llegó a presentar alegaciones al Plan General a través de terceros con esa finalidad, incluyendo a la Federación Provincial de la Construcción.
En otra conversación grabada el 28 de agosto de 2009, Ortiz llama a Vicente Cotino para felicitarlo por el nombramiento de su tío, Juan Cotino, como nuevo consejero de Urbanismo y jactarse de la situación.
Ortiz: Vicentico, no te llamé ayer a las 12 de la noche...
Vicente Cotino: Sí.
O.: Para felicitarte porque... porque...
V. C.: Porque, ¿qué ha pasado?
O.: No, coño, lo de tu tío, de puta madre, ¿no?
V. C.: De puta pena, macho, no me jodas.
O.: ¿Por qué?
V. C.: Coño, era una... una conselleria que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar.
O.: Por eso, por eso... ahora me las da a mí... ¡Ah! Qué grande. No, hombre, no, yo creo que es bueno, eh.
V. C.: ¿Es bueno? No sé, no sé.
www.elpais.es 04.06.11
ORTIZ PODRÍA HABER HECHO REGALOS A ALPERI Y CASTEDO
El sumario de la pieza separada del Caso Brugal revela que podría haber regalos durante la
El sumario de la pieza separada del caso 'Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, revela que el empresario Enrique Ortiz podría haber regalado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y al ex alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, viajes, y coches, durante la elaboración del documento.
En
este sumario, al
que ha tenido
acceso Europa
Press, la Unidad
de Delincuencia
Económica y
Fiscal (Udef)
llega a la
conclusión, a
través de las
conversaciones
que el
empresario
Enrique Ortiz
Selfa mantiene
con personas "de
su máxima
confianza", de
que éste
"compra,
distribuye y
ofrece dádivas"
y "regalos" a
personas "del
más alto nivel",
entre los que se
encontraría el
ex alcalde de
Alicante, Luis
Díaz Alperi, la
actual alcaldesa
de la ciudad,
Sonia Castedo,
varios de los
concejales del
consistorio
alicantino, así
como el
conseller de
Infraestructuras
y Transportes de
la Generalitat
Valenciana,
Mario Flores, o
la actual
consellera de
Turismo, Belén
Juste.
Según el informe
policial, Ortiz
se haría valer
de su mujer,
María Manuela
Carratalá, así
como de varios
empleados de su
confianza, para
elegir, comprar
y hacer llegar
estos regalos a
sus
destinatarios, y
él mismo,
personalmente,
elegiría y
compraría los
regalos "a los
personajes
públicos más
relevantes".
Así, de las conversaciones intervenidas a Ortiz durante las Navidades de 2008, la Policía infiere que éste, "ya sea en nombre propio, o de alguna de las empresas en las que tiene participación" hizo varios regalos a distintas personalidades.
De este modo, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo habría recibido una chaqueta valorada en unos 600 euros de parte de Inusa. Así, la alcaldesa, en una conversación telefónica del 25 de diciembre de 2008, agradece a Ortiz el regalo. La Policía destaca que esta chaqueta ya la había adquirido Castedo, por lo que la cambió "por una gabardina, una camisa y un jersey de Carolina Herrera".
Así
mismo, la Udef
señala que
Castedo agradece
por teléfono a
la mujer de
Ortiz "el regalo
del bolso", que
considera
"preciosos".
También
considera la
policía que
Sonia Castedo
podría haber
recibido por
parte de Ortiz
la contratación
de personal en
sociedades de la
órbita del
empresario a
solicitud suya,
un viaje a Ibiza
con familia y
amigos en las
vacaciones de
verano de 2009,
así como un
coche destinado
a una persona de
confianza de
Castedo.
Además, incide
el informe en un
viaje a Andorra
durante las
Navidades de
2008 que
realizarían
Sonia Castedo y
su marido, junto
a Ortiz y su
mujer, el
hermano de Ortiz
y su pareja, y
al que también
iría Marta
García-Romeu, en
un coche, marca
mercedes,
propiedad del
empresario
alicantino.
La Policía
considera que el
hecho de que
Ortiz realice un
viaje de placer
"junto a la
alcaldesa de
Alicante, en las
circunstancias
en las que se
produce, con
todos los
asuntos en los
que Ortiz tiene
intereses y
dependen de
ella, y el que
ya se produjera
un viaje de esas
características
en 2007, no
hacen más que
provocar
sospechas
fundadas de la
irregularidad
manifiesta y del
objeto último de
dicho viaje".
También recoge el informe policial que Ortiz regaló en estas fechas un reloj "que no llega a los 2.000 euros" a Mario Flores. Así, es el propio conseller el que, en un llamada telefónica, le comunica a Ortiz que ha recibido el reloj, y le indica que le parece una "barbaridad, igual que el año pasado", y le expresa su intención de devolver el obsequio, puesto que asciende "a miles de euros".
Tras
disuadirle Ortiz
de que devuelva
el regalo,
finalmente Mario
Flores accede a
quedárselo, a
pesar de haberle
indicado que "el
reloj lo ha
mirado,
disfrutado, pero
que ese tipo de
cosas las
devuelve".
El informe de la
policía recoge
el regalo por
parte de Inusa
--empresa
adjudicataria
del servicio de
limpieza y
recogida de
basuras en
Alicante, y de
la que es
propietario
Ortiz--, de una
caja con cuatro
botellas de Dom
Pérignon al ex
alcalde de
Alicante, Luis
Díaz Alperi,
como se
acostumbra a
regalarle "todos
los años".
Además, el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, estima que Ortiz podría haber abonado "determinadas viviendas" a los hijos de Alperi, y que habría pagado a Alperi un viaje en jet privado a Creta.
REGALOS A LOS CONCEJALES DEL PP
Ortiz también habría regalado, según la policía, bien por parte de Inusa, bien de forma personal, distintos obsequios a la concejal de Turismo y Fiestas en el Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Romeu, concejal de Acción Social y Medio Ambiente, Asunción Sánchez Zaplana, a la concejal de Deportes, Isabel Fernández Gutiérrez, a la concejal de Educación, Sanidad, Consumo y Playas, María del Carmen Román Ortega, a la concejal de Juventud, laura Chorro, a la concejal de participación Ciudadana, María de los Ángeles Goitia, a la concejal de Imagen Urbana, María Otilia García Pertusa, y a la responsable de Presidencia, María Sonia Alegría, quienes habrían recibido esas navidades un bolso de Purificación García.
También resalta el informe un regalo "que él decida" al concejal de Servicios y Mantenimiento y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Andrés LLorens, así como un bolso para la candidata del PP a la alcaldía de Elche (Alicante), Mercedes Alonso.
En
este sentido, el
sumario
transcribe una
conversación
entre María
Manuela
Carratalá y
Ortiz en la que
ésta le indica
que le parece
"excesivo" hacer
un regalo a
todas las
concejales del
PP de Alicante,
a lo que el
propio
empresario
responde que
"por regalarles
un detalle,
posteriormente
las tiene a su
disposición", y
continúa
diciendo que a
los del
Ayuntamiento de
Alicante
"tenemos que
tenerlos
contentos,
porque hay un
huevo de cosas y
de intereses".
El informe
policial destaca
también posibles
obsequios por
parte de Ortiz
al presidente de
la Diputación
Provincial de
Alicante,
Joaquín Ripoll,
así como al que
fuera alcalde de
Benidorm
(Alicante),
Manuel Pérez
Fenoll, a quien
le habría
regalado un
reloj valorado
en 20.000 euros.
LA FISCALÍA ACUSA A CASTEDO DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Anticorrupción señala que la alcaldesa y Díaz Alperi "a la medida" del constructor Ortiz "aspectos relevantes" del PGOU y, además, que recibieron "dádivas" o "pagos".
La Fiscalía Anticorrupción afirma que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad.
Según el contenido del sumario del caso Brugal, del que se ha levantado hoy el secreto de las actuaciones y a cuyos miles de folios ha tenido acceso EFE, Anticorrupción considera que Castedo y Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" del constructor Ortiz (máximo accionista del Hércules CF) "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y, además, que recibieron "dádivas" o "pagos".
La pieza
separada que
investiga las
supuestas
ilegalidades en
el PGOU (que fue
aprobado
inicialmente por
el ayuntamiento
y que entrará en
vigor cuando la
Generalitat
Valenciana dé el
visto bueno) es
una de las cerca
de veinte
ramificaciones
de la operación
Brugal, y es
instruida por el
juzgado de
instrucción
número 5 de la
ciudad, del
magistrado
Manrique Tejada.
Se da la
circunstancia de
que Castedo y
Díaz Alperi han
sido elegidos en
las elecciones
del 22 de mayo
como diputados
en Les Corts
Valencianes, por
lo que en unos
días serán
aforados y, en
su caso, sólo
podrían ser
investigados por
el Tribunal
Superior de
Justicia de la
Comunitat
Valenciana
(TSJCV).
En unas
diligencias con
fecha del 26 de
marzo de 2010 en
base a unas
escuchas
policiales, el
fiscal señala
que Castedo, que
en el momento de
la investigación
(2008) era
concejala de
Urbanismo, da a
Ortiz datos
sobre la
tramitación del
Plan "en gran
cantidad de
ocasiones".
En una de las
llamadas Castedo
informa a Ortiz
del "apaño" en
la zona
existente entre
el "APA-9" y
"Lomas Garbinet",
así como en la
zona del estadio
de fútbol Rico
Pérez, mientras
que otro día el
constructor pide
a la popular que
"le pinte de
azul" tres
parcelas.
La fiscalía
apunta que la
alcaldesa
recibió como
dádiva varios
viajes y un
turismo de la
marca Mini
Cooper, así como
la contratación
de personal en
sociedades de la
órbita de Ortiz.
En cuanto a Díaz
Alperi (en la
etapa de la
investigación
alcalde de
Alicante), el
fiscal se
refiere a
numerosos
encuentros con
Ortiz sobre el
PGOU, como uno
el 10 de julio
de 2008 en el
que, al parecer,
el exalcalde
proporciona el
plano del Plan
al promotor.
Se apunta a que,
coincidiendo en
el tiempo con el
traspaso de
información,
Díaz Alperi pudo
recibir de la
esposa de Ortiz
una "cantidad
grande de dinero
no determinada",
mientras que le
abonaron un
viaje a Creta en
jet privado y le
pagaron las
viviendas de sus
hijos.
En cuanto al
constructor, la
investigación le
considera "el
solicitante y
receptor" de
información del
planeamiento
urbanístico y
añade que ese
material le eran
aportados de
manera repetida
por Castedo y
Díaz Alperi.
Según el sumario, Ortiz compró terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización en base a la información privilegiada recibida.
El fiscal ve un supuesto delito de asesoramiento ilegal, información privilegiada y tráfico de influencias en el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, por participar en el favorecimiento de Ortiz, y también en los abogados Javier Gutiérrez (exconcejal del PSPV-PSOE) y José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa), por ser intermediarios a través de su bufete.
El expresidente de Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala podría haber cometido un delito de aprovechamiento de información privilegiada para obtener beneficios en actuaciones urbanísticas de "Aguamarga" y "la Condomina".
Situaciones similares se aprecian a favor del director general adjunto de Bancaja José Cortina; del director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil, y del director general adjunto de Bancaja, Juan Zurita, entre otros.
www.levante-emv.com 03.06.11
LA POLICÍA SITÚA A ALPERI EN EL EJE DE LAS MANIOBRAS URBANÍSTICAS DE ORTÍZ EN ALICANTE
El informe de Delincuencia Económica sostiene que el exalcalde jugó un papel central en las operaciones de Aguamarga, Torre de la Huerta y la fracasada Ciudad de la Economía
El informe policial de las presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante sitúa al exalcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, como eje de las maniobras urbanísticas emprendidas por el empresario Enrique Ortiz para aprovecharse al máximo del planeamiento urbanístico.
La investigación
de la Unidad de
Delincuencia
Económica y
Fiscal (Udef)
sostiene que
Ortiz utilizó
información
privilegiada
para
beneficiarse
tanto de zonas
que iban a ser
recalificadas,
como de
aprovechamientos
en sectores de
la ciudad por la
propiedad de
terrenos
declarados
Parque Natural,
que adquirió
para ser
compensado con
más
edificabilidad
en otros suelos
a urbanizar.
El documento
elaborado por la
Policía divide
en tres las
zonas en las que
se cometieron
presuntamente
irregularidades:
el Rico Pérez
(de lo que ayer
dio cuenta este
diario), los
saladares de
Aguamarga y la
zona de Torres
de la Huerta o
La Condomina,
donde el
empresario
poseía gran
cantidad de
metros
cuadrados. El
exalcalde le
"ayudó" a buscar
inversores en
las operaciones
de La Condomina
y supuestamente
le orientó en la
compra de suelo
protegido cuando
el PGOU ni
siquiera era
público.
Según la
investigación,
en la zona de
Aguamarga,
situada en el
sur de Alicante
entre los
saladares y el
término
municipal de
Elche, el
empresario
alicantino vio
negocio en
varios terrenos
después de
conversaciones
mantenidas con
el exregidor.
Uno de estos
terrenos era un
suelo de
1.800.000 metros
cuadrados,
propiedad de
Kelme y que fue
repartido entre
varios
acreedores
-entre ellos
Bancaja, socio
de Enrique Ortiz
a través de la
empresa
Deproinmed, y la
CAM- una vez que
la empresa no
pudo hacer
frente a una
deuda de unos 46
millones de
euros.
Según la
investigación,
Ortiz y el
expresidente de
la CAM, Vicente
Sala, "tenían
intereses" en
comprar suelo en
Torres de la
Huerta porque
sabían, según se
desprende de las
conversaciones
intervenidas,
que iba a
aumentarse la
edificabilidad a
cambio de
ofrecer la zona
de Aguamarga de
Kelme al
Ayuntamiento. El
4 de julio de
2008 Ortiz le
dice a Sala que
ha hablado con
Alperi y que lo
de Aguamarga
"hay que
comprarlo".
Según el propio
Ortiz la
adquisición de
esos terrenos
suponía
multiplicar por
cinco en dos
meses la
inversión.
Asimismo,
respecto a la
normativa que
obliga a ceder
suelo en Parque
Natural por cada
metro rústico
recalificado, en
verano de 2008,
meses antes de
salir el PGOU a
exposición
pública, Ortiz
intensifica las
gestiones para
hacerse con el
máximo suelo
posible de
parque natural
una vez que
Alperi le ha
trasladado,
según la
Policía, que
necesita
terrenos
protegidos para
luego hacer un
"canje". Él ya
sabe las zonas
protegidas que
se van convertir
en parque
natural pese a
que aún no se ha
expuesto el
documento
urbanístico,
según se da
cuenta en el
informe
policial, que
añade que, por
ello, Ortiz
muestra
"especial
interés" en
zonas concretas
como la Serra
Grossa,
Saladares de
Aguamarga,
Tabarca y lomas
de Garbinet.
La Policía abre otra línea de investigación respecto a otras parcelas contiguas a la de Kelme, propiedad de una inmobiliaria en la que CAM tenía opción de compra. Según las pesquisas, Ortiz entra en escena para que recalifiquen la zona y construir la Ciudad de la Economía, un proyecto que al final no se llevó a cabo. El informe cita que Ortiz tilda este proyecto de "traje a medida de la CAM". Un día antes de someterse el PGOU a exposición pública se tramitó ante notario una operación a través de la cual se adquiría ese suelo y en la que participó Ortiz a través de una compra que no le vincula claramente con esa propiedad. El PGOU contemplaba la recalificación de ese suelo para construir la Ciudad de la Economía, pero al no poder llevarse a cabo ésta por problemas en la afección de zonas protegidas y la negativa de AENA, la zona recalificada pasó a ser suelo protegido.
Según concluye el informe policial, "sea cual sea su calificación final, las ventajas para los propietarios aumentarían exponencialmente, según ellos mismos reconocen". La última versión del Plan General de 2010 ya recoge esa zona como Suelo No Urbanizable Parque Natural, lo que permite a sus propietarios al cederlo al municipio recuperar suelo de reparto en el Plan Parcial de las Torres de la Huerta.
En el mismo documento policial, se muestra el temor por parte de la CAM de que no se lleve a cabo el complejo, miedos que el empresario intenta calmar asegurando que la alcaldesa le ha dicho que la Ciudad de la Economía se hará en otro sitio y que se compensará ese suelo en otras zonas. En este apartado de la investigación, el propio Ortiz reconoce poseer fichas del Plan General antes de la exposición pública del documento.
www.levante-emv.com 03.06.11
"OS LO COMPENSAMOS SI SE HACE EN OTRO SITIO"
En el sumario policial, Ortiz asegura a un representante de la CAM la "voluntad política" de la alcaldesa de "tirar para adelante", en el caso de la Ciudad de la Economía en Agua Amarga, y de que en caso de algún problema Sonia Castedo le aseguró que "se hace en otro sitio el proyecto que tenéis y eso (en referencia al suelo de Agua Amarga de la CAM) os lo compensamos en aprovechamiento en otro sitio".
Castedo dice que sólo se hace responsable de sus palabras . Sobre este proyecto en Agua Amarga, la alcaldesa rechaza categóricamente cualquier "apaño" y destaca que "el proyecto de la Ciudad de la Economía no se llevó a cabo porque yo misma lo decidí tras un informe que pedí a la Generalitat, que informaba en contra y por la existencia de un informe de Aena que también ponía reparos".
www.levante-emv.com 03.06.11
´TÚ ESTAS PAGANDO SUELO RÚSTICO, ES BUENA COMPRA´
La Policía
sostiene que
Díaz Alperi
ayudó cuando
todavía era
primer edil de
la ciudad a
Ortiz a captar
socios para el
Plan Torres de
la Huerta. El
informe sostiene
que Ortiz ya
sabía que ese
suelo iba a
pasar a ser
urbanizable y
usaba la
información
privilegiada
como reclamo
para captar a
sus inversores.
La Policía
señala que
Alperi tiene
mucho interés en
poner en
contacto a Ortiz
con otro
empresario
identificado
como Bernardo
Campos y que
representa a
inversores
armenios. La
operación no
fructificó y
finalmente Ortiz
firmó con
Bancaja el
acuerdo.
Según el
sumario, es
Alperi el que
pone en contacto
a Ortiz con
Campos para que
entrara en la
operación. El
promotor le
llama el 17 de
agosto para
exponerle las
condiciones. Los
inversores
tendrían que
desembolsar 50
millones de
euros para
hacerse con la
parte de
Villarejo. En
una
conversación,
Ortiz le dice
que "ahora mismo
tú estás pagando
suelo de rústico
y está ya metido
en el Plan
General y con
más viviendas de
las que se
pensaban, esto
es buena
compra".
Ese mismo día,
la Policía captó
una conversación
cuando Ortiz
llama a
Villarejo.
"Estoy en el
barco con tu
amigo Luis,
bueno disfruta
te paso a Luis"
y se pone Alperi.
Las
intervenciones
telefónicas
apuntan a que el
alcalde estaba
al corriente de
la operación,
"nosotros no
hacemos más que
pensar en ti, te
lo digo en
serio. Enrique y
yo estamos ahí
dándole vueltas
y tengo un buen
amigo que el
otro día se lo
comentamos (É)es
una persona muy,
muy relacionada
con gente muy
importante".
El 19 de agosto,
Alperi llama a
Ortiz para
recriminarle que
todavía no haya
mandado la
información a
Campos. "Me
llama muy
preocupado y muy
desesperado
Bernardo Campos,
me dice que le
has dejado
tirado y que hoy
van los
abogados, que
los recibe a las
dos".
Ortiz replica
que antes de esa
hora la tendrá.
Tras enviar la
información
requerida, los
dos empresarios
vuelven a hablar
sobre la
operación. Ortiz
le dice: "La
rentabilidad que
le sacamos
mínima seguro es
de un 40% o un
50 en dos años.
El suelo,
nosotros estamos
en un par de
años doblando.
Ten en cuenta
que ahora están
comprando ellos
suelo de rústico
y está
recalificado en
el Plan General,
el Plan General
ya está hecho,
yo tengo copia,
vamos, te puedo
enseñar copia".
Su interlocutor
le da datos
sobre la
solvencia del
inversor
armenio: "Era el
administrador
general del
sultán de
Brunei". Cuando
Alperi ya ha
dimitido de
alcalde, Campos
se pone en
contacto con
Ortiz para
decirle que ha
quedado con el
ex primer edil
para que le dé
una ficha con el
valor de las
repercusiones
del terreno de
la Condomina. No
se la dará.
www.levante-emv.com 03.06.11
EL PLAN OCULTO DE UN PROMOTOR Y DOS ALCALDES
La policía cree que Ortiz influyó en el PGOU de Alicante
La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante contó, según la policía, con una trastienda ajena al interés general cuyos protagonistas fueron el promotor local Enrique Ortiz, el exalcalde y actual diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi, y su sucesora y entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. Esa cara oculta del proceso de gestación del nuevo planeamiento urbano está reflejada en el informe de la Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante.
El hermano de la alcaldesa actuó de puente entre Ortiz y el Ayuntamiento
EU pide a Castedo y Alperi que dejen todos sus cargos públicos
El documento forma parte de la pieza separada del caso Brugal, que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU. Por estos hechos, y sobre la base del informe policial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información a 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz.
El documento de la policía revela múltiples reuniones y llamadas telefónicas entre el promotor, el regidor, la alcaldesa y el arquitecto redactor del planeamiento, Jesús Quesada, para "incluir modificaciones en el PGOU a su voluntad [la de Ortiz]. El informe de los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales destaca otra pieza clave en ese supuesto trasiego de información privilegiada entre los dos altos mandatarios municipales y el promotor: un despacho de abogados urbanistas, regentado por José Luis Castedo (hermano de Sonia Castedo) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista en el Ayuntamiento.
El informe policial recoge hasta ocho supuestas actuaciones urbanísticas ilegales, aunque las dos de mayor calado son el supuesto amaño para la remodelación del estadio Rico Pérez, en actualidad propiedad de la firma Aligestión, del promotor Ortiz, y la adquisición de suelo protegido para intercambiar los aprovechamientos por suelo urbanizable.
La investigación policial sobre presuntas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante comenzó a mediados de mayo de 2008 y se prolongó justo hasta la primavera de 2010. Durante ese bienio, el Ayuntamiento aprobó en dos ocasiones provisionalmente la propuesta, la segunda en mayo de 2010. El documento aún no ha sido sancionado por el Consell.
Sobre la base de ese vasto informe policial (las diligencias ocupan 500 folios), el fiscal Briones presentó el pasado 17 de junio de 2010 un escrito inicial de acusación ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que dirige el sumario general del caso Brugal. San Martín, no obstante, se inhibió de esa pieza un mes después por motivos de competencia territorial.
La causa del PGOU de Alicante recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, el magistrado Manrique Tejada, mantiene desde entonces secretas las diligencias. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia aseguraron ayer que el juez mantendrá el secreto del sumario "hasta recibir los nuevos informes policiales que ha solicitado".
Sin embargo, la reserva de ese sumario ha sufrido dos filtraciones de calado. La primera en octubre de 2010, cuando por un error material el juez Carlos San Martín incluyó parte de esas diligencias en un DVD que fue entregado al resto de partes de la causa general.
La primera filtración incluyó pasajes del informe policial y el escrito de acusación del fiscal al completo. El documento fue exhibido en público por Sonia Castedo para contrarrestar las imputaciones que vertía sobre su persona el representante del ministerio fiscal.
La segunda filtración se produjo ayer, a través del diario Información, que difundió el informe policial. El documento abunda en los ocho supuestos hechos delictivos que dieron pie a la acusación del fiscal y recoge nuevos pasajes de las escuchas telefónicas de conversaciones grabadas entre Ortiz, Alperi y Castedo, reveladoras de las presiones del empresario a los cargos del PP para conocer de antemano las líneas básicas del PGOU y la disponibilidad de estos a satisfacer sus demandas de información.
En su escrito, el fiscal sostiene que la primera reunión de importancia entre el empresario y los cargos del Ayuntamiento para obtener información privilegiada del PGOU se produjo el 15 de mayo de 2008, "en una reunión velada en la Gerencia de Urbanismo entre la concejal Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada". El informe policial precisa que el encuentro fue a la 17.30, "porque por la tarde no hay nadie". En esa reunión, según la policía, Ortiz obtuvo datos acerca de la instalación de la tienda de Ikea en el plan Rabassa, adjudicado unos años antes al promotor Ortiz.
El informe de la policía y el escrito del fiscal recogen, más adelante, sucesivas conversaciones telefónicas en las que bien Castedo o bien el redactor del plan informan al promotor de otras actuaciones urbanísticas en las que Ortiz tiene intereses, como el APA-9 o la Lomas de Garbinet.
El 26 de junio de 2008, la policía interviene llamadas de Ortiz al redactor del PGOU interesándose por el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, "con la anuencia de Sonia Castedo y Díaz Alperi", precisa el escrito del fiscal. En este apartado la policía aporta un encuentro personal entre Alperi y Ortiz en Benidorm para hablar del proyecto de reforma del Rico Pérez. El informe policial concluye en este apartado que "se habría producido un pacto encubierto por el que la mercantil Aligestión habría adquirido el estadio Rico Pérez sabiendo que posteriormente sería recalificado, aprovechando el PGOU".
La policía cree igualmente acreditado que Ortiz tuvo información privilegiada sobre qué zonas de la ciudad iban a ser protegidas y poder acaparar ese suelo con la intención de permutar la edificabilidad en áreas urbanizables. "Yo tengo un plano de las zonas protegidas que tienen prioridad", recoge un pasaje de una conversación entre Ortiz y uno de empleados.
Tanto la policía como el fiscal consideran que en este supuesto acceso a información privilegiada del promotor Ortiz sobre los pormenores del PGOU de Alicante es clave el papel del despacho de abogados de urbanistas integrado por el hermano de Castedo y el exconcejal socialista. Para el fiscal, este extremo tampoco pasa inadvertido y acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La mediación más relevante de los dos abogados con Ortiz está vinculada a la adquisición de terrenos rústicos en áreas que más tarde serían protegidas, como el Saladar de Agua Amarga.
Para el PSPV, según recoge un informe elaborado por el partido sobre el trámite del PGOU, el papel del hermano de Sonia Castedo en el supuesto trato de favor al promotor Ortiz "es clave". El documento de los socialistas destaca que José Luis Castedo trabajó entre 2004 y 2008 en la entonces Consejería de Territorio y Vivienda en Alicante.
Las nuevas revelaciones policiales sobre el supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz en el trámite del PGOU fueron aprovechadas ayer por los grupos de la oposición para instar a la alcaldesa a que dé explicaciones. Elena Martín, cabeza de lista del PSPV en los últimos comicios municipales, dijo: "De confirmarse los hechos, Alicante estaría ante un claro caso de corrupción. Exigimos a Castedo que salga inmediatamente a dar explicaciones".
Más contundente se manifestó el cabeza de lista de EU, Miguel Ángel Pavón, quien exigió a Castedo y Alperi que renuncien a sus actas, tanto de concejales electos como de diputados autonómicos electos. "Es inaceptable el trapicheo de planos del PGOU entre Ortiz y el equipo redactor". Mientras, la diputada autonómica de Compromís por Alicante Mireia Mollà aseguró que los nuevos datos sobre el PGOU "hacen absolutamente necesario que se pidan responsabilidades".
Castedo a Ortiz: "Te hemos apañado lo del Rico Pérez"
Los diálogos de las escuchas telefónicas recogidas en el informe policial del sumario del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante rezuman una constante en las formas: la cordialidad rayana en la afectuosidad que reina entre el trío de interlocutores, el promotor Ortiz y los dos alcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Mientras, en el fondo las escuchas revelan el afán de Ortiz por controlar los pasos del trámite del planeamiento y, en paralelo, la disponibilidad de Alperi y Castedo a acceder a sus peticiones.
La regidora ha compartido, junto con Alperi, dos viajes de recreo a bordo del yate Elena, propiedad del empresario Enrique Ortiz. Esas características subyacen tanto en las escuchas telefónicas conocidas tras la primera filtración de septiembre y las recogidas en la filtración difundida ayer por el diario Información.
Muestra de la cordialidad entre Ortiz y Castedo son algunos pasajes de conversaciones entre ambos sobre el proyecto de reforma del estadio Rico Pérez. En una de las conversaciones sobre otras actuaciones urbanísticas la regidora comenta a Ortiz: "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas de Garbinet y también lo del Rico Pérez".
Sobre el Rico Pérez, en la primera filtración del informe policial, hay otra conversación reveladora
Ortiz: Pues voy directamente allí y vemos a ver si me das solución ya de lo que este plantea del Hércules (...) y si me interesa, y ya te cuento temas que he estado viendo también con Luis y me dices, y además intenta tener el planito y me lo enseñas.
Castedo: Sí, Sí, sí, mañana nos vemos entonces.
El trasiego de planos (supuestamente referidos al nuevo PGOU) entre Castedo y Ortiz ocupa otro pasaje de las escuchas, en este caso referidas a la instalación de Ikea en Rabassa. "Me has dado un tebeo del Coyote. Es el antiguo, el mismo que tengo yo, el antiguo, antes de la modificación", comenta Ortiz.
En otras de las conversariones, el promotor Ortiz expresa directamente a Castedo su malestar por que la redacción del PGOU, al menos en lo que se refiere al apartado de las nuevas zonas protegidas, no discurre según sus interesas: "El tema es gordo, estoy viendo el Plan General y me destroza por todos los lados, es que es increíble... los puñeteros adscritos estos". En esa fase del trámite del PGOU Ortiz, en una conversación con un empleado suyo, experto en temas urbanísticos, llega a dudar de la lealtad de sus apoyos y alude a una supuesta mano negra, para espetar: "Yo veo aquí una mano negra y la mano negra para esto tengo que ser yo".
Las escuchas dejan aflorar que el supuesto idilio y mutua confianza de los que siempre han hecho gala en público Luis Díaz Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, sufrió una fractura a las primeras de cambio. En una conversación entre Ortiz y Luis Díaz Alperi, grabada el 21 de octubre de 2009, justo un año después del cambio de titular en la alcaldía, el exregidor hace las siguientes alusiones sobre su sucesora.
Alperi: Oye, no le comentes nada, por favor, a Sonia, de nada, nada de nada.
Ortiz: ¿Qué te ha hecho otra, o qué?
Alperi: No, no, me ha hecho otra, pero sé más cosas, y sé que me... vamos, Sonia me odia a muerte.
www.elpais.es 02.06.11
CASTEDO: "IMPORTA EL MORBO Y NO QUE ORTIZ NO SE BENEFICIÓ"
"Lo que importa es el morbo y las insinuaciones, pero no lo importante, y es que Ortiz no se benefició [con el nuevo PGOU de Alicante]". Esta fue la primera reflexión de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y principal cargo público afectado por las nuevas revelaciones del informe policial sobre un supuesto trato de favor por parte del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el proceso de redacción del planeamiento urbano de la capital.
"A mi hermano le han destrozado la vida solo por ser mi hermano"
La regidora volvió a expresar su "indignación" por, según ella, tener que enterarse de las diligencias judiciales del sumario que investiga el supuesto favor a Ortiz por medio de los medios de comunicación. "Mi abogado ha ido esta mañana [ayer para el lector] al juzgado y le han vuelto a reiterar que el caso sigue bajo secreto del sumario. No he visto ningún informe policial", señaló.
Castedo, al igual que manifestó cuando trascendió el escrito de fiscal que le atribuye los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, insistió en que el promotor Ortiz no ha obtenido "ningún trato de favor ni ha gozado de información privilegiada".
"Ortiz no obtuvo lo que pidió", sentenció en octubre de 2010. "Qué tipo de información privilegiada se supone que ha tenido Ortiz, si no ha habido ninguna modificación en el PGOU", dijo ayer. "Me gustaría que la gente se preocupara por la realidad actual del PGOU, un documento público al que se puede acceder por Internet y que me diga en qué se ha beneficiado a Ortiz. Todo está igual, el APA-P, Lomas de Garbinet, el PAU- 3 y el Estadio Rico Pérez, cuya calificación es la vigente desde 1987. Por tanto, me niego a hablar de supuestas actuaciones urbanísticas irregulares", argumentó.
Castedo, no obstante, admitió que mantuvo encuentros con el promotor Ortiz, "pero como con otros empresarios y colectivos de la ciudad", precisó. Sobre la supuesta reunión "velada" con Ortiz y el redactor del PGOU en la Gerencia de Urbanismo por la tarde "porque no hay nadie", según reflejan las escuchas telefónicas, Castedo dijo: "Al decir 'porque no hay nadie' me refiero a la ausencia de público, pero la reunión, como todas las demás, siempre han contado con la presencia de técnicos municipales".
Sobre el papel de su hermano y el exconcejal socialista en el supuesto favor a Ortiz, Castedo señaló: "A mi hermano le han destrozado la vida simplemente por ser mi hermano, y Gutiérrez fue propuesto por el redactor del plan como asesor jurídico externo".
www.elpais.es 02.06.11
DETENIDO UN EDIL DEL PP IMPUTADO EN BRUGAL POR ENTERRAR BASURA
Bru dirigía una trama para verter residuos en una fosa ilegal de Abanilla
La corrupción vinculada al negocio de la basura suma otro episodio en la Comunidad Valenciana. La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres, vecinos de Albatera, Orihuela, Almoradí, Dolores y Callosa del Segura, acusados de enterrar miles de toneladas de basura procedentes de una zona de Elche en una fosa ilegal en un campo de limoneros de la vecina localidad de Abanilla (Murcia).
La investigación considera que el principal responsable de los hechos es el también detenido Francisco Javier Bru García, concejal del PP de Albatera y uno de los imputados de la pieza que investiga el caso Brugal en Orihuela, según fuentes próximas a las pesquisas. Bru es asesor financiero y contable del industrial de la basura Ángel Fenoll, considerado el cabecilla del caso Brugal y que tiene un vertedero autorizado en Abanilla, la misma localidad murciana en la que se enterraban los residuos incontrolados.
La basura procedía de la zona de Elche y su destino final era el vertedero autorizado que el empresario Ángel Fenoll, considerado el cabecilla de la trama Brugal, tiene en esta localidad murciana ubicada en el límite con Alicante, aunque esta no llegaba a su destino y se desviaba de forma ilegal finalmente a un gran foso en medio del campo de limoneros, según fuentes de la investigación. El negocio residía en cobrar por recoger la basura y tratarla, cuando en realidad la red corrupta ahora detenida se ahorraba este último proceso al enterrarla sin más y sin autorización, según apuntaron ayer otras fuentes próximas a la investigación.
El Ayuntamiento de Elche no pudo confirmar este extremo. La planta de tratamiento que hay en la localidad, que gestiona la basura del Plan Zonal XVIII, que corresponde a los municipios del Baix Vinalopó, está gestionada por la empresa Urbahormar, participada en un 65% por Urbaser y en el 35% restante por Hormigones Martínez.
Junto al concejal del PP de Albatera también han sido detenidos en la misma operación F. P. P, de 74 años, J. A. B. G., de 41 años, E. H. A., de 41 años y C. E., de 32 años, todos ellos vinculados al terreno donde se vertía basura ilegalmente, a la empresa de transportes y a la firma responsable del vertedero. A los cinco detenidos se les imputan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, por la puesta en peligro de la integridad de las personas, de la calidad del aire, del suelo y de las aguas, de los animales y de las plantas. La investigación, además, en el caso de Bru, añade un supuesto delito de estafa y otro contra los derechos de los trabajadores, según detalló ayer la Delegación del Gobierno en Murcia.
Los cinco detenidos de esta operación y las diligencias realizadas para esclarecer los hechos han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Cieza.
La investigación arrancó el pasado mes de noviembre, cuando agentes de la Guardia Civil constataron graves irregularidades en uno de los vasos del vertedero de Abanilla y cuatro meses después descubrieron a varios camiones descargando ilegalmente toneladas de basura en un foso de unos 4.000 metros cuadrados de superficie y varios metros de profundidad de una finca, según detalló Efe.
Las diversas catas realizadas a raíz de este descubrimiento por los agentes en este vertedero clandestino evidenciaron la presencia de medicamentos, envases de metal, cartón y vidrio, pilas y materia orgánica de diferente procedencia, ampliaron las mismas fuentes.
Los residuos sólidos eran trasladados hasta esta localidad murciana desde la provincia de Alicante y sepultados inmediatamente por maquinaria pesada expresamente dedicada a esta labor. El foso de grandes dimensiones en el que vertían los residuos estaba prácticamente colmatado.
Cargo público en libertad con fianza
El empresario y político Javier Bru García se encuentra en la génesis de la investigación judicial del caso Brugal (supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante).
Bru fue arrestado a finales de mayo de 2007 en el marco de la primera fase de la operación policial del caso Brugal. Junto a él, fueron detenidas otras seis personas, entre ellas, el industrial Ángel Fenoll, considerado por la investigación como el cabecilla de la trama.
La detención de Bru, por los supuestos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias, se produjo una semana después de que el empresario obtuviera el acta de concejal por el PP en la localidad de Albatera (La Vega Baja). El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el ingreso en prisión sin fianza del político electo.
Bru logró la libertad provisional tras un mes largo en la prisión de Fontcalent a cambio del pago de una fianza de 60.000 euros. Su condición de presidiario no hizo mella en su voluntad de hacer valer su acta de concejal. El 20 de septiembre de 2007, en el transcurso de un pleno extraordinario, Bru tomó posesión de su acta de concejal. La sesión duró apenas unos minutos y no se produjo ninguna intervención por parte de ediles de la Corporación.
Tampoco el PP frenó su iniciativa. La dirección de los polares alicantinos, en manos de José Joaquín Ripoll, no adoptó ninguna medida contra su edil, no solo imputado, sino encarcelado por supuesta corrupción.
Con motivo de su última comparecencia ante el juez que dirige el caso Brugal, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, el pasado mes de febrero, el edil Bru anunció que no optaría a la reelección.
www.elpais.es 09.04.11
49) C.VALENCIANA: REGISTRAN EL DESPACHO DEL HERMANO DE SONIA CASTEDO
El juez investiga el supuesto tráfico de información privilegiada sobre el PGOU en una pieza separada de Brugal - La alcaldesa señala al fiscal Anticorrupción
Agentes de la Policía Judicial registraron ayer el despacho que comparten en Alicante el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez, y el también letrado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante y número uno de las candidaturas del PP a la Alcaldía de la ciudad y a las Cortes Valencianas, Sonia Castedo.
El registro se llevó a cabo por orden del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, investiga la pieza separada del caso Brugal que tiene que ver con supuestas irregularidades en el del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, plan que empezó a elaborarse siendo alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y concejal de Urbanismo la actual alcaldesa.
Los agentes, que aseguraron proceder en el curso de una "inspección rutinaria" ordenada por el citado juzgado, se llevaron de las oficinas, situadas en la popular Casa Salvetti de Alicante, de la que toma su nombre la empresa constituida por Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, abundante documentación relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, aunque toda ella es ya en estos momentos información de dominio público.
La Policía se incautó también durante el registro de dos ordenadores que se encontraban en las oficinas, aunque antes de su retirada permitieron que el personal de la empresa copiara los discos duros para no perder información contenida en los mismos y que, según ellos, es necesaria para el funcionamiento del bufete.
El magistrado Manrique Tejada investiga varios presuntos delitos en la confección del Plan General de Alicante que se habrían descubierto a raíz de la intervención de distintos teléfonos, entre ellos el del empresario Enrique Ortiz, como consecuencia del sumario abierto en Orihuela para determinar si hubo irregularidades en la concesión de una planta de basuras de la comarca al citado empresario y al también industrial oriolano Ángel Fenoll por parte de la Diputación Provincial que preside José Joaquín Ripoll, imputado en ese caso y número dos de la candidatura de Alicante del PP.
Como consecuencia de esas escuchas se apreciaron
otros posibles
delitos
distintos al que
originó el caso
y que fueron
remitidos por el
juez de Orihuela
Carlos
Sanmartín, en
piezas
separadas, a
distintos
juzgados de la
provincia, entre
ellos el que
preside el juez
Tejada.
En este caso,
entre otros se
investiga un
posible tráfico
de información
privilegiada
para beneficiar
supuestamente a
Enrique Ortiz y
la recepción de
favores a
cambio.
La Policía ha investigado el patrimonio del que era alcalde cuando el plan comenzó a gestarse, Luis Díaz Alperi, y también el de la que entonces era edil de Urbanismo y hoy alcaldesa, aunque en este último caso el primer informe de los agentes no aprecia enriquecimiento irregular en su patrimonio.
El despacho que comparten los letrados Javier
Gutiérrez y José
Luis Castedo
aparece, de
acuerdo con las
escuchas, en el
centro de esta
investigación al
sospechar la
Policía que
desde él se
manejó
información
privilegiada
respecto al
futuro
ordenamiento
urbano de
Alicante.
El magistrado
Manrique Tejada
tiene que citar
a declarar a
Alperi y a la
alcaldesauna vez
concluya sus
indagaciones.Pero
Alperi tiene en
estos momentos
la condición de
aforado por ser
diputado de las
Cortes
Valencianas y
figura en puesto
de salida en la
candidatura que
ahora se
presenta, con lo
que una
instrucción
contra él sólo
podría ser
llevada a efecto
por el Tribunal
Superior de
Justicia de la
Comunidad, y
Sonia Castedo
adquirirá esa
misma condición
de aforada una
vez tome
posesión de su
escaño en las
Cortes tras las
elecciones del
próximo 22 de
mayo.
De hecho, tal como publicó en su día este periódico, el juez tenía previsto llamar a declarar como imputada a la hoy alcaldesa en plena campaña electoral. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron ayer a este periódico que la citación ya no se producirá y que si la hoy alcaldesa es llamada a declarar lo hará después de que se celebren los comicios.
Castedo: "Preguntad al fiscal Anticorrupción"
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, ha remitido hoy a los medios de comunicación a hablar con el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, sobre el registro efectuado ayer en un bufete de abogados de la ciudad dentro de la investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Castedo ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras el pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Alicante al ser preguntada por el mencionado registro, si bien ha eludido hacer más declaraciones al respecto.
Uno de los letrados del despacho investigado es José Luis Castedo, hermano de la regidora, quien, según Briones, debería ser imputada por beneficiar en el PGOU al constructor Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal.
Concretamente, el fiscal propone que se impute a
la alcaldesa por
la presunta
revelación de
información
privilegiada
facilitada por
autoridad,
tráfico de
influencias y
cohecho.
Agentes de la
Brigada de
Delincuencia
Económica de la
Policía Nacional
de Alicante
practicaron en
la tarde de ayer
un registro en
el despacho de
José Luis
Castedo, bufete
que comparte con
el exconcejal
socialista
Javier
Gutiérrez, del
que se llevaron
"diversas cajas
con
documentación y
soportes
informáticos",
han informado a
EFE fuentes
próximas al
caso.
Preguntada
también por
estos hechos, la
portavoz del
grupo
socialista,
Carmen Sánchez
Brufal, ha
subrayado el
"respeto" sobre
las indagaciones
policiales sobre
el PGOU.
La socialista ha
indicado que "no
es el momento de
interferir en
las
investigaciones
de la Policía",
si bien ha
confesado no
estar extrañada
de que continúen
las labores de
las fuerzas de
seguridad en
este asunto.
"La fiscalía y los juzgados siguen investigando, y la primera consecuencia de este hecho es que en Alicante no tenemos Plan General, que la ciudad está paralizada y que han tenido que prorrogarse la paralización de las licencias", ha subrayado.
Además, Sánchez Brufal ha aseverado que "la Generalitat Valenciana no se atreve a aprobar el PGOU validado en la ciudad porque no sabe en qué situación judicial puede estar y cuáles son las investigaciones de la Policía".
Igualmente, la portavoz socialista ha lamentado que, "al final, cualquier irregularidad que pueda haber habido, no sólo la pagan los ciudadanos de su bolsillo, sino que también se paga con el cierre del futuro, ya que está paralizada la ciudad".
Por último, ha subrayado que las investigaciones que rodean al PGOU lo que hacen, en su opinión, es "crear inseguridad jurídica a cualquiera que pueda venir a invertir en Alicante y manchar el nombre de la ciudad con lo que ha podido estar pasando".
"Es un grave daño no sólo para el presente sino para el futuro necesario para volver a crear empleo y volver a ser una ciudad rica y con calidad de vida", ha sentenciado.
www.levante-emv.com 15.04.11
RIPOLL OBTUVO 1,3 MILLONES DE EUROS SIN JUSTIFICAR TRAS ADJUDICAR LAS BASURAS
La policía afirma que un millón corresponde al regalo de dos pisos
El líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y su familia -mujer y tres hijos- se embarcaron en un vértigo de consumo privado (viajes a lugares paradisíacos y compras compulsivas en tiendas de lujo) abonado a tocateja, apenas coronada la adjudicación de la multimillonaria contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja (sur de Alicante). Un informe policial, realizado a instancias del juez del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo) concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros.
Casi 300.000 euros fueron destinados a pagar a tocateja gastos privados
El documento, elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, revela que el grueso de esos ingresos sin justificar corresponde a dos pisos, situados en el ensanche de la ciudad de Alicante, o a su equivalente en metálico (un millón de euros), y el resto a consumo privado de la familia Ripoll, abonado en metálico. El rastreo de la policía (en las distintas cuentas bancarias y firmas comerciales de las que son clientes) ha aflorado una montaña de compras, muchas de lujo, y casi siempre ordenadas por la esposa de Ripoll, Margarita de la Vega.
José Joaquín Ripoll, también presidente de la Diputación de Alicante, cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó el promotor local Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa. Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en Alicante.
En el trámite de esta adjudicación, según el informe policial, Ripoll incurrió en 10 hechos delictivos. La policía judicial considera que el incremento patrimonial de "desconocida procedencia" de Ripoll en el período entre enero de 2008 y junio de 2010 "se corresponde con el tracto temporal en el que Ripoll realiza las actividades presuntamente delictivas que se le imputan", recoge el acta policial. "Por tal razón", añade, "podría considerarse que el origen de dicha cantidad, que constituye el incremento patrimonial no justificado, puede tener una relación directa con la adjudicación del plan zonal a la UTE Cespa-Ortiz y con la ubicación de la planta de gestión, que tienen como beneficiarios a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, respectivamente, a tenor, como se ha apuntado en informes anteriores, de una posible compensación de un millón de euros a través de Rafael Gregori, en pago a los servicios prestados a Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en relación al acuerdo de adjudicación".
El veterano dirigente conservador alicantino fue arrestado por su implicación en el caso Brugal el 6 de julio de 2010. El magistrado que dirige la investigación, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, lo interrogó dos días después y lo dejó en libertad con cargos por cinco supuestos delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Junto a Ripoll fueron detenidas otras 11 personas, entre ellas Ortiz y Fenoll. La policía y la Fiscalía Anticorrupción consideran a estos dos empresarios y al líder del PP como los muñidores de la esta mayúscula trama corrupta.
www.elpais.es 02.04.11
ENTRE LOEWE Y LA GRAN MANZANA
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía sobre ingresos en efectivo y pagos igualmente en metálico sin justificar se ha basado en el rastreo de las cuentas corrientes del matrimonio Ripoll-De la Vega y su cotejo con las facturas y pagarés intervenidos en el registro del domicilio de la pareja tras el arresto del líder del PP. En ese registro los agentes también se incautaron de 5.280 euros en efectivo (agrupados en fajos de 100, 50 y 20 euros).
En el apartado de las facturas, los pagos más llamativos son los relacionados con compras en la tienda Loewe. En este capítulo, el informe incluye un bolso Tote Patchwrk por 8.900 euros y una compra de carne selecta en el Mercado Central por 171 euros. Las reformas y decoración (cortinas y tapicería) del chalé habitual de la familia y un piso recién adquirido en el centro de la ciudad ocupan otro apartado de importancia, con presupuestos que oscilan entre 4.000 y 30.000 euros, siempre abonados a tocateja.
Y el tercer apartado destacado es el de los viajes de placer del matrimonio y su familia, la mayoría a Nueva York, otro a Creta y un sinfín más de vuelos personales de Margarita de la Vega entre Madrid y Alicante. Por uno de los vuelos a la Gran Manzana y a Creta, el matrimonio pagó en efectivo 37.047 euros.
En cuanto a las cuentas corrientes, el informe concluye que el saldo global asciende a 9.193 euros, y los ingresos sin justificación a 72.224 euros, o sea, hay un déficit de 62.929 euros. "Es decir, que sin estos ingresos en efectivo sin aparente justificación del origen de los mismos no podría sustentarse el nivel de vida que realiza tal núcleo familiar", asevera el informe.
www.elpais.es 02.04.11
EL LÍDER DEL PP ALICANTINO MANTIENE EL PULSO POR LA DIPUTACIÓN
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, encajó ayer el informe policial sobre su abultado incremento patrimonial no justificado con la misma actitud que encaró el día después de su arresto por su implicación en el escándalo de las contratas de basura en Alicante. Ripoll echó balones fuera, dudó de la rigurosidad del informe ("sólo recoge conjeturas y especulaciones sobre mi vida privada", puntualizó) y dijo que no tiene nada que ver con la contrata del Plan Zonal de La Vega Baja.
A renglón seguido, el líder de los antiguos zaplanistas en Alicante calló. Tácitamente, eso significa que se mantiene firme en su decisión de seguir en política y, sobre todo, de mantener vivo el pulso por repetir como presidente de la Diputación, cargo que ocupa desde 2003. Para materializar esta aspiración tendrá que doblegar la resistencia del bando opuesto, los afines al presidente de Generalitat Valenciana, Francisco Camps. La valedora de este sector en Alicante, la alcaldesa Sonia Castedo, insiste en que no lo quiere en su lista.
La regidora, ya proclamada candidata del PP a los comicios del 22 de mayo, también está implicada en el caso Brugal. Castedo esta acusada por el fiscal de supuesto cohecho vinculado a un trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el trámite del nuevo planeamiento urbano de la ciudad.
Para que Ripoll pueda revalidar el cargo tiene que obtener previamente el acta de concejal. De no hacerlo por la capital, tendría que buscar acomodo en la candidatura de otro municipio de la provincia.
Por otro lado, las revelaciones sobre el patrimonio de Ripoll, llevaron al Grupo Socialista en la Diputación a pedir su dimisión y a que explique el origen de esos ingresos.
www.elpais.es 02.04.11
RIPOLL GASTÓ EN DOS AÑOS 292.000 EUROS MÁS DE LO QUE INGRESÓ
El líder del PP de Alicante pagaba en metálico, según un informe policial
Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía judicial encargado por el juez que dirige la investigación del caso Brugal (trama corrupta en torno a las contratas de basura en el sur de Alicante) concluye que el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, gastó en compras particulares 292.658 euros más de lo que ingresó entre enero de 2008 y junio de 2010. Los agentes han realizado este informe en base a las pesquisas en los diferentes establecimientos en los que habitualmente compra la familia Ripoll, que han accedido a colaborar con la investigación.
La investigación ha comprobado que los pagos en metálico en diferentes tiendas de Alicante y Madrid suman hasta 108.000 euros que no habrían sido obtenidos mediante operaciones bancarias. Y concluye que este incremento injustificado de casi 300.000 euros en dos años y medio podría derivarse de la compensación de un millón de euros presuntamente recibida por el líder popular alicantino -a través de uno de sus supuestos testaferros, Rafael Gregori- del constructor Enrique Ortiz y del empresario Ángel Fenoll por la adjudicación de la gestión del plan zonal XVII de basuras.
Según la investigación, Ripoll recibió dádivas (dos lujosos pisos en el centro de Alicante o su equivalente en metálico, estimado en un millón de euros) supuestamente de Ortiz y Fenoll a cambio de la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja.
Ripoll, también presidente de la Diputación de Alicante, fue arrestado por la policía el 6 de julio de 2010 y dos días después el juez lo dejó en libertad con cargos por cinco presuntos delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y negociaciones prohibidas a funcionarios.
www.elpais.es 01.04.11
FENOLL SEGUIRÁ CON LA CONTRATA DE LA BASURA EN ALMORADÍ
El pleno del Ayuntamiento de Almoradí, gobernado por el PP, acordó ayer suspender provisionalmente la adjudicación del contrato de la basura a la empresa la Generala, a la espera de un informe técnico solicitado a la Generalitat. La decisión se produce un mes después de la irrupción en el pleno del actual concesionario, el empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal, para reclamar una deuda de 2 millones de euros.
Por otro lado, el PSPV en la Diputación pidió una reunión del consorcio de residuos de La Vega Baja para analizar la saturación del vertedero.
www.elpais.es 04.03.11
EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL' CITA A TRES EDILES DEL PP DE ORIHUELA
Están imputados en el supuesto amaño del contrato de la basura
El juez instructor del caso Brugal (trama corrupta relacionada con el negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) sigue adelante con la instrucción de una de las piezas clave del sumario: el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela. El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, ha citado a declarar a tres ediles del PP oriolano y a tres empresarios más imputados en la causa. Los seis fueron arrestados con motivo de la operación policial ordenada por el juez el 6 de julio de 2010.
Los tres concejales del PP oriolano que tendrán que declarar ante San Martín a lo largo de este mes son Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez. Los tres mantienen sus cargos. El juez les imputa los delitos de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en el amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento, adjudicada en octubre de 2008 a una UTE, integrada por la firma Sufi y las empresas Gobancast y Liasur. La investigación sostiene que estas dos últimas empresas son falsas y son la tapadera que permitieron al industrial Ángel Fenoll acceder a la concesión.
Junto a los ediles del PP, el magistrado también interrogará por estos hechos a los empresarios Luis Bracho (gerente de Sufi), Rafael Gregori, intermediario clave de la trama Brugal, y el asesor fiscal Jorge Sanz por su supuesta colaboración con Fenoll para falsificar las empresas de la UTE. Ángel Fenoll, empresario afín al PP, está considerado por la investigación como el cabecilla de la trama corrupta, cuya investigación se remonta a marzo de 2007.
El detonante del caso Brugal fue una conversación grabada entre Fenoll y el exconcejal del Centro Liberal de Orihuela Jesús Ferrández. En esa grabación, el edil confesó al empresario que una firma aspirante al concurso ofrecía un millón de euros a los concejales a cambio del contrato. Fenoll difundió la cinta y el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, aparcó el concurso, que retomó su sucesora, Mónica Lorente, con la adjudicación del contrato en octubre de 2008.La Fiscalía Anticorrupción de Alicante rechaza la petición de las defensas del caso Brugal para que se anulen las actuaciones, y en concreto la piedra angular de las diligencias: las escuchas telefónicas. "Todo lo actuado se ajusta a Derecho", puntualizaron ayer fuentes de este destacamento del ministerio público, que dirige Felipe Briones.
Briones ha presentado ante el instructor, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, su escrito a los 150 recursos planteados los abogados de las 17 partes, hasta ahora, personadas en el sumario. En el sumario hay un total de 17 imputados. Los tres acusados de mayor calado son el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El juez imputa a los tres, entre otros, el delito de cohecho.
El fiscal ha respondido, uno a uno, a los recursos de las partes. En total, el escrito del ministerio público ocupa 1.000 folios, que se suman a los cerca de 20.000 del sumario general, distribuidos en 40 tomos. En sus escritos, Briones defiende la legalidad de las actuaciones practicadas y rechaza la tesis de las defensas sobre una supuesta vulneración de los derechos de los acusados y falta de seguridad jurídica. Este último aspecto, según las defensas, está relacionado con el auto del instructor, firmado el 12 de abril de 2007, que autorizó las primeras escuchas.
Las defensas sostienen que ese auto y los que autorizaron las sucesivas prórrogas de las escuchas, en diferentes lapsos a lo largo de tres años, vulneran el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Si el magistrado rechaza los recursos, las defensas podrán apelar a la Audiencia de Alicante.
Ferrández: "Fenoll fue a por mí"
Jesús Ferrández, exconcejal del Centro Liberal de Orihuela, y primer imputado en el sumario del caso Brugal, declaró en la mañana de ayer ante el juez instructor que el empresario Ángel Fenoll, al que se considera uno de los cabecillas principales de la trama corrupta en torno al negocio de la basura, manipuló la grabación que dio pie a la investigación, y le extorsionó con ella.
"He reiterado al juez que todo fue una encerrona y que Fenoll manipuló la cinta para extorsionarme", afirmó Fernández a la salida del juzgado. "En aquellos momentos estaba claro que yo sobraba en la política y fue a por mí", añadió.
La cinta a la que aludía el exconcejal recoge una conversación entre Ferrández y Fenoll que grabó este último. En esa cinta el entonces concejal aseguraba que una de las empresas aspirantes a adjudicarse el servicio de basuras de Orihuela, Urbaser, estaba dispuesta supuestamente a ofrecer cerca de un millón de euros por la concesión. Fenoll, que también aspiraba al contrato, difundió en los medios de comunicación esta grabación y la llevó a la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal tiró de ese hilo hasta lanzar una segunda fase del caso Brugal en la que se ha imputado al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz, entre otros, también por contratos ligados a la basura y al urbanismo.
www.elpais.es 01.03.11
RIPOLL ADJUDICA A ORTIZ LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA DIPUTACIÓN
Cívica gana el concurso con cinco puntos de ventaja y por 4,2 millones de euros
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, imputado en el caso Brugal, despidió el año 2010 con la adjudicación del contrato de servicio de limpieza de los centros y dependencias de la Diputación de Alicante y el Museo Arqueológico Provincial (Marq) por valor de 4,2 millones de euros al empresario Enrique Ortiz, titular del grupo Cívica e imputado en la misma causa judicial por supuesta corrupción.
El proceso de adjudicación, mediante concurso público, arrancó hace meses y en noviembre del año pasado se reunió la comisión evaluadora para analizar las propuestas de las empresas interesadas. Entre estas figuraban firmas importantes como Eulen, SL, Fomento de Construcciones y Contratas o la UTE Gestión Industrial de Servicios y Servicios Auxiliares, integrada por Ginssa, propiedad del presidente de la patronal Coepa, Rafael Martínez Berna, y Samsa, de Antonio Arias. En la tabla de valoración, en la que se prima el mejor precio, la organización del servicio, la maquinaria y el personal necesario, la oferta de Ortiz obtuvo 74,02 puntos, seguida de Aldesa (69 puntos), La Generala con 67,87, y la UTE Gestión Industrial con 67,50. El grupo Cívica, que ya venía prestando ese servicio durante los últimos años, se hizo con el contrato por 4.179.253 euros, cuando el precio de licitación inicial marcado era de 4.993.026.
La diputada de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María del Carmen Jiménez, firmó el 29 de diciembre de 2010 el decreto de adjudicación a la empresa ganadora. Las empresas La Generala y la UTE de Berna y Arias llegaron a presentar ofertas de menor cuantía que la de Ortiz, pero quedaron excluidas por el resto de criterios.
www.elpais.es 22.02.11
UN EDIL DEL PP Y ASESOR DEL CABECILLA DE BRUGAL SE NIEGA DECLARAR ANTE EL JUEZ
Javier Bru, concejal del PP en Albatera y asesor financiero y contable del grupo empresarial de Ángel Fenoll, líder de la supuesta trama corrupta del caso Brugal, se negó ayer a declarar ante el juez. Tras su comparencia ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Bru anunció que no optará a revalidar el acta de concejal.
Bru siguió el ejemplo del cabecilla de la trama y protagonizó en la mañana de ayer un fugaz paso por el juzgado de apenas 10 minutos. Al igual de Fenoll el pasado día 7, Bru no declaró: "Me he acogido al derecho constitucional de negarme a declarar", aseveró. La actitud de estos imputados responde a la estrategia de sus defensas de no declarar hasta que el juzgado resuelva el recurso sobre la nulidad de las escuchas telefónicas.
Por la tarde, el edil anunció que deja la política: "Ha sido una decisión personal", dijo. Bru confirmó que en este mandato en el que ha estado imputado el PP no le ha expedientado ni le ha pedido que dimita.
La comparencia de Bru ante el juez se enmarca en la nueva tanda de declaraciones a las que el instructor ha citado a los arrestados en la primera fase de la investigación policial del caso Brugal, en mayo de 2007. Entonces, la policía arrestó a seis personas, entre ellas Fenoll, Bru y el clan familiar del empresario. El juez les imputó los delitos de cohecho y tráfico de influencias vinculados con el amaño de la contrata de la basura del municipio de Orihuela.
Esta ronda de interrogatorios también incluye la declaración del primer imputado en este sumario, el ex concejal de Centro Liberal de Orihuela Jesús Ferrández.
www.elpais.es 15.02.11
EL JUEZ RETOMA LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA BRUGAL
El juez vuelve a interrogar a los detenidos en 2007 por la trama de la basura
El empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) vuelve está mañana a declarar ante el juez instructor por tercera vez desde el comienzo de la investigación, en marzo de 2007. El magistrado interrogará a Fenoll, industrial afín al PP, por el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela.
El industrial y su clan fueron arrestados por cohecho y extorsión
El magistrado tomará declaración al gerente de Fenoll, un edil PP
En días sucesivos el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, interrogará a otros seis acusados más en el sumario general, entre ellos el gerente de las empresas de Fenoll, Javier Bru, que es concejal del PP en Albatera. Y tomará declaración por segunda vez a Jesús Ferrández, exconcejal del Centro Liberal de Orihuela, primer imputado en esta causa.
San Martín retoma de esta manera la instrucción de esta causa, cuando aún tiene pendiente el envío de parte de las diligencias a los jueces que han asumido piezas separadas del sumario. La causa de mayor relevancia en ese apartado es la que indaga el trato de favor al empresario Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
Esta nueva tanda de interrogatorios a los primeros implicados en el caso Brugal afecta a los seis arrestados a raíz de la primera operación policial que se desarrolló en mayo de 2007 y al exedil Ferrández. En esa fecha, la policía detuvo a Fenoll y su clan familiar (entre ellos su hijo y un hermano) al gerente de su grupo empresarial, recién electo edil del PP de Albatera, y a un detective privado, contratado por el empresario para grabar reuniones con otros colegas y cargos públicos de La Vega Baja.
El juez imputó a estos detenidos los supuestos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias. Tras interrogarles, envió a prisión a Fenoll, su hijo y el concejal Bru. Tras un mes en la cárcel, quedaron en libertad provisional previo pago de fianzas de entre 60.000 y 100.000 euros.
Bru ha sido citado para el día 14 de febrero. El primer imputado, el exedil Jesús Fernández, tendrá que comparecer el 28 de febrero. Una conversación entre Fenoll y Ferrández, grabada en DVD por iniciativa del primero, fue el detonante del caso Brugal. La entrevista se produjo en vísperas de la adjudicación de la contrata de la basura del Orihuela, en la primavera de 2006. El entonces concejal confesó al empresario que la firma Urbaser estaba dispuesta a ofrecer alrededor de medio millón de euros a ediles a cambio de la contrata de basura. Al concurso aspiraba Fenoll. Apenas tener conocimiento de que no iba a ser el adjudicatario, Fenoll puso la grabación en manos del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.
En la operación policial de mayo de 2007, los agentes intervinieron abundante material audiovisual en las oficinas y el domicilio de Fenoll. Esas cintas, más las escuchas telefónicas practicadas durante tres años, desembocaron el 6 de julio de 2010 en la segunda operación policial del caso Brugal. Entonces la policía practicó 11 arrestos, entre ellos, los otros dos muñidores, según la investigación, de la trama, el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el contratista Enrique Ortiz. El juez imputa al político cinco delitos, entre ellos, un supuesto cohecho de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte de Ortiz y Fenoll a cambio de la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja.
Trato de favor en vía muerta
Fruto de las escuchas telefónicas, el sumario del caso Brugal engordó hasta los 20.000 folios, repartidos en 40 tomos. El juez ha desglosado la causa general en hasta una veintena de piezas y se ha inhibido de algunas de ellas por motivos de competencia territorial. La más destacada en ese capítulo es la que investiga irregularidades en el PGOU de Alicante. En esta causa, el fiscal acusa a 21 personas, entre otros, a los alcaldes del PP de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y al promotor Ortiz.
El ministerio público acusa a estos implicados de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso prohibido de información privilegiada.
No obstante, el juez en el que recayó esta pieza, Manrique Tejada, titular del número 5 de Alicante, no ha practicado ninguna diligencia siete meses después de asumir la competencia y mantiene secretas las diligencias.
El magistrado espera sin éxito desde julio pasado que el instructor general, el magistrado Carlos San Martín, le remita todas las diligencias que afectan a esa pieza. El juez asegura que no iniciará la instrucción hasta que no disponga de toda la documentación en su oficina judicial.
Junto a esta pieza que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU de Alicante, otra causa de relevancia desgajada del sumario general es la que indaga irregularidades en adjudicaciones de contratos de la Diputación de Alicante a la Fundación Hércules CF. Esta causa la instruye el titular del juzgado número 4 de Alicante. Este magistrado ha optado por retomar las diligencias con la imputación formal de los inicialmente acusados por el fiscal y la policía.
El juez ha imputado a cuatro personas. Las dos más relevantes son el diputado provincial del PP Carlos Mazón y el empresario Rafael Gregori. Mazón es en la actualidad director general de la Cámara de Comercio de Alicante. Mientras, Gregori está considerado por la investigación como el intermediario clave entre los protagonistas de la trama corrupta, a saber: el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Ortiz y Fenoll.
www.elpais.es 07.02.11
FENOLL CALLA ANTE EL JUEZ
El empresario de la trama Brugal se niega a declarar
Fugaz paso por el juzgado del industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama del caso Brugal. El industrial afín al PP es la clave de la conexión corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. Ayer, Fenoll compareció ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, instructor de la causa. Era la tercera vez que acudía desde su primer arresto por estos hechos, en mayo de 2007. La comparecencia apenas duró 10 minutos. Fenoll se acogió su derecho constitucional de negarse a declarar. A la salida del juzgado, Fenoll, paradójicamente, señaló que había acudido ante el magistrado "para colaborar con la justicia". Luego aprovechó la presencia de los periodistas para reclamar el pago de 24 millones que, según él, le deben los municipios en los que sus firmas controlan el servicio de la basura.
www.elpais.es 08.02.11
FENOLL: "¿CUÁNDO ME VA A PAGAR LOS DOS MILLONES?" IRRUMPE EN EL PLENO Y FRENA LA CONTRATA DE LA BASURA
El empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal, dio ayer una nueva muestra su arrollador ímpetu a la hora de defender su hegemonía en el negocio de la basura en La Vega Baja. El empresario, imputado por cohecho, tráfico de influencias y extorsión, no dudó en irrumpir en pleno del Ayuntamiento de Almoradí para reclamar, a viva voz y rodeado de cámaras y focos amigos (TV Vega Baja, de su propiedad), una deuda del Consistorio de dos millones de euros por la contrata de la basura. Fenoll está a punto de perder ese contrato tras 25 años de adjudicación. "Señor alcalde, dígame cuándo me va a pagar los dos millones que me debe por la basura. Entre todos los del PP me vais a llevar a la ruina", espetó al regidor, Antonio Ángel Hurtado, del PP.
"Ha montado el numerito, porque pierde la contrata", dice el alcalde
La puesta en escena de Fenoll surtió efecto. El alcalde aparcó la renovación de la contrata de la basura que estaba previsto adjudicar en la sesión plenaria. El nuevo adjudicatario era, de acuerdo con la puntuación de la mesa técnica, la firma la Generala. La firma de Fenoll, que aspiraba a renovar el contrato, obtuvo dos puntos menos.
Fenoll aprovechó su intervención en el pleno para echar en cara al regidor las, según él, falsas promesas de pago. "Lleva más de un año engañándome, y los bancos ya no me dan respiro. Le he dicho que esto es una injusticia. Entre él, y el resto de Ayuntamientos donde tengo la concesión de la basura me deben 24 millones de euros", explicó. "No puede ser que se vayan y me dejen en la estacada. Me van a llevar a la ruina, a mí a y a mis trabajadores", abundó.
Fenoll tampoco desaprovechó la ocasión para arremeter con otros líderes del PP valenciano, entre ellos el regional, Francisco Camps, y el provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll. "He dicho que Camps y Ripoll tienen que tomar cartas en el asunto para que no haya desvío de las partidas. Lo que se consigna para servicios que no se desvíe. Porque mucho hablar de Zapatero, pero aquí los del PP me llevan a la ruina", reiteró.
El alcalde de Almoradí valoró así la insólita iniciativa del empresario: "Ha venido a montar el numerito porque no será el nuevo adjudicatario del servicio de la basura. Pero la decisión se ha hecho sobre la base de los informes técnicos", explicó. Hurtado admitió que el Consistorio tiene una deuda pendiente con este adjudicatario, "pero no de dos millones, sino de 1,5", precisó. "Hasta 2009, estábamos al corriente de los pagos, pero a partir de ahí y con la crisis han venido los problemas", añadió.
El regidor aseguró que le ha presentado un plan de pago al empresario, pero se mostró inflexible en cuanto a su exclusión del nuevo contrato, y no por su presión en el pleno. "Lo hemos dejado sobre la mesa para aclarar unas dudas planteadas por el PSPV, pero en 15 días lo retomamos", dijo el alcalde. "He invitado a Fenoll a que se entreviste con los técnicos para ver cómo ha sido el proceso de adjudicación, y si no queda contento que acuda a los tribunales", razonó.
El portavoz del Grupo Socialista municipal, Javier Cañizares, señaló que las dudas sobre la "falta de transparencia del proceso" (adjudicación de la contrata a la General a cambio de supuestamente retirar una demanda al Ayuntamiento por otras obras) fue aprovechada por el alcalde para intentar salir airoso del trance.
www.elpais.es 02.02.11
LA AUDIENCIA DEVUELVE AL JUEZ LA PIEZA DEL 'CASO BRUGAL' QUE AFECTA A GERARDO CAMPS
La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado devolver al juzgado de instrucción las actuaciones que le fueron remitidas de una de las piezas del caso Brugal que afecta al consejero de Economía, Gerardo Camps. El tribunal deja en suspensión el recurso de la fiscalía contra el archivo de la investigación contra Camps porque otras partes afectadas en el proceso no han tenido oportunidad de alegar, ya que las actuaciones eran secretas.
Esta pieza del complejo caso Brugal, centrado en la corrupción relacionada con el negocio de la basura en la comarca alicantina de La Vega Baja y el urbanismo en Alicante, regresa al Juzgado de Instrucción número 2. La Audiencia esperará a resolver el recurso de la fiscalía para que las partes afectadas puedan presentar alegaciones sobre el auto de archivo de la pieza y el recurso de la fiscalía, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en una nota.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante archivó en noviembre esta parte de la causa que investigaba un presunto tráfico de influencias en los procesos de adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante, el Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, el mantenimiento de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, que depende de la consejería que dirige Camps. La fiscalía de Alicante presentó un recurso parcial al archivo e insistió en indagar sobre dos de las cuatro actuaciones bajo sospecha: la adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante y el parque cultural de Sant Vicent del Raspeig. El juez archivó la causa por un posible delito de tráfico de influencias al no observar trato de favor de Camps hacia el empresario Enrique Ortiz.
El PP paga a la secretaria de Rudi con dinero del Ayuntamiento de Zaragoza
Cuanto más habla el Partido Popular de austeridad, más evidentes se hacen los casos en que la formación conservadora es excesivamente generosa con el dinero público. En Zaragoza, el Ayuntamiento está pagando un sueldo del erario a una administrativa que, en realidad, trabaja como secretaría de Luisa Fernanda Rudi, presidenta del PP en la ciudad y candidata a presidenta de Aragón. Por si esto fuera poco, otra asesora del Grupo Municipal Popular pasa más tiempo empleada en la sede del PP en labores internas.
Según informa El Periódico de Catalunya, la funcionaria que actúa en realidad de secretaria de la candidata popular está contratada en el Ayuntamiento por 36.617 euros anuales por el cumplimiento “íntegra y exclusivamente de su actividad profesional” en el Grupo Municipal que conforman los concejales del PP.
La
secretaria…
Pese al decreto
que la
contrataba para
estas labores
municipales,
firmado en 2007
por la concejala
socialista
Carmen Dueso,
hay constancia
de que en la
actualidad no
cumple “íntegra
y
exclusivamente”
con ellas. El
hecho de que su
presencia en el
Ayuntamiento sea
nula ya ha
creado un
profundo
malestar interno
tanto en el
grupo popular
como en la casa
consistorial.
… y la
asesora
Un caso muy
similar es el
que sucede con
una asesora
nombrada por
otro decreto,
esta vez del
área de
Hacienda,
Economía y
Régimen Interior
y firmado en
2009 por la
concejala
socialista Lola
Ranera. La orden
se dio el mismo
día que cesaba
su labor el
anterior asesor
del PP en el
Ayuntamiento y
que hasta ahora
había trabajado
con el portavoz
popular,
Domingo Buesa.
Sin embargo,
cuando Buesa fue
sustituido por
Dolores Serrat,
éste pasó a
ejercer más
trabajo en la
sede que el
Ayuntamiento. En
este caso, el
coste de su
asesora es más
elevado que en
el caso
anterior, ya que
la cifra anual
asciende a casi
48.000 euros.
www.elplural.com 01.02.11
DEVUELVEN AL JUZGADO LA PARTE DE BRUGAL QUE AFECTA A G. CAMPS
La Audiencia
toma esta
decisión para
que las partes
afectadas puedan
realizar "alguna
alegación",
puesto que las
actuaciones han
estado secretas
La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado devolver al juzgado las actuaciones que le fueron remitidas de una de las piezas del 'caso Brugal', --que afectaba al consejero de Economía, Gerardo Camps--, para que las partes puedan alegar en relación con la decisión de la Fiscalía de recurrir en apelación el archivo acordado por el juzgado de instrucción número 2.
La Audiencia
toma esta
decisión para
que las partes
afectadas puedan
realizar "alguna
alegación",
puesto que las
actuaciones han
estado secretas,
según han
informado
fuentes
judiciales y el
Tribunal
Superior de
Justicia de la
Comunidad
Valenciana (TSJCV)
en una nota.
El juzgado de
Instrucción
número 2 de
Alicante archivó
en noviembre
esta parte de la
causa que
investigaba un
presunto tráfico
de influencias
en los procesos
de adjudicación
del Palacio de
Congresos de
Alicante, el
Parque Cultural
de San Vicente
del Raspeig
(Alicante), los
servicios de
mantenimiento de
la Ciudad de la
Luz y la
concesión de un
aval de 16
millones de
euros al
Hércules por
parte del
Instituto
Valenciano de
Finanzas.
La Fiscalía
Anticorrupción
presentó un
recurso contra
esta decisión
ante la
Audiencia
Provincial, que
ha devuelto las
actuaciones al
Juzgado número 2
para que dé
traslado a las
partes del auto
de archivo y del
contenido del
recurso de la
Fiscalía, a fin
de que, una vez
cumplimentado,
se vuelvan a
remitir a la
Audiencia
Provincial para
la resolución
del recurso.
La sala ha
tomado esta
decisión al
entender que "al
haber estado
secretas las
actuaciones, las
partes afectadas
no han podido
realizar
alegación alguna
frente al
recurso deducido
por la Fiscalía
en relación al
auto de
archivo".
www.levante-emv.com 31.01.10
EL JUEZ DE BRUGAL VOLVERÁ A INTERROGAR A FENOLL Y SU CLAN
El magistrado que dirige el sumario general del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) ha optado por seguir la investigación, pese al aluvión de recursos presentados por las defensas exigiendo la nulidad de las escuchas telefónicas. Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, tomará una segunda declaración a los arrestados con motivo de la primera operación policial del caso, desarrollada a finales de mayo de 2007, entre ellos el considerado como cabecilla de la trama, el empresario afín al PP Ángel Fenoll.
Según fuentes judiciales, el juez ha citado a declarar a esos seis imputados a partir de la pimera semana de febrero. Junto a Fenoll, los agentes detuvieron en la operación de mayo de 2007 a otras cinco personas de su clan empresarial, entre ellas, su hijo, su hermano, y el gerente, el concejal del PP de Albatera Javier Bru.
Inicialmente, el juez imputó a estos detenidos los delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias. En la operación, los agentes se incautaron de abundante material audiovisual que el industrial guardaba en sus empresas y en su domicilio. Algunas de las cintas recogen entregas de dinero por parte de Fenoll a cargos públicos a cambio de contratas.
El material incautado a Fenoll, junto a una serie de escuchas telefónicas practicadas durante tres años, desencadenó el 6 de julio de 2010 la segunda operación policial del caso Brugal. En ese fecha se produjeron otros 11 arrestos, entre los que destacaron el del líder provincial del PP y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tres ediles populares de Orihuela y el empresario Enrique Ortiz. Todos ellos también están imputados en el sumario general.
www.elpais.es 19.01.11
RIPOLL, ORTIZ Y
FENOLL PIDEN
ANULAR BRUGAL
POR LAS ESCUCHAS
Fueron detenidos el pasado julio y luego imputados por varios delitos por presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja
Los abogados del
presidente de la
Diputación de
Alicante, José
Joaquín Ripoll,
del PP, y de los
empresarios
Enrique Ortiz y
Ángel Fenoll han
pedido la
nulidad del caso
Brugal al creer
que las escuchas
telefónicas
policiales que
dieron origen a
la investigación
fueron ordenadas
indebidamente.
Ripoll, Ortiz,
Fenoll, tres
concejales del
PP de Orihuela y
cinco
empresarios más
(entre ellos el
hijo de Fenoll)
fueron detenidos
el pasado 6 de
julio y
posteriormente
imputados por
varios delitos
por presuntas
irregularidades
en la
adjudicación del
plan zonal de
residuos de la
Vega Baja, en el
marco de la
investigación
del Brugal.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la representación legal de Ripoll presentará a lo largo de la mañana de hoy al instructor de la causa, Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, un recurso de reforma pidiendo la nulidad, mientras que las de Ortiz y Fenoll lo han hecho en los últimos días.
La presentación del recurso no es casual ya que hoy expira el plazo dado por el juez de Orihuela para recurrir el conjunto de resoluciones notificadas a los imputados del Brugal antes de las Navidades.
Fuentes jurídicas han señalado que el resto de abogados de los imputados también tenían previsto presentar recursos similares de nulidad antes de hoy a las 15 horas, cuando termina el plazo dado por el juez.
Entre otros aspectos, el recurso de los letrados de Ripoll se basa en que las primeras escuchas policiales y las sucesivas prórrogas desde 2007 hasta comienzos de 2010 fueron indebidas y vulneraron los derechos fundamentales de su cliente.
A este respecto,
señalan que las
escuchas no
estaban
suficientemente
justificadas por
los jueces que
las ordenaron y
se aporta
diversa
jurisprudencia
del Tribunal
Constitucional.
Además del
derecho a la
privacidad de
las
comunicaciones,
consideran que
se han vulnerado
otras garantías
y derechos que
tienen que ver
con el
procedimiento
penal.
Las defensas de Ortiz (dueño del Hércules CF) y el industrial oriolano Fenoll también han presentado en los últimos días recursos pidiendo la nulidad, bajo el argumento de que han visto perjudicados sus derechos fundamentales en varios aspectos.
A partir de ahora, el juez instructor deberá pronunciarse sobre si acepta o no los recursos total o parcialmente, y tras su decisión las defensas y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, podrán presentar recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante.
www.elpais.es 13.01.11
El juez del 'caso Brugal' sopesa pedir un permiso en la fase clave de las diligencias
Carlos San Martín, juez instructor del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo de Alicante), sopesa solicitar un permiso de maternidad, según confirmaron ayer fuentes judiciales. La iniciativa del magistrado, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, coincide con la fase clave de la investigación, tras los arrestos de los cabecillas de la trama el pasado mes de julio, a saber, el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
En estos seis últimos meses, la instrucción del sumario que, según la fiscalía podría acumular hasta un centenar de imputados, ha estado lastrada por la digitalización de la causa, que ocupa más de 20.000 folios en 40 tomos. Esta labor ha sufrido un traspiés, debido a un error humano: el DVD con las diligencias sobre las que se levantó el secreto del sumario incluía otras aún reservadas.
Por otro lado, las mismas fuentes anunciaron ayer la posibilidad de pedir un juez de apoyo para la oficina que dirige la pieza separadas del sumario del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante a Ortiz en la tramitación del planeamiento de la ciudad. Esa causa, aún secreta, la instruye Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. Este magistrado sufrió el jueves un amago de infarto que acarreó su hospitalización. Esas fuentes achacan el incidente en la salud del juez a la presión por el calado de los sumarios que instruye (el planeamiento de Alicante y un alzamiento de bienes en la empresa de otro líder de Brugal, el empresario Rafael Gregori). Tejada se incorporará el lunes al juzgado, pero esas fuentes insistieron en la necesidad de dotar su oficina de un magistrado de apoyo para atender el resto de asuntos.
www.elpais.es 18.12.10
PSPV y EU se personan en el sumario del 'caso Brugal'
Fiscalía devolverá dos denuncias por el Rico Pérez
PSPV y EU han dado un paso adelante y han decidido personarse en caso Brugal, sumario abierto en 2007 que indaga supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y electoral, vinculados a contratos de basura y el urbanismo. Los socialistas se han personado en la causa general, que dirige el Juzgado número 3 de Orihuela. La coalición de izquierdas lo ha hecho en la pieza que instruye, el Juzgado número 5 de Alicante, y que investiga un posible trato de favor a Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
La coalición imputa a Ortiz, Castedo y Alperi cinco delitos en su querella
El PSPV se ha personado en el caso Brugal a través de la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, María Teresa Carbonell. El magistrado la ha admitido a trámite y ha dado traslado al resto de partes de la causa para que informen.
Los dirigentes de EU, con su candidato a la alcaldía Miguel Ángel Pavón a la cabeza, presentaron ayer su escrito de personación en el registro de los juzgados. EU ha formalizado su personación mediante una querella contra los tres principales acusados, tanto por la policía como por el fiscal, en las diligencias, es decir, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y el promotor Enrique Ortiz. EU les imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de información privilegiada y negociaciones prohibidas. Pavón anunció que exigirá la dimisión de Castedo y Alperi, "en cuanto sean imputados".
Por otro lado, la fiscalía estudia devolver dos denuncias de particulares por incumplimientos del contrato de compra del estadio Rico Pérez por parte de Ortiz. Fuentes del ministerio público señalan que los escritos no aportan datos nuevos y que la operación se investiga en la pieza del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante.
www.elpais.es 10.12.10
Ortiz cobra cinco años después 300.000 euros por limpiar colegios en verano
La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Sánchez Brugal, exigió ayer a la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, que aclare y justifique los pagos a Enrique Ortiz de facturas correspondientes a hace cinco años. Según la edil socialista, los trabajos que acometió la mercantil de Ortiz se refieren a limpieza de colegios durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2005 y de 2007. El importe global de las facturas, ya abonado a través del sistema de reconocimiento extraordinario de gastos, asciende a 300.000 euros. Al margen de esa factura, el Consistorio también ha pagado al empresario otra factura pendiente, en este caso correspondiente a obras de mantenimiento y limpieza del cementerio por un importe de 535.00 euros.
"¿Cómo es posible que en los años de bonanza económica no se pagara ni la limpieza de los colegios y quién después de cinco años certificará los trabajos realizados?", se preguntó la portavoz socialista. "Estamos hablando de un importe de dinero muy elevado que vamos a pagar varios años después, por lo que exigimos al equipo de gobierno que pormenorice la realización de esos servicios", añadió.
Por otro lado, el concejal socialista Lalo Díez denunció ayer que el servicio médico del Centro de Tecnificación de Alicante dejó de prestarse el pasado mes de junio por motivos que se desconocen. Los servicios del centro dependen de la Generalitat y van dirigidos a deportistas profesionales becados de disciplinas como yudo, remo o tenis de mesa. Díez aseguró que van a dirigirse al Consejo Superior de Deportes (órgano del que dependen todos los centros de tecnificación de España) "para que exija a la Generalitat que restablezca el servicio de forma inmediata". El concejal criticó que el Consell no escatime dinero en grandes eventos, "mientras abandona servicios básicos para deportes con menos repercusión mediática".
www.elpais.es 07.12.10
FENOLL PONE A UN HOMBRE DE CONFIANZA EN LA TELEVISIÓN QUE RIPOLL LE PIDIÓ QUE COMPRARA
Las escuchas del 'caso Brugal' revelan la relación entre Sanz, Fenoll y Gregori
Jorge Sanz, un empresario implicado en el caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante), es desde el pasado 7 de octubre el administrador único del grupo empresarial Tabarka Media, SA, que explota dos televisiones locales, Canal 37 en la capital alicantina, y Onda Mariola, en Alcoi. Sanz es, según la investigación policial y el fiscal, el socio clave, el supuesto muñidor de operaciones para crear empresas tapadera y para el blanqueo de dinero en paraísos fiscales de dos de los cabecillas de la trama: Ángel Fenoll, industrial afín al PP, y Rafael Gregori, empresario de la automoción y amigo personal del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, del PP. El también líder provincial de los populares alicantinos está imputado en el sumario por cinco delitos, entre ellos, cohecho y fraude.
La delicada situación financiera de Canal 37 en el último trienio y las intensas gestiones de sus responsables para reflotarla, empezando por su ex directora, la periodista Genoveva Reig, ocupan un amplio espacio en los informes policiales del caso Brugal. Los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante llegan a la conclusión que José Joaquín Ripoll utilizó la televisión como moneda de cambio en la trama que, también según la policía, se tejió en torno a la adjudicación de la contrata de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja. Los informes señalan que Ripoll pidió a Fenoll que se hiciera cargo de Canal 37 e invirtiera el dinero suficiente para reflotarla. En uno de los documentos, la policía refleja el malestar del dirigente del PP por la negativa de Fenoll a invertir en la cadena de televisión.Ángel Fenoll, hegemónico en el negocio de la basura en los municipios de la comarca de La Vega Baja, irrumpió también en el negocio de los medios audiovisuales con la compra de la emisora local Canal Vega Baja Televisión. Esta operación, según los informes policiales del caso Brugal, se fraguó a petición de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP.
Las diligencias policiales de este sumario también concluyen que, más tarde y a través de empresas interpuestas, Fenoll desembarcó en la empresa Tabarka Media, SA. Este grupo fue impulsado en 2002 por el entonces presidente del Consell, Eduardo Zaplana, que buscó incluso el concurso financiero de Boygues, accionista mayoritario de Aguas de Valencia en esas fechas. La afinidad de Tabarka Media con el PP se constata con otro dato. Una de sus directoras generales fue Genoveva Reig, antes directora general de Canal 9 y directora General de Comunicación del ejecutivo valenciano bajo la presidencia de Zaplana. Canal 37 dejó de emitir a principios de noviembre por impago. El grupo se plantea vender la licencia a terceros.
Las relaciones entre los empresarios Rafael Gregori, Ángel Fenoll y Jorge Sanz también saltan a la palestra en numerosos pasajes de los informes policiales del caso Brugal. Fenoll y Gregori tiran sistemáticamente de Sanz cuando necesitan crear un entramado de empresas para optar a un concurso [el más claro ejemplo, según la policía, fue el de las empresas tapadera para la contrata de la basura de Orinuela] o en operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales.
Una conversación entre Rafael Gregori y Jorge Sanz en febrero de 2009 desvela, según la policía, el fin último de todas esas operaciones mercantiles, "el de llenarse los bolsillos".
Un pasaje de esa conversación transcurre así:
Rafael Gregori: Son dos millones, lo que vamos a pedir son exactamente dos millones, eso a ver, lo tengo aquí, dos millones ochocientos setenta mil euros más IVA.
Jorge Sanz: Vale, ya sabes que dijo Ángel que hizo un fondo ICO, ¿no?
RG: A bueno, mejor ¡coño!
JS: Entonces la diferencia.
RG: Si les damos tanto luego nos van a poner un monumento, a ti y a mí.
La conversación sigue con el comentario de Rafael Gregori de que les van a poner un monumento de mármol blanco en Orihuela.
Rafael Gregori: A nosotros que nos llenen los bolsillos y se dejen de monumentos, ¿no?
Jorge Sanz: El monumento que se lo hagan a eso, que yo quiero vivir tranquilo.
RG: Que nos pongan algo de dinero en el bolsillo, ¿no?
JS: Yo quiero ir cobrandito y ganando dinerito poco a poco, que tampoco quiero ser milloneti.
RG: Pero quieres vivir, ¿eh?
JS: Quiero vivir tranquilo, sí.
RG: Yo cuando tenga preparado lo de la UTE te llamo y nos vemos un ratito.
JS: Venga, espero tu llamada, don Rafael.
La colaboración entre Gregori y Fenoll para otro tipo de operaciones, como el supuesto alzamiento de bienes planeado por el primero para eludir embargos en su empresa de automoción, es objeto de otra causa judicial. Por estos hechos, a mediados de octubre la policía arrestó a un total de 15 personas, entre ellos Gregori y Fenoll.
Los detenidos quedaron en libertad con cargos. Para Gregori, era el tercer arresto este año y el juez le retiró el pasaporte [dos han sido por el supuesto alzamientos de bienes en su empresa y el tercero como intermediario del caso Brugal].
www.elpais.es 06.12.10
Las denuncias del Rico Pérez al juzgado del Brugal
La Fiscalía ha remitido las dos denuncias sobre el incumplimiento de las condiciones de venta del estadio al juzgado encargado del caso Brugal
La fiscalía ha remitido las dos denuncias que ha recibido por el supuesto incumplimiento de las condiciones de venta del estadio Rico Pérez al juzgado de Alicante encargado de investigar la pieza separada del caso Brugal relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital.
La fiscalía ha recibido en las últimas semanas dos denuncias en ese sentido, una del partido Vecinos por Alicante y otra de un particular, y ya ha remitido ambas para que sean unidas a las diligencias del Brugal que se encuentran en el juzgado de instrucción número 5, que a su vez recibió esta parte de la causa del juzgado número 3 de Orihuela.
El pasado 29 de octubre, el secretario general de Vecinos por Alicante, José Luis Valdés, presentó un escrito a la fiscalía Anticorrupción en el que acusaba a la alcaldesa, Sonia Castedo (PP), de consentir al dueño del Hércules, Enrique Ortiz, y no hacerle cumplir con su obligación de gastar 4,2 millones de euros en la rehabilitación estructural del estadio Rico Pérez.
En su denuncia, recordó que hace más de dos años y medio que el ayuntamiento vendió el estadio a la empresa Aligestión, de la que es accionista mayoritario Ortiz, a cambio de que se gastara esos 4,2 millones en mejoras de obra civil de la instalación, algo que sostiene que no se ha producido.
En el momento de la compraventa del estadio, la decisión se basó en la "multitud de vicios ocultos" declarados por los técnicos municipales en la estructura y en la incapacidad económica del consistorio para acometer las mejoras.
El contenido de la segunda denuncia, presentada por el particular, está planteada en términos parecidos.
www.levante-emv.com 02.12.10
Castedo augura más filtraciones del 'caso Brugal' en unos días
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, atribuyó ayer las filtraciones del caso Brugal a la cita electoral de mayo de 2011. "Parece que va a haber nuevas filtraciones de conversaciones, pero posiblemente una vez que pasen las elecciones se acabe todo", señaló. La regidora, junto su a antecesor, el actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, está implicada en la pieza de la causa que investiga supuesto trato de favor del Ayuntamiento al empresario Enrique Ortiz en el planeamiento urbano de la ciudad.
La investigación de esta causa la dirige el titular del Juzgado número 5 de Alicante, y las diligencias están aún secretas. "Parece ser que va a haber más filtraciones, posiblemente después del puente de la Constitución, de lo que ahora mismo hay bajo secreto del sumario", recalcó. La tesis de Castedo fue refutada por el candidato a la alcaldía de EU, Miguel Pavón, que consideró "inaceptable" que la alcaldesa apunte a intereses electorales la investigación judicial sobre el PGOU
www.elpais.es 02.12.10
"Había pactado con Fenoll, ese de Brugal, la basura"
Un edil del PP de Ibi acusa a su Gobierno de corrupción
La supuesta trama corrupta destapada por un empresario de Ibi, a raíz de una grabación a un edil del PP, afecta de lleno al Gobierno local, que lidera la popular Maite Parra. En la cinta, el concejal de Hacienda, José Antonio Onsurbe, confiesa al empresario que su compañero de gobierno, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera, está buscando empresas para "pegar dos o tres pelotazos y que pase lo que pase en mayo [en alusión a las próximas elecciones municipales]". Y añade: "Tenía pactado con Fenoll, ese de Brugal, la basura". Ángel Fenoll, un conocido industrial de La Vega Baja, afín al PP, es considerado por la investigación como el cabecilla de la trama corrupta del caso Brugal.
Onsurbe también implica a la regidora en las supuestas operaciones irregulares. En un momento de la grabación, Onsurbe arrecia su ataque a su compañero Agüera: "No deja títere con cabeza", afirma. Y añade que la alcaldesa no hace nada al respecto porque también "está mojando".
Todas estas acusaciones están recogidas en la denuncia que el pasado día 18 presentó el empresario Fernando García contra el edil Onsurbe en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por un supuesto delito de extorsión. Según el denunciante, el concejal le reclamaba comisiones, a veces el 50%, de los contratos que le adjudicara el Consistorio.
Destitución del edil
Al trascender a la opinión pública la denuncia del empresario, la alcaldesa de Ibi optó, a última hora de la noche del lunes, por destituir en sus funciones al edil Onsurbe. La iniciativa de la regidora coincidió en el tiempo con el anuncio del concejal de poner su cargo a disposición del partido. Ayer, Onsurbe hizo público otro comunicado en el que reclamaba respeto por la "actuación judicial".
El portavoz del Grupo Socialista municipal, Antonio Marco, exigió la dimisión "inmediata" de la alcaldesa y del primer teniente de alcalde. Mientras, el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, manifestó que la alcaldesa "quizás debería haber dado mayores explicaciones para actuar todos conjuntamente". La regiodra se alinea con el bando campista del PP.
www.elpais.es 01.12.10
"Orihuela huele a basura"
300 vecinos se concentran contra la corrupción y a favor de la trasparencia
Hernán Velásquez y Pablo Mojica, de 18 años, pese a su edad, quisieron sumarse ayer a la concentración contra la corrupción y a favor de la transparencia que habían convocado 15 colectivos en Orihuela, pese a las trabas puestas por el Ayuntamiento. "No somos indiferentes ante lo que está pasando, queremos que la gente se mueva y reaccione", aseguraron estos jóvenes, que se sumaron a la protesta que reunió a unas 300 personas. Pese al frío, a la fina lluvia y a la campaña de boicot del PP, que gobierna el Ayuntamiento, los vecinos respondieron a la convocatoria.
Entre las pancartas se podía leer "Imputados dimitir PPitando, Orihuela huela a basura, Corruptos fuera ya". En el parlamento que se leyó al final de la protesta, los convocantes exigieron a los ciudadanos que "castiguen con su voto en las urnas para que el olor a corrupción desaparezca del Ayuntamiento". La concentración convocada por la Plataforma por la Transparencia, de la que forman parte 15 colectivos cívicos, partidos de izquierda y otras asociaciones de La Vega Baja; sirvió también para difundir las cuñas de radio que el PP ha vetado amenazando con denunciar a las emisoras locales. En ellas se oían titulares recogidos en la prensa durante estos meses: "El caso Brugal alcanza a la mitad del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela".Junto a las polémicas cuñas de radio, se difundió por megafonía algunas de las conversaciones incorporadas al caso Brugal. Se trata de las cintas que el empresario Ángel Fenoll tenía en su oficina con conversaciones comprometidas entre concejales del PP y empresarios y que desvelan como, presuntamente, se intentó amañar la adjudicación de la contrata de basura de Orihuela. Los protagonistas de estas grabaciones son, entre otros, el concejal Ginés Sánchez, el asesor de la alcaldía, Pedro Meseguer y los empresarios Javier Bru y el propio Ángel Fenoll. "Rechazamos el contenido repugnante de estas grabaciones que desvelan operaciones mafiosas", aseguró Guadalupe Sánchez, portavoz de la plataforma, en el comunicado en el que admitieron que la corrupción provoca "una desmoralización" general.
La protesta reunió a representantes de todos los partidos políticos en la oposición (PSOE, EU, Verdes, Centro Liberal Renovador, Bloc o Compromís). El concejal socialista oriolano Carlos Bascuñana destacó que la iniciativa vecinal ha sido espontánea ante "determinadas conductas" de los políticos del PP. Y el portavoz local de Los Verdes, Monserrate Guillén, admitió que la concentración obedece a que los "ciudadanos están hasta las narices de aguantar lo que ocurre, independientemente de lo que la Justicia diga en su día" ya que ven que algunos "se dedican a beneficiarse ellos y a personas afines". Por último, el portavoz de Centro Renovador Liberal (CRL), Pedro Mancebo, coincidió en que la gente "está cansada de que les tomen el pelo" y de que los "engaños y conductas corruptas beneficien a unos pocos y perjudiquen a todos".
Apoyo a los jueces
El colectivo mostró su apoyo incondicional al trabajo de los jueces, fiscales y de la policía, planteó la necesidad de crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento y exigió la dimisión de los cargos del PP imputados por el juez. Los manifestantes dijeron estar "hartos" de tantas corruptelas y gritaron "basta ya".
A la misma hora que unos pocos vecinos protestaban a la puerta de Ayuntamiento de Orihuela por la corrupción, su alcaldesa, Mónica Lorente, se enfundó de chándal y se dio un baño de multitudes al reunir a un millar de deportistas y vecinos para inaugurar un polideportivo en Orihuela Costa, que ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local. Hasta allí también acudieron un centenar de vecinos para exigir más transparencia.
www.elpais.es 28.11.10
El fiscal apela el archivo de la pieza de Camps en 'Brugal'
La fiscalía presentará un recurso al archivo de la pieza del caso Brugal que afectaba al vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps. No obstante, la fiscalía no hará publica su decisión hasta el próximo lunes, según aseguraron ayer fuentes del ministerio público. El juez ha decretado el sobreseimiento provisional de esa causa al no "hallar" indicios de tráfico de influencias del consejero en relación con cuatro proyectos relacionados con el empresario Enrique Ortiz.
Por otro lado, José Joaquín Ripoll, del PP, presidente de la Diputación de Alicante e imputado en otra de las piezas del sumario por supuesto cohecho, aseguró ayer "que la agilidad de la justicia podría llevar a que muchas más partes de la causa se archivaran más rápidamente". Mientras, el Ayuntamiento de Orihuela celebrará el lunes un pleno extraordinario para debatir la propuesta del PSPV de revocar la contrata de basura del municipio, también objeto de investigación del caso Brugal.
EL PAÍS - Alicante - 19/11/2010
Quién y cómo negocia con la basura
Tres millones de toneladas y un sector de 100 millones sin apenas control
El caso Brugal ha sacado a la luz el extraordinario negocio que supone en la Comunidad Valenciana la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) que desplazan los municipios a los vertederos autorizados. El Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana data de 1997, y establecía un periodo de cinco años para que estuvieran construidas las infraestructuras necesarias de los 18 planes zonales. Pero 13 años después, este negocio avistado en su día por el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, es un auténtico despropósito que ha generado numerosas tensiones territoriales y políticas, un ingente tráfico de intereses y dinero y el reparto por zonas de influencia de las diferentes partes del pastel entre un puñado de empresas.
Es difícil calcular los residuos que se generan, su gestión y el beneficio que dan
Varios colectivos denunciaron al Seprona los vertidos sin tratar
Es casi imposible calcular el volumen de residuos que se generan, cómo se gestionan y cuánto dinero ingresan los concesionarios. Los municipios no controlan la basura que recogen las empresas contratadas para retirarla, nadie controla a los receptores autorizados por la administración y nada se sabe de la valorización (reciclaje) de la basura que tratan.
El nuevo Plan Integral de Residuos, que debía sustituir al de 1997 y fue confeccionado en 2008, está todavía en fase de exposición pública. En 1995 cada valenciano generaba unos 400 kilos de residuos, que son ya más de 500 y que en 2020 llegarán a 600, un 33% más en 25 años. Además, según recoge el PIR, en 2020 habrá en la Comunidad Valenciana casi siete 7 millones de habitantes, lo que quiere decir que el Plan no dará cobertura a toda la población si atendemos a la capacidad de las plantas y vertederos previstos.
La necesidad de transportar la basura a centenares de kilómetros y el hecho de que cada concesionario de los diferentes planes zonales marque sus tarifas ha incrementado, en muchos casos hasta el doble, el recibo que los ciudadanos pagan por una tasa que genera rechazo social, entre otras cosas por la falta de información sobre unas instalaciones que pueden ser inocuas si están bien gestionadas. Instalaciones que son vigiladas más por la policía que por la Generalitat, lo que deriva la inspección al ámbito judicial. De hecho, el verano pasado la coordinadora de las partidas rurales de Alicante, Ecologistas en Acción y Salvem Fontcalent presentaron una denuncia al Seprona, dependiente de la Guardia Civil, por "el vertido masivo de residuos sin tratar en el vertedero municipal de Fontcalent", porque "está prohibido por la legislación europea, estatal y autonómica de residuos". Y eso que en algunos casos los incrementos de la tasa se han dejado hasta que pasen las municipales de 2011 para no alarmar a la población.
El ejemplo de lo que hay en juego fue el intento de adjudicación de la recogida de basura de Orihuela en 2008 por 190 millones de euros en 20 años. Siete grupos concursaron para quedarse con el pastel que perseguía Ángel Fenoll, uno de los principales imputados del caso Brugal. Fenoll compareció con la mercantil Colsur y el grupo Urbaser, pero también lo hicieron FCC, Acciona, Cespa-Ortiz, La Generala y la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast. Esta última resultó la adjudicataria un año antes de un contrato posteriormente anulado por los manejos de Fenoll para comprar voluntades políticas, las grabaciones que él mismo llevó a la Fiscalía y su primera detención en 2007, en lo que ya puede considerarse la primera fase del caso Brugal.
Esta cadena de corrupción tomó el vuelo definitivo tras el verano de este año. La causa fue la adjudicación del vertedero del plan zonal XVII, que en enero de 2008 fue otorgado a Cespa-Ortiz en la finca Lo Cartagena de la pedanía oriolana de Torremendo. Sin embargo, Fenoll, que también se presentó a la adjudicación, consiguió que la planta de basuras fuera trasladada a la finca La Pistola, que había conseguido comprar unos meses antes y con la que pretendía realizar un pelotazo de más de tres millones de euros. Una sucesión de trapicheos y connivencias ha acabado con la detención y posterior imputación, entre otros, de Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, que ha destapado, a consecuencia de las grabaciones efectuadas, una larga lista de corruptelas vinculadas a la redacción del nuevo plan general de Alicante, entre otros asuntos.
Una estimación realizada con los datos de la Generalitat, los que proporcionan las plantas de tratamiento y otras valoraciones de expertos, abundan en que en la Comunidad Valenciana se generan unos tres millones de toneladas de residuos, aunque luego cada vertedero cobra una cantidad diferente por cada tonelada que recibe en su planta, que puede variar desde los 25 euros que paga Elche hasta los más de 50 de Alcoi. Sólo puede hacerse una aproximación, pero multiplicando por 35 euros, el tratamiento de la basura en las plantas autorizadas, los residuos valencianos representan un volumen de negocio de más de 100 millones de euros anuales que apenas tiene mecanismos de control y que podrían ascender a casi el doble porque, según fuentes autorizadas, casi todos los vertederos pueden tratar el doble de toneladas que declaran como capacidad máxima.
La Comunidad Valenciana está dividida en 18 planes zonales de residuos, aunque se han constituido finalmente 10 consorcios y otras tres fórmulas asociativas que cubren todo el territorio. En el área de gestión 1 del Plan Zonal III y VIII (Valencia y su área metropolitana), la administración competente es el Emtre (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos). En Alicante ciudad la administración competente es el Ayuntamiento de la ciudad y en la zona XVIII (Baix Vinalopó y parte del Vinalopó Mitjà) hay un consorcio que funciona desde 1997. En estas tres no tiene presencia la Generalitat que, junto con las diputaciones, controla el resto de entes, es decir, los consorcios del Norte de Castelló, Castelló Centro, Sur de Castelló-Norte de Valencia, Valencia Interior, Las Riberas y Valencia Sur, El Vinalopó, L'Alcoià, Las Marinas y La Vega Baja. Las diputaciones tienen el 15% del voto ponderado, el 25% es del Consell y el otro 60% de los municipios que componen cada consorcio en función de su población. El resultado final es que el PP los dirige todos, hasta el punto que tras la moción de censura de Benidorm, Ripoll convocó una reunión del consorcio de la zona XV (Las Marinas) para trasladar su domicilio social a la sede de la Diputación. La zona XV era la única que mantenía su sede fuera del ente provincial. Los socialistas no presentaron oposición alguna.
El reparto de la gestión de los planes zonales se ha hecho de forma arbitraria, dado que cada ente supramunicipal ha adjudicado su planta de tratamiento, si bien el consorcio de las zonas II, IV y V, de Castelló centro, mantiene la planta de una empresa de capital público propiedad de varios ayuntamientos de la zona que está operativa desde 1998, la planta de la zona XIII (El Vinalopó) en Villena es de Vaersa (empresa pública de la Generalitat), que también tiene el 51% de la planta de Xixona para dar servicio a L'Alcoià, o sea, al consorcio de la zona XIV.
En Castellón han conseguido adjudicaciones empresas locales Tetma, Lubasa y Azahar, SA, esta última en UTE con Teconma (que depende de la SEPI) y el socio tecnológico Ecodeco, una empresa de capital italiano.
En Valencia, FCC interviene en dos de los planes zonales, aunque también han conseguido su parte Florentino Pérez (Urbaser), Sedesa, Lubasa, Sufi, SAV o Cyes.
En Alicante, Cespa comparte accionariado con Vaersa, Enrique Ortiz se lleva la mayor parte con la adjudicación de Alicante ciudad y La Vega Baja (plan zonal XVII), FCC gestiona la planta de Las Marinas y Florentino Pérez comparte con Hormigones Martínez la planta de Elche.
www.elpais.es 15.11.10
Los políticos comen de su mano
Enrique Ortiz es el gran empresario de Alicante. Monopoliza contratas y suelo. Dueño del Hércules. La Operación Brugal destapa sus favores con altos cargos y le sitúa como uno de los cabecillas de la trama. Está imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude
Desde hace tiempo corre por Alicante el dicho de que, sea cual sea el resultado de unas elecciones municipales, gana Ortiz. Y cuando Enrique Ortiz lo escucha, lejos de simular indignación porque una frase de ese tenor viene a corroborar que goza del favor de los políticos, emite una sonrisa de satisfacción. Como es hombre franco al expresarse, responde: "Me gusta ganar siempre". En apenas una década, se ha convertido en el principal empresario de Alicante y en uno de los más poderosos de la Comunidad Valenciana. Su mérito descansa en su capacidad para acumular suelo urbanizable y su habilidad para obtener todo tipo de concursos públicos. En Alicante ejerce casi un monopolio. Lo malo es que esta posición tiene otra lectura: ¿a cuántos políticos ha beneficiado Ortiz para que no se le niegue una contrata?
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El crecimiento de sus empresas coincide con la llegada de Alperi a la alcaldía de Alicante y su aproximación a Zaplana
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Según un informe de la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz y sus empresas
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Es campechano. Tiene un Ferrari que apenas usa: "Como buen contratista adoro los coches"
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Ortiz es incómodo para los socialistas: algunos aún tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él
La víspera de San Fermín, Enrique Ortiz fue detenido y conducido a los juzgados de Alicante para declarar por su participación en ciertos asuntos turbios de la denominada Operación Brugal, una trama de corrupción política en la que estaban también implicados destacados dirigentes populares de la provincia de Alicante, como el presidente de la Diputación (José Joaquín Ripoll), la alcaldesa (Sonia Castedo) y el anterior alcalde (Luis Díaz Alperi), además de otros 27 cargos públicos. Se le acusaba de cohecho, fraude y tráfico de influencias dentro de una investigación que arranca en las irregularidades cometidas por una contrata de basuras en la localidad de Orihuela y que se ha extendido hasta alcanzar 14 poblaciones entre Alicante y Murcia. La fecha de la detención era especialmente incómoda para Enrique Ortiz: estaba reunido con sus amigos de la infancia para disfrutar de las fiestas de San Fermín en Pamplona como hace todos los primeros de julio desde hace 21 años. Si hay un momento particularmente especial es ese, cuando se mete en una caravana con los miembros de la peña Los Chilindrones y se desplaza a Pamplona. "Nos vamos de juerga, sin mujeres", confirma. Ese día en particular, Ortiz llevaba la cabeza casi rapada y así tuvo que presentarse ante el juez, con motivo de una promesa por el ascenso del Hércules a Primera División conseguido unas semanas atrás. Para que no hubiera duda de la omnipresencia de Ortiz en la ciudad, también es el propietario del Hércules, el principal club de fútbol de la capital.
Durante tres años, la policía había intervenido su teléfono, vigilado sus movimientos e investigado sus negocios. Y sus empresas tienen mucho que ver (casi todo) con la gestión pública. Ortiz controla un conglomerado de sociedades (alrededor de 35), cuya matriz es Grupo Cívica, denominación que adoptó en 2007 como una operación a mitad de camino entre el maquillaje y el marketing: el nombre originario de su empresa era Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA, pero como sus actividades se habían diversificado tanto resultaba que el apellido Ortiz estaba en todas las salsas de la ciudad y llamaba demasiado la atención. Quien había comenzado como un modesto contratista de obras y más tarde se había iniciado en la promoción inmobiliaria, como consecuencia de su habilidad para adquirir suelo urbanizable, era desde el año 2003 un empresario capaz de prestar innumerables servicios a la Administración, tanto municipal como autonómica. Más del 80% de sus ingresos netos en el año 2003 procedían de actividades en el sector privado; en 2006 ese porcentaje bajó al 25%. Desde entonces no se ofrece ese dato, pero a la vista está que sus empresas trabajan casi en exclusiva para el sector público.
Pocos servicios escapan a su control: limpieza de calles, recogida de basuras, concesión de autopistas, gestión de residencias de la tercera edad, tratamiento de residuos urbanos, explotación de aparcamientos y de estaciones de autobuses, concesión de líneas de tranvías, construcción de hospitales y de líneas de metro, incluso la gestión del cementerio. Solo en la ciudad de Alicante, Ortiz participa en contratas públicas por valor de 42,1 millones de euros, cifra que representa el 16% del presupuesto del consistorio alicantino en 2010: su actividad está en la recogida de basuras, limpieza de la ciudad, de las dependencias municipales y de los colegios, arreglo de aceras, aparcamientos y gestión del cementerio.
Todo ello sin contabilizar su presencia en los principales planes de actuación urbanística, donde también suelen aparecer las empresas de Ortiz en solitario o formando parte de UTEs (uniones temporales de empresas) con otras compañías de carácter nacional e incluso bancos. La principal actuación urbanística se concentra en Alicante en el llamado Plan Rabassa, que prevé la construcción de 13.505 viviendas en la periferia norte de la ciudad, de ellas más de 8.000 de protección oficial, y que es la mayor operación de este tipo activa en la Comunidad valenciana. Son poderosas razones para concluir que prácticamente no hay sitio en Alicante para una empresa en la que no esté Ortiz.
Puede decirse que no hay sitio, porque apenas hay suelo disponible en Alicante fuera de su alcance. Según un informe elaborado por la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz, quien también controla el 77% de las viviendas pendientes de construcción en la capital. Entre 2003 y 2008, el volumen de sus activos se ha multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 1.035 millones de euros.
"Ha sido un empresario avispado, arriesgado. El más atrevido de los que ha tenido la provincia. Es hábil, campechano, se ha ido formando con el tiempo. Es un personaje cercano. No habíamos tenido en Alicante un empresario con influencia en Valencia", dice un ex dirigente socialista. "Los que había no salían de los límites de la ciudad. Y ha apostado por cosas que le interesan a la gente: el Hércules, por ejemplo. Su capacidad le permite cierta omnipresencia". Los competidores consultados por este periódico no emiten opiniones negativas hacia su persona, a pesar de sentirse perjudicados por su ingente actividad y su facilidad para ganar concursos y concesiones: "El culpable de lo que está pasando no es Ortiz", afirma un contratista. "Es el sistema. Somos víctimas desde el punto de vista del empresario. Yo tengo una buena relación personal con él. Debería cambiarse el sistema para que propicie que las concesiones y las contratas se hagan con más transparencia".
"Ortiz no dejaba de ser un contratista de tamaño medio hasta que en 1996 descubre el mundo del suelo gracias a la ley que impulsa Zaplana [presidente de la Generalitat valenciana] y a la figura del agente urbanizador", reconoce un político socialista que no autoriza la divulgación de su nombre. Y es que, incluso para los socialistas, la sombra de Ortiz resulta incómoda: algunos todavía tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él. Es el caso de Blas Bernal, ex concejal socialista en Alicante, que llegó a ser director general del Hércules, o de Ángel Luna, abogado, diputado, actual portavoz socialista en el Parlamento valenciano y alcalde de Alicante entre los años 1991 y 1995: años después de perder las elecciones trabajó un tiempo como abogado para Ortiz.
Es curioso. Hay 24 políticos implicados en la Operación Brugal: 22 son del PP y 2 del PSOE, estos últimos, como algunos de sus colegas del Partido Popular, por haber pedido favores personales a Ortiz. Los del PSOE han dimitido de sus cargos. Dentro del PP no se ha producido todavía ninguna renuncia. "Es un hombre que actúa al límite. Sabe siempre darle una vuelta de tuerca a las cosas", dice un ex empleado suyo. "No tiene sentido del ridículo", añade, "y ello le permite proponer cualquier cosa, pero, como tiene un punto creativo, a veces da con la idea adecuada". De todas formas, todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el crecimiento de sus empresas tiene mucha relación con la llegada a la alcaldía de Alicante del popular Luis Díaz Alperi y su aproximación a Zaplana. Desde ese momento sus empresas crecen exponencialmente, siempre relacionadas con obras públicas y contratas.
Y en ese punto es donde comienza a sospecharse que Enrique Ortiz tiene una enorme facilidad para congeniar con los altos cargos. Es un hombre abierto que no se esconde a la hora de hacer favores. Los informes policiales de la Operación Brugal revelan cómo Enrique Ortiz ha sido muy generoso a la hora de emplear a familiares de altos cargos o de beneficiarles en sus negocios, caso de la empresa de uno de los hijos de la actual alcaldesa de Alicante, a quien ayudó con 30.000 euros en la constitución de la sociedad y ha destinado contratos de sus empresas. El marido de Sonia Castedo trabajó para Ortiz. No es de extrañar que en una de las conversaciones intervenidas por la policía un concejal de Alicante se refiera a Castedo como "tu amiguita", en conversación con Enrique Ortiz. Y Ortiz no se reprime en su familiaridad con la alcaldesa: "Intenta tener el planito y me lo enseñas", le dice a Castedo.
Su íntima relación con el ex alcalde Luis Díaz Alperi tampoco pasa desapercibida. Alperi fue alcalde de Alicante durante 13 años. Un buen día, en 2008, dimitió sin dar demasiadas explicaciones. Ya había tenido problemas con la justicia y había sospechas sobre el crecimiento de su patrimonio personal. Al llegar a la alcaldía, Alperi estaba a punto de ser embargado por las deudas que acosaban a su empresa. Tras dejar la alcaldía, su patrimonio se había incrementado hasta el punto de que, como consecuencia de la Operación Gürtel, se descubrió que le había regalado un reloj valorado en 24.000 euros a Ricardo Costa, mano derecha del presidente Francisco Camps y secretario general del PP en Valencia. A Díaz Alperi le llaman en la ciudad Luis XV desde hace algún tiempo. Por cierto, según el sumario de la Operación Brugal, sus hijos viven alquilados en pisos de las empresas de Enrique Ortiz.
Todos ellos, Castedo, Díaz Alperi y Juan José Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, han disfrutado durante varios veranos del yate Elena, propiedad de Enrique Ortiz. Viajan a las Baleares juntos en compañía de sus cónyuges. En alguna ocasión, incluso, utilizan el yate en ausencia de Ortiz. Confraternizan también en la Feria de Sevilla. La familiaridad entre todos ellos es descarada.
Ortiz hacía otro tipo de favores a los alcaldes. Por ejemplo, en el caso del Hércules. A Ortiz no le gustaba el fútbol. "Jugué de pequeño, pero no lo seguía. Ahora me apasiona", reconoce. Hacia 1999, no dejaba de ser un empresario medio cuando le proponen que se haga cargo del Hércules, un equipo endeudado (9 millones de euros) al borde de la desaparición y que militaba a duras penas en el pozo de la Segunda B. Y Ortiz acepta. Hace el favor. "Entonces", dice un empresario, "adquiere visibilidad y empieza a ser conocido. Conoce el poder que otorga esa popularidad. Y le gusta".
Entre unas cosas y otras, entre celebraciones y favores, las empresas de Ortiz suman contratas y obtienen la aprobación de planes urbanísticos de forma imparable. En Alicante y fuera de Alicante. Se lo dice Ortiz a un subordinado en las grabaciones policiales: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la comunidad, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".
Su mérito es evidente: ha ganado concursos con ayuntamientos socialistas y populares y, dentro de los populares, con ayuntamientos presididos por partidarios de Camps y por partidarios de Zaplana, cuando es bien sabido que quien hacía negocios con zaplanistas aparecía en la lista negra de los campistas y viceversa. Nadie se resistía a Ortiz.
En estas actividades, Ortiz parece comportarse como un profesional. "Como un buen comercial", según se define a sí mismo. Porque su círculo privado es muy reducido: su familia y sus amigos de la infancia, con quienes comparte correrías. No utiliza un jet privado, ni siquiera usa su Ferrari ("como buen contratista, me apasionan los coches", dice, "por eso tengo un Ferrari, aunque apenas lo uso"): se monta en la caravana con sus amigos. Entrado ya en los 50, no es persona ostentosa, salvo en el uso del yate Elena: viste discretamente y usa su despacho de siempre, ya un tanto pasado de moda. No utiliza el ordenador. Cuando los policías registraban su oficina, les dijo: "Pueden llevarse sin problemas el ordenador. Apenas lo uso". Y era cierto: carecía de información. Durante algunas fases de la investigación, algunos inspectores parecieron acusar cierto síndrome de Estocolmo respecto de Enrique Ortiz. "Este tío parece buena persona", comentaban a los jefes de Madrid.
Según fuentes de su entorno, Ortiz tiene dos iconos. Uno es Zaplana. Hay quien afirma que dejó el tabaco porque un día Zaplana le dijo que fumar era de perdedores. No es cierto: fuma puritos. Su otro ídolo es Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. Sea como fuere, la Operación Brugal ha puesto en entredicho su forma de hacer negocios. Las consecuencias no se han hecho esperar: no ha podido obtener ninguna contrata de las obras del AVE a Alicante. Cuando hizo gestiones para obtener una explicación obtuvo el siguiente mensaje: "Lo sentimos mucho, pero tenemos órdenes de que a Ortiz ni agua". "Voy a trabajar para recuperarme", dice, perdiendo por una vez la sonrisa. En las circunstancias actuales, el dicho "Ortiz gana" parece haber caducado.
www.elpais.es 14.11.10
Enrique Ortiz empresario alicantino imputado en la Operación Brugal
"Cómo le voy a decir que no a un político"
Pregunta. Hay informaciones que afirman que usted controla el 75% del suelo urbanizable en Alicante.
Respuesta. No es así. Hay un momento en el que nos baja la obra pública y como llega la ley valenciana del suelo y a nosotros nos pagaban con suelo, nos encontramos con una cartera importante, pero no nos quedamos ahí y diversificamos. Nos dedicamos a los servicios, para no tener concentración y evitar los altibajos del sector, porque nosotros no subcontratamos y tenemos muchos empleados. Eso te obliga más a contratar. Yo no mido la importancia de mis empresas por la facturación sino por el número de empleados. Tengo cerca de dos mil empleos directos.
P. Sus competidores le califican como un empresario agresivo.
R. ¿Agresivo? Soy constante. Peleo las cosas, pero soy amigo de mis competidores. Mi conducta es honesta. Me esfuerzo en ser una buena persona.
P. Y sus competidores están también convencidos de que recibe trato de favor de los políticos.
R. Un político no te da la contrata, pero sí te la puede quitar. Las cosas las tienen muy claras. He hecho muchos favores toda la vida a políticos de todos los colores. Tienes que ganarte su confianza: si te piden que hagas una obra porque la necesitan, la haces. Yo por navidades, ya se lo que me espera. Que si hay que darle dinero a este equipo modesto. Y ahí está Ortiz. Que si hay que ayudar a las fiestas. Y ahí está Ortiz. Que si a alguna asociación, que si hay que construir una escuela de enfermería en el Sáhara. Y ahí está Ortiz. No se trata de sobornar al alcalde. Si piensas que haces algo mal, te escondes y yo no me escondo.
P. Pero por las conversaciones y los informes de la Operación Brugal se desprende que usted ha ido más lejos en los favores ["tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!"]. Usted empleaba a familiares de políticos.
R. Lo he hecho toda mi vida. Cómo le voy a decir que no a un político. Pero no les he regalado el sueldo a esos familiares. No he metido a gente contra nuestra cuenta de resultados. No les he puesto un despacho para que estén ahí y cobren. Les he puesto a trabajar. Y al que no ha funcionado o no se lo ha merecido, pues he dejado de emplearle. No he dado chollos.
P. O sea, que el favor al político está justificado.
R. Es el sistema. Yo no quería comprar el estadio del Hércules, por ejemplo. Pero había una presión social, que se traslada a que el político te diga: "Tienes que comprarlo". Y luego digo, pero hay que hacer un estadio nuevo, que no es para mí, es para el Hércules, y propongo una operación para hacer uno nuevo, con la permuta de unos terrenos. Es lo que han hecho todos los clubes de España. Yo nunca haría una operación especulativa con el estadio.
P. A consecuencia de ese favor, pidió recalificaciones de terreno.
R. A mí no me han recalificado suelo rústico a urbanizable en la vida. Todo el suelo que he tenido y tengo ha sido siempre urbanizable.
P. ¿Y el Plan Rabassa?
R. Se me ocurre un plan de vivienda de protección oficial, porque en esa época solo se vendía vivienda libre. Para hacer vivienda barata hay que buscar suelo barato. Con el plan estaban de acuerdo el PP y el PSOE. Era el proyecto más grande de España. Llamo a los verdes y les pido que me digan qué hay que hacer y lo incluyo en el plan. Pero se politizó el asunto y les cortaron la cabeza a los del PSOE. En esos terrenos iba a haber especulación cero. Me he dejado la vida en ese proyecto. Ningún político me ha dicho cojo tu suelo y te lo recalifico.
P. Pero ha quedado evidenciado su proximidad con los políticos.
R. He sido un profesional que ha cumplido con su obligación.
P. Y esto de que utilicen su yate para irse de vacaciones.
R. Tengo un buen barco del que estoy muy orgulloso. Es uno de los pocos lujos que tengo. Y yo soy así, no me ha importado compartirlo con gente con la que me llevo bien.
P. ¿Ha dado dinero a algún político?
R. No he dado dinero. Lo único que he hecho ha sido portarme bien. Lo que he hecho ha sido no devolver pagarés cuando había dificultades. Les he demostrado que Ortiz es de fiar. No he engañado a nadie.
P. ¿No ha financiado campañas electorales?
R. He ayudado a las cosas que me pedían. De lo que ha sucedido en Valencia [donde una empresa suya presuntamente dio dinero para la campaña del PP, según aparece en el sumario del caso Gürtel], tendrá que responder nuestro delegado en Valencia porque yo no fui consciente de eso y a lo mejor nos engañó también a nosotros.
P. Pero está imputado por tráfico de influencias y cohecho
[el juez le dejó en libertad sin fianza].
R. Muy legal tengo que ser para que no me hayan metido en el trullo. Conscientemente no he cometido un error. Soy un buen comercial. Creo que le habría servido más a la justicia como testigo. Aquí lo que hay es una batalla política y me ha pillado en medio.
P. Por cierto, en el asunto de la compra de partidos, de las grabaciones policiales se desprende que hay una incitación constante a pagar.
R. La temporada anterior, el Hércules hizo más puntos que la temporada del ascenso y nos quedamos a uno de subir a Primera. Pues bien, me llamaron tonto. ¿Por qué no has comprado un partido si lo hacen todos los demás? No vea la cantidad de cosas que he escuchado, la cantidad de ofrecimientos, de intermediarios, de primas para ganar, para perder. ¿Cree que voy a poner dinero en ese mundo? Eso sí, me han calentado la cabeza. Y luego estaban los otros equipos que querían sacar provecho de las grabaciones.
P. ¿No sabía que le investigaban?
R. Pues, no, no lo sabía. Solo unos días antes me di cuenta de que había alguien siguiéndome. Pero, es que, claro, lo de las grabaciones. Si me dejaran hablar. Yo hablo así. Es que no conocen ese mundo. Si usted supiera las preguntas que me hizo el juez. Lo que quiero es volver a declarar, que me vuelvan a llamar para declarar.
www.elpais.es 14.11.10
UN EX ALCALDE DE CALP DEJA SUS COMPETENCIAS COMO CONCEJAL DEL PP POR EL 'CASO BRUGAL'
Javier Morató, que también es presidente local de los populares, se considera una víctima y defiende su "honorabilidad"
El ex alcalde de Calp (Alicante) y actual concejal del PP Javier Morató ha puesto sus competencias a disposición del alcalde, Ximo Tur, del Bloc, por las revelaciones del caso Brugal. Morató también pone su acta de edil a disposición de la dirección provincial de su partido, aunque considera que es víctima de "un linchamiento mediático" y defiende su "honorabilidad".
En un comunicado, Morató destaca que no está imputado "y ni tan siquiera" ha sido citado "a ninguna declaración previa" en la investigación de la trama político-empresarial en torno al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. Según el también presidente local del PP, le faltó "reacción" cuando en los medios de comunicación apareció su nombre vinculado a supuestas irregularidades en la concesión de una planta de residuos en Calp y por la presunta manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a dicha instalación, todo ello en posible connivencia con uno de los principales investigados en la operación, el empresario oriolano Ángel Fenoll.
Tras divulgarse esta información, el alcalde pidió a los ediles del PP mencionados que dejaran sus competencias. Morató le replicó entonces que no pensaba hacerlo y recordó a Tur que gobierna gracias al apoyo del PP. En cambio, otro concejal del PP, Pedro Jaime Fernández, dejó la militancia del PP sin abandonar el consistorio por la supuesta implicación de sus compañeros de partido en el caso Brugal. Ahora, Morató pide al alcalde que "no tenga ninguna duda sobre su honorabilidad", aunque ha puesto a su disposición todas sus competencias.
La presunta relación de varios políticos del PP de Calp con la trama Brugal surge de las grabaciones realizadas por Ángel Fenoll, uno de los principales implicados en la trama del negocio de la basura en el sur de Alicante. Las grabaciones, intervenidas por la Policía, apuntan a supuestas irregularidades en la adjudicación de la planta de basura de la localidad. La Policía sospecha, además, que pudo haber manipulación del pesaje de los residuos llegados a la planta y, en consecuencia, en la factura del servicio. La investigación considera que estarían relacionadas con estos hechos los concejales del PP Juan Roselló, Fernando Penella y Javier Morató.
Morato, en cambio, dice sentirse "desconcertado y agobiado por tantas falsedades". En su opinión, es "imposible asumir que alguien te puede grabar una conversación" telefónica si "jamás has hablado con dicho señor", en referencia a Fenoll, con el que dice haber coincidido solo tres veces. "Jamás he recibido ni un solo duro de dicho señor, ni de él ni de nadie", añade.
No obstante, hoy mismo la Junta de Gobierno Local ha acordado investigar las facturas sobre el pesaje de los residuos sólidos urbanos remitidas al consistorio por la mercantil Colsur, adjudicataria del servicio y vinculada a Fenoll. El gobierno local pedirá al técnico responsable del servicio de recogida de residuos sólidos un informe exhaustivo y que se investigue a todas las partes implicadas en el proceso de pesaje de las basuras -pesadores, controladores y conductores, entre otros- desde la fecha en que sea posible técnicamente obtener datos fiables, según fuentes municipales.
www.elpais.es 09.11.10
LA TRAMA BRUGAL FACTURA A CALP EL TRIPLE DE BASURA QUE UNA CIUDAD SIMILAR
Calp "genera", aproximadamente, 80.000 toneladas de basura al año. Esos 80 millones de kilos son mucha basura para los 29.666 habitantes que tiene el municipio, según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2009. Además, las cifras de basura de Calp distan un mundo de las de cualquier otra localidad valenciana con parecida población. En esta ciudad de la Marina Alta, cada habitante "produce" la asombrosa cantidad de 7,67 kilos de residuos sólidos urbanos al día. Los números de Calp, eso sí, están entre interrogantes desde que trascendió que una de las ramificaciones del caso Brugal es la del pesaje "manipulado al alza" (así consta en el sumario) en la planta de Colsur, S. L., la empresa de Ángel Fenoll, donde se trata y compacta la basura de este municipio. El pesaje al alza engordaría las facturas que esta mercantil ha cobrado del ayuntamiento desde 1998.
Una relación de facturas aprobadas y pagadas por el consistorio en diciembre, enero y febrero de 2009 recoge diversos pagos a Colsur, S.L., por cifras que oscilan en las 7.000 toneladas de basura al mes. Y eso que se trata de los meses de septiembre a diciembre, que es cuando hay menos turistas en el municipio. La mercantil de Fenoll logró el contrato del tratamiento y traslado de residuos de Calp en 1998, pese a que entonces la mercantil no tenía un vertedero legal y el contrato sí lo exigía. El empresario está imputado en la trama Brugal por diversos delitos relacionados con el fraude en los cobros a diversos ayuntamientos por la recogida y vertido de los residuos urbanos. Tres concejales en activo de Calp también aparecen en el sumario de la trama Brugal. Se trata del ex alcalde y actual primer teniente de alcalde, Javier Morató, el concejal de Turismo y Comercio y diputado provincial, Juan Roselló, y el edil de Hacienda, Fernando Penella. Se sospecha que inflaron las toneladas de basura facturadas y se repartieron, junto con el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, quien supuestamente ejerció de intermediario, y un ex edil de Izquierda Unida, Manuel Roura, "generosas cantidades de dinero", según consta en el sumario.
El PP de Calp, cuando contrató a Colsur, S. L., el tratamiento y el traslado de la basura (la empresa que la recoge casa a casa es Acciona), esgrimió que el precio por tonelada era, de lejos, el más competitivo. De hecho, por cada tonelada de residuos que la mercantil de Fenoll compacta y se lleva a su vertedero de Abanilla (Murcia), el ayuntamiento le paga 29,88 euros. Esa cifra es más económica que los 48 euros que les cuesta al resto de municipios de la Marina Alta llevar cada tonelada de basura a la planta de transferencias de Dénia, que es la planta comarcal del área XV del Plan Zonal de Residuos.Pero, en lugar de ahorrar dinero con la basura, el Ayuntamiento de Calp ha pagado bastante más, ya que ese precio más barato se compensaba con cantidades supuestamente infladas de residuos. El "chollo" del negocio de la basura en la ciudad del Penyal d'Ifach estaba en la cantidad que no en el precio.
(www.levante-emv.com, 08/11/10)
DETENIDOS DOS CABECILLAS DEL 'CASO BRUGAL' POR BLANQUEO DE DINERO
Los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregori, dos de los máximos cabecillas del caso Brugal (trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en Alicante) fueron arrestados ayer por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en el sur de Alicante, es líder de la trama y, Gregori, empresario de la automoción, el intermediario clave, según la investigación. Gregori es, además, amigo del presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, el imputado de mayor calado en este sumario por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.
Fenoll y Gregori, junto a otras 15 personas (13 en Alicante y dos en Madrid), fueron arrestados ayer por orden del Juzgado número 5 de Alicante, que desde 2009 dirige una investigación por falsedad y estafa vinculada a la empresa de Gregori, la firma de automoción Autisa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El juez indaga una estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones. Por estos hechos, Gregori y otras tres personas, entre ellas su hermano José Vicente, fueron arrestados en abril.
Más adelante, el juez añadió a la causa los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales para eludir los embargos del concurso de acreedores en el que había entrado la firma de Gregori. La policía descubrió estas actividades en el curso de las escuchas del caso Brugal. Las grabaciones revelaron que Gregori contó con el concurso de Fenoll, una amplia red de testaferros y dos abogados para materializar la ocultación de sus bienes: mediante falsas empresas y el blanqueo de capitales.
Los dos detenidos en Madrid son sendos abogados de Gregori. Los letrados, según fuentes judiciales, quedaron en libertad con cargos tras ser interrogados. Los 13 arrestados en Alicante, salvo Fenoll, permanecían anoche en la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Ángel Fenoll acudió a las dependencias policiales en su vehículo y, tras ser interrogado en calidad de detenido, quedó en libertad con cargos.
Para Gregori, el de ayer fue el tercer arresto en lo que va de año. El primero fue en abril por estafa y el segundo, en julio pasado, como intermediario del caso Brugal. En ambos casos tuvo que abonar una fianza de 100.000 euros. Fenoll es la tercera vez que es arrestado, siempre por el caso Brugal. En la primera ocasión, en mayo de 2007, estuvo un mes en prisión, que eludió con una fianza de 100.000 euros, y en la segunda, en julio pasado, evitó la cárcel con otra fianza de 300.000 euros.
(www.elpais.com, 05/11/10)
LA COMPULSIVA BÚSQUEDA DEL LUJO
Viajes, grandes compras y afición por los artículos de lujo. La investigación policial del caso Brugal, que trata de esclarecer la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja (sur de Alicante), dedica un amplio capítulo al elevado tren de vida de Margarita de la Vega Orduña, mujer del líder del PP de la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll.
El informe contiene numerosos detalles de los gustos de la esposa de Ripoll y también sobre sus costumbres de consumo. Explica, por ejemplo, cómo De la Vega, durante un viaje de compras realizado en diciembre de 2009 con unas amigas a París, consiguió que su marido le diera el visto bueno a la compra de un abrigo de visón valorado en 2.100 euros. Y durante el mismo viaje, y en plena "vorágine compradora", De la Vega pregunta por unas galerías comerciales donde suelen acudir el presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, y su mujer, Carla Bruni. También solicita, siempre a través de la secretaria de su marido en la Diputación, que reserve en la ostrería del actor francés Gerard Depardieu. Al día siguiente le pide reserva en un restaurante parisino "de mucha categoría".
Las referencias al lujo de la esposa del político popular no acaban ahí: en una conversación, De la Vega comenta que se ha dejado en un local una bolsa con zapatos de 500 euros. Y en otra, se queja a su marido de que se le ha parado el reloj de oro. Este resta importancia al episodio y le responde que tiene relojes por todos lados: dos Franck Muller, y un NOA.
Los ejemplos de la más que confortable vida de Ripoll y De la Vega son variopintos. El matrimonio gastó 6.100 euros en vuelos en clase business para ellos y sus cuatro hijos a Nueva York, en enero de 2010. Y apenas un mes antes, en diciembre de 2009, Ripoll acordó los detalles de la compra de un BMW por valor de 50.000 euros, de los cuales 25.000 euros se abonarían al contado. El vehículo se matriculó el 28 de enero de 2010.
En otro punto, se recoge el "gran interés" que Ripoll parecía tener por las obras de arte, dado que el 11 de febrero de este año recibe un mensaje de un interlocutor en el que dice: "Hola, Joaquín, soy Pepe Ribes. Me dicen que querías comprar un cuadro de Luis Casanova. Que lo dejan en 53.000, un saludo".
El informe también menciona, a partir de las conversaciones telefónicas grabadas, que el matrimonio tiene contratadas en su casa a tres personas, dos de ellas como empleadas de hogar, y la tercera como jardinero. La policía, finalmente, realiza especial hincapié en la utilización de mucho dinero en efectivo para gastos como pagar a las dos asistentas, la asignación que tiene la mujer de Ripoll cada mes, el citado pago de 25.000 euros al contado por un vehículo adquirido o para hacer frente a una factura de 10.000 euros de tela de cortinas. Ripoll gana al año unos 100.000 euros como presidente de la Diputación.
(www.elpais.com, 05/11/10)
LA APORTACIÓN DE ORTIZ POR EL HIJO DE ALPERI A UNA FIRMA FUE DE 30.000 EUROS
El informe policial del caso Brugal revela que el empresario Enrique Ortiz pagó 30.000 euros en concepto de la cuota de participación en una mercantil de Otto Luis Díaz González, hijo del ex alcalde de Alicante y diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi. El supuesto favor del contratista al ex regidor se materializó con la aportación de dicha cifra en nombre del vástago de Díaz Alperi a la empresa Verass Operadores Publicitarios, SL. La policía destaca la escasa confianza de Ortiz "en el resultado beneficioso" de la firma.
Díaz Alperi, junto con su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, y Ortiz son los principales implicados en la pieza del caso Brugal que investiga supuesto trato de favor al contratista en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a los tres de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Por otro lado, las diligencias policiales revelan que Ortiz amañó una factura de 12.000 euros para compensar a Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps. El favor de Ortiz está vinculado a la mediación de Fuster, piloto de rallies, en el aval de 16 millones de euros del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) al Hércules CF. Según el informe, Ortiz pagó a Fuster los 12.000 euros a través de una factura por supuestos trabajos que el deportista presentó a cobro a la firma Inusa, propiedad del empresario.El sumario del caso Brugal incluye constantes referencias a las relaciones entre el empresario Ángel Fenoll y el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, vinculadas al negocio de las televisiones locales. En una de estas referencias, un informe del fiscal, en base a otro policial, menciona las investigaciones sobre la operación dirigida por Ripoll para que Fenoll adquiriera una televisión local en Alicante, "saneando sus cuentas a través de un importante desembolso económico para Fenoll".
El informe recoge las gestiones para dicha adquisición y vincula la operación a la resolución administrativa del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la Zona XVII. También cita varias vías de financiación de la emisora "en las que habría intercedido José Joaquín Ripoll". Una de las vías fue la cobertura por Canal 37 Televisión de Alicante del congreso Lo Mejor de la Gastronomía a cambio de unos ingresos de 14.000 euros.
El juez también da verosimilitud a este informe y acuerda prorrogar las escuchas telefónicas. El magistrado recoge en su auto una conversación entre Rafael Gregori -amigo e intermediario de Fenoll- y Jorge Sanz -experto en constituir empresas tapadera, según la policía-, en la que se destaca que gracias a Ripoll el contrato para cubrir la feria se ha obtenido por 14.000 euros "cuando en realidad tiene un coste de apenas 3.000 euros". La conversación tiene lugar a principios de noviembre de 2009:
Jorge Sanz. Pero vamos a ver, pero que el sábado tenemos la feria de la gastronomía.
Rafael Gregori. Ya.
J. S. Que Joaquín se ha movido para ganar catorce mil euros...
R. G. Sí.
J. S. Que eso no vale ni 3.000 de coste, tío.
R. G. Ya.
J. S. Y sin este tío no se hace la gastronomía.
Por otra parte, el informe recoge que Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por un valor de 600 euros para el partido Sevilla-Real Madrid a Andrés Llorens, concejal del PP de Alicante. La policía subraya que la dádiva se produjo en el marco de la comisión municipal que estudiaba la construcción del nuevo estadio Rico Pérez. Llorens integraba esa comisión. La policía relata este hecho en el mismo informe que reseñaba el favor del contratista al ex portavoz del PSPV Roque Moreno, en este caso por pedirle trabajo para familiares de un amigo. Por estos hechos, Moreno presentó su dimisión.
(www.elpais.com, 04/11/10)
LA POLICÍA HALLA EL RASTRO DE BIENES OCULTOS DE RIPOLL
Un informe policial incorporado al sumario del caso Brugal arroja nuevas dudas sobre el verdadero patrimonio del presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll. Fechado el 11 de agosto de 2009, el informe reproduce el contenido de una conversación intervenida dos meses antes a Ripolly el de varias protagonizadas en las mismas fechas por su esposa, Margarita de la Vega.
En ellas, tanto Ripoll como su mujer se refieren a un piso del centro de Alicante como "su domicilio". En otra llamada, De la Vega habla sobre un local de copas supuestamente de su propiedad y que dice "tienen alquilado" a un ciudadano ruso en la zona de ocio del Golf de Alicante.
Este diario no logró ayer hablar con Ripoll. Pero sí con su esposa. Y, según Margarita de la Vega, el piso al que alude el informe policial no es propiedad del matrimonio. "No es nuestro, estamos alquilados, alquilados, sí", dijo. Segundos más tarde, precisó que ya no son inquilinos. "Lo tuvimos alquilado, lo tuvimos", afirmó. La vivienda se localiza en el número 15 de la calle Federico de Soto. El 17 de junio de 2009, De la Vega le pidió a su hijo las llaves de ese piso "para ir colocando los enseres personales en esa vivienda", dice el informe policial. Tres días más tarde, el 20 de junio, le comunicó a su hija que ya estaba "en su casa de Alicante", señala el mismo informe.
Con el local de copas, al que De la Vega se refiere por teléfono como el Habana, la esposa de Ripoll negó cualquier vinculación. Después de que este diario le aportara detalles sobre a nombre de quién está alquilado según su propia conversación telefónica, De la Vega suavizó su negativa: "Pues la verdad que no lo sé", deslizó. "Desde luego agregó, a mi nombre no está, si está a nombre de mi marido, no tengo ni idea, pero le digo yo que locales yo no tengo". De la Vega asegura carecer de bienes: "Yo soy la mujer de un político, no tengo nada a mi nombre, ojalá tuviera".
El matrimonio formado por José Joaquín Ripoll y Margarita De la Vega reside en un chalé de su propiedad situado en la urbanización de Vistahermosa, a menos de cuatro kilómetros del centro de Alicante. Ripoll, el principal político imputado en este caso, niega las acusaciones de la policía, que le atribuye haber recibido como soborno dos pisos también ubicados en el centro de Alicante valorados en más de 800.000 euros. Según los investigadores, esas dos viviendas, ninguna de las cuales se corresponde con la de la calle Federico Soto, fueron el pago que Ripoll obtuvo a cambio de beneficiar con las contratas de basura a dos empresarios: Ángel Fenoll, supuesto jefe de la trama Brugal, y Enrique Ortiz, ya señalado en la Gürtel como supuesto financiador del PP valenciano.
(www.publico.es, 04/11/10)
"YA HABLÉ CON EL PRESIDENTE, IRÁ MODREGO PARA EVITAR PROBLEMAS"
El empresario Enrique Ortiz movió cielo y tierra para desbloquear el Plan Rabassa, el mayor proyecto urbanístico de Alicante, que prevé 13.500 viviendas, en los aledaños del campus universitario. Ortiz, uno de los imputados en el caso Brugal, realizó múltiples gestiones para conseguir que el 27 de marzo de 2008, una semana después de que fuera rechazado el macroproyecto por falta de suministro hídrico, al final se aprobara el polémico plan en la comisión territorial de Urbanismo. Según las grabaciones de la policía, incluidas en el sumario del caso Brugal, el negociante, Enrique Ortiz, habla con su colaborador, José Candel, consejero delegado del Hércules, y con Rafael Gregori, presidente de la Fundación Hércules, para sacar adelante el plan. Dice Ortiz: "A Carlitos Mazón ¿le puedes llamar a ver si va él a la comisión del día 27?", y Gregori contesta que precisamente tiene una "comida pendiente el jueves" con Mazón. Y el empresario contesta que ha de ser antes: "El jueves no, llámalo ahora y dile: Carlos ¿vas a la comisión de Urbanismo? Sí, porque va el Plan Rabassa... y si va él que me defienda a muerte, ¿vale?"
Gregori: Vale
Ortiz: Le pides el favor, tú, defiéndeme a Enrique ahí a muerte, ¿vale?, venga
G: Eso lo tienes hecho.
O: Venga, que estoy trabajando para él, y llámame a ver como has quedado con él.
El informe policial identifica a "Carlitos", como Carlos Mazón, ex director general de la Consejería de Industria, y vicepresidente de la Diputación de Alicante. Sin embargo, según las conversaciones telefónicas, la agenda de los implicados en la negociación se complica y no podrán verse. Al final, Gregori llama a Ortiz para explicarle que no ha podido hablar con Mazón, pero que quedará al día siguiente, y el empresario contesta:
O. Déjalo, porque he hablado yo con el presidente.
G. ¿Ah, sí?
O. Sí le he llamado, y creo que va a ir Modrego, y entonces él [Ripoll] llamará a Modrego para que no haya problemas, ¿vale?
G. Vale, perfecto.
O. Ortiz, esto está solucionado [en referencia al plan Rabassa].
Y en la reunión del 27 de marzo, Aguas Municipalizadas de Alicante solventó el escollo del suministro hídrico y sacó adelante el Plan Rabassa.Modrego acudió a la reunión como representante de Proaguas Costa Blanca y del Instituto Valenciano de la Vivienda. La urgencia y necesidad de sacar adelante el mayor plan urbanístico previsto en Alicante llevó al empresario a recurrir a todas las amistades e influencias a su alcance. De hecho, se hace referencia en el sumario a supuestas conversaciones con altos técnicos del Ministerio de Fomento, y una con Luis Berenguer, pidiéndole que hablara con su padre, Luis Berenguer, de la Comisión Nacional de la Competencia, por si conoce al director general de Carreteras del ministerio, Francisco Javier Criado Ballesteros, para ver si le puede conseguir una cita.
Otra conversación que revela el interés, tanto del empresario como de los responsables políticos del PP en el Ayuntamiento de Alicante para sacar adelante el proyecto, es una, del 28 de julio de 2008, del entonces alcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi con el empresario: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo, por Dios", y le contesta que lo único que está pendiente, para la aprobación definitiva, es un informe del Ministerio de Fomento que tiene que ser firmado en Madrid por el director general. A finales de mayo de 2009, por fin, la Generalitat firmaba la autorización definitiva del Plan Rabassa, una vez subsanadas las deficiencias y reducida la edificabilidad. Objetivo cumplido.
Ante las sucesivas informaciones de corrupción que afectan a cargos del PP en la provincia de Alicante, ayer el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll, admitió que "desgraciadamente, el clima está tan enrarecido que va a ser difícil respirar". El presidente de la Diputación, en la inauguración de la Fonoteca, admitió que algunas conversaciones telefónicas recogidas en el caso Brugal "no son las más acertadas". "Y las que me afectan a mí", agregó, "pues me causan cierto rubor". Ripoll se mostró "preocupado" por la imagen que ofrece Alicante, especialmente por el amplio número de personas del PP implicadas. "Me preocupa especialmente, porque vamos a más y no a menos", se lamentó.
(www.elpais.com, 03/11/10)
RIPOLL: ´ALGUNAS CONVERSACIONES MÍAS GRABADAS ME CAUSAN CIERTO RUBOR
A Joaquín Ripoll, imputado por cinco graves delitos en la operación Brugal, le empieza a preocupar, al menos así lo reconoce, el escenario político marcado por los casos de corrupción que salpican al PP y que, está convencido, enrarecerán el ambiente de la carrera electoral para los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2011. "Me preocupa y, sobre todo, me preocupa que vayamos a más", apuntó el titular de la diputación y líder provincial del PP.
Al mismo tiempo reconoció que algunas de las conversaciones intervenidas desde su teléfono -"pinchado" por la policía- "no son las más acertadas" y volvió a insistir, para justificar la dimisión de cargos socialistas y la decisión de los dirigentes del PP implicados de esquivar esa posibilidad, que no se puede comparar la situación de los cargos del PSPV afectados con la de los populares, la formación sobre la que se concentran prácticamente todas las piezas del caso Brugal. Durante un acto institucional, Ripoll reconoció que le causa "cierto rubor" ver las transcripciones de las conversaciones contenidas en el sumario y se mostró "preocupado" con la cantidad de cargos y nombres del PP implicados en el asunto -a la causa de las basuras se ha sumado ahora, entre otras, la que involucra a Castedo y Alperi por el supuesto amaño del plan general de Alicante- porque, apuntó, "enrarece el clima electoral".
"Algunas de las conversaciones, evidentemente, no son las más acertadas y, sobre todo cuando se refieren a mí, me causan cierto rubor. También es cierto que las conversaciones telefónicas de dos años y medio dan para mucho", indicó Ripoll en Alicante, tras añadir que "también habría que ver cómo se han autorizado o no. Todavía no estamos en el proceso de poder hacer una defensa jurídica de mi persona en este caso porque estamos en stand-by y falta aún que se decida cuál es el juzgado competente para juzgar este caso".
Tras hacerse públicos en los últimos días nuevos documentos contenidos en el sumario, el presidente provincial del PP manifestó su preocupación por la larga lista de cargos de las filas populares que aparecen en ellos como investigados o implicados: "Claro que me preocupa. Desgraciadamente, el clima se está enrareciendo tanto que va a ser difícil respirar. Parece que hay nuevas investigaciones, y no, son las que constan en 18.000 folios de un sumario que ha durado más de dos años y medio y que, según unos momentos, la policía hace unas conjeturas u otras", apuntó Joaquín Ripoll. "Me preocupa, y sobre todo me preocupa que vayamos a más. El clima electoral de estas elecciones va a ser distinto. Nosotros nos vamos a centrar en la campaña, el programa y los candidatos y en hacer las cosas que hacemos bien, engrasar la maquinaria electoral, pero no se respira bien en este ambiente".
Respecto a por qué no ha dimitido ningún cargo del PP y sí han caído del PSOE, respondió que "son circunstancias distintas y motivos distintos. Ya dije que el señor Roque Moreno se había marchado porque se había quedado sin sitio, desubicado en su partido, y su máxima aspiración que era presentarse a la alcaldía se le había truncado", aunque no hizo referencia a la suspensión de militancia del diputado socialista Antonio Amorós.
(www.levante.com, 03/11/10)
UN EMPRESARIO ADVIRTIÓ A LA CÚPULA DEL PP DE LA CORRUPCIÓN EN ORIHUELA
En diciembre de 2002, el empresario Francisco Torrecillas dirigió una carta a Francisco Camps, entonces candidato a la presidencia de la Generalitat, a Eduardo Zaplana, que acababa de dejar la presidencia del Consell para asumir la cartera de Trabajo en Madrid, y a José Joaquín Ripoll, vicepresidente primero, en la que alertaba de la corrupción en Orihuela. No consta que las misivas llegaran a su destino.
Las misivas fueron encontradas en el despacho de Ángel Fenoll y en ellas el empresario relata las malas relaciones que vive con el entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina. Explica cómo a pesar de haber colaborado seis años atrás con Medina en la compra de un concejal, el alcalde oriolano incumplió lo pactado y le quitó los servicios que el empresario realizaba en Orihuela Costa para dárselos a una empresa en la que participan de manera encubierta funcionarios municipales, entre ellos el electricista municipal y Jorge Lorente, hermano de la entonces concejal y diputada autonómica Mónica Lorente, ahora alcaldesa "Lo que está claro, como tú ya sabes, es que Medina ha engañado una y mil veces, a mí y a otras personas, hasta el punto de que ya no es de fiar ni debe estar un minuto más al frente del Ayuntamiento", esgrime la carta con vehemencia. Torrecillas deja claro que toma esta iniciativa tras intentar en varias ocasiones y sin éxito aclarar el desencuentro con Medina.
El empresario continúa relatando cómo esta situación le ha enemistado con el industrial Ángel Fenoll, "porque me está fastidiando al apoyar a Medina e intentar convencerme de que no cometa la fatalidad de delatarles". Y es que el empresario deja claro en su carta que si la cúpula del PP no tomaba medidas y Medina volvía a ser candidato a la alcaldía de Orihuela informaría al fiscal del caso de la compra del concejal, "caiga quien caiga". La amenaza se repite hasta en tres ocasiones.
"Tú ya me conoces desde hace tiempo y sabes que quiero lo mejor para Orihuela y para el Partido Popular, no pretendo hacer daño a nadie, pero si Medina vuelve a ser candidato montaré el escándalo, porque al margen de lo que me debe, ya no puedo fiarme de este señor", advierte claramente el empresario en la carta. La misiva termina con un mensaje claro: "Amigo Camps, no caigáis en el error de dejar a Medina en la alcaldía, porque sintiéndolo mucho tendré que abrir el escándalo para que salga del Ayuntamiento de una manera desagradable para todos".
(www.elpais.com, 03/11/10)
EL "DESMESURADO PATRIMONIO" DEL PRESIDENTE Y SU MUJER ALERTÓ AL FISCAL
Durante la investigación del caso Brugal la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal detectó un "desmesurado patrimonio" de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, y de su esposa, Margarita de La Vega Orduña, así como el uso de dinero en efectivo para abonar bienes y servicios "cuya justificación en base a sus ingresos ordinarios como cargo público sería cuando menos discutible". Por ello, en un informe de 26 de noviembre del año pasado reclamó que se solicitara a la Agencia Tributaria más información para "tratar de determinar y cuantificar la parte de su patrimonio que pudiera atribuirse a un enriquecimiento ilícito".
La petición fue respaldada por el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, que solicitó formalmente la medida al juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Y el juzgado autorizó a que la delegación especial de la Agencia Tributaria en Valencia facilitara a la investigación toda la información fiscal y tributaria precisa de los últimos cuatro ejercicios de Ripoll y de su mujer, pero también de los dos hermanos del presidente de la Diputación, de sus dos hijos y de cinco mercantiles de uno de los hermanos del político alicantino.
En la misma petición, el juzgado de instrucción incluye varias empresas, entre ellas, Alicantina de Renta y Gestión, SL, perteneciente al entorno de Rafael Gregori y que se ha detectado que ingresa cantidades periódicas de la mercantil promotora de las viviendas situadas en la avenida de Benito Pérez Galdós de Alicante, "supuesto objeto de un pago en especie por parte del entorno de Ángel Fenoll a José Joaquín Ripoll".
Del "incremento patrimonial" se habla en otros puntos del sumario del caso Brugal. En una de estas referencias se avanza que el presidente Ripoll y su mujer tienen una vivienda en una céntrica avenida de Alicante, con una superficie catastral de 153 metros cuadrados y un garaje.
En otro informe, la policía subraya que "se viene observando de una manera muy apreciable diversas operaciones que estarían directamente relacionadas con el aumento considerable de su patrimonio, en la adquisición de bienes de incuestionable valor". La policía menciona que Ripoll habría adquirido un inmueble en Alicante "constatando nuevamente el continuo interés del presidente en la adquisición de capital inmobiliario". La vivienda costó 420.000 euros.
La investigación también pretende aclarar la compra por parte de Ripoll de un vehículo marca BMW, que se matriculó el 28 de enero de 2010 y cuyo importe ascendió a 50.000 euros. Y agrega la adquisición de una embarcación, modelo A3 DOMA de 12 metros, aunque no hay constancia que Ripoll la adquiriese.
(www.elpais.com, 03/11/10)
EL AYUNTAMIENTO PERMITIÓ QUE EL PROPIETARIO DEL HÉRCULES INCUMPLIERA EL CONVENIO DEL RICO PÉREZ
Los requisitos de la subasta municipal en la que Enrique Ortiz compró, a través de Aligestión, el estadio Rico Pérez al Ayuntamiento de Alicante se han incumplido desde que se formalizó en 2007 el convenio de compraventa, donde se estipulaba que en un plazo de seis meses el comprador estaba obligado a invertir 4,2 millones de euros en la remodelación del estadio. Durante casi tres años el ayuntamiento ha permitido que se incumpliera el convenio porque Ortiz no ejecutó la remodelación. Sólo recientemente, con motivo del ascenso a Primera del Hércules, se han ejecutado diversas obras por valor de dos millones de euros que el dueño del equipo vincula directamente con el compromiso del convenio de compraventa del estadio.
Las escuchas del caso Brugal también recogen un informe dedicado al estadio José Rico Pérez y la policía señala en su análisis que de las conversaciones mantenidas por el empresario se desprende que la meta principal de Ortiz es la recalificación del estadio, como le reconoce a un vicepresidente del Hércules y accionista de Aligestión.
Igualmente se confirma esta intención en una conversación que mantuvo con el entonces director general del Hércules, el ex edil socialista Blas Bernal, con quien habló tras la aprobación provisional del Plan Rabasa y «le expresó los deseos de desprenderse del equipo de fútbol y quedarse con el estadio únicamente», según indica el informe policial.
En esa misma conversación, añade el informe, Ortiz le dice a Bernal que «el alcalde le deja hacer lo que él quiera» y acaba la comunicación diciendo que si se aprobara el Plan General podría hipotecar el Rico Pérez para pagar cosas.
La Policía dedica casi tres folios de su informe a unas conversaciones entre Ortiz y Juan Zaragoza, edil de Hacienda, en las que abordaron precisamente el incumplimiento del convenio de la remodelación del Rico Pérez. Además, el edil admitió en la conversación que estaba reteniendo información sobre la liquidación de impuestos pendientes del Hércules y alude a que el problema puede convertirse «en un problema serio tanto para ti como para nuestro amigo común». También hace referencia Zaragoza a los «problemas» que le está solucionando a su «amiga del alma», que según el informe policial podría ser Sonia Castedo. Zaragoza también habló con Ortiz sobre los problemas del convenio y el reconocimiento de la deuda y deja entrever la posibilidad de solucionarlos sin convence a su «amigo» Alperi.
(www.levante.com, 03/11/10)
LAS CONVERSACIONES DEL 'CASO BRUGAL'
El empresario Rafael Gregori ejerce una gran influencia sobre el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, del PP, para "beneficio propio o de terceras personas", según apunta la brigada de delitos económicos de la policía, que ha tenido durante meses intervenidos los teléfonos de los implicados en el caso Brugal. Gregori, propietario de un concesionario de coches y camiones de basura, es una de las piezas clave del caso Brugal. Fue detenido el pasado mes de julio, y el juez le dejó en libertad con cargos por los supuestos delitos de cohecho y fraude, con una fianza de 100.000 euros.
El empresario, presidente de la Fundación Hércules hasta abril pasado, en una de las numerosas conversaciones intervenidas por la policía, el 4 de abril de 2008, habla con José, una persona que los agentes no logran identificar. Hablan sobre posibles negocios con el grupo Subús (concesionario del transporte urbano de Alicante y su área metropolitana). El empresario pide a Gregori que le pegue "un empujón" para hablar con Antonio Arias. Acto seguido, según la transcripción de la conversación efectuada por la policía, empiezan a hablar del proyecto de unir Elche y Alicante por tranvía.
José: ¿Entonces, cómo escarbo, cómo llego yo a ese proyecto, tú tienes idea?
Rafael Gregori: Me informo.
J.: Infórmate cómo puedo llegar yo a ese proyecto porque (no se entiende) los tranvías estos pueden transportar 240.000 personas por tirada.
R.: Sí.
J.: No necesitan tendido eléctrico, van guiados por GPS, no necesitan conductor y puede ser un proyecto acojonante.
R.: Voy a estar con el presidente de la Diputación ahora en Sevilla, y voy a preguntarle.
J.: Hazle un preguntado, porque coger un avión e irnos a Indover puede ser una pasada...
Y añade un poco después: "Entérate porque puede ser muy interesante unir Elche por la Vía Parque con Alicante".
R.: Si es cosa de la consejería, también tengo ahí al presidente y al consejero, que es amigo mío coño.
J.: Pues ahí tenemos que meter la cuchara, tenemos que meter la cuchara porque puede haber mucha pasta en juego.
R.: Vale, vale, vale...
J.: Pues a ver si la semana que viene nos vemos y te cuento unas cosas que tenemos que hablar.
(www.elpais.com, 02/11/10)
LA TRAMA 'BRUGAL' SE FINANCIÓ DESDE PARAÍSOS FISCALES
Empresarios implicados en el caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja) se financiaron con fondos ocultos en paraísos fiscales para llevar a cabo sus operaciones, vinculadas básicamente con la creación de firmas tapadera para optar a contratas. En este apartado, de acuerdo con un escrito del fiscal anticorrupción incluido en el sumario, destacan las operaciones realizadas por el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama, y Rafael Gregori, empresario de automoción y amigo de José Joaquín Ripoll. Gregori, según la policía, actuó como intermediario de los muñidores de la trama: Ripoll, Fenoll y el contratista Enrique Ortiz.
El fiscal asegura que tanto Fenoll como Gregori recurrieron a fondos ocultos en paraísos fiscales, en concreto en Suiza. El ministerio público señala al menos tres casos: la constitución de una firma para gestionar la UTE adjudicataria de la contrata del plan zonal, la falsificación de dos empresas por parte de Fenoll para hacerse con la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela, y la creación de otra sociedad entre Fenoll y Gregori para optar a adjudicaciones de obra pública. El ministerio público estima que el volumen de esas operaciones financieras ronda los 10 millones.
Por otra parte, las diligencias del caso Brugal referente a la pieza que investiga supuestas irregularidades en la financiación de la Fundación del Hércules revelan, al menos otras cuatro irregularidades. Según el fiscal, estas ilegalidades están relacionadas con la Diputación, "y más en concreto con el diputado provincial de Infraestructuras, Carlos Mazón [en la actualidad, Mazón es director general de la Cámara de Comercio de Alicante]".
En este apartado el informe policial destaca el presunto desvío de dinero de Hércules CF a su propia fundación "para eludir el embargo al que está sometido desde la Hacienda". El Hércules tenía una deuda de 16 millones (sumados los pagos pendientes a la Seguridad Social y Hacienda). La entidad ha saldado la deuda mediante un préstamo avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas.Otra de las irregularidades que revela el informe policial sobre la financiación ilegal de la Fundación del Hércules es que el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, supeditaría una subvención por un importe de 90.000 euros a la entidad "a que Rafael Gregori continúe en ella". En el período de estas escuchas, finales y principios de 2009, Gregori era el presidente del organismo.
El informe también recoge que Ripoll habría conseguido que Enrique Ortiz aportaría 100.000 euros a la Fundación, "siempre y cuando se le concediesen cosas que habría pedido, lo que pudiera estar referido a adjudicaciones potestad del ente provincial", precisa la diligencia judicial.
Y la tercera irregularidad es un intento de crear un entramado de empresas similares "a las de Arosa" para financiar la Fundación en firmas "que Rafael Gregori conoce, citando entre tales empresarios a José Enrique Garrigós Ibáñez y a Federico Moncunill Gallo". Esa operación supuestamente estaría impulsada por Gregori y Mazón. Según el fiscal, estos hechos podrían acarrear "responsabilidades penales en los presuntos delitos de, al menos, cohecho y tráfico de influencias".
(www.elpais.com, 30/10/10)
PSOE: 3 IMPLICADOS, 2 DIMISIONES PP: 22 IMPLICADOS, NINGUNA DIMISIÓN
Los socialistas volvieron ayer a marcar distancias con los populares a la hora de encajar la implicación de sus cargos públicos en supuestos casos de corrupción. Roque Moreno, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, presentó su renuncia al acta de concejal al trascender su implicación en el sumario del caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. El pasado 10 de septiembre también dimitió el primer cargo socialista imputado en esta causa, Antonio Amorós, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación. Mientras, los 22 dirigentes populares implicados en la trama siguen en sus puestos.
La lista de los cargos del PP locales y autonómicos implicados en el caso Brugal la encabeza su líder provincial y presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. El dirigente popular, que fue arrestado el pasado 6 de julio, está imputado por cinco delitos, entre ellos cohecho, fraude y tráfico de influencias por supuestamente recibir dos pisos (valorados en cerca de un millón de euros) por los favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Ortiz y Fenoll están imputados en la causa general. Además, el fiscal acusa a Ortiz, dueño del Hércules, de urdir otra trama para beneficiarse del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.
Roque Moreno, también secretario local del PSPV-PSOE, está acusado de un supuesto delito de tráfico de influencias por pedir a Ortiz que colocara en sus empresas a la mujer e hijo de un asesor del Grupo Socialista. El informe policial considera que estos hechos pueden constituir delito, máxime porque la petición del político coincidió en el tiempo con las negociaciones del Ayuntamiento y el dueño del Hércules para remodelar el Estadio Rico Pérez. En uno de los mensajes interceptados por la policía, Moreno comentaba a Ortiz: "No te olvides de lo del hijo de Vicente", en alusión a una de las personas para las que pedía empleo.
"Realicé una llamada de teléfono pidiendo un puesto de trabajo para un compañero, para un gran amigo, y fue un error, por lo que pido disculpas", explicó Moreno ayer, justo antes de anunciar su dimisión de la corporación.
El gesto de Moreno contrasta con la actitud de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, también implicada en el sumario. El fiscal acusa a la regidora de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Todos ellos están vinculados a un supuesto trato de favor en el nuevo PGOU y a cambio de supuestas dádivas, entre ellas, también la de pedir a Ortiz que colocara en sus empresas a ciertas personas. La regidora asumió esa dádiva y la enmarcó en su política de hacer valer su influencia en favor de los parados: "Lo hice con Ortiz, como con todas las firmas que contratan con el Ayuntamiento", dijo.
Moreno aprovechó el acto de su dimisión para resaltar las diferencias entre los socialistas y los populares ante los casos de corrupción. "Es lamentable, hay casos de corrupción que salpican a representantes del PP (caso Gürtel, caso Fabra y caso Brugal), es un circo en el que muchos malandrines, todos presuntos corruptos, hacen negocios que favorecen a intereses particulares".
La candidata socialista a la alcaldía, Elena Martín, se mostró ayer "orgullosa" de la decisión de Roque Moreno, que evidencia "la ética del PP y la del PSOE. No todos somos iguales".
El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, dijo que la dimisión de Moreno es un gesto de "dignidad, honradez y entereza". Moreno no ha sido expedientado por el partido, al contrario que Amorós, por su condición de imputado. Los dirigentes del PP, encabezados por Ripoll y Castedo, achacaron la renuncia de Moreno al hecho de que había sido descabalgado de la candidatura a la alcaldía. El tercer implicado del PSOE en el caso es José Cataluña, secretario de finanzas de los socialistas valencianos en 2008.
(www.elpais.com, 29/10/10)
CESTAS CON COHIBAS Y DOM PÉRIGNON
El empresario Ángel Fenoll, personaje clave del caso Brugal, agasajó con regalos por Navidad a 270 personalidades de la Comunidad Valenciana y Murcia, así como a 63 guardias civiles, según consta en el informe policial difundido estos días. El valor de algunos de estos lotes rondaba los 600 euros, mientras otros contaban con extras como puros Cohibas, botellas de Vega Sicilia, cava Juve & Camps, Chivas de 21 años, Dom Pérignon y Moët Chandon. Entre los destinatarios de estos regalos figura una extensa nómina de agentes de la Guardia Civil, sobre todo personal adscrito al Servicio de Protección de la Naturaleza, tanto de las poblaciones del sur de Alicante como de Murcia. El vertedero de Fenoll está ubicado en el linde entre las dos provincias.
También se contabilizaron, en las Navidades de 2007, regalos para una docena de agentes de tráfico de Orihuela, y otros 41 lotes para agentes de la Guardia Civil en esta localidad. El directorio de supuestos receptores de estos regalos se completa con una amplia lista de alcaldes y políticos, tanto en el Gobierno como en la oposición, de las poblaciones en las que el empresario tenía intereses económicos. También fueron agasajados 30 funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, una decena de empleados de sucursales bancarias, tres ecologistas "sin especificar" y algunos periodistas de la comarca de La Vega Baja.
(www.elpais.com, 29/10/10)
El jefe de la 'trama Brugal' declaró al juez que hizo un regalo a CampsFenoll tenía en su caja fuerte el resguardo de un envío al president.
Dijo que "podría
ser con motivo
de un obsequio"
navideño y que
guardaba el
comprobante para
recordar la
dirección
El empresario
Ángel Fenoll,
considerado el
jefe de la trama
Brugal,
custodiaba en la
caja fuerte de
su domicilio el
resguardo de un
envío por Seur
al president de
la Generalitat,
Francisco Camps,
y así consta en
el sumario del
caso. En una
declaración
judicial, Fenoll
fue interrogado
sobre ese
extremo por el
fiscal
Anticorrupción.
Y el empresario
respondió así:
que ese sobre y
otros cinco
dirigidos o
remitidos por
Eduardo Zaplana
e igualmente
depositados en
la caja fuerte
"podrían ser con
motivo de la
Navidad, que se
suele hacer como
obsequio". El
fiscal replicó
de inmediato con
otra pregunta:
¿Por qué "tanto
celo" para un
regalo navideño?
Y Fenoll
contestó ahora
de este modo:
"Por guardar la
dirección para
el siguiente
año". "Todos los
años", agregó el
imputado, manda
"obsequios a
todos los
políticos con
los que trabaja,
sean del signo
político que
sean".
En otro
documento del
sumario, un
subordinado de
Fenoll le
confirma en
abril de 2007
por teléfono que
ya envió,
también "por
Seur", una carta
amenazante "a la
Generalitat
Valenciana".
Este diario no
ha podido
confirmar si el
resguardo del
envío a Camps
custodiado en la
caja fuerte
guarda relación
con la
mencionada
carta.
Ayer, una
portavoz de
Camps negó de
manera tajante
que el jefe del
Ejecutivo
valenciano haya
recibido nunca
un regalo de
Fenoll. "Es
absolutamente
falso", dijo.
La compra de un
concejal
La caja fuerte
albergaba además
una decena de
dispositivos USB
con grabaciones
comprometedoras
para distintos
políticos y
empresarios.
Fenoll alegó que
no sabía quién
había grabado
conversaciones
ni rodado los
vídeos y DVD que
guardaba en la
caja fuerte. Y
sostuvo que su
contenido se
relacionada con
cuestiones como
el "absentismo
laboral", pese a
que los nombres
de distintos
políticos
alicantinos
aparecían en las
carátulas.
El sumario no
especifica la
fecha del
resguardo del
envío relativo a
Camps, expedido
por la empresa
Seur, según el
acta policial
levantada tras
el registro de
la vivienda de
Fenoll. En ese
mismo domicilio,
la policía
encontró un
disco que
contenía una
carta
supuestamente
escrita por un
tal Francisco
Torrecillas y
remitida a Camps
en diciembre de
2002, cuando el
hoy president
valenciano
iniciaba la
carrera hacia su
primera
elección.
De ser cierta la
misiva y su
recepción por
Camps,
significaría que
el líder del PP
valenciano
estaba al tanto
de los turbios
manejos que,
presuntamente,
venían
produciéndose en
el municipio
alicantino de
Orihuela desde
años atrás.
Porque en la
carta, el tal
Torrecillas se
queja a Camps
del
comportamiento
del entonces
alcalde, Manuel
Medina, del PP:
"Aparte de no
cumplir con lo
pactado hace
casi seis años,
cuando me pidió
mi colaboración
en el asunto de
la compra de un
concejal dice el
texto , ahora
para más colmo
me ha quitado
unos servicios
que yo realizaba
en la Costa de
Orihuela para
dárselos (...) a
una empresa
fantasma".
Extorsión y
"gaviotas"
Este diario no
logró localizar
al único
empresario de
Orihuela cuyo
nombre y dos
apellidos
coincide con los
del firmante de
la carta. La
portavoz de
Camps tampoco
confirmó o
desmintió si el
presidente había
recibido la
misiva. Está
fechada hace
ocho años,
argumentó la
fuente, y su
supuesta
remisión se
produjo cuando
Camps no dirigía
aún la
Generalitat
Valenciana.
La declaración
de Fenoll en que
salió a relucir
el resguardo del
envío a Camps
tuvo lugar el 2
de junio de
2007, pero lo
dicho por el
empresario sólo
ha trascendido
tras el
levantamiento
del secreto
sumarial.
En esa misma
declaración, el
fiscal
Anticorrupción
inquirió a
Fenoll sobre si
había intentado
presionar a
Camps o a
Mariano Rajoy
mediante el
envío de "algo
comprometedor
para alguna
persona". Fenoll
respondió que
no.
Pero las
conversaciones
de la trama
intervenidas por
la policía
indican lo
contrario: que
Fenoll se
jactaba de haber
logrado influir
en la
composición de
la candidatura
municipal del PP
en Orihuela, la
localidad donde
estalló el caso
Brugal por una
contrata de
basura.
Paradójicamente,
la investigación
judicial arrancó
después de que
Fenoll
difundiera, en
marzo de 2006,
unas grabaciones
para acreditar
que se había
amañado el
primer concurso
de la basura,
celebrado bajo
mandato del
alcalde Manuel
Medina.
"¿Se le mandó
algo a Rajoy?"
A Fenoll no sólo
se le acusa de
tejer una red
corrupta sino de
extorsionar a
sus corrompidos.
El 14 de abril
de 2007, la
policía captó
una conversación
telefónica del
empresario con
el presidente de
un partido
independiente
del municipio de
La Murada. Y en
esa
conversación,
Fenoll ofrece
signos de que
espera el visto
bueno de un
asesor de la
entonces
candidata del PP
en Orihuela y
actual alcaldesa
imputada, Mónica
Lorente, para
enviar una
"gaviota". Es
decir, y así lo
especifica la
policía,
"escritos
anónimos o
intimidatorios"
destinados al
PP.
Ese mismo 14 de
abril, Fenoll
habla con un
subordinado,
Javier Bru,
gerente de una
de sus empresas
y encargado de
transcribir las
cintas
comprometedoras.
Y le hace una
pregunta:
"Javier, ¿has
sacado las
gaviotas o no?"
"Sí, aquí las
tengo para
verlas",
responde su
interlocutor. Y
Fenoll tercia de
nuevo: "Ya,
ya... Yo es que
estaba pensando,
pero no sé si
esperarme hasta
el lunes, estoy
pensando... ¿Se
le mandó algo a
Rajoy o no? Yo
creo que no". El
subordinado de
Fenoll asiente:
"No, creo que
no". En esas
fechas, Fenoll
pugnaba por la
anulación del
primer concurso
de la contrata
de basuras de
Orihuela ya bajo
mandato de
Mónica Lorente.
Una semana más
tarde, el 21 de
abril, Fenoll y
Bru mantienen
otra
conversación
sobre las cartas
de amenaza. No
mencionan por su
nombre al
destinatario,
pero todo apunta
a Camps:
Fenoll. ¿Tú se
la mandaste
directamente la
otra vez, ¿no?
Bru. Sí, la
metimos para
mandarla por
Seur, la
dirección.
Fenoll. Ya, pero
que se la
mandaste
directamente.
Bru. Se la mandé
a la Generalitat
Valenciana.
Fenoll. Ya, ya,
ya.
Bru. No al
partido, al
Partido Popular
no se la mandé.
Fenoll. Bien,
bien.
Bru. Él estará
en el partido.
Fenoll. Ya.
Bru. Bueno,
donde habrá que
mandársela ahora
es al partido.
Fenoll. Pues
habrá que
mandársela al
partido, sí.
Para la novia de
Costa
Las
conversaciones
interceptadas
por la policía
denotan desde el
primer momento
el grado de
familiaridad que
los empresarios
ligados a la
trama mantenían
con el PP
valenciano que
ya cuenta con
varios imputados
en la causa, con
el presidente de
la Diputación de
Alicante, José
Joaquín Ripoll,
en cabeza.
Uno de los
imputados más
prominentes en
el sumario
Brugal y a quien
la policía
también
involucra en el
caso Gürtel como
presunto
financiador
electoral de
Francisco Camps,
es el
constructor y
adjudicatario
público Enrique
Ortiz. Y, según
la policía, fue
él quien, en
febrero de este
año, se ofreció
a buscarle casa
a la novia de
Ricardo Costa,
la concejal
alicantina Laura
Chorro. Le
ofreció,
incluso,
acompañarla a
ver pisos.
www.publico.es
29.10.10
ORTIZ AL
CONSEJERO
FLORES, TRAS
GANAR UN
CONTRATO: "TE
QUIERO"
Uno de los aspectos que resalta en las conversaciones grabadas por la policía durante la investigación del caso Brugal es la familiaridad existente entre varios cargos políticos del Gobierno valenciano, que lidera Francisco Camps, del PP, con el contratista y promotor alicantino Enrique Ortiz. Los 40 tomos de la investigación, de hecho, están salpicados de ejemplos de esta proximidad que ha destapado indicios delictivos en la adjudicación de contratos en varias consejerías de la Generalitat valenciana.
En una de las transcripciones la policía recoge cómo el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, se dirige en 2008 a Ortiz en una conversación telefónica, cuyo resumen es el que sigue.
Mario Flores. Oye, nada, te llamo solamente para decirte que has sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. O sea que, muérete.
Enrique Ortiz. ¿Te llamo y nos vemos? Y quedamos y organizamos, ¿vale?
M. F. Bueno pero hablamos. Bueno quedamos, quedamos, quedamos y nos vemos. Pero bueno, yo lo único que quiero es que no digas nada pero vamos que acabo de dar yo hoy la... Antes de salir para Madrid he dado la...
E. O. Ya lo sé. Nada. Bueno. Te quiero.
Otras conversaciones reflejan las gestiones de Enrique Ortiz con personas muy próximas al Gobierno valenciano para lograr negocios públicos. En una de ellas, en 2008, el hermano de Fernando de Rosa, entonces consejero de Justicia y en la actualidad vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna. Ortiz termina asegurando: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero responde: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado suyo: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".
En otra, y en referencia al concurso eólico, Ortiz llama al dueño de la empresa Sedesa, Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino, para preguntarle si se presentan al concurso con Diversia. Cotino le desanima, pero Ortiz insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?" Cotino responde: "Todo el pescado está vendido".
Los informes policiales también revelan otros supuestos negocios irregulares de Ortiz con el vicepresidente económico del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, y un amigo personal de este, Miguel Ángel Fuster.
(www.elpais.com, 29/10/10)
VALCÁRCEL RECIBIÓ DEL REY DE LAS BASURAS PUROS COHIBAS, BOTELLAS DE DON PERIGNON Y VEGA SICILIA
¿Ocurría en Murcia como en Valencia?. Si el presidente Camps fue "obsequiado" con algunos trajes, el presidente Valcárcel recibió también dádivas por parte del rey de las basuras, Ángel Fenoll. Así figura entre los más de 270 destinatarios de los regalos navideños que realizaba la empresa del conocido empresario, imputado en el marco de la operación Brugal.
El máximo mandatario de la Comunidad Autónoma de Murcia recibía una generosa cesta de 600 euros donde no faltaba el whisky gran reserva, los Cohibas y botellas de Don Pérignon y Vega Sicilia. Todos los años llegaba a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia una lluvia de presentes en forma de baúles -hasta 8 - con regalos, puros habanos y las más convencionales cestas.
El directorio se centra sobre todo en la Comunidad Valenciana y en una larga lista de alcaldes, concejales (del equipo de gobierno y de la oposición) e incluso técnicos municipales de poblaciones de la comarca como Torrevieja, Rafal, Daya Nueva, Daya Vieja, Granja Rocamora, Formentera del Segura, Jacarilla, Redován, Calpe, Rojales, Cox (con todos los miembros del equipo de gobierno del PP y la oposición socialista), Callosa de Segura, Dolores, Almoradí o Pilar de la Horadada. Guardias Civiles también eran objetivos de sus atenciones.
También llegaban regalos a los municipios murcianos de Fortuna o Abanilla. En casi todos los municipios es Colsur, empresa de Fenoll, la que se encarga de la recogida de residuos y limpieza viaria y el depósito de la basura en el único vertedero de la comarca.
Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Regalos: Cesta valorada en 600 euros, una caja de puros cohibas, dos botellas de Dom Pérignon y dos botellas de Vega Sicilia.
José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación(PP). Regalos: Un baúl "lleno de alimentos" en la Navidad de 2008, según recoge el sumario del caso Brugal.
(www.elpais.com, 28/10/10)
JURISTAS ANUNCIAN QUERELLA SI EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA LEVANTA UNA ESTATUA A CARLOS VALCÁRCEL
La Asociación Preeminencia del Derecho, representada por su vicepresidenta, Encarnación Martínez Segado, y a título personal, el abogado José Luis Mazón, han presentado en el ayuntamiento de Murcia un escrito en el que se constituyen como parte interesada para poder personarse en toda actuación o expediente por la se vaya a decidir abrir una suscripción popular desde el ayuntamiento o autorizar la colocación de una estatua del fallecido Carlos Valcárcel, padre del presidente de la Comunidad Autónomica, en lugar público de la ciudad.
Según la asociación, la estatua de Carlos Valcárcel constituiría un monumento al amiguismo y al nepotismo. “Ante la falta evidente de significado histórico del padre del presidente de la Comunidad Autónoma más allá de las poderosas influencias ganadas en vida que no constituyen un mérito histórico alguno, sino reflejo del auge de la sociedad estamental murciana, un reducto del medievo y nada de lo que enorgullecerse sino todo lo contrario, causa de atraso social y cultural”.
Advierten que llevarán a juicio al ayuntamiento de Murcia “si consiente ceder espacio público para semejante acto de nepotismo”. Dicen que “todo el mundo querría ver a sus parientes en estatuas pero tal cosa está reservada para las personas de méritos eminentes, grandes contribuyentes a la cultura, la historia, las artes, que hacen historia, en ninguno de estos supuestos está el padre del presidente de la Comunidad”·.
Más, si se trata, como se ha difundido, en la plaza de Santo Domingo o en el Paseo Alfonso X el Sabio, en el extremo opuesto a donde se ubica la del rey Alfonso X El Sabio, “con quien los muy ilusos de los promotores pretenden hacer parentela o tándem, porque la sola consagración de un monumento en espacio público a un murciano de hechos rasantes o notoriamente carente de méritos o contribuciones extraordinarias que lo ensalcen, fuera del título de hijo adoptivo, del retórico de cronista oficial, o la posesión de influyentes amigos en la Murcia más conservadora o arcaica, o del hecho de ser padre del presidente regional, constituiría un acto arbitrario de desviación de poder, de exaltación del nepotismo”.
Y además, añaden los juristas, “un agravio comparativo a figuras murcianas y desaparecidas que no gozan de ningún monumento ni siquiera de calle alguna, con un historial incomparable al del fallecido sr. Valcárcel, como puede ser el caso de Ginés Pérez de Hita, escritor de los siglos XVI-XVII de las famosas Guerras Civiles de Granada, o el más universal Ibn Arabi, famosísimo escritor, poeta y místico musulmán al cual jamás se le ha puesto estatua y si se le ha dedicado una calle lo ha sido en área de ensanche urbano que es reconocimiento de tercera fila”.
Además, recuerdan que al padre del actual presidente de la Comunidad Autónoma se le han consagrado, y en vida, varias calles con el título de “Cronista Carlos Valcárcel”. Recuerdan también que al fundador de la ciudad, Abderraman II se le ha levantado una estatua en un lugar apartado del centro como es la plaza de la Cruz Roja y “al padre del presidente se le quiere tratar al nivel del rey Alfonso X El Sabio, lo que resulta escandaloso, burdo, hiriente y un insulto al sentido común que aun le queda al pueblo murciano”.
En todo caso, señalan, “no serían decenas, sino centenares, las personas que en le últimas generaciones estarían por delante, en méritos y virtudes dignas de alzar estatua, del fallecido padre del presidente de la Comunidad”.
La estatua del citado padre, continua la Asociación y el jurista Mazón, “jamás puede ser ubicada en suelo público, y más en consonancia con los pasos y costumbres del fallecido sería ponerla en al bar Yiyi, lugar de ambientación franquista, con fotos de Franco, José Antonio, banderas de yugos, flechas, muy frecuentado por él, según diversas fuentes, donde recibía en informal audiencia a todo aquel que quería solucionar sus problemas”.
Según Mazón, en un duro escrito, “la Murcia más tradicionalista, esa otra Murcia ahora ensalzada y entusiasta de usos feudalescos, la Murcia de los señores enmascarada de usos democráticos, pretende valerse de su tradicional estatus ascendente sobre el poder municipal para dejar huella eterna en su hegemonía, ubicando en públicos sitios sus símbolos y personajes dándoles el carácter de héroes inmortales, bautizando calles con los nombres de sus personajes carentes de significado fuera de su ambiente”.
Finaliza el documento alegando que “si el célebre ingeniero Juan de la Cierva, inventor del autogiro, personaje mundialmente conocido, se le ubica una estatua en retirado lugar como es Ronda de Garay, frente al palacio de Justicia, por esa regla de tres la estatua del sr. Valcárcel correspondería ubicarla no más cerca de Baños y Mendigo o Gea Truyols”.
En opinión de los abogados, hay más personas que estaría por delante del cronista, como el profesor Mariano Ruiz Funes, Ramón Gaya, o Diego de Clemencín, cervantista notorio, entro otros.
Asegura n la asociación y Mazón que “como periodista no era ni siquiera de los destacados y lo de cronista, en todos los pueblos los hay y no es fatigoso oficio ni propio consustancial de excelsos hombres de mérito. ¿Dónde se razona el ensalzamiento a la condición de héroe urbano”?, concluye.
(www.vegamediapress.com, 17/06/10)
EL SUMARIO DESVELA FALTA DE TRANSPARENCIA EN UNA CONTRATA DE FLORES A ORTIZ DE 16 MILLONES
Los informes policiales recogidos en los casi 20.000 folios repartidos a los abogados de los imputados en el caso Brugal recogen conversaciones en las que aparece un cuarto conseller, Mario Flores. Además de los dirigentes políticos ya mencionados en otros informes -Juan Cotino, Gerardo Camps y Fernando de Rosa, entonces conseller de Bienestar Social, conseller de Economía y ex conseller de Justicia, respectivamente-, el conseller de Infraestructuras y Transportes figura en otro estudio policial de casi veinte folios donde se recogen conversaciones referidas a "presuntas irregularidades en la concesión de la explotación de diversas líneas de ferrocarril urbano" en Alicante y Valencia y a la falta de transparencia en una contrata de mantenimiento y reparación de carreteras en la Vega Baja, que se licitó por 20 millones de euros y se adjudicó en 2008 por 16 millones.
Flores aseguró anoche a este diario que "jamás he tenido trato de favor con Ortiz ni con nadie" y dijo que "tengo la conciencia muy tranquila". Las conversaciones se produjeron en julio de 2008 entre Ortiz y Flores y otros interlocutores, entre ellos el directivo de Bancaja José Cortina y el jefe de Carreteras de Infraestructuras, Juan Antonio Sánchez. Las escuchas de este y otros informes revelan una relación de amistad de Ortiz con el conseller, según admite el empresario. En una de las grabaciones, Ortiz confiesa que "Mario Flores es como hermano suyo", según la policía.
En este nuevo informe aparece que Flores telefonea al empresario para adelantarle que le había adjudicado un concurso de mantenimiento de carreteras en la Vega Baja. Flores le pide discreción y días más tarde otro cargo, el jefe de Carreteras, Juan Antonio Sánchez, le llama y también le dice "te vamos a dar una cosa buena ¿no". Al día siguiente, el presidente del club de balonmano Mar Alicante, Toni Navarro, llamó a Ortiz para comentar la "adjudicación extraoficial". La Policía destaca "el grado de oscurantismo del que adolece el concurso" y añade que no garantiza "el principio de transparencia, inherente a toda licitación". En otra conversación de Ortiz con el jefe de Carreteras de la Conselleria abordan la contrata de mantenimiento y el dueño del Hércules le explica que Flores, "aunque le gustaría", no quería darle la contrata inicialmente porque ya le había adjudicado otro concurso, que según la Policía sería el del tramo del tranvía de la finca Adoc.
En otra de las escuchas Ortiz y Cortina, hablan de las contratas de tranvías en Alicante y Valencia y el segundo advierte al empresario de la importancia de dichos concursos porque son contratos de 300 y 400 millones de euros y le propone ir a ver al conseller como hicieron poco antes con el entonces titular de Justicia, con el que supuestamente abordaron las contratas de los Palacios de Justicia.
Ortiz y Flores comieron ese mes de julio en un restaurante de Valencia y el encuentro fue grabado en vídeo por la Policía de Alicante. Ese mismo día Cortina le dice a Ortiz que le comente a Flores cómo orientar la presentación al concurso de los tranvías. En estas mismas escuchas Ortiz y Cortina también se refirieron a si una persona que no identifican había hablado con Gerardo Camps. Ortiz le comenta que si no le llaman recurriría a un amigo del conseller, el campeón de España de rallys, "que me lo colocó él" y "me está haciendo patrocinarle un coche", según las cintas.
(www.elpais.com, 28/10/10)
LA ALCALDESA DE ALICANTE: "SOLO PIDO A LA JUSTICIA QUE ME DEJE DEFENDERME"
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, presentó ayer un escrito ante el juzgado número 5 de Alicante, que instruye el supuesto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad (pieza separada del sumario general del caso Brugal), en el que pidió que levante el secreto de las diligencias para poder ejercer su derecho a la defensa.
La regidora, según el escrito inicial del fiscal Anticorrupción, está acusada junto a otras 21 personas, entre ellas Luis Díaz Alperi, su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, y el contratista Ortiz, de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. El fiscal sostiene que Castedo y Alperi recibieron regalos del promotor por favores urbanísticos. El escrito de acusación del fiscal fue difundido el lunes por la propia Castedo. En ese acto, la regidora rechazó las acusaciones y negó las supuestas dádivas de Ortiz, salvo un viaje en el yate del constructor. La alcaldesa también rechazó que en el nuevo PGOU, aprobado provisionalmente en mayo pasado, haya habido cambios a favor de Ortiz. "No consiguió nada de lo que pidió", sentenció.
Castedo insistió en su inocencia y argumentó que pide el levantamiento del secreto del sumario para evitar "un linchamiento mediático".
Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, negó cualquier relación con el caso Brugal e instó a que le lleven "al juzgado" si "hay algún delito" contra él. "No tengo nada más que hablar del tema. Quien ha organizado esa fiesta que la aclare", dijo.
(www.elpais.com, 28/10/10)
'FLAMENQUITO', MOJITOS Y 'MARISQUITO' EN EL YATE DE ORTIZ
El yate del poderoso empresario Enrique Ortiz fue escenario de fiestas, celebraciones y ágapes de lujo, regados con el mejor vino y champán, para que los dirigentes del PP de Alicante se reunieran y celebraran alguno de sus logros políticos.
Ya lo admitía, el 28 de agosto de 2009, la esposa del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll: "Con amigos como tú, qué suerte tengo, qué afortunada soy", dijo Margarita de la Vega, tras disfrutar de unas vacaciones en Mallorca a bordo del yate Elena, propiedad del empresario, principal imputado en el caso Brugal.
En la cubierta del barco, según se desprende de la investigación policial, al parecer también se brindó por la aprobación provisional del Plan Rabassa, el plan urbanístico de Alicante o el archivo del caso de los aparcamientos.
En la noche del 26 de junio de 2008 el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otros ediles populares, se enrolaron en el yate para festejar, según el sumario, el archivo por el Tribunal Supremo del llamado caso de los aparcamientos, que precisamente investigaba un supuesto trato de favor del Ayuntamiento a Ortiz por la modificación de tres aparcamientos municipales, y en cuya causa estaban imputados Ortiz, Alperi y Castedo.
El plan era cenar en el barco, ver el partido de las semifinales de Europa (España-Rusia) y luego contemplar, desde el mar, el castillo de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet, con motivo de las fiestas de San Juan. La policía identificó en el barco a Ortiz, Alperi, Castedo y a los ediles, Marta García Romeu, Sonia Alegría y Virgilio Ortiz, hermano del empresario.
La policía intervino una conversación del 25 de junio de 2008 entre el alcalde y el empresario, en la que quedó registrado cómo el alcalde confiesa: "Mañana va a salir ese tema, no sé si será buena idea, pero me la suda, podemos hacer una fiestecilla, invitar a los concejales que yo estime conveniente". "Preparemos un pequeño lunch", dice el empresario, a lo que el alcalde, contesta: "Nos tomamos unas cervezas y marisquito, yo te digo cuántos vamos, y lo hacemos en la cubierta de arriba".
En otra conversación, interceptada por la policía, el empresario advertía a su hermano de que no le dijera a nadie que iba "a venir Luis", en referencia al alcalde. En esas fechas también se acababa de aprobar provisionalmente el plan urbanístico y el Plan Rabassa de Alicante. En agosto del año pasado la esposa de Ripoll narraba cómo estaban en el yate "bailando flamenquito, con los mojitos y el champán", y agregó que durmieron "maravillosamente bien, nos bebimos cinco botellas de champán y caímos pumba".
(www.elpais.com, 28/10/10)
FLORES PIDIÓ DINERO PARA UN CLUB DEPORTIVO A UNA ADJUDICATARIA
Las conversaciones grabadas dentro de la investigación policial del caso Brugal afloran también peticiones de ayuda del consejero de Infraestructuras, Mario Flores, a una empresa adjudicataria de obras del tranvía. El director de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en la zona de Valencia, Teodoro Velázquez, transmite al constructor Enrique Ortiz (con quien formó una UTE que se adjudicó el concurso de "redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de variante ferroviaria de la línea 1 en el tramo de la Finca Adoc" por casi 32 millones) que Flores le pidió ayuda para un club deportivo.
Tras reunirse con el presidente del Club Balonmano Femenino Mar Alicante, José Antonio Navarro, el favor resulta una ayuda para el cierre de temporada de entre 60.000 euros y 70.000 euros.
El directivo de FCC evitó comprometerse hasta hablar con Enrique Ortiz, con quien quería compartir el favor, pero el empresario alicantino se niega "haciendo referencia a pagos anteriores a terceras personas, aludiendo incluso a su participación en diversos deportes -baloncesto y fútbol-". El propio presidente del club confirma a Ortiz que este encargo es "exclusivamente" para FCC. La cifra al final solicitada rondaba los 60.000 euros. Ortiz, en otra conversación, justifica que por el mismo concepto (el tranvía) ya "ha abonado" 60.000 euros.La investigación policial sobre este supuesto favor que Flores pidió a los empresarios adjudicatarios de obras del tranvía no concluye si finalmente los contratistas accedieron al requerimiento. No obstante, el informe incide en la amistosa relación entre Ortiz, Flores y el presidente de la entidad deportiva.
La Fiscalía Anticorrupción acusa de un supuesto delito de tráfico de influencias al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno. El fiscal basa su acusación en un informe policial de la pieza del caso Brugal que investiga supuesto trato de favor a Enrique Ortiz en el PGOU de Alicante. Los hechos supuestamente delictivos son la contratación por parte de Ortiz, "a requerimiento" del político socialista, de dos personas. En el escrito, el fiscal señala que la iniciativa de Moreno "se trata de presunto delito relacionado con los investigados respecto a Enrique Ortiz". El promotor, imputado en el sumario general del caso Brugal, está acusado en la pieza del PGOU de Alicante de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada.
El informe policial se produce a principios de 2010. En esas fechas, Moreno representaba al PSPV en la comisión municipal sobre la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, y cuyo máximo accionista es Enrique Ortiz. "La petición de favor efectuada por Roque Moreno cabe decir que es ciertamente irregular que se produzca cuando dicha persona forma parte de una comisión la cual va a decidir un tema tan relevante e importante para los intereses del empresario", señala el informe. En las escuchas telefónicas, el empresario y el dirigente socialista, secretario del PSPV en Alicante, conversan el 8 de febrero de 2010 y Moreno le recuerda a Ortiz: "No te olvides de lo del hijo de Vicente [Ronda]". En el informe, la policía tilda de "revelador que esa petición se produzca en el contexto que se produce y teniendo en cuenta los intereses que se deriven", que es colocar en INUSA al hijo del asesor del Grupo Socialista, Vicente Ronda, y a su mujer Carmen Llabata. Este periódico intentó sin éxito conocer la versión de Moreno.
El secretario general del PSPV en Alicante, precisamente, compareció ayer en una rueda de prensa con la candidata a la alcaldía, Elena Martín, que se mostró "indignada" porque el PP había convertido el Ayuntamiento en un "coladero de corrupción". Martín exigió "respeto" a la fiscalía, a los jueces y a la policía que llevan años investigando estas supuestas irregularidades y arremetió contra la alcaldesa, Sonia Castedo. "No entendemos que se pueda mantener en el cargo después de lo que se ha publicado", señaló Martín, quien no llegó a pedir la dimisión de la alcaldesa del PP. El PSPV de Alicante se preguntaba ayer "¿qué más pedía Ortiz que no se le ha concedido?".
El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, denunció gráficamente la situación con un esquema de las Cortes Valencianas en el que señaló en rojo que 13 de los 54 diputados del PP están salpicados por su vinculación a casos de corrupción. La ética democrática, en su opinión, debería llevar a Francisco Camps a disolver la Cámara autonómica. "Cada vez que los tribunales, la Fiscalía Anticorrupción o la policía investigan o comprueban cualquier hecho o circunstancia que tiene que ver con un responsable político del PP, siempre encuentran presuntos delitos y razones para investigar", añadió. El portavoz parlamentario de los socialistas, Ángel Luna, denunció la falta de explicaciones por parte del PP ante lo que calificó como "una asociación delictiva extendida en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana".
Por otro lado, la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, anunció que su formación se personará en el caso Brugal en lo que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, "para estudiar qué está sucediendo" y si ha habido tratos de favor a Ortiz por parte de cargos del PP, como sostiene el fiscal. EU pedirá, además, la paralización del planeamiento, que aún no está aprobado definitivamente. Y el portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, exigió a Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, que aclare su implicación.
(www.elpais.com, 28/10/10)
EL PP LLEVA AL PLENO EL CAMBIO DE URBANIZADOR DE UN PAI DEL 'CASO BRUGAL'
El pleno del Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP, aprobará previsiblemente mañana viernes el cambio de agente urbanizador en el programa urbanístico denominado PE/APA9, ubicado en Vistahermosa, al noroeste del término municipal. Este programa urbanístico es, según la investigación de la pieza separada del caso Brugal que afecta al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), uno donde supuestamente se produjo un trato de favor al promotor Enrique Ortiz. La supuesta ilegalidad estaría relacionada con dar más edificabilidad a este sector, según el escrito del fiscal anticorrupción, Felipe Briones.
El cambio de agente urbanizador supone que el adjudicatario inicial, Bancaja Hábitat, SL, cede sus derechos para urbanizar la citada zona a favor de Inmovist Inversiones Inmobiliarias, SL, empresa del grupo Ortiz. La colaboración entre ambas empresas no es un hecho aislado. Bancaja Hábitat, por su parte, participa, según las diligencias policiales, en la firma Deproinmed, SL, propiedad de Ortiz. En esta mercantil, el empresario integró el suelo adquirido en zonas protegidas de la ciudad con la intención de trasladar luego los aprovechamientos urbanísticos a otras áreas urbanizables.
El cambio fue aprobado esta semana en la Comisión de Urbanismo, con los votos a favor del PP y la abstención socialista, y por tanto solo queda el trámite plenario para que vea la luz verde. El programa urbanístico se aprobó inicialmente a finales del año 2003, aunque su tramitación se remonta a 1993, hace 17 años.
La propia alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, hizo referencia a esta supuesta ilegalidad recogida en el informe del fiscal en su comparecencia de prensa del pasado lunes. Castedo defendió la legalidad del proyecto y señaló que no hubo incremento de edificabilidad y que el sector se mantiene sin variación en el nuevo PGOU.
En su propuesta de acuerdo, el equipo de gobierno del PP justifica la aprobación del cambio de agente urbanizador en que "la cesión no menoscaba el interés general ni supone defraudación de la pública competencia en la adjudicación". También recuerda que la normativa permite que el urbanizador pueda ceder en escritura pública "su condición a favor de tercero que se subrogue en todas sus obligaciones ante la Administración actuante, con la condición que esta apruebe la cesión".
(www.elpais.com, 28/10/10)
EL SUMARIO DEL 'CASO BRUGAL' DESTAPA UN SINFÍN DE CORRUPTELAS DE CARGOS DEL PP
Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE.
La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos.
La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores. Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.
- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.
El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.
- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.
- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.
- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.
- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.
- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.
Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz.
Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.
(www.elpais.com, 28/10/10)
NUEVAS GRABACIONES DEL 'CASO BRUGAL' DEMUESTRAN LOS AMAÑOS DE ENRIQUE ORTIZ CON EL GOBIERNO DE FRANCISCO CAMPS
Las conversaciones grabadas por la Policía al promotor Enrique Ortiz en el marco del 'caso Brugal' desvelan cómo éste negociaba con los hermanos de varios consejeros del gobierno valenciano la adjudicación de obras pagadas con dinero público. En una ocasión llega a preguntar si es posible amañar un contrato ya adjudicado.
Las grabaciones que publican hoy 'El País' y 'El Mundo' desvelan cómo el promotor Enrique Ortiz hablaba abiertamente de cómo hacer negocio con personas muy cercanas al gobierno valenciano. Por ejemplo, en una conversación telefónica, Alberto de Rosa -el hermano del entonces consejero de justicia, Fernando de Rosa- le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de la construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna. Ortiz responde: "a partir de ahora nos presentamos a todo lo que salga". Acto seguido llama a un subordinado y le dice: "tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. Madre mía, madre mía".
En otra conversación con el hermano del consejero Juan Cotino, Ortiz le pregunta qué opciones tiene de cara a una adjudicación de parques eólicos. Este le dice: ólvidate. Ortiz le responde: "¿y no se puede amañar?". Vicente Cotino responde: "todo el pescado está vendido, el presidente se ha comprometido". En una tercera grabación, Enrique Ortiz reconoce al entonces alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi que ha quedado con Chema Pajín, el padre de Leire Pajín, para que le haga alguna gestión ante el director general de Carreteras. El alcalde responde: "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está".
Según cuenta 'El País', la nueva ministra de Sanidad dice que está "muy tranquila" y niega tajantemente que haya hecho "nunca ninguna gestión a favor del ex alcalde y muchos menos del empresario Enrique Ortiz".
Estas grabaciones corresponden al sumario de la operación Brugal, una trama que afecta a 21 personas, entre ellas la actual alcaldesa de Alicante y su predecesor, los dos del Partido Popular. Por cierto, en las últimas horas la fiscalía anticorrupción ha implicado también en este caso a un ex presidente y un directivo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y a dos cargos de Banjaca.
(www.cadenaser.com, 27/10/10)
EL EMPRESARIO ORTIZ CONTACTÓ CON FAMILIARES DE COTINO Y DE ROSA SOBRE ADJUDICACIONES DEL CONSELL
Las escuchas telefónicas al empresario Enrique Ortiz durante la investigación del caso Brugal han desvelado presuntas irregularidades en los concursos de la Generalitat para construir juzgados y para adjudicar el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. En dichas contratas aparecen como interlocutores con Ortiz dos hermanos del ex conseller de Justicia y actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, y del conseller de Bienestar Social, Juan Cotino. Mientras que con el Plan Eólico un hermano de Cotino le dejó bien claro a Ortiz que la adjudicación se sabía de antemano que iba a ser para Iberdrola por ser un "compromiso del presidente" -en clara referencia alusiva a Camps-, el camino parecía tenerlo más claro con los proyectos de Palacios de Justicia, donde el empresario alicantino reconoce al director de su constructora que "tenemos reparto" y le reprende por no haber optado a la construcción de los juzgados de Paterna, especialmente tras haber comido en Valencia con Fernando de Rosa.
El informe de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre "Palacios de Justicia" recoge varias conversaciones intervenidas en junio de 2008 a Ortiz con distintos interlocutores, entre ellos Alberto de Rosa, hermano del ex conseller de Justicia, Fernando de Rosa, Vicente Cotino, hermano del conseller y con dos empleados suyos. En las conversaciones sale a relucir el nombre de Miguel Morillo, director adjunto de sociedades participadas de Bancaja y con el que Ortiz forma parte de Diversia Concesiones y Servicios SL, empresa que está participada por Sedesa, Bancaja y Enrique Ortiz e Hijos y donde también figura Vicente Cotino "en calidad de presidente y consejero". El hermano de Cotino también llama al constructor alicantino para para hablar "de la concesión de los juzgados".
Esta mercantil celebró un consejo en Valencia el mismo día que Ortiz se reunió con el conseller Fernando de Rosa para "arreglar ese día todo", según señala el empresario en una de las escuchas. Cinco días después de esta reunión el hermano del conseller, Alberto de Rosa, llamó a Ortiz sorprendido por no haberse presentado al concurso para construir los juzgados de Paterna, una contrata de 10,7 millones de euros. A continuación, el dueño del Hércules llamó por teléfono al director de su constructora y tras comentarle que no se habían presentado al concurso de los juzgados de Paterna le dijo que "vamos a comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones" y "le voy pidiendo y no me presento. ¡Tócame los cojones! Y ahí tenemos un huevo de posibilidades". Acto seguido le insta a presentarse a todos los concursos de consellerias en la Comunidad y le espeta una frase muy explicativa: "Lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto Y aquí nos toca".
La Policía dedica otros tres folios del informe a las conversaciones referidas a "presuntas irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación, aún abierto, del Plan Eólico de la Generalitat Valenciana". Tras hablar Ortiz con Aurelio González Villarejo, actualmente ex socio del constructor y con intereses en el sector de las energías renovables, mantuvo el promotor una conversación con Vicente Cotino para proponerle optar al concurso con la empresa Diversia. "Olvídate", fue la respuesta del hermano del conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell. Ortiz le replicó que si no se podía amañar y Cotino le reconoció que "eso está el pescado vendido ya". El familiar del conseller añadió que el plan era para Iberdrola y precisó que "se ha comprometido el presidente". No contento con las explicaciones, Ortiz insistió en ver la posibilidad de presentarse y se ofreció a mediar con Mario Flores, conseller de Infraestructuras, cuyo departamento convocó el concurso. "No, Mario no pinta nada ahí.... Nada, olvídate. Hazme caso. No le digas nada a Mario. Lo metes en un aprieto", manifestó Cotino antes de despedirse. El informe concluye que Cotino tenía información de primera mano y que el Plan Eólico estaría adjudicado a Iberdrola por un compromiso del llamado "presidente", sobre el que la Policía no dice quesea Camps pero si "un cargo superior incluso al del propio consejero de Infraestructuras".
(www.levante-emv.com, 27/10/10)
ALPERI Y CASTEDO CELEBRARON EN EL YATE DE ORTIZ EL ARCHIVO DEL CASO APARCAMIENTOS
El yate del empresario Enrique Ortiz fue el escenario de una fiesta la noche del 26 de junio de 2008 en la que participaron el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, y otros ediles del equipo de gobierno, según revela el sumario del caso Brugal. La fiesta era la manera de celebrar el archivo que acababa de hacer el Tribunal Supremo del llamado "caso de los aparcamientos", que investigaba un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante a Ortiz por la modificación de los proyectos de tres aparcamientos municipales. En la causa estaban imputados tanto Ortiz, como Alperi y Castedo.
El plan era cenar en el barco y ver el partido de las semifinales de la Eurocopa que enfrentaba a las selecciones de España y Rusia y luego disfrutar del castillo de fuegos artificiales que esa noche se disparaba con motivo de las fiestas de San Juan.
Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía levantaron un acta de vídeo-vigilancia sobre los asistentes a la celebración, en la que identificaron a Ortiz, Alperi, Castedo, así como a la edil Marta García-Romeu, así como la Delegada de presidencia y Coordinación de Áreas del Ayuntamiento, Sonia Alegría, así como Virgilio Ortiz, hermano del empresario investigado.
La Policía captó varias conversaciones entre Ortiz y Alperi sobre los preparativos de la fiesta. El entonces alcalde le indicaba quiénes eran los ediles de su confianza que irían a la fiesta, entre ellos citaba a Sonia Castedo. "Sólo los de confianza, Sonia, Sonia, Marta, el de Comercio, que es de confianza, Andrés Llorens no puede venir porque se ha ido a Viena a ver el partido", aseguraba Alperi a Ortiz. El informe dice que el ex alcalde tenía dudas sobre invitar a una tal Suni. La concejal de Servicios Sociales, Asunción Sánchez Zaplana, es la persona a la que en el Ayuntamiento se conoce como Suni. De todas maneras, ésta no acudió a la celebración. En otra de las conversaciones interceptadas ese mismo día por la Policía, Ortiz llamaba a su hermano para invitarle al barco, aunque le hacía una advertencia: "No se lo digas a nadie porque va a venir Luis".
Uno de los aspectos sobre el que giró el caso de los aparcamientos fue la relación personal que existía entre Alperi y el empresario. El caso se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los magistrados no vieron indicios de delito sin investigar la causa y, tras la lectura de las diligencias, establecieron que la actuación del Ayuntamiento no había beneficiado a Ortiz. El fiscal recurrió al Supremo, pero el alto tribunal confirmó la decisión del TSJ valenciano.
(www.levante-emv.com, 27/10/10)
EL FISCAL PIDIÓ A HACIENDA INVESTIGAR LOS BIENES DE RIPOLL PARA VER SI COINCIDÍAN CON SUS INGRESOS
El fiscal Anticorrupción pidió al juez que Hacienda investigara el patrimonio del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, para ver si cuadraban las cuentas y guardan consonancia con sus ingresos. El planteamiento de Briones se enmarca dentro de las diligencias abiertas por un presunto caso de corrupción en torno a la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja, cuyo consorcio preside Ripoll, y forman parte de la documentación que el juez que instruye el caso, Carlos San Martín, entregó el viernes a todos los letrados personados y que ayer pidió que le fuera devuelta por haberse develado, por error, información bajo secreto de sumario.
Entre estos documentos se encuentra un informe elaborado por la Brigada de Banqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en el que se afirma, en relación al presidente de la Diputación, que "se viene detectando de manera muy apreciable diversas operaciones que estarían directamente relacionadas con el aumento considerable de su patrimonio". Y recuerdan los redactores lo que denominan el "aspecto central de la investigación", que es "el presunto pago en especie al presidente de la institución provincial de dos viviendas de la promoción Calamerced sitas en la avenida Pérez Galdón de Alicante (...) por un montante aproximado de un millón de euros".
No obstante, los investigadores precisan que "hasta que estos hechos puedan ser corroborados", durante el periodo del elaboración del informe, que fue entregado en el juzgado el 3 de noviembre del año pasado, "Ripoll habría adquirido un inmueble en un lugar privilegiado del centro de Alicante constatando nuevamente el continuo interés del presidente por la adquisición de capital inmobiliario".
La vivienda, como ya explicó Ripoll cuando se levantó el secreto de sumario y los primeros datos de este proceso salieron a la luz, se compró con una hipoteca de la CAM por 420.000 euros y se escrituró en el Palacio Provincial en un acto en el estuvieron presentes el director territorial de la CAM, Agustín Llorca, el notario Francisco Peral, Ripoll y su mujer. En este punto precisa el informe: "es significativa la falta de transparencia de este tipo de operaciones inmobiliarias. El día anterior se reunieron en la misma sede los mismos personajes, si bien por la entidad bancaria se personó Javier Villamón, marido de Otilia García Pertusa, concejala del Ayuntamiento de Alicante y persona allegada a la alcaldesa. Habida cuenta de las diferencias políticas entre el presidente de la Diputación y la alcaldesa, a pesar de que ambos pertenecen a la misma formación política, esta situación provocó en la persona de Margarita de la Vega (la mujer de Ripoll) una gran convulsión, motivo por el que se suspendió el acto y se emplazó para el día siguiente", cuando acudió Llorca por parte de la Cam y se formalizó la escritura.
De los datos recogidos por los investigadores se concluye en el informe, que se realiza en otoño del pasado año, que "Ripoll estaría interesado en la compra de un vehículo de la marca BMW, de la serie Uno", y apuntan que en las conversaciones con un tal Javier Benito, el presidente le comunica que la intención de comprarle un coche a su hija de las características del modelo citado "si bien insta a que sea de segunda mano o kilómetro cero, pero que esté bien equipado". Finalmente quedan en el concesionario el 23 de octubre sin que tampoco conste si al final el vehículo fue adquirido o no.
En otro momento del resumen de las pesquisas policiales se hace referencia a unas conversaciones mantenidas entre Ripoll y una hermana suya, María de los Ángeles, en la que se ponen de manifiesto, según la Policía, unos pagos por parte de la mujer al presidente de la corporación provincial. "Al parecer, dice el informe, estas cantidades las tendría que abonar Paco (por Ángel Francisco Ripoll Serrano), hermano de ambos, a través de María de los Ángeles, que actuaría como persona interpuesta y sería la encargada de remitir directamente esta cantidades al presidente". Los investigadores apostillan que de estas cantidades "no se especifican ni en cantidad ni en concepto, si bien Joaquín se apresura en comentar que no se haga ningún ingreso en su cuenta bancaria.
En otro informe posterior al anterior y entregado en el juzgado de Orihuela el 29 de noviembre de 2009 los investigadores concluyen que por "las conversaciones de interés analizadas (de Ripoll y de su mujer) se ha puesto de manifiesto el desmesurado patrimonio atribuible a ambos así como el uso de dinero en efectivo para abonar ciertos bienes o servicios cuya justificación en base a sus ingresos ordinarios como cargo público sería cuanto menos discutible". La Policía considera que es preciso "un estudio patrimonial riguroso" para "tratar de determinar y cuantificar la parte de su patrimonio que pudiera atribuirse a un enriquecimiento ilícito". Por ello se pide que Hacienda investigue, además de a Ripoll, a su mujer y a sus hijos, a los hermanos del presidente de la Diputación, a mercantiles relacionadas con familiares y a personas de de su confianza, como el director conservador del Parque Natural del Peñón de Ifach, Manuel Ferrándiz Oltra.
El presidente de la Diputación declinó ayer pronunciarse sobre cualquier asunto relacionado con el cas Brugal.
En el informe realizado por la Brigada de Banqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal aparece, dentro de los bienes supuestamente propiedad del presidente de la Diputación, una embarcación de recreo que finalmente no consta que pertenezca ni haya pertenecido en ningún momento a Ripoll. El informe recoge que "otros de los aspectos más significativos en la adquisición de diferentes bienes por parte de José Joaquín Ripoll es una embrocación". Y a continuación precisa que "en este contexto existen unas conversaciones en las que el presidente se pone en contacto con Perfecto Palacio y le traslada su intención de comprar una embarcación. Al parecer Perfecto dispone de una, concretamente un A3 TOMA de 13 metros. Quedan ambos para enseñársela a Joaquín en la Marina del Puerto de Alicante el 13 de octubre" de 2009.
La embarcación a la que se refiere el informe policial sería, contoda probabilidad, una DOMA A3 (aparecería TOMA por un error tipográfico), una motora de 12 metros de eslora y 3.90 de manga cuyo precio sobrepasa los 300.000 euros y que comercializa la empresa Astilleros Alicante, con oficinas en la capital y Guardamar.
Son embargo, ni hay constancia de que Ripoll se hiciera con este barco ni tampoco aparece en nombre del presidente de la Diputación ligado la propiedad de ninguna embarcación.
(www.levante-emv.com, 27/10/10)
"TENEMOS QUE PRESENTARNOS A TODO. AQUÍ NOS TOCA. ¡MADRE MÍA!"
Las conversaciones grabadas por la policía a Enrique Ortiz, todopoderoso empresario y promotor inmobiliario en la Comunidad Valenciana implicado en los casos de corrupción Gürtel y Brugal, han destapado nuevos indicios delictivos en la adjudicación de contratos por parte de varias consejerías del Gobierno de Francisco Camps y por el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato del anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos del Partido Popular.
En las conversaciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan diversas gestiones de Enrique Ortiz con personas muy próximas al Gobierno valenciano para negocios pagados con dinero público.
- Juzgados de Valencia. En una de las conversaciones, correspondiente a 2008, Ortiz habla con Alberto de Rosa, hermano de Fernando, entonces consejero de Justicia valenciano y hoy vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Alberto de Rosa le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna y este le responde que porque creía que Lubasa era la empresa que podía llevarse el mismo. El hermano del consejero le dice que Lubasa está en Villareal y ambos quedan para comer y Ortiz le dice: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero le contesta: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado de su empresa y le reprocha que no se hayan presentado al concurso de Paterna con la siguiente advertencia: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la Comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".
- Concurso eólico. Enrique Ortiz pretende sacar tajada del concurso de parques eólicos de la Comunidad Valenciana y llama al dueño de la empresa Sedesa, Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino, para preguntarle si se presentan al concurso con Diversia. Pero Cotino, que parece tener información privilegiada sobre ese proyecto multimillonario, le desanima: "Olvídate". Ortiz le insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?". Y Cotino le informa de que está "todo el pescado vendido", que el concurso está adjudicado de antemano porque se "ha comprometido el presidente", y aunque se presentarán diversas empresas, como Endesa o Acciona, se adjudicará a Iberdrola, que irá con Bancaja.
- Plan Rabassa de Alicante. El alcalde de Alicante en 2008, Luis Díaz Alperi, del PP, apremia al empresario Enrique Ortiz para sacar adelante el Plan Rabassa, la mayor operación urbanística en la ciudad de Alicante con el desarrollo de 13.500 viviendas en la periferia.
Por la conversación se deduce que el Ministerio de Fomento tiene en sus manos la aprobación definitiva del proyecto y falta la autorización del director general de Carreteras. A este proyecto se opuso la Delegación del Gobierno, porque no estaba garantizado el suministro de agua para la nueva población de las 13.500 viviendas, y también el PSOE. El regidor Díaz Alperi mete prisa a Ortiz: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo por Dios". Y el promotor inmobiliario le cuenta que ha quedado con "Chema Pajín", padre de la actual ministra de Sanidad, que entonces trabajaba como asesor en la Subdelegación del Gobierno, "a ver si me hace una gestión". El alcalde de Alicante le contesta: "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está".
La actual ministra y entonces secretaria de Organización del PSOE, afincada familiarmente desde hace años en Benidorm (Alicante), se mostró anoche muy tranquila sobre el contenido de estas conversaciones. Pajín sí quiso dejar claro que como diputada y destacada dirigente socialista de Alicante ha tenido durante años muchos encuentros y contactos con el alcalde popular, sobre muchos temas, especialmente en su época de secretaria de Estado de Cooperación. Pero negó tajantemente que jamás haya hecho ninguna gestión a favor del regidor, ni mucho menos del empresario Enrique Ortiz, y matizó que siempre ha sido contraria al denominado Plan Rabassa.
Sobre la mención en las conversaciones entre Ortiz y Díaz Alperi a su padre, la ministra comentó que en esa época su progenitor era asesor de la Subdelegación del Gobierno.
Previamente a esas conversaciones sobre la familia Pajín, Ortiz también habló con sus colaboradores sobre la manera de premiar a un cargo de la Dirección Provincial de Carreteras, dependiente de Fomento, para que ayudase en las autorizaciones necesarias para sacar adelante el Plan Rabassa.
"ME HA LLAMADO MI HERMANO..."
Alberto de Rosa es director general de Ribera Salud, una empresa privada que gestiona cinco hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. En junio de 2008, Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, entonces consejero de Justicia, habla con Enrique Ortiz:
Alberto de Rosa. Me ha llamado mi hermano y me dice, oye, que no se ha presentado Enrique a Paterna.
Enrique Ortiz. En Paterna... ¿A qué provincia pertenece Paterna?
A. de R. A Valencia.
E. O. ¿De cuánto era la obra?
A. de R. No lo sé, de 10 u 11 millones.
E. O. Eso es lo que me dijiste que estaba muy bien Lubasa.
A. de R. No, ese era Villareal.
E. O. Ostias.
A. de R. No pasa nada, oye.
E. O. Vamos a quedar, yo voy a dar orden a partir de ahora que todo lo que salga que nos presentemos.
A. de R. Perfecto.
E. O. Tenemos que quedar la semana que viene y comemos los tres.
A. de R. Vale, perfecto.
Ortiz habla luego con uno de sus empleados al que le explica: "Yo le llamo a Alberto de Rosa para comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones. Me dice, el de Villareal es para Lubasa pero el de Paterna puede ser, y ahora me llama y me dice, si no te has presentado. Le voy pidiendo y no me presento. Tócate los cojones. Y ahí tenemos un huevo de posibilidades, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!... Alberto, que nos llevamos de puta madre, me dice, pero Enrique ¿Cómo puede ser esto? Se ha quedado alucinado."
"ESTÁ EL PESCADO VENDIDO YA"
El 13 de junio de 2008, Enrique Ortiz llama a Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino. Ambos son empresarios, adjudicatarios de múltiples contratos de la Administración valenciana. Ortiz le pregunta si se presentan al concurso de los parques eólicos con Diversia.
Vicente Cotino. Olvídate.
Enrique Ortiz. ¿Eso no se puede amañar o qué?
V. C. Está todo el pescado vendido.
E. O. Ya, pero, y ¿quién está? ¿Quién está metido ahí?
V. C. Iberdrola, para él.
E. O. ¿Todo?
V. C. Sí.
E. O. ¿Y nada para nadie?
V. C. Es que van a traer a Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente.
E. O. Entonces no hay ni que pensar en eso.
V. C. Nada, no pierdas ni un minuto.
E. O. Es que me ha llamado gente de Eólicos de Castilla-La Mancha.
V. C. Nada, tú diles que no, que es mucha inversión o lo que quieras, pero eso está vendido el pescado.
E. O. ¿No vamos a ir nadie?
V. C. Irá Endesa, irá Acciona, irán los que tengan que ir, pero de acompañamiento.
E. O. ¿No hay manera de que nos metan en ningún lado a nadie?
V. C. Nada. De todas formas, yo el lunes he quedado con José Luis. Si quieres se lo digo, pero imposible.
E. O. Hombre, Diversia deberíamos. Yo, yo lo digo porque ¿quieres que le diga yo algo a Mario?
V. C. No, Mario no pinta nada ahí.
El concurso eólico fue adjudicado en junio del año siguiente a la empresa Iberdrola Renovables.
(www.elpais.com, 27/10/10)
LAS IMÁGENES QUE IMPLICAN A RIPOLL Y ORTIZ
Las conversaciones telefónicas y las imágenes de los seguimientos recogidas en el sumario revelan las estrechas relaciones entre los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll y el presidente de la Diputación de Alicante y las irregularidades en el plan de basuras de la Vega Baja.
13 de mayo de
2007
«Los técnicos
nuestros no
tienen ni puta
idea y los que
saben son los
otros»
Los
interlocutores
son Ángel Fenoll
y Rafael
Gregori, que
conversan sobre
la adjudicación
del plan zonal.
Ángel Fenoll:
Ellos ya están
preparando el
informe, ¿eh?,
Rafael Gregori:
Yo les voy a
explicar un poco
como tiene que
ser el informe,
porque lo que me
dijo éste. Es
que resulta que
los técnicos
nuestros no
tienen ni puta
idea y los que
saben son los
otros.
Fenoll: Ya, ya,
ya.
Gregori:
Entonces no
tienen ningún
arma de defensa.
Entonces, oye,
al final
quitarle algún
punto no es
nada,
Ángel.(...)
Fenoll: Ya, ya,
ya.(…)
(Ilegible), para
llamarle a José
Vicente para
decirle cómo lo
tienen que
hacer.
Gregori: Yo,
como voy a estar
con Antonio
Ángel…(…) Claro,
yo lo que tengo,
exactamente. Yo
lo que tenemos
que hacer es lo
siguiente, mira,
ya nos tenemos
que dejar,
porque yo le
comenté también
el tema del
terreno, ¿no?,
nos tenemos que
(ilegible) ya de
los terrenos,
los terrenos son
los que son y
ahí hay cinco
puntos, no hay
más, ¿entiendes?
Fenoll: Sí, sí.
Gregori:
Entonces tenemos
que tener algún
argumento
técnico.
Gregori y Fenoll
- 13 de mayo de
2007
«Tenemos que
intentar que la
puntuación sea
aproximada»
Rafael Gregori
le transmite a
Fenoll
expresiones casi
literales de
Ripoll y que
necesitan que la
puntualización
entre las
empresas se
aproxime.
Rafael Gregori:
Tenemos que
intentar por
todos los medios
que la
puntuación sea
aproxima, ¿no?,
y tengamos una
puntuación
aproximada..
Ángel Fenoll:
Sí.
Rafael Gregori:
Porque él dice
que él no puede
adjudicar con
esta diferencia
de puntos porque
mañana lo pueden
recurrir, ¿no? Y
nos pueden
tumbar.
Entonces, oye,
hay que intentar
como sea.
Ángel Fenoll:
Sí.
Gregori y Ripoll
- 6 de noviembre
de 2007
«Sí, eran dos
que eran de
distinto acceso,
que eran el D y
el E»
La investigación
policial
sostiene que
pudo haber pisos
a cambio del
contrato de la
basura y hace
referencia a la
siguiente
conversación
entre Rafael
Gregori y José
Joaquín Ripoll.
Rafael Gregori:
Oye, vamos a
ver. Me hace
falta que me
digas las letras
de los pisos que
queréis.
Joaquín Ripoll:
Espérate que te
lo mire y te lo
digo.
Rafael Gregori:
Míralo y me lo
dices.
Joaquín Ripoll:
Espérate, que lo
tengo aquí al
lado.
Rafael Gregori:
Porque había
varios quintos,
¿no?
Joaquín Ripoll:
Sí. Yo creo que
eran, a ver...
Rafael Gregori:
Eran dos que
eran de distinto
ascensor, creo,
¿no?
Joaquín Ripoll:
Sí, eran dos que
eran de distinto
acceso, que eran
el D y el E.
Rafael Gregori:
El D y el E,
¿no?
Joaquín Ripoll:
El D y el E, sí.
Rafael Gregori:
Vale. El cinco D
y cinco E.
Joaquín Ripoll:
Cinco D y cinco
E. D, de dedo y
E, de España.
Rafael Gregori:
Muy bien. Venga,
pues yo te los
dejo guardados.
Joaquín Ripoll:
Venga, de
acuerdo. Hasta
luego.
Rafael Gregori:
Venga Joaquín,
un abrazo, hasta
luego.
Ortiz y Gregori
- 3 de enero de
2008
«Te debo una
comida, pero de
rabo»
Ortiz, tras
conocer la nueva
adjudicación, se
lo agradece a
Rafael Gregori
al considerarle
«responsable en
cierta medida de
la decisión del
órgano
provincial»,
según se refleja
en el informe de
la policía.
Enrique Ortiz:
Nene, ¿qué?
Rafael Gregori:
No, no sé nada
aún no, pero eso
está todo...
Enrique Ortiz:
Sí, ya está, ya
está, chaval, ya
está.
Rafael Gregori:
Sí, entonces qué
me debes, una
buena
invitación, ¿eh?
Enrique Ortiz:
Te debo una
comida.
Rafael Gregori:
Una buena
comida.
Enrique Ortiz:
Pero de rabo.
Rafael Gregori:
¿Sí?
Enhorabuen,a
Enrique, ¿no?
Enrique Ortiz:
Ésta... ésta es
para
felicitarnos ,
se ha hecho un
trabajo bien
hecho.
Rafael Gregori:
Enhorabuena.
Ortiz y Gregori
- 4 de enero de
2008
«La semana que
viene quedamos y
preparamos un
viajito»
Enrique Ortiz le
pide a Gregori
que transmita su
agradecimiento a
una persona
«pudiendo estar
refiriéndose a
Joaquín Ripoll»,
dice el informe.
Enrique Ortiz:
¿Cómo estás?
Rafael Gregori:
Muy bien, ¿y tú?
Enrique Ortiz:
Muy contento.
Rafael Gregori:
Yo también,
enhorabuena,
tío.
Enrique Ortiz:
Muchas gracias,
oye, dile al
amigo... no le
he llamado...
Rafael Gregori:
No te preocupes.
Enrique Ortiz:
Es que no quiero
llamarlo...
sabes...
Rafael Gregori:
Eso es cosa mía.
Enrique Ortiz:
Dile que muchas
gracias , que lo
quiero mucho.
Rafael Gregori:
Y que tenemos
una comida
pendiente, un
viaje pendiente.
Enrique Ortiz:
La semana que
viene quedamos
un día, comemos
y luego nos
vamos,
preparamos un
viajito.
Gregori y Gomis
- 4 de enero de
2008
«Las cosas están
yendo por el
camino contrario
de la
investigación»
Rafael Gregori
charla con
Vicente Gomis.
Rafael Gregori:
A estos tíos les
seguirán
teniendo
pinchado el
teléfono por si
hay algún
movimiento más,
¿no?
Vicente Gomis:
Me imagino
Rafael Gregori:
Pero bueno (...)
es que las cosas
están yendo por
el camino
contrario de la
investigación,
porque de
repente, coño,
sale la
adjudicación y
no es para
ellos, ¿no?
Gregori y
Mangada - 9 de
enero de 2008
«Me dice que
quiere hablar
con Joaquín,
pero que sea yo
el interlocutor»
Gregori habla
con Ignacio
Mangada y le
explica que su
posición es de
interlocutor
entre Ortiz y
Ripoll para
lograr un
acercamiento
entre ambos.
Rafael Gregori:
... ¿Quién tiene
en el equipo del
Hércules que le
pueda dar a
Enrique
confianza?
Ignacio Mangada:
Si ya no me
refiero a eso,
si es el
acercamiento con
Joaquín, tío,
¿te parece poco?
Rafael Gregori:
... Lo bueno que
tenemos ahora,
Nacho, que es
demostrado, es
que él quería
una cosa y la
tiene.
(...)
Rafael Gregori:
Él me llama y me
dice que quiere
hablar con
Joaquín, y que
sea yo el
interlocutor,
entiendes, que
podía coger y
llamarlo él,
¿entiendes?
Ignacio Mangada:
No, porque
todavía los dos
no están
confiados.
(...)
Ignacio Mangada:
Hay que intentar
o que Enrique
monte una fiesta
en su barco o
que Joaquín la
monte en su
casa, o una
historia de
ésas, porque eso
sería…
Rafael Gregori:
(...) Joaquín
está en la
línea, que yo lo
tengo claro,
¿eh?, si no no
se menea así.
Ignacio Mangada:
Están en la
línea los dos de
...De que eso
tenga muy
buenas...
Rafael Gregori:
Y a nosotros nos
viene de puta
madre que
Joaquín esté
macho.
Gregori y
Mangada - 19 de
enero de 2008
«Joaquín ha
respondido; le
ha dado y le
puede quitar»
Gregori, con
aspiraciones a
presidir el
Hércules,
expresa en su
conversación
telefónica con
Ignacio Mangada
el poder que
cree tener sobre
Ripoll y cómo
prevé usarlo.
Rafael Gregori:
(..) Viene
Joaquín y me
dice, ¿qué,
Rafa, presidente
del Hércules,
¿no? Digo,
hostia.
Ignacio Mangada:
Ya, je, je.
Rafael Gregori:
Y digo, hostia
tío, Joaquín, no
me jodas tío, se
ve que el lunes,
el día del
partido, ¿no? Se
lo comentó
Enrique, tú y yo
tenemos el lunes
trabajo, eh tío,
porque también
yo estoy viendo
una cosa,
tenemos… tienes
que venirte un
día conmigo aquí
al promesas, hay
mucha gente tío,
está la ciudad
deportiva.
(...)
Rafael Gregori:
Nosotros tenemos
un arma que es
Joaquín.
Ignacio Mangada:
Enrique ha
jugado sus armas
también. A mí me
ha mareado
mucho, ¿eh?, con
el tema de
Joaquín, ¿eh?
Rafael Gregori:
Y Joaquín ha
respondido, ¿eh?
Que Joaquín le
ha dado y le
puede quitar,
¿eh?
Ortiz y Gregori
- 22 de abril de
2008
«Pepe le dio al
diputado el
ofrecimiento de
las parcelas
disponibles»
Ortiz le
menciona a
Gregori que José
Candel entregó a
un diputado un
listado con «las
parcelas
disponibles» sin
haber recibido
contestación y
le pide a
Gregori que
aproveche su
relación con
Ripoll para
acelerar el
procedimiento,
como se
desprende del
sumario.
Rafael Gregori:
Enrique, ¿cómo
estás?
Enrique Ortiz:
Buenos días, un
segundo, vamos a
ver, esto... la
semana pasada,
el martes...
Rafael Gregori:
Sí.
Enrique Ortiz:
Pepe le dio
al... al
diputado el
ofrecimiento
nuestro de las
parcelas que
tenemos
disponibles.
Rafael Gregori:
Correcto.
Enrique Ortiz: Y
no nos han
contestado.
Rafael Gregori:
Vale.
Enrique Ortiz:
Entonces hay que
decirle a...
Rafael Gregori:
A éste, sí.
Enrique Ortiz:
Eh... a Joaquín.
Rafael Gregori:
Ya sé, ya sé.
Enrique Ortiz:
Que nos
contesten, que
nos contesten ya
porque esto
está... hay que
acelerarlo.
Rafael Gregori:
Sí, sí, porque
fíjate como está
el periódico, la
prensa hoy, ¿no?
Habla Gregori -
28 de MAYO de
2008
Gregori:
«Joaquín no
quiere que sepa
nadie que va a
ir al barco de
Enrique»
El empresario
Rafael Gregori
le dice a un
miembro del
Hércules que el
viernes va a
cenar con
Enrique –Ortiz–
y que le llamó
Margarita –De la
Vega, mujer de
Ripoll– para ver
si los invitaba
porque parece
que se quieren
acercar a Ortiz.
Le informa de
que durante la
cena también le
comentará sus
planteamientos
acerca del
Hércules.
Ripoll habla con
Gregori - 31 de
julio de 2008
«Oye, el Nano
nos quería
invitar al
barco»
El presidente
de la Diputación
decide aceptar
la invitación de
Ortiz para
navegar por
Baleares.
Rafael Gregori:
Joaquín, ¿cómo
estás?.
Joaquín
Ripoll: muy
bien, oye, me
dijo mi mujer
que habías
hablado con ella
porque el nano
nos quería
invitar a....al
barco..
Gregori:
exactamente ,
si, si, si, nos
quería invitar
unos días
Ripoll: esto...
¿y cuándo nos
quiere invitar?
Gregori: cuando
queramos, él se
va.... él va a
ir a Palma, a
las Baleares con
el barco, este
año no se va a
ir a Italia
Ripoll: pero ¿a
Palma o a Ibiza?
Gregori: dice
que donde
queramos de las
islas
Ripoll: no,
donde quiera él,
a mi me da
igual, el
problema es para
coger el avión,
¿no?
Gregori: a mi me
contó que tenía,
él tenía atraque
en Mallorca,
no?, pero que él
iba ... podíamos
dormir
perfectamente
fondeando en las
calas, que no
había problema ,
digo, bueno,
pues yo se lo
comentaré y como
nos vamos a ver
esta noche no?
Ripoll: si
Gregori: le dije
a Margarita,
pues lo hablamos
esta noche, oye,
un momento, y lo
decidimos
Ripoll: hombre,
lo que pasa es
que ahí hay
mucha gente, al
final...follones.
Continúan
hablando
discutiendo de
fechas y
duración del
viaje. Al final
deciden ir de
miércoles (6 de
agosto) a
sábado. Gregory
habla con su
cuñado y le
cuenta la
invitación de
Ortiz. También
le advierte que
«Joaquín no
quiere que sepa
nadie que va a
ir en el barco
con Enrique».
Gregori habla
con Ortiz - 1 de
AGOSTO de 2008
«Mejor no
coincidir en el
mismo vuelo»
Gregori le
confirma a Ortiz
que van el día 6
Ripoll y su
mujer y él con
la suya.
Casualmente el
empresario que
regresó de Palma
por trabajo,
tenía previsto
volver ese día a
Mallorca y
deciden no
coincidir en el
vuelo.
Rafael Gregori:
oye, te confirmo
lo del
miércoles, lo
que no tengo es
la hora a la que
llegaremos,
¿eh?.
Enrique Ortiz:
pero hay…¿has
mirado ya los
vuelos?
Gregori: sí, me
dijo ayer
Joaquín, que hay
muchos vuelos,
¿no?, y que
enganchamos
seguro, ¿eh?
Ortiz: pero no
necesariamente
tenemos que
coincidir en el
vuelo.
El día 4
concretan.
Gregori: salimos
de aquí el
miércoles a las
tres y diez de
la tarde
Ortiz: yo vuelvo
en el de las
cinco, pero está
Malele, mi
hermano Virgilio
y todos, mejor
así que no
coincidamos en
el mismo.
Como
justificación a
la invitación el
informe policial
apunta a otra
conversación
mantenida entre
Ortiz y Gregory
el día después
de que el
Consorcio
Provincial
concediera la
adjudicación del
Plan Zonal. En
ella se comenta
como muestra de
agradecimiento
un viaje de
todos con Ortiz
de anfitrión.
Entretanto,
Gregori informa
a Fenoll del
viaje y éste le
pide que «lo
arregle». «Ya
sabes, fecha y
día», le dice el
empresario
oriolano a lo
que Gregori
responde «eso
esta semana te
lo dejo
arreglado».
Ortiz habla con
su mujer - 6 de
AGOSTO de 2008
«A Ri ponle en
el camarote VIP»
Como el
empresario llega
a Palma en un
vuelo posterior
llama varias
veces a su mujer
para asegurarse
de que los
invitados están
bien acomodados
Ortiz: bueno,
¿ya han llegado
ahí?
Maleles: ya han
llegado
Ortiz: ya, oye,
ponle a este en
el camarote
doble, en el
VIP, (…), a Ri,
a Joaquín, y al
otro en el
doble, ¿ya están
ubicados?
Maleles: Si oye
nos iremos sobre
las siete a
Palma de
compras,
Margarita y
Joaquín quieren
irse.
Ortiz habla Luis
Díaz Alperi - 6
de AGOSTO de
2008
Ortiz a Alperi:
«No digas nada
que me buscas la
ruina»
Ortiz le
explica a
Alperi, entonces
alcalde, que ha
invitado a
Ripoll al barco
y le pide
discreción.
Enrique Ortiz:
¿sabes a quién
tengo en el
barco ahora?, a
Ripoll (…)
ahora, ahora han
llegado, va a
estar dos días
aquí, hasta…ha
venido hoy y se
va el viernes.
Alperi le
pregunta
Ortiz: sí, lo
invité… a él y a
un amigo mío, a
Rafa Gregory y
anteayer me
llamaron, oye
Enrique, que
como nos dijiste
de ir, a ver si
podemos ir unos
días y tal,
digo, claro que
sí hombre y para
acá, y aquí los
tengo, ya te
contaré.
Ortiz (al
final): bueno,
ya te contaré,
ya iremos
hablando y te
contaré, pero ni
en broma por
favor no digas
nada que me
buscas la ruina.
www.levante-emv.com 27.10.10
ORTIZ PAGÓ AL HIJO DE ALPERI LAS ACCIONES DE UNA EMPRESA
El promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, colmó con una extensa lista de regalos al ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, del PP, para garantizarse un trato de privilegio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según recoge el escrito del fiscal Anticorrupción sobre esta pieza separada del sumario general del caso Brugal. Ortiz, que posee de manera directa el 25% del suelo urbanizable de Alicante y hasta el 70% con unión con otras firmas, es el cabecilla de esta trama, según el fiscal y la policía. El regalo más destacado de Ortiz a Alperi fue, según el fiscal, el pago de la cuota de constitución de la empresa Verass Operadores a Otto Luis Díaz Alperi, hijo del ex primer edil.
En esta causa, aún bajo secreto del sumario y que dirige el Juzgado número 5 de Alicante, el fiscal acusa a un total de 21 personas. Estas diligencias están en el DVD que el instructor del sumario general, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, entregó el viernes a las partes. Ayer, San Martín dictó una providencia exigiendo la devolución del DVD y la destrucción de las copias.
La lista de acusados en esta causa está encabezada por Ortiz, seguido de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y Luis Díaz Alperi, por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. También están implicados el ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, y el director de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil y, junto a ellos, Juan Zurita y José Cortina, directores generales adjuntos de Bancaja. Los cuatro están acusados de aprovechamiento de información privilegiada. La implicación de estos altos ejecutivos de la CAM y Bancaja estaría relacionada con la compra de suelo rústico en zonas protegidas para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras áreas urbanizables de la ciudad.
Entre el resto de los 21 imputados, sobresale María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz, en este caso por cohecho, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el ex concejal socialista Javier Gutiérrez, estos por los delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.
El resto dádivas que supuestamente recibió Luis Díaz Alperi del promotor Ortiz son éstas: gestión y posible pago de un viaje a la isla de Creta en jet privado, posible abono de determinadas viviendas a los tres hijos del ex alcalde a través de una sociedad interpuesta, finalización de una promoción de viviendas promovidas por Otto Alperi, pago de un palco para seis personas en el estadio Rico Pérez y posible entrega de una "cantidad grande" de dinero por parte de la esposa del contratista.
(www.elpais.com, 27/10/10)
FISCAL Y POLICÍA ACUSAN DE COHECHO A LOS DOS ALCALDES DEL PP DE ALICANTE
La Fiscalía Anticorrupción y la policía acusan a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y a su antecesor y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, de graves delitos de corrupción. El fiscal jefe de Alicante, Felipe Briones, considera que los dos políticos recibieron regalos del promotor y dueño del Hércules C. F., Enrique Ortiz, a cambio de favores urbanísticos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, aprobado provisionalmente en mayo de 2010.
La acusación del fiscal a Alperi y Castedo es consecuencia de las escuchas telefónicas del caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. En este sumario hay un centenar de imputados por cohecho, tráfico de influencias y fraude, entre ellos, el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz. Los dos pilares del sumario son la contrata de basura de Orihuela y la adjudicación de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. Las diligencias de la pieza de Castedo y Alperi las instruye el Juzgado número 5 de Alicante.
Entre los supuestos tratos de favor, la fiscalía y la policía destacan la reforma del estadio Rico Pérez a cambio de una futura recalificación del suelo y la compra de terreno por parte del promotor en zonas declaradas parques naturales para trasladar los aprovechamientos a otras áreas urbanizables de la ciudad.
El fiscal imputa a Castedo (concejal de Urbanismo de 2003 a 2010 y alcaldesa desde septiembre de 2008) los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal describe tres supuestos hechos delictivos. El primero está relacionado con una supuesta información privilegiada a Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU. En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. El segundo hecho delictivo se refiere a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con la edificabilidad en programas urbanísticos. Y el tercero se vincula a la remodelación del estadio Rico Pérez a favor de los intereses de Ortiz.
El escrito concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido de Ortiz: alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales de 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un Mini Cooper para una persona de confianza de Castedo a petición suya; solicitud a Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sus firmas...
El fiscal, según fuentes del caso, acusa de los mismos delitos a Díaz Alperi. En cuanto a las supuestas dádivas que el ex regidor pudo recibir del promotor, cita el viaje en el yate del promotor a las Baleares en el verano de 2008 y el pago de otro viaje en avión a Grecia.
Sobre las supuestas ilegalidades en las que pudo incurrir Alperi, el informe policial del caso Brugal destaca la compra de suelo en paraje protegido de Agua Amarga y en su área de influencia para trasladar luego los aprovechamientos urbanísticos en áreas urbanizables. En el primer caso, según la policía, Ortiz tuvo "como cooperante necesario" al subdirector de Bancaja, José Cortina. Los terrenos fueron integrados en Deproinmed, SL, propiedad de Ortiz y participada por Bancaja. La segunda operación, "por indicación del entonces alcalde Luis Díaz Alperi", según el informe, consistió en la compra de terrenos rústicos en los aledaños de Agua Amarga. En esa área el nuevo PGOU atribuiría un uso terciario para acoger el proyecto Ciudad de la Economía, impulsado por la CAM. La zona quedó finalmente como protegida y Ortiz integró el suelo en Deproinmed.
Por otra parte, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, restó ayer importancia al informe policial del caso Brugal que le vincula a una trama con Ortiz. "Es un informe policial incoherente, que ni conozco ni he visto", dijo.
Mientras, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró "que la situación del PP valenciano es insostenible, pero los valencianos lo limpiarán antes que la justicia".
(www.elpais.com, 26/10/10)
UNA TRAMA CON 20 RAMIFICACIONES
- 'Caso Brugal'. Trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante, cuya investigación comenzó en marzo de 2007. El caso lo dirige el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín.
- Pilares básicos. La contrata de basura de Orihuela y la adjudicación de la planta de basuras de La Vega Baja.
- Imputados. En el sumario general hay cerca de un centenar. Los tres principales acusados y, según la investigación, protagonistas de la trama, son el presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
- Tercera pata. Es la que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo PGOU de Alicante. La investigación de esta pieza, tras inhibirse el instructor de la causa general, ha recaído en el Juzgado número 5 de Alicante.
- Piezas subsidiarias. Estas causas investigan supuestos delitos electorales (pagos en efectivo de Fenoll a cargos del PP en siete pequeños pueblos de La Vega Baja).
(www.elpais.com, 26/10/10)
EL FISCAL IMPLICA EN EL 'CASO BRUGAL' A UN EX PRESIDENTE Y UN DIRECTIVO DE LA CAM, Y A DOS CARGOS DE BANCAJA
La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos.
El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.
Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.
El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.
El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.
La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.
Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución. En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).
(www.elpais.com, 26/10/10)
LA REGIDORA, SUS FACTURAS Y LA CAMPAÑA
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, compareció ayer por sorpresa ante la prensa para defenderse. Difundió el escrito que le había remitido la Fiscalía Anticorrupción y desgranó su versión arropada por buena parte de su equipo del Gobierno municipal. "[El empresario Enrique] Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", enfatizó.
Castedo calificó las referencias a los regalos como una "retahíla de despropósitos", y admitió solo el viaje en yate a Ibiza. De las vacaciones en Andorra mostró dos facturas a su nombre, una de El Corte Inglés de 2008 por 2.272,52 euros, y otra de Viajes Marsans por 1.820 euros de 2009. Respecto al Mini Cooper, exhibió la factura del pago del coche, que vendió Cívica (propiedad de Ortiz) a una persona de confianza de Castedo por 5.000 euros. Sobre la mediación con el empresario para contratar personas, la regidora dijo haberse valido de su influencia para ayudar a muchos en las firmas de Ortiz y "en todas con las que tiene relación este Ayuntamiento".
La alcaldesa trató de refutar cada acusación del fiscal de supuestos favores urbanísticos a Ortiz. Sobre el amaño de volumetría en distintos programas de la ciudad, señaló que el nuevo plan urbanístico no incrementa la edificabilidad en ninguna de las zonas aludidas. Y en referencia al estadio Rico Pérez, insistió en que ese suelo sigue siendo dotacional deportivo.
Sobre el supuesto pacto con Ortiz para favorecer el proyecto de remodelación del estadio en función de los intereses del empresario, dijo que la propuesta se frustró tras ser expuesta. "No es un asunto judicial. Es el comienzo de la campaña electoral", apostilló.
(www.elpais.com, 26/10/10)
EL FISCAL ACUSA A CASTEDO DE ACEPTAR UN MINI Y VIAJES DE ORTIZ A CAMBIO DE FAVORES EN EL PGOU
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, cree que la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación Brugal por beneficiar al constructor Enrique Ortiz a cambio de regalos, aunque ésta negó las acusaciones de trato de favor y las contextualizó en la precampaña electoral. En el escrito de Felipe Briones al juzgado número 3 de Orihuela (que lleva el caso Brugal) se enumeran, a partir de informes policiales, supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación con Ortiz, quien, además de constructor, es dueño del Hércules CF. Este empresario está imputado en este caso y aparece también en Gürtel como presunto financiador del PP.
El documento remitido por la Fiscalía, que lleva fecha de 17 de junio de 2010, propone que se impute a la alcaldesa por la presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El informe del fiscal, que fue repartido ayer por la propia alcaldesa, apunta a que ésta dio «en gran cantidad de ocasiones» información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó «a la medida» del empresario en «aspectos relevantes».
El fiscal Anticorrupción explica que la alcaldesa recibió «dádivas» del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, un viaje con familia y amigos en yate a Eivissa y un coche Mini Cooper descapotable.
Se refiere el documento de Briones a «apaños» en las zonas urbanísticas APA-9, «Lomas de Garbinet» y en el estadio Rico Pérez. El fiscal subraya aspectos relacionados con los índices de edificabilidad previstos en esos programas urbanísticos. Relata, asimismo, diversas llamadas. «El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que le pinte de azul tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor», afirma el fiscal.
Habla de otra llamada del 26 de junio de 2008 entre Ortiz y el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, para hablar del proyecto de remodelación del campo del Hércules CF «con la anuencia» de Castedo (entonces concejal de Urbanismo) y el ex alcalde Luis Díaz Alperi. Además de los citados presuntos regalos en especies, Briones le atribuye a Sonia Castedo peticiones a Ortiz para contratara a «personas de confianza». La alcaldesa compareció ayer arropada por todo su equipo de gobierno local para fijar su posición sin permitir preguntas.
Castado sí admite haber mediado tanto ante Enrique Ortiz como ante otros empresarios vinculados al ayuntamiento para tratar de dar empleo no a gente cercana a ella sino a alicantinos que sufren situaciones «dramáticas» por el paro. En su defensa, la alcaldesa subrayó que, salvo el viaje en el yate, todo es falso y mostró facturas que acreditarían que pagó personalmente el viaje a Andorra y el montante del vehículo, por lo cual calificó el informe del fiscal de «sesgado y no contrastado».
La alcaldesa sostuvo que en las tres zonas urbanísticas mencionadas no ha habido incremento de edificabilidad o recalificación alguna y, en todo caso, advirtió que «Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió». La alcaldesa lamentó la «tergiversación» de las acusaciones que le dirige el fiscal y le recordó que el PGOU es un documento público en el que es fácilmente demostrable «que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno», pese a las posibles «aspiraciones» que haya podido tener el dueño del Hércules.
Por ello, interpretó que las conclusiones del fiscal suponen quebrar «el principio de presunción de inocencia» y añadió que lo único que lograrán es «hacer ruido, despertar el morbo mediático» y, quizá, dañar su imagen política y personal. «No es un asunto judicial» sino «el comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político sino un enemigo al que hay que destruir» con una «condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable», según Castedo. «Sé que es difícil luchar contra la infamia y la difamación, sobre todo cuando parten de estamentos oficiales, pero lo voy a intentar con todas mis fuerzas», agregó la alcaldesa.
Estas investigaciones policiales y del fiscal se refieren a la parte del «caso Brugal» relacionadas con la tramitación del PGOU de Alicante, paralelas a otras como la del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, asunto por el que está imputado el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll.
(www.levante-emv, 26/10/10)
ANTICORRUPCIÓN VE INDICIOS PARA IMPUTAR A MÓNICA LORENTE Y A AMORÓS
La Fiscalía Anticorrupción ha visto indicios para imputar a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y al ex portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, por su implicación en las supuestas irregularidades para la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según el sumario del «caso Brugal» al que ha tenido acceso este diario. Los nombres de ambos aparecen en el listado de las 27 personas a las que el ministerio público pide que el juzgado investigue por estos hechos.
El sumario por las presuntas irregularidades en la ubicación del vertedero de la Vega Baja quedó paralizado en julio después de que el juez de Orihuela se inhibiera en favor de Alicante para que continuara la instrucción. Sin embargo, el juzgado de Alicante devolvió la causa a Orihuela y desde entonces está por aclarar qué magistrado debe continuar con las diligencias. Por este caso, se detuvo este verano al presidente de la diputación, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll y Rafael Gregory, entre otros.
Según el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, a Lorente podría imputarse un presunto tráfico de influencias y a Amorós el mismo delito, además de aprovechamiento de información privilegiada y cohecho. Ninguno de los dos está imputado formalmente, aunque ambos ya han recibido notificaciones del juzgado advirtiéndoles de que aparecen en la causa. El informe se presentó en el juzgado en junio, un mes antes de que comenzaran las detenciones por las que en julio volvió a estallar el escándalo. En cuanto a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, el fiscal cree que ésta pudo interceder para la adjudicación a Fenoll ante Ripoll debido a intereses electorales en la ciudad de Orihuela, «señalando públicamente el lugar de emplazamiento de la finca donde se ubicará la Planta de Gestión de Residuos antes de cualquier informe técnico».
El fiscal ve indicios para imputar a dos concejales de su equipo de gobierno. Uno es el edil de Infraestructuras, Manuel Abadía, que ya estaba imputado, y el otro es el quinto teniente de alcalde, David Costa Botella. Ambos habrían presionado a un técnico del Ayuntamiento, que era el responsable municipal ante el Plan Zonal, para que informara a favor de Fenoll. El fiscal ve también indicios de delito en la actuación del coordinador de campaña de Lorente, Pedro Meseguer, por interceder a favor de Fenoll ante Ripoll. Asimismo, considera que el actual diputado de Obras, Juan Molina, también pudo cometer delito por apoyar la opción de Fenoll y llegar a reunirse con Enrique Ortiz y Ripoll para buscar un acuerdo en el vertedero.
Respecto a Amorós, el fiscal considera que medió ante municipios gobernados por su partido para obtener apoyos para la opción del empresario oriolano Ángel Fenoll en el Plan Zonal. Para ello se basa en las conversaciones telefónicas intervenidas a ambos y los vídeos grabados por la Policía durante sus reuniones. Asimismo, Briones apunta a que el diputado provincial pudo transmitir información privilegiada a Fenoll en relación a la adjudicación a cambio de dinero. En esta línea, Amorós habría pedido pagos para él o para algún integrante del Consorcio Provincial.
La Fiscalía ve también indicios de tráfico de influencias en la actuación del hermano de Ripoll, Ángel Ripoll, y la ex directora del Canal 9 Genoveva Reig, en calidad de responsables de Canal 37 por sus gestiones para que Ángel Fenoll inyectara capital a la cadena. Al empresario oriolano se le prometieron contraprestaciones de la Diputación a cambio de invertir en dicha empresa.
(www.levante-emv, 26/10/10)
EL FISCAL ACUSA A LA ALCALDESA DE ALICANTE DE TRATO DE FAVOR A ORTIZ A CAMBIO DE REGALOS
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, del PP, de haber aceptado regalos -viajes y un turismo para una persona de su confianza, entre otros- del empresario Enrique Ortiz a cambio de supuestos favores en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún pendiente de la ratificación definitiva. El ministerio público, en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela que instruye el caso Brugal, centrado en una trama corrupta vinculada al negocio de la basura, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.
Castedo se ha encargado personalmente de difundir el citado escrito en rueda de prensa para refutar a continuación esas acusaciones. La alcaldesa, textualmente, ha sentenciado: "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió".
La acusación del fiscal, basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal, describe tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo en calidad de concejal de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008. El primero de estos hechos está relacionado con una supuesta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU. En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. "El día 3 de julio de 2008 se produce una cita con Enrique Ortiz para proporcionarle el plano del plan general y se interviene una conversación entre ambos en la que Enrique Ortiz reconoce que el plano entregado es uno que él ya poseía pero sin la última modificación", reza el escrito.
El segundo hecho supuestamente delictivo hace referencia a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con los índices de edificabilidad previstos en distintos programas urbanísticos, entre ellos el APA-9, el PAU-3, Lomas Garbinet y Rico Pérez. " El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que "le pinte de azul" tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor", afirma el fiscal.
Y el tercer hecho supuestamente delictivo está vinculado a la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, cuyo máximo accionista es precisamente Enrique Ortiz. "En fecha 26 de junio de 2008 se interviene una conversación entre Enrique Ortiz y Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez con la anuencia de Sonia Castedo, extremo este último que se confirma en la llamada al efecto", concreta el fiscal.
El escrito del ministerio público concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido presuntamente por parte de Ortiz para garantizar esos favores urbanísticos. La lista de regalos, que incluye su primera etapa ya como alcaldesa, es la siguiente: Alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un turismo de la marca Mini modelo Cooper para una persona de confianza de Sonia Castedo, a petición de esta última; solicitud a Enrique Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sociedades de su órbita.
Castedo, tras facilitar este documento y arropada por la mayoría de su equipo de gobierno, ha desgranado su versión sobre las acusaciones y ha advertido a los periodistas de que tras la exposición, y por consejo de sus abogados, no iba a responder a preguntas. Sobre los regalos que supuestamente recibió, que Castedo ha tildado como "retahíla de despropósitos", la regidora únicamente ha admitido el viaje en yate a Ibiza. Respecto a las vacaciones invernales en Andorra, h mostrado sendas facturas a su nombre en dos agencias de viajes distintas, sobre esos gastos. Sobre el regalo del Mini, también ha mostrado la factura del pago del coche, los gastos de gestoría y el alta en tráfico. Castedo no ha facilitado estos documentos que, asegura, remitiría al juez instructor de esta causa.
La regidora, sin embargo, ha reconocido que ha mediado con Ortiz para que contratara a personas: "Absolutamente cierto". "A la alcaldía de Alicante llegan a diario decenas de casos dramáticos de personas en situación de desempleo que lo están pasando mal. Cada parado es un drama familiar, y sí, me he valido de mis influencias para intentar que muchas de estas personas consigan trabajo, no solo en las empresas de Enrique Ortiz, sino en todas y cada una de las mercantiles con las que tiene relación este ayuntamiento. Y lo voy a seguir haciendo", ha enfatizado.
La alcaldesa ha intentado refutar una a una las distintas acusaciones del fiscal sobre los supuestos favores urbanísticos a Ortiz. Respecto al amaño de volumetría en las áreas urbanísticas APA-9, Lomas Garbinet y Rico Pérez, la alcaldesa señaló que estos programas fueron aprobados a principios de los noventa y que el nuevo PGOU no ha modificado ningún aspecto sustancial de los mismos. "No hay incremento de edificabilidad", asegura. Respecto al Rico Pérez, Castedo insiste en que ese suelo se mantiene como dotacional y deportivo en el actual planeamiento. "No existe atribución de aprovechamiento o edificabilidad al mismo", ha esgrimido. Y en relación con los supuestos amaños para favorecer el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, ha señalado que el proyecto al que alude el fiscal fue expuesto a la sociedad alicantina y a la oposición socialista y que, finalmente, se frustró.
Respecto a la acusación del fiscal sobre un pacto con Enrique Ortiz para favorecer sus intereses en el Rico Pérez mediante la recalificación del estadio la alcaldesa ha señalado que esa recalificación fue finalmente rechazada y ha justificado sus reuniones con Ortiz, en las que el fiscal basa su acusación de información privilegiada, en el marco de la vigente ley valenciana de urbanismo. Esta norma alude a la discreción de los ayuntamientos para mantener reuniones con colectivos ciudadanos y representantes afectados por un proceso urbanístico. "Quiero decir con esto que al señor Enrique Ortiz se le consideró entonces y se le considera ahora representante del Hércules Club de Fútbol, una entidad indudablemente representativa de esta ciudad".
"No es un asunto judicial. Es el comienzo de la campaña electoral", ha defendido con vehemencia Castedo. La regidora ha calificado de "jurídicamente inconsistente" el escrito que, a su juicio, solo conseguirá "hacer ruido, despertar el morbo mediático y que podría afectar a mi imagen política y personal". La alcaldesa ha concluido asegurando que el PGOU es un documento público al que se puede acceder gratuitamente desde Internet. "El documento final (aprobado provisionalmente en mayo de 2010) demuestra que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno de esta ciudad, por lo que no alcanzo a comprender por qué el fiscal no ha concluido su investigación", señala.
Por otro lado, la regidora ha omitido cualquier referencia a otra acusación del fiscal, la relacionada con la destitución de Pablo Suárez, concejal delegado de tráfico y seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Alicante, tras una amenaza del ex alcalde Luis Díaz Alperi al citado edil por negarse este a un determinado negocio que favoreciera a su hijo en un contrato.
Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución. En esta causa, y de acuerdo al informe policial adelantado por este periódico, también está implicado el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como el subdirector general de Bancaja, José Cortina.
En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta investigación son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).
(www.elpais.com, 25/10/10)
EL 'CASO BRUGAL' SALPICA A LOS NEGOCIOS DE ORTIZ CON BANCAJA
El informe policial del sumario del caso Brugal sobre las supuestas operaciones ilegales en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante revela que el contratista Enrique Ortiz tuvo la "cooperación" de un alto cargo de Bancaja. El informe policial asegura que el contratista se valió de la financiación de la entidad Bancaja y en especial de uno de sus máximos responsables, José Cortina Orrios, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL. En este punto el documento considera al ejecutivo de Bancaja como "cooperador necesario y máximo beneficiado de las gestiones irregulares".
La supuesta implicación del ejecutivo de Bancaja está relacionada con las operaciones realizadas por el promotor para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar luego los aprovechamientos a otras áreas urbanizables. Según el informe, el vehículo utilizado por ello fue la mercantil Deprominmed, SL, presidida por Ortiz y en cuyo consejo están representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat, SL. El informe señala que esta mercantil, mediante sucesivas ampliaciones de capital, "sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirán una vez se haya aprobado dicho plan [el PGOU]".
La operación de mayor calado en este apartado que recoge el informe policial se habría desarrollado en el humedal de Agua Amarga. Las diligencias concluyen que Ortiz dirigió "una operación prolongada en el tiempo para que por parte de la entidad financiera Bancaja, a través de uno de sus subdirectores José Cortina Orrios, se adquiera la mayor parte de terreno y se integre en la citada mercantil Deproinmed, SL. Mientras tanto, Ortiz procuraría que la redacción final del citado plan le confiera el máximo valor posible al terreno aportado", señala el informe. Bancaja declinó ayer comentar la implicación de su subdirector en el caso.
El informe sostiene que Ortiz tuvo "información privilegiada" del PGOU proporcionada por "altos cargos del Ayuntamiento de Alicante".El informe policial sobre las supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante destapadas como consecuencia de las escuchas telefónicas del caso Brugal constata un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al empresario Enrique Ortiz. Las diligencias policiales apuntan a la posibilidad de modificaciones del documento "a su voluntad [la de Ortiz]".
Las supuestas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante forman parte de una pieza separada del sumario del caso Brugal. El instructor se inhibió de esa parte. La causa recayó en el Jugado número 5 de Alicante. Su titular ha asumido la competencia, pero aún no ha dictado ninguna resolución.
Sobre la base del informe policial, el candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón, anunció ayer la posibilidad de "impugnar judicialmente" el documento. El PGOU de Alicante, tras una segunda exposición pública, fue aprobado provisionalmente el pasado mes de mayo.
En un comunicado oficial, el dirigente de EU resaltó que la larga tramitación del PGOU ha estado "salpicada" de irregularidades desde la rescisión del contrato al primer equipo redactor, dirigido por el arquitecto Lluís Cantallops, a principios de 2007. En esa fecha la alcaldía estaba en manos de Luis Díaz Alperi, del PP. Sonia Castedo, su sucesora desde septiembre de 2008, culminó la redacción final del documento.
Pavón denunció "el carácter opaco del proceso de redacción de un PGOU que se ha definido sobre la base de intereses privados y de espaldas a la ciudadanía". El candidato de la coalición de izquierdas exigió "explicaciones inmediatas tanto "a la ex concejal de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo, como al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, en relación con las graves acusaciones contenidas en los informes policiales".
Por otro lado, el concejal socialista Lalo Díez exigió ayer al equipo de gobierno que aclare los motivos por los que no se ha personado en la causa abierta al concejal Francisco Sánchez Luna, del PP, por supuesto cohecho y tráfico de influencias.
(www.elpais.com, 25/10/10)
ANTICORRUPCIÓN CREE QUE SONIA CASTEDO BENEFICIÓ A ORTIZ
El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación "Brugal" por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta ha negado las acusaciones de trato de favor y las ha contextualizado en la precampaña electoral.
Arropada por el equipo de gobierno local, Castedo ha realizado una comparecencia sin preguntas en la que ha repartido una copia del escrito dirigido por el fiscal, Felipe Briones, al juzgado número 3 de Orihuela que lleva el caso Brugal, donde a partir de informes policiales se enumeran supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación con Ortiz, además de constructor, dueño del Hércules CF.
El escrito de Briones facilitado por Castedo apunta a que ésta facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes".
Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y (estadio) "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.
En su defensa, la alcaldesa ha subrayado que, salvo el viaje en el yate, todo es falso y ha mostrado facturas que acreditarían que pagó personalmente el viaje a Andorra y el montante del vehículo, por lo cual ha calificado el informe del fiscal de "sesgado y no contrastado". Además, ha afirmado que en las tres zonas urbanísticas mencionadas no ha habido incremento de edificabilidad o recalificación alguna y, en todo caso, que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió".
(www.levante-emv.com, 25/10/10)
LA POLICÍA SEÑALA TRATO DE FAVOR A ORTIZ EN EL PGOU DE ALICANTE
Un informe policial recogido en las diligencias del caso Brugal revela un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al contratista y dueño del Hércules CF, Enrique Ortiz, en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. "Desde altos cargos del Ayuntamiento de Alicante se habría proporcionado a Enrique Ortiz información privilegiada respecto del contenido de dicho plan [el PGOU], pudiendo incluso haberse incluido modificaciones favorables al empresario alicantino a su voluntad así como permitirle adquirir ciertas zonas cuyo cambio en calificación le supondría ingentes beneficios", recoge la diligencia de Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante.
La revisión del PGOU de Alicante la comenzó el ex alcalde Luis Díaz Alperi, del PP, en la actualidad diputado autonómico, y la ha coronado su sucesora en el cargo, Sonia Castedo.
El informe centra las supuestas ilegalidades en ocho actuaciones urbanísticas, "si bien el máximo beneficio que obtendría [Ortiz] sería a través de las zonas protegidas de la ciudad y su posterior repercusión en zonas urbanizables", precisa. La policía destaca que Ortiz urdió el plan mediante la mercantil Deproinmed, SL, presidida por promotor, y en cuyo accionariado participa el Banco de Valencia. "Dicha mercantil sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirían una vez se haya aprobado dicho plan", dice el informe.
Mientras, el consejero de Economía de la Generalitat, Gerardo Camps, negó ayer su implicación en el caso Brugal, pese a que otro informe policial del sumario destapa una supuesta trama entre el consejero, Ortiz y el corredor de rallies Miguel Ángel Fuster.El informe policial del caso Brugal recoge ocho actuaciones supuestamente irregulares vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante: aprovechamientos urbanísticos del humedal de Agua Amarga y del parque de Fontcalent, compra de terrenos para el complejo Ciudad de la Economía, Estadio Rico Pérez, y aprovechamientos urbanísticos en la Condomina, PAU3, APA 9, y Pino Ruaya. El documento se sometió por primera vez a exposición pública en octubre de 2008 y se aprobó provisionalmente en abril de 2009. Luego hubo una segunda exposición y una nueva aprobación provisional en mayo pasado.
El caso más llamativo, por la polémica que ha generado en la ciudad, es el proyecto para la reforma del Rico Pérez. En este apartado, el informe señala que la recompra del campo por parte de la mercantil Aligestión, propiedad de Ortiz, al Ayuntamiento se materializó en abril de 2007, justo un año antes de que comenzara a exponerse públicamente el PGOU. Aligestión se hizo con el campo en subasta pública por 7,8 millones, un precio muy bajo, reseña el informe.
"Según se ha podido determinar, se habría producido un pacto encubierto por el que la mercantil Aligestión habría adquirido el estadio José Rico Pérez sabiendo que posteriormente sería recalificado, aprovechando el PGOU", recoge el informe. "Basándose en dicho pacto sucrito al parecer con el por entonces alcalde, Díaz Alperi, el empresario presentaría un ambicioso proyecto que incluiría una zona comercial en los alrededores del estadio, junto con un establecimiento hotelero", añade.
Ortiz presentó el proyecto que menciona la policía. Sin embargo, la sucesora de Alperi en la alcaldía, Sonia Castedo, lo rechazó ante la presión de los comerciantes. Los agentes concluyen que la solución propuesta y que al parecer incluiría el nuevo PGOU, "sería la de beneficiar ciertas zonas propiedad del empresario para financiar la construcción de un nuevo estadio en la zona de Rabassa a coste cero".
El PGOU mantiene la calificación de suelo dotacional y deportivo para el terreno del Rico Pérez. Y en cuanto a la ampliación, el nuevo campo se levantará sobre los cimientos del actual.
El grueso de las supuestas actuaciones irregulares del promotor Enrique Ortiz relacionadas con el PGOU de Alicante hacen referencia a la adquisición de terrenos en zonas protegidas del término de la capital, especialmente en el saladar de Agua Amarga, su área de influencia, y el paraje de Fontcalent. Ortiz, siempre según el informe, también habría ido acaparando suelo en la Condomina, PAU3, APA9 y Pino Ruaya ante la expectativa de que se verían beneficiados con los mayores aprovechamientos por el nuevo PGOU.
Según el informe, Ortiz compró terreno en estas áreas "al tener conocimiento" de que el PGOU iba a incrementar el porcentaje de aprovechamiento para permutar en otras zonas de la ciudad. "Siguiendo las indicaciones del por entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, Ortiz dirigiría una operación encubierta para lograr la adquisición de unos terrenos rústicos adyacentes a la zona protegida de Agua Amarga sobre las que el nuevo Plan General atribuiría un determinado uso terciario", señala el informe, que alude a un proyecto denominado Ciudad de la Economía.
El documento de planeamiento aprobado provisionalmente en mayo pasado mantiene las asignaciones de aprovechamiento a los parques naturales. En cuanto al sector de la Condomina redujo la edificabilidad (de 0,78 a 0,64) y los demás sectores conservan los porcentajes con los que fueron aprobados.
Enrique Ortiz declinó ayer comentar este informe policial. Mientras, la candidata del PSPV a la alcaldía, Elena Martín, instó ayer a la alcaldesa, Sonia Castedo, a que dé explicaciones sobre estas supuestas ilegalidades en torno al PGOU: "Es intolerable para Alicante que el PGOU sea el posible núcleo de una nueva trama de corrupción", dijo.
(www.elpais.com, 24/10/10)
EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, IMPLICADO EN EL 'CASO BRUGAL'
El consejero de Economía, Gerardo Camps, está implicado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja), según recoge uno de los informes policiales del sumario. Además, las diligencias también incluyen supuestas irregularidades en seis supuestos relacionados con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Carlos San Martín, instructor del caso Brugal, entregó ayer a las partes copia en formato DVD de las diligencias judiciales del sumario. El soporte digital incluye unas 18.000 páginas.
La implicación del consejero de Economía, Gerardo Camps, en el caso Brugal, según el informe policial al que ha tenido acceso este periódico, está relacionada con la adjudicación del palacio de congresos de Alicante y del Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, la adjudicación del mantenimiento y gestión integral de servicios de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones al Hércules CF. En estos hechos, junto al consejero de Economía, el informe incluye al promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y a Miguel Ángel Fuster, piloto de rallyes y amigo de Gerardo Camps.
El informe policial sobre las supuestas ilegalidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante señala siete actuaciones: Saladares de Agua Amarga, Ciudad de la Economía, Estadio Rico Pérez, Condomina, PAU 3, APA 9, Pino 9, y Fontcalent. En la mayoría de los casos, las supuestas irregularidades están relacionadas con operaciones del contratista Ortiz. No obstante, esas actuaciones no se han ejecutado como apunta el informe, o fueron aprobadas con anterioridad a la tramitación del nuevo planeamiento. En el primer supuesto se encuadra la operación para ampliar el estadio Rico Pérez, que no ha incluido recalificación y se levantará sobre el actual campo.
La de las posibles ilegalidades en la tramitación del PGOU de Alicante es la tercera pieza de relevancia que incluye el caso Brugal. Esta causa fue remitida por el juez instructor a Alicante. El juez en el que recayó, el titular del número 5, sí ha asumido la investigación. No obstante, este magistrado mantiene el secreto del sumario y no ha practicado ninguna diligencia, en espera de que el juez de Orihuela le remita todas las diligencias, y no solo los informes policiales. La tramitación del PGOU de Alicante comenzó con Luis Díaz Alperi, del PP, al frente de la alcaldía de Alicante. El documento ha sido culminado por la sucesora de Alperi en la alcaldía, la popular Sonia Castedo. Una hipotética imputación del ex regidor Alperi en estas diligencias implicará el traslado del sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dado que Alperi es aforado por su calidad de diputado autonómico.
Los dos pilares del caso Brugal son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. Por este segundo contrato, la investigación sostiene que el líder del PP de Alicante y, a su vez, presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, recibió dos pisos o su equivalente en metálico (cerca de un millón de euros) por supuestos favores de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Ortiz, en unión con la firma Cespa, fue el adjudicatario final de la contrata de basura de la planta del plan zonal de La Vega Baja. Unos meses después de la adjudicación se cambió el emplazamiento inicial de la planta a una finca propiedad del industrial Ángel Fenoll.
(www.elpais.com, 23/10/10)
EL FISCAL RECHAZA LA PERSONACIÓN DE AMORÓS EN 'BRUGAL'
El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha presentado un recurso al acuerdo del juez instructor del caso Brugal de aceptar, en calidad de imputado, la personación en las diligencias del ex portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós. El representante del ministerio público pide al juez que antes de aceptar la petición de Amorós resuelva el conflicto de competencia sobre esa pieza del sumario.
Esa parte del sumario investiga supuesto cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, se inhibió de esa parte en julio. El juez en el que recayó tampoco la aceptó y la devolvió al instructor. San Martín aún no se ha pronunciado sobre si la asume o plantea conflicto de competencia ante la Audiencia de Alicante.
Carlos San Martín dictó el pasado 22 de septiembre una providencia en la que aceptaba la petición de Amorós de personarse como imputado en las diligencias del sumario general del caso Brugal. En su recurso de reforma, el fiscal dice: "Es procedente que, por el juzgado actual [el número 3 de Orihuela] exista un pronunciamiento respecto a la competencia territorial, aceptándola o promoviendo cuestión de competencia, siguiendo la tramitación legal para ello. Entre tanto, la personación solicitada no constituye acto procesal cuya decisión suponga actuación judicial, ni urgente ni indispensable, y, sí, por el contrario, un acuerdo que afecta a la legitimación de las partes personadas en la causa".
El mismo argumento esgrime Briones para rechazar la personación de los vecinos de Torremendo como acusación particular. En este caso, el fiscal sostiene, además, que la personación debería ser como acusación popular.
(www.elpais.com, 02/10/10)
EL PP DE
ORIHUELA RECHAZA
DESTITUIR A LOS
CONCEJALES
IMPLICADOS EN EL
CASO BRUGAL
El equipo de
Gobierno (PP)
del Ayuntamiento
de Orihuela
rechazó ayer
destituir como
miembros de la
Mesa de
Contratación y
Junta de
Gobierno a los
tres ediles
imputados en el
caso Brugal
-Ginés Sánchez,
Antonio
Rodríguez Murcia
y Manuel
Abadía-, tras la
petición
formulado por el
Grupo
Socialista.El voto
mayoritario de
los populares
impidió que
prosperará la
moción durante
el pleno
ordinario
celebrado ayer,
cuya repercusión
ciudadana y
social estuvo
fuera y dentro
del edificio
consistorial.Instantes antes
del inicio del
pleno una decena
de militantes de
Izquierda Unida
y del Partido
Comunista se
concentraron
ante el
ayuntamiento
para protestar
por "los casos
de corrupción"
sucedidos en la
comarca
alicantina de la
Vega Baja.
Algunos interrumpieron en el pleno y mostraron pancartas con el lema "Contra la corrupción, movilízate", en referencia a la investigación judicial que trata de determinar supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja.
Poco después, mientras el concejal de Contratación, David Costa (PP), usaba su turno de palabra este grupo de personas abandonaron el salón plenario entre gritos y mensajes, como "Costa, algún día el pueblo te juzgará" y "algún día caeréis, fascistas".
Por lo que respecta al debate plenario, el voto mayoritario de los populares impidió que prosperará la iniciativa socialista durante el pleno.
El concejal socialista Carlos Bascuñana explicó durante la defensa de la moción que los concejales, imputados por delitos "graves", deben dar "explicaciones y aclaraciones públicas".
Los tres concejales populares quedaron en libertad sin fianza, aunque imputados, el pasado 9 de julio, después de ser detenidos tres días antes en relación con presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y revelación de información a funcionarios. Bascuñana aseguró que si estos concejales no dan explicaciones, deben ser cesados.
El concejal popular Antonio Lidón respondió que dichos concejales "se defenderán, pero no aquí".La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, dijo que es la oposición la que debería dimitir por "judicializar la política y presentar denuncias, muchas archivadas por un juez".
(www.levante-emv.com, 29/09/10)
EL FISCAL INVESTIGA A PROVEEDORES DE TORREVIEJA POR LA FINANCIACIÓN DEL PP
La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado las cuentas a al menos tres proveedores habituales del Ayuntamiento de Torrevieja por su supuesta implicación en la financiación del PP local con motivo de la campaña electoral de las municipales de 2007. El Consistorio y el PP están presididos por Pedro Ángel Hernández Mateo. El partido no ha presentado las cuentas de aquella campaña, cuyos gastos ascendieron a cerca de 450.000 euros, según una estimación del ex concejal del PP de la localidad José Antonio Montesinos.
La denuncia pública del ex edil sobre la ausencia de facturas de los gastos de la campaña ante los órganos locales del partido motivó la apertura de una investigación de oficio por parte del destacamento de Anticorrupción de Alicante. Entre los proveedores que el ministerio público investiga, se encuentra la emisora local de televisión, según han asegurado fuentes del caso.
El ex concejal Montesinos asegura que el presidente local del PP sigue sin presentar las cuentas ni facturas de la campaña electoral. "La falta de transparencia de Hernández Mateo en esta cuestión y en todo lo que afecta a las cuestiones orgánicas del partido es absoluta", asegura Montesinos. "Gestiona la junta local como si de un club de amigos se tratara, sin el más mínimo respeto a los estatutos del partido", añade. Montesinos exige la dimisión del alcalde y líder del PP local y advierte: "Tarde o temprano tendrá que presentar las facturas, o ante los órganos del partido o en el juzgado".
Esta falta de información fue lo que motivó que José Antonio Montesinos remitiera una larga carta al presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que narraba pormenorizadamente las supuestas irregularidades cometidas, entre ellas la ausencia de facturas.
EL JUEZ TIENE PENDIENTE REPARTIR MÁS DE 13.000 FOLIOS DEL CASO BRUGAL
Las partes personadas en la investigación del caso Brugal se encuentran en un compás de espera que podría prolongarse unas semanas más hasta recibir fragmentado en soporte digital el resto de un sumario al que dicen que hay que añadir 13.000 folios más. Todo después de que en las últimas semanas se hayan difundido más de 1.300 folios y 203 anexos.
Hay quien sostiene que lo esencial se encuentra en el informe policial que estudian desde principios de septiembre. Los hay que dicen que todavía aflorará otro informe que incluirá las transcripciones de la última fase de la investigación y el resultado de los registros policiales realizados el pasado 6 de julio tanto en el Ayuntamiento de Orihuela como en propiedades del empresario Ángel Fenoll.
Meses previos a la actuación policial que aportarían las claves de esta estructura de presunta corrupción político-empresarial en la que se unen nombres como el del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y parte de su equipo, con otros tan conocidos del mundo empresarial alicantino como Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.
El resto del sumario incorporará previsiblemente las declaraciones tomadas en el juzgado a los implicados, realizadas en el periodo en el que ha estado vigente el secreto de sumario. El propio juez Carlos San Martín, magistrado que soporta el grueso del proceso, habla abiertamente de "tramas". Hasta diecisiete. Repartidas al alimón entre los Juzgados de Orihuela -nueve- y Alicante -ocho-. Las principales relacionadas con la investigación centrada en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela.
(www.levante-emv.com, 26/09/10)
RIPOLL DESISTE DE PONER EL VERTEDERO DEL 'CASO BRUGAL' EN LA FINCA DE FENOLL
El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, dio ayer marcha atrás en su decisión de ubicar la planta del basuras del plan zonal de La Vega Baja, adjudicada a Enrique Ortiz en unión con CESPA, en una finca propiedad del industrial Ángel Fenoll. Ripoll optó por acatar una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante que anula la adjudicación en la finca del industrial oriolano.
Esta contrata, y concreto su emplazamiento en la parcela de Fenoll, es uno de los dos pilares del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura). En este sumario están imputados, entre otros, Ripoll, Ortiz y Fenoll, por supuesto cohecho y tráfico de influencias. La investigación sostiene que el líder del PP pudo lograr dos pisos o su equivalente en metálico (entre 800.000 y un millón de euros) a cambio del multimillonario contrato.
La comisión de gobierno del Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, integrado por los municipios de La Vega Baja y encabezado por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, acordó ayer, con la ausencia de los socialistas y el voto en contra del alcalde de Albatera, Federico Berná, del PP, acatar y no recurrir la sentencia que anuló la adjudicación. En su resolución, la juez emplazaba a la Diputación a ejecutar la planta en la ubicación mejor valorada inicialmente por los técnicos, el municipio de Albatera.
Ripoll no piensa mover ficha hasta que haya sentencia firme. El Ayuntamiento de Albatera, en cambio, sí ha presentado un recurso al fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Mientras, los socialistas abandonaron tanto la reunión de la junta de gobierno del plan zonal como la sesión del consorcio al entender que el proceso "está viciado" y que debe paralizarse por completo.
La reunión del consorcio estuvo precedida por una protesta a las puertas de la Diputación de Alicante convocada por Esquerra Unida. Al acto se sumó un centenar de personas que, entre otras consignas, gritaban: chorizos dimisión y basta de corrupción.Los socialistas acusaron a Ripoll de "vaciar de contenido" las reuniones convocadas ayer y buscar "evasivas y huidas", dijo la portavoz María Teresa Carbonell, que recordó como el líder del PP en Alicante hace unos pocos meses criticaba a Camps, imputado por el caso Gürtel cuando decía que "las manzanas podridas había que quitarlas", y ahora "no asume sus responsabilidades, ni da explicaciones". Raúl Valerio, alcalde socialista en Bigastro, recordó que tras un año de polémicas no saben "si el proceso está paralizado" y que les "falta la explicación de los técnicos para saber si tuvieron presiones para cambiar de ubicación". El edil socialista concluyó en que las reuniones de ayer "confirman que la falta de transparencia y el oscurantismo han impregnado la gestión del Plan Zonal".
Ripoll, en su comparencia tras las reuniones, no quiso entrar en el fondo del asunto de la adjudicación por la que se le investiga en la vía penal. Se limitó a criticar la "desbandada" socialista en el consorcio y tildó de "ilegal" la comparecencia de técnicos que pedían los socialistas, ya que en los plenos solo comparecen los políticos. "El PSOE no se ha querido manifestar si recurriría o no la sentencia", dijo Ripoll, que tildó de "rocambolesca" la ausencia de los socialistas de estas reuniones que habían pedido ellos mismos. Y sobre la petición del PSOE de paralización del proceso, Ripoll contestó que "no se puede parar algo que no se ha iniciado". La alcaldesa socialista de Guardamar, Marylen Albentosa, contestó que "carecen de información para decidir si acatan la sentencia o no".
El alcalde socialista de Benferri fue el único que se quedó en la reunión. La localidad de Albatera, gobernada por el PP, que votó en contra del criterio de su partido en la Diputación, confirmó que presentó el jueves un recurso.
Y mientras, en la calle, los simpatizantes de Esquerra Unida, repartían tapas de chorizo, y exigían la dimisión de Ripoll por "corrupto" y por su "irresponsable gestión de residuos".
(www.elpais.com, 26/09/10)
LA POLICÍA CREE QUE FENOLL PLANTEÓ SOBORNAR A RIPOLL CON EL DINERO QUE GANÓ CON LA FINCA
La investigación recoge que el empresario estaba dispuesto a compartir con el presidente de la diputación parte de los ingresos que obtuvo tras venderle a Ortiz La Pistola si a cambio obtenía beneficios de la incineradora de residuos prevista en Villena
Los intereses del empresario oriolano Ángel Fenoll para hacerse con el negocio de las basuras llegaron hasta Villena y si para obtenerlos había que "tantear" al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, se hacía. Según el informe policial integrado en el sumario sobre la investigación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, Fenoll estaba dispuesto a ofrecer a Ripoll una parte del dinero que ganó con la venta a Ortiz de la finca La Pistola a cambio de que el presidente intercediese en favor de sus intereses.
Según el informe, Fenoll buscó favores de Ripoll para sacar provecho de una inversión previa en suelo que había efectuado en Villena vinculada, según la Policía, a la previsible construcción de una planta incineradora de basuras. En todo momento, el mediador de nuevo vuelve a ser Rafael Gregory, quien conversa en varias ocasiones con Fenoll sobre una finca en Villena de la que quiere que Ripoll esté "muy pendiente".
Y es que el informe policial refleja que, según se desprende de las conversaciones, Fenoll no podía malgastar los 200.000 euros que pagó por unos terrenos en Villena, los cuales podrían servir para ubicar la futura planta incineradora, planteada en Villena, de la que no se ha sabido nada en los últimos meses tras el rechazo popular.
El informe no apunta a una información previa del empresario para hacerse con los terrenos, pero Fenoll compró tierras en Villena (vuelve, además, a usar la metáfora de "los limones" para referirse a las fincas) que luego rentabilizaría con la incineradora de residuos en la que Fenoll, según el informe policial, tenía interés en su adjudicación, construcción y explotación. Los negocios de Fenoll en Villena aparecen vinculados en el informe policial a las presuntas contraprestaciones que desde la Diputación provincial se otorgarían al empresario oriolano al desembolso económico en la televisión local Canal 37. Rafael Gregory era el encargado de hacer llegar al presidente los mensajes de Fenoll, según deduce en el informe policial.
En referencia a estos "negocios" en Villena, la Policía cita claramente cómo de nuevo Fenoll y Gregory utilizan un lenguaje cifrado para entorpecer la labor policial, casi siempre recurriendo a términos agrícolas. La referencia a "los limones" la empleaban, según el informe policial, para referirse a las fincas que adquirió Fenoll, aunque también se apunta a que podría tratarse de otros terrenos o inmuebles.
Villena es una de las localidades donde la Generalitat Valenciana planteó una planta incineradora de residuos (se llegó a barajar también Xixona) y prácticamente se daba por hecho su instalación, si bien una fuerte oposición vecinal consiguió paralizar la decisión. Se trata de una de las poblaciones de la provincia con un fuerte movimiento popular en contra de la política autonómica de residuos, al igual que lo ha sido la pedanía de Torremendo para evitar la instalación de un vertedero en sus límites.
"No es pedir y ya está, nosotros arreglamos los temas"
FENOLL Y GREGORY. 22 de septiembre de 2009
Gregory llama a Ángel Fenoll nada más terminar una breve conversación telefónica con José Joaquín Ripoll en la que se citaron para el día siguiente.
Fenoll: Cuando puedas tienes lo que tú sabes, es decir, lo de Villena con tiempo, ¿eh?
Gregory: Eso está dicho y mañana por la mañana yo tengo una reunión, está dicho pero... mañana lo voy a recordar otra vez.
Fenoll: Vale, vale, vale.
(Se despiden).
FENOLL Y GREGORY. 2 DE DICIEMBRE DE 2009
Fenoll: Oye... te hablo asi? en ese tema, eso... dile que por todo el oro, vamos, por todo el tema, que el tema ese que tu? sabes que hablamos, de... la venta, de la finca de Villena, eso...
Gregory: Esta finca, este fin de semana estoy ahi? y te digo...
Fenoll: Que a ver si hemos puesto ahi? 200 mil euros y la hostia
Gregory: Cuenta con ello, te lo prometo yo.
Fenoll: ¿Sabes?
y tu? dile que
oye, que luego
por los limones
si hay que darle
de la finca o lo
que sea...
Gregory: Ya,
esta? claro.
Fenoll: En eso no hay problema, que eso lo sabemos hacer nosotros.
Gregory: Correcto, correcto.
Fenoll: ¿Sabes?, que el alquiler se paga y ya está.
Gregory: Muy bien.
Fenoll: Que no hay ningun problema, que no es, aparte no es de pedir el tema y ya esta?, no, no no, que nosotros arreglamos los temas.
(www.levante-emv.com, 19/09/10)
LA PROMOTORA DE LOS PISOS DE PÉREZ GALDÓS, VINCULADA A GREGORY, ES UNA FILIAL DE ECISA
La investigación policial del "caso Brugal", en referencia al Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, incluye un listado de la composición de los órganos de Administración de Cala Merced S.L., promotora dedicada a la adquisición de fincas rústicas y urbanas que desarrolló junto con Ecisa la promoción de viviendas de la avenida Pérez Galdós de Alicante donde supuestamente dispondría de dos pisos José Joaquín Ripoll como contraprestación a su mediación en la adjudicación del Plan Zonal, según las investigaciones. El informe policial explica que Cala Merced es una filial de Ecisa Corporación Empresarial S.L., del empresario alicantino Manuel Peláez Robes. El empresario figura en los órganos de administración de Cala Merced como apoderado, consejero y consejero delegado en los años 2004 y 2009. Asimismo, en los órganos de Cala Merced también figura como consejero y vicepresidente en el año 2004 José Gregory Seguí, padre del imputado y amigo de José Joaquín Ripoll, Rafael Gregory.
A lo largo del informe policial, son varias las ocasiones en las que Rafael Gregory habla con distintos miembros de Ecisa, entre otros con Manuel Peláez, haciendo referencia a "lo de Cala Merced". Rafael Gregory y su mujer tienen dos pisos en la citada promoción, en la cuarta planta. Los inmuebles que presuntamente servirían para compensar a Ripoll (y que el mismo presidente de la Diputación visitó junto a su mujer) estarían en la planta quinta y su valor en el mercado se acercaría al millón de euros, siempre según el informe policial que obra en el sumario.
(www.levante-emv.com, 19/09/10)
PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP EN CINCO MUNICIPIOS DE ALICANTE
Ángel Fenoll, el empresario que encabeza el listado de imputados en el caso Brugal, no sólo financió presuntamente al PP en Orihuela , sino, además, en otros cinco municipios de Alicante, desde el año 2003, según el segundo informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales incluido en la instrucción de este proceso judicial.
El informe, al que ha tenido acceso la Ser, evidencia vinculación de Ángel Fenoll con los alcaldes de los municipios alicantinos de Algorfa, Rafal y Jacarilla, donde gobierna el Partido Popular. Entre 6.000 y 9.000 euros recibieron supuestamente los populares en esas tres localidades pocos días antes de la campaña electoral municipal de 2007. El empresario de los servicios de recogida de basura también entregó, presuntamente, 6.000 euros a los portavoces del PP, ambos en la oposición, en las localidades de Bigastro y Pilar de la Horadada.
Joaquín Ripoll
Todos esos municipios forman parte del plan zonal de residuos de La Vega Baja, una parte del sumario del caso Brugal, en el que está imputado el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. La contrata de la basura del plan zonal de la Vega, por un valor de 250 millones de euros, fue adjudicada al empresario Enrique Ortiz, amigo de Ripoll, de quien habría recibido como contraprestación, según la investigación, dos lujosos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros. El informe apunta, aunque no de manera taxativa, que la financiación de ambas casas podría proceder de la operación de compra de una finca a Ángel Fenoll por partede Ortiz para ubicar la planta de residuos.
Sobres con dinero
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales pone de manifiesto, además, cómo en la vivienda del empresario Ángel Fenoll la policía encontró un gran número de sobres preparados con dinero de los que el industrial no pudo aportar respuesta convincente sobre su origen o destino. Los agentes piensan que esos sobres iban destinadas a financiar campañas del PP o a asegurarse la continuidad de sus contratas de recogidas de basuras.
Ricardo Costa
El informe también menciona a Ricardo Costa, el ex secretario del PP en la Comunidad Valenciana. Fenoll estaba muy interesado en la lista de la candidatura del PP en Orihuela, el municipio donde el empresario consiguió el contrato de la recogida de residuos sólidos, tras las elecciones municipales de 2007.
Orihuela
Los orígenes del caso Brugal están en las elecciones municipales de Orihuela de 2007, que llevaron a la Alcaldía de Orihuela a Mónica Lorente, una apuesta de Ripoll (en la foto, Lorente junto a Ripoll). Una llegada al poder del PP que permitió que el empresario Ángel Fenoll, principal imputado en esta trama de corrupción, consiguiera la adjudicación de la contrata de la basura en ese municipio. La gestión de la basura en Orihuela constituye la otra parte de este caso, junto con la contrata de la Vega Baja.
(www.elplural.com, 18/09/10)
La oposición pide a Lorente que dimita por ser "cómplice" de Brugal
El PP acusa a los socialistas de "judicializar" la vida política en Orihuela
El PP de Orihuela aplicó el rodillo de la mayoría absoluta, pese a las ausencias de las concejales Eva Ortiz y Araceli Vilella, para rechazar las cuatro mociones presentadas por la oposición relacionadas con el caso Brugal. Por 12 votos en contra del PP, y 11 a favor (PSOE, Verdes y Centro Renovador Liberal), ninguna moción prosperó.
Con un salón de plenos abarrotado de vecinos, mitad a favor del PP y mitad en contra, la tensión afloró en diversos momentos de debate. Sobre todo cuando el concejal Manuel Culiañez, de Los Verdes, pidió la destitución del director del gabinete de alcaldía, Pedro Meseguer, que en las grabaciones de la policía incorporadas al sumario del caso Brugal pretendía usar el DNI de una mujer fallecida para votar al PP, y la dimisión de Mónica Lorente, alcaldesa de Orihuela, por ser "cómplice necesario" en esta trama de corrupción política empresarial.
"No es un juicio penal, es político y deben asumir responsabilidades", dijo el edil en la oposición. El concejal del PP, Antonio Lidón, acusó al resto de partidos de "judicializar la vida pública e inventar falacias" y aseguró que ellos "están muy limpio". La oposición exigió a la alcaldesa su dimisión porque "representa a la corrupción".
Durante el largo pleno, en el que se vivieron momentos de tensión entre oposición y gobierno, el PP insistió en que "el tripartito" en la oposición se ha dedicado a judicializar la acción política en Orihuela y a ir "perdiendo sistemáticamente" todos los recursos, según recordó el portavoz del PP, David Costa.
La portavoz socialista, Antonia Moreno, contestó: "No queremos que roben, ni que vayan al juzgado". Y resumió que el problema de todo es que "mezclan lo público con intereses privados". El portavoz del Centro Renovador Liberal, Manuel Mancebo se preguntó: "¿Dónde está el dinero?" Y tildó de "fraudulento" todo el proceso de adjudicación de la planta. La alcaldesa, Mónica Lorente, tuvo que intervenir en reiteradas ocasiones para poner orden en la sesión.
www.elpais.es 18.09.10
Fenoll movilizó a su familia en los pagos a cargos del PP
Uno custodiaba el dinero, otro metía los billetes en sobres (remesas de 3.000 a 9.000 euros) y un tercero hacía de correo. El industrial Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante), movilizó a su clan familiar en los días previos a las elecciones municipales de mayo de 2007 para hacer llegar a cargos del PP de cinco municipios de La Vega Baja aportaciones en metálico para actos electorales. La ilícita actividad de Fenoll está recogida en los informes policiales de cinco de las 20 piezas en las que el instructor ha desglosado el sumario. En uno de los informes, los agentes apuntan a que Fenoll comenzó esa práctica en 2003.
Estas partes del sumario afectan a cinco pueblos. La policía, sobre la base de las conversaciones intervenidas, mantiene que los supuestos receptores de los pagos fueron los alcaldes de Rafal, Algorfa y Jacarilla, José Arronis, Antonio Lorenzo y José Manuel Gálvez, respectivamente, y los líderes del PP en Pilar de la Horadada y Bigastro, Francisco Lancharro y Aurelio Murcia. En los tres primeros municipios Fenoll tiene la contrata de la basura. En los dos últimos, gobernados por los socialistas, el contrato lo explota otra firma.
"He hecho tres sobres"
En una de las escuchas telefónicas incluidas en el informe referido a Jacarilla, Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel hablan del reparto de los sobres.
Ángel Fenoll: ¡Ah! que le den por culo. ¿No se le han dado nueve mil euros?
Antonio Ángel Fenoll: No, a ese seis mil.
A: Entonces nueve, ¿para quién era?
A. A.: Para el otro.
A: ¿A quién?
A. A.: Para el Mora.
A.: ¡Ah!, nueve para el Mora.
A. A.: Lo dijiste tú así, a ver si luego... he hecho tres sobres.
Los agentes concluyen en los cinco informes que en el registro efectuado en el domicilio de Ángel Fenoll con motivo de su arresto el 30 de mayo de 2007 encontraron gran cantidad de dinero dividido en sobres, "sin ningún tipo de leyenda, no pudiendo aportar el detenido respuesta convincente sobre su origen o destino". Los pagos ilegales de Fenoll en estos pueblos se suman a los que efectuó al alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez Trigueros, del PP.
www.elpais.es 18.09.10
FENOLL TENÍA EN CASA SOBRES CON DINERO PREPARADOS PARA SOBORNOS
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitals de la policía sobre el caso Brugal evidencia que del registro practicado en el domicilio del empresario Ángel Fenoll, el 30 de mayo de 2007 y de algunas de las conversaciones grabadas con autorización judicial, se desprende la existencia de sobres de dinero para sobornos a políticos. El informe subraya una frase que repite en varios de estos procedimientos: "...Recordar de nuevo por último que en el registro de Ángel Fenoll Pérez pudo intervenirse gran cantidad de dinero dividida en sobres sin ningún tipo de leyenda, no pudiendo aportar el detenido respuesta convincente sobre su origen y/o destino. Para esta instrucción (se refieren los propios agentes) dichos sobres podrían estar dirigidos a realizar pagos como los descritos en la presente exposición, de carácter claramente irregular".
La policía es incapaz de precisar el número de sobres y la cuantía que se encontró en cada uno de ellos, pero sostiene sin lugar a dudas que son "pagos irregulares". De hecho, la Policía llega a sus propias conclusiones sobre cómo se organizaba estos pagos. Ángel Fenoll está cogido en la investigaciones por la interpretación que los agentes realizan de las escuchas. Por nada más. Ésto es uno de los motivos que hacen sospechar a los letrados que estos procedimientos se archivarán ahora que se ha levantado el secreto de sumario.
Sobre dicha organización de pagos, el informe señala que Fenoll tenía que reunirse con una serie de candidatos del PP en municipios en esas fechas "para entregarles algo" sin precisar el informe policial el qué, aunque a continuación expresan los agentes su convencimiento de que se se trataba de dinero y que éste era "custodiado" (que es el término que utilizan) por la esposa del empresario, mientras que su hijo sería el encargado de "repartirlo". Los sobres, siempre según la investigación, los "preparaba" Ángel Fenoll pero en esa época debieron de ser tantos, aseguran los policías, que había uno, a nombre de Meroño, "no recordando ninguno de los dos (ni Ángel ni Antonio Ángel) de quién puede tratarse". La publicación por este diario de otro informe del "caso Brugal" donde se relata la supuesta colaboración que Fenoll prestó a cabezas de lista del Partido Popular (PP) en la Vega Baja los días previos a las elecciones municipales de 2007 cayó ayer como un jarro de agua fría en los ayuntamientos de Algorfa, Bigastro, Jacarilla, Rafal o Pilar de la Horadada.
Quien dice que se beneficiaron de ayudas de Fenoll para sufragar los cuantiosos gastos económicos que conlleva cualquier campaña electoral es la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía. Así lo sostiene en otros cinco informes del "caso Brugal", repartidos por el magistrado San Martín, titular del juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, y a los que ha tenido acceso este periódico. Los agentes, con base en cerca de treinta "pinchazos" telefónicos realizados exclusivamente al empresario y a su hijo, Antonio Ángel, entre el 27 de abril de 2007 y el 24 de mayo de 2007 -tres días antes de los comicios-, así lo aseguran en el informe final.
Son cinco causas de "poca monta", según fuentes judiciales y policiales consultadas y que, aseguran, tendrán más repercusión social que penal. De hecho, "¿qué hay de malo en que un empresario ayude a un partido en financiar parte de la campaña".
"Bueno, le daremos algo, ¿sabes
Los contactos - 14 de mayo
Antonio Ángel relata a su padre una conversación con Rafael Vives, alcalde de Daya Vieja.
Angel: ¿Se sabe algo o no
Antonio Angel: No, no. Voy a llamar ahora mismo a Vicente (...)
A: Bueno, le daremos algo, ¿sabes
AN: Claro
A: Porque...
AN: Y los otros también tenemos que verlo.
A: Ya, ya, ya...
AN: La semana que viene termina ésto. Me ha llamado Rafa porque ya ha hablado con el de Rafal y con el de Bigastro, le he dicho que la semana que viene.
A: ¿Con quién
AN: Rafa, Rafa Vives, que lo ha llamado él.
A: Sí.
AN: Él lo ha llamado, Rafa, el coordinador, el de Daya Vieja.
A: Si
AN: Que el otro día se lo dije, que lo he llamado para decirle que yo lo iba a llamar, además, me dio él los móviles. Ma ha dado el de Rafal. "Si se pudiera llegar a ella sería de puta.."
Confusión en los nombres - 15 de mayo
Padre e hijo hablan de un sobre y no saben para quién es.
A: No estaría de más decirle: Toma, esta para..
AN: Si claro, si lo llevo, me lo eché ayer. Me eché ese, el de Algorfa, el otro, los tres o cuatro... Y es que se ha quedado allí el Meroño ese que no sé quién es.
A: Meroño no
AN: No sé, ahí pone Meroño apuntado.
A: Pero te llevaste tú para Meroño no
AN: No, no, no. Yo como le vas...
A: Es que no se la que apuntaste aquella mañana allí. Es que pone Meroño y pone eso.
AN: Ya, yo.
A: No sé quién es Meroño.
(www.levante-emv.com, 17/09/10)
ÁNGEL FENOLL FINANCIÓ LA CAMPAÑA DEL PP EN CINCO MUNICIPIOS DE LA VEGA BAJA
Los informes policiales del caso Brugal constatan que el cabecilla de la trama, el industrial Ángel Fenoll, financió la campaña electoral del PP en cinco municipios de La Vega Baja, según aseguran fuentes de la investigación. Las cinco localidades implicadas en la supuesta trama corrupta son Rafal, Jacarilla, Algorfa, Bigastro y Pilar de la Horadada. Los tres primeros están gobernados por el PP y Fenoll tiene la concesión del servicio de la basura. En los dos últimos, la alcaldía está en manos del PSPV y la contrata la explota una firma ajena al grupo empresarial de Fenoll.
En los casos en los que Fenoll tiene la contrata, el empresario hizo las entregas de dinero (cantidades entre los 3.000 y 9.000 euros) a los alcaldes populares, es decir, Antonio Lorenzo, de Algorfa, José Manuel Gálvez, de Jacarilla, y José Arronis, de Rafal. Mientras, en Bigastro, el empresario dio los sobres de dinero al portavoz del Grupo Popular, Aurelio Murcia. En el caso de Pilar de la Horadada, el receptor fue el concejal popular Francisco Lancharro. Los pagos de Fenoll a estos cargos populares se hicieron en los días previos a los comicios municipales de mayo de 2007. Estos cinco ayuntamientos se suman al de Callosa del Segura, cuyo primer edil, el popular Javier Pérez Trigueros, también recibió pagos por parte del empresario Fenoll.
Los cargos del PP, que según verifica el informe policial del sumario del caso Brugal, recibieron dinero de Fenoll a cambio de las contratas de la basura o para financiar sus respectivas campañas electorales están imputados. Los implicados no han sido llamados a declarar porque el juez no ha resuelto aún el conflicto de competencia.
En la misma situación procesal que estos cinco cargos del PP, según fuentes del caso, se encuentra, Antonio Amorós, ex portavoz socialista de la Diputación de Alicante, por su implicación en la contrata del plan zonal. Éste emitió ayer un comunicado en el que negó su implicación en la trama y aseguró que no está "formalmente" imputado. El diputado provincial acusó a su partido de "aprovechar la interpretación malévola del sumario del caso Brugal por intereses crematísticos. No he hecho nada ilícito, ni contrario a las normas", aseveró. Amorós está suspendido de militancia.
(www.elpais.com, 17/09/10)
TRES ALCALDES Y DOS CANDIDATOS DEL PP RECIBIERON PAGOS DE FENOLL
Tres alcaldes del Partido Popular en la Vega Baja y dos candidatos de esta formación en la oposición recibieron supuestamente sobres de dinero durante la recta final de la campaña electoral de 2007 "de carácter claramente irregular", según se desprende del sumario de la Operación Brugal al que ha tenido acceso este diario.
Se trataría de Antonio Lorenzo Paredes, alcalde de Algorfa y diputado autonómico desde marzo de 2009 para cubrir la vacante de José Cholbi, y uno de los principales valedores de Francisco Camps en la Vega Baja; José Arronis, alcalde de Rafal, que recibió supuestamente el pago cuando era el candidato del PP en este municipio en 2007; José Manuel Gálvez Ortuño "Mora", regidor del PP de Jacarilla; Francisco Lancharro, concejal del PP en el equipo de gobierno y ahora en la oposición, y Aurelio Murcia, edil y portavoz del PP en Bigastro y asesor de José Joaquín Ripoll en la Diputación.
Las cantidades entregadas a los alcaldes y candidatos del PP -siempre según el informe policial- oscilan entre los 6.000 y los 9.000 euros y la policía las vincula a la financiación de la recta final de la campaña electoral. A tenor de las conversaciones telefónicas intervenidas, Fenoll y su hijo organizan su lista de distribución y entregas entre el 24 de abril y el 24 de mayo de 2007, a las puertas de la cita electoral municipal. La Policía Nacional también apunta como trasfondo de los pagos la renovación, ampliación o prórroga de las adjudicaciones públicas que el empresario mantiene en cuatro de los seis municipios citados.
Durante esos días de campaña Ángel Fenoll repasa verbalmente con su hijo esta singular contabilidad así como el reparto de cantidades, y deja claro en sus conversaciones que no es la primera vez que realizan operaciones de este tipo, e intentan hacer memoria sobre las cantidades que desembolsaron "hace cuatro años", por ejemplo, en el caso de Rafal.
En todos los municipios, a excepción de Bigastro y Pilar de la Horadada (socialistas) la concesión estaba y está en manos de Colsur, mercantil del controvertido industrial oriolano. Todos pertenecen con voto al consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, en el que Fenoll tenía un gran interés empresarial.
Las conclusiones de los investigadores de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional se derivan también de las conversaciones de Antonio Ángel e incluso de las que ambos mantienen directamente con alguno de esos alcaldes.
El juzgado que instruye el caso desglosó estas piezas -unos cincuenta folios- de la investigación principal sobre las irregularidades del Plan Zonal y la adjudicación de las basuras de Orihuela.
Los medios de comunicación recogieron hace unos días que dos municipios socialistas estaban salpicados en esta supuesta trama de corrupción, si bien el informe policial deja claro que en Pilar de la Horadada y Bigastro se trataría de ediles del PP ahora en la oposición.
(www.levante-emv.com, 16/09/10)
FENOLL A SU HIJO: ´A ÉSTE (LE DAMOS) POR LO MENOS LO MISMO QUE HACE CUATRO AÑOS´
Fenoll habla con su hijo. 21 de MAYO de 2007
Ambos hablan de autobuses que llevan a distintos actos electorales y después de entrega de dinero a cargos públicos. El destino del dinero, según el informe: la campaña electoral. La conversación gira en torno a una entrega en Rafal y, en otra posterior, hablan de que les queda por ver a Arroni, en referencia a José Arronis, alcalde de la localidad.
Fenoll hijo: Voy a ver a éste. Estoy entrando por aquí...No que te decía...la otra vez le di eso sabes...
Ángel Fenoll: Seis mil ¿no?
Fenoll hijo: Tres mil, tres mil...
Ángel Fenoll: Ah, pues dáselos los seis. Se lo doy en puesto de lo del otro... claro..y el otro se...
Fenoll hijo: Nada más queda este y el otro...
Ángel Fenoll: Ya, ya, cómo llevas...el otro ¿no llevabas seis para el otro?
Fenoll hijo: Sí, sí..el otro son seis
Ángel Fenoll: Pues dale seis, y como este ya vas tres... y después te llevas tres más y ya se le da al otro...Entonces, ¿el de Rafal ya lo hiciste tú o no?
Fenoll hijo: Si, sí, el de Rafal ya está..ah no, no...El de Rafal no, vamos no me lo llevé...
Ángel Fenoll: Ah pues habría que dárselo ¿no?
Fenoll hijo: Ya, pero se lo he dicho esta mañana que sacara el papel. Y yo apunté uno en un listado. Es que no lo apuntaste tú allí eh...
Ángel Fenoll: No lo sé
Fenoll hijo: No, no lo apuntaste...se quedó allí...
Ángel Fenoll: Por lo menos lo mismo que hace cuatro años, lo mismo
Fenoll hijo: Tres mil, tres se le dio...
"Los nueve mil eran para el Mora"
Confusión con las cantidades. 27 de ABRIL de 2007
En esta conversación vuelve a quedar patente el rudimentario sistema de contabilidad que manejan los Fenoll.
Ángel Fenoll: ¡Ah! que le den por culo ¿no se le han dado 9.000 euros?
Fenoll hijo: No, a ese 6.000
Ángel Fenoll: Entonces nueve ¿para quién era?
Fenoll hijo: Para el otro
Ángel Fenoll: ¿A quién?
Fenoll hijo: Para el Mora (mote con que se conoce al alcalde de Jacarilla, José Manuel Gálvez Ortuño).
Ángel Fenoll: Ah nueve eran para el Mora, vale, vale
Fenoll hijo: Lo dijiste tú así..a ver si luego...he hecho tres sobres (...)
Ángel Fenoll: Pues ya está bien ¿sabes lo que te digo?
Fenoll hijo: Le estoy metiendo un rollo con todo, que hemos comprado toda la finca, que estamos mal... y que no estamos cobrando de los ayuntamientos, le he enseñado... ¿sabes?
Ángel Fenoll: Sí.
Fenoll hijo: Estoy yo preparando, y luego le he dicho, mira esto es lo que podemos ayudar. Luego ya cuando salga preparamos y hacemos cosas y tal, además el contrato, digo más renovaciones no admite después ¿no?... ¿Es que no hay más empresas hostias? que va ganando dinero...todos esos solares que hay ahí que han recalificado el copón.
Ángel Fenoll: Claro
"En Pilar habría que darle al Lancharro ese"
Repaso de poblaciones. 14 de MAYO de 2007
Dentro de las grabaciones que recogen los "repartos" por varios municipios de la Vega Baja que Fenoll le tiene encomendado a su hijo, destaca ésta en la que hablan de realizar una entrega supuestamente a un concejal de Pilar de la Horadada, porque hacen un repaso de varias poblaciones.
Ángel Fenoll: No eh.. te he dejado eso, ¿se lo has llevado?
Fenoll hijo: Sí, sí...he ido yo después...pero no he ido todavía porque estoy en la oficina
Ángel Fenoll: Ah vale, vale.. pues al de Pilar habría que verle para el tema ese ¿no o qué?
Fenoll hijo: El de Pilar y el de Bigastro también
Ángel Fenoll: Claro...
Fenoll hijo: Y el de Algorfa habló el otro día con Tono -supuestamente Antonio Lorenzo, el alcalde, según el informe policial-. Lo que pasa es que esta semana ya no he podido verle...
Ángel Fenoll: Ya. Al de Pilar habría que darle al Lancharro ese... -en aquel momento el concejal de Servicios y Mantenimiento era Francisco Lancharro-
Fenoll hijo: ya, pero ya no estaba ahí la mamá...y no me ha dicho dónde estaba eso.. y bueno, voy a ir a ver si veo a Pedro...eh con estos...porque estos mañana tienen que estar en Madrid los chicos ¿entiendes? Si tienen que quedarse que se queden...
Ángel Fenoll: Bueno pues luego a la noche se les lleva a estos en un momento.. les llamas, sabes...al de Callosa ¿me entiendes o no?
Fenoll hijo: Vale sí, sí
(www.levante-emv.com, 16/09/10)
LA POLICÍA ASOCIA A RIPOLL CON UN COHECHO EN LA VENTA DE UNA FINCA
El informe policial del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) asocia el supuesto cohecho al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, con el sobreprecio de la compra de una finca. Según fuentes del caso, esta plusvalía sería la fórmula elegida por la trama para pagar la millonaria dádiva a Ripoll, dos pisos o su equivalente en metálico, entre 800.000 y un millón de euros.
El también presidente de la Diputación pudo recibir el regalo a cambio de supuestos favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll en la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. El contrato, valorado en 250 millones de euros, fue otorgado a Ortiz, pero la instalación se levantará en una finca de Fenoll. Este compró el suelo por 800.000 euros y lo ofreció a Ortiz por cuatro millones. Las mismas fuentes señalan que el plan inicial del presidente de la Diputación de Alicante era adjudicar directamente el proyecto al industrial Ángel Fenoll en compensación por su apoyo electoral.
Sin embargo, el arresto de Fenoll en el marco de la primera fase de caso Brugal (30 de mayo de 2007) obligó, al líder del PP alicantino, siempre según sostienen fuentes del caso, "a variar su estrategia". Finalmente, el presidente de la Diputación adjudicó el 3 de enero de 2008 el contrato a una UTE integrada por CESPA y una empresa de Enrique Ortiz. El informe policial subraya: "Si bien desde la Diputación se puntualiza que la ubicación definitiva al parecer estará situada en algún punto cercano a la pedanía oriolana de Torrendo".
En esta zona, el industrial Fenoll compró por 800.000 euros, según el informe policial, una finca denominada La Pistola. A los seis meses de la adjudicación, Ortiz propuso cambiar el emplazamiento de la planta a la mencionada finca. En ese período los contactos entre ambos empresarios, con la mediación del también empresario y amigo de Ripoll, Rafael Gregori, fueron constantes.
La investigación sospecha que Fenoll ya sabía que se iba a quedar fuera de la contrata, debido a la imputación por la primera operación del caso Brugal, y había firmado un contrato privado para la compra de la finca con Ortiz. Ese contrato, según la grabación de un diálogo entre el abogado de Fenoll y su hijo, condiciona la adjudicación a CESPA-Ortiz a la compra de la finca de La Pistola y, en caso contrario, el comprador tendría que indemnizarlo con diez millones. La vinculación de esta compraventa con el supuesto cohecho a Ripoll está reflejada así en el informe policial: "El propio Ángel Fenoll, indica, estaría dispuesto a compartir el beneficio obtenido de la venta con el presidente provincial [Ripoll]".
(www.elpais.com, 16/09/10)
ORTIZ, AL GANAR LA ADJUDICACIÓN: "SE HA HECHO UN TRABAJO BIEN HECHO"
"Es para felicitarnos, se ha hecho un trabajo bien hecho", exclamaba por teléfono un eufórico Enrique Ortiz el 3 de enero de 2008, al enterarse de que la junta de gobierno del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII había adjudicado a su empresa Cespa-Ortiz la explotación durante 20 años de la recogida y tratamiento de residuos por unos 360 millones de euros. Ortiz hablaba con Rafael Gregori, que había estado trabajando para que otro empresario de la comarca de la Vega Baja, Ángel Fenoll, lograra ese contrato. "Entonces qué me debes, una buena invitación, ¡eh!", le contestaba Gregori antes de comentar la noticia con tres personas diferentes "adoptando un matiz distinto según se trate", puntualiza un informe policial del caso Brugal.
Pocos meses después, coincidían en la Feria de Abril de Sevilla el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y el empresario Enrique Ortiz, con sus respectivas esposas. Fue el empresario el que se hizo cargo de la invitación en la que, entre otros, participó, también acompañado por su esposa, Rafael Gregori, intermediario fundamental en la trama de corrupción. La policía, que hacía más de un año que venía investigando el hilo de la corrupción relacionada con la adjudicación de una planta de tratamiento de basuras en la comarca de la Vega Baja, seguía sus pasos, les fotografíaba y grababa las conversaciones. Gregori comentó a uno de sus interlocutores "la eficacia y productividad de sus gestiones tendentes al acercamiento de ambos".
Según la policía, se trataba de la primera de una serie de contraprestaciones que el adjudicatario de la planta de basuras ofreció a Ripoll. Unas contraprestaciones que se concretaron en vacaciones a bordo del yate Elena del empresario y que culminarían, como "principal dádiva", en "dos viviendas en una zona privilegiada de Alicante".
Sin embargo, Ripoll ya estaba en la trama y en las grabaciones de la policía desde mucho tiempo antes. El presidente de la Diputación había conspirado para adjudicar la planta de basuras a Fenoll. Ahora se trataba de lograr que Ortiz se repartiera tarta con Fenoll, que financiaba al PP alicantino y, en especial, al de Orihuela y la Vega Baja.
La investigación de la policía se estructura en capítulos, con actores diferentes, desde que la vigilancia detecta a principios de 2007 los movimientos de Ángel Fenoll para hacerse con la adjudicación hasta que, tras la adjudicación, se modifica el emplazamiento para que coincida con unos terrenos de este empresario. El presidente de la Diputación de Alicante, aludido como "el jefe", el "presi" e incluso, a veces, por el apodo de pitu, es el centro de todos los capítulos, en los que son también personajes fijos Fenoll y el intermediario Gregori, con el que el primero firmó un contrato de prestación de servicios por su mediación para la obtención de la contrata. Según ese contrato, requisado por la policía el 30 de mayo de 2007 en la empresa Colsur, cuando fueron detenidos Fenoll y su hijo, recibiría "50 céntimos por tonelada métrica de residuo recogido" durante los 20 años que durara la concesión. Gregori prestaba, pues, sus servicios a Fenoll con Ripoll, mientras el empresario de Orihuela compraba voluntades entre políticos y técnicos, hasta que quedó claro que la adjudicación sería para Enrique Ortiz. Entonces intermedió entre Fenoll y Ortiz y entre Ortiz y Ripoll, hasta alcanzar lo que la policía describe como "un pacto secreto promovido por altas instancias de la Diputación de Alicante" entre Cespa-Ortiz y la mercantil Proambiente, de Ángel Fenoll, "en aras a repartirse la adjudicación del Plan Zonal".
Es en la primera fase -en la que Fenoll aspiraba con el apoyo de Ripoll a esa adjudicación- cuando se vio involucrado en el caso el portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, que dimitió el viernes y fue suspendido de militancia por el PSPV-PSOE. Amorós, a quien la policía intervino el teléfono, hablaba del concurso con Fenoll en conversaciones y en citas que los investigadores grabaron. También el ex secretario de Finanzas de los socialistas valencianos Josep Maria Cataluña habló y se encontró con Fenoll. "¿Cuándo acaba el plazo ese de la Diputación?", pregunta Cataluña en una llamada. "El día cuatro o por ahí", responde Fenoll. "Vale, vale, entonces tenemos tiempo", replica Cataluña. Los socialistas, más adelante, pasaron a ser prescindibles.
"TODO CARIÑO, TE HUBIERA GUSTADO"
Fenoll afirma sobre Antonio Amorós (portavoz socialista en la Diputación) en respuesta a un interlocutor que le pregunta si ha tenido que "darle cariño": "Todo cariño, todo cariño. Ayer te hubiera gustado verme. Nada más que me faltaba ponerme de rodillas delante de él. Hombre, yo de él soy bastante... Porque nunca le he fallado y tal. Y en fin. Tengo al marido de su sobrina, como te comenté, trabajando allí, en la planta. ¿Sabes?".
"SE LA QUIEREN HACER A RIPOLL"
Pedro Joaquín Meseguer (coordinador de la campaña electoral de la alcaldesa de Orihuela, Mònica Lorente, del PP): El otro tema... ¿cómo lo llevas?
Fenoll: ¿El otro tema? Bueno, se la quieren hacer a Ripoll, como hay dos de la conselleria.
Meseguer: Entonces se la van a hacer...
"YA ESTÁ, CHAVAL"
Enrique Ortiz (al enterarse de que su empresa ha resultado ser adjudicataria de la planta de residuos): Sí, ya está, ya está, chaval, ya está.
Rafael Gregori: Sí. Entonces me debes una buena invitación, ¿eh?
Ortiz: Te debo una comida.
Gregori: Una buena comida.
Ortiz: Pero de rabo.
Gregori: Sí. Enhorabuena, Enrique, ¿n0?
Ortiz: Esta... esta es para felicitarnos, se ha hecho un trabajo bien hecho.
(www.elpais.com, 14/09/10)
EL PP IGNORA LOS INFORMES POLICIALES Y PIDE RESOLUCIONES DE "CIERTA ENTIDAD"
De nuevo, la cúpula del PP se reunía un lunes con varios escándalos de corrupción encima de la mesa. Y de nuevo, el asunto no ocupó ni un minuto del análisis de la estrategia. Mariano Rajoy, señalan en su entorno, está centrado en la crisis económica, que cree que le llevará al Gobierno, y lo demás apenas le inquieta.
El PP está concentrado ahora en sacar partido a las decisiones impopulares sobre pensiones o sobre subsidios de desempleo que el Gobierno está apuntando. Tanto que Rajoy confirmó que llevará al Tribunal Constitucional la negativa del Ejecutivo a retirar la congelación de pensiones, tal y como se aprobó en una resolución en el Congreso promovida por el PP. El Gobierno insiste en que seguirá adelante y asegura que las pensiones mínimas han crecido con el PSOE hasta un 30%.
Concentrado en esto, Rajoy ha optado por trabajar como si los escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana no existieran. Es una estrategia que funciona, según las encuestas. Aunque le crea problemas argumentales serios a sus portavoces a la hora de responder preguntas.
Dolores de Cospedal, la secretaria general, no pudo explicar por ejemplo por qué en Baleares no podrá presentarse a las elecciones ningún imputado -sin importar la gravedad de sus presuntos delitos-, o en Madrid se expulsó del partido a todos los implicados en la corrupción de Gürtel y sin embargo en la Comunidad Valenciana siguen adelante como si nada Francisco Camps, Carlos Fabra, y Joaquín Ripoll, los tres dirigentes principales de esta comunidad, todos imputados en casos de corrupción. "Cada caso es cada caso", se limitó a decir ante la ausencia de argumentos para justificar la diferencia de trato.
Durante toda la semana se han publicado detalles escandalosos no solo de la presunta corrupción de Ripoll -la policía cree probado con conversaciones y fotografías que recibió un soborno de dos pisos valorados en más de 800.000 euros- sino de la financiación ilegal del PP en Alicante, a través de un empresario, Agustín Fenoll, que habría pagado hasta las 70.000 llamadas para promover la campaña popular en la alcaldía de Alicante en 2007.
Cospedal, que antes se había reunido con Rajoy, se dio por no enterada de todas estas informaciones y detalles que aparecen en 800 folios de un sumario judicial que ya ni siquiera es secreto. La secretaria general aseguró, en contra de lo publicado, que no hay "ni hechos, ni casos nuevos, ni nombres nuevos" y estableció una fórmula novedosa para avanzar cuándo habrá decisiones: "Debemos actuar al amparo de resoluciones judiciales que estén y que tengan ya una cierta entidad, no de otro tipo". No explicó qué quiere decir "de cierta entidad", aunque parece que Rajoy está esperando a que haya algún señalamiento de juicio o incluso condena, algo que se puede demorar meses o años.
El PP ha optado por denostar a la policía y no dar ningún crédito a sus informes, de los que habla como si fueran documentos apócrifos. "Hoy por hoy, el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal es el PSOE", remató Cospedal.
(www.elpais.com, 14/09/10)
EL PRESIDENTE DE ALICANTE PIDIÓ AYUDA A ZAPLANA EN UNA OPERACIÓN
Las escuchas policiales ordenadas por el juez que instruye el caso Brugal deparan nuevos protagonistas. El ex ministro Eduardo Zaplana aparece en tres conversaciones con el presidente de la Diputación de Alicante. José Joaquín Ripoll, exponente del zaplanismo, llamó al ex ministro para que convenciera a un amigo suyo que le ayudara a reflotar una televisión local. Zaplana, que no está imputado por el juez, aclaró anoche que "en ningún momento" llegó a mediar en esta cuestión.
De hecho, en las dos conversaciones interceptadas por la policía, del 28, 29 y 30 de julio de 2009, Ripoll explica a Zaplana -que ya había abandonado la política- que pretende poner en marcha una "operación acordeón" para insuflar capital en Canal 37, propiedad de Tabarca Media S.A.
La idea surgió de un hermano de Ripoll, Ángel Francisco, que vio oportuna la mediación de Zaplana con el empresario Robert Batauche, vinculado a Marina Greenwich, adjudicataria y concesionaria del puerto deportivo de Altea (Alicante). Ripoll llamó por teléfono al ex presidente de la Generalitat valenciana para informarle de que había una operación en marcha "a punto de cerrarse" para reflotar Canal 37. Hacían falta 1,5 millones de euros a depositar entre varios socios. El problema, según explicaba Ripoll, era "un pequeño escollo con Robert Bataouche". Zaplana preguntó de qué se trataba. "Que quiere llevarse un poco de pasta", le contestó Ripoll. El ex ministro se comprometió a intentar llamarlo esa misma noche.
Había prisa, porque la operación debía cerrarse al día siguiente. Según se desprende de las conversaciones, el empresario amigo de Zaplana presuntamente había pedido 300.000 como contrapartida por participar en la operación. Al día siguiente, Ripoll volvió a llamar a Zaplana para explicarle que el empresario "no se baja del burro, quiere que haya un intercambio económico de 300.000 euros". Y Zaplana comentó: "Qué jeta". Luego apuntó sobre su amigo del puerto de Altea: "Creo que anda mal".
Los dos coincidieron en que las condiciones de Batauoche no eran claras; al parecer pretendía plantear "una operación vinculada al puerto, aunque extraña", admitía Ripoll. "Él quiere que se lo pidamos ahí, al puerto, eso no se lo digas porque me ha pedido que no se lo diga a nadie, una especie de ayuda por el trabajo que hicimos en el instituto", añadía. Zaplana concluyó: "Eso no puede ser". Meses después el empresario Ángel Fenoll rescató la televisión.
(www.elpais.com, 14/09/10)
EL PP DE ORIHUELA DESCARTA EL CESE DE IMPLICADOS ´PORQUE LO DIGA LA PRENSA´
La oposición de Orihuela considera que los datos que han trascendido del "caso Brugal" son más que suficientes para que se cobre sus primeras víctimas políticas. Sin embargo, el PP no está dispuesto a destituir a nadie ni a rescindir contratos "sólo por lo que digan los periódicos", como manifestó ayer el concejal de Contratación, David Costa. El edil se prestó a atender a los medios dado que la alcaldesa, Mónica Lorente, eludió las preguntas posponiéndolas hasta el final de un acto público y marchándose después en coche oficial.
Tanto Los Verdes (LV) como el PSOE pidieron ayer mediante mociones al pleno del viernes la cabeza de Pedro Meseguer, coordinador de Alcaldía y mano derecha de Lorente, por supuestamente proponer que acudiera a votar una vecina de Callosa de Segura con el carné de una fallecida (así lo recogen las escuchas de la Policía). "No está imputado", dijo.
(www.levante-emv.com, 14/09/10)
LA POLICÍA VINCULA AL HERMANO DE LORENTE CON UNA FIRMA ADJUDICATARIA DE ORIHUELA
Según el informe policial incluido en el sumario del caso Brugal, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, el Ayuntamiento adjudicaría a Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, empresa de Ángel Fenoll, el servicio...
Un hermano de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, está vinculado a la empresa encargada del mantenimiento de los jardines en este municipio.
Según el informe policial incluido en el sumario del caso Brugal, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, el Ayuntamiento adjudicaría a Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, empresa de Ángel Fenoll (persona clave en este caso), el servicio, mientras esta a su vez, "serviría de fuente para el desvío de fondos a otras mercantiles del mismo grupo, posiblemente Bonsai Pool, que realizaría el servicio de mantenimiento y cuidado de jardines para que la figura de Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa, no se vea relacionado con la adjudicación directa de un servicio por el Consistorio presidido por su propia hermana".
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales desvela "estrechos" lazos de Jorge Lorente con la empresa, Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, que ha cobrado más de un millón de euros del Ayuntamiento de Orihuela desde 2005 por servicios de jardinería, según una denuncia presentada ante el juez por la concejal socialista oriolana Antonia Moreno.
Para los investigadores esa empresa "sería una mercantil interpuesta por el entorno de Fenoll para llevar a cabo el servicio de cuidado de parques y jardines de Orihuela", pero, en realidad, esta firma serviría para desviar fondos a otras mercantiles del mismo grupo, posiblemente Bonsai Pool, que en realidad es la que ejecutaría los trabajos.
Esta última empresa es a la que está vinculado el hermano de la alcaldesa, que en 2004 figuraba como socio mayoritario, con un 97% de las acciones, pero a partir de 2005 se reparten al 50% entre Fenoll y José Javier Fernández. Es a partir de esta fecha cuando empiezan a trabajar con el Ayuntamiento.La empresa Bonsai Pool mantiene como administrador, desde su creación en 2004, a Javier Bru, concejal del PP en Albatera, socio de Fenoll que fueron detenidos, junto a otros cuatro socios, después de las elecciones municipales de 2007 por cohecho y extorsión. Estuvieron un mes en la cárcel, y salieron con fianzas entre 60.000 y 100.000 euros.
El informe policial desvela que Jorge Lorente mantiene autorización sobre diversas cuentas bancarias de esta empresa, y que desde el año 2004 al 2008 ha percibido retribuciones que rondan los 59.000 euros. La policía incorpora algunas conversaciones telefónicas de Ángel Fenoll y del propio Lorente que acreditan estos datos.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Antonia Moreno, destacó que la facturación de más de un millón de euros a esta mercantil, Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, se contrató "al margen de la ley", ya que ninguna de las adjudicaciones se hicieron en contrato público y en la mesa de contratación. "Todas las facturas emitidas por esta empresa se han tramitado con reparos de legalidad por parte de la intervención municipal", según la concejal socialista, que exige a la alcaldesa de Orihuela que "deje de estar escondida y dé las explicaciones oportunas" sobre los escándalos que empiezan a implicar a sus familiares y personal de confianza.
Y es que la familia de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, aparece estrechamente ligada a la trayectoria del empresario Ángel Fenoll en La Vega Baja. Fenoll irrumpió a mediados de los ochenta en el negocio de la basura en Orihuela de la mano de Manuel Lorente, padre de la alcaldesa y ex edil del PP. En esas fechas, el Ayuntamiento le adjudicó a dedo la basura en la costa.
La adjudicación del concurso de la basura de Orihuela es uno de los pilares en los que se centra la investigación policial del caso Brugal. Pero los agentes han detectado otras supuestas irregularidades relacionadas con la planta Proambiente que el industrial tiene en Abanilla (Murcia) tras un análisis de las cintas de vídeo que se intervinieron en el domicilio de Fenoll en mayo de 2007. El vertedero se ubica justo en el límite de las provincias de Alicante y Orihuela. Para el Ayuntamiento, la planta es ilegal. Fenoll sostiene que la instalación cuenta con los permisos del Gobierno de Murcia. Según las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica de Alicante y la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, Fenoll entregó un sobre con 480.000 pesetas a Joaquín Cuenca Ramón, entonces presidente de la Asociación de Regantes de la Murada Norte por gestionar supuestamente ante el Ayuntamiento de Orihuela un asunto relacionado con el camino que llega hasta la planta de Abanilla.
Los agentes no han conseguido extraer ningún dato esclarecedor de estas gestiones, pero en las conversaciones mantenidas por aquel entonces entre Ángel Fenoll y Joaquín Cuenca aparece en varias ocasiones el nombre de Manolo, en alusión a Manuel Lorente. En la conversación se da a entender que todo lo que haga Ángel con Joaquín tendrá que ser dirigido por el tal Manolo. Fenoll aupó a la presidencia local del PP a Mónica Lorente, en junio de 2005, y en mayo de 2007, fue candidata y arrasó.
Ayer en el Ayuntamiento de Orihuela la oposición hizo públicas las mociones que llevarán al pleno del viernes. El grupo de Los Verdes pide el cese del director del Gabinete de alcaldía, Pedro Meseguer, que en una conversación presuntamente planteó a Fenoll darle el DNI de una mujer recién fallecida para que otra pudiera votar dos veces. Y la socialista, Antonia Moreno, pedirá que se rescinda el contrato con la UTE concesionaria de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Costa, acusó ayer a la oposición de "dejar de trabajar" en 2008, "sentarse en una silla" y esperar a que el caso "Brugal" se hiciera público para, de esta manera, "intentar sacar rédito electoral".
(www.elpais.com, 14/09/10)
"NO QUIERO QUE ME VEAN POR ALLÍ, NO SEA QUE UN FOTÓGRAFO ME PILLE"
El empresario Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal y una de las piezas clave de la presunta trama de corrupción vinculada al PP, tuvo un papel determinante en la campaña electoral de las municipales de 2007 en Orihuela (Alicante). Tenía muchos intereses en juego y necesitaba que gobernara el PP. "Voy a trabajar todo lo que pueda y más para que ella [en referencia a la futura alcaldesa, Mónica Lorente, llamada a ser la sucesora del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll] gane", admite en una de las conversaciones interceptadas en la investigación judicial del caso Brugal.
Según consta en el informe policial, el coordinador electoral del PP, Pedro Meseguer, facilitó al empresario un listado de electores que figuraban en el censo para realizar "70.000 llamadas telefónicas" para captar votos. Fenoll destinó a un equipo de entre "10 y 15 personas" para realizar estas llamadas. "Que digan que soy del PP, de la sede de Mónica Lorente", ordenó el empresario. Meseguer, actual jefe de prensa de la alcaldesa, proporcionó algunos teléfonos móviles. El censo electoral de Orihuela es de 41.000 votantes, según el INE, por lo que pudo haber segundas llamadas a un mismo número.
La actividad de Fenoll fue frenética. El empresario organizaba y supervisaba los actos de campaña del PP, fletaba autobuses para los mítines, pagaba meriendas, mecheros y espejos de bolso para señoras. El informe policial hace referencia también a un supuesto pago de 1.200 euros al concejal del PP Ginés Sánchez el día de la inauguración de la nueva sede del partido. El empresario siempre urdía todas las operaciones, pero quería pasar inadvertido. "Yo no quiero que me vean por allí, no sea que un fotógrafo me pille", consta en una grabación referente a un acto en Orihuela de la candidata con residentes extranjeros.
En la parte final del informe policial sobre la campaña electoral, los agentes desvelan cómo el mismo día de la cita con las urnas el empresario montó un dispositivo en los alrededores de los colegios electorales con algunos de sus colaboradores, camuflados dentro de sus vehículos, que repartieron papeletas del PP. Dos empleadas admiten que una tarde llegaron a ensobrar 1.200 papeletas.
La policía concluye que de estas operaciones el PP estaba al tanto y que el apoyo de Fenoll "fue algo más que circunstancial, obedecía a una estrategia planeada para asegurarse la presencia en el Ayuntamiento de las personas que mejor iban a defender sus intereses". El empresario, que fue condenado por la Audiencia de Alicante por comprar votos para el PP a 5.000 pesetas en 1991, obtuvo en 2008 la adjudicación de la contrata de basura de Orihuela, que ha dado origen al caso Brugal.
(www.elpais.com, 13/09/10)
ORIHUELA PAGÓ A PROAMBIENTE Y COLSUR MÁS DE 21 MILLONES
La relación del entramado empresarial de Ángel Fenoll y el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) no arranca en 2008, año en el que se adjudicaron tanto el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja como la contrata de limpieza de la localidad oriolana. Entre 2005 y 2008, Colsur y Proambiente, principales sociedades del entorno de Fenoll, recibieron del Consistorio, ya de forma directa o indirecta, 21,1 millones de euros, básicamente como servicios de limpieza, según datos extraídos de la Agencia Tributaria a los que los investigadores policiales del caso accedieron tras la autorización del juez.
Solo Colsur recibió en cuatro ejercicios (de 2005 a 2008, ambos inclusive) 18,34 millones de euros por la limpieza viaria en Orihuela Costa. De acuerdo con la investigación, las cantidades recibidas por Colsur van creciendo desde 2005 con la única excepción de 2007, en el que se llevó a cabo la primera fase de la Operación Brugal que supuso el ingreso en prisión de Fenoll.
De 2007 a 2008, los pagos del Consistorio a Colsur experimentaron un salto, con casi un millón de euros de aumento del importe facturado. De forma indirecta, Colsur ingresó de Orihuela UTE, unión temporal de empresas encargada de la limpieza de edificios públicos y oficiales, otros 277.702 euros, así como 84.175 más de Orihuela Cultural, donde el Ayuntamiento es el socio único.
Proambiente, la empresa de Fenoll especializada en el tratamiento de residuos, recibió otros 2,82 millones de euros del Consistorio por el depósito y tratamiento de residuos.
(www.elpais.com, 13/09/10)
LA POLICÍA CREE QUE UN ALCALDE POPULAR RECIBIÓ DINERO DE FENOLL
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario del caso Brugal dedica un apartado al alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez Trigueros (PP), de quien se sospecha que recibió pagos en metálico en 2007 y 2008 por parte del empresario Ángel Fenoll. El informe policial concluye que "existirían indicios suficientes" de un "presunto delito de cohecho y prevaricación" relacionado con la ampliación del contrato de la recogida de basuras y la limpieza viaria con Colsur a cambio de "presuntas entregas de dinero" y de "la contratación de personal a indicación del alcalde en persona". El Ayuntamiento de Callosa de Segura tiene adjudicado desde 2005 el contrato de limpieza de calles y recogida de residuos sólidos urbanos a Colsur SL por un período de 20 años.
La investigación sobre la supuesta trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante se amplía también a los municipios de Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada y Jacarilla, sobre los que aún no se han hecho públicos los informes policiales.
(www.elpais.com, 13/09/10)
MÁS DE 300.000 TONELADAS DE RESIDUOS SE QUEDAN DURANTE AÑOS EN MANOS DE FENOLL
A pesar de aparecer en el centro de las investigaciones en el caso Brugal como el empresario que supuestamente iba a verse favorecido de que el vertedero comarcal fuera a una finca de su propiedad, Ángel Fenoll sigue siendo el principal beneficiado también aunque el concurso haya quedado paralizado por la investigación. Y es que mientras los juzgados diriman los presuntos delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias que sobrevuelan a la adjudicación del Plan Zonal y la recogida de basuras de Orihuela (lo cual se demorará años, porque a este caso le queda un largo recorrido en los tribunales) al menos 300.000 toneladas anuales de basura de la Vega Baja continúan llevándose de forma «provisional» al vertedero de Proambiente, propiedad de Fenoll, situado entre La Murada (pedanía oriolana) y Abanilla (Murcia). Un vertedero rodeado a su vez de irregularidades —nunca ha estado claro en cuál de los dos términos se sitúa o cuál es la capacidad real de los vasos— pero que es el único que existe para la Vega Baja (excepto algún pueblo, que lleva sus basuras a Crevillent) y un área de la Región de Murcia.
Es más, hace unas semanas se conocía la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número tres de Alicante que declara nula la adjudicación por parte del Consorcio del Plan Zonal (en el que están representados los ayuntamientos de la comarca y la Diputación, en la persona de Joaquín Ripoll). Este órgano decidió en enero de 2008 que la UTE Cespa-Ortiz construiría el vertedero comarcal en Torremendo, y no en la primera parcela prevista (Lo Cartagena), sino en otra, propiedad de Fenoll (La Pistola). La jueza obliga ahora a que la ubicación sea Albatera, pues esa era la que eligieron los técnicos (es precisamente otra de las ofertas de la misma UTE, participada por el empresario Enrique Ortiz, también detenido en el marco del caso Brugal). Algo tendrá ahora que decir, por su parte, el Ayuntamiento de Albatera, que podrá recurrir.
Incluso en este caso —sin necesidad de acudir a las supuestas tramas que involucran hasta al presidente de la Diputación y aunque el vertedero ya no vaya a su finca— el empresario sigue obteniendo beneficios, puesto que las basuras siguen yendo a Proambiente. De hecho, ni siquiera hay explicación oficial hasta la fecha de por qué no se ha comenzado a construir ese vertedero en Torremendo estando resuelta hace dos años y medio la adjudicación. El mero hecho de que su construcción esté paralizada es ya un grave problema para la Vega, que algo tiene que hacer con su basura.
De forma paralela a este Plan Zonal se ha venido desarrollando la adjudicación de la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria en Orihuela, una historia con un recorrido de dos décadas. En 1992 el Ayuntamiento adjudicó estos trabajos en la zona de Orihuela Costa a Colsur (la empresa de Fenoll) por un año, aunque los servicios se prestaron mediante prórrogas hasta 2008 de una forma que la oposición ha tildado de «ilegal» en muchas ocasiones.
En 2005 se convocó un concurso, pero fue declarado desierto en diciembre de 2007 por el equipo de Mónica Lorente cuando ésta llevaba medio año en la alcaldía (después de ganar con una campaña electoral pagada por Fenoll, según revelan ahora las escuchas telefónicas de la policía). A esa primera convocatoria se presentó también Colsur, y supuestamente Fenoll «reventó» el concurso cuando se enteró de que quedaría tercero.
Así, en marzo de 2006 sacó a la luz conversaciones grabadas en las que se decía que todo estaba amañando con la connivencia de ediles municipales: Las transcripciones hablaban de que Urbaser pagaría millones de pesetas a políticos, y el edil de Centro Liberal Jesús Ferrández decía: «Lo mejor sería que se quedara desierto», a lo que Fenoll respondía «si ponemos los medios, Urbaser no se lo lleva».
Por su parte, Urbaser logró en julio de 2009 que el juzgado de lo contencioso número 1 de Elche estimase íntegramente su recurso a la decisión del pleno de paralizar aquel concurso. La jueza le reconoce «el derecho a ser la adjudicataria», pero lo cierto es que el contrato no lo tiene.
Muy al contrario, este proceso en el juzgado no paralizó que se convocara un segundo concurso y que se adjudicara en septiembre de 2008. Resultó escogida una UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast. Con todo, la investigación policial ha detectado ahora, según el sumario, que Ángel Fenoll se habría presentado con su Colsur a sabiendas de que perdería para no levantar sospechas, pero también se habría asegurado el control de dos terceras partes de la UTE ganadora a través de testaferros. Según la investigación, sería él quien está hoy al frente de la adjudicataria que lleva año y medio prestando servicios en Orihuela a razón de 9,5 millones de euros anuales.
De este modo —y aunque muchos ayuntamientos arrastran una deuda millonaria con Fenoll—, el empresario sigue beneficiándose de contratos con diversos municipios de la comarca y también en Proambiente por un número indefinido de años. Tantos como la justicia tarde en sacar conclusiones sobre toda esta trama del Brugal.
(www.levante-emv.com, 13/09/10)
PONS: ´LA INVESTIGACIÓN DEL CASO BRUGAL PODRÍA SER INCONSTITUCIONAL´
Utilización de teléfonos de personas fallecidas, conversaciones implicatorias, grabaciones de vídeo, inversiones oscuras en canales de televisión, fotografías en yates de relaciones inexistentes... Las pruebas que rodean al caso Brugal conforman un extenso puzzle que ilustra un amplio informe policial. Sin embargo, todo apunta que para el PP no es suficiente.
Tal como pasó con el caso Gürtel, no se prevé ningún movimiento en el horizonte. Así lo confirmó ayer Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, que incluso advirtió de la posible ilegalidad de las escuchas realizadas, "si los pinchazos son de 2007 y el delito se cometió un año después y las detenciones se llevan a cabo en 2010... hablamos de una investigación ilegal, predelictiva e inconstitucional".
El portavoz conservador mostró su "respeto total" al trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque concretó que "por ahora tenemos un informe policial. Debemos esperar a que los jueces lo traduzcan". Consultado sobre la figura del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, Pons remarcó que "de momento está imputado y se le atribuyen dos pisos que no son suyos. Hay que ver a qué nos llevan las investigaciones".
Cautela y presunción de inocencia fueron dos de las consignas del discurso del político valenciano sobre la polémica acaecida en Alacant, "tal como dijo ayer nuestra secretaria general, en el Partido Popular creemos y confiamos en la presunción de inocencia, no actuamos con precipitación".
De hecho, González Pons quiso restar importancia a la existencia de la foto en la que Ripoll se encuentra en el yate de Enrique Fenoll, cuando negó cualquier relación entre ambos, "que yo sepa conocer o no a una persona no es un hecho delictivo".
A su vez González Pons no quiso hacer comparaciones con el PSPV y la suspensión de militancia de Antonio Amorós, "por lo que sé y he leído en los periódicos hablamos de una persona que no está ni imputada en el caso. Ellos saben lo que han hecho y si tienen razones para ello".
Por último, el responsable de comunicación desechó cualquier acción ante la aparición de la mancha de la corrupción y la inminencia de las elecciones municipales, "ya he dicho que el partido confía en la presunción de inocencia".
(www.levante-emv.com, 13/09/10)
EL PP AMAÑÓ UN CONCURSO PARA EL JEFE DE 'BRUGAL'
Casi tres años de escuchas policiales en el conocido como caso Brugal, que investiga la adjudicación del servicio de basuras de Orihuela (Alicante) han dado lugar a un informe policial de más de 480 páginas desvelado esta semana. En él, los investigadores relatan como el empresario Ángel Fenoll (implicado en varios escándalos en las últimas décadas que incluso le llevaron a prisión), al no poder hacerse con la multimillonaria adjudicación municipal (9,5 millones de euros anuales), preparó un entramado para concursar no sólo con su empresa principal (Colsur), sino con otra controlada por él de forma secreta (la UTE Sufi-Gobancast-Liasur). Ésta fue la que finalmente se hizo con el contrato el 30 de septiembre de 2008. En la trama aparecen implicados tres de los concejales de la alcaldesa oriolana, Mónica Lorente (PP), su principal asesor y su hermano.
La investigación está unida a otra en la que se vincula al presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, con un empresario de las basuras de la ciudad de Alicante, Enrique Ortiz, y con Fenoll.
No obstante, el relato policial no se circunscribe a esta legislatura, sino que comienza con las grabaciones de la pasada legislatura requisadas a Fenoll, cuando el alcalde era José Manuel Medina, también del PP, pero enfrentado a su sucesora dentro de la guerra interna que libraban los campistas contra los ripollistas en la provincia. En aquella etapa en la que Medina intentó hacer un nuevo concurso para retirarle el servicio, Fenoll grabó a ediles del PSOE que relataban las comisiones y regalos a políticos del PP y de la oposición.
Ante el enfrentamiento de Fenoll con el alcalde Medina y la supuesta participación de su sucesora bloqueando el proceso de adjudicación a la empresa Urbaser (que era la que quería el entonces alcalde) antes de las elecciones de 2007, la investigación concluye que el empresario fue adquiriendo participaciones en pequeñas empresas que finalmente constituirían la empresa elegida. De esta forma, Lorente, una vez alcaldesa, no tuvo que enfrentarse al escándalo de otorgarle el servicio de forma directa. Entre tanto, sostiene el informe, Fenoll y su entorno se ayudaron de los concejales del PP Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía (núcleo duro de Mónica Lorente) para ir influyendo tanto en la confección del pliego de condiciones de la adjudicación del servicio como en el proceso final para que las valoraciones fueran las más favorables para él y conseguir el contrato. Incluso repartió móviles prepago con el objetivo de eludir la operación policial.
La empresa tapadera de Fenoll logró 90,85 puntos en el concurso, su empresa oficial 84,81 puntos y Urbaser (a la que supuestamente quería favorecer el ex alcalde) quedó tercera en el proceso, con tan sólo 76,73 puntos.
El informe también relata como el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente, participó en el supuesto entramado de tráfico de influencias y usó información privilegiada en una empresa satélite de Fenoll dedicada a la jardinería.
(www.elmundo.es, 12/09/10)
"JOAQUÍN [RIPOLL] NO QUIERE QUE NADIE SEPA QUE ÉL VA A IR EN EL YATE"
Los informes policiales del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) dejan al descubierto la afinidad y connivencia entre los principales imputados en el sumario: José Joaquín Ripoll , presidente del PP de Alicante y de la Diputación; Enrique Ortiz , promotor y dueño del Hércules CF; y Rafael Gregori , empresario de la automoción y amigo íntimo del dirigente popular. Estos, sus esposas y amigos, festejaron la adjudicación de la contrata de la basura del plan zonal de la Vega (valorada en 250 millones de euros) con dos viajes de recreo en el lujoso yate del adjudicatario, Enrique Ortiz. Ripoll admite que hizo los viajes, "pero el segundo lo pagamos a escote".
El primero, una travesía por las Baleares a bordo del yate Elena, propiedad de Ortiz, se desarrolló entre el 6 y el 8 de agosto de 2008. Con motivo de los preparativos, el 28 de mayo de 2008, Gregori advierte a su cuñado que "Joaquín [Ripoll] no quiere que sepa nadie que va a ir en el barco con Enrique". Sobre ese mismo viaje, Ortiz comenta al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, que no revele a nadie que ha invitado a Ripoll: "Pero ni en broma, por favor no digas nada, que me buscas la ruina".
El segundo crucero se desarrolló la última semana de agosto de 2009. En este caso, Ortiz se limitó a prestarles la embarcación. El índice de satisfacción de los viajeros quedó reflejado en la siguiente conversación entre Ortiz y Margarita de la Vega, esposa de Ripoll, el 28 de agosto de 2009.
Enrique Ortiz. ¿Estáis disfrutando?
Margarita de la Vega. Disfrutando a tope. Muchas gracias, Ortiz.
E. Para mí es un honor hacerte disfrutar.
M. ¡Oh, qué gustito!
Al día siguiente, Ortiz vuelve a hablar por teléfono con ella.
E. O. ¿Cómo estás guapetona?
M. Con amigos como tú da lujo, qué suerte tengo, qué afortunada soy con amigos como tú.
La investigación policial concluye que como consecuencia de la adjudicación de la planta del plan zonal de La Vega, Ripoll pudo haber recibido dos lujosos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, por supuesto trato de favor a Ortiz y al también empresario Ángel Fenoll. El informe apunta, aunque no de manera taxativa, que la financiación de ambas casas podría proceder de la operación de compra de una finca de Fenoll por parte Ortiz para ubicar la planta.
El intermediario en la operación de los pisos y la compra de la finca para la planta fue Gregori. En una conversación entre Ángel Fenoll y Gregori, fechada el 4 de diciembre de 2009, ambos coinciden en la necesidad de alquilar una finca propiedad de Fenoll para el vertedero.
Ángel Fenoll. La finca hay que alquilarla.
Rafael Gregori. Eso está claro.
A. Si no estamos perdidos, ¿eh?
R. Que sí hombre, que sí, eso está claro. Entonces te llamo y me paso a verte.
El informe policial sugiere que el dinero que la promotora pide por los pisos lo sacarían de la operación de compra por parte de Ortiz de la finca de Fenoll donde se va a construir la planta.
Fenoll y Gregori también hablaron sobre la forma de pago de la finca.
Ángel Fenol. Ellos [se refiere a Ortiz] van a pagar en ese acto la finca entera, ¿no es eso?
Rafael Gregori. Ellos, vamos a ver, te pagan lo que acordamos, te dan los pagarés avalados de toda la finca.
A. ¿Ah, los pagarés avalados?
R. Ellos te pagan dos millones de euros más IVA.
Fenoll es, según la investigación, el cabecilla de la trama. La pieza clave en la adjudicación del plan zonal. Y, además, su protagonismo es absoluto en la segunda rama del caso Brugal: la contrata de la basura de Orihuela, adjudicada en octubre de 2008 a la UTE entre Sufi y la firmas Liasur y Gobascant. El informe prueba que las dos últimas firmas son una tapadera de Fenoll y que el industrial financió la campaña electoral del PP en las municipales de Orihuela de 2007.
El informe también señala que Fenoll contó, para enmascarar las empresas que concurrían a esa adjudicación y hacerse con la contrata, con la colaboración de tres ediles del PP y de un hermano de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. En una conversación el 29 de enero de 2008, el edil de Orihuela Ginés Sánchez, uno de los implicados, comunica a Fenoll que el proceso administrativo de adjudicación se desarrolla como estaba pactado.
Ginés Sánchez. No ha habido cambio, tal como se aprobó se ha aprobado [se refieren al pliego de condiciones].
Ángel Fenoll. ¿Tal como se acordó? ¿No?
El caso Brugal cuenta con un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. El alcalde de Elche, Alejandro Soler, informó ayer de que uno de ellos, el ex portavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós, seguirá dentro del grupo municipal pese a su suspensión de militancia.
(www.elpais.com, 12/09/10)
LOS MUÑIDORES
- José Joaquín Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP en Alicante, es presidente de la Diputación desde 2006. La investigación señala que ha hecho valer su influencia política para urdir la trama corrupta a cambio de dádivas.
Ángel Fenoll. Industrial afín al PP. Ha fraguado un imperio económico a la sombra del negocio de la basura. Irrumpió en Orihuela a finales de los ochenta de la mano del Manuel Lorente, padre de la alcaldesa, Mónica Lorente. Monopoliza las contratas de la basura en La Vega Baja. La investigación cree que falsificó empresas y financió al PP local.
Enrique Ortiz. Constructor y máximo accionista del Hércules. Ha creado un imperio económico desde el negocio de la promoción inmobiliaria. También está implicado en el caso Gürtel.
Rafel Gregrori. Empresario de la automoción y ex presidente de la Fundación del Hércules. Según la investigación, es el intermediario de la trama.
(www.elpais.com, 12/09/10)
RIPOLL A ORTIZ : ´A VER SI ARREGLAMOS DE UNA VEZ LO DE ORIHUELA´
Ripoll habla con Ortiz - 2 de OCTUBRE de 2008
El presidente de la Diputación llama a Ortiz para pedirle que "coloque" a una señora de 50 años que él conoce como limpiadora. Ortiz le dice que no hay problema, que le diga que vaya y "la coloco en un sitio que esté contenta y arreglado". Ripoll le insiste explicándole que la mujer "no tiene ni para comer".
Ripoll: Oye tenemos que juntarnos para ver si arreglamos de una vez lo de Orihuela y lo de ...
Ortiz: hay que arreglarlo ya, me lleva a mí de cabeza, tengo más reuniones.
Ripoll: Y a mí. A mí.
Ortiz: Buah!, qué mareo, pues cuando tú digas nos sentamos y lo cerramos ya.
El director de Cespa y Ortiz - 7 de OCTUBRE de 2008
"El presidente tiene la misma prisa que nosotros, hay que darle un empujón a la alcaldesa"
La Policía interviene una conversación que califica de "reveladora" entre quien podría ser Javier Llansó, director general de Cespa -empresa con la que Ortiz formó la UTE para optar a la adjudicación- y el propio Ortiz.
Javier Llansó: Oye Enrique una cosita, vamos a ver yo estoy un poquito preocupado por el tema, por cómo se está, eh, torciendo por la evolución de lo del Plan Zonal, no, de Alicante, no. Entonces yo no sé, sería bueno que habláramos un día, no, o que..
Ortiz: Si cuando quieras.
Llansó: Porque
yo no sé si ir a
ver a, que
hiciéramos
alguna visita
que nos
sentáramos, con,
con...
Ortiz: Con
Joaquín.
Llansó: Si, si, eh...
Ortiz:Cuando te venga bien vienes, me dices que día vas a venir y hablamos nosotros y luego nos vamos a hablar con él.
Llansó: Si no yo creo que sería bueno, porque creo que llevamos demasiado tiempo sin aclarar la situación, no estamos en acción transitoria, que deberíamos movernos ya, para mover alguna tonelada, porque si no, la cosa no, la adjudicación de Orihuela es nefasta para nosotros, porque ponen a falta de (ilegible) de esta gente de Abanilla, no.
Ortiz: Si, si.
Llansó: Lo cual es todo un poquito raro, no me gusta, eh.
Ortiz: Pues mira a ver tu agenda y cuando digas de venir, yo le pido la cita y aprovechamos que vienes para tener una reunión.
Llansó: Vale, de todas maneras, tú que ge..., estás haciendo gestiones o has hablado con él.
Ortiz: Si, si, si, he estado hablando con él y el presidente tiene igual prisa como nosotros.
Llansó: Entonces cual es el problema porque no lo entiendo muy bien.
Ortiz: Pues la, el permiso de donde nos dan la transitoria, porque lo ideal es que nos dejaran montar en la misma finca que hemos comprado, pero parece ser que había pegas y hay que pegarle un empujón a la alcaldesa para que nos dé permiso para montarla allí en Abanilla.
Llansó: Ya.
Ortiz: Vamos en La Pistola en la misma Pistola.
Llansó: La Pistola, pero la alcaldesa lo único que ha hecho es adjudicar la recogida a unos tíos que lo que hacen es poner el vertedero de la Abanilla, que, que...
Ortiz: Si.
Llansó: Incumple todo lo incumplible, ya lo sabes.Mucho no nos quieren resume la alcaldesa, por lo que ha demostrado.
Ortiz: No, si,
si, lo que pasa
es que nos
aprieta un poco,
sabes, como está
el Fenoll este
por el medio y
aprieta.
Llansó: Ya, ya.
Pero a mí.
Ortiz:Tú dime cuando vienes y nos ponemos duros y empezamos de una manera u otra.
Ripoll habla con Gregori - 9 de SEPTIEMBRE de 2008
"¿Os han hecho la foto a la salida o qué?
Un mes antes de las conversaciones recogidas antes, Gregori organiza una comida en un conocido restaurante de Alicante con Ortiz y Ripoll. Al salir, el presidente de la Diputación avisa a los empresarios para que no salgan porque hay prensa en la puerta. Después habla con Gregori.
Ripoll: ¿Cómo acabó la comida?
Gregori: Bien, bien, bien, yo apretándole a éste -a Ortiz-.
Ripoll: Je, je, es más duro que la leche.
Gregori: Este tío... me cago en su padre. Hombre, yo creo que lo llevaré al huerto, pero es difícil.
Ripoll: Difícil, difícil, si.
Gregori: Sacarle un duro, no?
Ripoll: Nunca acabas de negociar, siempre está negociando.
Gregori: Ahora que si resulta que lo que hablamos en Navidad no vale, ¿no? Y que hay que los dos... los cuatro paquetes que me pone ahí, pero vamos a ver, déjate, si yo ahora me voy con esta canción al tío, ¿no? Me manda a hacer puñetas -supuestamente habla de Fenoll-.
Ripoll: Te rompe las piernas, je, je.
Gregori: Pero además que no salgo de Orihuela.
Ripoll: Ja, ja, ja, ¿os han hecho la foto a la salida o qué?
Gregori: No, no, no, se había marchado ya.
Ripoll: Se había marchado ya
Gregori: Es que parece ser que estaba la consellera de Turismo ahí.
(www.levante-emv.com, 11/09/10)
LA TRAMA UTILIZÓ MÓVILES DE MUERTOS Y PREPAGO PARA EVITAR LOS PINCHAZOS
La brigada de Blanqueo de Capitales no lo ha tenido fácil, aunque se pueda pensar lo contrario, para tejer todo el hilo argumental del "caso Brugal". Hay "páginas en blanco" en el correlato de hechos, llamadas que se iban a producir y nunca llegaron, citas que se iban a celebrar y nunca se supo si tuvieron lugar. La Policía, además de tener pinchados en un momento dado de la investigación hasta una docena de teléfonos, sabía que los implicados estaban usando teléfonos de prepago que eran adquiridos por testaferros en las tiendas.
Así aparece en dos piezas distintas del "caso Brugal". Una, la que hace referencia a la adjudicación de las basuras; y la segunda, el plan zonal. Al final, sus dueños "caían" porque la Policía tenía sistemas para captar la señal, conocer el número y, finalmente, pincharlo. Entre los beneficiarios de algunos de estos teléfonos, que fueron repartidos a finales de enero de 2008, según el informe, está Antonio Ángel Fenoll, el concejal de la Limpieza de Orihuela, Manuel Abadía; Jorge Lorente, empresario y hermano de la alcaldesa; o Ginés Sánchez, edil de Medio Ambiente. De otros tres móviles ha sido imposible saber su usuario.
Hay otros móviles que ha sido imposible saber con quién hablaron sus interlocutores, según descubre un informe de una empresa del sector ante un requerimiento del área de Telecomunicaciones, sección de Observaciones, de la Dirección General de la Policía. Así se han podido recuperar de algunos números sólo las llamadas que recibió o se hicieron con él los dos meses anteriores. Lo que pasó antes, nadie lo sabrá nunca.
Uno de los teléfonos "de seguridad" que más llama la atención a los agentes fue utilizado en 2008 por Rafael Gregory. Era un número en el que él tenía que confiar a la fuerza porque "había venido siendo utilizado anteriormente por el empleado de Autisa, C.P. hasta su fallecimiento el pasado mes de agosto". Ante esta circunstancia, era el móvil de un finado, se procedió por parte del Ministerio Fiscal, "basándose en informes policiales, a solicitar su inmediata observación e intervención". De ahí han salido algunas de las conversaciones más jugosas.
La Policía también relata lo que "denomina tráfico cruzado de llamadas" entre algunos personajes de estas tramas y le llama la atención que, incluso, en un mismo día y utilizando el mismo par de teléfonos, puedan cruzarse hasta doce llamadas en sólo tres horas. Los investigadores también han descubierto citas a las cuales los implicados acudieron en coches prestados, para no ser seguidos, y encontraron un "lenguaje cifrado" que identifica "pisos" por "limones" o "matrículas de camiones" por "contratos". Y llegan a hacerse expertos en estas interpretaciones. Así, por ejemplo, se atreven a decir, en relación al supuesto beneficio que pudo obtener Ripoll con la siguiente 0: "...la existencia de esta supuesta dádiva podría explicar el comentario realizado por éste (por Gregory) al final de la conversación "¿sabes, están baratos, están cayéndose al suelo", pudiendo venir referido al descenso del precio de la vivienda registrado en la ciudad de Alicante en los momentos presentes", diciembre de 2008.
LA CONVERSACION
"...Y los tienes ya preparados todos, les han quitado el pin..."
El concejal de Turismo de Albatera, Javier Bru, y Ángel Antonio Fenoll, hijo del dueño de Colsur, mantuvieron una conversación el 23 de enero de 2008 en relación a los terminales ya disponibles.
Javier Bru: ¿Sí?
Antonio Ángel: Javi. Dime.
AN: ¿Dónde has dejado el teléfono?
J: Lo tienes ahí en el despacho, en una bolsa verde.
AN: Sí aquí, vale, vale. Y los otros, ¿dónde están?
J: Los otros como se ha quedado ella quitándoles el pin...
AN: Sí.
J: ¿Sabes, hay que recogerlos ahora, lo que pasa que yo no estoy ahí.
AN: Ya, ya, ya, se... estoy yo aquí.
J: Hay que recogerlos porque tendrá una lista hecha de los teléfonos...
AN: ¡Ah¡, vale, vale.
J: Y los tiene ya preparados todos, les ha quitado el pin...
AN: Sí.
J: Y los albaranes ya los ha preparado. Sí, y ha hecho los tres albaranes que hay que recogerlos, están pagados.
AN: Tres ¿qué?
J: Tres albaranes.
AN: Vale, ¿a nombre de quién?, bueno venga, vale, vale.
J: Sí, están pagados solo hay que recogerlos.
AN: Venga, vale, vale.
"¿Qué haces hablando ¡No hables por teléfono!"
Ángel Fenoll y su colaboradora en Callosa, Fina Candel, hablan sobre un supuesto pago.
Fina Candel: Te lo dije, déjame libre (ilegible). Y si me dejaras tú libre fuerza, cuando le ha dado Antonio Ángel el dinero al alcalde, me tenía que haber dicho, Fina, voy a darle el dinero, y ya tengo yo una base muy grande para decirle, Javier....
Ángel Fenoll: Fina, Fina, Fina
F: ¿Qué ?
ÁF: ¿Qué haces hablando?, ¡no hables eso por teléfono!.
(www.levante-emv.com, 11/09/10)
LA RED URDIÓ SUBIR EL PRECIO DE LOS RESIDUOS PARA COMPENSAR A ORTIZ POR EL SOBRECOSTE
Uno de los capítulos más interesantes de las grabaciones que obran en poder del juez se refieren a las negociaciones para que Ortiz adquiriera a Fenoll la finca donde, finalmente, se instalaría el vertedero. Ortiz había ofrecido unos terrenos en Torremendo que, según el sumario, no eran suyos ni tenía resuelto el contrato con los propietarios, con lo cual lo más lógico era aceptar los consejos de Gregori y otros para adquirir la de Fenoll. Precisamente, la finca del empresario oriolano se había desestimado por el Consorcio; entre otros motivos, porque era pequeña. Así, todos quedaban relativamente contentos y se recompensaba al empresario oriolano por los esfuerzos realizados en sufragar la campaña electoral del PP en Orihuela, según dice la Policía en los tomos del "caso Brugal". Para Ortiz era una inversión imponente porque no sólo tenía que comprar la de Fenoll, sino otra adyacente para poder instalar la planta. Era diciembre de 2008.
La cifra de la que se habla en las conversaciones grabadas es de cuatro millones de euros y se refieren a ella como el "sobrecoste" de la operación. Según la documentación, a Fenoll le costó la suya 800.000 euros (aunque declaró la mitad, siempre según la investigación) y quería tres millones por su venta.
Según se desprende de las conversaciones del sumario ese sobrecoste que para Ortiz iba a tener la operación tendrían que compensarse de algún modo y entre las propuestas que figuran en autos la más llamativa era el que podía ir recuperando la inversión, "mediante un sobrecoste sobre el precio por tonelada de basura que le pagaría el Consorcio". Es decir, la cantidad que la adjudicataria cobraría por cada mil kilos de basuras tratada sería superior al inicialmente previsto. De hecho, según los informes policiales, Ortiz no terminaba de verlo claro porque ésto aún había que incluirlo en la propuesta económica.
La cantidad de un millón de euros se repite en innumerables conversaciones como la "señal" que tendría que entregarse a Fenoll para que accediera a la venta e, inmediatamente, anunciarse la ubicación final. Fenoll cobraría en los años siguientes el resto porque la planta no se podría en marcha de inmediato, sino que se iba a entrar en un periodo de tránsito para la adecuación de las instalaciones.
Ortiz y Gregori
"... Que todo el mundo quede contento"
La Policía interviene una conversación entre Ortiz y Gregori de la cual "se desprende la necesidad de acuerdo" con Fenoll para que venda su parcela. Para los investigadores, "el Presi" -Ripoll-, debe quedar contento.
Rafael Gregori: ¿Te cuento un poquito cómo van los tiros, no?
Enrique Ortiz: Sí, pero a éste le tienes que llevar ahí en mantillas como sea.
R: Hombre, a éste al final lo tenemos que llevar en mantillas porque yo mañana cuando tú y yo estemos juntos y tú te reúnas con tu gente, ¿no? Yo hablo con el Presi, ¿entiendes?
E: Sí.
R: Y ya le digo, oye, que lleve el tema final y punto, ¿entiendes?
E: Ya, porque (no se entiende)
R: Quiero hacerlo...oye, quiero hacerlo bien con éstos, también, ¿entiendes?
E: Que si, que sí, que ya te digo, que yo estoy en la misma tesitura que tú, que todo el mundo quede contento.
R: Exactamente, entonces voy a ver un poquito cómo.
E: Pero sobre todo, pero el primero tiene que quedar contento es el que tiene que quedar contento , ya lo sabes tú.
R: Ya está el tema donde .. el tema donde tiene que estar , muy bien, nos vemos mañana... yo mañana te llamo, nos vemos , te digo un poquito cuáles son las pretensiones de esta gente para encaminarlo, no, eh, y hablas tú con los tuyos.
E: Vale, vale. tú éstos, al final haremos nosotros, yo en mi casa haré lo que tenga que hacer, me entiendes, o a las buenas o a las malas , pero que tú también tienes que coger a aquel y apretarle de los huevos y decirle, no te pases porque si rompes la baraja, jodes aquí a todo el mundo.
(www.levante-emv.com, 11/09/10)
UN INDUSTRIAL CORRUPTO COMPRÓ DOS TELEVISIONES LOCALES A PETICIÓN DE RIPOLL
Ángel Fenoll , empresario imputado en el caso Brugal , sostuvo económicamente un grupo mediático del PP alicantino a petición del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll , también imputado. A cambio, según las grabaciones que constan en el sumario, reclamó contrapartidas. La investigación policial ha permitido confirmar que Fenoll compró a petición de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, asimismo imputada, la emisora local Canal Vega Televisión, de cuya empresa, TV Orihuela, SL, es administrador único desde enero de este año. Previamente, Fenoll se hizo cargo, a través de personas interpuestas, de la empresa Tabarka Media, SA, que gestiona dos televisiones locales, Canal 37 en Alicante y Onda Mariola, en Alcoi.
Tabarka Media es el grupo que alentó en su día Eduardo Zaplana y para el que consiguió en 2002 el entonces presidente de la Generalitat valenciana apoyo financiero del grupo francés Bouygues, accionista mayoritario de Aguas de Valencia en esa época. Al frente de Tabarka Media estaba Genoveva Reig, que fue directora de Canal 9 y directora General de Comunicación del Gobierno valenciano en la época de Zaplana. Reig dejó oficialmente la dirección de Canal 37 y Onda Mariola el pasado mayo para engrosar al mes siguiente la nómina de 75 asesores de Ripoll en la Diputación.
En realidad, Reig ya había dejado su cargo en el consejo de administración de la empresa en diciembre de 2009, cuando cedió su administración a Bruno José García Soto, hombre vinculado a las empresas de recogida y tratamiento de basuras, como el propio Fenoll, en cuyo nombre entró en Tabarka Media en octubre, cuando se hizo una ampliación de capital. García Soto había comprado en julio de 2009 una empresa llamada Medios Hábiles, SL, en el banco de sociedades de Ramón Cerdá Sanjuán. Medios Hábiles sirvió para entrar en Tabarka Media. Posteriormente, en enero de este año, García Soto dejó la administración de Tabarka Media, que pasó a manos de Fernando Tomás Herrero, presidente de la Asociación de Promotores Turísticos de Dénia. El pasado 30 de julio se celebró otro consejo extraordinario de Tabarka Media para sustituir también a Tomás Herrero.
Estos cambios accionariales y de gestión en poco más de un año encajan con el informe policial incorporado al sumario del caso Brugal , según el cual, el empresario de Orihuela se hizo cargo de las dos televisiones de Alicante, tal como le pidió Ripoll, pero se negó a invertir grandes cantidades de dinero en una empresa cuya situación financiera era insostenible, lo que obligó a buscar de manera urgente otro inversor que evitara su desaparición. El propio Ripoll reconoció ayer que contactó con Fenoll para que entrara en el accionariado de la televisión. "Fue una iniciativa en el contexto de crisis y para intentar reflotar una empresa alicantina", puntualizó. El líder del PP desvinculó esos contactos con la adjudicación de la planta del plan zonal; "fue después", puntualizó.
(www.elpais.com, 11/09/10)
EL LÍDER DEL PP DE ALICANTE DICE NO SER AMIGO DEL EMPRESARIO EN CUYO YATE VIAJÓ
El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP provincial, José Joaquín Ripoll, le había dicho al juez que no era amigo del empresario Enrique Ortiz, uno de los imputados en el caso Brugal. Ayer admitió haber viajado en su yate.
Vacaciones pagadas a bordo de un lujoso yate y dos áticos en el centro de Alicante o su equivalente en metálico, un millón de euros. Éstas son las «contraprestaciones» que, según el sumario de la operación Brugal, recibió Ripoll a cambio de supuestos favores políticos en la adjudicación de una sustanciosa contrata pública: el plan zonal de residuos de la Vega Baja. Él negó ayer haber recibido los pisos y dijo que sólo los visitó porque estaba pensando en comprar una vivienda, que finalmente adquirió con hipoteca en un edificio distinto al investigado por la Policía.
Los informes policiales recogen la supuesta existencia de una trama de regalos por parte de los empresarios Enrique Ortiz (máximo accionista del Hércules) y Ángel Fenoll -ambos detenidos en julio- a cambio de supuestas ayudas en los momentos precisos e información privilegiada. La Policía enmarca dentro de esta presunta red de regalos las vacaciones que Ripoll disfrutó a bordo de dos yates propiedad de Ortiz en al menos dos ocasiones, una vez en Mallorca y otra en Ibiza y Formentera. También cenó con su mujer en el barco de Ortiz en la Feria de Abril de Sevilla en 2008.
Y eso a pesar de que, en julio, en su declaración ante un juez de Orihuela que le imputó por cohecho, entre otros delitos, Ripoll negó ser amigo de Ortiz y descartó que mantuvieran ningún tipo de relación más allá de un contacto «institucional».
Sin embargo, Ripoll admitió ayer en rueda de prensa que del 6 al 8 de agosto de 2008 viajó a Mallorca como «invitado» en el yate de Ortiz, el Elena, una embarcación en la que no falta ni un solo detalle de lujo, como un jacuzzi y una bañera vaciada en una sola pieza de mármol. El «megabarco», como lo llama en una conversación telefónica la esposa de Ripoll, Margarita de la Vega.
También viajó a Ibiza en agosto de 2009 con su esposa y otros dos matrimonios en otro barco que Ortiz prestó al imputado Rafael Gregori, quien, según la Policía, actuaba como intermediario entre Ripoll y Ortiz. Ripoll explicó que los gastos de combustible y comida los pagaron «a escote», y cifró el coste en unos 2.000 euros. Según aseguró ayer, «ni el señor Ortiz me pidió nada a cambio ni yo le ofrecí nada a cambio». Además, el presidente y su esposa estuvieron con Ortiz en a la Feria de Abril en 2008, como atestiguan las fotografías tomadas por la Policía. La pareja cenó en el yate de Ortiz, después de que el empresario hablara por teléfono con la esposa del presidente. «Que me invite, le gorronearé un poco», explica ésta en uno de los pinchazos, en el que también cuenta que le pidió a Ortiz: «Que me haga una fiestecita para el viernes, que vienen unas amigas».
(www.elmundo.es, 11/09/10)
FAJOS DE BILLETES EN BOLSAS DE PAPEL
Una de las piezas separadas del «caso Brugal», intervenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales en la casa de Ángel Fenoll en 2007, desvela el método que el empresario utilizaba en su despacho para grabar a políticos, con fines que no ha aclarado la investigación hasta ahora. Bolsas de papel y fajos de dinero que cambian de mano.
Al menos en dos asuntos que se han desgajado del «caso Brugal» aparecen imágenes o videos de personas recogiendo fajos de billetes en el despacho de Fenoll. Son videos sin fecha y apenas han dado lugar a más diligencias que la identificación de los protagonistas y la transcripción de conversaciones. Nada más. En una se sabe que Fenoll entregó, dice el informe, 480.000 pesetas –no se habla de euros como moneda– a un hombre al que se relaciona con una candidatura electoral en Cox en 2003; en el segundo, el que recibe el dinero fue concejal en la Vega Baja en 1999. Probablemente, en caso de existir algún delito, éste estaría prescrito porque las grabaciones se sitúan, probablemente, entre 2002 y 2005, pero ofrecen una valiosísima información sobre cómo se realizaban las grabaciones.
«¿Se va a terminar la cinta?»
En uno de los videos se observa a un empleado de Fenoll preparando la grabación. Entra en la habitación con una bolsa de papel que deposita en la mesa. Habla a través del teléfono con alguien y duda si tiene que darle ya al «rec» –el botón de grabación de la cámara– porque, dice, teme que sea muy pronto y se acabe la cinta antes de tiempo. Hace su papel con profesionalidad, rápido y sin miramientos. Todo está listo.
Asientos a dos alturas
Cuando sale el trabajador, se puede observar durante unos instantes cómo es la instancia, un despacho de no más de 20 metros cuadrados. Se ve descuidado, con papeles desordenados por las mesas y panfletos de publicidad. El sillón del gerente de Colsur es más alto que los dos que están frente a él. Hay sitio para poco más La cámara está estratégicamente situada en el ángulo superior izquierdo. La visión es perfecta.
Entran los dos protagonistas
Fenoll entra con
un político. Van
comentando
cuestiones
intrascendentes
sobre algún
concejal, al que
tratan por su
apodo. Hablan de
contratas,
pregunta el
empresario por
cómo está el
alcalde.
La bolsa
El invitado coge uno de los folletos en sus manos y lo ojea de forma descuidada hasta que Fenoll se lo quita de las manos para centrar su atención. El empresario, en ese instante alarga el brazo y coge la bolsa de papel que está en el otro lado.
«¡Ahí va!»
Ángel Fenoll, al tiempo que coge la bolsa le dice a su invitado «¡Ahí va!» y éste le contesta: «Va ahí, pues ya está», pero el empresario no se la da. Saca del interior otra más pequeña y, dentro de ésta, un gran fajo de billetes. En la grabación se observa cómo los cuenta, de forma descuidada, pero permitiendo que en todo momento la cámara capte la escena. De pronto, Fenoll se muestra contrariado y dice: «Mira si sabía yo que faltaba. Siete».
A por más
El empresario vuelve a guardar con sumo cuidado el dinero en la bolsa. A continuación, sale de la habitación sin mediar palabra mientras el político, que aguarda al otro lado de la mesa, se queda solo y se mueve nervioso. Pasan los minutos, pero Fenoll no vuelve. El invitado vuelve a coger el catálogo. Ni tan siquiera se atreve a mirar la bolsa que está a su lado.
«Es que hoy los bancos...»
Fenoll vuelve a la escena con un sobre que lleva en una mano. Lo primero que hace es disculparse por la tardanza «Es que, ¿sabes lo que pasa?, que hoy, hoy los bancos...» y le interrumpe el convidado: «...están perdidos...». Fenoll retoma el hilo de la conversación «... si no vas tres o cuatro días antes, no te lo dan ¿eh?». El político hace un gesto afirmativo y dice: «solamente pueden tener creo que son dos millones o tres millones de pesetas en efectivo».
Otro fajo más
Fenoll alcanza
su silla y abre
el sobre que
lleva en la mano
donde se observa
otro fajo de
billetes. Lo
cuenta muy por
encima,
permitiendo que
la cámara lo
grabe todo.
Después, lo une
al resto en la
bolsa pequeña.
Parece un ritual
repetido en mil
y una ocasión.
El invitado
apenas mira de
forma descuidada
y no le da
conversación,
mientras el
empresario está
concentrado en
acabar el
paquete.
Gestos y palabras a medias
El dinero se queda sobre la mesa. En ese instante, el invitado dice «Bueno, me voy». Fenoll parece sorprendido y le interpela: «que te vas, el...». Se cruzan unas frases a medias que los dos parecen entender pero que no tienen sentido. Al final, Fenoll le hace un gesto y éste le contesta otro, mostrando dos dedos de la mano derecha.
«No preguntes, no preguntes»
La conversación no se acaba y ambos siguen sentados. Hablan del alcalde, «...yo con el alcalde firmo, por él, firma, no, no, sí tú me lo dices, sí». Ángel no parece convencido y el político le replica: «Y no preguntes, y no preguntes... bueno, me fío de ti. Tú, si tienes alguna duda, me preguntas. No digas no nunca, tú pregunta, yo te digo: si o no».
«Se nos echa la campaña encima»
El invitado se levanta y Ángel Fenoll le dice: «Se nos echa la campaña encima y todo el tema». El político se gira y un instante antes coge la bolsa de papel de la mesa sin mediar palabra, sin firmar nada. Ambos salen de la estancia para despedirse. Al cabo de unos instantes, Fenoll vuelve. Le da al botón de «rec» y todo se apaga como si ahí no hubiera ocurrido nada.
(www.levante-emv.com, 13/09/10)
'CASO BRUGAL': PARADIGMA DE LA PROMISCUIDAD ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
El detonante fue un supuesto soborno por la contrata de la basura en el municipio de Orihuela (en el sur de Alicante) en 2006. El denunciante de aquel presunto cohecho fue el industrial afín al PP, Ángel Fenoll. No obstante un año más tarde, éste se convirtió en la primera víctima policial de una supuesta trama corrupta destapada por la policía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Las diligencias policiales de esta investigación integran el sumario del denominado caso Brugal, que tres años más tarde arroja un saldo de 100 imputados por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, presuntamente explicitados en millonarias dádivas y financiación ilegal del Partido Popular.
Los dos pilares de esta trama son la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela y la planta del plan zonal de La Vega Baja. La primera, tras el intento fallido de 2006, se adjudicó en octubre de 2008 a una unión temporal de empresas liderada por Sufi y las firmas Liasur y Gobancanst. El valor del contrato es de 190 millones por 20 años. La segunda pata de la trama es la planta del plan zonal. Ésta fue adjudicada por la Diputación de Alicante en enero de 2008 a la unión temporal de empresas integrada por Cespa y una empresa del promotor Enrique Ortiz. La instalación se levantará en una finca propiedad de Fenoll y el contrato está valorado en 250 millones de euros.
Los muñidores de esta supuesta trama, según la investigación, son el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, el industrial Fenoll y el promotor alicantino y dueño del Hércules, Enrique Ortiz.
Según la investigación, Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP valenciano, ha hecho valer su influencia y poder político desde la presidencia de la Diputación. Un dato gráfico es su nómina de asesores: 76 en total. El empresario Ortiz ha puesto sobre el tapete su poderío económico gestado en el ámbito de la promoción inmobiliaria. El propietario del Hércules es el adjudicatario del mayor PAI de la Comunidad Valenciana (el plan Rabassa, con 13.5000 casas). Y Fenoll como el verdadero patrón de La Vega Baja, donde monopoliza casi en exclusiva las concesiones de la basura y limpieza. Sus negocios siempre rayan en la ilegalidad. En juez llegó decir de él: "Se cree que tiene patente de corso".
Por la causa de la contrata de Orihuela hay un total del 45 imputados, entre ellos, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, ocho ediles populares de ese ayuntamiento, más el ex socialista Francisco García Ortuño y dos ex ediles del Centro Liberal, Jesús Fernández y el fallecido Joaquín Escurra. En este caso, la policía ha probado que las firmas Liasur y Gobancants son una tapadera de Fenoll y que éste pagó la campaña electoral del PP local en 2007.
Por la pieza del plan zonal, hay otros 22 imputados, entre ellos, Ripoll, Ortiz y el portavoz de Grupo Socialista en la Diputación, Antonio Amorós. Aquí, el informe policial concluye que Ripoll adjudicó la planta a cambio de dos pisos valorados entre 800.000 y un millón de euros por los favores realizados a Fenoll y Ortiz.
Vacaciones juntos
Los protagonistas de la trama, sobre todo Ripoll, Ortiz y el intermediario de la red (el empresario Rafael Gregory, amigo íntimo de Ripoll) han compartido periodos de asueto en varias ocasiones. Entre otros, viajes de placer a bordo del yate el empresario a Baleares.
Ripoll ha negado este mediodía los hechos y asegura que no dimitirá. Ortiz señaló hace unos días que "no sabía nada de nada". Fenoll guarda silencio. Y Amorós, pese a negar que está imputado, ha dimitido esta tarde como portavoz.
El resto de piezas, hasta completar la veintena de ramificaciones que incluye la trama, recogen supuestos tratos de favor por las contratas de la basura que Fenoll lleva en media docena de municipios de la comarca o financiación ilegal del PP. Hay una pieza especifica que investiga posible financiación ilegal de la Fundación del Hércules, bajo la presidencia de Rafael Gregori. La policía llegó a destapar hasta cuatro intentos de compra de partidos por parte del dueño del Hércules para asegurarse el ascenso a Primera División. Esta causa se archivo por los hechos no son delito en el ámbito penal.
(www.elpais.com, 11/09/10)
INTERMEDIARIO: "¿QUÉ PISOS QUIERES?" RIPOLL: "DOS DE DISTINTO ASCENSOR, D Y E"
La investigación de los contratos de basura adjudicados en la provincia de Alicante ha puesto al descubierto el supuesto pago de comisiones ilegales. En este caso se trataría de pago en especie: dos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, supuestamente entregados a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación Provincial de Alicante, por la adjudicación de un negocio multimillonario al empresario Enrique Ortiz, implicado también en la financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel, e indirectamente, al industrial Ángel Fenoll, imputado también en el caso Brugal.
El informe policial que figura en el sumario apunta a que "la contraprestación" a favor de Ripoll "se vería materializada en dos viviendas unidas de la promoción inmobiliaria ubicada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante a desarrollar por la promotora Calamerced".
El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incorpora una serie de conversaciones telefónicas mantenidas entre distintos intermediarios y el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, que ocupaba además el cargo de presidente del Consorcio para el desarrollo del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la zona de la Vega Baja, desde el que se adjudicó el contrato de las basuras.
Los investigadores sostienen que esas conversaciones demuestran que Ripoll negoció con intermediarios de los empresarios que se llevaron el contrato de basuras el cobro de una contraprestación, en este caso, dos viviendas, que incluso visitó en compañía de su esposa, que también se preocupó por los pisos.
La primera conversación que destaca el informe policial y que, como el resto, está incorporada al sumario del caso, se refiere a la mantenida por Rafael Gregori, intermediario entre los empresarios adjudicatarios del negocio de las basuras, y el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, en relación con los dos pisos que supuestamente iba a cobrar a cambio de favorecer una determinada adjudicación.
Rafael Gregori: (que ha llamado al teléfono de la mujer de Ripoll y habla con el presidente de la Diputación Provincial): Oye, vamos a ver. Me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.
Joaquín Ripoll: Espérate que te lo mire y te lo digo.
Rafael Gregori: Míralo y me lo dices.
Joaquín Ripoll: Espérate, que lo tengo aquí al lado.
Rafael Gregori: Porque había varios quintos, ¿no?
Joaquín Ripoll: Sí. Yo creo que eran, a ver.
Rafael Gregori: Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?
Joaquín Ripoll: Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.
Rafael Gregori: El D y el E, ¿no?
Joaquín Ripoll: El D y el E, sí.
Rafael Gregori: Vale. El cinco D y cinco E.
Joaquín Ripoll: Cinco D y cinco E. D, de dedo y E, de España.
Rafael Gregori: Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.
Joaquín Ripoll: Venga, de acuerdo. Hasta luego.
Rafael Gregori: Venga Joaquín, un abrazo, hasta luego.
El intermediario habla después con su hermano José y tratan el tema de los pisos y se refieren al jefe, en relación a su padre, que forma parte del consejo de administración de la inmobiliaria que promueve los pisos que supuestamente iban a regalar a Ripoll. Los hermanos coinciden en que, antes de comprometerse, tienen que tener claro el negocio.
José Gregori: Oye, tienes que pensar una cosa Rafa, que se ve que éstos le están apretando ya al jefe para los pisos de....
Rafael Gregori: No, ya, ya me lo ha dicho, pero yo se lo he dicho al jefe, que a su momento, tío.
J: Eh, vamos a asegurarnos eso, ¿no?
R: Y si no, no hay pisos.
J: Antes de comprometernos.
R: José, yo hasta que no tenga el tema claro, no hay (no se entiende).
J: No vayamos a comprometernos nosotros con más pisos, ¿no?
R: José, tranquilo, ya lo hablamos mañana, ¿eh?
J: Venga, pues nada, ¿eh?, mañana nos vemos.
R: Lo comentamos mañana y ya te digo lo que quiero.
J: Muy bien.
R: Venga, hasta luego
El intermediario vuelve a hablar con el presidente de la Diputación Provincial de Alicante.
Rafael Gregori: Joaquín.
Joaquín Ripoll: Rafa, buenos días.
R: Llamé ayer a Margarita y no me lo cogió.
J: Bueno, yo hablo con ella y luego quedamos, oye, ¿podíamos ver los pisos?
R: Claro, coño.
J: ¿Los podemos ver mañana?
R: Claro que sí.
El intermediario Rafael Gregori trata sobre el tema de los pisos con la mujer de Ripoll, Margarita de la Vega.
Gregori le dice que habló con su marido Joaquín Ripoll y con Enrique Ortiz, el empresario al que se adjudica el contrato de las basuras, y quedaron a las diez para cenar en Petrel, que él le recoge a las 21.30.
Margarita de la Vega: Oye, por cierto, que además yo quería hablar contigo porque los pisos esos, le he preguntado que si ya los tenemos y me ha dicho que sí.
R: Vamos a verlos mañana, dice.
M: Ah, es que yo quiero verlos.
R: Eh, vamos a verlos mañana.
M: Que él ya mire a ver si se puede o con otra cosa, ah, ¿ves como le aprieto? En el fondo no hay nada más que pegarle para que reaccione.
R: Vamos a... vamos a... vamos a verlos mañana.
M: Ah, vale, vale, vale, es que le he dicho, oye, ¿esto cómo está, qué pasa y qué tal?, vale, vale, estupendo.
R: De momento los tenemos comprados.
M: De momento los tenemos comprados , bueno, je, je.
R: De momento.
M: Espero que no los tengamos que vender, je, je.
R: Veremos a ver lo que tenemos que hacer, je, je, de momento sí.
M: Efectivamente, vale, vale.
R: Yo voy a organizarme hoy para verlos mañana.
Durante aquellos días, los funcionarios del grupo de Delincuencia Económica de Alicante establecieron un dispositivo de Vigilancia en las inmediaciones de la vivienda situada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante, en última fase de construcción. En ese momento, identificaron plenamente a Rafael Gregori y José Joaquín Ripoll, acompañados de sus respectivas esposas, accediendo al edificio situado en dicha Avenida, entre las calles Tucumán y Catedrático Ferré Vidiella.
El informe policial adjunta fotografías de la visita que realizaron al inmueble. Y aporta conversaciones del industrial Ángel Fenoll, que tuvo una participación activa para beneficiarse del negocio al vender un terreno propio que había comprado por 800.000 euros por cuatro millones de euros a Enrique Ortiz para que construyera allí la planta de tratamiento de la basura.
Ángel Fenoll: Rafa.
Rafa: Ángel.
Á: ¿Ha firmado ya o no?
R: Vamos a ver, le he dicho, he dicho lo siguiente, ¿no?, oye, que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh?, y los limones los recogerán cuando paguen, después de Navidad.
Á: Si, o...sí, un tema solo, un punto.
R: Exactamente, el cambio de los limones.
Á: Vale, vale, vale, y ya está, ¿eh?
R: Y los limones los recogerán cuando paguen.
Á: Exactamente, si no pagan los limones nada, ni un punto, ¿eh?, nada, nada.
R: Eso está dicho ya, ¿eh?
Á: Está dicho, ¿no?
R: Sí.
Á: Vale, vale, vale, muy bien, vale, vale. Esperemos que sea así, ¿no?, no nos vaya...
R: Si no, no, es así seguro.
Á: Que los limones están colgados.
R: No, no y además es que no los recoge que no le dejo yo recogerlo, ¡coño!
Á: Exactamente, eso es.
R: Y si mañana firma, y si mañana firma pues oye, ya.... recogerá los limones después.
Á: Claro, ¿sabes?, se le puede dar más plazo.
R: Claro.
Á: ¿Sabes?, están baratos, están cayéndose del suelo
R: (risas). Venga.
Á: ¿Eh?
R: Está todo arreglado.
Á: Vale.
(www.elpais.com, 10/09/10)
EL SUMARIO DICE QUE RIPOLL LOGRÓ UNA DÁDIVA MILLONARIA POR SU ACTUACIÓN
La Brigada de Blanqueo de Capitales ha llegado a la conclusión de que el Plan Zonal de la Vega Baja está viciado desde su origen con el único objeto de beneficiar, después de numerosas vicisitudes y un proceso de tres años, a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz para que el segundo se adjudicara por 20 años esta planta en terrenos del primero. También sostiene que el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ha recibido «presuntas contraprestaciones, destacando entre ellas la concretada en dos viviendas en el centro de Alicante o su equivalente en un millón de euros o la adquisición y saneamiento de un canal de televisión local». El Cuerpo Nacional de Policía basa sus conclusiones en escuchas telefónicas –hay cientos a lo largo de tres años–, seguimientos de reuniones con políticos del PP y PSOE y documentación fiscal y registral sobre la compra-venta de los terrenos. El informe está cerrado, no falta ni la visita que Ripoll y su esposa realizaron a las viviendas en obras que los investigadores le atribuyen, pero no es concluyente. Ripoll lo ha negado todo.
La investigación arranca a finales de 2006, cuando la Diputación hace público el contrato para la adjudicación de las basuras. Faltaban cinco meses para las elecciones municipales. Siempre según el informe que obra en autos, Fenoll intentó «comprar voluntades» y para ello «configuró un entramado de colaboradores». Entre ellos se cita a Vicente Gomis, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat; Antonio Amorós, portavoz del grupo socialista en la Diputación; y Rafael Gregory, empresario. Las conversaciones que figuran en esta pieza del sumario arrancan en abril de 2007 (probablemente Fenoll estaba «pinchado» desde enero), cuando al empresario le cuentan que su oferta para ubicar la planta no es la mejor puntuada y que los técnicos de la Conselleria se han decantado por la de la UTE Cespa-Ortiz. Era el 26 de abril. Aquello tuvo que ser una sorpresa, según se desprende del informe policial, porque los contactos de Gregory con el ente provincial le habían transmitido, «información de primera mano, relativa a la fecha de la adjudicación -el 8 de mayo-, posiblemente (fuera) Mónica Lorente, actual alcaldesa de Orihuela, para utilizarlo así como el grado de compromiso del señor Ripoll para defender su oferta (la de Fenoll) "con ojos cerrados"».
En esos momentos, y eso se investiga en otra pieza del «caso Brugal», Fenoll era el mecenas de la campaña electoral del PP de Orihuela. Por los «pinchazos» se sabe que el empresario intentó entonces cambiar el criterio de los técnicos e, incluso, que se realizara un informe paralelo que los desacreditara. Finalmente, la Diputación pospuso su decisión.
Durante esas semanas Fenoll, según la Policía, había hecho todo lo posible para ganar favores, incluso estuvo en Blanquerías –sede socialista en Valencia– y se entrevistó con José María Cataluña, vicepresidente del Patronato de la Fundación, «que al parecer ha llamado a los suyos para que apoyaran el proyecto», según el informe, o con Antonio Amorós. De las conversaciones se desprende que Fenoll se quejó a los responsables de campaña del PP de Orihuela por quedarse fuera y éstos le insistían en que «está controlado... hay mayoría absoluta... tiene Ripoll... Eh,... vamos... Está preparando el tema». Hay decenas de escuchas de esos días donde un tema recurrente son las elecciones y los votos «van todos donde tienen que ir», dicen. La Policía registró dos días después de las elecciones –en las que barre el PP– la empresa Colsur y detiene a Fenoll, su hijo y colaboradores. Entre otros documentos da valor a un contrato de asesoría con Gregory.
El 26 de julio Ripoll anuncia que se amplía el plazo de adjudicación y Gregory pasa a ser «pieza clave» porque mantiene conversaciones periódicas, para compartir información, provenientes toda ella casi en exclusiva del presidente de la Diputación». La Policía dice que la institución provincial decidió en septiembre adjudicar a Cespa-Ortiz por el informe favorable de los técnicos de la Generalitat, y que la otra opción era dejarlo desierto, pero nunca dárselo a Fenoll.
Los informes dicen que ante esta situación Gregory y Gomis consideraron que la única salida que quedaba era «llegar a un acuerdo con Ortiz que incluiría la finca adquirida por Fenoll». Es la primera referencia al empresario alicantino. Cespa-Ortiz se adjudicó la planta el 26 de noviembre de 2007. A partir de ahí, según la Policía, Ripoll y Gregory comenzaron a hablar más a menudo y se citaron en el «Meliá». Según la Policía, ese día se pudo fraguar la venta a Ortiz del terreno que Fenoll había adquirido para el Plan Zonal en otra zona de Torremendo –en La Pistola– o bien el darle a éste una participación del negocio.
Días después Gregory, ya como intermediario, habló con Ortiz para hacerle ver la necesidad del acuerdo. Pero nadie tuvo en cuenta a Cespa, el socio de Ortiz en la operación, y sólo tenían un mes para alcanzarlo, porque el 3 de enero de 2008 se iba a anunciar la ubicación. Según los investigadores, se utilizaron teléfonos de seguridad para cerrar los pormenores, pero no hubo acuerdo. El Consorcio, con todos los votos a favor, anunció por sorpresa que la planta estaría en Torremendo (aunque la propuesta más puntuada de Cespa-Ortiz estaba en Albatera y una jueza acaba de decir que es la que vale). Desde ese día había dos años para poner en marcha y aún no se ha hecho. La alcaldesa, Mónica Lorente, aceptó la ubicación por «solidaridad» con la comarca.
Ese día, Ortiz recibió mil felicitaciones y Gregory habló con el presidente de la Fundación del Hércules, Ignacio Mangada, para hacerle saber «los beneficios que va a obtener Ortiz y que al parecer repercutirán en el club de fútbol (...) así como la situación creada entre éste y el presidente de la Diputación». La Policía habla aquí por primera vez de dos pisos, en la avenida Benito Pérez Galdós que «habrían sido reservadas a Ripoll». Los informes dicen que se buscó un acercamiento desde entonces entre Ortiz y el presidente de la Diputación. Éste acudió el 12 de enero al partido ante el Elche.
Pero los problemas siguieron surgiendo en el Plan Zonal porque los propietarios del suelo no estaban de acuerdo con la oferta y «se les amenazó con expropiarles las fincas». Fenoll tenía los terrenos en Las Pistolas, que ya no servían para nada, y transmitió a Gregory la necesidad de que la mesa de negociación del Consorcio no resolviera aún la ubicación. Se estaba negociando. De hecho, en abril la Policía siguió hasta un restaurante de Alicante a Ortiz que, por primera vez, comió con Fenoll en presencia de Gregory y hablanro sobre la ubicación en los terrenos del empresario oriolano, pero no huboacuerdo. Ante esta situación, el 9 de junio, el presidente del Consorcio, Ripoll, anunció que «consciente de la inquietud y sensibilidad social» se trasladaba la ubicación desde la finca de Lo Cartagena –la que presentó con alternativa Ortiz a Albatera–. Desde la Policía se cree que hubo presiones para que Ortiz aceptara el acuerdo con Fenoll.
Por todo ello, dice la Policía, «ante la existencia de indicios más que suficientes de la existencia de un presunto pacto secreto promovido por altas instancias de la Diputación entre Cespa-Ortiz y la mercantil Proambiente, perteneciente a Ángel Fenoll, en aras a repartirse la adjudicación del Plan Zona de Gestión de Residuos (...)». La frase se escribió el 12 de mayo de 2008 para justificar «la conveniencia de proceder a la observación e intervención» del número de Enrique Ortiz.
Según se desprende de las grabaciones, mientras la Diputación anunciaba finalmene la ubicación, Ortiz mantenía una conversación con otro interlocutor en la que le habló de la opción de «compra de una finca que está al lado de una que tienen obligación de comprar (subraya la Policía) y que la definen como la media de las pistolas». Era la de Fenoll.
Y concluye el informe policial que hay «un acuerdo previsto auspiciado y dirigido por el organismo público, en este caso la Diputación de Alicante en la persona de su presidente, para adjudicar el plan zonal de gestión de residuos a la opción presentada por Cespa-Ortiz, con la condición sine qua non de adquirir la finca propiedad de Angel Fenoll».
La Policía establece que el presidente de la Diputación, con base en sus informes, tuvo como contraprestación «dos viviendas unidades de la promoción inmobiliaria ubicada en la avenida Benito Pérez Galdós», por valor de casi un millón de euros. Sobre estos pisos la primera grabación se realiza el 6 de noviembre de 2007, cuando se detecta una conversación entre Gregory y Ripoll, «utilizando éste el teléfono de su mujer». Siempre según la Policía, el presidente estaría interesado en dos viviendas de un quinto piso, «confirmando Rafael (Gregory) que se los dejaría guardados».
En conversaciones posteriores se llegó a referir Gregory a las viviendas como «el piso de.... de la Dipu (...) La promotora quiere cobrarlos –posiblemente un millón de euros»– y Rafael no quiere comprometerse sin haber cobrado previamente cierta cantidad. Ante esta circunstancia decide renunciar a los pisos y cometa que en su lugar hará entrega de la cantidad equivalente "al otro le doy yo dinero y ya está"». Ripoll visitó las obras de las viviendas junto a Gregory y sus esposas.
La Policía los fotografió a los cuatro y en el informe señala sobre el abono de los mismos que en una conversación se refieren a un «tal Enrique del asfalto» y para ellos éste es Enrique Ortiz porque tiene una empresa de asfaltos y obra civil, Tizor.
¿Qué cómo sabe la Policía que es Ortiz el que pagó las viviendas para Ripoll?, a priori, porque así lo interpreta de un «pinchazo» en el que se habla del empresario y se dice que éste tiene que hacer el primer pago, «que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh? y los limones los recogerán cuando paguen, después de Navidad». Para la Policía, los limones son pisos, que están baratos, y se están cayendo al suelo.
El hombre que hablaba con todos, que a todos conocía y que en todos los negocios mediaba. Rafael Gregory, ex presidente de la Fundación Hércules e imputado en el caso Brugal, donde pudo eludir la prisión gracias al pago de 100.000 euros de fianza (la segunda a la que ha hecho frente lo que va de año tras ser imputado también por una estafa millonaria a través de una mercantil de su propiedad, Autisa), aparece en el sumario como hombre de confianza tanto del empresario Enrique Ortiz como del presidente de la Diputación y como nexo entre ambos.
De él se dice en el informe policial que obra en manos del magistrado Carlos San Martín que «es necesario destacar la persona de Rafael Gregory Fernández con quien mantiene cierta amistad y que llega a convertirse en representante de las tres partes en conflicto –Proambiente, Ortiz y la Diputación–».
De hecho, son incontables las conversaciones en las que aparece y es a él a quien Ortiz llama nada más enterarse de que había conseguido la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja para mostrarle su agradecimiengo por, precisa la Policía, «considerarle responsable en cierta medida de la decisión del órgano colegiado provincial».
A raiz de la adjudiciación aparecen varias conversaciones en las que Gregory –también amigo de Fenoll– insiste en los beneficios que puede reportar, incluso para el Hércules, el acercamiento entre Ortiz y Ripoll, a quien el empresario no deja de mandarle mensajes a través de Gregory sobre posibles encuentros para comer o hacer un viaje. La Policía matiza que «Rafael pone como ejemplo de su valía su labor en el proceso de adjudicación del plan zonal al haberle conseguido a Enrique Ortiz algo que pretendía». En otro momento del informe se apunta: «de la labor de Gregory como intermediario y su labor de acercamiento entre Ortiz y Ripoll éste parece intentar sacar un beneficio: la presidencia del Hércules».
(www.levante-emv.com, 10/09/10)
TRES EDILES DEL PP ASESORARON A FENOLL PARA URDIR UNA TAPADERA DE EMPRESAS
La planta zonal es uno de los dos pilares del caso Brugal. El segundo es la contrata del municipio de Orihuela, adjudicada en octubre de 2008, a una UTE formada por la empresa Sufi y las firmas Liasur y Gobancants. La contrata está valorada en 190 millones de euros.
Esta contrata fue el origen del caso, en marzo de 2007, a raíz de una grabación en la que el empresario Fenoll denunciaba un supuesto soborno de uno de los grupos aspirantes al concurso. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante respondió a la iniciativa del empresario con su detención y la del resto de su cúpula empresarial (cinco personas más). Fenoll, su hijo y su gerente, Javier Bru, edil del PP en Albatera, estuvieron en prisión un mes. Los tres salieron en libertad tras pagar fianzas de entre 60.000 y 100.000 euros.
Más adelante, la investigación halló pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Orihuela por parte del industrial Fenoll (traslado gratis de militantes del PP a actos internos, pago de comidas y pago de objetos de propaganda electoral, como 3.000 mecheros) para asegurarse la victoria de los conservadores, como así ocurrió en mayo de 2007.
Con posterioridad, la investigación ha probado que las dos últimas sociedades de la UTE eran en realidad una tapadera de Fenoll. Para los vecinos de la localidad, el concesionario del servicio de la basura es Fenoll.
El industrial invirtió seis meses en urdir la trama mercantil. Según fuentes del caso, tres ediles del PP (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y José Antonio Rodríguez) asesoraron a Fenoll en la labor de falsificación en el registro mercantil, extremo del que era conocedora la alcaldesa, Mónica Lorente. Estos ediles también se encargaban de recoger los "sobres" que periódicamente entregaba el empresario al PP. La regidora y los tres ediles están imputados en el caso. Los tres últimos, después de ser arrestados por la policía el pasado 6 de julio. Lorente, y otros 38 imputados más por la adjudicación de este contrato, no han sido detenidos ni tampoco han comparecido ante el juez.
(www.elpais.com, 10/09/10)
EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL' IMPUTA AL PORTAVOZ DEL PSOE EN LA DIPUTACIÓN
El juez del caso Brugal (trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) ha imputado al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, según fuentes del caso. El dirigente socialista está acusado en una de las dos piezas principales del sumario: la adjudicación de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja. El sumario fue abierto por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. La causa general incluye una veintena de ramificaciones y alcanza a un centenar de imputados.
Las diligencias recogen una conversación entre dos de los acusados, Ángel Fenoll (cabecilla de la red) y Rafael Gregori (intermediario de la trama), que alude a Amorós. "Sí, sí que quería tocar más dinero", comenta Gregori a Fenoll.
Además de Amorós, en esa pieza hay 21 imputados más. Entre ellos, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el empresario adjudicatario, Enrique Ortiz. Ambos fueron imputados tras ser arrestados el 6 de julio. El magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, aún no ha comunicado a estas dos personas su imputación debido al conflicto inicial de competencia que planteó sobre esa pieza del sumario. Inicialmente, San Martín se inhibió de esa parte de la investigación y la trasladó a los juzgados de Alicante. El juez sobre el que recayó el caso tampoco lo asumió. El magistrado San Martín, en un auto del pasado día 2, levantó el secreto del sumario sin resolver el conflicto de competencia.
Amorós es por ahora el único político socialista imputado en la causa, según esas fuentes, aunque en las diligencias hay una alusión a José Cataluña, ex secretario de finanzas del PSPV-PSOE. Esa referencia es un comentario del principal acusado, el industrial Ángel Fenoll, a una supuesta reunión con Cataluña en Valencia. La investigación no ha podido probar que tal encuentro se llegara a celebrar. Las mencionadas fuentes del caso han señalado que, en contra de lo que informó este periódico el miércoles, en las diligencias no hay ninguna referencia a Vicent Sarrià, diputado autonómico y ex secretario de Organización del PSPV-PSOE.
La mayoría de los políticos imputados en el caso Brugal son del PP (Ripoll, la alcaldesa de Orihuela y ocho ediles populares más de ese Ayuntamiento). También están imputados el ex socialista Francisco García Ortuño y dos ex concejales del Centro Liberal: Jesús Ferrández y Joaquín Escurra, ya fallecido.
La nómina de imputados, al margen de los incluidos en las dos piezas principales, se completa con una treintena de personas implicadas en el resto de piezas del sumario. Las principales causas de esta parte del sumario general afectan a seis pequeños municipios de La Vega Baja: Callosa del Segura, Rafal, Algorfa y Jacarilla, gobernados por el PP, y Bigastro y Pilar de la Horadada, en manos del PSOE.
(www.elpais.com, 10/09/10)
EL JUEZ INVESTIGA 20 RAMAS DE LA TRAMA CORRUPTA DEL 'CASO BRUGAL' EN ALICANTE
La trama corrupta del caso Brugal incluye una veintena de ramificaciones, la mayoría vinculadas al negocio de la basura en el sur Alicante, según la investigación. El juez indaga favores por los contratos y financiación ilegal del PP. El epicentro de la trama es el industrial afín a este partido Ángel Fenoll, cuyas empresas monopolizan los contratos del servicio de la basura de los Ayuntamientos de la comarca. Fenoll, considerado por la investigación como el líder de la red, está imputado, al igual que otras 53 personas, por cohecho, fraude y tráfico de influencias.
Los dos pilares del sumario son la adjudicación de la planta del zonal de La Vega Baja y la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela. Por la primera, está imputado el presidente provincial del PP de Alicante y titular de la Diputación, José Joaquín Ripoll. Según el sumario, Ripoll adjudicó el proyecto a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico por supuestos favores al industrial Fenoll y el promotor Enrique Ortiz, adjudicatario del servicio y también imputado. En Orihuela, el juez indaga si Fenoll financió la campaña del PP local.
A estas dos patas principales del caso se suman otras seis piezas que indagan favores por los contratos de basura y financiación del PP en Callosa del Segura, Rafal, Algorfa, Jacarilla, Pilar de la Horarada y Bigastro. En los cuatro primeros gobierna el PP y el adjudicatario de la basura es Fenoll. Los dos últimos son del PSOE y Fenoll no tiene la concesión. Los alcaldes de Pilar y Bigastro han asegurado que "desconocen" los motivos por los que se les investiga.
Quien sí ha reconocido que su Ayuntamiento está dentro del caso Brugal ha sido el alcalde de Callosa del Segura, el popular Javier Pérez Trigueros. El regidor admitió que Fenoll tiene la concesión de la basura (la contrata está valorada en 1,1 millones por 20 años) desde 2005 y que el juez investiga una posible ampliación de la concesión a cambio de contratación de personal municipal. "Pero la contrata no se ha modificado y, por tanto, no se ha contratado a nadie", dijo. "Salvo a una barrendera, madre de cinco hijos y marido esquizofrénico, durante 18 días", precisó.
La oposición municipal del PSOE sostiene que el contrato "fue un traje a medida de Fenoll" y que el regidor Pérez Trigueros ha mejorado "notable y notoriamente" su patrimonio desde 2005 (chalé en Torrevieja, lujoso turismo y llamativos relojes). El alcalde replicó así: "Sí. Tengo chalé, coche y relojes de marca, pero todos son réplicas, el más caro es de 300 euros", explicó. Pérez Trigueros señaló que todo su patrimonio es fruto de una herencia familiar y su actividad empresarial (posee una promotora y una tienda de telefonía). "Tengo más de lo que parece y no hago más ostentación por pudor ante la crisis", aseveró.
Mientras, el diputado autonómico Vicent Sarrià, que aparece citado en el sumario del caso Brugal, recordó ayer que se le cita en la investigación pero no ha sido imputado y atribuyó el hecho a una denuncia contra él cuando era secretario de Organización del PSPV-PSOE y contra el entonces secretario de Finanzas, Josep Cataluña, al que también se cita, archivada por el fiscal. "No se me imputa nada, y se me relaciona de una manera tangencial con el caso", señaló el diputado. "Con el señor Fenoll no he hablado en mi vida", aseguró. El ex dirigente socialista dijo que "en todo momento el PSPV se financió de acuerdo con la legalidad" y ratificó el compromiso del PSOE de excluir a cargos y dirigentes imputados por corrupción.
(www.elpais.com, 09/09/10)
EL 'CASO BRUGAL' INVESTIGA EL REGALO A RIPOLL DE DOS PISOS POR UNA CONTRATA
El caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) investiga la entrega de dos pisos o su equivalente en metálico a José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante, a cambio de favores a dos empresarios en la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. El también titular de la Diputación recibió la dádiva por supuestos favores a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, dueño del Hércules CF.
La adjudicación de la planta del plan zonal es uno de los dos pilares de un sumario que se incoó en marzo de 2007. El segundo es la adjudicación de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela. En esta parte, la investigación indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte del empresario Fenoll. El objetivo del industrial, siempre según las diligencias del sumario, era asegurarse la victoria de los populares, como así ocurrió, y poder hacerse con la concesión del servicio.
El magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, dictó el pasado día 2 un auto en virtud del cual levanta el secreto del sumario de esas dos piezas principales del sumario, y de otras ocho sobre las que inicialmente se inhibió por motivos de competencia territorial, pero que los jueces sobre los que recayeron han rechazado.
La planta del plan zonal la adjudicó el 3 de enero de 2008 el consorcio provincial de residuos (órgano dependiente de la Diputación de Alicante y presidido por Ripoll) a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Cespa y una empresa de Enrique Ortiz. La contrata del plan zonal de La Vega Baja acaba de ser declarada ilegal en el plano del Derecho Administrativo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha anulado el proceso por entender que se vulneró el pliego de condiciones en el apartado del emplazamiento de la industria. El Consorcio optó por ubicar la planta en una finca de la pedanía oriolana de Torremendo, alternativa peor valorada que la oferta base, en el municipio de Albatera. Unos meses después de la adjudicación, la junta del consorcio provincial volvió a operar un nuevo cambio en la ubicación de la planta a una finca contigua, también en la pedanía de Torremendo, pero propiedad de Fenoll.
La contrata de la basura de Orihuela se adjudicó en octubre de 2008 a una UTE integrada por SUFI y las firmas Liasur y Gobancast. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes. La investigación cree que Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll. El contrato incluye una flota de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory, amigo de Ripoll y también imputado en el sumario.
En el caso Brugal hay 54 imputados: 15, tras ser arrestados por la policía: cuatro en la primera fase del caso (30 de mayo de 2007) y los 11 restantes, el pasado día 6 de julio . El imputado de mayor calado es Ripol l, y, junto a él, tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios, entre ellos destacan Ortiz y Fenoll, cabecilla de la trama, según la investigación. El juez también ha imputado a otras 39 personas, que no fueron previamente detenidas ni han comparecido aún ante el magistrado. De este grupo, la más relevante es la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP.
(www.elpais.com, 08/09/10)
La trama corrupta del negocio de la basura en el sur de Alicante se extiende a seis nuevos municipios
El juez del caso Brugal levanta el secreto del sumario en el que está imputado por cohecho el líder del PP de Alicante
La trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante se extiende a seis nuevos municipios: Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada, Jacarilla y Callosa del Segura. El dato está incluido en el auto del juez instructor del sumario general de la causa, conocida como caso Brugal. El magistrado ha decretado el levantamiento del secreto de las diligencias, en reserva desde marzo de 2007 cuando comenzó la investigación por lo supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.
En ese sumario hay ya formalmente 15 imputados después de ser arrestados por la policía. El imputado de mayor calado es el presidente de la Diputación de Alicante y líder de los conservadores alicantinos, José Joaquín Ripoll, y junto a él tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios. En esta segunda categoría destacan el industrial Ángel Fenoll y el promotor Enrique Ortiz. Además, el juez también ha imputado a otras 39 personas, encabezadas por la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP. Ninguno de estos últimos imputados ha sido detenido ni comparecido ante el magistrado.
El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, ha acordado la alzada del secreto sobre la parte del sumario que inicialmente asumió (adjudicación de la contrata de basuras del municipio de Orihuela) y también sobre el resto de piezas de las que se inhibió por motivos de competencia territorial y que los nuevos jueces en los que recayó han rechazado. Entre esas piezas, según recoge el auto firmado por San Martín el pasado día 2, se encuentran el proceso de adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja. Este proyecto lo adjudicó el consorcio provincial de la Diputación, que también preside Ripoll. El adjudicatario fue una UTE integrada por la firma Cespa y una empresa del grupo de Enrique Ortiz. El resto de las causas desglosadas que han sido devueltas a la oficina judicial de San Martín son las siguientes: Recogidas de algas del municipio de Orihuela, caminos a la planta de la mercantil Proambiente (propiedad de Ángel Fenoll), Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada, Jacarilla y recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Callosa del Segura. El empresario Ángel Fenoll es el adjudicatario de la basura en Callosa del Segura, Rafal y Algorfa.
El auto de levantamiento del secreto del sumario no es firme. Las partes tienen un plazo de cinco días para apelar a la Audiencia de Alicante. Ninguna de la partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido aún si recurrirá.
www.elpais.es 07.09.10
CONFLICTOS DE COMPETENCIA DEMORAN EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DEL 'CASO BRUGAL'
El caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja) sigue bajo secreto sumarial tres años después del inicio de la investigación, cuyo punto álgido se alcanzó hace ahora dos meses con 11 arrestos y 19 registros. Al margen de que el caso acumula muchas diligencias (cientos de grabaciones y tres años de escuchas telefónicas), un nuevo elemento aparece ahora como clave de que se alargue el blindaje de las diligencias: El conflicto de competencia planteado a raíz de la iniciativa del juez instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, de desglosar el sumario general en al menos 10 piezas e inhibirse de parte de las diligencias en favor de otros juzgados.
Los 11 detenidos el pasado 6 de julio están imputados, entre otros delitos, por cohecho y fraude. En la parte alta del escalafón de acusados están el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, este considerado por la investigación como el cabecilla de la trama.
Una de las piezas separadas del sumario es precisamente la que afecta a la imputación de Ripoll y está relacionada con un supuesto cohecho por la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de La Vega Baja. El juzgado de Alicante en el que recayó ya ha respondido al instructor que no acepta la competencia. Probablemente, la última palabra la tenga la Audiencia de Alicante. Entretanto, San Martín no podrá ejecutar el levantamiento del secreto de la causa.
(www.elpais.com, 06/09/10)
Ripoll adjudicó de forma ilegal la contrata por la que se le imputa
La adjudicación de la planta de basuras de La Vega Baja fue ilegal, según ha decretado una juez de lo Contencioso-administrativo. El contrato fue adjudicado por el Consorcio Provincial de Residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, a la UTE Cespa y Ortiz e Hijos el 3 de enero de 2008. Esta contrata y la del municipio de Orihuela están en el epicentro del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura). En este sumario están imputados, entre otros, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y el empresario Enrique Ortiz. El juez imputa a ambos supuestos delitos de cohecho y fraude, entre otros.
La resolución judicial que declara nula la adjudicación de la planta de La Vega Baja la ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Alicante. La magistrada acepta un recurso de los vecinos de la pedanía oriolana de Torremendo, donde está previsto que se levante la instalación. Los demandantes denunciaron que la planta se ubicará en un lugar (la pedanía de Torremendo) peor valorado que la oferta base presentada por el adjudicatario (un terreno en Albatera). La oferta de Albatera obtuvo 69,12 puntos y la de Torremendo, 64,14. La juez considera, por tanto, que el consorcio adjudicó la planta por criterios distintos de los contenidos en el pliego, "como el de la proximidad".
Finca de Fenoll
Seis meses después de la adjudicación, el consorcio volvió a modificar el emplazamiento de la planta. En este caso la instalación cambiaba de una finca denominada Lo Cartagena a otra contigua llamada La Pistola. Uno de los propietarios de la segunda finca es Ángel Fenoll, empresario afín al PP. La investigación considera a Fenoll como el líder de la trama de caso Brugal. Los vecinos de Torremendo volvieron a recurrir el segundo cambio de ubicación, pero el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Alicante, rechazó el recurso al considerar que no "eran parte interesada en el proceso".
Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión de Ripoll y Ortiz sobre la resolución judicial, que es recurrible. Hace apenas tres días Ripoll recalcó la legalidad, en su opinión, de la adjudicación del contrato.
www.elpais.es 05.09.10
Multimillonaria y polémica contrata
La adjudicación del servicio de limpieza de Orihuela inició la investigación judicial del 'caso Brugal'
"Había mucho dinero por el medio", admitió en su declaración ante el Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, el empresario Ángel Fenoll cuando declaró en junio de 2006 tras aportar unas grabaciones de conversaciones con políticos donde hablaban de supuestos sobornos, financiación de campañas electorales y proyectos urbanísticos. La contrata de basura de Orihuela nació viciada, su discusión se judicializó y al final ha ido a parar a una UTE (Sufi, Liasur y Gobancast) que recibirán 190 millones en los próximos 20 años. Los socialistas sostienen que detrás de este conglomerado de firmas Ángel Fenoll tiene intereses.
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Siete grupos pugnaron en 2008 por esta contrata de 190 millones
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El PP se dividió por el empeño de Medina de adjudicar el contrato a Urbaser
El proceso arrancó en la anterior corporación municipal, presidida por el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, que se vio obligado a aparcar el proceso de adjudicación, cuando Ángel Fenoll, en marzo de 2006, hace públicas las primeras grabaciones que desvelan supuestos sobornos por parte de la empresa ganadora. El empeño de Medina en adjudicar el contrato a Urbaser, empresa vinculada a ACS y Florentino Pérez, provocó la división del PP. Mónica Lorente, candidata a la alcaldía y portavoz del PP, se oponía a la tesis del regidor, y defendía un nuevo pliego de condiciones y que la Universitat de València revisara el proceso. "El concurso está bajo sospecha y vamos a buscar un organismo independiente", dijo entonces la portavoz del PP. La junta de portavoces municipales acordó encargar a la Universitat de València el análisis de las propuestas de las empresas del concurso.
En mayo de 2007 se celebran elecciones municipales, el PP revalida mayoría absoluta (14 concejales del PP, 7 del PSOE, 3 de Los Verdes y 1 de Centro Liberal Renovador). Y a los cuatro días la Policía Nacional detiene a Fenoll por un presunto delito de extorsión. Al final irá a la cárcel. Esos días la convulsión política en Orihuela es total. Y con Fenoll en la cárcel, el profesor Lorenzo Abellá, de la Universitat de València, presenta los resultados de su estudio de todas las propuestas. Y pese a usar dos criterios diferentes, en los dos casos la firma ganadora es Urbaser. Medina todavía es alcalde en funciones, y Mónica Lorente no ha tomado posesión del cargo. El concejal Antonio Lidón, del PP, pide que el resultado no se haga público hasta que tome posesión la nueva corporación, pero Medina y el resto de concejales de la oposición se oponen. El resultado es que el 13 de junio el todavía alcalde hace público, ante la prensa primero y luego ante el pleno, que la empresa ganadora del concurso es Urbaser.
Mientras el tema se enzarza y se eterniza, Ángel Fenoll, a través de Colsur, sigue prestando el servicio de limpieza de las calles de Orihuela, que inició en el año 1997.
Pero la alcaldesa, Mónica Lorente, recién llegada al cargo, topa con el boicot de la oposición que exigía un pleno extraordinario para adjudicar la contrata a Urbaser, tal y como apuntaron los informes de la Universitat de València. Y el PP propuso que quedara desierto. En noviembre de 2007 el pleno declaró desierto el concurso de la contrata de basura y acordó encargar la redacción de otro nuevo pliego de condiciones al profesor Abellá.
El 29 de enero de 2008 el Ayuntamiento aprueba un nuevo pliego de condiciones, con el único apoyo del PP y toda la oposición en contra, con los requisitos que deben cumplir las empresas. Siete grupos pugnan por el negocio, en mayo de 2008, son 190 millones de euros para 20 años. Al concurso optan los protagonistas del supuesto soborno, la mercantil Colsur, de Ángel Fenoll, y el grupo Urbaser, además de Acciona, FCC, Cespa-Ortiz y la Generala y la UTE de Sufi, Liasur y Gobancast. Y en septiembre de 2008, el Ayuntamiento, por fin logra adjudicar el contrato a la UTE, integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. En segundo y tercer lugar quedan Colsur, de Ángel Fenoll y Urbaser. Los socialistas de Orihuela sostienen que detrás de esta UTE está Fenoll.
Ahora, a raíz de aquellas primeras grabaciones sobre un supuesto soborno 39 personas, nueve políticos y el resto gerentes y responsables de empresas, están implicados en el caso Brugal. El juez, Carlos San Martín, ha citado a declarar el próximo mes de septiembre a todos los implicados en la primera trama del caso Brugal, que investiga la presunta corrupción ligada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.
Las fechas clave de la adjudicación
- 20 de marzo de 2006. El Ayuntamiento de Orihuela puntúa en primer lugar la oferta de Urbaser. La de Ángel Fenoll queda tercera.
- 21 de marzo de 2006. Fenoll difunde la cinta del supuesto soborno de Urbaser.
- 2 de junio de 2007. La juez encarcela a Fenoll por extorsión.
- Noviembre de 2007. El pleno declara desierto el concurso de la contrata de basura y acuerda encargar un nuevo pliego de condiciones.
- 29 de enero de 2008. El Ayuntamiento aprueba un nuevo pliego de condiciones.
- 8 de abril de 2008. Siete grupos pugnan por el negocio en mayo de 2008. Son 190 millones para 20 años. Al concurso optan los protagonistas del supuesto soborno: la mercantil Colsur, de Angel Fenoll, y el grupo Urbaser, además de Acciona, FCC, Cespa-Ortiz y la Generala
- Septiembre de 2008. Se adjudica el contrato a la UTE, integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. En segundo y tercer lugar quedan Colsur, de Fenoll y Urbaser. Los socialistas de Orihuela sostienen que detrás de esta UTE está Fenoll
www.elpais.es 22.08.10
"COMO EMPIECEN A INVESTIGAR SE VA A ARMAR LA DE DIOS"
Un concejal de Orihuela predijo en 2006 lo que iba a ocurrir con la trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en el sur de Alicante
"Como empiecen a investigar se va armar la de Dios", admitió un concejal del Centro Liberal de Orihuela en una de las grabaciones, realizadas por el empresario Ángel Fenoll, con las se inició hace cinco años la investigación del caso Brugal , basada en una presunta trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. Ahora el juez, tras un complejo proceso, cita como imputadas a otras 39 personas, entre ellas la alcaldesa, Mónica Lorente, el ex alcalde José Manuel Medina y varios concejales, tanto del PP como la oposición, en la anterior legislatura. En el mismo caso Brugal, pero por otro asunto, hay otros 15 imputados, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, del PP.
Las grabaciones iniciales recogen sendas conversaciones, del 25 de octubre de 2005 y del 23 de febrero de 2006, entre el empresario Ángel Fenoll y el concejal del Centro Liberal Jesús Ferrández. En un pasaje de la charla, el edil confiesa al industrial que una de las mercantiles aspirantes al concurso, la firma Urbaser, estaría dispuesta a ofrecer tres millones de euros en pago de comisiones por la adjudicación. El presunto reparto sería así: dos millones para el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, y el concejal Antonio Franco, del mismo partido, y uno para Ferrández y el edil del PSPV, Isidro Hernández. Este último dimitió un mes después de trascender a la opinión pública el supuesto soborno.
Supuesto soborno
En la cinta, Ferrández admite que conoció la oferta de Urbaser en otra conversación con el constructor José Antonio Rodríguez Belmonte, propietario, entre otras, de la constructora San Antonio. Fenoll, que aspiraba a la contrata, difundió la grabación el 21 de marzo de 2006, un día después de que la mesa de contratación del Ayuntamiento de Orihuela (86.164 habitantes) iniciara los trámites para la adjudicación. Los técnicos puntuaron en primer lugar la oferta de Urbaser y la de Fenoll quedó en tercera posición.
La grabación original con la que se inició la investigación de esta rama del caso Brugal, sobre la adjudicación de la contrata de limpieza en Orihuela, recoge un supuesto soborno. La grabación, publicada por este periódico el 7 de junio de 2007, arranca con un explícito intercambio de comentarios entre los dos protagonistas de la cinta (el industrial Ángel Fenoll y el portavoz del Centro Liberal de Orihuela, Jesús Ferrández) eliminado de las copias que el propio Fenoll facilitó a los medios de comunicación el 21 de marzo de 2006. El preámbulo del encuentro entre los dos, celebrado en un restaurante de la localidad murciana de Abanilla, fue como sigue:
Ángel Fenoll. Ahora, entramos un poco en la materia.
Jesús Ferrández. No hay prisa.
Á. F. Toma, para que no se me olvide, esto es para...
J. F. Para gastos generales.
Á. F. Eso, para gastos generales.
Este fue el inicio de la conversación entre el industrial y político, que se prolongó hora y media y en la que, aparte de las referencias a un supuesto intento de soborno por parte de una de las mercantiles aspirantes a la contrata de la basura, la firma Urbaser, el concejal Ferrández informa a Fenoll de una auditoría sobre la gestión urbanística en el Ayuntamiento de Orihuela. Durante el encuentro, Fenoll y Ferrández también pactan una supuesta colaboración del primero en la campaña electoral del segundo.
J. F. Te voy a decir una cosa, y no se lo digas a nadie. Lo utilizas cuando quieras. Esta mañana han empezado una auditoría en el Ayuntamiento, y han empezado por Urbanismo.
Á. F. ¿Los de Hacienda?
J. F. No, el Tribunal de Cuentas. Y Medina [alcalde de Orihuela, del PP] estaba que se cagaba en los pantalones.
Á. F . Y eso puede ser jodido.
J. F. Como empiecen a investigar se va armar la de Dios.
Las referencias al urbanismo siguen así:
J. F. Si yo veo fisuras también te lo digo. Nada más que mangoneemos un poco y cogiendo un par de PAU de cuatro millones de metros cuadrados, ni basuras ni la puta madre que los parió.
Á. F. Es verdad.
J. F. ¿De qué estamos hablando? Se pueden ganar miles de millones con un PAU de tres millones de metros cuadrados.
Las referencias a la campaña electoral de Ferrández fueron estas:
J. F. Que sí, Ángel, que te estoy diciendo que sí, que s