OPERACIÓN BRUGAL

 ripoLl EN EL YATE  DE SU AMIGO  ortiz.

LAS NOTICIAS AL DÍA 

LA JUEZ PROCESA POR CORRUPCIÓN AL EXPRESIDENTE DEL PP DE ALICANTE
La magistrada cierra la instrucción y mantiene la acusación contra José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll por amañar el plan de residuos de La Vega Baja

El expresidente del PP provincial y de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz —imputado también en el caso Gürtel— y Ángel Fenoll están más cerca del banquillo. La magistrada de Orihuela que instruye el denominado caso Brugal ha decidido procesar a Ripoll, Ortiz y Fenoll como supuestos autores de seis delitos relacionados con la corrupción por amañar el plan de basuras de la comarca de La Vega Baja.

Tras la investigación, que se ha prolongado durante ocho años, la juez ha decidido procesar también a la exalcaldesa de Orihuela del PP Mónica Lorente, al exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós y a otras 10 personas más entre empresarios, políticos y técnicos de la Administración. A todos ellos la juez los considera autores de los delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, actividades prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias, revelación y recibimiento de secretos o información privilegiada de la Administración.

La instructora da un plazo de 20 días al fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral con sus respectivas calificaciones o el sobreseimiento de la causa.

Para la magistrada, las investigaciones han permitido acreditar los indicios de "una trama organizada en torno a los empresarios Ángel Fenoll, su hijo Antonio Fenoll, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory" para obtener información de responsables de la Diputación de Alicante, que presidía José Joaquín Ripoll, y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de la Horadada a cambio de dádivas.

Según el auto de la juez, Ripoll se prestó a servir los intereses de los empresarios "a cambio de contraprestaciones". El primer objetivo de la trama, que implica a exdirigentes del PP, fue lograr la adjudicación del plan de residuos de la comarca de La Vega Baja. La investigación apunta que una vez que Fenoll y su hijo supieron, antes de hacerse pública, que la adjudicación sería para la oferta presentada por los empresarios Enrique Ortiz y Manuel Garriga, intentaron venderles a los ganadores los terrenos que habían comprado en 2007 para presentarse a la adjudicación del plan de basuras por un precio muy superior al abonado en su día.

Todo ello "con el beneplácito y teniendo en todo momento conocimiento de las gestiones realizadas" el entonces presidente del PP provincial José Joaquín Ripoll y la entonces alcaldesa de Orihuela Mónica Lorente.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/03/valencia/1454529122_611703.html

SONIA CASTEDO DICE EN TELEVISIÓN QUE SE HA SENTIDO INCOMPRENDIDA POR EL PP

La exalcaldesa de Alicante, imputada en dos causas, había dimitido a través de Facebook

Sonia Castedo, la exalcaldesa de Alicante imputada en dos causas judiciales, reapareció en la medianoche del sábado en la tertulia política del programa de Telecinco, Un tiempo nuevo, 18 días después de haber publicado en Facebook su dimisión y no haber acudido al pleno municipal donde se formalizó. Castedo explicó en antena que la red social es “el medio social del siglo XXI” y que “no estaba dispuesta a ser el monigote” en una rueda de prensa que no le han servido “para nada”. Afirmó que no se había llevado nada y admitió haber sentido "incomprensión, indefensión y soledad" por parte del PP.

Desde que presentara su dimisión a través de Internet el pasado 23 de diciembre, Castedo sólo se había pronunciado en las redes sociales. Frente a tres periodistas, la exregidora aprovechó para anunciar que abandona la política y ha contestado a las preguntas que no pudieron hacerle los medios alicantinos, que se acostumbraron en los meses previos a su dimisión a informar sobre ella a través de lo que decía en su cuenta de Facebook.

“He llegado a mucha más gente que en los medios de comunicación. En total aproximadamente a 18.000 personas”, dijo la exalcaldesa refiriéndose a sus amigos de la red social. Castedo calificó de “trámite” el pleno en el que se dio cuenta de su dimisión y en ello excusó la decisión de su equipo de gobierno de no dejar expresarse durante el mismo a la oposición. Obvió que cuando su antecesor y compañero de imputación en una de las causas en las que está involucrada, Luis Díaz Alperi, dimitió en su favor, sí asistió al pleno en el que incluso lloró durante su discurso. La oposición también pudo hablar.

Visiblemente nerviosa en el inicio, Castedo se definió como “políticamente incorrecta” y fue cogiendo confianza en la explicación de unos asuntos muy locales y que revisten una complejidad que no fue suficientemente abarcada durante la hora de entrevista (publicidad incluida). Imputada por cinco delitos en dos causas relacionadas con presuntos amaños del plan urbano en favor de los intereses del mayor contratista municipal, Enrique Ortiz, negó cualquiera de los delitos que se le atribuyen e hizo énfasis en que no se ha enriquecido con favores al empresario.

A Castedo se le imputan en las dos causas revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Quien ha sido la responsable del urbanismo de la ciudad de Alicante desde 2008, primero como concejal y posteriormente como alcaldesa arremetió contra el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, del que irónicamente apuntó que “es muy justo” y aseguró que en ocasiones se ha valido de “recortes de prensa” para imputar. También acusó a la prensa de “tergiversar” sus palabras y a la oposición municipal de ser la responsable de su imputación.

A preguntas de la presentadora, Sandra Barneda, incluso dio pábulo a una teoría conspirativa contra ella y se escudó en que está imputada por únicamente firmar una documentación aprobada por los técnicos. Como en otras cuestiones obvió datos en su explicación: ella nombró al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, imputada junto a ella y la jefa de los servicios jurídicos del área, Isabel Campos. Y el viernes pasado, el fiscal pidió la imputación por tráfico de influencias y prevaricación del jefe de Servicio de Urbanismo por “cooperación necesaria” en el supuesto amaño del plan urbano.

La exalcaldesa, que se colocó como una víctima de la guerra sucia entre partidos, admitió que incluso ella intentó ensuciar la labor del último alcalde socialista de la ciudad y exportavoz en las Cortes valencianas, Ángel Luna, quien cuestionaba su presencia en el hemiciclo autonómico por su imputación. En las escuchas policiales, Castedo y el empresario al que supuestamente benefició, Enrique Ortiz, se escucha cómo ambos buscaron posibles irregularidades en el pasado de Luna, abogado que tras su paso por la alcaldía trabajó para Ortiz. “Si a mí me atacan, me defiendo”, aseveró.

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/11/actualidad/1420956010_376661.html

CASTEDO DIMITE EN ALICANTE ACOSADA POR LA CORRUPCIÓN

La alcaldesa del PP se marcha tras desafiar a la dirección del partido

Miguel Valor, el concejal más veterano, asume la alcaldía de Alicante

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, anunció ayer su dimisión dos años después de ser imputada por corrupción urbanística y tras desafiar en repetidas ocasiones a la dirección del Partido Popular que, desde hace meses, reclamaba su renuncia.

Castedo recurrió ayer a su habitual desparpajo para difundir su renuncia, como alcaldesa y como concejal del Ayuntamiento de Alicante, a través de su cuenta en Facebook y antes de irse de vacaciones. En las redes sociales la ya exalcaldesa publicitó su renuncia, reiteró su inocencia y justificó su decisión “difícil y meditada durante mucho tiempo”. “Por encima de mi figura como alcaldesa”, afirmó, “está una persona que es mujer y madre de dos niñas a las que tengo que proteger. No creo que sea necesario decir nada más”.

Su situación se había hecho insostenible hace mucho tiempo, especialmente después de que el pasado mes de noviembre Castedo desafiase a la dirección nacional del PP, que le había reclamado la dimisión para evitar su presencia en un acto oficial con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Alicante. La alcaldesa, fiel a su estilo, hizo caso omiso y se fotografió con el Rey, aunque no con Rajoy.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, no ocultó su satisfacción. “Es una decisión que le va a venir bien a Castedo y que a nosotros también nos viene bien”.

Castedo está imputada en dos causas judiciales por corrupción urbanística. En el caso Brugal, desde octubre de 2012, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. Y en el caso Rabassa, una pieza separada de Brugal, desde el pasado mes de septiembre, por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación de una macrourbanización de 13.500 viviendas a favor del mismo empresario, Enrique Ortiz.

La instrucción del caso y la difusión de conversaciones grabadas por orden judicial entre Castedo y el empresario Enrique Ortiz, que también está imputado en el caso Gürtel, ya llevaron a la alcaldesa de Alicante a dimitir de su escaño en las Cortes Valencianas a finales del pasado mes de abril.

Las conversaciones en las que el promotor pide a Castedo que le pinte “de azul” determinadas parcelas, en las que se habla del acceso a los estudios previos a la aprobación del PGOU e imágenes de su estrecha amistad —compartieron vacaciones en Andorra— habían hecho insostenible la situación de la alcaldesa, que está citada a declarar el 16 de enero.

El presidente valenciano, Alberto Fabra, conoció la decisión de Castedo, que ayer cumplió años, a primera hora de la mañana. El concejal de Cultura, Miguel Valor, será quien la sustituya al frente del Ayuntamiento. El futuro alcalde se enteró de que era el sucesor en la reunión navideña de Castedo con sus ediles.

Pendientes de la candidatura de Fabra

Los populares valencianos están en tensión desde hace semanas. Las dudas sobre si el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, será ratificado por el presidente Mariano Rajoy como candidato del PP a la presidencia del Gobierno valenciano han disparado las especulaciones y exteriorizado las discrepancias internas ante las malas expectativas electorales que vaticinan los sondeos.

Los presidentes provinciales —especialmente el alicantino José Ciscar y el valenciano Alfonso Rus— y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se han negado a avalar públicamente a Fabra como candidato hasta que no se pronuncie Génova.

Los barones han llegado a proponer, en privado, que sea la actual secretaria regional del PP, Isabel Bonig, la que asuma la candidatura a la Generalitat en un intento de frenar el desplome electoral.

La preocupación, según fuentes populares, ha llevado a la dirección nacional del PP a realizar una encuesta sobre los posibles candidatos en la Comunidad Valenciana, igual que en Madrid. La consejera portavoz, María José Català; el vicepresidente del Gobierno valenciano y presidente del PP de Alicante, José Ciscar; el eurodiputado Esteban González Pons; Isabel Bonig o la propia Barberá son algunos de los nombres que se han tanteado para saber quién puede tirar de la marca PP.

Mientras, Alberto Fabra, que sustituyó tras las elecciones de 2011 al dimitido Francisco Camps, insiste en que sus opciones a la candidatura son las más sólidas y que ha hecho el trabajo que le encomendó Génova en momentos muy difíciles.

Últimas renuncias en el PP valenciano

Sonia Castedo. Alcaldesa de Alicante imputada por delitos urbanísticos. Dimitió ayer tras dejar en mayo el acta de diputada autonómica, imputada en el caso Brugal.

Juan Cotino. Dejó la presidencia de las Cortes Valencianas en octubre, pocos días antes de ser imputado en la pieza del caso Gürtel que investiga los contratos de la visita del Papa a Valencia.

David Serra. Exvicesecretario de Organización del PP valenciano, abandonó el escaño del Parlamento regional a primeros de septiembre, imputado y procesado en distintas piezas del caso Gürtel.

Lola Johnson. Consejera con Francisco Camps y con Alberto Fabra. Renunció a la secretaría autonómica de Comunicación a finales de mayo, imputada por gestión como directora de Canal 9

Luis Díaz Alperi. Exalcalde de Alicante, que promocionó a Castedo tras su marcha. Abandonó el escaño en las Cortes Valencianas en abril pasado, procesado por delito fiscal e imputado en el caso Brugal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/23/valencia/1419335576_895374.html

LAS CONVERSACIONES ENTRE ORTIZ Y CASTEDO SOBRE IKEA: 'QUIEN TIENE UN AMIGO TIENE UN TESORO'

• El empresario forzó a la alcaldesa a que llevase Ikea al pleno para cuadrar sus planes

• En diciembre de 2009 el empresario se vio abocado a tener que devolver el dinero

• Si finalmente la Generalitat aprueba la ATE, el proyecto reportará al empresario 97 millones

Si la Generalitat Valenciana aprueba este viernes la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que permitirá instalar la tienda de Ikea en los terrenos de Rabasa, propiedad del empresario Enrique Ortiz, se podría consumar el mayor pelotazo urbanístico-empresarial de Alicante en los últimos tiempos, una operación de casi 100 millones de euros investigada por los juzgados de Instrucción 5 y 6 de Alicante en las causas de Brugal y Rabasa.

Según las grabaciones del primer caso incorporadas al sumario del segundo, Ortiz maniobró desde el año 2008 para que la multinacional sueca se implantase en terrenos de su propiedad y así beneficiarse de la llegada del gran centro comercial. Para ello contó con la inestimable ayuda de la edil de Urbanismo y luego alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, quien, a punto de pasar el convenio por el pleno municipal para su aprobación no tuvo empacho a recodar a su empresario de referencia: «Quien tiene un amigo tiene un tesoro».

Era diciembre de 2009. Enrique Ortiz había conseguido que los suecos firmasen año y medio antes, el 4 de junio de 2008, un borrador de contrato de opción de compra de una finca suya en Rabasa. Trece días después se formalizó ese contrato por un valor de compra-venta de 66,9 millones de euros. Como ha venido revelando ELMUNDO a través de las escuchas el empresario trató de dar apariencia de legalidad a la llegada de la multinacional a través del Plan General de Ordenación Urbana que se estaba redactando en aquellos momentos. No lo consiguió porque todo parece indicar que su redactor, Jesús Quesada, se puso de perfil en el asunto. Pero gracias a Castedo (como se demuestra en las grabaciones ) consiguió sus objetivos modificando el PAI (aprobado al margen del PGOU). En diciembre de ese año la Junta de Gobierno aprobó por urgencia el Plan Rabasa y lo remitió a la Generalitat sin incluir Ikea. En abril de 2009 Sonia Castedo remite una carta a Ikea mostrando el interés de la ciudad por la implantación del centro comercial. En julio la operación pasa de los 31 millones de euros a 97 millones de euros pero se supedita el cumplimiento de contrato a las necesidades del gigante sueco. Ese mismo mes se suscribe un borrador de convenio entre el ayuntamiento, Enrique Ortiz e Ikea. Es entonces cuando comienzan los problemas para dar cumplimiento sobre plano a las necesidades que plantea el inversor.

La alcaldesa evita ser vista en compañía del constructor, pese al evidente 'colegueo': 'No quiero que vengas al despacho...no quiero que te vean allí...un sitio discretito'. Ortiz le ofrece quedar en su barco. 'Ir al barco me da un poco de mal rollo', responde la regidora.
En esa época Enrique Ortiz se muestra muy nervioso con el asunto en conversaciones con todos los agentes implicados. Los tribunales han suspendido cautelarmente el PAI de Rabasa, el original mediante el cual se iba a extender la ciudad por esa zona con más de 13.000 viviendas, y con el tiempo lo tumbarán hasta 4 veces.

Ortiz llama a Castedo: «Yo digo ésta ya se ha olvidado de mí, ya nada, ya no se acuerda de que tiene un amigo, ya nada, nada, nada...». Es en este contexto en el Castedo (que luego negará públicamente su amistad con el empresario, pese a que la reconocerá en los juzgados) le dice: «Quien tiene un amigo tiene un tesoro». A lo que el constructor le responde: Tiene un tesoro, exactamente. Oye me llamó ayer Silvan [Sylvain Laval, director de Expansión de Ikea España] , que te había llamado alguna... que te había hecho alguna llamada por si necesitabas algo, de que viniese, o que hiciese falta, que cuándo se iba a firmar eso, que tal, que cual [...] ¿va a ir el próximo [pleno]?». Castedo le responde: «Voy a mirarlo, a ver, lo tengo delante mío el convenio...». Y Ortiz se sincera con la alcaldesa: «Joder, míralo y cámbiale lo que le tengas que cambiar, pero que... llévalo al próximo, porque si no me van a matar todos, ellos y los bancos». «Yo lo miro», le tranquiliza la alcaldesa. «Míramelo por favor», insiste el empresario. Y Castedo le vuelve a tranquilizar: «No te preocupes».

Los sucesivos problemas que ha generado el PAI de Rabasa en los juzgados, los de Enrique Ortiz y Sonia Castedo a raíz de su imputación por el caso Brugal, y la necesidad del empresario de que saliese adelante para no tener que devolver el dinero cobrado han dado lugar a que la llegada de Ikea se haya tramitado en forma de ATE (actuación territorial estratégica) un instrumento urbanístico express creado por la Generalitat para agilizar los trámites en proyectos con una gran impacto económico en el ámbito provincial.

LAS CONVERSACIONES Julio de 2008. Castedo dice cómo se tiene que hacer

Ortiz conversa con la entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, del modo en que tiene que tramitarse la llegada de Ikea. En esa época el Ayuntamiento no contemplaba, supuestamente, la llegada de Ikea.
Enrique Ortiz: Tenemos que vernos, se nos ha olvidado todo lo de Ikea.
Sonia Castedo: El de Ikea.

E.O.: El alcalde se ha comprometido a que en el Plan General ya iba el cambio de sitio.

S. C.:Que no hombre que no, eso no puede ir ahora, porque el Plan General, lo de Rabasa lo contempla, pero sin ordenación territorial pormenorizada. Lo que habíamos quedado es que cuando e hiciera la aprobación definitiva de Rabasa se haría la modificación directamente.

E.O.: Pero Luis [Díaz Alperi] decía de meterlo en el Plan General.

S. C.:Pues eso es una tontería.

E.O.: Lo que sea pero háblalo con él, dile algo, porque él se ha comprometido en una serie de cosas con los de Ikea, yo la verdad. Lo que más cómodo sea, pero que esté contemplado.

S. C.:Sí acordamos hacerlo así era porque era mucho más rápido y no esperar toda la tramitación, y de hecho Rabasa va marcado, pero no va la ordenación hecha. El día que se apruebe entonces metemos la modificación, y os dijimos que la tuvieseis preparada para cuando saliese, meterla la modificación, porque eso es aprobación definitiva esa.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/06/20/53a3ddfe268e3ed4478b456d.html

EL PP CALIFICA DE “INAGUANTABLE” LA CONTINUIDAD DE CASTEDO EN LA ALCALDÍA

• La regidora acumula dos imputaciones relacionadas con el urbanismo

• El juez imputa a la alcaldesa de Alicante también por el plan Rabassa

• El juez reactiva la pieza del 'caso Brugal' sobre el Plan Rabassa

El PP aumenta la presión contra Sonia Castedo para que deje de ser la alcaldesa de Alicante. Su doble imputación en el caso Brugal,una por la tramitación del PGOU y otra por el Plan Rabassa, complica su futuro político. El problema es la salida y su sustitución.

En la dirección del PP confían en que Castedo dimita antes de agotar mandato porque su situación es “inaguantable”. Si eso ocurriera, algo a lo que ella no está dispuesta, se baraja que el concejal Miguel Valor, el más veterano, asumiera la vara de mando hasta que el PP eligiera a un candidato para las próximas municipales. Según varias fuentes consultadas, en el actual equipo “hay pocos candidatos”, ya que el vicealcalde, Andrés Llorens o el concejal Juan Seva están imputados en otros casos judiciales. De esta manera, se podrían lanzar otras candidaturas como la de la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, o la diputada Macarena Montesinos.

El partido reclama la dimisión de la edil y que Valor asuma la alcaldía

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, instó a Castedo a “valorar lo que su acta significa tras su imputación” y pidió a los cargos del PP “transparencia en un momento en el que hay una desafección importante”. Fabra reiteró su compromiso de excluir a los imputados por corrupción de las listas, algo que también repitió la secretaria general del PP, Isabel Bonig, y el presidente provincial, José Ciscar. La alcaldesa optó por guardar silencio. Y la oposición exigió una vez más su dimisión, e incluso el PSPV se atrevió a pedir prisión cautelar.

Y es que Castedo lejos de quitarse causas judiciales de encima, suma una nueva. El juez que instruye la denuncia presentada por Esquerra Unida observa supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación del Plan Rabassa a favor del constructor Enrique Ortiz.

La regidora declarará como imputada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante el próximo 27 de noviembre. El Plan Rabassa es el centro de una de la veintena de causas en las que se dividió el caso Brugal, una macroinvestigación en la que también está imputada Castedo por supuestos amaños en la tramitación del PGOU (Plan general de Alicante), sumario que instruye otro juzgado. En Rabassa también están imputados el constructor Enrique Ortiz y cuatro técnicos.

Ortiz y cuatro técnicos también declararán como imputados

El juez, Juan Carlos Cerón, ha esperado a tener en su poder el informe policial completo para abrir una primera ronda de declaraciones que abrirá Ortiz el 27 de octubre, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

El PP y PSOE acordaron dar a Ortiz, la macrourbanización de Rabassa (13.500 viviendas) en un pleno celebrado el 26 de abril de 2005. Solo EU votó en contra en aquel pleno.

Del contenido del informe policial, según Cerón, se desprende que el Ayuntamiento pudo dar un trato de favor al constructor Ortiz durante la tramitación del Plan Rabassa, cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia desde el 9 de diciembre de 2009. Pese a la suspensión del plan, el Ayuntamiento de Alicante continuó con su tramitación: en el pleno de 29 de enero de 2010 aprobó someter a exposición pública el convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL, e Ikea Ibérica SAU para implantar un centro comercial. Este hecho, supuestamente favorecería a Ortiz, quien tenía un contrato millonario firmado con IKEA para que la mercantil sueca se pudiera instalar en Alicante.

Cerón ha imputado además a cuatro técnicos, dos del Ayuntamiento y dos del Ministerio de Fomento: la responsable jurídica del área de Urbanismo, Isabel Campos, y Enrique Sanus, actual gerente del patronato de Urbanismo. Y el exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado, ambos dependientes del ministerio cuando gobernaba el PSOE. El magistrado pregunta también al fiscal si debe llamar como imputados al exalcalde Luis Díaz Alperi y a la secretaria autonómica de Territorio, María Ángeles Ureña.

El contrato con Ikea, la hoja de ruta de Ortiz

El informe policial sobre el supuesto amaño del Plan Rabassa realizado desde el Ayuntamiento y en favor del empresario Enrique Ortiz ha sido la guinda que ha revuelto una instrucción que estaba parada.

Las más de 800 páginas del documento elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) ofrecen “nuevos hallazgos” respecto a los informes previos elaborados por la misma unidad en los que se observa la connivencia entre el promotor y varios políticos del Ayuntamiento de Alicante, tanto del Partido Popular como del PSPV, para saciar sus intereses.

La UDEF interpreta y contextualiza las miles de llamadas hechas por el empresario, también el máximo contratista del Consistorio. La Policía cree que Ortiz intentó por todos los medios y a través de presiones a funcionarios que el Plan Rabassa, donde preveía construir más de 13.000 viviendas, saliera adelante como él quería, instalando además a Ikea en esta zona de la ciudad.

El informe incluye los distintos contratos firmados entre Ortiz y la multinacional sueca, así como las obligaciones adquiridas por el promotor al vender a Ikea unos terrenos que requerían del visto bueno administrativo para que se instalara allí. Para la Policía, esas obligaciones constituyen “una auténtica hoja de ruta para Enrique Tomás Ortiz y sirven para comprender la maraña de contactos y gestiones posteriores para resolver a favor suyo y de la multinacional Ikea, el compromiso legal adquirido y desvelado en este informe”.

En el contrato firmado, Ortiz se compromete a “impulsar” las iniciativas “precisas hasta obtener la autorización definitiva mediante resolución firme, por las administraciones competentes”. Ikea incluso pone fechas a cuándo deben aprobarse por parte del Ayuntamiento y otras Administraciones convenios, informes urbanísticos y proyectos. El incumplimiento del contrato, según los documentos incautados por la Policía en el despacho de Ortiz, faculta a Ikea a, por ejemplo, penalizar con 15.000 euros diarios por día de retraso en la puesta en marcha del proyecto de los suecos.

“Yo estoy enganchado con los de Ikea porque como les vendí una parcela y me dieron un dinero a cuenta, si anulo la operación les tengo que devolver el dinero”, le dice Ortiz a un especialista en centros comerciales en las escuchas. “He conseguido del Ayuntamiento que en vez de 62.000 el centro puede ser de 75.0000, 80.000 metros. Siempre te hablo de techo”, comenta al especialista sobre diversas modificaciones urbanísticas.

Según el informe, “se hace necesario resaltar que sin la venia del Ayuntamiento a través de Sonia Castedo, ante las exigencias de la multinacional bajo la intermediación del empresario investigado, no se hubiera firmado el contrato”. Es decir, si Ortiz no hubiera tenido el apoyo de Castedo —concejal de Urbanismo entonces y luego alcaldesa— nunca hubiera firmado con Ikea.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/17/valencia/1410981883_743901.html

CASTEDO INICIA EL CURSO PENDIENTE DE GÉNOVA POR SU IMPUTACIÓN EN BRUGAL

La alcaldesa de Alicante se reincorpora el lunes sin conocer su futuro

Bonig: “Castedo sabe perfectamente que es alcaldesa porque se presentó con el PP”

El otoño político en Alicante se presenta caliente. La actual alcaldesa del PP, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal afronta un calvario político y mediático para lograr encabezar la lista del PP en las próximas elecciones municipales.

En el partido cada día tienen más claro que será la dirección nacional del PP, y en función del resultado de las encuestas, la que decida si Castedo es la próxima candidata a la alcaldía. El presidente regional del PP, Alberto Fabra, ha marcado una línea roja que establece que los imputados en casos de corrupción no irán en las listas. Castedo, imputada en el caso Brugal por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, está pendiente de la inminente apertura de juicio oral, y según el criterio de Fabra tendría muy difícil continuar en el cargo.

No obstante, sus colaboradores recuerdan que los criterios de Fabra y los de Génova “no suelen coincidir”, y ponen como ejemplo la petición frustrada de una mejora del sistema de financiación. “La elección de los candidatos de las capitales corresponde a la dirección nacional, y en Valencia poco tienen que decir”, recordaba un concejal afín a Castedo.

En paralelo, la defensa jurídica de la alcaldesa trabaja para intentar lograr su desimputación ya que los delitos que supuestamente se le atribuyen no se han consumado. “Ni el PGOU de Alicante está aprobado, ni el promotor Enrique Ortiz, por mucha información privilegiada que tuviera ha podido beneficiarse de ella”, aseguran.

Pero todos coinciden que si no logra su desimputación, su futuro político se complica. Los dirigentes provinciales del PP no quieren imputados en casos de corrupción en las listas, pero son conscientes del “tirón electoral” de Castedo en un momento “delicado” para el PP en el que si presentan a cualquier otro candidato la alcaldía está en el aire. Fuentes de la dirección provincial del PP recordaron que será en el mes de enero cuando se aborde la confección de las listas y en el caso de las capitales de provincia la dirección nacional del PP tendrá “la última palabra”.

La alcaldesa, que volverá el próximo lunes de sus vacaciones, ha insinuado en más de una ocasión la posibilidad de presentarse con una candidatura independiente al margen del PP para canalizar el voto de sectores afines a la fiesta de Fogueres y al Hércules y convertirse en una Gema Amor en Alicante. Sin embargo, esto forma más parte de la política ficción que de la realidad, según varias fuentes consultadas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/28/valencia/1409247304_376950.html

LA ALCALDESA DEL PP IMPUTADA EN EL 'BRUGAL' DICE QUE DEJA SU ESCAÑO POR "MOTIVOS PERSONALES"

Sonia Castedo renuncia a su acta como diputada con efecto retroactivo, pero se niega a abandonar el Consistorio de Alicante. Perdiendo la condición de aforada, Castedo retrasa la apertura del juicio oral por la causa en la que está imputada

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha presentado este viernes su renuncia al escaño en el grupo popular en Les Corts "por motivos personales" y con efecto desde el pasado 30 de abril, según consta en el escrito que ha remitido a la Mesa del parlamento valenciano, y que ha sido presentado durante la mañana en el registro de la Cámara autonómica por una persona a la que Castedo, de baja por maternidad, ha autorizado.

La dirigente del PP, que en numerosas ocasiones se ha negado a dimitir de su cargo en el Consistorio, pierde así su condición de aforada y provoca un cambio en la instrucción del caso Brugal, en el que se encuentra imputada. Así, el proceso en manos del Tribunal Supèrior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) pasará a los juzgados de la capital alicantina, con las insalvables demoras que esto conlleva.

Le atribuyen delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias En este sumario, a Castedo se le atribuyen los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU a favor del constructor Enrique Ortiz, en una de las piezas separadas del caso Brugal, en la que su antecesor, Díaz Alperi, está imputado por los mismos delitos.

El grupo popular no ha confirmado, por el momento, quién será el sustituto de Castedo, si bien se especula con los nombres del alcalde de Benissa (Alicante) y diputado provincial del PP, Juan Bautista Roselló, que figuraba en el puesto 31 de la lista electoral, y el del alcalde de Lorcha (Alicante), Guillermo Moratal, el siguiente en caso de que Roselló renuncie.

Castedo no quiere los "privilegios" de ser aforada

La renuncia de la alcaldesa de Alicante al acta de diputada se esperaba desde hace meses, aunque Castedo siempre ha sostenido que la formalizaría cuando considerara que debía hacerlo y la ha justificado en que no quiere los "privilegios" que conlleva la condición de aforada.

El hecho de que otro de los imputados en la misma pieza del caso Brugal, Luis Díaz Alperi, abandonara el escaño de diputado autonómico el pasado 9 de abril implica que ya no quedan aforados en esa causa, que ahora podría ser remitida desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) hasta los juzgados de Alicante.

Es la cuarta renuncia de una diputada imputada en un caso de corrupción en las filas del PP en los últimos dos meses

La renuncia de Castedo es la cuarta en las filas del PP en los últimos dos meses, todas ellas protagonizadas por diputados imputados en causas relacionadas con la corrupción, de forma que en la bancada popular quedan en estos momentos cuatro procesados en el caso Gürtel, que son Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García.

El grupo popular, formado al inicio de esta legislatura por 55 parlamentarios -se quedó con uno menos al pasar el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco, procesado en el caso Cooperación, el grupo de los no adscritos hace unos meses-, ha llegado a tener esta legislatura en su bancada diez diputados imputados en causas judiciales.

En los últimos dos meses, han renunciado al acta en Les Corts Angélica Such y Milagrosa Martínez, ambas imputadas en el caso Gürtel, y Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, imputados en una de las piezas del caso Brugal, si bien Alperi está también procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio.

El primer imputado en abandonar el escaño fue el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, quien renunció el 4 de diciembre de 2012 tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras en 2004.

Le siguieron el exconseller Rafael Blasco, las exconselleras Alicia de Miguel, Angélica Such y Milagrosa Martínez y el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi.

En total, el grupo popular ha experimentado diecisiete cambios en sus escaños desde el comienzo de esta legislatura, en junio de 2011

http://www.publico.es/politica/518107/la-alcaldesa-del-pp-imputada-en-el-brugal-dice-que-deja-su-escano-por-motivos-personales

ASÍ SE ‘COCINÓ’ IKEA EN ALICANTE
Ortiz transmitía a Castedo todas las demandas de la multinacional sueca
Ikea, sí. El plan Rabassa, ya se verá

Nuevos documentos de Brugal revelan la connivencia entre Castedo y Ortiz

Hacer negocio en el barrio alicantino de Rabassa ha sido una prioridad para el empresario Enrique Ortiz, que a través de una sociedad acumula más de la mitad del terreno. Y en ese objetivo el promotor contó con el aliento y la colaboración de la alcaldesa, Sonia Castedo. Primero fueron 12.500 viviendas, que los tribunales anularon, y luego un área comercial cuyo principal atractivo es Ikea.

Ortiz y Castedo están imputados en el caso Brugal que investiga una presunta trama de corrupción política en Alicante. El análisis detallado de los documentos aportados al juez por Esquerra Unida, si cotejamos las fechas en las que el Ayuntamiento introdujo modificaciones, desvela cómo actuaba Ortiz. El empresario proponía, y la alcaldesa ejecutaba. En medio de todas estas gestiones el exalcalde, Luis Díaz Alperi, dimitió y hubo viajes de placer y de negocios. Es la crónica de cómo se cocinó la llegada de Ikea a Rabassa.

Esquerra Unida ha aportado al juzgado de instrucción número 6 de Alicante, que instruye esta causa, un primer contrato de compraventa entre Ikea y Ortiz (febrero 2007) que hace referencia a una parcela ubicada en el PAU 1 (en la zona de Maristas-Salesianos) con un precio de 35 millones de euros.

El promotor pidió a la familia Cotino un avión privado para Castedo y Alperi
Pero un segundo contrato (junio 2008 cambia la ubicación a Rabassa, con un precio por la venta del terreno de 67 millones de euros. En esas fechas empresario, según el informe policial en el que basa EU su denuncia inicial, se sumerge en un “frenesí de contactos” para hacer valer su influencia y conseguir el informe favorable del Ministerio de Fomento, referente a los accesos. En octubre de 2008 el promotor empieza a ponerse nervioso al ver que la tramitación del Plan Rabassa no avanza porque el Gobierno, entonces presidido por los socialistas, presentó un recurso.

Ortiz llama a Alperi y éste lo calma: “Ya he hablado con Sonia [Castedo] y le he dicho que espabile”. La todavía concejal de Urbanismo, en agosto de 2008, tranquilizó al promotor al asegurar que no era necesario incluir Ikea en el PGOU, ya que “sería más rápido” una vez aprobado el Plan Rabassa modificarlo para incluirlo. La edil emplaza a Ortiz a que prepare la modificación para en ese momento: “Pum, tramitarla rápidamente”.

Uno de los informes de la policía (septiembre de 2008), según el escrito de EU, pone de relieve la “absoluta subordinación de Sonia Castedo a los intereses de Ortiz en relación con las modificaciones a las que Ikea condiciona su instalación en Rabassa”. Las llamadas y negociaciones son constantes. En esos días Alperi dimite de alcalde sin explicar claramente los motivos y cede la vara de mando a Castedo, elegida alcaldesa el 17 de septiembre de 2008.

En octubre se aprobó la exposición pública del PGOU, en el que figura en Rabassa un centro cívico. La operación atraviesa unos momentos delicados al atascarse la tramitación del Plan Rabassa y la multinacional sueca pedir una rebaja del precio del suelo, según consta en la denuncia. Alperi y Castedo por esas fechas viajaron de urgencia a Oporto (Portugal) para reunirse con los responsables de Ikea, según informan al empresario. La policía descubre que Ortiz gestionó supuestamente para su regreso desde Galicia un avión privado a través de Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas, y entonces consejero de la Generalitat.

La investigación, según EU, muestra la “absoluta subordinación de Castedo a los intereses de Ortiz"

El 5 de diciembre el pleno del Ayuntamiento aprobó el texto refundido con la homologación y el plan parcial de Rabassa, aunque todavía no figura el área comercial para Ikea. El plan deberá superar los exámenes de la consejería, y requiere la firma del entonces consejero, José Ramón García Antón, antes de ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento. Y esas Navidades, según la investigación policial, Castedo y Ortiz viajan con sus respectivas familias y amigos a Andorra.

El 14 de abril de 2009, Sonia Castedo, firma una carta dirigida a los responsables de Ikea en España manifestando el interés del Ayuntamiento en que la tienda de la multinacional sueca se instale en Alicante, asegura “ser consciente” de sus demandas urbanísticas y se compromete a firmar un convenio que “plasme” todas estas necesidades. En mayo de 2009 la Generalitat aprueba definitivamente el Plan Rabassa, pero la delegación del Gobierno recurre esa decisión alegando falta de agua.

Las negociaciones entre las partes interesadas prosiguen y el 3 de julio de ese año se firma un nuevo convenio entre los promotores e Ikea por 97 millones de euros, y unos días más tarde los promotores modifican el Plan Rabassa para dar cabida a un área comercial, se prepara un convenio entre Ikea, el Ayuntamiento y Ortiz, y el pleno del Ayuntamiento de ese mes aprueba que la multinacional sueca solo se podrá instalar en esos terrenos.

Pero las malas noticias llegarían en diciembre de 2009 cuando el TSJ suspende cautelarmente el Plan Rabassa, atendiendo el recurso del Gobierno. Pese al revés en los tribunales la alcaldesa, Sonia Castedo, por tierra mar y aire pretende rescatar la zona comercial y garantizar que Ikea se instale en Rabassa, y el 29 de enero de 2010 el Ayuntamiento somete a exposición pública la modificación del PGOU para autorizar la instalación de una tienda de la cadena sueca y un convenio entre Ikea y Viviendas Sociales del Mediterráneo. Los dos puntos cuentan con el apoyo de los 15 votos del PP y 14 en contra de la oposición.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/14/valencia/1387045130_616689.html

ORTIZ: “HAY QUE CONTENTAR AL AYUNTAMIENTO”

El juez incorpora las escuchas policiales y pide documentación a Orihuela

Los cambios introducidos en el proyecto para lograr que Ikea se instale en Rabassa coinciden también con regalos y prebendas recogidas en el sumario del caso Brugal y en la investigación de la policía. En la documentación incorporada por el juez a esta pieza figura un listado de personas a las que supuestamente Ortiz regaló tarjetas vips para poder aparcar gratis durante 24 horas en el aparcamiento de Alfonso El Sabio. En la lista figuran técnicos municipales y políticos, tanto del PP como del PSPV. El exedil de Urbanismo, José Ramón García Santos, en la época de Alperi, el actual concejal de Hacienda, Juan Seva, la técnica de Urbanismo, Isabel Campos, imputada en la pieza de Brugal del amaño del PGOU, o el ingeniero Florentino Regalado, y el exedil socialista, Luis Almarcha. En el listado también figura Miguel Peralta, exconsejero de Justicia y exalcalde de Alcoi, municipio en el Ortiz ejecutó varias obras como las del Teatro Calderón o el aparcamiento de La Rosaleda.

El sumario del caso Brugal recoge viajes y regalos que supuestamente Ortiz dio durante años a los dirigentes municipales. En una conversación interceptada por la policía con su esposa el empresario argumenta la cantidad de regalos navideños en que “a los del Ayuntamiento hay que tenerlos contentos porque hay un huevo de intereses”.

El caso Brugal, que investiga una trama político-empresarial en Alicante que supuestamente benefició durante años al promotor, se ha disgregado en 21 piezas diferentes. Una de ella es la que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Alicante sobre la tramitación del Plan Rabassa, un macroproyecto urbanístico de Ortiz que contemplaba 12.500 viviendas y que incorporó un área comercial para albergar Ikea.

El Plan Rabassa ha sufrido en la vía administrativa varios reveses en los tribunales. El TSJ tumbó, en cuatro sentencias diferentes este proyecto. El recurso que presentó Esquerra Unida en septiembre de 2009 sigue sin resolverse, y el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado a la sala que no dicte sentencia hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados por el promotor contra las sentencias que anularon el plan.

Pero la vía penal de Rabassa sigue abierta, y encara su recta final. El juez Juan Carlos Cerón, acaba de incorporar al sumario todas las escuchas telefónicas y vídeos realizados por los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que durante meses tuvieron pinchado el teléfono de Ortiz, y pide al juzgado de Orihuela la “urgente remisión” de toda una serie de expedientes incorporados al sumario del caso Brugal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/14/valencia/1387046479_372311.html

CASTEDO TEME EL ‘EFECTO BRUGAL’

La alcaldesa de Alicante lanza una ofensiva para archivar la causa por el amaño del PGOU

Las acusaciones insisten en que favoreció a Enrique Ortiz

La sombra del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para beneficiar al constructor Enrique Ortiz hostiga desde hace tres años a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo. La regidora del PP quita en público hierro a su imputación por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. “No sé qué delitos me imputan”, responde sonriente en entrevistas. Pero su entorno advierte “preocupación” por el proceso que sigue desde septiembre de 2012 el instructor Juan Climent en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

La defensa de Castedo en el caso Brugal ha trazado un plan para convencer al juez de que archive la causa o que levante la imputación. El magistrado denegó tres peticiones similares en el último año. La última fue hace una semana. Ahora la estrategia coincide con el fichaje como segundo abogado del hasta hace dos años militante del PSPV y catedrático Derecho Procesal de la Universidad de Alicante José María Asencio Mellado.

La consigna es despejar la mácula de sospecha que vincula a Castedo con un presunto pelotazo urbanístico de 120 millones de euros. Y conseguirlo antes de las municipales de 2015. “Una instrucción tan larga hace mucho daño a un político. Castedo sufre cuando le llaman sinvergüenza por la calle”, argumentan. El trasfondo, según otras fuentes de su entorno, resulta menos sentimental. Apunta al interés de la regidora de concurrir limpia a las urnas. No en vano, Alberto Fabra reiteró el miércoles, en una entrevista en Nou, que las personas imputadas “no han de tener protagonismo” en las próximas elecciones municipales y autonómicas. “Puede renunciar a su escaño en las Cortes pero no a la vara municipal”, confiesa una persona próxima a la dirigente que no contempla la apertura de juicio oral. Técnicamente sería posible este escenario antes de las elecciones. Hay tiempo según fuentes jurídicas. Pero compondría la estampa de una mujer aferrada al cargo asomándose a la inhabilitación.

La edil quiere presentarse limpia a las elecciones municipales de 2015

En un escrito de 106 páginas remitido la semana pasada al TSJ, la defensa de Castedo desgrana sus argumentos. Se recurre al Supremo para cuestionar el criterio del Fiscal de usar como pilar de la acusación la transcripción de pinchazos telefónicos policiales entre mayo de 2008 y junio de 2010, la recta final de la redacción del PGOU. Conversaciones donde Ortiz llamaba “la tía más grande que he visto en mi vida” a la entonces concejal de Urbanismo por facilitarle un “tebeo”. La amistosa charla abordaba supuestamente una reserva de suelo en Alicante.

Los abogados piden la anulación —por segunda vez— de estos pinchazos. Insiste en que el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y el arquitecto municipal, Miguel Ángel Cano, declararon que no recibieron presiones. Tilda de “ordinarias” las dos reuniones del primero con Ortiz, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante. Minimiza que Castedo no haya podido justificar de modo convincente cómo pagó un viaje a Andorra con Ortiz (ante el juez dijo que con lotería de Les Fogueres). Y argumenta que “no hay indicios” del presunto cohecho de la regidora al aceptar un coche mini del promotor a cambio del supuesto trato de favor.

El documento carga contra la “lentitud" de la instrucción, las “imputaciones abstractas” y denuncia el “interés” de las acusaciones —PSPV y EU— de mantener candente el proceso. Aseguran en su entorno que arrastra la sombra de sospecha desde 2008 y que sufre la pena “del telediario”. Por el contrario, Enrique Ortiz se mantiene en silencio y no pedirá levantar la imputación. “A nosotros no nos afectan los tiempos políticos”, admite su defensa.

Fabra reiteró el miércoles que los imputados no integrarán las listas
Las acusaciones consideran ineficaz la estrategia. El abogado de EU, José Luis Romero, precisa que las escuchas telefónicas son solo una pieza. Y defiende la instrucción. “La causa no está conclusa, faltan diligencias ya acordadas. Por ejemplo, este mes ha llegado del Juzgado de Orihuela el acta de registro y los documentos intervenidos en la vivienda, la empresa y el yate de Ortiz”, dice.

El secretario general del PSPV en Alicante, Gabriel Echávarri, recuerda que "se puede condenar a una persona solo por indicios". "Tiene mucha prisa. Confía en aguantar el tirón mediático por la apertura del juicio oral, que se celebre la vista tras el verano de 2014, y, en el supuesto de ser absuelta, presentarse a las elecciones como una víctima”. Un dirigente de la oposición alicantino añade otra clave: “Es un activo del PP y tiene el aval del vicepresidente, José Ciscar. Corre contrarreloj. Teme el efecto Brugal”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/17/valencia/1382033552_281134.html

EL PLENO DE ALICANTE DESPRECIA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SÍNDIC

 El PP evita con su mayoría recusar a Sonia Castedo por su trato con Ortiz

“El Síndic se equivoca” fue la frase más repetida este miércoles por el edil de Hacienda y portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva. El equipo de Gobierno de Sonia Castedo dejó claro en el pleno que no está por la labor de aceptar ninguna crítica del informe de fiscalización presentado ante las Cortes por la Sindicatura de Comptes, que advirtió en abril de la existencia de irregularidades en materia municipal de gastos o contratación durante el 2011, entre otros aspectos apuntados.

Seva realizó todo un ejercicio de desdén hacia la oficina del Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, al que acusó de “sembrar la duda” y “atentar contra la autonomía administrativa” del Consistorio. Tras leer un escrito en el que se sintió levemente nervioso, no admitió las críticas del Síndic, ni las de la oposición. Y por si acaso, afirmó: “Aquí los políticos no hemos hecho absolutamente nada. Solo firmamos los informes que nos pasan los técnicos”.

La oposición, además de denunciar la “autocomplacencia” del PP, no se amedrentó. Fernando Llopis, de UPyD, criticó la ausencia de “un interventor estable” para una gestión de cobros que “da escalofríos”. Miguel Ángel Pavón, de Izquierda Unida, acusó al departamento que dirige Seva de “opacidad y descontrol” y de haber triplicado hasta los 600 euros por habitante la deuda de los alicantinos (en 1995, era de 240 euros). Y el portavoz socialista, Miguel Ángel Ull, propuso la creación de una comisión de investigación con asesoría y tutela de la Consejería de Hacienda o la Generalitat.

Y si el informe del Síndic no fue suficiente para hacer crítica interna, el sumario del caso Brugal tampoco lo fue para establecer la relación de “amistad íntima”, o no, entre la alcaldesa y el empresario Enrique Ortiz, ambos imputados en esta causa. Miguel Ángel Pavón quiso recusar a Castedo por su intervención en los acuerdos de la Junta Local en los servicios de limpieza viaria y de residuos urbanos, servicios prestados por empresas de Ortiz. La alcaldesa se ausentó del pleno durante la sesión.

Tanto IU como la bancada socialista sostuvieron que la relación entre primera edil y el empresario incumple el concepto jurídico de amistad íntima. Como explicaron, esta figura legal establece que ante cualquier relación de amistad o enemistad manifiesta un edil debe abstenerse de una votación en la que la persona en cuestión esté relacionada.

Pavón apuntó a una relación “pública y notoria”, argumento que sostuvo recordando que la base de la defensa de la alcaldesa en el caso Brugal es precisamente esa relación de amistad. “Se ve en las conversaciones recogidas”, expuso al edil en referencia a las escuchas de la policía: “Ortiz llama a Castedomimosina y ella se despide con un beso bombón. El marido de la alcaldesa está contratado como autónomo por Ortiz, y ella misma ha admitido que la mujer de Ortiz le hace regalos por su cumpleaños”.

El concejal socialista Francisco Marín ahondó en el tema: “Castedo se dirige a él como tronco, han hablado de sus domicilios particulares, han hecho dos viajes a Andorra; ella y su niñera han estado en el yate de Ortiz”. Según Marín, Ortiz desempeña un tercio de los servicios que licita el Ayuntamiento.

Para el vicealcalde, Andrés Llorens, la oposición no aportó “ningún argumento que pruebe esa amistad íntima”. Cariño o bombón, según él, son “palabrería habitual de la alcaldesa”. La recusación fue “desestimada por incierta en su fondo” y la mayoría del PP hizo el resto. PSOE e IU votaron en sentido contrario. UPyD se abstuvo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/22/valencia/1369248397_866506.html



LA OPOSICIÓN NO CEJA Y PIDE LA RECUSACIÓN DE CASTEDO

La oposición que votó hace dos días en pro de que Sonia Castedo se ausente de todas aquellas votaciones que afecten a servicios prestados al Ayuntamiento por el empresario Enrique Ortiz insiste en ello: Esquerra Unida (EU) volverá a pedir la recusación de la alcaldesa en la comisión de Hacienda prevista para hoy y el PSPV demandó este jueves a los servicios jurídicos municipales averiguar si la relación de amistad entre empresario y Castedo inhabilita a la regidora en estas votaciones.

El miércoles pasado la mayoría absoluta del PP consiguió que se descartara en el pleno municipal la recusación de la alcaldesa planteada por el edil de EU, Miguel Ángel Pavón. Según toda la oposición —salvo UPyD—, la norma jurídica de “amistad/enemistad manifiesta” obliga a los ediles a abstenerse o ausentarse en tramitaciones en las se dé una de esas dos condiciones. Ella misma reconoció su amistad con Ortiz ante el juez que instruye el caso Brugal, en el que ambos están imputados por tráfico de influencias y soborno.

Y es que, dice el edil Miguel Ángel Pavón, “no son pocas” las situaciones en las que la alcaldesa habrá de votar en decisiones que afecten a Ortiz. La primera la próxima semana cuando el pleno municipal apruebe una modificación del presupuesto consistorial. De los 950.000 euros que se utilizarán para el pago de proveedores, 550.000 irán para empresas participadas o propiedad del constructor.
La acción municipal parece ligada a la de Ortiz: el 70% del suelo municipal le pertenece; también “un tercio de las adjudicaciones del Ayuntamiento”, según apuntaron los socialistas

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/23/valencia/1369334245_701109.html

EL PERSONAJE CLAVE DEL CASO BRUGAL SE QUEDA ‘LA CONTRATA DEL SIGLO’ DE ALICANTE

El contratista Enrique Ortiz recibirá 435 millones de euros en 12 años por limpieza viaria y basuras

El contratista Enrique Ortiz se mueve como pez en el agua en las contratas municipales del Ayuntamiento de Alicante, presidido por Sonia Castedo, del PP. Los dos están imputados en el caso Brugal,que investiga precisamente el supuesto amaño del Plan General de Alicante para beneficiar al empresario. Mientras la causa judicial sigue su curso, el contratista sigue engordando sus negocios.

La contrata millonaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, estimada en unos 435 millones para 12 años, recaerá en una UTE (unión temporal de empresas) participada por dos empresas de Ortiz (Cívica e Inusa) y otras dos firmas: Construcciones y Contratas (FCC) y Cespa. Y conseguirán la conocida como la contrata del siglo no por ser los más valorados, sino por ser los únicos que se presentaron.

Enrique Ortiz, pieza clave del caso Brugal, es el propietario del 70% del suelo urbanizable en Alicante, el mejor ejemplo es el plan Rabassa, que prevé 13.500 viviendas, pero también es el principal contratista del Ayuntamiento. Además de la recogida de basura, Ortiz renovó el año pasado el contrato de limpieza del cementerio y el del mantenimiento y limpieza de colegios y dependencias municipales, pese a ser la oferta más cara. Las empresas participadas por Ortiz se llevan uno de cada tres euros del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante, según cálculos del PSPV.

La oposición critica el "traje a la medida de Ortiz"

La oposición municipal lamenta que la alcaldesa, Sonia Castedo, haya confeccionado “un traje a la medida” para Ortiz. El concejal Gabriel Moreno, del PSPV, cree que “las empresas ni se molestan en presentarse porque saben que irá a parar a Ortiz”. Moreno recuerda que los criterios subjetivos suponen el 45% de la valoración de la contrata. Esquerra Unida anuncia que trasladará a la Unión Europea esta adjudicación por su falta de publicada e insta a Castedo a abstenerse en la tramitación del expediente. Y el concejal de UPyD, Fernando Llopis, denuncia que desde el principio esta contrata “tenía nombres y apellidos”.

El plazo de presentación de la documentación para la contrata de basuras finalizó el martes y sólo se presentó Inusa. Fuentes de la Concejalía de Atención Urbana achacaron la falta de concurrencia a que el pliego de condiciones “estaba muy ajustado” y otras empresas que inicialmente mostraron su interés por la contrata, al final desistieron.

El presupuesto base de licitación son 265 millones de euros, sin incluir el IVA, para los próximos ocho años, con opción a dos prórrogas de otros dos años. El valor estimado de la contrata, para doce años es de 435 millones de euros.

El concejal delegado, Andrés Llorens, admite que “es una pena” que no se hayan presentado más empresas para “poder elegir” pero al mismo tiempo reconoce cierto “alivio” ya que en otras ciudades, como en Madrid, el concurso quedó desierto. El Ayuntamiento estima que si no hay defectos de forma en la documentación presentada por Inusa a finales de mayo el pleno municipal podría adjudicar definitivamente este contrato millonario.

Los técnicos municipales explican que además de las ajustadas condiciones de la contrata, las empresas interesadas debían invertir más de 150.000 euros preparando toda la documentación y la firma ganadora debía pagar a Inusa 15 millones de euros “inversiones pendientes de amortizar”. Desde octubre la empresa participada por Ortiz está asume el servicio de manera provisional, una vez que finalizó la última prórroga del contrato que se adjudicó en el año 2000. En el último pleno el PP aprobó el pago de 5,2 millones de euros a la empresa Inusa, participada por el empresario Enrique Ortiz, por la recogida de basura y limpieza en las calles de Alicante correspondiente solo a enero y febrero.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/10/valencia/1365582549_168682.html

CASTEDO AFIRMA QUE ACLARARÁ AL JUEZ “CUALQUIER DUDA” SOBRE EL ‘CASO BRUGAL’

La alcaldesa de Alicante declara por segunda vez como imputada en el Tribunal Superior de Justicia valenciano

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, declara esta mañana por segunda vez ante el magistrado que instruye el caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La regidora, imputada en la causa que investiga el amaño del plan general urbano de la ciudad en favor del constructor Enrique Ortiz, comparece hoy a petición propia.

A su llegada al TSJ, Castedo ha afirmado que está "tranquila" y que pretende "aclarar cualquier duda" en torno a su supuesta implicación en el caso Brugal. "La documentación habla por sí sola", ha asegurado la alcaldesa, que niega cualquier irregularidad en la tramitación del plan general urbano de Alicante.

El abogado de la alcaldesa remitió en febrero un escrito al magistrado Juan Climent, que instruye el asunto en el TSJ, para pedir que se "concreten" las acusaciones contra su defendida. Castedo fue imputada en octubre de 2012 por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del presunto amaño del plan general. Junto a ella, fue también imputado el anterior alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

El letrado también pidió que se agilice la investigación y que se permitiera a Castedo declarar de nuevo ante el TSJ.

El magistrado respondió favorablemente a la solicitud de Castedo de declarar por segunda vez como imputada. No obstante, en un auto del pasado marzo, Climent recordó a Castedo que la concreción que solicita “se ha de establecer llegado el punto de conclusión de las diligencias previas, momento procesal que no se ha alcanzado todavía”.

El magistrado explicó que quedan diligencias pendientes respecto de Castedo y que la investigación “no se ha agotado”. Además, tomó nota de las quejas de la regidora por la prolongación de la instrucción, al tiempo que señaló que la completa investigación se ve frenada por las “muchas cuestiones que vienen planteando las partes”, incluida la propia alcaldesa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/28/valencia/1364464620_572327.html

CISCAR DICE QUE SI FUERA CASTEDO DEJARÍA TODOS LOS CARGOS PÚBLICOS

El vicepresidente del Consell añade que se trata de una "decisión personal"

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, ha admitido este viernes que si él se encontrase en la situación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, Sonia Castedo, imputada en caso Brugal, abandonaría "todos los cargos" públicos.

Ciscar se ha visto obligado a pronunciarse sobre la situación de Castedo, que también es diputada autonómica, tras difundirse las imágenes y el sonido de su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia en relación con la supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alicante.

En la declaración, cuyo contenido ya se había difundido, se constata la estrecha relación de Castedo con el promotor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y también en el caso Gürtel. Las respuestas de Sonia Castedo para explicar sus conversaciones con el constructor y los regalos que de él recibió producen, en algunos casos, sonrojo.

El portavoz del Consell y vicepresidente ha insistido en que las actas de diputado o concejal corresponden legalmente a quienes las obtienen y no a sus partidos. Ciscar ha recalcado que, pese a ello, su opción personal en caso de ser imputado sería la de dimitir. Acto seguido, ha matizado que, tras recibir la imputación, hay cargos públicos que abandonan su responsabilidad y otros no, y muchos de estos son finalmente absueltos. "Hay una ley que dice que estas decisiones son personales, y a partir de ahí ya no hacemos más especulaciones, ni dibujamos otros escenarios en algo que no depende del presidente de la Generalitat, ni del Consell", ha argumentado Ciscar, que no insistió tanto en las matizaciones en otros casos como el de Rafael Blasco, diputado y exportavoz del PP en las Cortes, imputado en el caso Cooperación.

Este viernes, el TSJ ha hecho pública una providencia en la que rechaza la petición de nulidad planteada por Ortiz en el caso Brugal por las prórrogas de las escuchas telefónicas entre 2008 y 2010.

Por otra parte, el portavoz del Consell ha anunciado que pretende elaborar un plan para redistribuir las cargas de trabajo en la Administración valenciana. Un plan que se pretende presentar en el primer trimestre del año que viene.

Según Ciscar, se trata de reorganizar el trabajo de acuerdo con la legislación vigente y contando con la participación de los sindicatos. La idea es reubicar a los funcionarios que han perdido carga de trabajo en otros puestos de atención al público o en departamentos que requieran un mayor refuerzo. "El plan no comportará ningún despido".

El diputado socialista Rafael Rubio aseguró que se trata de un nuevo "brindis al sol" del Consell, que desde agosto de 2010 no ha publicado ninguna relación de puestos de trabajo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/16/valencia/1353072514_024724.html

CASTEDO ASEGURA QUE PAGÓ CON DINERO DE LA ‘FOGUERA’ LOS VIAJES A ANDORRA CON ORTIZ

La alcaldesa de Alicante asume ante el juez que es amiga de toda la vida del promotor

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha asegurado ante el juez Juan Climent, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que pagó con dinero de la lotería de su foguera los viajes familiares a Andorra en compañía del promotor inmobiliario Enrique Ortiz. Las dos familias pasaron dos navidades juntas en Andorra. Castedo, que declara como imputada en el caso Brugal en una pieza separada que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ha llegado a declarar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana (TSJCV) sobre las 8.40 horas, aproximadamente una hora y veinte minutos antes de su citación, que había sido fijada a las 10.00 horas.

Poco después de las 12.00, el juez ha decretado un receso y ha anunciado el aplazamiento sin fecha de la declaración del predecesor de Castedo en la alcadía, el también diputado autonómico, Luis Díaz Alperi.

Hasta el momento la comparecencia de Castedo ha girado en torno a los viajes a Andorra, a un viaje a Ibiza en el yate de Ortiz y sobre cómo ha pagado las facturas correspondientes.

La alcaldesa de Alicante también ha escuchado tres grabaciones de conversaciones con Ortiz en las que ha reconocido su voz y la de su marido.

Castedo ha declarado que es amiga de Ortiz de toda la vida, pero ha negado que el promotor le haya pagado ningún viaje.

Sí ha reconocido que recibió un regalo de la mujer del empresario con ocasión de su cumpleaños, el 23 de diciembre. La alcaldesa ha explicado que cambió el regalo por vales de El Corte Inglés porque ya tenía la cazadora con la que le obsequiaron.

Castedo, que ha llegado a la sede judicial acompañada por dos personas, presta declaración como imputada por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/19/valencia/1350634756_697839.html

EL TSJ IMPUTA A CASTEDO Y A ALPERI POR HACER EL PGOU A MEDIDA DE ORTIZ

Los diputados están acusados de supuestos delitos de soborno, tráfico de influencias y uso de información privilegiada

  • 'Tú mandas'. Reconstrucción de las conversaciones entre Castedo y Ortiz

  • Castedo a Ortiz: "Te hemos apañado lo del Rico Pérez"

  • El promotor a Castedo: "Tengo que hablar contigo para marcarme la estrategia"

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante, la actual regidora Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.

El magistrado del alto tribunal Juan Climent, que instruye esta causa (una de las tres piezas clave del sumario de caso Brugal), ha citado a ambos altos cargos del PP para interrogarles el próximo día 19.

Climent, en una providencia firmada este lunes, ha asumido los argumentos del primer instructor de esta causa, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. Tejada observó indicios de delito en la conducta de Castedo y Alperi en el trámite de PGOU y remitió el pasado mes de julio el sumario al TSJ dada la condición de aforados de Castedo y Alperi. Ambos son diputados autonómicos.

La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor mantienen que Castedo y Díaz Alperi redactaron el PGOU siguiendo los "deseos" del constructor Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el de Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche de la marca Mini.

En su escrito de motivación razonada enviado al TSJ, el juez Tejada aseguró: "Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi] por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular".

Según el juez, Castedo y Alperi adaptaron seis PAIS a los intereses de Ortiz. Y destaca que, sobre la base de información secreta, Ortiz acaparó suelo protegido para permutarlo por urbano. La policía cifró este pelotazo en 120 millones.

El sumario de Brugal está plagado de conversaciones entre Ortiz, Castedo y Alperi que demuestran la cercanía entre ellos el supuesto trasvase de información secreta. En una de esas conversaciones, Castedo dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9, Lomas del Garbinet, y también lo del Rico Pérez".

En este sumario había ya 16 imputados, entre ellos, el propio promotor Ortiz, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la regidora, y tres exdirectivos de Bancaja y CAM.

Castedo encajó la imputación con aparente satisfacción: "Es la única manera que tengo para defenderme", dijo, al tiempo que agradeció la diligencia del TSJ en llamarla a declarar.

Castedo y Alperi se mantienen en sus cargos de momento, aunque la regidora sí ha anunciado que dejará el acta de diputada. El PP se limitó a asegurar que les abrirá un expediente informativo. Los tres grupos de oposición (PSPV, EU y UPyD) exigieron la dimisión urgente de ambos cargos del PP.

La oposición exige la marcha de Castedo

Los tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han exigido su dimisión tras conocerse la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo. "Mantenerse en el cargo es arrastrar por el fango la imagen de la ciudad. La gestión del PP al frente de Alicante desde el año 95 está bajo sospecha con una alcaldesa imputada y un exalcalde en la misma situación", ha esgrimido el secretario general de la agrupación socialista, Gabriel Echávarri.

EU, por su parte, ha solicitado la dimisión "inmediata y fulminante" de Castedo y de Alperi. La formación considera que el presidente del Consell, Alberto Fabra, "debe pedirles hoy mismo su dimisión como diputados en las Cortes Valencianas si quiere tener alguna credibilidad en la lucha contra la corrupción". EU ha solicitado la dimisión de Castedo en los últimos plenos municipales.

Unión Progreso y Democracia, finalmente, también ha insistido en que la alcaldesa debe dejar su cargo. La formación considera necesario convocar un pleno extraordinario para votar un nuevo alcalde entre los 29 concejales restantes de la corporación municipal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/01/valencia/1349099563_559684.html

EL TSJ INVESTIGA A CASTEDO Y ALPERI POR EL CASO DEL PGOU DE ALICANTE

El juez Juan Climent intentará aclarar si existió trato de favor a Enrique Ortiz

Justo el mismo día en que hace cuatro años Luis Díaz Alperi anunciara su decisión de dejar la alcaldía de Alicante, facilitando así la elección de Sonia Castedo como sustituta, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJ) decidía investigar a ambos por su presunta relación con el escándalo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de cuya redacción se habría beneficiado el promotor Enrique Ortiz.

Castedo y Alperi por su condición de diputados autonómicos gozan de la condición de aforados y serán juzgados en el TSJ si el magistrado Juan Climent, que instruirá el caso, considera que existen suficientes indicios de delito. La causa llega al Tribunal Superior después de que el titular del juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investigó inicialmente la pieza del caso Brugal vinculada al PGOU, hallara indicios por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en las conductas de Castedo y Alperi.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) se declaró ayer competente para investigar la documentación remitida desde Alicante.

Castedo y Alperi están en la misma situación procesal que Blasco

La pieza del PGOU de Alicante es una de las tres ramas clave del caso Brugal, junto con la contrata de la basura de Orihuela a favor de Ángel Fenoll, y el supuesto soborno de Fenoll y Enrique Ortiz al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll para adjudicarse la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja.

El Grupo Popular en las Cortes tiene ya a 11 diputados salpicados por casos de corrupción, seis de ellos imputados formalmente, tres con petición de imputación, uno procesado y otra investigada.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene ya a tres de sus diputados en las Cortes Valencianas a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Con la decisión tomada ayer por el TSJ, Castedo y Alperi se encuentran en la misma situación procesal que el exconsejero Rafael Blasco. Los dos primeros por el caso Brugal y el tercero por un presunto fraude en las subvenciones a ONG.

No son los únicos casos de corrupción que salpican a diputados populares. El grupo del PP en las Cortes cuenta con otros seis imputados en el caso Gürtel, por la supuesta financiación ilegal del PP. También está procesado, por la contrata de basuras, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo y la exregidora de Ibi, Mayte Parra, está siendo investigada por unas comisiones ilegales en adjudicaciones de su ayuntamiento.

El caso Brugal investiga el supuesto amaño del PGOU de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz. En la fase previa de instrucción, el juez Manrique Tejada observó indicios en los distintos implicados de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

Aunque Tejada entiende que la fase de la instrucción no permite concretar el tipo de cohecho, apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de “la percepción y/o solicitud de dádivas” por parte de Castedo y Alperi al facilitar “información que no debía ser pública del PGOU”.

El auto del juez instructor de Alicante añade que “incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular —Enrique Ortiz—, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado”.

Partidos personados

El Ministerio Fiscal, Esquerra Unida y el PSPV-PSOE, partidos personados en la causa, habían solicitado al TSJ que asumiera esta pieza separada del caso Brugal, algo que rechazaron los letrados de Sonia Castedo, Díaz Alperi y Enrique Ortiz, a quien el instructor imputa los citados delitos. Tejada también desestimó los recursos presentados por los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y el exedil del PSPV Javier Gutiérrez, socio del primero en el bufete Salvetti.

El supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz tuvo lugar en la recta final del trámite de la elaboración del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento, en mayo de 2010. El planeamiento, que debe sustituir al de 1987, todavía no ha sido aprobado por la Generalitat. El juez considera que Ortiz hizo valer su amistad con los políticos implicados para conseguir datos del plan general en varios proyectos en los que tenía intereses.

La oposición, salvo el PSPV, carga contra Fabra

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, había valorado con celeridad las últimas decisiones judiciales en la que se ha visto implicada. Salvo la de ayer. La regidora decidió no pronunciarse. Castedo, que tras la petición del juzgado número 5 de Alicante, anunció en una entrevista a EL PAÍS su decisión de dimitir de diputada pero de mantenerse en la alcaldía, ayer optó por pasar a un segundo y discreto plano.

Por el contrario, la oposición salió en bloque, salvo el PSPV-PSOE de Alicante que está inmerso en su propia lucha interna, para criticar a la alcaldesa. La coordinadora de EUPV, Marga Sanz, lamentó que “sea solo la justicia quien ponga en su lugar a Castedo y a Díaz Alperi, mientras el PP los sigue protegiendo y Fabra no es capaz de hacer la depuración que toca”.

Sanz mostró su “alegría” por la decisión judicial que acerca a los dirigentes del PP al banquillo de los acusados. Sanz lamentó que el presidente del PP, Alberto Fabra, sea “débil con ellos —Díaz Alperi y Castedo— y con el resto de imputados e implicados en los casos de corrupción”. Para la portavoz de EU en Las Cortes la “falta de credibilidad ya es un emblema de la gestión de Fabra”, y recriminó que Fabra permita que tanto Castedo, como Díaz Alperi, “sigan utilizando las Corts como escudo de protección”, en referencia a su condición de aforados.

En Alicante, EU exigió el cese inmediato de Castedo y Alperi de sus cargos públicos en el Ayuntamiento de Alicante y las Cortes.

En la misma línea, la diputada de Compromís Mireia Mollà dijo que si Castedo, “continúa un día más ejerciendo sus cargos, se demostrará la absoluta debilidad del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra”.

EU y Compromís coincidieron en analizar que este paso de la justicia sitúa a Castedo “a las puertas de la imputación formal”. La diputada autonómica del PSPV, Ana Barceló, a llamadas de este periódico lamentó “la imagen de corrupción” que está dando la Comunidad Valenciana. “Fabra debe tomar medidas contra esta lacra”, dijo.

El presidente del PP en Alicante, José Ciscar, defendió el derecho de la presunción de inocencia y subrayó que la decisión del TSJ no modifica la situación procesal de la alcaldesa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/11/valencia/1347370133_895723.html

DESESTIMADOS LOS RECURSOS CONTRA EL ENVÍO DEL ‘CASO BRUGAL’ AL TSJ

El juez rechaza las alegaciones de varios imputados, entre ellos, el constructor Enrique Ortiz

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, ha desestimado los recursos presentados por el empresario Enrique Ortiz, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio Javier Gutiérrez -imputados en el proceso- contra el envío de la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), según fuentes judiciales.

El magistrado Manrique Tejada envió el pasado 5 de julio el sumario al TSJCV debido a la condición de aforados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos, para los que Tejada pedía la imputación en el caso.

El sumario, además, imputa a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz, que a cambio de regalos habría resultado favorecido con la tramitación del PGOU, así como el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores, SL Javier Gutiérrez.

Tanto Enrique Ortiz, como José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

En el caso de Enrique Ortiz, su defensa presentó el pasado 6 de julio un recurso de reforma contra el auto de inhibición en el que exponía que "la remisión de la causa en el actual estado procesal supone, entre otras infracciones de orden legal y constitucional, dar por concluida esta parte de la instrucción sin practicar las diligencias acordadas mediante resoluciones judiciales firmes".

Este punto hacía referencia a la petición, aún por atender, del magistrado, para que le fuera entregado el material intervenido en los registros practicados en la vivienda, oficinas y en el yate del empresario.

Por su parte, el hermano de la alcaldesa y su socio alegaron en su recurso que, antes de dar traslado al TSJCV, el magistrado debería pronunciarse sobre la petición de sobreseimiento libre elevada por estos dos imputados, según han señalado fuentes cercanas al caso.

No obstante, en una resolución emitida hace unos días, el magistrado Manrique Tejada ha rechazado los distintos argumentos planteados por los imputados, al considerar que todos los trámites realizados en la instrucción se han producido en el momento procesal "oportuno".

Además, indica que el TSJCV continuará con la instrucción de la causa y se pronunciará sobre los trámites pendientes, según han explicado fuentes judiciales cercanas al caso.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/25/valencia/1343209822_635128.html

EL PP MANTIENE A CASTEDO EN LA ALCALDÍA PESE A ESTAR ACUSADA DE SOBORNO 

El magistrado le atribuye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos

Asegura que ella y su antecesor Díaz Alperi amañaron el Plan General en favor de Ortiz 

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, sigue en el cargo pese al auto del juez que la acusa de un supuesto delito de cohecho por modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses urbanísticos del promotor Enrique Ortiz. "No piensa dimitir", han asegurado fuentes de su entorno. Tampoco la dirección de los populares valencianos ha dado hasta ahora ningún paso encaminado hacia la destitución de Castedo al frente de la alcaldía de la capital alicantina y esperará a la imputación formal de la regidora para exigirle su renuncia al cargo, como ha hecho en otros casos de supuesta corrupción en sus filas.     

La implicación de Castedo, y de su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi, en la mayúscula trama de corrupción políticoempresarial de la provincia de Alicante que indaga el caso Brugal, ha subido esta mañana un nuevo peldaño: Ambos han pasado de estar acusados por el fiscal Anticorrupción por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos a serlo directamente por el magistrado instructor de esta pieza del sumario y de los mismos delitos. El magistrado ha remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforados de ambos políticos del PP. Castedo es diputada autonómica desde mayo de 2011, y Díaz Alperi desde 2007. 

El promotor Ortiz está ya imputado en esta causa, y en otras piezas del caso Brugal, como la que indagada un supuesto soborno al exlíder del PP de Alicante José Joaquín Ripoll, por la planta de basura del Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja (Sur de Alicante). La investigación policial y el fiscal Anticorrupción consideran a Ortiz, el empresario Ángel Fenoll y Ripoll los cabecillas de la trama corrupta. El empresario Ortiz también está imputado en la rama valenciana del caso Gürtel, que indaga una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana.       

Ortiz acaparó suelo que iba a ser declarado parque natural para trasvasar la edificabilidad a la ciudad 

En su escrito de motivación razonada remitido esta mañana al TSJ, el titular del Juzgado número 5 de Alicante justifica el traslado de la causa por al Tribunal Superior de Justicia Valenciano por  "concurrir necesidad de imputación formal de Alperi y Castedo".  No obstante, será el alto tribunal el que decida finalmente si imputa a la regidora o a su antecesor en el cargo. " [...] Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi], por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular", recoge textualmente el escrito del juez. 

El supuesto trato de favor se realizó en la recta final del trámite del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la primera aprobación provisional del documento por parte del Ayuntamiento, mayo de 2010. El planeamiento aún no ha sido autorizado por la Consejería de Urbanismo del Gobierno Valenciano. El magistrado considera que Ortiz hizo valer su influencia y amistad sobre los dos alcaldes del PP para conseguir datos secretos del Plan general sobre varios proyectos en los que tenía interés, entre ellos, la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules. Tanto el campo como el equipo son propiedad del promotor. 

El magistrado resalta que Ortiz, merced a esa información privilegiada, pudo acaparar suelo protegido en los zonas que iban a ser declaradas parques naturales en el nuevo PGOU  para luego trasvasar la edificabilidad a otras áreas urbanas de la ciudad. La policía cifra ese pelotazo en 120 millones de euros. Para estas operaciones inmobiliarias, Ortiz se valió de tres exdirectivos de Bancaja y la CAM, también imputados en la causa.  

El promotor supuestamente pagó un viaje a Creta al anterior regidor, Luis Díaz Alperi 

En cuanto al supuesto delito de cohecho en el que pudo incurrir Castedo, el magistrado se remite a los informes policiales, y destaca dos viajes a Andorra en 2008 supuestamente pagado por Ortiz y el regalo de un coche modelo MIni Cooper, también propiedad de Ortiz, a una amiga personal y actual asesora de la regidora. Sobre el viaje, Castedo mantiene que los pagó en metálico, pero el juez precisa: "Una vez analizada la información bancaria recibida de las entidades respecto a las personas de Sonia Castedo Ramos y Arturo Soto Viero (su marido), se llega a la conclusión de que no existe ninguna extracción de dinero en efectivo, ni extracciones de dinero a través de cajeros automáticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes". 

Los supuestos cohechos que el magistrado atribuye al exregidor y actual diputado autonómico Díaz Alperi de parte de Ortiz, son los mismos recogidos en los informes policiales, es decir, un viaje a Creta en un jet privado por valor de 45.000 euros y el pago de la cuota del hijo del alcalde (30.000 euros) en la constitución de una empresa de publicidad. 

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en el escrito paralelo que ha remitido al juzgado, también mantiene la acusación a Castedo y Alperi por los delitos de revelación de secretos, cohecho y tráfico de influencias. Según el fiscal, la alcaldesa y el exalcalde condicionaron la redacción del planeamiento de la ciudad de Alicante a los intereses de Ortiz a cambio de dádivas. El ministerio público sostiene que Alperi y Castedo facilitaron datos secretos del PGOU a través del despacho de abogados, propiedad de José Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSPV Javier Gutiérrez. 

En este sumario, el juez  ya ha  imputado formalmente a 16 personas, de las 21 que inicialmente acusa el fiscal. Los imputados de mayor calado son el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, y José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/05/valencia/1341472993_602760.html 

Ninguno del centenar de imputados por la trama corrupta de la basura y el urbanismo de Alicante se ha sentado todavía en el banquillo de los acusados

El pasado día 6 se cumplieron dos años de la operación policial que destapó la mayor trama de corrupción político empresarial de la provincia de Alicante vinculada al negocio de la basura y urbanismo: el caso Brugal. Los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, madrugaron, hasta el punto de que sorprendieron en pijama en su lujoso chalé al expresidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y su esposa. Ripoll y otras 18 personas, entre ellos, los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, fueron arrestados.

La policía y la Fiscalía Anticorrupción consideran a Ripoll, Ortiz y Fenoll como los muñidores de la trama. Pero ni los tres, ya formalmente imputados ni el resto del centenar de implicados en el sumario general han llegado a sentarse en el banquillo de los acusados.

La instrucción del voluminoso sumario (40.000 folios), desgajada en tres piezas centrales y una quincena de causas colaterales, ha avanzado a ritmo cansino, atrapada, unas veces, por la lluvia de recursos de las partes, y otras, por las paradójicas resoluciones del primer instructor general, el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela.

El juez llegó a anular parte de las escuchas telefónicas que le dieron pie a ordenar los arrestos y los consiguientes registros. Más adelante, la Audiencia de Alicante revocó el auto del magistrado y validó las grabaciones policiales, principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción contra los imputados.

Los jueces han archivado siete de la veintena de causas del sumario

Durante este bienio, los distintos jueces competentes han archivado ya siete causas menores por falta de indicios racionales de criminalidad y sólo un magistrado ha decretado la apertura de juicio oral para el sumario abierto a raíz de la pistola encontrada en el despacho de Enrique Ortiz durante el registro policial de la sede de su empresa matriz, el Grupo Cívica. Por estos hechos, el fiscal solicita para el promotor un año y medio de cárcel por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas.

La primera causa archivada, a los pocos meses de levantarse el secreto del sumario de las diligencias, fue la que implicaba al exconsejero de Economía Gerardo Camps, por supuesto trato de favor Ortiz y el corredor de rallies Miguel Ángel Fuster. A ese archivo siguió el del sumario que indagaba un supuesto desvío de fondos de adjudicaciones de la Diputación de Alicante para financiar la Fundación Hércules. El imputado más relevante en esta causa era el exdiputado provincial del PP y actual director general de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón.

Más adelante, el Juzgado número 3 de Orihuela acordó el archivo de otras cuatros causas en las que estaban implicados alcaldes o portavoces del PP de los pueblos de Jacarilla, Pilar de la Horadada, Bigastro y Algorfa por supuestamente recibir sobornos (sobres con dinero en metálico) de Fenoll a cambio de las contratas de basuras.

Solo hay un juicio a la vista, contra Ortiz, por tenencia ilícita de armas

Las tres piezas claves del caso Brugal son el amaño de la contrata de la basura de Orihuela a favor de Ángel Fenoll; el soborno de Fenoll y Enrique Ortiz a Ripoll para obtener la adjudicación de la planta de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja; y el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de Ortiz.

La instrucción de las dos primeras piezas ha sido la más accidentada, y está aún pendiente de culminar la fase testifical. El retraso que acumulan estos dos sumarios se debe en primer lugar a la resolución del juez San Martín de Orihuela de anular parte de las escuchas y su decisión posterior de abandonar la oficina judicial. A este juzgado acaba de llegar el sexto juez en los cinco años que se prolonga la instrucción, aunque la intención del Tribunal Superior de Justicia es que la juez de apoyo que tomó el relevo a San Martín siga la instrucción.

Por el amaño de la contrata de basura del municipio de Orihuela la juez ya ha imputado a 13 personas, entre ellas, Fenoll y tres exediles del PP. La juez acaba de imputar a otras 29 personas. La más destacada es la exalcaldesa y actual portavoz del Grupo Popular, Mónica Lorente. La juez los interrogará a partir de mediados de septiembre.

En la pieza del supuesto soborno por la contrata de la basura del plan Zonal hay ya cinco imputados (Ripoll, Fenoll, Ortiz, el empresario Rafael Gregori y el exportavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Amorós). El fiscal ha pedido imputar a 20 personas más. La juez aún no se ha pronunciado.

Y en la causa del amaño del PGOU de Alicante, el instructor acaba de remitir el sumario al TSJ solicitando la imputación de dos aforados, los alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi. En este sumario el instructor ya ha interrogado como imputadas a 16 personas.

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/15/valencia/1342375856_579342.html

CASTEDO: “NO HAY MAYOR CONDENA QUE LA INDEFENSIÓN” 

La alcaldesa de Alicante sostiene que demostrará que las imputaciones son falsas

La también diputada autonómica asegura ser víctima de un linchamiento mediático 

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, ha remitido una nota a la agencia Efe para replicar al auto del juez que solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que la impute por los delitos de cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias. 

Castedo asegura que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamenta su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara". "Ya he sido condenada [por los medios] y no hay mayor condena que la indefensión", afirma. 

La alcaldesa señala que nunca pensó que "para estar tranquila debía estar imputada", pues hasta ahora no ha tenido la oportunidad de explicarse ante un juez. 

"Yo doy la cara, diré la verdad, no mi verdad, y con documentos, los mismos que ni la Fiscalía ni el Juzgado han tenido en consideración", indica la regidora alicantina. 

Castedo recuerda que en octubre del pasado año entregó a los medios de comunicación numerosos documentos oficiales relacionados con el PGOU para demostrar que no hubo irregularidad alguna en los trabajos de revisión del planeamiento urbanístico. 

Castedo reitera "la indefensión" que le ha supuesto no poder declarar ante el juez instructor, ni como testigo ni como imputada -es aforada por su condición de diputada autonómica-, mientras su nombre ha aparecido "en los medios de comunicación casi todos los días durante los dos últimos años". 

"No he tenido todavía la oportunidad de sentarme ante un juez y explicar todo punto por punto", subraya, al tiempo que se pregunta "cuántos años más" le esperan "de condena mediática y política". 

"No me voy a callar, no me voy a callar", reitera Castedo, para destacar "la necesidad" que tiene de "hablar, explicar y demostrar" que "las imputaciones son falsas". 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/05/valencia/1341490147_348875.html 

EL JUEZ PIDE IMPUTAR A CASTEDO Y ALPERI POR EL CASO BRUGAL 

Acusa a la alcaldesa de Alicante y a su antecesor de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho y eleva la causa al TSJ al ser aforados 

El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados. 

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en los diputados autonómicos Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. 

En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados. 

Además, el juez instructor, Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, desgrana en su exposición razonada las diligencias previas seguidas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, varios empresarios y dos ex directores generales adjuntos de Bancaja. 

Sobre este grupo de personas, el juez ve indicios de delito relacionados con el aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario. 

Aunque el juez entiende que la actual fase de la instrucción "no permite la concreción del tipo de cohecho", apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU". 

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor. 

En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en materia de contratación pública, sostiene "que no se trata de identificar la injusticia del acto con la propia percepción de la dádiva, sino de constatar el hecho de que la adjudicación de una obra pública precondicionada por un acuerdo previo adoptado en función de una dádiva" constituye "un acto intrínsecamente injusto". 

En referencia a Enrique Ortiz, el juez refleja presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho. 

Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias que se le imputa a este empresario, el juez apunta "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi. 

De hecho, ha incluido en el escrito la transcripción de una conversación telefónica intervenida por los efectivos policiales en mayo de 2008 en la que la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa le dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet"... "y tenemos apañado también lo del Rico Pérez", en referencia a zonas e iniciativas urbanísticas. 

La citada conversación se produjo once días antes de que el arquitecto director de la revisión del PGOU entregara en la Gerencia de Urbanismo este trabajo para su exposición al público. 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/07/05/juez-pide-imputar-castedo-alperi-caso-brugal/918323.html

 29 IMPUTADOS MÁS EN EL ‘CASO BRUGAL’ POR LA CONTRATA DE LA BASURA DE ORIHUELA

  • Entre los implicados destacan los exalcaldes Mónica Lorente y José Manuel Medina, del PP

  • El fiscal pide al juez de Brugal 54 nuevas imputaciones por la basura

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a otras 29 personas por el amaño de la contrata de basura del municipio a favor del empresario Ángel Fenoll. Este sumario es una de las tres ramas principales del caso Brugal.

Entre los nuevos imputados que la magistrada ha citado a declarar, entre los meses de septiembre y octubre, destacan los exalcaldes del PP de Orihuela Mónica Lorente y José Manuel Medina, ambos del PP, y el también exregidor Francisco García Ortuño. Medina y Ortuño no ocupan en la actualidad cargo público. Lorente es la portavoz del Grupo Popular y pugna por desbancar al minoritario Gobierno del tripartito.

A Lorente, la juez le imputa los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, actividades prohibidas a autoridades y fraude; a Medina, prevaricación; y a Ortuño, cohecho, amenazas y prevaricación.

Junto a estas tres personas, la lista de imputados incluye al exinterventor municipal José Manuel Espinosa, Jorge Lorente, hermano de la exalcaldesa, Joaquín Meseguer, exjefe de gabinete de la Mónica Lorente, y seis exconcejales más del PP.

En un auto dictado el pasado día 4, la magistrada justifica las nuevas imputaciones al observar indicios delictivos "sobre su participación en los hechos bien de forma directa, bien de forma colateral, ejecutando actos de un plan preconcebido".

La magistrada también accede a la petición del fiscal de aportar a la causa el expediente de la adjudicación de la contrata y todos los pagos efectuados por el Ayuntamiento a las empresas de Fenoll desde 2003 a 2010. La juez, por último, acuerda pedir al PP y al Partido Social Democrático todas las facturas de sus gastos electorales en los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2007.

El Ayuntamiento de Orihuela adjudicó en octubre de 2008, bajo la presidencia de Mónica Lorente, la contrata de la basura a una UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. La investigación policial y el fiscal sostienen que las dos últimas empresas son falsas y en realidad la tapadera de la que valió Fenoll para quedarse con el contrato. En este sumario ya había 11 imputados, entre ellos, tres exconcejales del PP.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/07/valencia/1339096291_782228.html

LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS DA AIRE A CASTEDO POR SU ACUSACIÓN EN BRUGAL

La regidora, baluarte del campismo, ve viable resistir aunque la imputen

La absolución del expresidente del Consell Francisco Camps en el caso de los trajes ha supuesto, indirectamente, un balón de oxígeno para su más destacada defensora en Alicante, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP. La regidora está acusada por el fiscal Anticorrupción en la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor del promotor Enrique Ortiz.

"En Madrid ya están hartos de los escándalos del PP valenciano"

Pese a que Castedo aún no está imputada en el sumario, el PP ya había tanteado el terreno para el relevo de la regidora. No obstante, la alcaldesa ha tomado ahora nuevo impulso y fuentes de su entorno ven más factible que pueda continuar en el cargo aun en el supuesto de que acabara finalmente imputada.

La imputación de Castedo en el sumario del PGOU está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforada de la regidora, que compagina este cargo con el de diputada autonómica. Esta posibilidad, dada la evolución de la instrucción del sumario (todavía en la fase testifical) se pospondrá con toda seguridad hasta después del verano.

La operación de relevo de Castedo se ha frenado a la espera del devenir político de Camps y de la resolución del inminente proceso congresual de los populares. Primero el cónclave regional y, a continuación, el provincial.

Desde mediados de junio, cuando el juez levantó el secreto del sumario del caso del PGOU y trascendió a la opinión pública la explícita connivencia entre la alcaldesa, su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi, y el promotor Ortiz, Castedo se aprestó a defender su inocencia y a cuestionar el juicio paralelo que, según ella, se estaba haciendo desde los medios de comunicación.

El primer comentario que realizó Castedo tras la absolución de Camps fue la alusión al "juicio paralelo" que ha sufrido el expresidente durante tres años. Aunque precisó que no quería compararse con Camps sí dejó entrever que ella estaba siendo víctima de esa situación desde hacia ya un año, cuando comenzaron a filtrarse las primeras diligencias del sumario del PGOU.

Los seguidores de Castedo ponen el énfasis en que Camps, acusado, imputado y procesado, ha sido finalmente absuelto. Y también critican la fría actitud de Alberto Fabra con Camps durante el desarrollo del juicio de los trajes. Castedo, junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fueron los únicos tres altos cargos del PP que arroparon a Camps con su presencia en la sala de vistas, en una de las jornadas del juicio.

La presión mediática llevó a la regidora a enrocarse a medida que pasaban las semanas y se destapaban nuevos datos del caso Brugal, como la imputación de su hermano, el abogado urbanista, José Luis Castedo, y la declaración, como testigo, de su amiga y asesora, Julia Castelló, por el supuesto regalo de un coche de la marca Mini.

En paralelo a ese aislamiento, también comenzó a diluirse su protagonismo en el equipo de gobierno en favor del concejal de Hacienda, Juan Seva.

Precisamente, fue Juan Seva el primer elegido como sustituto de Castedo al frente de la alcaldía, en una operación que contaba con el visto bueno de la dirección nacional del PP. El edil, en cambio, negó esa posibilidad y alegó que nadie le había ofrecido nada.

Fuentes del PP señalan que la intensidad del acoso interno a Castedo para que deje el cargo estará en función de la firmeza del mandato del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, al presidente regional de los populares valencianos, Alberto Fabra, para que haga tabla rasa con la herencia del campismo y su legado de sucesivos casos de corrupción. "En Madrid están ya hartos de la Comunidad Valenciana", aseveran esas fuentes en alusión a la cascada de noticias vinculadas a escándalos que exporta la Comunidad Valenciana.

Otro elemento que destacan esas fuentes para calibrar las posibilidades de Castedo de resistir en la alcaldía de Alicante es el resultado final de la ponencia sobre nuevo código ético del partido que salga del congreso regional. Ese documento lo está elaborando el propio Alberto Fabra y no descarta plantear la posibilidad de que los cargos públicos del partido imputados tengan que dejar obligatoriamente el puesto.

Gobierno municipal tricéfalo

El monolítico respaldo del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante, con el que Sonia Castedo comenzó su periplo al frente de la alcaldía, denota vías de agua en los albores del presente mandato, generadas por dos de sus hombres fuertes: Andrés Llorens, primer teniente de Alcalde, y Juan Seva, responsable del área de Hacienda y Seguridad Ciudadana.

En el fondo de esta inestabilidad del equipo de gobierno local subyace la irrupción en la opinión pública de las escuchas del caso Brugal vinculadas al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Castedo optó por dar un paso atrás en su otrora omnipresencia y, consciente o no, delegó el peso de la gestión en Llorens y Seva.

Andrés Llorens y Juan Seva están llamados a sustituir a Castedo, en el supuesto de que finalmente resulte imputada en caso Brugal. Sendos ediles han evidenciado su disparidad de criterios en los últimos meses con motivo de la elaboración del presupuesto municipal para este año, marcado por los recortes. La alcaldesa no terció en la disputa y dejó en manos de Seva el peso de las decisiones. De esta forma, el edil de Hacienda cargó con la lluvia de críticas que acarrearon medidas como rebajar el salario a los funcionarios o subir el transporte público, con el polémico bono-oro para los pensionistas como punta de lanza de la polémica.

No obstante, y en consonancia con su estilo de gobierno, cuando la presión social llega a su cénit, Castedo reaparece para tomar la iniciativa, recular y de paso desautorizar a sus concejales. Un día antes de llevar al pleno el presupuesto, dulcificó el tijeretazo a funcionarios y pensionistas.

www.elpais.es 30.01.12

EL JUEZ CITA A DOS EMPLEADOS DEL HERMANO DE CASTEDO

El juez que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha citado como testigos a dos empleados del despacho de Salvetti Abogados, regentado por los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. El magistrado, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, interrogará a los dos testigos el próximo día 15 de febrero.

El interrogatorio a estos dos empleados del despacho del hermano de la alcaldesa se produce a petición de una de las dos acusaciones populares personadas en la causa, la que ejerce el PSPV.

La policía y el fiscal Anticorrupción consideran al bufete Salvetti Abogados como el puente del que se valió la trama para amañar el planeamiento en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. Además, sostienen que ambos abogados tramitaron diversas alegaciones al PGOU a sabiendas de que luego iban a ser estimadas debido a la información privilegiada que tenían del documento. La policía estima en un millón de euros el beneficio que obtuvo el despacho mediante esa actividad.

José Luis Castedo y Javier Gutiérrez ya han declarado ante el magistrado como imputados. Ambos negaron que tuvieran información privilegiada del PGOU antes de salir a exposición pública. Mientras, la alcaldesa está acusada por el fiscal de los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

www.elpais.es 26.01.12

LA AUDIENCIA AVALA LAS ESCUCHAS DEL 'CASO BRUGAL'

Los 'pinchazos' revelaron el amaño del PGOU de Alicante- Considera que el órgano competente es del tribunal que juzgue los hechos

La Audiencia de Alicante ha dado un espaldarazo a la instrucción de sumario del caso Brugal que investiga una trama político-empresarial en torno al negocio de la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante. La sección 1ª del alto tribunal ha dado luz verde a las escuchas telefónicas que destaparon uno de los tres pilares de la causa general: el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.

La policía y el fiscal Anticorrupción sostienen que el empresario recibió datos secretos del planeamiento de la mano de la actual alcaldesa del PP de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, a cambio de dádivas. Ambos, diputados autonómicos, están acusados por el fiscal de supuesto cohecho. En este sumario hay ya 18 imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. El primero es hermano de la regidora Castedo y el segundo, un exedil socialista.

En un auto difundido ayer, la sección 1ª de la Audiencia ratifica la resolución del pasado mes de octubre del instructor de la causa del PGOU, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. El magistrado dio por buenas las intervenciones telefónicas practicadas durante la fase de investigación y, además, observó indicios de delito en los hechos.El auto de la Audiencia de Alicante en virtud del cual avala las escuchas telefónicas que dejaron al descubierto un posible amaño del PGOU de Alicante se produce a raíz del recurso de apelación presentado por uno de los principales imputados, el promotor Enrique Ortiz. La defensa de Ortiz planteaba básicamente dos cuestiones: la nulidad de las intervenciones de los teléfonos de los investigados por la violación de derechos fundamentales y del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y la competencia de Juzgado número 5 de Alicante para instruir la causa. La sala ha desestimado ambas peticiones.

Al recurso de apelación de Ortiz se sumaron otros imputados, como su mujer y los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. Estos dos últimos regentan el despacho Salvetti Abogados, creado a finales de 2008, en la recta final de la redacción del PGOU. Según la policía, desde el despacho tramitaron alegaciones, a sabiendas de que iban a ser estimadas, que les generaron un beneficio de un millón de euros.

En su recurso, la defensa de Ortiz planteaba que "las diligencias de investigación, en concreto la grabación de supuestas conversaciones telefónicas, autorizadas mediante los autos recurridos [prórrogas de las intervenciones desde el auto de junio de 2008], son diligencias de investigación obtenidas con violación de los derechos fundamentales". El objetivo de los recurrentes era la declaración de nulidad de diversos autos dictados en la fase instructora en los que sea acordaba la intervención y sucesivas prórrogas de las comunicaciones telefónicas de Enrique Ortiz, su esposa, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

En el apartado de fundamentos jurídicos, la sala precisa, en primer término, que en procedimiento de sumario ordinario y, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "es en el acto del inicio del juicio oral, mediante el planteamiento de cuestión previa de nulidad de actuaciones por haberse producido con vulneración de derechos fundamentales, cuando debe plantearme la misma [nulidad de las escuchas]".

La sala considera que no es momento procesal para resolver la legalidad o no de las intervenciones y que tampoco procede examinar ahora la necesidad, proporcionalidad, indicios, motivación y control judicial de las escuchas. "No procede porque entendemos que el resultado de esas diligencias de investigación, será prueba o podrá serlo en la sede y lugar en que estas se practiquen", señala la Audiencia en su resolución.

"Insistimos", añade el auto, "es el órgano de enjuiciamiento el que, si se cuestiona en el plenario la legalidad de una medida limitativa de derechos fundamentales, procederá a dar validez a las diligencias de entrada y registro, intervención de la correspondencia o intervención telefónica, ya que la ratificación de estas por el juez instructor es un acto irrelevante, pues serán el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia o el juez de Lo Penal, en su caso, quienes deberán adoptar la decisión que estimen pertinente sobre la validez de las medidas limitativas de derechos fundamentales cuestionadas y cómo quedan afectados otros elementos de prueba obtenidos de una que es declarada prueba".

Con este auto la Audiencia avala la instrucción hasta ahora realizada por el magistrado Tejada, pero con una corrección. La sala cree que el juez, en su auto del 18 de octubre, cuando también rechazó el recurso de Ortiz sobre la nulidad de las escuchas, debió limitarse a desestimarlo porque no es momento procesal oportuno sin entrar a ratificar su legalidad.

LA BATALLA JUDICIAL DE LOS 'PINCHAZOS'

La investigación policial y judicial de la trama del caso Brugal se gestó entre marzo de 2007 y junio de 2010. En esos tres años el sumario engordó hasta llegar a los 40.000 folios. El grueso de las diligencias lo integran centenares de horas de escuchas practicadas a los cabecillas de la supuesta trama, encabezados por el exlíder del PP de Alicante José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

El 6 de julio de 2010 y sobre la base de esas intervenciones telefónicas, el instructor general, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, desencadenó la operación policial que acabó por destapar la envergadura de la trama (decenas de supuestos cohechos por negocios vinculados al negocio del urbanismo y las contratas de la basura).

Pero la iniciativa del instructor (en esa fecha el magistrado Carlos San Martín) también reveló que la principal prueba de cargo de la acusación pública, encarnada por la Fiscalía Anticorrupción, era precisamente el contenido de las escuchas telefónicas.

Desde esa fecha, las defensas de los imputados (en la actualidad 56 personas en las diferentes piezas) decantaron el peso de su estrategia judicial hacia las escuchas en un intento de anularlas antes de que se consolidara la instrucción y, sobre todo, para frustrar que finalmente ninguno de los imputados llegue a sentarse en el banquillo de los acusados.

El primer arreón de las defensas contra los pinchazos fue ante el instructor general, el mencionado Carlos San Martín. Los abogados recurrieron los autos de prórroga de las intervenciones alegando vulneración de los derechos fundamentales y falta de motivación. Paradójicamente, San Martín, que había firmado algunas de las prórrogas, emitió el pasado mes de junio un auto en el que anulaba parte de las intervenciones. Y ello pese a admitir que no era el momento procesal oportuno y que el órgano competente para validar su legalidad es el juzgador de los hechos. Los beneficiados por esta resolución fueron Ripoll, Ortiz y Fenoll. La Fiscalía Anticorrupción ha apelado la resolución a la Audiencia de Alicante.

La sala que tiene que resolver este recurso de la Fiscalía al auto de San Martín es la sección 7ª con sede Elche. Fuentes de la Audiencia de Alicante han informado de que el alto tribunal ya ha remitido a la sala de Elche la resolución de la sección 1ª dictada ayer sobre esta cuestión y que avala las escuchas de la pieza del PGOU de Alicante. Si la sala de Elche se suma a los argumentos de la de Alicante revocará el auto de San Martín y validará el global de las escuchas.

www.elpais.es 19.01.12

LA ASISTENTA QUE PASÓ A ASESORA DE SONIA CASTEDO

La mujer declara en el 'caso Brugal' que pagó a Ortiz 5.000 euros por un Mini

Julia Castelló, amiga íntima de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, compareció ayer como testigo ante el juez que investiga la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en favor del promotor Enrique Ortiz. El promotor supuestamente le regaló un Mini modelo Cooper. Castelló, hasta ahora identificada en el caso Brugal como la asistenta de Castedo, negó la dádiva y también que sea la niñera de la alcaldesa. "He sido la niñera de su hija como ella de la mía", precisó. Este grado de amistad con la regidora le ha valido a Castelló integrar desde enero de 2009 la nómina de su personal de confianza. Castelló gestiona desde el gabinete de la alcaldía las entrevistas de la alcaldesa con los vecinos y el buzón de sugerencias.

Castelló es personal de confianza de la alcaldesa desde enero de 2009

El fiscal cree que Ortiz le regaló el Mini por indicación de la regidora

Julia Castelló compareció ante el magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante. Este juez instruye el supuesto amaño del PGOU de Alicante, una de las piezas de mayor relevancia del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción mantiene que Ortiz regaló el Mini a Castelló por indicación de la alcaldesa. El ministerio público, además, sostiene que el promotor Ortiz recibió datos secretos del nuevo PGOU de la mano de Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi y, a cambio, el empresario los colmó de regalos.

Castelló no ocultó al magistrado su estrecha amistad con la regidora y el promotor y aportó documentación según la cual abonó 5.000 euros, en mano y en cuatro plazos, por el coche a Virgilio Ortiz, hermano del promotor y apoderado de la empresa propietaria del vehículo.

Según las escuchas del caso Brugal, y en concreto una conversación grabada entre Enrique Ortiz y su mujer [ambos están imputados en el sumario], Juliá Castelló recibió el Mini el 16 de agosto de 2009, con motivo de su cumpleaños. La asesora no negó este extremo y señaló que se trató de un regalo que le hizo su marido. Y aportó documentación (facturas, extractos bancarios y justificantes de Tráfico) para acreditar el pago del vehículo

Castelló presentó en el juzgado una factura por la compra del coche expedida por el grupo Cívica, propiedad de Ortiz, con fecha del 16 de septiembre de 2009, es decir, un mes después de recibir el Mini. El monto de la factura es de 5.000 euros (4.310,64 euros por el coche, más 689,66 en concepto de IVA). La testigo también adjuntó una cartilla de ahorros con cuatro extractos correspondientes, según ella, a cada uno de los plazos en los que abonó la factura. El primer extracto (1.500 euros) tiene fecha del 20 de agosto de 2009, cuatro días después de tener el coche. El segundo (1.000 euros), del 8 de octubre de 2010; el tercero (1.000 euros), del 18 de diciembre de 2009, y el cuarto, del 15 de enero de 2010. Castelló aseguró al juez que entregó esas cantidades de dinero en mano al hermano del promotor Enrique Ortiz.

El resto de documentación aportada por Castelló fue un justificante del pago a la gestoría que tramitó el alta del coche a su nombre en Tráfico con fecha del 21 de septiembre de 2009, por 135,66 euros, y el seguro, también a su nombre, con fecha del 9 de septiembre de 2009.

Fuentes del caso han asegurado que el instructor abrirá una investigación para verificar las pruebas documentales aportadas ayer por la asesora de la regidora.

La testigo confirmó al juez la relación de amistad que mantiene con la familia Castedo y con el promotor Ortiz. Y admitió que viajó con ellos a bordo del yate propiedad de Ortiz en agosto de 2009, unos días antes de supuestamente recibir el regalo del coche de parte del promotor.

Además de la asesora de Castedo, el juez interrogó ayer, igualmente en calidad de testigo, a Carlos Parodi, hombre de confianza de Ortiz y ahora gerente del Hércules CF. Parodi fue incluido inicialmente en el escrito de acusación del fiscal por supuestamente facilitar planos del PGOU a Ortiz antes de que el documento saliera a exposición. Ayer, el juez dictó in voce un auto de sobreseimiento provisional de su imputación.

En su declaración, Parodi negó que facilitara ningún plano del PGOU de Ortiz. El testigo sí admitió que el 28 de septiembre de 2009, y por indicación de Ortiz, se desplazó hasta el domicilio particular de Castedo, "pero fue para llevarle una relación de gastos de mantenimiento del estadio Rico Pérez", puntualizó.

Parodi dijo al juez que desconocía quién había aportado la participación del capital social de Otto Díaz, hijo del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi en una firma de publicidad. Parodi es apoderado de esa empresa. Según el fiscal, la cuota de Otto Díaz (30.00 euros) la aportó el empresario Ortiz, por indicación del exregidor.

Otto Díaz había sido propuesto como testigo por el fiscal. No obstante, el juez ha aplazado la citación al alegar este que su testimonio podría perjudicar a su padre. Díaz Alperi, al igual que Castedo, está acusado pero no imputado en el sumario.

La instrucción de este sumario continúa el próximo lunes con el interrogatorio a otros tres testigos, todos ellos empleados de Enrique Ortiz.

www.elpais.es 11.01.12

EL TSJ REFUERZA POR DECRETO LOS JUZGADOS DE EMARSA Y BRUGAL

De la Oliva designa dos magistrados de apoyo antes del visto bueno de Justicia

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de La Oliva, se ha hecho eco de las demandas de los juzgados que investigan dos de los casos de corrupción de mayor envergadura -el saqueo de Emarsa y la trama de corrupción sobre la basura y urbanismo en la provincia de Alicante- y ha designado, por decreto, dos jueces de refuerzo.

De acuerdo con una nota oficial del TSJCV, hoy, lunes, se incorporará un juez de adscripción territorial (JAT) al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que dirige la investigación del caso Emarsa, cuyo instructor, Vicente Ríos, ya ha imputado a 28 personas.

Y a lo largo de la semana se incorporará otro magistrado de la misma categoría al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Esta oficina ha llevado la instrucción general del caso Brugal, con tres piezas principales y una veintena de ramificaciones. En la actualidad, el juzgado dirige dos de las piezas centrales de la investigación: un supuesto soborno por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja y un presunto amaño del contrato de la basura de Orihuela. La tercera causa de relevancia -un posible amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante- la instruye el Juzgado número 5 de Alicante. En el caso Brugal hay decenas de imputados y centenares de implicados. Los de mayor calado son el exlíder PP de Alicante, José Joaquín Ripoll -imputado por cinco delitos- y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo -acusada por el fiscal-

El TSJCV asegura que el pasado 14 de octubre, la sala de gobierno del alto tribunal avaló la propuesta del juez del caso Emarsa de incorporar un refuerzo. La petición fue respaldada por el Consejo General del Poder Judicial el 22 de noviembre. Sólo quedó pendiente el visto bueno del Ministerio de Justicia. "Dado que ese pronunciamiento [el de Justicia] aún no se ha producido, De la Oliva ha decidido, de acuerdo con las necesidades planteadas por el juez Ríos desplazar un JAT", señala la nota.

De La Oliva firmó el decreto para designar el JAT de caso Emarsa el pasado jueves. Ese mismo día, también, por decreto, acordó incorporar otro al Juzgado número 3 de Orihuela. Así esta oficina seguirá contando con dos jueces: el sustituto que ha asumido provisionalmente la dirección del juzgado, tras la salida de hasta ahora titular, Carlos San Martín, y el JAT.

www.elpais.es 09.01.12

UN CASO PENDIENTE DE LAS ESCUCHAS

La legalidad de las intervenciones en la investigación de Brugal, en manos de dos salas de la Audiencia de Alicante

Las partes del caso Brugal, trama corrupta vinculada a la basura y al urbanismo en la provincia de Alicante tejida sobre la base de la connivencia entre los líderes políticos del PP y empresarios, encaran el tercer año después del levantamiento del secreto de sumario con la vista puesta en dos tribunales distintos de la Audiencia de Alicante. Sendas salas tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción: las escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la red durante más de tres años, de marzo de 2007 a junio de 2010. El sentido de la resolución ambos tribunales será clave para el futuro de significados dirigentes del PP, con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la cabeza, y destacados empresarios, entre otros, el omnipresente promotor Enrique Ortiz.

Un juez anuló una parte de las intervenciones y otro las validó

Ripoll (imputado) y Castedo (acusada) son los principales implicados

Las escuchas telefónicas realizadas por los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante durante centenares de horas a los líderes de la trama ocupan el grueso de los más de 40.000 folios del sumario.

Sobre la base de esas intervenciones, el 6 de julio de 2010 el instructor general del caso, Carlos San Martín, extitular del Juzgado número 3 de Orihuela ordenó la operación policial clave de la investigación, que incluyó 19 arrestos y otros tantos registros domiciliaros, entre ellos el del en esa fecha presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz.

El levantamiento del secreto del sumario reveló una trama con una veintena de ramificaciones y dos piezas centrales: un supuesto soborno al exlíder del PP por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja por parte de los empresarios Ortiz y Fenoll; y un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de promotor Ortiz a base de información privilegiada supuestamente facilitada por los alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

La instrucción del soborno del plan zonal permaneció bajo la batuta de San Martín. Sin embargo, el juez anuló el junio de 2011 algunas de las intervenciones practicadas a Ripoll, Fenoll y Ortiz. Esta resolución, junto a otra serie de errores formales (incluir en la documentación facilitada a las partes de esa causa diligencias de la pieza del PGOU aún secretas), ha empantanado la instrucción de este sumario.

Las partes, con la Fiscalía Anticorrupción a la cabeza, han apelado a la Audiencia. La sección 7ª con sede en Elche tiene ahora la última palabra. San Martín no ha podido superar la presión mediática sobre el caso Brugal y a finales del pasado mes de diciembre dejó ese juzgado, por una plaza en otra oficina judicial en Elche.

El sumario del presunto amaño del PGOU recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, Manrique Tejada, en un auto del pasado mes de octubre, sí dio por validas las escuchas y además observó indicios de delitos en los hechos investigados. No obstante, las defensas de los imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la Ciudad, han apelado a la Audiencia. La sección primera del alto tribunal será la encargada de resolver el recurso.

La instrucción de este sumario sí ha avanzado en los últimos meses. El magistrado ha interrogado a los 18 imputados, y ahora han comenzado la prueba testifical. Una vez cerrada la instrucción, siempre que la Audiencia ratifique su auto sobre la legalidad de las intervenciones, el juez deberá decidir si ve indicios de delitos en Castedo y Alperi. De resolver en sentido positivo tendrá que remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que ambos son diputados autonómicos y gozan de la condición de aforados.

www.elpais.es 09.01.12

UN IMPUTADO DECLARA QUE ORTIZ TENÍA DATOS SECRETOS DEL PLAN ZONAL

Lo adjudicó Ripoll, exlíder del PP, al promotor

Luis Bracho, exgerente de la mercantil Sufi, declaró ayer ante el juez del caso Brugal que investiga un soborno al exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, que el ganador del concurso, el promotor Enrique Ortiz, tenía "alguna información privilegiada". El contrato lo adjudicó Ripoll, en su etapa al frente de la Diputación de Alicante, a una UTE integrada por Ortiz y la firma Cespa. La investigación mantiene que Ripoll logró, a cambio de la concesión, dos pisos de parte Ortiz y el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de Brugal.

Bracho compareció ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela como imputado. El exdirectivo de Sufi también está imputado en otra rama de Brugal que indaga el amaño de la contrata de la basura de Orihuela. Esa contrata fue adjudicada a una UTE integrada por Sufi y otras dos firmas que, según la investigación, son una tapadera de Fenoll.

Oferta malísima

Sufi, en unión con una mercantil del Ángel Fenoll, también aspiraba a la contrata que finalmente se llevaron Ortiz y Cespa. En su declaración, Bracho confesó que tuvo "conocimiento" de que su oferta (la de Sufi y la empresa de Fenol) "era malísima" porque "en un partido de fútbol" una persona se lo comentó a su socio, Manuel Carbó, recoge textualmente la declaración.

El socio le comentó que alguien le había recomendado "que se olvidaran de la oferta", según Bracho, que no recordaba si Carbó le dijo quién le había hecho el comentario, aunque sí que era un técnico de la consejería, si bien desconocía si era "el encargado de valorar los informes". La diligencia añade que a continuación Bracho dijo que "una vez contrastado lo dicho por esa persona con la exposición pública, confirmó las sospechas de que Cespa tenía algunos conocimientos que los demás licitantes desconocían, lo cual le llevó a pensar que tenía alguna información privilegiada".

En su anterior declaración por la contrata de Orihuela, Bracho confirmó al juez que Fenoll había falsificado las empresas de la UTE. Sufi despidió a Bracho tras sus dos imputaciones.

www.elpais.es 17.12.11

CASTEDO: "LOS POLÍTICOS NO PUEDEN CONVERTIRSE EN JUECES Y FISCALES"

La alcaldesa de Alicante lamenta que la oposición buscara "el ensañamiento"

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, desplegó ayer una teoría para intentar argumentar el veto del PP a la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, que investiga un juzgado de Alicante. Castedo aseguró, durante el acto de inauguración del belén del Ayuntamiento, que los políticos no se pueden convertir "en abogados, fiscales y jueces" en estas comisiones. La regidora, que es también diputada autonómica, reiteró que con la propuesta de Compromís de crear esta comisión "no se pretende otra cosa" que crear una "comisión de ensañamiento" contra ella y el anterior alcalde, el también popular Luis Díaz Alperi. "Una comisión de investigación es una cosa, una de ensañamiento, otra", aclaró.

EU denuncia los recortes en el presupuesto para crear empleo

Castedo está acusada por el fiscal, dentro de la investigación del caso Brugal, de facilitar información privilegiada al promotor Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. En la misma investigación está imputado su hermano, José Luis Castedo, y el socio de este, el exedil socialista Javier Gutiérrez.

La alcaldesa de Alicante subrayó ayer que ella es "quien mejor conoce y puede defender" el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Compromís justificó su propuesta en un informe policial que asegura que el despacho de abogados del hermano de Castedo contratado por el Ayuntamiento para realizar el PGOU hacía las alegaciones de empresas privadas que ellos mismos resolvían después para el Consistorio.

La oposición reclamó que, de la misma forma que el PP ha permitido la creación de una comisión de investigación sobre Caja Mediterráneo (CAM) o ha impulsado una sobre el saqueo a la empresa pública Emarsa, permita analizar si existen responsabilidades políticas en un caso que afecta directamente a Castedo y a Díaz Alperi. En su intervención en las Cortes, Castedo dijo que la propuesta de Compromís está "plagada de mentiras", pues es "absolutamente falso" que el bufete de su hermano resolviera las alegaciones, a pesar de que los investigadores del caso lo "reiteren hasta la saciedad sin base probatoria". Castedo también calificó de "sesgada, tergiversada e interesada" la investigación judicial del PGOU.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante ha recortado en 800.000 euros el presupuesto de la Agencia Local de Desarrollo, organismo que tiene por objeto fomentar la creación de empresas y de empleo o impulsar el desarrollo socioeconómico. El portavoz del grupo municipal Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, denunció que el recorte presupuestario es del 30%. La decisión, que deja el presupuesto en 1,7 millones para 2012, se aprobó ayer en la reunión del consejo rector de la Agencia Local de Desarrollo y EU votó en contra. Pavón lamentó que el recorte se produzca con el paro en constante aumento.

Y en la misma línea de recortes, el Patronato de la Vivienda de Alicante también aprobó ayer un presupuesto reducido en 1,4 millones. El recorte más destacado se produce en el área de inversiones, que pasa de 1,96 millones previstos en 2010 a 4.812 euros.

www.elpais.es 03.12.11

RIPOLL CALLA ANTE EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL'

El exlíder del PP de Alicante se niega a declarar por el soborno de la basura

José Joaquín Ripoll, expresidenre provincial del PP de Alicante, optó ayer por el silencio en su segunda comparencia, en calidad imputado, ante el juez del caso Brugal que investiga un supuesto soborno por la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja. "Aconsejado por mis abogados, me he acogido a mi derecho constitucional de no declarar", comentó el ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante a la salida del Juzgado número 3 de Orihuela.

Carlos San Martín, instructor de esta pieza del sumario de Brugal, imputa al exdirigente del PP cinco delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y fraudes, vinculados al contrato de la planta de basura de La Vega Baja. La contrata la adjudicó la Diputación de Alicante en enero de 2008, con Ripoll al frente de la institución, al promotor Enrique Ortiz en unión con la firma Cespa. La policía sostiene que Ripoll otorgó el contrato a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) y que la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros tras la adjudicación del contrato.

Ripoll justificó su negativa a declarar ante el magistrado Carlos San Martín por la cantidad de recursos que sus letrados han presentado al sumario, "más de 45, pendientes de resolver por la Audiencia de Alicante". Ese alud de recursos, aunque Ripoll evitó una referencia explícita, incluye uno en que solicita la nulidad de las escuchas telefónicas, base de la investigación de este caso que comenzó en marzo de 2007.

Parte de esas intervenciones telefónicas fueron anuladas por el propio instructor Carlos San Martín el pasado mes de junio. Este magistrado abandonará en breve este caso ya que acaba de ganar una plaza en un juzgado de Elche.

Ripoll dijo estar "tranquilo" ante su imputación y volvió a negar que su implicación en Brugal sea el motivo que le llevó a dimitir al frente del PP hace precisamente una semana. "Dimití porque no fui reelegido presidente de la Diputación", aseveró el exdirigente popular.

Por su parte la sucesora de Ripoll en la Corporación provincial, Luisa Pastor, dijo que la investigación del plan zonal "no tiene por qué dañar la imagen de la Diputación, porque Ripoll ya no ocupa ese puesto [el de presidente]".

www.elpais.es 02.12.11

LA CORRUPCIÓN DESCABEZA EL PODER POLÍTICO Y EMPRESARIAL DE ALICANTE

En dos días dimiten el líder provincial del PP y el de la patronal

Las supuestas tramas de corrupción político-empresariales que se han gestado en la provincia de Alicante en el último lustro han acabado por pasar factura al poder político, en manos del PP de manera hegemónica, y a la gran patronal alicantina, Coepa. En dos días, la cúpula de ambas organizaciones ha quedado descabezada con las dimisiones de sus líderes, José Joaquín Ripoll y Rafael Martínez Berna, respectivamente.

Ambos tenían sobre sus espaldas la pesada losa de la sombra de la corrupción. El veterano político popular, por su imputación en el sumario paradigmático de la promiscuidad entre lo público y lo privado, el caso Brugal, que indaga una red corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Y el empresario, por la implicación de su empresa Hormigones Martínez en la trama de amaños de contratos de obra pública.

En el plano político, la dimisión de Ripoll podría ser solo la avanzadilla de las consecuencias del voluminoso sumario de Brugal. Una pieza de esta causa indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sumario hay ya 19 imputados y dos políticos de relevancia acusados por el fiscal Anticorrupción, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor Luis Díaz Alperi. Ambos son diputados autonómicos. Esta condición de aforados impide al juez instructor pronunciarse sobre su imputación.

La sospecha de la corrupción no se ha limitado al ámbito político y empresarial. El hasta hace meses emblema de las finanzas de la provincia, Caja Mediterráneo (CAM), tampoco ha salido mejor parado. Las dimisiones de Ripoll y Martínez Berna se producen cuatro meses después de la criba que el Banco de España ha hecho en la caja. Los nuevos administradores destituyeron al consejo de administración. Y la Audiencia Nacional investiga ya la gestión de la exdirectora general María Dolores Amorós.Alberto Fabra, jefe del Consell y, a su vez, líder de los populares valencianos, pactó con José Joaquín Ripoll su salida de la dirección provincial del PP de Alicante dos días después de las elecciones generales y a una semana vista de que el veterano político alicantino tenga que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. Ayer, Fabra, preguntado por la nueva etapa que se abre en el PP alicantino tras la dimisión de Ripoll (baluarte de la defensa del poder alicantino frente a Valencia) hizo un llamamiento a la unidad. "Apuesto por todos aquellos que quieren unidad y trabajar de forma conjunta", aseguró en declaraciones a este periódico el presidente de la Generalitat tras almorzar con empresarios y políticos en Elda.

Fabra, que presidió los actos de celebración del 40º aniversario del instituto tecnológico del calzado (Inescop), el primero creado en la Comunidad Valenciana, también enfatizó el apoyo ciudadano recibido por el PP en la provincia de Alicante. "Hemos sabido responder a las necesidades de los ciudadanos, que nos han dado su masiva confianza", defendió para añadir que a partir de ahora espera "lo mismo que antes".

Y preguntado por la dimisión del presidente de la patronal alicantina, Fabra calificó la decisión de "responsable". El presidente aseguró que habló con el ya exdirigente empresarial y que éste le explicó que no quería "enturbiar" a la institución con sus asuntos. Una decisión que Fabra valora. El jefe del Ejecutivo valenciano trasladó sus mejores deseos a Martínez Berna en esta nueva etapa.

Mientras, desde el sector empresarial se siguió valorando la figura de Martínez Berna. Su dimisión, conocida por unos, prevista por otros y sorpresiva para la mayoría, termina con una etapa en la que se apaciguaron las aguas dentro de Coepa, muy encrespadas durante la presidencia de Modesto Crespo.

En el ámbito político hubo más reacciones. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, resaltó que el empresario ha sido "un grandísimo presidente" de Coepa. "Son cuestiones personales que hay que respetar", comentó.

Y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, pidió más transparencia en la gestión de Coepa y consideró que ésta "tiene que quedar libre de las irregularidades en las que se ha visto involucrada en los últimos tiempos".

www.elpais.es 26.11.11

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO A CASTEDO Y ALPERI POR EL AMAÑO DEL PGOU

La alcaldesa y el exalcalde de Alicante habrían favorecido a Ortiz

La presión política sobre la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos del PP, crece en paralelo al avance de la instrucción de la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor del promotor Enrique Ortiz.

Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5, acaba de finalizar los interrogatorios, en calidad de imputados, a los 21 acusados por el fiscal Anticorrupción. Dos de los imputados que ya han declarado, un empresario y un alto cargo de Bancaja, han confirmado ante el magistrado que Ortiz les aseguró que tenía datos secretos sobre el curso de la redacción del PGOU.

En la lista del fiscal estaban incluidos Castedo y Alperi por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Ambos son aforados por su condición de diputados autonómicos y su imputación es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Fuentes del caso señalan que, de hallar indicios de delito en la regidora y el exalcalde, el magistrado enviará el sumario al alto tribunal la próxima primavera.

Tejada, en un auto firmado el pasado mes de octubre, ya advirtió de que observaba indicios de delito en los hechos investigados y resaltó la "ingerencia" de cargos públicos en la elaboración del planeamiento en favor del interés privado. En esa resolución, el juez validó las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. Las defensas han apelado el auto a la Audiencia de Alicante.La policía y el fiscal Anticorrupción mantienen, sobre la base de las escuchas telefónicas, que Ortiz tuvo información privilegiada del PGOU de Alicante mediante datos secretos facilitados por Castedo y Alperi. Y además apuntan al exregidor como el cabecilla que tejió la trama. En este segundo apartado, la investigación cree que el exregidor se valió del despacho Salvetti Abogados como puente para facilitar los datos secretos del Plan General al promotor. Ese despacho se constituyó a finales de 2008, en la recta final del trámite del PGOU, y es propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados en el sumario.

La instrucción de este sumario continuará las próximas semanas con la toma de declaración a los testigos y otras pruebas periciales.

En el apartado testifical, las acusaciones pedirán, entre otros, el interrogatorio a Otto Luis

Díaz González, hijo del exalcalde. De la lista de supuestas dádivas de Ortiz a Alperi a cambio del trato de favor en el PGOU, el fiscal destaca la aportación del promotor en nombre del hijo de Alperi de la cuota (30.000 euros) para la constitución de la empresa de publicidad Verass Operadores Publicitarios, S. L.

En una conversación, incluida en las escuchas, entre el hijo del excalde y Ortiz, el primero le pregunta al segundo si le va a poner el dinero como le había asegurado su padre.

El diálogo entre Otto Luis Díaz González y Enrique Ortiz transcurre así.

Otto Díaz. ¿Y decírtelo por teléfono?

Enrique Ortiz. Sí. Dímelo venga.

O. D. Vamos a ver, el tema, que, a ver, que esta semana se va a firmar el ese, se va a firmar la constitución de la sociedad, vale.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, vamos a ver, hay que poner 30.000 euros por socio.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, esos 30.000 euros que yo en teoría tengo que poner, ¿esos lo pones tú?

E. O. (Se ríe), hombre.

O. D. No, vamos a ver, eso me dijo mi padre, yo no sé.

E. O. Sí, sí. No te preocupes.

O. D. No coño, joder, yo esto papá, ¿esto cómo va?, y me dice, eso, de eso se encarga Enrique. Pues vale, ya se lo diré, yo qué sé.

E. O. Venga vale. No te preocupes.

O. D. Vale.

Junto al hijo de Alperi, las acusaciones también estudian interrogar como testigos a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo degradados al inicio de los trabajos de la redacción de PGOU. Estas partes no descartan incluso llamar al arquitecto Lluís Cantallops, que inicialmente asumió la redacción del PGOU, hasta que lo despidió Alperi, en favor de Jesús Quesada, también imputado en la causa.

De la prueba pericial destaca un informe de la Agencia Tributaria sobre Salvetti Abogados y otras tres firmas vinculadas al bufete según el cual esas empresas podrían haber generado un negocio de al menos 2,5 millones entre 2007 y 2010. Salvetti Abogado mantiene que el negocio que le reportó el trámite de 19 alegaciones al PGOU rondó los 20.000 euros.

El sumario del PGOU en datos

- Imputados. El juez ya ha imputado formalmente a los acusados por el fiscal, salvo a la alcaldesa y el exalcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, del PP. Los imputados más destacados son Enrique Ortiz y los abogados José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.

- Acusados. La regidora Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi están acusados por el fiscal y sólo pueden ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia.

- Testigos. Las acusaciones estudian llamar como testigo al hijo del exalcalde por un supuesto regalo que recibió de Ortiz.

- Agencia Tributaria. Un informe de Hacienda recoge que el despacho del hermano de la alcaldesa y tres firmas vinculadas facturaron entre 2007 y 2010 al menos 2,5 millones de euros

www.elpais.es 28.11.11

RIPOLL DIMITE ACOSADO POR BRUGAL TRAS DIRIGIR EL PP ALICANTINO 7 AÑOS

El proceso hasta el congreso provincial lo pilotará el alcalde Altea, Miguel Ortiz

José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante desde diciembre de 2004 y el imputado de mayor cargo en el caso Brugal, ha tirado la toalla. Ripoll presentó anoche por sorpresa su dimisión ante el comité ejecutivo provincial. Miguel Ortiz, alcalde de Altea y afín al dimitido, pilotará el partido hasta el congreso provincial, previsto para el próximo mes de junio.

La renuncia de Ripoll se produce cinco meses después de ser descabalgado de la presidencia de la Diputación de Alicante por la presión del otrora sector campista y a una semana vista de tener que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. El magistrado imputa al veterano político alicantino cinco delitos, entre ellos cohecho y tráfico de influencias, vinculados a la adjudicación de la contrata de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. La policía sostiene que, tras la concesión del contrato a Enrique Ortiz, Ripoll obtuvo 1,3 millones de euros sin justificar. Tras la dimisión, Ripoll negó que su implicación en el caso Brugal fuese el motivo de la renuncia: "Lo tenía ya meditado y pactado con el presidente regional, Alberto Fabra, cuando se cerraron las listas para las generales", dijo. Génova, que ha sopesado el desgaste del escándalo judicial, ha participado activamente en la decisión.José Joaquín Ripoll insistió anoche en que la decisión de dejar de la presidencia provincial de PP de Alicante la estaba meditando desde el pasado mes de junio, cuando fue apartado de la Diputación, y pactada con el líder regional del PP, Alberto Fabra, desde el cierre de las listas para las pasadas elecciones generales. Sin embargo, fuentes oficiales del PP aseguran que la salida de Ripoll de la dirección provincial se aceleró en las últimas 48 horas, debido a su inminente comparencia ante el juez del caso Brugal.

El acuerdo final entre Ripoll y Fabra contó con la mediación de Ana Mato, vicesecretaria nacional del PP. El pacto, según fuentes de la presidencia de Generalitat Valenciana, incluyó otra renuncia de Ripoll, que el hombre por el que apostaba para sucederle, el alcalde de Altea, Miguel Ortiz, ocupe el cargo solo "de manera provisional" hasta la celebración del cónclave provincial, que se celebrará antes de junio. Miguel Ortiz está considerado por la actual dirección regional de los populares valencianos como "un ripollista moderado".

Ripoll cosechó anoche la unanimidad del comité ejecutivo provincial a su propuesta de Miguel Ortiz para sucederle en el cargo. También este extremo estaba pactado de antemano, aunque no faltaron voces que instaron al flamante presidente provincial de Alicante a apostar por la integración. Entre ellas sobresalió la voz de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que por primera vez acudió a una reunión del comité ejecutivo provincial. Castedo tomó la palabra y dijo: "Ortiz tiene nuestro apoyo, siempre que siga la senda de la integración. Han sido muchos años de exclusión". El alcalde de Altea era hasta ahora vicesecretario de Organización del PP provincial de Alicante, un cargo sobre el que no se adoptó ninguna decisión.

Ripoll logró colocar a Ortiz en la cúpula del PP de Alicante, con la ayuda de Ana Mato y a pesar de la oposición de Federico Trillo, candidato del PP por Alicante al Congreso en las elecciones del pasado domingo. Durante esta campaña el exministro, que ha recorrido las distintas agrupaciones del partido en la provincia, habría presionado para que, tras la dimisión de Ripoll, la alcaldesa de Elda y vicepresidenta de la Diputación, Adela Pedrosa, dirigiera una gestora hasta el congreso provincial.

Pedrosa ya fue secretaria regional del PP con Francisco Camps entre los años 2004 y 2007, cargo en el que fue sustituida por Ricardo Costa tras ser nominada como candidata a la alcaldía de Elda. Pedrosa, considerada uno de los referentes del campismo en la provincia de Alicante era uno de los nombres que también sonó en su momento para presidir la Diputación.

No obstante, las mencionadas fuentes del PP aseguran que finalmente la dirección regional descartó la opción de la gestora en favor de una sucesión por sorpresa, según prevén los estatutos de la organización, para evitar "abrir una nueva crisis" en el partido en Alicante.

La dirección regional del PP bendijo, en vivo y en directo, los acuerdos adoptados ayer por los populares alicantinos. La reunión del comité ejecutivo provincial contó con la presencia del secretario general y vicesecretario, Antonio Clemente y David Serra, respectivamente. Clemente, tras agradecer a Ripoll los trabajos prestados, lanzó el siguiente mensaje a Ortiz: "Está demostrado que un PP unido es un partido invencible".

Ripoll adornó su despedida al frente del PP resaltando los éxitos electorales del PP bajo su mandato. A renglón seguido, remarcó que meditaba su dimisión desde junio, cuando los campistas le excluyeron de la Diputación de Alicante. "Entonces dije que me tomaba un período de reflexión, porque yo creo que ambos cargos [presidente de la Diputación y del partido] han de ir ligados", señaló. "Luego llegué a la conclusión de que había terminado un ciclo en mi carrera política y que el mejor momento para dejarlo era tras las elecciones generales", insistió. El exlíder del PP rechazó que su dimisión en el puesto estuviera ligada a su acceso a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante. "No hubo ningún pacto en ese sentido".

Ripoll comentó que en los últimos meses no se ha sentido desautorizado o aislado ni por la dirección nacional ni regional del partido. "Repito, la dimisión es fruto de una reflexión. He sentido que el número uno [él] tenía que dar un paso atrás".

Por otro lado, la convocatoria de los congresos provinciales, previsiblemente, también provocará tensiones en Valencia, ya que las relaciones entre el presidente provincial Alfonso Rus y la dirección regional no han sido muy fluidas hasta ahora. Un ambiente al que no ayudan las pretensiones de Rus de entrar en el próximo Consell, según fuentes populares.

www.elpais.es 24.11.11

 ORTIZ PASÓ DATOS RESERVADOS DEL PGOU DE ALICANTE A BANCAJA

El mensaje a un directivo fue: "Compra porque se recalificará"

Juan Zurita, director adjunto de Bancaja, reconoció ayer ante el juez una conversación telefónica con el promotor Enrique Ortiz en la que este le aconsejó que comprase suelo en la zona de La Condomina de Alicante porque se iba a recalifcar con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Zurita compareció, como imputado por uso privilegiado de información, ante el titular del Juzgado número 5, que investiga una rama del caso Brugal sobre el amaño del Plan.

Junto a Zurita, comparecieron como imputados los empresarios Vicente Pérez, Juan José Climent y Francisco Barahona. Ninguno declaró. Zurita es el segundo imputado que reconoce al juez que Ortiz tenía datos del PGOU antes de hacerse público.

Zurita respondió a las preguntas de las partes. El fiscal Anticorrupción le acusa de comprar suelo en La Condomina al empresario Aurelio González Villarejo "alentado" por Ortiz porque se iba a recalificar. La operación se rubricó el 16 de diciembre de 2008 por 8,8 millones de euros.

La conversación entre Ortiz y Zurita se produjo unos meses antes, el 23 de septiembre de 2008.

Juan Zurita: Aurelio me ha comentado que vea el tema de tu tocayo Aurelio de lo de La Condomina. Tú ahí estás con él.

Enrique Ortiz: Sí, Sí.

J. Z.: Tú ahí estarías interesado, en comprar o...

E. O.: No. Yo he buscado un grupo de inversores para que lo compren pero mientras que lo compran o no lo compran yo creo que lo que tengáis con él, deberías quedároslo vosotros, porque él ha aportado bastante dinero de recursos propios.

J. Z.: Hombre, depende del dinero que nos pida.

E. O.: No, el precio es bueno, además tiene bastantes recursos propios y os lo quedaríais vosotros para cobraros cosas que os deba [adeudaba 25,2 millones].

J. Z.: Pues yo lo voy a ver y...

E. O.: Pregúntalo y yo te doy todos los datos que quieras, porque, además, se va a recalificar en el Plan General y yo, mi consejo es que compres y le cobres.

J. Z.: Estás hablando de lo de La Condomina.

E. O.: La Condomina, sí.Carlos Bueren, abogado de Zurita, señaló que el ejecutivo de Bancaja admitió la operación, "pero se hizo después de que existiese pública información sobre los terrenos, por tanto, no hubo ninguna información privilegiada". El letrado añadió que Bancaja compró el terreno a González Villarejo en "concepto de dación de pago, es decir, para aminorar una deuda de 25,2 millones que tenía con la caja". González Villarejo está imputado en este sumario.

Las acusaciones mantienen que Zurita no negó la conversación con Ortiz y van a solicitar una tasación de los terrenos en la fecha que los compró Villarejo y cuando los revendió a Bancaja.

Por otro lado, la Agencia Tributaria ha remitido al juzgado el informe de los ingresos de las empresas del despacho Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa Sonia Castedo, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Según fuentes oficiales del caso, el volumen generado por las tres firmas investigadas entre 2007 y 2010 es de 2,5 millones. Esta cifra corroboraría la tesis policial del supuesto enriquecimiento de Castedo y Gutiérrez a base de elaborar alegaciones al PGOU.

Castedo y Gutiérrez están imputados en la causa. En su comparencia ante el juez, el pasado 26 de octubre, ambos rechazaron la acusación.

Con la comparencia ayer del ejecutivo de Bancaja y los tres empresarios, el juez ha concluido los interrogatorios a los imputados. Ahora, la instrucción proseguirá con la prueba testifical. En este apartado, las acusaciones prevén citar a Otto Luis Díaz González, hijo del exalcalde y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, del PP. La investigación apunta al exregidor como el muñidor de la trama del PGOU.

www.elpais.es 22.11.11

ENRIQUE ORTIZ TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DEL PGOU DE ALICANTE

Ramón Salvador ratifica ante el juez el contenido de una grabación

El empresario de la construcción Ramón Salvador Águeda, imputado en la pieza del caso Brugal que trata de esclarecer las supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ratificó ayer la conversación recogida en la investigación en la que el promotor Enrique Ortiz le aseguraba tener información del planeamiento antes de que éste saliera a exposición pública.

Así lo aseguró tras la declaración de Salvador Águeda el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero. Águeda fue el único de los tres empresarios que ayer acudieron al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante que accedió a declarar.

Salvador está imputado por un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada en relación con unos terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU. En su declaración, el empresario ilicitano aseguró que "efectivamente se produjo" la conversación en la que Ortiz le informó de que disponía del detalle del planeamiento. La conversación telefónica a la que se refirió se mantuvo el 25 de agosto de 2008, dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública. Esta es la transcripción de la primera parte de esta charla, grabada por la policía, en la que Ortiz y Salvador hablan del PGOU de Alicante:

-Salvador. ¿El plan general cómo lo ves, querido?

-Ortiz. ¿Tienes suelo por allí o qué?

-S. Sí

-O. Yo te lo puedo enseñar todo, me dices dónde lo tienes y yo te lo digo, porque si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya.

El fiscal preguntó al empresario por su relación con Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP) en Salvetti Abogados y que según la acusación diseñó a medida de Salvador un cambio de calificación de terrenos de su propiedad en el nuevo PGOU. El informe policial apunta al bufete como una de las claves del supuesto amaño del planeamiento de Alicante a favor de Ortiz. Salvador admitió conocer a Gutiérrez pero aseguró que éste jamás le dijo que colaboraba en el PGOU.En otro momento de la conversación interceptada por la policía entre Enrique Ortiz y Ramón Salvador ambos hablan de los terrenos del constructor y se refieren a Gutiérrez, socio del hermano de Castedo:

-O. Pues esa zona no sé, creo que tengo todos los planos menos esa zona, pero ¿tú te has ocupado de hablar con Javier [Gutiérrez] para que lo metieran?

-S. Claro.

-O. Ah, pues entonces estará metido.

-S. Claro, si él me dijo que sí, entonces un año.

-O. Pues ya está seguro, si él te dijo que sí, eso no hay problema.

El empresario ilicitano no respondió a las preguntas de los abogados de la acusación particular. A la salida de los juzgados, Salvador aseguró no tener nada que ocultar, criticó "el circo mediático", calificó de "tonterías" las acusaciones que apuntan a la existencia de tráfico de influencias y consideró que en España hay una "persecución política" a los promotores, lo que repercute aún más negativamente en el mercado laboral. Él mismo, aseguró, ha tenido que irse a trabajar al extranjero.

La declaración del empresario provocó la reacción de la oposición política de Alicante. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Elena Matín, defendió que tras esta ratificación realizada por Águeda ya no son solo las escuchas las que apuntan que en la tramitación del PGOU de Alicante hubo información privilegiada. Martí aseguró que la alcaldesa de Alicante "no puede eludir su responsabilidad política y posiblemente otras que podrían deducirse de las actuaciones judiciales, porque es un hecho incuestionable que ella era la responsable del área de Urbanismo cuando se filtró información privilegiada, que esta llegó a manos de Ortiz y otros empresarios interesados y al despacho de abogados urbanistas con el que presuntamente colaboraba su hermano". El PSPV recordó que los redactores del PGOU de Alicante entregaron el primer borrador del documento el 1 de julio de 2008, aunque el documento no salió a exposición pública hasta el 15 de octubre.

También EU salió al paso de esta declaración judicial. "Nos parece muy importante que gracias a esta ratificación se demostraría que Enrique Ortiz tenía la documentación del PGOU de Alicante antes de que saliera a exposición pública y cuando no tenía que contar con ella", subrayó Miguel Ángel Pavón, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante. "¿Quién se la facilitó?", agregó. El edil también confió en que no se anulen las conversaciones recogidas durante la investigación.

www.elpais.es 15.11.11

EL ALCALDE DE ABANILLA CONSINTIÓ EL VERTEDERO ILEGAL DE FENOLL

El industrial asegura en una grabación que tiene el "poder del Ayuntamiento"

Las relaciones del alcalde de la localidad murciana de Abanilla, Fernando Molina Parra, del PP, con el industrial Ángel Fenoll son más que cordiales, según recogen las escuchas del caso Brugal. El informe policial resalta la supuesta connivencia entre el regidor y el industrial, extremo que ha permitido al empresario mantener activa la planta de basura que explota en ese municipio. El Gobierno de Murcia acaba de dictar una resolución en la que decreta el cierre de la instalación por las ilegalidades acumuladas. El empresario ha desoído la orden.

El empresario ha desoído la orden de Murcia de cerrar la planta de Abanilla

Fernando Molina es el alcalde más longevo de la Región de Murcia. Ocupa el cargo de regidor de Abanilla desde el año 1987. La "estrecha amistad" entre Fenoll y Molina la manifiesta públicamente el empresario en conversaciones con terceras personas. En uno de esos diálogos llega a confesar haberle "dado cariño", entre otros, a la Guardia Civil, "para tapar posibles irregularidades en la planta de Proambiente (empresa de Fenoll con la que explota la instalación)".

Una muestra de esa relación con el alcalde de la que presume Fenoll en grabaciones con terceras personas se recoge en la conversación con una mujer llamada Josefina Candel grabada el 28 de mayo de 2008.

Ángel Fenoll. Yo... no. Temas familiares y tal. Y le dije de todo. Digo, no tenéis vergüenza. ¿Sabes? Os hundo a todos y os meto bajo tierra. No ves, Fina, que los poderes los tengo yo. Los poderes me refiero... no de la empresa. Los poderes de la empresa también, pero tengo los poderes de los Ayuntamientos y de Fernando [el alcalde]. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí no se mueve nadie. Cierro. Y en 24 horas cierro el quiosco. ¿Sabes lo que te digo?

Fina. Sí, sí, sí.

A. F. A mí me van... pero que lo intentaron. Claro. Pero me avisó Marga. ¿Sabes lo que te digo?

F. ¿Y qué te dijo Antonio Ángel?

A. F. No me la tocan. ¿Sabes lo que te digo?

F. Ya, ya, ya.

5A. F. No me la tocan. Aparte de eso he hecho otras cosas muy gordas, ahí en la planta. ¿Sabes? Dándole cariño a estos... a la Guardia Civil... en fin... A todos esos temas. ¿Me entiendes o no?

F. Hay que ser agradecidos.

En otra de las intervenciones del teléfono de Ángel Fenoll, realizada el 14 de mayo de 2007, el industrial habla con el alcalde de Abanilla y su mujer, a su vez secretaria general del PP local, Gumersinda Díaz Ruiz. En la conversación comentan unos pasquines distribuidos en la población contrarios a la actividad de la planta. "Ambos acusan a un tal Bolo (apodo familiar del portavoz municipal del PSOE entre 2003 y 2007, José Antonio González)", precisa la diligencia policial. En esa conversación el regidor informa al empresario de las iniciativas de la oposición, en este caso del PSPV, para cerrar la instalación. "Fernando le pide a Fenoll que extreme las precauciones porque el PSOE ya ha presentado preguntas en el Ayuntamiento", recoge el informe policial.

Sobre el trasvase de información del PP de Abanilla a Fenoll acerca de los movimientos en la población contra la planta, el sumario del caso Brugal también recoge una foto en la que el exteniente de alcalde del Ayuntamiento José Tenza Lajar y la esposa del alcalde, Gumersinda Díaz Ruiz, graban una manifestación de vecinos contra el vertedero del industrial el 28 de mayo de 2005.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno murciano acordó la clausura de la planta de Abanilla el pasado 6 de octubre a raíz de una denuncia de Ecologista en Acción. El servicio de vigilancia e inspección ambiental de esa dirección general corroboró diversas anomalías en la planta, entre ellas, el vertido de residuos sin tratar y directamente al suelo natural y la construcción de un vaso de vertido sin declaración de impacto ambiental.

Fenoll ha desoído la resolución y mantiene activa la planta. La industria da servicio a 19 municipios de La Vega Baja, que generan un volumen de 300 toneladas de basuras al día.

Además, Fenoll está construyendo otro vaso para verter residuos que ha provocado un recurso del Ayuntamiento de Orihuela por entender que la nueva infraestructura invade su término municipal. El empresario, según fuentes del consistorio oriolano, no ha solicitado permiso a esta institución para realizar los trabajos.

Fenoll es considerado el cabecilla de la parte del caso Brugal que investiga una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.

El industrial está imputado en dos de las piezas más destacadas de esta causa. La primera, por un supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela. La investigación cree probado que Fenoll se ocultó tras dos empresas para hacerse con la contrata en unión con la mercantil Sufi. La segunda imputación está relacionada con la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. La investigación trata de esclarecer un supuesto soborno al líder del PP de Alicante por la contrata.

www.elpais.es 14.11.11

UN IMPUTADO EN BRUGAL VA AL JUZGADO NADA MÁS ORDENAR EL JUEZ SU ARRESTO 

Había eludido dos citas sucesivas del juez para interrogarle como imputado. Sin embargo, apenas unos minutos después de conocer que el magistrado había firmado el auto para su busca y captura se personó en la sede judicial. El protagonista de esta peripecia judicial ha sido el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil Juan Roselló, del PP, y según la investigación, intermediario clave en la trama de la pieza del caso Brugal que investiga un soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Calp.

Ortiz vuelve hoy al juzgado por el supuesto soborno a Ripoll por la basura

Artacho se presentó en la mañana de ayer en el juzgado número 1 de Dénia nada más conocer que el magistrado había firmado la resolución ordenando a la Guardia Civil su arresto. Artacho había sido citado para la mañana del pasado viernes. Sin embargo, no compareció alegando motivos de salud. El magistrado, sobre la base del informe del forense, rechazó el argumento del empresario y lo conminó a presentarse en el juzgado. Era la segunda vez que el imputado desoía la llamada del juez.

El juez, según informó el Tribunal Superior de Justicia, tras verificar la identidad de Francisco Artacho, decretó su libertad provisional y lo citó para declarar como imputado el próximo día 15. El magistrado acordó dejar sin efecto la orden arresto.

La policía y el fiscal Anticorrupción sostienen que el industrial Ángel Fenoll se hizo con la contrata de planta de basuras de Calp merced a un soborno de 600.000 euros a políticos y técnicos del Ayuntamiento, en esa fecha gobernado por el PP. La investigación cree probado que Artacho era el intermediario del que se valió la trama para consumar el cohecho. En este sumario abierto por cohecho y tráfico de influencias hay 11 imputados, entre ellos, Javier Morató, exalcalde del PP de Calp.

Por otro lado, el empresario Rafael Gregori se negó en la mañana de ayer a declarar ante el juez, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que instruye otra rama del caso Brugal, en este caso un supuesto soborno por la planta de basura de la comarca de La Vega Baja al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por parte de los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz.

Gregori, al que la investigación también considera como el intermediario clave de esta supuesta trama corrupta del caso Brugal, apenas permaneció en la oficina judicial por espacio de unos 40 minutos. A la salida del juzgado, se limitó a confirmar que se había negado a declarar.

De esta forma, Gregori se ha sumado a la estrategia de otros dos imputados, el industrial Fenoll y su hijo, que también se negaron a declarar alegando la posible ilegalidad de la prueba principal del sumario, las escuchas telefónicas. El propio instructor del caso anuló el pasado mes de junio parte de las escuchas. El fiscal Anticorrupción recurrió el auto a la Audiencia de Alicante, que todavía no se ha pronunciado.

Tras Gregori, el juez interrogará, en calidad de imputado, esta mañana al empresario Enrique Ortiz. El promotor, en unión con la firma Cespa, fue el adjudicatario de la contrata. La policía sostiene que Ortiz y Fenoll entregaron a Ripoll dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) a cambio de la contrata. Ortiz también está imputado en la pieza del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.

El supuesto receptor de la millonaria dádiva por la contrata, José Joaquín Ripoll, está citado para el día 1 de diciembre.

www.elpais.es 08.11.11

EL INTERMEDIARIO CLAVE DEL 'CASO BRUGAL', DE NUEVO ANTE EL JUEZ

El titular de Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, retoma esta mañana la segunda tanda de interrogatorios a los arrestados el 6 de julio de 2010 por el supuesto soborno por la adjudicación de la planta de basuras del Plan Zonal de la Baja. Según la policía y el fiscal anticorrupción, el expresidente de la Diputación y actual titular de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, adjudicó el contrato a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico, que supuestamente le entregaron los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.

Investiga un posible soborno a Ripoll por la basura de La Vega Baja

El magistrado tomará declaración hoy al empresario de automoción Rafael Gregori, considerado por la investigación como el intermediario clave de la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo que trata de esclarecer el caso Brugal. Además de esta pieza, Gregori está también imputado en el sumario del supuesto amaño de la contrata de basura del Ayuntamiento de Orihuela y en otra pieza que investiga irregularidades en la financiación de la Fundación del Hércules CF.

Para la mañana del martes, el juez ha citado el promotor alicantino Enrique Ortiz. Éste en unión con la firma Cespa fue el adjudicatario de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja. Ortiz, además, está imputado en otra rama del caso Brugal, que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de sus intereses del promotor.

Las citaciones de Gregori y Ortiz, se producen en una ronda iniciada por el industrial Angel Fenoll y su hijo, Antonio Angel, los pasados 25 y 26 de octubre. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la validez de las escuchas policiales.

Una vez que pasen por el juzgado Gregori y Ortiz, posteriormente deberán declarar el empresario Angel Luis Bracho, el día 30, el expresidente de la Diputación y aún líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, 1 de diciembre. Cerrará la tanda José Candel, empleado de Ortiz, el 5 del mismo mes.

www.elpais.es 07.11.11

ORTIZ NIEGA QUE RIPOLL PIDIERA PISOS O DINERO POR LA BASURA

El constructor exculpa al expresidente de la Diputación de Alicante de beneficiarle en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja en un alegato ante el juez

El constructor Enrique Ortiz ha negado ante el juez de la rama del Brugal que investiga la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja que el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), le pidiera dinero o pisos para beneficiarle en el citado concurso.

Ortiz ha comparecido durante 40 minutos ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, y se ha limitado a leer un alegato después de rechazar contestar tanto a las preguntas del juez como del fiscal Anticorrupción y de las partes personadas.

Según ha relatado posteriormente a los periodistas uno de sus abogados, Alejandro Bas, en dicho discurso ha asegurado que es "absolutamente falso" que Ripoll, actual presidente del puerto de Alicante y del PP provincial, le pidiera "dos pisos o un millón de euros", como cree Anticorrupción.

También ha sostenido que Ripoll "jamás" le ha solicitado favor alguno "ni nada" y ha añadido que, por su parte, él tampoco le ha pedido beneficios ni le ha ofrecido nada.

En el alegato, el constructor ha negado todos los hechos delictivos que se le imputan y ha afirmado que la unión temporal de empresas (UTE) Cespa-Ortiz se hizo con la adjudicación del plan zonal de residuos porque "fue la oferta mejor valorada por todos los técnicos desde un principio", según ha dicho el letrado.

Ortiz ha querido dejar claro que no ha adquirido la finca Las Pistolas, al parecer propiedad del también imputado Ángel Fenoll y donde se preveía situar la planta de tratamiento de residuos.

Sobre el supuesto intermediario en las operaciones, el empresario Rafael Gregory, que compareció ayer ante el mismo juez, ha indicado que nunca le ha pagado cantidad alguna por ningún asunto relacionado con el plan de residuos de la Vega Baja.

Según el abogado de Ortiz, éste ha explicado al juez que desde el momento en que resultaron adjudicatarios del plan zonal eran conscientes de que la mayor parte de los municipios de la comarca eran "reacios" a albergar la planta de tratamiento por motivos políticos o de opinión pública.

Ha continuado que, por este motivo y para facilitar a la administración la ubicación del recinto, la UTE ofreció posibles lugares "en distintos sitios" de manera que la decisión fuera "menos problemática".

Ortiz, también imputado en otras ramas del Brugal, como la del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, es el cuarto imputado en declarar en la actual ronda de comparecencias dictadas por el juez de Orihuela.

Sucede al industrial oriolano Ángel Fenoll, el hijo de éste, Antonio Ángel, y el supuesto intermediario Rafael Gregory, todos los cuales se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la posible anulación de las escuchas policiales que iniciaron el caso.

Tras él, comparecerá el empresario Ángel Luis Bracho (30 de noviembre), el citado Ripoll (1 de diciembre) y cerrará la ronda el empresario José Candel (el 5 de ese mes).

En esta rama del Brugal, el juez San Martín investiga posibles irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios de distinto signo político situados al sur de la provincia.

A principios de julio de 2010, se detuvo a Ripoll, Ortiz y a nueve personas más en Orihuela, Alicante y Valencia, y se practicaron diversos registros, entre ellos en la casa y despacho del entonces presidente de la Diputación y aún líder provincial del PP.

http://www.levante-emv.com/comarcas/2011/11/08/ortiz-niega-ripoll-pidiera-pisos-o-dinero-basura/854974.html

MARTÍN ASEGURA QUE ORTIZ TENÍA EL PGOU ANTES DE SER PÚBLICO

Elena Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, aseguró ayer que el promotor Enrique Ortiz dispuso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de hacerse público. La dirigente socialista esgrimió esta tesis en una nueva entrega de la serie de preguntas que ha traslado, a través de los medios de comunición, a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, para que aclare el supuesto trato de favor al empresario en el trámite del planeamiento. Estos hechos son objeto de investigación en una de las ramas del caso Brugal. En la causa el fiscal acusa a Castedo de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información.

Una de las cinco preguntas que ayer formuló Martín a Castedo fue la siguiente: "¿Puede negar usted, señora alcaldesa, que Ortiz disponía de, al menos, un plano del nuevo PGOU antes de que fuera público, inmediatamente después de ser entregado por el señor Quesada, su redactor?". Según Martín, "es imposible" que Castedo pueda negarlo y para ello adjuntan pasajes de las escuchas recogidas en la causa.

En una de esas conversaciones intervenidas, Ortiz comenta a un empleado. "Escucha, si te pregunta alguien por si tienes el plano, sea quien sea, le dices que no. No se lo enseñes a nadie...". En otra escucha, el empresario responde a su interlocutor: "Me lo darán... me lo darán. Ya te lo daré", después de que un empleado le apuntara: "Del PGOU hay un trozo, el más importante. Pero falta un trozo que es el tema de Agua Amarga".

www.elpais.es 03.11.11

EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADAS A 7 PERSONAS MÁS

Son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de información privilegiada y/o de participación en cohecho

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, donde se instruye la pieza del denominado 'caso Brugal' relativa a presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha acordado citar a declarar como imputadas a otras siete personas los próximos días 14 y 21 de noviembre.

El juez se refiere en su auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en el que se hacen constar una serie de supuestos delitos relacionados con el PGOU alicantino por información privilegiada y participación en delito de cohecho.

De este modo, el juez Manrique Tejada ha decidido llamar a declarar el 14 de noviembre a José Gregorio Bernabé Martínez y Ramón Salvador por el presunto delito de aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, así como a Aurelio González por la misma razón y, además, por supuesta participación en cohecho.

El resto de imputados --Vicente Pérez Cañas, Juan José Climent Ivars, José Francisco Javier León Barahona y Juan Zurita Marqués-- acudirán al juzgado el día 21. Todos ellos son considerados por el fiscal "supuestamente responsables" de aprovechamiento de secreto y, en el caso de Vicente Pérez, también de participación en cohecho.

www.levante-emv.com 01.11.11

EL FISCAL DE BRUGAL PIDE UNA PRUEBA CALIGRÁFICA DEL HERMANO DE CASTEDO 

El abogado declara que no hizo trabajos para Ortiz en el PGOU de Alicante  

El abogado urbanista José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su socio el exedil socialista Javier Gutiérrez, declararon ayer ante el juez que no hicieron ningún trabajo para el promotor Enrique Ortiz vinculado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al término del interrogatorio, el fiscal Anticorrupción pidió al juez una prueba caligráfica de los urbanistas para cotejar anotaciones manuscritas supuestamente realizadas por éstos en documentos incluidos en el sumario. 

El hermano de la alcaldesa de Alicante tilda de "infantil" el informe de la policía

Gutiérrez dice que su trabajo era "motivar" las alegaciones 

José Luis Castedo compareció, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que instruye la rama del caso Brugal sobre un presunto amaño del planeamiento urbano en favor de los intereses del promotor Ortiz. Junto a José Luis Castedo, el magistrado también tomó declaración como imputado a su socio en el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez. El fiscal acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Castedo y Gutiérrez solo respondieron a las preguntas de sus abogados y rechazaron contestar al resto de las partes personadas, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PSPV y EU.

El fiscal Anticorrupción y la policía mantienen que Salvetti Abogados fue el puente del que se valió el promotor Ortiz para modificar el planeamiento en función de sus interes urbanísticos en la ciudad. La investigación también señala que desde el despacho canalizaron decenas de alegaciones que fueron estimadas y que les generó un beneficio de un millón de euros. 

Al igual que su hermana, José Luis Castedo esgrimió la tesis del, en su opinión, "deficiente, erróneo e interpretativo" informe policial que implica a los dos abogados urbanistas en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final de la redacción del Plan General, entre marzo de 2008 y mayo de 2010. Castedo, según fuentes del caso, calificó así la investigación policial: "Es una infantilización que hace la policía de un proceso muy complejo". 

El exedil socialista Javier Gutiérrez también negó que hubiera realizado ningún trabajo para Ortiz vinculado al PGOU de Alicante. En un momento de su declaración, según fuentes del caso, Gutiérrez llegó a asegurar que "jamás" ha trabajado "para un monopolista del suelo". Enrique Ortiz posee el 70% del suelo urbanizable en el término municipal de Alicante. Gutiérrez aseguró que el objeto social del despacho Salvetti Abogados era la gestión del suelo, "aunque de manera lícita". 

Castedo y Gutiérrez sólo reconocieron una gestión para Enrique Ortiz, pero relacionada con un programa urbanístico en la población de Santa Pola. Por ese trabajo aseguraron que facturaron al empresario 60.000 euros. 

Respecto a las alegaciones al Plan General que, según el informe policial, elaboró el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez señaló que no tenían la autonomía que la investigación les atribuye para plantear su estimación, sino que era un trabajo de mera asesoría, "su motivación jurídica". Según los abogados, la competencia para estimar las alegaciones era una cuestión exclusiva de los técnicos municipales y del equipo redactor del PGOU. 

Por otro lado, Antonio Ángel Fenoll, hijo del industrial Ángel Fenoll, imitó ayer a su padre y se negó a declarar ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que instruye otra rama del caso Brugal sobre un supuesto soborno al presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja. 

"Son las que son: 19 alegaciones y 11 clientes" 

En su declaración ante el juez, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez se mostraron parcos. El grueso de su explicación para contrarrestar la acusación de la policía y el fiscal Anticorrupción en la trama del PGOU ya lo adelantaron, por escrito, la víspera de su comparencia ante el juez.

A largo de un extenso escrito (167 páginas) los abogados responden a las acusaciones y tesis del informe elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaria de Alicante tras el registro de su despacho (Salvetti Abogados). En el escrito hacen hincapié en que solo tramitaron 19 alegaciones para 11 clientes de las 3.834 presentadas al documento. "Son las que son y no hay más. Y resulta que realizar el 0,45% de las mismas supone una trama organizada para el investigador", señalan. 

Castedo y Gutiérrez aseguran que el beneficio que obtuvieron por los trabajos relacionados con las alegaciones fue de 20.000 euros, el 2% de la facturación del despacho en 2009. La policía eleva esa cifra hasta el millón de euros. Según los abogados, la estimación de la policía es "errónea" porque atribuye todos los pagos de esos 11 clientes al concepto de elaboración de alegaciones. Según ellos, el grueso de las cantidades es por otros servicios ajenos a las alegaciones. 

Igualmente niegan, como mantiene la policía a través de datos recabados en la Agencia Tributaria, que hubieran recibido dos pagos de Enrique Ortiz (uno de 90.000 euros y otro 69.600). Los abogados aseveran que la primera factura fue anulada y la segunda era "una mera proforma que jamás ha sido emitida". 

Castedo y Gutiérrez rechazan imputación de la policía de que las personas al frente de la sociedad que realizan las alegaciones (la firma G&M Gestión del Suelo, propiedad de Gutiérrez) y las personas que las estiman "son las mismas". Gutiérrez asegura que nunca firmó un contrato con la empresa adjudicataria del PGOU, la mercantil Laboratorio de Proyectos, SL.

"No existe [el contrato] pues nunca se ha firmado", recoge el escrito. "El documento al que se refiere el investigador es un mero borrador de contrato que nunca fue suscrito por las partes", añade. 

Y, por último, recalcan que sólo "informaban jurídicamente" las alegaciones pero no se pronunciaban sobre su estimación, competencia de los técnicos municipales y el equipo redactor del PGOU. "Gutiérrez no formaba parte de ese equipo sino que era un colaborador externo del mismo".

www.elpais.es 27.10.11

EL HERMANO DE CASTEDO ALEGA AL INFORME POLICIAL ANTES DE DECLARAR

El juez cita en vano al cabecilla del 'caso Brugal', el industrial Ángel Fenoll

Los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y el exedil socialista Javier Gutiérrez, presentaron ayer en el juzgado un escrito con sus alegaciones al informe policial que ha dado pie a su imputación en la supuesta trama que amañó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La iniciativa de Castedo y Gutiérrez se produce un día antes de que ambos tengan que comparecer, en calidad de imputados, ante el magistrado instructor de esta pieza separada del caso Brugal, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante.

El juez interroga hoy al familiar de la alcaldesa por la trama del PGOU

El informe de Castedo y Gutiérrez, según han confirmado fuentes oficiales del caso, ocupa 160 folios. En el escrito, los abogados intentan contrarrestar el informe de la policía tras el registro de bufete Salvetti Abogado, propiedad de Castedo y Gutiérrez. Los agentes califican este despacho como el puente de la supuesta trama corrupta vinculada al amaño del planeamiento, cuyo cabecilla sería Luis Díaz Alperi, exalcalde de la ciudad y actual diputado autonómico. El informe policial destaca que Salvetti Abogados pudo obtener un rédito de un millón de euros a base de tramitar con éxito decenas de alegaciones.

Por otra parte, el magistrado Manrique Tejada ha aceptado parcialmente un recurso presentado por José Luis Castedo y Javier Gutiérrez en el que pedían al magistrado que advirtiera a las partes personadas en la causa de que la divulgación de las diligencias del sumario a través de los medios de comunicación que puedan afectar al derecho a la intimidad y el honor se ajuste a lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Mientras, el empresario Ángel Fenoll, acusado en el sumario Brugal de ser uno de los cabecillas de la trama del negocio de la basura en La Vega Baja, se negó ayer a declarar ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín. La de ayer era la quinta vez que comparecía por su imputación en distintas piezas del sumario principal. El juez pretendía interrogarle sobre la adjudicación de la planta de residuos del plan zonal de La Vega Baja, en el que la policía sospecha que el empresario, junto con el promotor Enrique Ortiz ofreció supuestos sobornos, al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll.

A la salida del juzgado, Fenoll dijo: "Me he acogido a mi derecho a no declarar. No está claro que las escuchas sean legales". El empresario se refería así al auto del juez instructor del pasado mes de junio que anuló parcialmente las intervenciones policiales a los imputados, entre ellos el propio Fenoll, Ortiz y Ripoll. Esta resolución está recurrida por las partes y por el fiscal Anticorrupción. Junto a Fenoll, San Martín ha citado en esta nueva ronda de declaraciones al resto de imputados en esta pieza, entre ellos a Ripoll, que tendrá que comparecer el día 1 de diciembre, y el empresario Enrique Ortiz.

www.elpais.es 26.10.11

CASTEDO ANTE EL ESPEJO DE BRIONES

La regidora de Alicante lanza un serial para desmarcarse de la trama del PGOU

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, del PP, ha optado por el contraataque. Sin esperar al veredicto del juez sobre su imputación o no, ha lanzado un serial con dos objetivos: el primero, de carácter personal, es defender su inocencia en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final del trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); y el segundo, de índole corporativa, busca refutar que el Ayuntamiento (con su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y una oficina paralela, el bufete del hermano de Castedo) engordara con información privilegiada sobre el futuro PGOU el negocio urbanístico del promotor Enrique Ortiz.

El fiscal la acusa de favorecer al empresario a cambio de regalos

Los informes dicen que diseñó planes urbanísticos a gusto del promotor

La alcaldesa omite la acusación de dar a Ortiz información privilegiada

Considera que la investigación policial es "errónea e interpretativa"

Ni corta ni perezosa y, quizás, espoleada por la presión añadida del último aldabonazo de la investigación policial con nuevas revelaciones sobre la supuesta implicación del despacho de su hermano José Luis Castedo en la trama, la alcaldesa se ha puesto ante el espejo del fiscal Anticorrupción Felipe Briones y los informes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante.

Castedo ha aportado documentos que, en su opinión, dejan claro que Ortiz no sacó tajada del PGOU. Esta afirmación contradice otra del empresario recogida en las escuchas del sumario del caso Brugal, en la que Ortiz cifraba el monto del pelotazo en 120 millones de euros por el método de acaparar suelo protegido para trasvasar los aprovechamientos a los futuros sectores urbanizables en los que tiene el control hegemónico.

La alcaldesa ha pasado de puntillas sobre el supuesto trasvase de datos privilegiados al empresario Ortiz, recogido en decenas de conversaciones entre ambos. Las escuchas desvelan comentarios tales como "te he apañado lo del APA-9 y lo del Rico Pérez", "tú mandas", o mensajes al redactor del PGOU, Jesús Quesada, para reunirse con Ortiz.

La estrategia de la regidora para defender ante la opinión pública su inocencia -todavía no es parte de la causa, al estar únicamente acusada por Briones y no haber sido citada a declarar por el juez- ha sido simple. En cuatro entregas a la prensa ha confrontado la acusación del fiscal y de la Policía con documentos del trámite del PGOU, en las dos fases de alegaciones y el plan provisional de mayo de 2010.

Fue la propia Castedo quien el 25 de octubre de 2010 se encargó de difundir el escrito inicial de acusación de la rama del caso Brugal que investiga el PGOU, en el que el fiscal Briones distribuyó en cuatro grandes bloques las presuntas ilegalidades cometidas por Castedo.

Información Privilegiada. Briones acusa a Castedo de facilitar información privilegiada a Ortiz sobre el trámite del PGOU. Este apartado recoge una "reunión velada" entre el promotor y la alcaldesa en la gerencia de Urbanismo, otra para entregarle un plano y una tercera para darle el plan general.

Diseño a medida. En el segundo bloque, el fiscal acusa a Castedo de "diseñar y resolver a la medida de Ortiz" aspectos relevantes del PGOU. Entre estas actuaciones, Briones resalta el "apaño" de los planes de Lomas de Garbinet, APA-9, PAU-3, el Estadio Rico Pérez y la recalificación de tres parcelas propiedad del promotor.

"Pacto velado". El tercer capítulo de la acusación del ministerio público versa monográficamente sobre el "pacto velado" entre la alcaldesa y Ortiz para reformar el Rico Pérez en beneficio del empresario.

Regalos. Briones enumera las supuestas dádivas a Castedo por parte de Ortiz, entre las que destacan el regalo de un Mini a una persona de confianza de Castedo, vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, y un viaje a Ibiza en el yate del promotor.

La alcaldesa comenzó el pasado día 7 a desplegar su contraataque. Cada informe facilitado presenta la misma estructura: escrito introductorio y documentos del trámite de las actuaciones urbanísticas bajo sospecha y su plasmación final en el PGOU provisional. El serial tiene un nexo en común, la descalificación de la investigación policial, que es "errónea, interpretativa y valorativa", según Castedo.

Edificabilidad del APA-9. La primera entrega de Castedo versó sobre el supuesto incremento de edificabilidad en el sector APA-9. La regidora aportó documentos que indican que el plan, aprobado en 1993, sufrió modificaciones en 2003, 2004 y 2008 "sin que en ningún caso se experimentara aumento de edificabilidad".

Menos viviendas. La segunda entrega de Castedo fue para rebatir otros supuestos traje a medida al promotor Ortiz, en este caso a cuenta de dar más edificabilidad al PAU-3. La regidora mantiene que lo que ocurrió fue algo diametralmente opuesto, es decir, que con las diferentes modificaciones hubo una reducción de la densidad en esa zona, de 50 a 30 viviendas por hectárea. La regidora aprovechó esta entrega para cuestionar el conocimiento de la norma urbanística por parte de los investigadores.

Actuación transparente. El tercer capítulo fue para desmontar el pacto velado con Ortiz para la reforma del estadio Rico Pérez. Para la regidora, hay un dato significativo: La calificación del estadio y sus aledaños es en el nuevo PGOU la misma que en el de 1987, es decir, deportiva. Negó ningún pacto con Ortiz y defendió la "transparencia" del intento frustrado por reformar el campo.

Apaño obligado. En la cuarta entrega, Castedo admitió por primera vez que había hablado con Ortiz de un "apaño". Según la alcaldesa, de nuevo se produjo una mala interpretación de la Policía. En su versión, el apaño era para comunicar a Ortiz que había solucionado la modificación propuesta por el Ministerio de Fomento en los planes de Lomas de Garbinet y APA-9.

En cuanto a los supuestos regalos recibidos de Ortiz, Castedo los ha negado todos, salvo el viaje en yate.

www.elpais.es 17.10.11

EL JUEZ VALIDA LAS ESCUCHAS POLICIALES DE LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES DEL PGOU DE ALICANTE

Un exdirectivo de Bancaja admite que se reunió con la alcaldesa y el bufete de su hermano durante el trámite del documento

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que instruye la rama del caso Brugal sobre un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha emitido un auto en el que valida las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en el caso.

El magistrado Manrique Tejada ha rechazado los recursos de las defensas que pedían la anulación de las escuchas por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los investigados. Según el auto, dictado el pasado 14 de octubre y comunicado a las partes ayer, el juez considera que no es el momento procesal oportuno para plantear este recurso. "El lógico e idóneo para declarar nulidades de diligencias de investigación acordadas por el juez instructor será cuando el hecho se está enjuiciando", afirma.

En esta sumario el fiscal acusa por las supuestas irregularidades en el plan general a 21 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor en el cargo y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El juez ya ha imputado a nueve de los acusados, entre ellos el promotor Enrique Ortiz.

La resolución de Tejada difiere de la dictada el pasado 14 de junio por el instructor general del sumario del caso Brugal, Carlos Sanmartín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que anuló parcialmente las intervenciones telefónicas. El auto de Sanmartín ha sido recurrido por la partes, incluido el fiscal anticorrupción, ante la Audiencia de Alicante.

Por otra parte, José Cortina, exdirector territorial de Bancaja, ha admitido esta mañana ante el juez Tejada que durante la tramitación del PGOU de Alicante mantuvo reuniones con la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP; su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y el despacho de abogados del hermano de la regidora. Cortina ha declarado como imputado por los supuestos delitos de información privilegiada y tráfico de influencias.

www.elpais.es 17.10.11

MARTÍN A CASTEDO: "¿POR QUÉ OCULTÓ SUS CITAS CON ORTIZ?"

Elena Martín, portavoz del PSPV en Ayuntamiento de Alicante, ha optado por la vía de la prensa para plantear a la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, una batería de preguntas sobre su implicación en la trama del supuesto amaño el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del promotor Enrique Ortiz.

La edil socialista asegura que la regidora favoreció al promotor

Las primeras cuestiones están relacionadas con la entrega de documentos del Plan General por parte de alcaldesa al empresario antes de la exposición pública del documento, según recoge el sumario de esta pieza separada del caso Brugal. Martín destacó el carácter secreto que Castedo otorgó a esas citas y trasladó esta pregunta a la regidora: "¿Cree usted que como concejal de Urbanismo se debía ocultar de los ciudadanos, o es que lo que iba darle al señor Ortiz [un plano] era secreto para el resto de los alicantinos?" Otras de las cuestiones que plantea Martín son estas: "¿Si el PGOU, en esta fase, no es público, cómo es posible que usted -como concejal de Urbanismo- le entregara un plano del mismo a Ortiz? ¿No es esto, señora Castedo, trabajar para los intereses particulares de un empresario en vez de trabajar para los intereses generales de la ciudad?" Martín señaló que ha acudido a esta vía ante la negativa de la regidora a crear una comisión de investigación sobre el PGOU, tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes Valencianas.

Por otro lado, Mireia Mollà, diputada autonómica de Compromís, señaló ayer que si "Castedo no parte de la causa [sumario del PGOU] es porque el PP se encargó de convertirla en aforada".

www.elpais.es 20.10.11

EL JUEZ CITA OTRA VEZ A RIPOLL POR EL POSIBLE SOBORNO DE LA BASURA

El magistrado de Brugal imputa al líder del PP de Alicante cinco delitos

El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, declarará por segunda vez ante el juez del caso Brugal que indaga un supuesto soborno por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, adjudicada en enero de 2008 por la Diputación. En esa fecha Ripoll ocupaba la presidencia de institución. El juez investiga un supuesto cohecho de dos pisos (o su equivalente en metálico, un millón de euros) a Ripoll por parte de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll a cambio de la contrata.

Ripoll, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, fue arrestado por esos supuestos hechos delictivos el 6 de julio de 2010. Un día después compareció ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que acordó su libertad con cargos por cinco delitos (cohecho, tráfico de Influencias, revelación de secretos, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios). San Martín ha citado a Ripoll para el próximo día 1 de diciembre.

Junto a Ripoll, la policía también arrestó a Fenoll, Ortiz, el empresario de la automoción Rafael Gregori, Ángel Luis Bracho Pacheco, gerente de la firma Sufi, José Candel Martínez, empleado de Ortiz, y Antonio Ángel Fenoll. Estos siete últimos también quedaron en libertad con cargos, al igual que el líder del PP e, igualmente, tendrán que comparecer por segunda vez ante el magistrado instructor a lo largo de las próximas semanas.

La nueva tanda de interrogatorios a detenidos e imputados en esta pieza del caso Brugal se produce a instancia del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, dado que cuando comparecieron por primera vez ante el juez el sumario era aún secreto.

Ripoll cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa. Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en La Vega Baja.

Un informe policial, realizado a instancias del instructor, concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros. "Podría considerarse que el origen de dicha cantidad, que constituye el incremento patrimonial no justificado, puede tener una relación directa con la adjudicación del plan zonal a la UTE Cespa-Ortiz y con la ubicación de la planta de gestión, que tienen como beneficiarios a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, respectivamente, a tenor, como se ha apuntado en informes anteriores, de una posible compensación de un millón de euros a través de Rafael Gregori, en pago a los servicios prestados a Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en relación al acuerdo de adjudicación", señala la policía.

San Martín ha citado a los imputados en el sumario del Plan Zonal cuando aún está pendiente un recurso sobre un auto suyo que anulaba parcialmente las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. El magistrado consideró nulos parte de los pinchazos realizados a Ripoll, Fenoll, Ortiz y Gregori. La decisión sobre la legalidad o no de las intervenciones está en manos de la Audiencia de Alicante.

Escuchas validadas

En contra del criterio del juez oriolano, el magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, que dirige la instrucción de la rama del

caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, sí ha validado las escuchas. Tejada observa, además, "indicios de delito" de tráfico de influencias en los hechos investigados.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo del PP, acusada por el fiscal en ese sumario, rechazó ayer que "esos posibles indicios de delito" que ve el juez recaigan sobre ella. "Claro que aprecia indicios de delito pero no especifica sobre quién", precisó. "El día que se acabe esto quiero que mi nombre quede limpio y no porque se anulen las escuchas, sino porque se demuestre que no ha habido nada", dijo.

www.elpais.es 19.10.11

EL BUFETE DEL HERMANO DE CASTEDO RECHAZA EL PELOTAZO DEL PGOU

Asegura que las plusvalías de los parques no están asignada a zonas concretas

El despacho Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del exedil socialista Javier Gutiérrez, rechaza el informe policial del caso Brugal que atribuye a Enrique Ortiz un pelotazo de 120 millones en virtud del supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Aducen que el informe policial omite la legislación urbanística vigente

Mantienen que Ortiz no tiene suelo protegido en la sierra de Fontcalent

Los abogados Castedo y Gutiérrez están imputados por el juez

La tesis de la policía es que Ortiz, valiéndose de información privilegiada, acaparó suelo en zonas declaradas parques naturales, especialmente Fontcalent y Agua Amarga, para luego trasvasar la edificabilidad, como contempla la ley, a áreas urbanizables, en concreto al sector Torres de la Huerta. En esa zona el promotor es el dueño hegemónico del suelo y el PGOU prevé 16.000 nuevas casas. Castedo y Gutiérrez consideran "erróneo" el informe policial primero porque la declaración de parques naturales viene determinada por ley y, segundo, porque el PGOU no asigna de antemano los aprovechamientos urbanísticos de suelo protegido a un sector urbanizable concreto.

Los argumentos con los que Castedo y Gutiérrez intentan rebatir la acusación policial están incluidos en un recurso presentado al instructor, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, el pasado 4 de julio. Antes de esa fecha, el 14 abril, la policía había registrado el bufete. El informe policial, tras el escrutado del disco duro de los ordenadores, abundó en la tesis inicial del pelotazo a costa de los parques. Los agentes califican este despacho con el puente de la supuesta trama corrupta vinculada al amaño del planeamiento, cuyo cabecilla sería Luis Díaz Alperi, exalcalde de la ciudad y actual diputado autonómico. Este segundo informe policial, hecho público el pasado 19 de septiembre, destaca que Salvetti Abogados pudo obtener un rédito de un millón de euros a base de tramitar con éxito decenas de alegaciones.

El mencionado recurso de Castedo y Gutiérrez comienza con un rechazo frontal a las imputaciones que la policía y el fiscal les atribuye en el trámite del PGOU de Alicante para favorecer a Ortiz. "Las referidas imputaciones, atendiendo a su contenido material, se fundamentan en interpretaciones subjetivas, que se realizan omitiendo la legislación vigente y el contenido real del Plan General tramitado y aprobado", dicen.

Los abogados resaltan que desde la primera exposición pública del PGOU (17 de octubre de 2008) hasta la segunda aprobación provisional del mismo (31 de mayo de 2010) el documento de planeamiento fue público y estaba colgado en la web del Consistorio, "y por ello todos los ciudadanos pueden conocer su contenido y opinar sobre el mismo".

El escrito de los abogados urbanistas hace hincapié en las cuatro supuestas actuaciones irregulares de la trama corrupta durante el trámite del PGOU: proyecto Ciudad de la Economía, Fontcalent, Saladar de Agua Amarga y Pla de Xirau.

Sobre el proyecto de la Ciudad de la Economía (en el perímetro de protección del humedal del Saladar de Agua Amarga), la policía sostiene que la reclasificación final de ese suelo como no urbanizable protegido se hizo a instancias de los intereses de Ortiz y, que, además, los aprovechamientos urbanísticos de ese parque se habían adscrito al sector de Torres de la Huerta.

El escrito de Salvetti Abogados considera que el suelo sobre el que se asentaba la propuesta de la Ciudad de la Economía "es, por imperativo legal, suelo no urbanizable protegido". Según los abogados, El Saladar de Agua Amarga y su perímetro de afección (500 metros) está considerado suelo no urbanizable desde el 10 de septiembre de 2002, según recoge el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.

Los urbanistas esgrimen este extremo legislativo para concluir que "es rotundamente incierto" que la declaración de esa zona como parque natural en el documento de planeamiento aprobado provisionalmente "sea como consecuencia de beneficiar a Enrique Ortiz o alguna de sus empresas, sino que obedece pura y simplemente al cumplimiento de las exigencias de la legislación vigente".

Los abogados consideran "errónea" la conclusión de la policían de adscribir el parque natural de Agua Amarga al sector de Torres de la Huerta. "No existe una adscripción concreta de un parque natural a un sector, sino que los parques se integran en áreas de reparto que, a su vez, contienen diversos sectores, por lo que la adscripción concreta a uno dependerá de la evolución de los mismos", argumentan los abogados.

En cuanto a la sierra de Fontcalent, los abogados niegan primero la mayor, es decir, que Ortiz tenga terrenos en la zona declarada parque natural. La policía sostiene que el promotor compró en esa zona 1,7 millones de metros cuadrados. El escrito de Castedo y Gutiérrez rechaza que el Ayuntamiento declarara esa zona como parque natural por indicación de Ortiz. "El motivo de su incorporación radica en la ingente cantidad de alegaciones que solicitaron su protección", señalan. Al igual que en el caso de la Ciudad de la Economía, los abogados consideran que la policía se equivoca al adscribir este parque al sector Torres de las Huerta, "ya que en el planeamiento aprobado provisionalmente en 2010 la sierra de Fontcalent sigue manteniéndose como parque natural, estableciéndose su no adscripción a ninguna de las áreas de reparto previstas en el Plan General".

Sobre El Saladar de Agua Amarga, el informe policial recoge que la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja, puso en marcha una operación para intentar adscribir 700.000 metros cuadrados de suelo protegido a Torres de la Huerta. La policía concluye que el empresario trató de cambiar los parámetros relacionados con los porcentajes adscritos al suelo urbanizable. "Y todo ello para poder pasar de un beneficio estimado de 11 o 12 millones de euros" a 120 millones de euros, dice el informe policial.

Los abogados mantienen que el suelo de Agua Amarga "ostenta por disposición legal la condición de parque natural dentro del Plan General", y que tampoco sus aprovechamientos urbanísticos están adscritos directamente a ningún sector concreto.

Castedo y Gutiérrez señalan que el coeficiente de ponderación fijado para este parque y el resto "responde a criterios de naturaleza técnica y legislativa y no se compadece con los intereses de Enrique Ortiz". Al Saladar, el PGOU otorga un coeficiente de 0,4%, según los abogados "contrario a los intereses de Ortiz, que pretendió eliminarlos o su reducción al 0,1%". El empresario presentó alegaciones en ese sentido que fueron rechazadas por el Ayuntamiento. "Si el eje de la actuación de Ortiz era el de influir en el PGOU para adquirir suelo de parques y se llega a afirmar que lo ha conseguido, ¿qué sentido tiene que a posteriori su objetivo sea eliminar los coeficientes que le dan valor a dichos suelos?", aducen los abogados, que esgrimen los mismos argumentos en el caso del sector del Pla de Xirau.

José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados y el juez los interrogará el próximo día 26. La alcaldesa Sonia Castedo sigue en la misma situación judicial en este sumario: acusada por el fiscal.

www.elpais.es 05.10.11

CÓMO 'COLOCAR' A UN LÍDER CORRUPTO

El imputado Ripoll preside el Puerto de Alicante y el PP provincial


Puertos del Estado reconoce que la mayoría de los presidentes de las 28 autoridades portuarias españolas son de filiación política conocida, incluso con carné del partido que gobierna la comunidad autónoma que los nombra. En lugares como Canarias hasta se reparten los puertos personas afines a Coalición Canaria y el PSOE como una porción más del pacto entre ambos. De hecho, desde que en 1996 Aznar y Pujol firmaran el llamado pacto del Majestic por el que, entre otras muchas cosas, las comunidades autónomas consiguieron la gestión de los puertos, ningún ministro ha puesto objeciones a la propuesta de nombramiento portuario. Pero no hay precedente alguno de que el presidente de un puerto lo sea también del partido político que lo propone, y mucho menos de que un imputado por el juez por la supuesta comisión de cinco delitos haya accedido a un cargo de tal rango.

El Puerto de Alicante lleva varios años perdiendo dinero

Todo el mundo acudió a jalearlo en su toma de posesión

No hay precedente alguno de un presidente portuario y de partido a la vez

Ripoll esgrimió méritos y experiencia para ocupar el cargo

Es así como la semana pasada el recientemente nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, que también lo es del PP alicantino, pudo recibir a las puertas de la sede provincial a Alberto Fabra, presidente de la Generalitat y a la sazón del PP regional. Fabra inició la mañana del jueves pasado como jefe del Consell en La Vega Baja y la concluyó presidiendo una reunión del comité electoral de su partido en Alicante. Sin embargo, el viernes no acudió a la toma de posesión de Ripoll en la estación marítima de cruceros del puerto.

El presidente concedió más importancia a la normalización de las relaciones con el PP alicantino que a su presencia en un acto al que acudió la práctica totalidad de la sociedad civil alicantina, incluyendo al presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, reelegido para el cargo 48 horas antes, que se las tendrá que ver tarde o temprano con el caso Brugal, en el que está imputado Ripoll por su actuación durante su etapa de presidente de la Diputación.

En su discurso ante más de 200 personas, recordó sus dos periodos de ocho años en el Gobierno valenciano y la Diputación de Alicante para dejar claro al auditorio que impulsó la primera dirección general de Puertos de la Generalitat, la fundación Feports. También recordó su presencia durante siete años en el consejo de administración del Puerto de Alicante. Es decir, sus méritos para el cargo. "Un reto en el que voy a volcar todos los conocimientos y capacidad de gestión que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida política", dijo para intentar justificar que la Ley de Puertos del Estado, en vigor desde agosto de 2010, exige que el presidente sea designado "entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad". Contrariamente, la misma ley demanda que el consejo de administración nombre al director de cada puerto "entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria".

Ahora Ripoll se enfrenta a un desafío más propio de la empresa privada que de la gestión de organismos o instituciones públicas. Los puertos españoles no dependen de los presupuestos del Estado, que únicamente reflejan sus inversiones anuales. Tienen total autonomía de gestión en el día a día y se financian mediante las tasas que recaudan y los ingresos por las concesiones de su suelo, con lo que pagan a los empleados, mantienen las instalaciones y ejecutan las inversiones. De hecho, hasta que se modificó la Ley de Puertos el año pasado, el peso de la gestión recaía en el director del puerto. El cargo de presidente era casi testimonial, eso sí, bien retribuido. "Si el puerto funciona bien, da igual quién sea el presidente", aseguran en Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Fomento. Pero no es el caso de Alicante, cuyo puerto lleva varios años perdiendo dinero porque ha pasado de manejar 3,7 millones de toneladas en 2007 a 2,2 el año pasado, de 370.000 a 308.000 pasajeros y de 179.000 a 148.000 contenedores TEU en el mismo periodo.

La relación de cada Autoridad Portuaria con Fomento se limita a presentar en el segundo semestre de cada año en Madrid un plan de empresa para ese ejercicio y los tres siguientes, que deberán autofinanciarse. La propuesta se consensúa desde la lógica y entre ambos se decide su viabilidad. Lo cierto es que las inversiones en infraestructuras han caído en picado. Por la crisis, pero no solo. Puertos del Estado confirma que las grandes obras ya están finalizadas, excepto las de los puertos de La Coruña y La Granadilla, en Tenerife, aunque admite que "todos quieren tener muelles para todo y hacer de todo en su puerto".

Está por ver qué se deriva de la inédita doble condición de Ripoll los mismos días y a las mismas horas de presidente del PP y del puerto de Alicante. De momento, lo que sí ha conseguido Ripoll es que aparentemente nadie se acuerde en Alicante de las conversaciones telefónicas y los informes policiales que lo delataron como un supuesto corrupto y acuda todo el mundo a jalearlo el día de su toma de posesión. Ya ha colocado una primera hornada de gente de su confianza. Por supuesto, del PP.

www.elpais.es 03.09.11

UN PELOTAZO VERDE DE 120 MILLONES 

Trasvasar edificabilidad de suelo protegido, plan de la trama del PGOU de Alicante  

El supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante tenía un precio: 120 millones de euros. Esta cifra sería el beneficio de transferir la edificabilidad asignada a las zonas catalogadas en el planeamiento como parques naturales a otras áreas de la ciudad calificadas como urbanizables. 

Ortiz pretendía conseguir más edificabilidad en Torres de la Huerta 

Según los informes policiales recogidos en el sumario del caso Brugal que investiga las irregularidades en la tramitación del Plan General, Enrique Ortiz aspiraba a obtener más edificabilidad en el sector de Torres de la Huerta, donde era el propietario hegemónico de suelo a través de la empresa Deproinmed. Para ello diseñó un plan destinado a acaparar terreno no urbanizable en las partidas de Fontcalent y El Saladar de Aguamarga que luego debería ser incluido en el PGOU bajo la figura de parque natural. 

El informe policial asegura que "Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene [Ortiz] en el Plan General". "Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 millones en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]", comentó Ortiz en una de las escuchas telefónicas recogidas en el sumario. 

La operación de compra de suelo en Aguamarga también se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Y todo ello con la intención de adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados de suelo protegido de este humedal del sur de Alicante al plan parcial de Torres de la Huerta o La Condomina, donde el nuevo PGOU contempla la construcción de 16.000 viviendas. 

La segunda zona donde Ortiz puso su punto de mira fue la sierra de Fontcalent. Allí, según la Policía, compró un total de 1,7 millones de metros cuadrados. Antes, intentó concretar sin éxito la misma operación en el polígono Las Atalayas. El promotor tanteó a través de intermediarios a algunos propietarios para comprarles suelo no urbanizable, como ya publicó este periódico el pasado mes de enero. Ante la negativa de los dueños, esta zona inicialmente catalogada como parque natural fue finalmente excluída en favor de Fontcalent. 

La investigación policial concluye que Ortiz obtuvo información privilegiada del proceso de elaboración del PGOU, que supuestamente le habrían ido facilitando el exalcalde, Luis Díaz Alperi, y su sucesora, Sonia Castedo. La UDEF también cree probado que la supuesta trama corrupta utilizó al despacho Salvetti Abogados como puente entre el promotor y el Consistorio alicantino. Este bufete, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la regidora, y del exconcejal socialista Javier Gutiérrez comenzó a operar en diciembre de 2008, antes de la exposición pública del PGOU. Desde allí, Ortiz, por indicación de Alperi, habría gestionado el grueso de las operaciones para acaparar suelo en los parques naturales. 

www.elpais.es 02.10.11 

LA FISCALÍA INVESTIGARÁ SI LA TRAMA BRUGAL ESPIÓ A BRIONES 

La junta de fiscales de Alicante analizará en su reunión del próximo día 4 el supuesto espionaje de la trama corrupta vinculada al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad al fiscal anticorrupción, Felipe Briones. El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, anunció ayer que, a su juicio, los hechos no son inicialmente constitutivos de delito. 

Las últimas diligencias policiales de la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del PGOU apuntan a José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, como el muñidor de ese trabajo de espionaje. La policía halló sendos informes sobre supuestas actividades irregulares del fiscal Briones y del dirigente socialista Luna en los ordenadores intervenidos en el despacho de Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo y el exedil socialista Javier Gutiérrez. El primero incluye referencias a las actividades privadas del exregidor alicantino y el segundo, sobre la casa de Briones. 

El juez que instruye esta causa desestimó incluir los informes en el sumario, por ser ajenos a la investigación. 

www.elpais.es 02.10.11 

HACIENDA EJECUTÓ A DÍAZ ALPERI UN AVAL DE 886.032 EUROS POR MOROSO 

La Agencia Tributaria ha ejecutado un aval bancario por 886.032, 07 euros que Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, consignó para hacer frente a deudas pendientes con el erario público derivadas de su actividad privada. El exregidor ha declinado comentar cómo gestionó la garantía, si con sus bienes o través de terceros, y, caso de haber optado por esta segunda vía, si ha devuelto las cantidades a los supuestos avalistas. 

Consignó la garantía bancaria en 2004 y el fisco la ejecutó en 2007 

Alperi presentó el aval el 17 e mayo de 2005 para hacer frente a las deudas de la inmobiliaria Champka de Promociones SL., firma constituida en 1990 de la que llegó a ser vicepresidente antes de llegar a la alcaldía en 1995. Hacienda reclamó al exalcalde un total de de 592.303,70 euros por impagos del IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA. 

El exalcalde inició el litigio para eludir los pagos en mayo de 2001 ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia. La batalla judicial de Alperi para evitar pagar concluyó el 26 de abril de 2007, cuando la sección 1ª de la sala tercera del Tribunal Supremo condenó finalmente al exalcalde a ingresar el dinero a Hacienda. El alto tribunal declaró la inadmisión del recurso de casación interpuesto por los abogados del entonces alcalde contra la sentencia de 23 de junio de 2005 de la sección 7ª de la Audiencia Nacional, que ya falló en contra de Alperi. El Supremo declaró firme la resolución de la Audiencia y le condenó a pagar las costas. La Agencia Tributaria ejecutó finalmente el aval el 11 de septiembre de 2007 por un importe total de 886.032,07 euros, esto es, la deuda inicial más 293.307,70 en concepto de intereses de demora. La comunicación oficial de la ejecución del aval iba notificada a nombre de Luis Díaz Alperi y dirigida a su domicilio particular. 

El exalcalde ha eludido hacer comentarios a este periódico sobre el aval y la decisión final de Hacienda de ejecutarlo. "No tengo ninguna declaración que hacer", dijo secamente. 

Su última declaración de bienes, en junio de 2011, declaró bienes no inmobiliarios por 510.000 euros y un pasivo de 210.000 euros. No declaró bienes inmuebles. Y en cuanto a su actividad privada, la declaración recoge que es consejero de Aguas de Alicante, de Emarsa, consejero general de la CAM y administrador de Andarx Bussiness SL.

La investigación del caso Brugal recoge que Alperi compró en abril de 2008 el 50% de la mercantil Andarx Bussines al promotor Antonio Solona. Al mes esta sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. Esta embarcación y un segundo yate que tambien tiene la empresa pasaron a manos de Alperi en febrero de 2010, cuando compró el 49% de las acciones restantes por 1.502 euros. Esta firma está embargada, según el Registro Mercantil. 

Luis Díaz Alperi es, según el fiscal anticorrupción, uno de los ejes de la rama del caso Brugal que indaga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor del promotor Enrique Ortiz. El exregidor está acusado en el sumario por el fiscal, pero todavía no ha sido imputado, dada su condición de aforado. 

www.elpais.es 02.10.11

EL PGOU DE ALICANTE SE ARREGLABA EN EL BUFETE DEL HERMANO DE CASTEDO 

Todas las alegaciones tramitadas en el despacho fueron estimadas- El 90% de sus ingresos provinieron de las alegaciones al Plan General  

Salvetti Abogados, despacho del que es socio el hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tuvo una actuación decisiva en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF) incluido en el caso Brugal revela el mecanismo a través del cual se solucionaban las alegaciones al plan presentadas por particulares. 

El despacho cobró tres millones por redactar alegaciones al Plan General 

El método para arreglar los problemas, según la UDEF, tuvo su origen en la adjudicación de una subcontrata por parte de la empresa adjudicataria de la redacción del plan a la sociedad G&M, de la que es administrador el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, quien, a su vez, es socio de José Luis Castedo en Salvetti Abogados. G&M era la responsable de evaluar las alegaciones. Según la policía, todas las presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" El informe de la UDEF concluye que existen "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas la propia alegación que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios". 

El 90% de los ingresos de Salvetti Abogados entre los años 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula en más de tres millones de euros los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad del cobro en varios millones de euros". 

La policía registró el despacho del hermano de la alcaldesa hace cinco meses y los documentos encontrados en sus ordenadores son la base de este nuevo informe.El completo informe, de más de 350 páginas y 47 anexos con documentos que incluyen facturas, planos, y grabaciones, establece una relación directa entre la firma Salvetti Abogados, que elaboraba las alegaciones de los afectados por el PGOU, y G&M Gestión del Suelo, la empresa que se encargaba de su aprobación, hasta concluir una "comunión de intereses entre ambos". La policía apunta algunos datos llamativos, como que G&M comparte domicilio en la calle de Castaños de Alicante con Salvetti Abogados, aunque su representante, Javier Gutiérrez, la inscribió con domicilio en la avenida de Maisonnave de la ciudad. 

La brigada policial reconoce que es "una constante" a lo largo de la documentación intervenida encontrar papel corporativo y carpetas con el logotipo de G&M y el domicilio social de Salvetti. Por eso, concluye que "queda plasmada la labor de asesoramiento" que realiza José Luis Castedo para esta sociedad, subcontratada por Laboratorios y Proyectos, de Jesús Quesada, redactor del Plan General. 

Aunque no aparece relación fiscal directa del hermano de la alcaldesa con G&M, la investigación descubrió la dirección joseluiscastedo@gmurbanismo.com y mucha más información confiscada en el registro que "corrobora la vinculación inequívoca" con Gutiérrez. Además, recuerda que Castedo se incorporó en 2004 como técnico a la Consejería de Territorio, prestando servicios jurídicos en la delegación territorial de Alicante y actuando como vocal de la comisión informativa de Urbanismo hasta el año 2008. 

La policía también destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa empezó a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses después de que la regidora accediera al cargo tras la dimisión del exalcalde Luis Díaz Alperi. Y es llamativo que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueran "aceptadas o estimadas parcialmente" en los puntos que más favorecían a las pretensiones solicitadas por la sociedad G&M, ya que "las personas al frente de la sociedad que realiza las alegaciones y las que realizan las estimaciones son las mismas", concluye el informe. 

El monto que percibió el despacho Salvetti por confeccionar las alegaciones de 11 clientes podría alcanzar los tres millones de euros entre 2008 y 2009. La relación de las mismas documenta la facturación cruzada entre el bufete y sus clientes o la existencia de contratos de prestación de servicios y descubre que se aprobaron alegaciones en diferentes planes o zonas de desarrollo de la ciudad. 

En Pla Xirau, Salvetti cobró 100.000 euros por conseguir la calificación como urbanizable de dicho sector. La policía encontró un boceto de contrato por 1.115.000 euros con Gestión de Puertos Deportivos, SA, por un proyecto modificado de ejecución de la construcción de un puerto deportivo en Puertoamor tras haber confeccionado y conseguido que se estimara una alegación de la mercantil. 

Otra empresa, Inmobiliaria Jiménez de Laiglesia, SL, abonó 65.036,56 euros por la "confección y estimación" de varias alegaciones en el sector La Condomina. Fincorp Mediación pagó 116.000 euros por una serie de alegaciones, también aceptadas en el LIC de Tabarca. A Enrique Ortiz le facturaron 90.480 euros por mediar en Fontcalent a favor del promotor alicantino. Y en esa misma zona la policía tiene constancia de la facturación de al menos 232.000 euros de los 800.000 que Salvettí firmó en un contrato de prestación de servicios para la empresa Terras de l'Horta. Y hasta les pagó 250.000 euros Nau, SL, una empresa de Bancaja, como provisión de fondos por un contrato de arrendamiento de servicios. 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el 14 de abril de este año el despacho Salvetti Abogados Consultores SL, en el marco de las investigaciones del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción solicitó la imputación de ambos socios por mediar a favor de Ortiz en la resolución de alegaciones a la ordenación urbanística de la ciudad. El despacho, según el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz. 

Alegaciones redactadas por Salvetti y estimadas por G&M 

- Pla Xirau. Salvetti Abogados cobró 100.000 euros más IVA a dos sociedades vinculadas a imagen Valenciana.

- Puertoamor. La policía encontró un boceto de contrato de arrendamiento de Gestión de Puertos Deportivos, SA, que preveía el pago de 1.115.000 euros.

- El Bosqueto. Inmobiliaria Jiménez de Laiglesia, SL pagó 65.036,56 euros por una alegación en La Condomina.

- Sra. Rodríguez Montagut. Facturó 1.044 euros por una alegación desestimada.

- Dianium. Salvetti facturó 4.060 euros por una serie de alegaciones.

- Tabarca. 116.000 euros en 2008 y 66.829 en 2009 pagó Fincorp Mediación por alegaciones aceptadas en la isla de Tabarca.

- Finca San Gabriel. Por una alegación estimada cobró 1.740 euros.

- Finca Urbanova. Pedro Agulló, en representación de Bahia Gold Beach, pagó 1.450 euros por una alegación.

- El Palamó. Jesús Castelo, en representación de Nyza, pagó 3.480 euros por dos alegaciones.

- Antonio Solana. Pagó 9.416 euros por una alegación a través de la sociedad Aqrabol.

- Grupo Ortiz. 90.480 euros, más otros 69.600 en factura proforma detectada.

- Bancaja. Contrato de arrendamiento de servicios por 200.000 euros como provisión de fondos.

- Fontcalent. 1.160.309 euros en diferentes facturas y conceptos.

 www.elpais.es 20.09.11

RIPOLL DECLARA 360.119 EUROS EN BIENES PERO DEBE 312.594

El expresidente de la Diputación de Alicante y desde el pasado viernes nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, tiene activos en bienes inmuebles por un valor catastral de 311.702 euros y otros bienes declarados por importe de 48.417 euros. En total, su patrimonio se cifra en 360.119 euros, pero también declara tener deudas por un importe de 312.594. Son cifras que refleja el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante referidas a la declaración de actividades y bienes con motivo de la finalización del anterior mandato. Ripoll declaró su pertenencia a los consejos de administración de cinco sociedades públicas y la comunidad de bienes creada para gestionar una herencia familiar, Hermanos Ripoll, investigada por la policía en el marco de las diligencias seguidas en el juzgado número 3 de Orihuela por el caso Brugal.

Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, declaró entre inmuebles y otros bienes un patrimonio de 95.944 euros, aunque cifra su deuda en 223.759, más del doble. El edil que más patrimonio declaró es Miguel Valor, responsable de Cultura en el Ayuntamiento. Por bienes inmuebles declara un patrimonio de 499.179 euros de valor catastral y otros bienes por 340.205. Además, no tiene deudas.

Imputado irrelevante

También ayer, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, defendió en Valencia la capacidad y la experiencia de José Joaquín Ripoll para asumir la presidencia del Puerto de Alicante y admitió sin rubor que su imputación por cinco delitos en el caso Brugal no es "irrelevante".

Fabra hizo estas declaraciones en Valencia antes de participar en un almuerzo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) tras ser preguntado sobre la conveniencia de que el Consell haya colocado a un imputado al frente de la entidad portuaria alicantina. "Creo que el que a una persona se la vea por su situación judicial no es lo relevante", dijo. "Lo importante es si ha demostrado públicamente en los puestos que ha ostentado si está preparado para poder llevar a cabo esta responsabilidad", algo que en este caso está "demostrado".

Fabra defendió el derecho de Ripoll a luchar "por demostrar su inocencia", dado que mientras la Justicia no diga que es culpable su trayectoria le hace apto para asumir el mando del Puerto de Alicante.

www.elpais.es 13.09.11

CASTEDO MANTENDRÁ EL PGOU PESE A SUS IRREGULARIDADES

Ni las sospechas que se ciernen sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, un asunto que se investiga en el juzgado como ramificación del caso Brugal y que de momento tiene siete imputados, ni el contundente informe de Fomento sobre el PGOU, preceptivo y vinculante, que no admite la implantación de Ikea en el Plan Rabassa y obliga a modificar hasta una docena de planes parciales lindantes con carreteras nacionales, han conseguido allanar al Gobierno de la ciudad, que ayer rechazó una propuesta del Grupo Socialista para retrotraerlo hasta la fase anterior a la exposición pública y volverlo a redactar a través de la creación de una comisión municipal específica.

El PP también evitó que un edil diera explicaciones de las obras del Plan E

Todo lo contrario. El PP se opuso y su portavoz municipal y edil de Urbanismo, Marta García Romeu, adelantó: "Vamos a impulsarlo y continuar con el proceso por interés general". El documento ha sido informado por las diferentes Administraciones implicadas y está a expensas de su aprobación definitiva por la Consejería de Urbanismo, que lo devolverá al Consistorio para que le subsane las deficiencias que son de obligada observación.

Para Romeu, "recibir informes desfavorables es normal y habitual y ahora lo que toca es contestarlos" antes de que vuelva a ser expuesto al público por tercera vez.

El proponente de la comisión, el concejal socialista Pablo Rosser, la justificó en que "o se modifica y rectifica o [el PGOU] no se podrá aprobar". Además, "esperar la resolución judicial

es dejar años sin plan general a la ciudad". Por eso pide "revisarlo de oficio" y que la consecuencia sea la aprobación final de "un documento limpio y transparente, de todos y para todos". Rosser también apeló a que la investigación judicial abierta "crea inseguridad jurídica en los particulares", puesto que "no saben qué va a ocurrir" con el plan en el futuro.

Esquerra Unida quiere empezar desde cero, porque han pasado más de 12 años desde que se inició la tramitación del plan y lo considera "un documento fallido y muerto". Además, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, solicita la paralización del procedimiento en marcha porque "hay sospechas de beneficiarios particulares y lo lógico sería suspender la tramitación hasta que finalice la investigación".

Romeu contestó que "el PGOU no va a dejarse llevar por intereses políticos y partidistas". Y recordó que ya "ha tenido dos exposiciones públicas", tiempo suficiente para "conocerlo y realizar alegaciones, planteamientos y enmiendas". La conclusión de la portavoz popular fue que el documento ha sido "fruto de un proceso transparente y abierto al público".

El PP también rechazó otra petición del PSPV para que el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, compareciera a explicar las supuestas irregularidades que está investigando el juzgado en relación con las adjudicaciones del segundo Plan E del Gobierno. Este caso motivó la detención y posterior puesta en libertad de dos empresarios y un funcionario del Consistorio alicantino, aunque el asunto continúa bajo secreto de sumario.

El concejal socialista Gabriel Moreno acusó a Llorens de ser el responsable, aunque sea por omisión, porque "todos los expedientes llevan su firma". Pero el gobernante del PP se defendió con el argumento de que el proceso es político, dado que tiene su origen en una denuncia de la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal a la Fiscalía Anticorrupción.

Llorens añadió que la documentación solicitada por el juez se remitió "inmediatamente" y que fue revisada por la concejalía "sin que se encontraran irregularidades". Pavón asertó que "no es normal que la policía nacional detenga a un funcionario y dos responsables de empresas con los que podría haber llegado a acuerdos prohibidos" y anunció la petición de que se cree una comisión de investigación sobre la materia.

www.elpais.es 23.07.11

DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO BRUGAL' SE NIEGAN A DECLARAR

El fiscal los acusa en relación con el PGOU de Alicante

Bernardo Campos, empresario del sector inmobiliario y amigo del exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, admitió ayer ante el juez que intentó hacer negocios [compra de suelo] durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, pero que descartó la operación "porque no era viable". En el mismo sentido se expresó el abogado Jorge Yacobi, supuesto representante de un grupo de inversores armenios interesados en comprar terreno en la ciudad de Alicante. Campos y Yacobi comparecieron ayer, en calidad de imputados, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que dirige la investigación de la pieza del caso Brugal sobre un presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz durante la tramitación del plan general urbano de Alicante.

Ni el letrado ni el empresario accedieron a responder a las preguntas de las partes, incluido el fiscal anticorrupción. Ambos imputados se limitaron a hacer un alegato ante el magistrado en el que únicamente admitieron el intento de realizar operaciones de compra de terreno en la zona de la Condomina, donde el PGOU prevé la mayor concentración de suelo urbanizable. Los dos rechazaron tener información privilegiada sobre el desarrollo del planeamiento. En concreto, el abogado Yacobi señaló que en su "vida" había visto "a un armenio".

El fiscal anticorrupción acusa a ambos de un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el ministerio público y de acuerdo con las escuchas telefónicas, Campos intentó comprar suelo en el área de La Condomina porque tenía información privilegiada sobre la futura recalificación del terreno. Sobre el letrado Yacobi, el fiscal mantiene que representaba los intereses de un grupo inversor armenio para comprar suelo en esa zona, en función de la información que el exalcalde Luis Díaz Alperi proporcionaba al empresario Enrique Ortiz.

En este sumario hay ya siete imputados, entre ellos Ortiz, su mujer y el redactor del PGOU. Alperi y la alcaldesa, Sonia Castedo, están acusados por el fiscal.

www.elpais.es 29.07.11

EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL' SEGUIRÁ EN ORIHUELA

Fenoll se niega a declarar por la financiación del PP

El juez del caso Brugal en Orihuela, Carlos San Martín, tendrá que continuar con la instrucción del sumario de una causa que lleva cuatro años siendo investigada y que ha dado lugar a diversas ramificaciones. San Martín había solicitado el traslado del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, del que es titular desde hace poco más de un año y medio, en el concurso para cubrir cinco vacantes de la provincia de Alicante que convocó el Consejo General del Poder Judicial la pasada primavera. Finalmente, no ha conseguido la plaza a la que optaba para vincularse al juzgado de lo penal número 6 de la capital alicantina y deberá seguir en su puesto.

San Martín llegó al juzgado cuando el caso estaba a punto de estallar definitivamente en diferentes piezas separadas que afectaban a otras demarcaciones territoriales. Tras haber derivado la investigación de la referida a la tramitación del Plan General de Alicante al juzgado de instrucción número 5 de la capital y el que afecta a la planta de basura de Calp al número 1 de Dénia, San Martín instruye en estos momentos la parte del caso que investiga las supuestas irregularidades en la concesión del vertedero del plan zonal de residuos de La Vega Baja, en la que se encuentran imputados, entre otros, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

Precisamente por la investigación de otra de las ramificaciones del caso que lleva el mismo magistrado, Fenoll estaba citado a declara ayer. Sobre él recae la acusación de haber financiado la campaña electoral del PP para los comicios municipales de 2007 en cinco localidades de La Vega Baja, a saber, Rafal, Jacarilla, Algorfa, Bigastro y Pilar de la Horadada. Entonces, las tres primeras estaban gobernadas por los populares y Fenoll tenía la concesión de la recogida de basura y las otras dos por el PSPV, donde otra empresa era tenedora de la misma contrata.

Según el informe policial que sirvió de acusación, Fenoll pagó a alcaldes y concejales del PP entre 3.000 y 9.000 en los días previos a la cita electoral. Pero en su comparecencia de ayer, el empresario se acogió a su derecho a no declarar.

www.elpais.es  26.07.11

ORTIZ GARANTIZÓ LA RECALIFICACIÓN DE SUELOS A LA CAM EN UNA OPERACIÓN

Un exdirectivo de la caja, imputado en Brugal, admite al juez el hecho

Daniel Gil, exdirector General de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM), admitió ayer ante el juez una empresa de la caja y otra firma del promotor Enrique Ortiz compraron suelo rústico en el paraje de Agua Amarga con la expectativa de su posterior recalificación. El ejecutivo de la caja declaró, en calidad de imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante. Este magistrado dirige la instrucción de la pieza del sumario del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

El directivo de la CAM declaró ante el juez por espacio de una hora. Según los letrados de la acusación popular, EU y PSPV, Gil se negó a responder a las preguntas de estas partes y eludió las del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, vinculadas con las escuchas. Sobre este punto el acusado respondió l que "no recordaba absolutamente nada".

Gil se ciñó así al guión del resto de imputados que evitan responder a cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas hasta que la Audiencia no se pronuncie sobre su legalidad. Las defensas han adoptado esta estrategia a raíz de la decisión del instructor general del sumario, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela de anular algunas de las escuchas.

Los abogados de las acusaciones populares señalaron que El directivo de la CAM admitió ante el juez una operación de compra de suelo de la entidad con Ortiz, en concreto unos 200.000 metros cuadrados en la zona de Agua Amarga. El directivo, según esas parte, "Señaló que la compra se realizó con miras a la reclasificación del suelo, pero que ese extremo lo dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa de Ortiz".

El imputado, en cambio, rechazó disponer de información privilegiada sobre el PGOU de Alicante y también si Ortiz disponía de datos secretos facilitados por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, o la concejal de Urbanismo y ahora regidora, Sonia Castedo.

En su escrito de acusación inicial, el fiscal acusa a Daniel Gil de disponer de información privilegiada del PGOU y en concreto sobre el proyecto denominado Ciudad de la Economía planteado en la zona Agua Amarga. Briones basa su acusación en las conversaciones, recogidas en las escuchas, entre Gil y Ortiz, en el que refieren al proyecto de la Ciudad de la Economía como "un traje a medida" para la CAM. En otro pasaje de las escuchas, Ortiz comunica al directivo de la caja que una reunión con Castedo, la regidora dio "apoyo total" al proyecto.

Según el fiscal, la operación de compra de suelo se formalizó con una trama de tres empresas: la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones S. L., propiedad de la CAM y en cuyos órganos de administración se encontraba Gil, Camservi Obras y Servicios, propiedad de Ortiz; Dreamview, cuyos máximos accionistas son las dos primeras sociedades.

Los interrogatorios a los imputados en esta trama del PGOU de Alicante proseguirán el próximo jueves, día 28, con la declaración de un abogado y el empresario Bernardo Campos, amigo de Alperi. El juez ha interrogado como imputados al redactor del PGOU, Jesús Quesada, el empresario Ortiz y a su mujer. Castedo y Alperi aún no han sido imputados, aunque sí están acusados de supuesto cohecho por parte del fiscal.

www.elpais.es 22.07.11

UN AÑO QUE CAMBIÓ ALICANTE

El 'caso Brugal' destapó la impúdica connivencia de políticos y empresarios

Hace un año, en la madrugada del 6 de julio de 2010 esperaban, en pijama pero ya desperezados, en su chalé de Alicante a la policía. Los inquilinos de la lujosa vivienda eran el histórico líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y su mujer Margarita de La Vega. Y los agentes, la Brigada de Blanqueo de Capitales, que se disponían a desarrollar la segunda fase del caso Brugal. Este sumario se incoó tres años antes en pos de la estela de una trama de corrupción gestada a la sombra del negocio de la basura y el urbanismo en Alicante.

En las piezas del urbanismo y la basura hay ya 36 imputados

El futuro del caso depende de si la Audiencia valida o no las escuchas

El escándalo que ha aflorado tras levantarse el secreto del voluminoso sumario (40.000 folios) ha tambaleado los cimientos del partido hegemónico en Alicante en los tres últimos lustros, el PP, y ha dejado al descubierto las ilícitas prácticas de sus dos empresarios de cabecera: el promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. Ambos controlan decenas de contratas adjudicadas por instituciones gobernadas por el PP.

La investigación sostiene que Ortiz y Fenoll han coronado sus imperios económicos a base de sobornar a los cargos del PP, bien en especies (las diligencias incluyen un torrente de regalos, desde lujosos relojes hasta viajes en jet privados) o en metálico. Ortiz optaba por los regalos; y Fenoll, por la entrega de sobres repletos de billetes.

El sumario ha puesto al descubierto la connivencia entre los empresarios y la clase política. "Tú mandas", comenta en una de las escuchas de la causa la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al promotor Ortiz; O, "¿Qué pisos quieres?", pregunta el intermediario clave de la trama, Rafael Gregori, a Ripoll.

El 6 de julio de 2010, la policía arrestó a 11 personas, incluidos Ripoll, Ortiz y Fenoll. Éste y su clan empresarial (seis personas más), ya habían sido detenidos en mayo de 2007 en la primera fase policial de Brugal.

La génesis de este escándalo está en una insólita iniciativa de Fenoll. En marzo de 2006, el industrial puso en manos del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, un DVD que contenía un supuesto soborno por la basura de Orihuela. La grabación fue el hilo del que tiró Briones para desentrañar la que, cuatro años más tarde, se reveló como una gran madeja corrupta.

Con motivo del primer arresto de Fenoll, la policía se incautó en su empresa de centenares de grabaciones que delataban las prácticas del empresario. Fenoll, con ayuda de un detective, grababa todos los encuentros con políticos e intermediarios en los que amañaba contratas.

La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 de Orihuela, completó las pruebas a base de escuchas telefónicas, entre marzo de 2007 y junio de 2010. El objetivo inicial de las intervenciones era el soborno de la basura de Orihuela. Pero las escuchas ofrecieron una montaña de réditos a la fiscalía y al juzgado. La trama no sólo pugnaba por ese contrato, sino también por el de la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja, y otra decena de contratas en diversos municipios alicantinos.

Las escuchas destaparon que no sólo era la basura el objeto de deseo de los supuestos corruptos. El urbanismo estaba también en su punto de mira. En este apartado, destaca el supuesto trato de favor por parte de la alcaldesa de Alicante y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tras los arrestos de julio de 2010, el instructor general en la recta final de la investigación, Carlos San Martín, imputó a 18 personas por dos de las piezas centrales de la investigación (la basura de Orihuela y el Plan Zonal), entre ellos, Ripoll, Ortiz y Fenoll. Al primero, el juez le atribuye cinco delitos. El más destacado es un supuesto soborno de dos pisos o su equivalente en metálico -un millón de euros- por el plan zonal. La policía sostiene que Ripoll generó 1,3 millones de euros sin justificar tras adjudicar la contrata. San Martín se inhibió del resto de las piezas. La causa del PGOU de Alicante recayó en el juzgado número 5 de la capital. Su titular ha imputado a siete de los 21 acusados por el fiscal.

En este primer año desde que trascendió el contenido del sumario de caso Brugal la instrucción ha estado mediatizada por el aluvión de recursos de las defensas, con el objetivo de tumbar las escuchas. El instructor les ha abierto la puerta al anular parte de las intervenciones. El futuro del caso está ahora en manos de la Audiencia de Alicante que tendrá que validar o revocar el sorpresivo auto del juez.

Síntesis del 'caso Brugal'

- ¿Qué es el caso Brugal? Una investigación judicial sobre una supuesta trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en la provincia de Alicante.

- Origen de la Investigación. La investigación comenzó en marzo de 2006 a raíz de la denuncia de supuesto soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela por parte de Fenoll. Este entregó, en persona, un DVD que recogía el supuesto soborno (de la firma Urbaser a concejales de Orihuela, unos 200 millones de las antiguas pesetas) al fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. La investigación judicial la ha dirigido el juzgado número 3 de Orihuela.

- ¿Qué hechos delictivos investiga? La causa general se abrió por cohecho, tráfico de influencias y fraude. El sumario tiene tres piezas centrales y una veintena de ramificaciones. La primera indaga un supuesto cohecho por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja, adjudicada por la Diputación de Alicante, que preside José Joaquin Ripoll. El juez sostiene que Ripoll adjudicó la contrata a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte del promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. La segunda, indaga otro soborno a ediles del PP de Orihuela por la basura de Orihuela. Y la tercera, cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información en el trámite del Plan General de Alicante

- Imputados. Entre imputados, acusados e implicados el caso Brugal afecta a más de dos centenares de personas. Por el plan zonal hay 18 imputados. El de mayor calado es el líder de PP de Alicante a quien el magistrado atribuye cinco delitos, entre ellos, los de cohecho y tráfico de influencias. Junto a Ripoll, el juez también ha imputado a los tres ediles del PP Oriolano. También están imputados Ortiz y Fenoll y otro tercer empresario del sector de la automoción de Alicante, Rafael Gregori. Por el Plan General de Alicante hay ya siete imputados, entre ellos, el redactor del PGOU, Ortiz y su mujer. El fiscal acusa a otras 14 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, del PP, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi. En otra pieza separada que investiga un soborno por la basura de Calp hay 11 imputados.

- Muñidores. La policía y el fiscal sostienen que en la trama de la basura (contrata de Orihuela y plan zonal) los cabecillas son Ripoll, Fenoll y Ortiz. Y en el caso del PGOU de Alicante, el exalcalde Alperi, Ortiz y Castedo.

- Dádivas. El modo de operar de los dos empresarios de la trama para ganarse los favores de los políticos era a base de entregas de dinero en metálico o colmándolos de lujosos regalos. La lista en este segundo apartado es kilométrica, y destaca el viaje a Creta de Alperi y una concejal del PP de Alicante en un jet de la familia del exconsejero Cotino, por 40.000 euros.

www.elpais.es 10.07.11

UN CONCEJAL DEL PP DE CALP ACUMULÓ 2,7 MILLONES TRAS ADJUDICAR LA BASURA

La policía vincula el patrimonio de Roselló a comisiones de la trama Brugal

El exedil del PP de Calp Juan Roselló inició una enfebrecida carrera por conseguir atesorar patrimonio inmobiliario tras serle adjudicado el contrato de recogida de la basura del municipio a la empresa Colsur, propiedad de Ángel Fenoll, el 24 de febrero de 1998.

El informe policial de esta pieza separada del caso Brugal sostiene que Fenoll pagó 600.000 euros a concejales y técnicos del Consistorio calpino, dinero que habría percibido mayoritariamente Roselló a través de su cuñado Francisco Artacho, quien ejerció de intermediario y comisionista.

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía está llevando a cabo un análisis patrimonial de los principales implicados en una trama donde están imputados el exalcalde Javier Morató, otros tres exconcejales populares, Fenoll y su hijo, dos técnicos municipales, el matrimonio propietario del suelo donde se construyó una planta de basura y Francisco Artacho.

El sumario que investiga esta trama político-empresarial en Calp contiene una exhaustiva relación de los bienes adquiridos por Roselló. Entre 1998 y 2008, él, su mujer, Amparo Femenía, o alguna de las dos empresas que tenían, hicieron 13 operaciones de compra en las que invirtieron 2,7 millones de euros, de los que 920.000 fueron pagados en metálico y 1,82 millones más a través de 10 préstamos hipotecarios, la mayoría a 20 años.

Lo más llamativo del recuento patrimonial familiar de Roselló es que entre febrero de 2000 y junio de 2006 adquirió cuatro adosados, una finca rústica y otra con un chalé de tres plantas por los que pagaron casi un millón de euros, de los que 780.000 fueron entregados en metálico y el resto con un préstamo hipotecario. Un pago de 312.526 euros se hizo en efectivo, "no acreditando ante el notario el cumplimiento de la declaración de este movimiento de capital".

El informe policial especifica que Roselló compró en junio de 2002 una finca con chalé de tres plantas por 631.062,71 euros, pagados una mitad en metálico y la otra con dos pagarés del mismo importe. Sin embargo, la escritura de esta adquisición no se elevó a pública hasta el 11 de marzo de 2010, casi ocho años después y, además, intervino su mujer en nombre del comprador y del vendedor de la finca. La compra la hicieron a nombre de la empresa Viajes Romar, SL, constituida por el exconcejal en 1986. Esta mercantil recibió subvenciones de la Consejería de Turismo en los años 2009, 2010 y 2011 por un importe total de 18.356 euros.

Roselló y su mujer también compraron seis coches en los 12 últimos años, el último en octubre de 2010 a nombre de Viajes Romar. Esta no fue la única mercantil con la que operaron. En noviembre de 2004 compraron la empresa dormida Explain Inmuebles, SL, con la que adquirieron una finca de 2.541 metros con chalé por 180.000 euros para luego segregar una parte con autorización del concejal de Urbanismo.

Al margen de Roselló, el informe policial señala, entre los beneficiados por las comisiones que el industrial Ángel Fenoll ofreció a cambio de la contrata de la basura, a tres excargos del PP local y dos técnicos municipales. La policía llega a esta conclusión sobre la base de las grabaciones incautadas a Fenoll con motivo de su arresto a finales de mayo de 2007. Esas grabaciones recogen, en su mayoría, conversaciones entre Fenoll y el intermediario de la trama, el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil Roselló, pero con una única salvedad. En una de las grabaciones hay una conversación directa entre el empresario y el exconcejal Fernando Penella, responsable del área de Hacienda en la época en la que operó la trama.

En la conversación, según la policía, Penella y Fenoll hablan sobre las deudas que el Ayuntamiento tiene con el empresario y la manera de cobrarlas por parte de este, "que incluirían diversos pagos de comisiones -en este caso de 30.000 euros- incluyendo para esta práctica la cooperación necesaria de los técnicos de pesaje como se ha visto el proceder en otras exposiciones de esta misma trama", puntualiza la diligencia policial.

Uno de los pasajes de la aludida conversación entre el exconcejal Fernando Penella y el empresario Ángel Fenoll transcurrió de esta manera:

Fernando Penella. Que nos saque a nosotros 30.000 euros, pero no es que tú los vayas a perder, si no yo ya he hablado con el técnico que es una (no se entiende) que tengo para aprobar y te lo voy a incluir, de acuerdo.

Ángel Fenoll. Sí.

F. P. A partir de enero, un millón de pesetas.

A. F. A partir de enero...

F.P. De enero de este año... ¿Me entiendes? Las cosas se pueden hacer bien porque hay que coger palo, paulatinamente hasta cumplir los primeros euros.

A. F. De acuerdo...

F. P. Pues eso es lo que quería hablar, lo que pasa que eso por teléfono a mí no.

La policía esgrime otra segunda conversación entre Penella y Fenoll en la que en un momento el exedil asegura que hablará con un tal Juan. Según las diligencias policiales, ese tal Juan sería el exconcejal Roselló. Este extremo lleva a la policía a sospechar que la trama de las comisiones relativas a la adjudicación de la basura del Ayuntamiento de Calp estaría integrada por el concesionario y propietario de la planta de compostaje, Ángel Fenoll, junto con "los ya referidos Artacho, Juan Roselló y finalmente el responsable del área de Economía y Hacienda del Consistorio calpino, Fernando Penella".

www.elpais.es 02.07.11

UN VÍDEO CAPTA EL PAGO DE SOBORNOS EN METÁLICO DE LA TRAMA DE LA BASURA DE CALP

El empresario Ángel Fenoll entrega al cuñado del edil del PP que hizo de intermediario en el amaño del contrato su primera comisión de 24.000 euros

Una de las grabaciones intervenidas por la Policía Nacional a Ángel Fenoll recoge el momento en el que este empresario del negocio de la basura entrega a Francisco Artacho, que es cuñado del exconcejal del PP de Calp, Juan Roselló, cuatro millones de pesetas (24.040 euros) en efectivo. Ese dinero correspondería a la comisión de Artacho por ejercer de "enlace" con los ediles populares de Calp y los técnicos municipales que supuestamente recibieron de Fenoll un soborno de 600.000 euros a cambio de beneficiarle con el contrato de eliminación de residuos.

El video se grabó el 3 de junio de 1998. El ayuntamiento, cuyo alcalde era entonces Javier Morató, del PP, que gobernaba con mayoría absoluta, ya había adjudicado el servicio a Colsur, la mercantil de Fenoll, pese a que su oferta económica no era la más económica. En la grabación, se observan sobre la mesa los fajos de billetes de diez mil pesetas. La escena transcurre en el despacho de Fenoll, quien sale mientras el cuñado de Roselló (con camisa blanca) y un empleado del empresario oriolano cuentan el dinero. Artacho introduce luego los fajos de billetes en su maletín. A continuación, regresa Fenoll y discute con el "intermediario" de la trama sobre su comisión y sobre la parte del soborno que ya ha abonado. El empresario parece al final confesar que, con los 24.000 euros de Artacho, ya ha pagado en comisiones más de cien mil euros (18 millones de pesetas). Lamenta que la planta de transferencia, de donde supuestamente obtuvo el resto del soborno al inflar el pesaje de basura y facturar de más al ayuntamiento, todavía no está en funcionamiento.

Tras contar los cuatro millones de pesetas en efectivo, Artacho y Fenoll conversan sobre el dinero hasta entonces aportado del supuesto soborno y el primero reclama más comisión aparte del dinero que acaba de recibir.

Francisco Artacho: ¿No puedes dar más?
Ángel Fenoll: No, no, no. No puedo dar más, Paco, ¿eh? No puedo.
Artacho: ¿No has sacado nada del leasing ni de…?
Fenoll: Me lo han tirado las cajas. Me lo ha tirado la CAM. Entonces yo ahora mismo llevo… Llevo diez millones de pesetas…
Artacho: Diez y cuatro, catorce…
Fenoll: Catorce… y cuatro…
Artacho: Sí, pero son…
Fenoll: Ya, ya… Llevo veinte… dieciocho.
Artacho: Pero esos cuatro no los nombres nunca.
Fenoll: Ya, ya…
Artacho: A mi me debes dos… que cuando estemos trabajando ya lo aclararemos. ¿No?
Fenoll: Cinco quedamos…
Artacho: ¡Tú dijiste seis! Y luego… je, je. Si me quieres dar cinco… Pues uno que me estás quitando de lo que tú dijiste, no de lo que yo dije.
Fenoll: Ya. Cuando salga todo… Ahora vamos a sacarla en marcha… Que empecemos a trabajar. A ver si…
Artacho: Pero por lo menos Ángel me podrías completar de estos cuatro hasta otros diez.
Fenoll: No, no, no. Además hasta que no empecemos yo no puedo. Ni un duro más. No puedo. Y voy a pasar la perronera, sabes.
Artacho insiste, sin embargo, en que. si no hay más comisiones, pueden surgir problemas
Artacho: Pero que tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Que se pongan en contra los que llevan materiales, los técnicos…
Fenoll: No… los técnicos. Los cinco millones de pesetas… ¿…para los técnicos?
Artacho: Pero ellos quieren bastante más. No quieren eso.
Fenoll: Ya. Ellos, ¿qué?
Artacho: A ellos hay que darle otra… No es eso lo que tienen pactado los técnicos.
Fenoll: Sabes… Y vamos, vamos… Vamos a salir en marcha, sabes. Y cuando salgamos en marcha… trabajamos… Empezamos a trabajar. Ya vemos…?Vamos, creo que no daría ningún problema. No, esto no. Esto no. Yo ya no me fío de…?Pues claro…?Cuando empiezan, sabes, a dar por culo… la mierda del ayuntamiento y estoy hecho polvo… dieciocho millones de pesetas. Dieciocho justos. Diez millones… diez y cuatro, catorce. Y cuatro, dieciocho. ¿No es eso? Claro. Yo tengo que pagarlo.

El exalcalde, Roselló y otros nueve imputados

El juez de Dénia que instruye esta pieza del caso Brugal ha imputado al exalcalde del PP, Javier Morató, quien ahora es concejal de Alternativa Popular, a los exediles Juan Roselló, José Perles y Fernando Penella, a dos técnicos municipales, al matrimonio dueño del terreno alquilado irregularmente para la planta de basura, a Artacho, a Fenoll y a su hijo, Antonio Ángel Fenoll, por esta trama de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La Policía cree que Fenoll sobornó con 600.000 euros al resto de implicados. Sospecha que Roselló negoció la cuantía del soborno.licía cree que Fenoll sobornó con 600.000 euros al resto de implicados. Sospecha que Roselló negoció la cuantía del soborno.

www.levante-emv.com 06.07.11

FENOLL: "ESE DINERO TIENE QUE ENTRAR EN LA EMPRESA Y LUEGO CONVERTIRLO EN B"

Las grabaciones de la pieza del caso Brugal que indaga un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll a concejales y técnicos de Calp por la contrata de la basura incluye una serie de conversaciones entre el empresario y el intermediario de la red, Francisco Artacho, cuñado del exconcejal Juan Roselló, que dejan constancia del supuesto cohecho materializado a través del pago de comisiones y el blanqueo de las cantidades abonadas.

Artacho: "Al Ayuntamiento llevamos dándole catorce"

Ángel Fenoll. (...) Porque ese dinero tiene que entrar en la empresa y luego hay que convertirlo, sabes, cómo hay que convertirlo, convertirlo en B, ¿entiendes o no? ¿Sabes lo que te digo?

Francisco Artacho. No, no, si entra en la empresa.

A. F. ¡Ah!

F. A. Pero estamos hablando que yo puedo ir, coger el dinero en el Ayuntamiento y meterlo en una empresa de la cuenta de Colsur [propiedad de Fenoll] (...)

Á. F. Tenemos que sacarlo, tenemos que convertirlo en B (...).

Las cintas también revelan las discrepancias y, a veces discusiones, entre ambos sobre las cantidades ya pagadas y cómo entregar el resto.

Ángel Fenoll. Tú date cuenta que nosotros llevamos ya, ¿cuánto llevamos desde que llevamos dándote?

Francisco Artacho. Catorce, al Ayuntamiento catorce (...)

Á. F. ¿Catorce nada más? Catorce (...)

F. A. Más lo de los terrenos.

Á. F. No, los terrenos aparte. Eso...

F. A. Luego, a mí me llevas dado cuatro (...)

En otro pasaje Artacho y Fenoll discuten porque el primero le pide más dinero y el segundo no se fía de su intermediación con el Consistorio calpino.

Ángel Fenoll. No, no. Hasta que no empecemos a trabajar yo no puedo dar más dinero. Ni un duro. Si para hacer esto... Como tú eso no se lo vas a decir, que hemos hecho...

Francisco Artacho. Yo eso no se lo voy a decir y Ángel, el día que se enteren...

Á. F. Si se enteran será porque tú lo dices.

F. A. ¿Yo qué voy a decir?

Á. F. Hombre. Coño.

F. A. Pero a ver si se te escapa en alguna vez que te llamen y digas, oye yo ya tengo puesto y tanto a Paco, sabes...

Á. F. ¿El qué?

F. A. Que te llame mi cuñado [Juan Roselló, entonces concejal del PP de Calp], y eso y tú digas, oye que yo ya tengo tanto puesto, y tanto a Paco y tanto a lo otro (...)

Á. F. Pero, ¿eso les llega a ellos o no les llega?

F. A. Si se lo dices tú, si. Si no, no.

Á. F. Je... ¿Te lo quedas?

F. A. No... ¿Esto? Esto está claro que les llega. ¿No les va a llegar? (...)

Á. F. Yo sé que te lo doy a tí, pero yo...

F. A. ¿Tú crees que me los quedo yo? Si yo estoy más mal que la hostia.

Á. F. Ya, pero como me has dicho a ver si...

F. A. ¿Qué, qué? Ahora mismo en el Ayuntamiento tú tienes catorce.

www.elpais.es 02.07.11

ALPERI Y CASTEDO CITABAN AL REDACTOR DEL PGOU EN UN RESTAURANTE

Jesús Quesada confirmó el interés en aprobar el proyecto del Rico Pérez

El redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, Jesús Quesada, reconoció el pasado 30 de junio en su declaración como imputado en la pieza separada del caso Brugal que tramita el juzgado de instrucción número 5 de Alicante que tuvo "cuatro o cinco reuniones" para tratar cuestiones de la redacción del plan con el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, en un restaurante de la playa de La Albufereta, a las que también acudieron la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y la también edil Sonia Alegría. "Cosa que a mí me sorprendió", contestó Quesada al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

Quesada es el único de los imputados en esta causa que se ha prestado a responder a las preguntas del fiscal, aunque eludió las de las acusaciones particulares o cualquier cuestión que hiciera referencia a las grabaciones aportadas al sumario.

Así y todo, sus respuestas añadieron algunas pistas nuevas sobre la manera de proceder del entorno favorable a sus interes que había conformado el promotor Enrique Ortiz, según la acusación.

Castedo era la única de aquellas reuniones de mesa y mantel que también formaba parte de la comisión municipal que servía como vehículo de interlocución con Quesada. Con ella se integraron José Luis Ortuño, Miguel Ángel Cano, Mª Ángeles Sierra e Isabel Campos, a la que en una de las conversaciones intervenidas Ortiz le llega a decir: "Bueno, cariño mío, pero cúrramelo, trabaja para mí un poco". El redactor del plan reconoció que algunas reuniones de la comisión eran de 11 horas y que determinadas cuestiones se tuvieron que resolver votando por falta de consenso entre ellos. En todo caso, dejó claro que se hacían copias de los planos rectificados y que muchos de ellos "se quedaban allí".

En referencia a las dos reuniones que mantuvo con Ortiz, una de ellas en la sede de la empresa del promotor, Quesada las integró en la serie de encuentros que concertó con los comerciantes de la ciudad, otros propietarios de suelo o representantes de la Universidad de Alicante. "Entonces, ¿usted hubiera ido a casa de un ciudadano normal?", preguntó Briones. "¿Qué es un ciudadano normal?", respondió el arquitecto a la gallega.

Respecto al plan para reformar el Rico Pérez, reconoció que "el Ayuntamiento tenía mucho interés en sacarlo adelante" y por eso "me pide Sonia [Castedo] que le dé una solución al problema", que Quesada no consideró nunca de su incumbencia porque el Plan de Reforma Interior y Mejora de la manzana del estadio se presentó en marzo de 2008, antes de comenzar él sus trabajos. Eso si, confirmó que el proyecto lo presentó Aligestión Integral, una empresa de Ortiz, con la firma de un ingeniero de caminos y otro agrónomo.

"Tal como está propuesto, no lo veo correcto", contestó sobre los planes de Ortiz, que pasaban por la construcción en la manzana del estadio de un edificio de 40 plantas. E hizo una propuesta que "ojalá hubieran hecho los técnicos municipales".

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, dijo ayer en referencia a su situación que no puede "estar demostrando continuamente mi inocencia". Y retó a la fiscalía, "que cobran por ello y además cobran bien", a que demuestre "la culpabilidad que tiene tanto interés en demostrar".

www.elpais.es 06.07.11

FENOLL QUISO AMAÑAR JUNTO CON ARTACHO EL CONTRATO DE LA LIMPIEZA VIARIA DE CALP

La trama pretendía conseguir la basura de otros municipios cercanos

El empresario Ángel Fenoll, líder de la trama de corrupción del caso Brugal relacionada con la recogida de basura, intentó, tras la obtención de la contrata para explotar una planta de transferencia de residuos en Calp, establecer la base de operaciones desde la que expandir su negocio, ya hegemónico en la comarca de La Vega Baja.

Así se desprende de las conversaciones que mantuvieron Fenoll y el intermediario y comisionista Francisco Artacho en el despacho del primero, grabadas por el contratista e intervenidas por la policía en el registro de su domicilio.

Fenoll trató de conseguir que el Consistorio calpino también le adjudicara por 25 años la contrata de la limpieza viaria, que estaba a punto de vencer, amañando el pliego de condiciones y que la planta de transferencia de basuras para la que obtuvo los permisos en el término municipal de la localidad recibiera los camiones de otras poblaciones cercanas. En uno de los pasajes de las cintas, se le puede escuchar tramando con Francisco Artacho, cuñado del edil calpino del PP Juan Roselló, la redacción de un pliego de condiciones a medida que le resultara favorable a Colsur, la empresa de Fenoll.

Francisco Artacho. Que lo de la limpieza nos lo quedamos.

Ángel Fenoll. Y además esos diez, tú, a ti, lo que podemos hacer también después de, oye, si tú puedes ser el delegado, quiero decir, de de Calpe, ¿me entiendes o no? (...)

F. A. Exactamente, pero sí que puede ser, ¿sabes? Ahí podemos llegar a acuerdos, y tú tienes tu... porque si eso lo sacamos, porque eso habría que sacarlo a los mismos años que tiene la planta.

A. F. Claro, a veinte o veinticinco.

F. A. Claro, a veinticinco, y tú tienes asegurado veinticinco años y el pan de tus hijos (...)

A. F. Sí te entiendo, pero entiéndeme lo que te quiero decir, para amarrarlo bien amarrado tenemos que preparar el pliego, vamos a prepararlo, vamos a preparar lo otro, vamos a preparar lo otro, que sea cuando ya estemos empezando.

En otro de los pasajes ambos hablan de las toneladas que podrían llegar a la planta de Calp cada año si conseguían trasladar los residuos de otros municipios de la Marina Alta y Baixa. Y comentan la posibilidad de conseguir cinco millones de euros anuales.

Francisco Artacho. De Calpe habrá sobre cuarenta o cincuenta creo que había.

Ángel Fenoll. Cincuenta me dijo a mí tu (no se entiende).

F. A. Cuarenta o cincuenta. Luego está Llíber, está Callosa d'En Sarriá y estaba L'Alfàs del Pi, eran los pueblos que estábamos haciendo para que...

Á. F. Son los tres y alguno más que busquemos.

F. A. Sí, todos los que busquemos, ahora cuando arranquemos tengo que cogerme todos los que hay de arriba de Dénia de todos los pueblos (no se entiende), de Dénia traerme todos los que pueda.

Á. F. Estamos hablando...

F. A. Ahí me echa un cable mi cuñado

[se refiere a Juan Roselló, concejal del PP en Calp].

Á. F. Si hablamos de ciento cincuenta toneladas, claro, ciento cincuenta toneladas valen a cuatro mil pesetas.

F. A. Cuatro mil ochocientas (no se entiende), cinco mil, son cinco. Cien toneladas serían cinco millones, ¿no?

Según la policía, Artacho era quien transportaba los fajos de billetes desde el despacho de Fenoll hasta Calp. Previamente lo convertían en dinero negro para conseguir que una parte de las cantidades facturadas mensualmente al Ayuntamiento sirvieran para abonar en mano los 600.000 euros a plazos que el empresario se comprometió a distribuir entre concejales y técnicos. Una de las estratagemas seguidas fue pasar al cobro más toneladas de basura de las realmente recogidas, para lo que necesitaron la colaboración de dos técnicos municipales, según recoge el informe de la policía.

En el registro practicado el 30 de mayo de 2007 a la mercantil Proambiente, también de Fenoll, se intervino un listado en el que aparecía José Luis Faubel, ingeniero del Ayuntamiento de Calp, al que citan Fenoll y Artacho como el técnico que debía controlar las toneladas que se pesaban.

La policía también descubrió una reunión en febrero de 2008 entre Juan Cervantes, ingeniero técnico del Ayuntamiento calpino; Antonio Ángel Fenoll, hijo de Ángel Fenoll; y su sobrino, Ginés Fenoll, que además era el encargado de la planta de transferencia de basura de Calp. Cervantes era entonces el director técnico de la concesión y el encargado de validar las toneladas que facturaba Colsur. El informe policial concluye que "resulta cuanto menos llamativa la pérdida por parte del técnico de los tickets de pesaje y otros documentos relacionados con ello" y que la reunión fue "a fin de planear una estrategia para evitar problemas y que fueran descubiertos" cometiendo irregularidades.

www.elpais.es 03.07.11

CASTEDO PAGÓ SUS VIAJES A ANDORRA CON DINERO DE ORIGEN DESCONOCIDO

La policía concluye que no se sabe quién ha abonado un coche Mini de Ortiz

El informe policial del caso Brugal que aborda el estado patrimonial de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su marido, Arturo Soto, concluye que la regidora pagó en metálico, con dinero que no fue extraído de las cuentas bancarias de su unidad familiar, los dos viajes que hizo a Andorra en compañía del promotor Enrique Ortiz y su familia. La policía asegura que los 2.672,52 euros que costaron las vacaciones de 2008 y los 1.820 de la Navidad de 2009 no se corresponden con "extracciones de dinero en efectivo, ni extracciones de dinero a través de cajeros automáticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes". Es decir, que los pagos en las dos agencias de viaje donde fueron reservadas las estancias no tienen "su reflejo contable en las cuentas bancarias analizadas".

La alcaldesa: "Llevo mi economía doméstica como me da la gana"

El objeto de la investigación era "poder descartar la recepción de posibles contraprestaciones por parte del señor Ortiz por la presunta revelación de información privilegiada sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante", pero el informe policial solo concluye que se desconoce el origen del dinero empleado por Castedo.

Lo cierto es que la regidora solicitó la factura del viaje de 2008 casi dos años después y que tanto ella (2.672,52 euros) como el promotor (7.089,46 euros) pagaron en metálico en El Corte Inglés.

En 2009 la familia de Castedo viajó en un coche de Ortiz. La reserva la hicieron ambos en otra agencia de viajes de Sant Joan, cuya propietaria declaró que Castedo volvió a pagar en efectivo 1.820 euros. El importe de Ortiz ascendió a 20.896. La documentación que figura en el sumario del caso para justificar el abono de ambos importes son sendos albaranes de la agencia con numeración correlativa y el mismo número de expediente, pero no figura el NIF de la empresa y en el caso del promotor ni siquiera recoge el número de factura.

Respecto al coche Mini que la policía cree que Ortiz regaló a Sonia Castedo poniéndolo a nombre de una tercera persona de su entorno, también concluye que ni desde las seis cuentas bancarias de la receptora del vehículo ni por los movimientos de dinero de las de la alcaldesa se puede concluir que los usufructuarios del coche lo hayan abonado al vendedor, la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras.

La regidora arremetió ayer contra el fiscal Anticorrupción. "La economía doméstica de mi casa la llevo como me da la gana, y si no tengo que hacerlo así, que a partir de ahora el fiscal me diga cómo organizarme".

www.elpais.es 23.06.11

EL CASO BRUGAL SE QUEDARÁ SIN JUEZ POR QUINTA VEZ

La presión habría obligado a Carlos San Martín a optar por otro destino justo después de anular las escuchas

Y ya van cinco. El juzgado del caso Brugal pasará por un nuevo cambio de magistrado después de que el actual, Carlos San Martín, haya solicitado el traslado a un nuevo destino judicial. La decisión se produce una semana después de que este juez resolviera anular parte de las escuchas de la investigación, una resolución que ha dejado en precario más de cuatro años de instrucción.

La marcha efectiva de San Martín no se produciría hasta el mes de septiembre, fecha en la que se resuelve el último concurso de traslados convocado la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial.

La decisión de Carlos San Martín era un secreto a voces desde hace tiempo y ya se especuló con la posibilidad de que el juez se pidiera un permiso de paternidad de varios meses a principios de año, aunque finalmente sólo se tomó los días que legalmente le correspondían por la baja.

San Martín llegó al juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela a principios de 2010, tras haber sido juez decano en San Vicente, coincidiendo con la separación de jurisdicciones en este partido judicial. Lo que en teoría iba a ser un cambio de destino a un juzgado especializado en asuntos civiles, se convirtió en un gran embrollo al conocer que en ese órgano judicial se encontraba entre los antiguos asuntos penales en trámite la mayor investigación por corrupción que se ha desarrollado en la provincia: el caso Brugal. San Martín era el quinto juez en estar al frente de este sumario en un plazo de cuatro años.

Muy crítico con la labor de sus predecesores, San Martín llegó a afirmar en un auto que la "inactividad" en la causa era "patente" hasta que él llegó y defendido que la causa debería haberse desglosado en varias piezas mucho antes y no tres años después. Tan crítico, que la semana pasada causó un gran terremoto judicial al anular parte de las escuchas autorizadas por sus compañeros por considerar que los autos no estaban suficientemente motivados.

La decisión ha dejado una gran maraña en la que ni los propios abogados saben qué escuchas son las válidas a partir de ahora. De todas maneras, el auto no es firme y ahora la Audiencia tendrá que pronunciarse sobre los recursos que previsiblemente irán presentando todas las partes.

Finalmente, todo parece indicar que San Martín no ha podido soportar la presión y ha adoptado la decisión de cambiar de destino en el concurso de traslados que convocó la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial y ayer comunicó a la Audiencia su decisión. Entre las plazas que salen a las que puede optar están los juzgados de lo Penal de Alicante y Benidorm así como otros de Torrevieja y Dénia. El concurso se resolverá previsiblemente a finales del próximo mes de septiembre.

www.levante-emv.com 21.06.11

CASTEDO PIDIÓ LA FACTURA DE UN VIAJE EL DÍA QUE CONOCIÓ SU ACUSACIÓN EN BRUGAL

Asegura que la había pagado antes y el fiscal sostiene que fue un regalo de Ortiz

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), acusada en el sumario del caso Brugal, pidió una factura sobre un viaje de Fin de Año a Andorra, que según el fiscal, fue un regalo del promotor Enrique Ortiz, el mismo día que trascendió el escrito de acusación del ministerio público, el pasado 25 de octubre de 2010. Castedo, junto a su marido y su hija, había disfrutado de esas vacaciones entre el 28 de diciembre de 2009 y 4 enero de 2010.

"Sí, pedí la factura cuando conocí la acusación, porque antes no lo había hecho, pero evidentemente, la pagué cuando se gestionó el viaje", aseguró ayer la regidora.

Castedo está acusada junto a otras 21 personas, entre ellas su antecesor Díaz Alperi, por el fiscal de facilitar información privilegiada al promotor Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal anticorrupción mantiene que, a cambio, el promotor colmó de dádivas a los cargos públicos del PP y funcionarios municipales.

En el caso de Castedo, el fiscal anticorrupción destaca el alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009 y el regalo de un turismo de la marca Mini para una persona de confianza de Sonia Castedo, "a petición de esta última".

El escrito de acusación del fiscal, a causa de una filtración del sumario, trascendió a la opinión púbica el 25 de octubre de 2010. Ese día, Castedo convocó una rueda de prensa para responder a las imputaciones y, en paralelo, exhibió las facturas de los abonos de los viajes a Andorra y del pago del Mini por parte de las personas de su confianza a las que alude el fiscal. En esa convocatoria, la alcaldesa no entregó copia de las facturas alegando que el sumario estaba bajo secreto y que lo haría tras aportarlas al juzgado.

Sin embargo, entre las múltiples pruebas autorizadas por el juez, a petición del fiscal, para completar la investigación se encuentra un exhorto a la Agencia de Viajes del Cortes Inglés, donde se gestionó el viaje, para verificar si Castedo pagó o no las vacaciones.

La respuesta de este departamento del centro comercial dice textualmente: "A nombre de los clientes y en el período indicado sólo nos consta una única factura emitida a nombre de doña Sonia Castedo Ramos, de fecha 25 de octubre de 2010 por importe de 2.672,52, incluidos los seis euros de gastos de gestión, cuya copia acompañamos, que fue pagada en efectivo".

El escrito de El Cortés Inglés señala que esa factura corresponde a los servicios de una estancia de siete días en hotel, en una habitación triple, y cena de Fin de Año para tres personas.

La respuesta del centro comercial al juez también recoge que esa estancia corresponde "a un único expediente de reserva" en el mismo hotel y para el mismo período en el que también se contratan otros servicios "a nombre de don Enrique Ortiz Selfa y doña María Carratalá Fernández [esposa de Ortiz]". El precio del paquete pagado en efectivo ascendió a 7.089,46 euros, desglosado en tres partes, una de ellas una habitación triple (dos adultos más un niño) con cena de fin de año, por 2.666,52 euros. El centro comercial completa la respuesta al juzgado con una copia del duplicado de la factura, emitida en la mencionada fecha de 25 de octubre de 2010.

Por otra parte, la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, anunció ayer que el Consell presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga al Ejecutivo de Francisco Camps a facilitar al grupo parlamentario de Compromís los contratos menores que firmaron las distintas empresas de la trama Gürtel con la Generalitat entre 2003 y 2008.

www.elpais.es 11.06.11

CASTEDO: "LO QUE DICEN LAS URNAS NO PUEDE MODIFICARSE EN OTROS SITIOS"

La sombra del 'caso Brugal' marca la constitución de la nueva corporación

 "Lo que han dicho las urnas no puede modificarse en otros lugares", aseguró ayer Sonia Castedo, del PP, en su discurso tras ser investida alcaldesa de Alicante. Esta fue la única referencia de la regidora a las demandas de la oposición, en especial del PSPV y EU, a que renunciara al acta por su acusación por cohecho en el sumario del caso Brugal a raíz de un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General.

Castedo respondía también a los 300 indignados que, apostados en los laterales de la plaza consistorial, se concentraron para expresar su protesta por el supuesto caso de corrupción que afecta a la alcaldesa y a otros cargos de PP. El recinto fue acordonado por la policía, tras el desalojo a primeras de la mañana de 25 indignados que pasaron la noche en la plaza.

La flamante alcaldesa, que ahora asume la vara de mando con el refrendo de las urnas [Castedo llegó al cargo en septiembre de 2008 por designación directa de su antecesor, Luis Díaz Alperi], zanjó el caso Brugal con la referida alusión. El resto de alocución fue un compromiso con los ciudadanos para salir de la crisis y crear empleo, "desde la lealtad, la honestidad y el diálogo"

La nueva oposición municipal, en cambio, optó por explícitos gestos para airear el caso Brugal. Así, los ocho ediles del PSPV añadieron al parlamento oficial de toma de posesión del acta la siguiente coletilla: "(...) Y velar por una gestión transparente y defender los derechos de los ciudadanos de Alicante". Al término de acto institucional, la cabeza de lista el PSPV, Elena Martín, abundó en ese punto y aseguró que, en su opinión, "por ética y dignidad Castedo debería haber renunciado al acta". Respecto a las propuestas de la regidora, Martín señaló que "no ha concretado nada, y sobre todo en el tema más urgente, la creación de empleo".

Los dos ediles de EU, Miguel Ángel Pavón y Ángeles Cáceres, incluyeron en su acto de toma de posesión del acta, referencias a la defensa del valenciano, del medioambiente, de los trabajadores y de los desfavorecidos. Cuando Castedo arrancó su discurso, abandonaron el salón de plenos y bajaron a la plaza para integrarse en la protesta de los indignados.

El concejal de UPyD, Fernando Llopis, aseguró que entendía el malestar de los indignados y precisó: "Es el momento de trabajar desde las instituciones".

www.elpais.es 12.06.11

EL JUEZ DE ORIHUELA ANULA PARTE DE LAS ESCUCHAS DE BRUGAL

El titular del juzgado ha considerado que los autos que las permitieron carecían de motivación o ésta era insuficiente

El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, ha anulado parte de las escuchas policiales que dieron origen a la veintena de piezas separadas del caso Brugal, al creer que algunos de los autos que las avalaron carecían de motivación o que ésta era insuficiente.

A partir de la investigación de un posible cohecho en la adjudicación de la recogida de las basuras en la ciudad de Orihuela, las escuchas policiales extendieron la investigación por posibles delitos a casi una veintena de asuntos, desde el contrato del plan comarcal de residuos de la Vega Baja a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

El auto del juez acepta parcialmente algunos de los recursos presentados, entre ellos contra el pinchazo telefónico a la esposa del presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado, mientras que sobre el dirigente popular también acepta que se invaliden diligencias practicadas desde el 20 de noviembre de 2009.

Siempre en torno a las basuras de Orihuela o de la Vega Baja, también se deja sin efecto unas escuchas policiales al constructor Enrique Ortiz, imputado en el plan comarcal y también en la rama del PGOU.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el auto, de 162 folios, tiene fecha de ayer y ha sido entregado esta mañana a las partes.

Paralelamente a algunas anulaciones, el juez valida otra parte sustancial de las intervenciones telefónicas que habían sido recurridas por los imputados o implicados dentro de un auto que no es firme y ante el que, según han avanzado a EFE fuentes jurídicas, es previsible que las partes recurran en apelación.

Además de aceptar algunos recursos de las defensas de Ripoll y Ortiz, se anulan otros autos sobre escuchas telefónicas a los tres exconcejales imputados de Orihuela, Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez Larrosa y Manuel Abadía, todos del PP.

También se invalidan pinchazos a los empresarios Rafael Gregory; y Ángel Fenoll; al hijo de éste último, Antonio Ángel Fenoll; y al empleado de la empresa de Ortiz Inusa José Candel.

Además, se acepta la impugnación del reparto realizado entre varias instancias judiciales de algunas de las piezas separadas a raíz de las escuchas, como las denominadas "Las Algas", "Caminos a la planta de Proambiente", "Rafal", "Bigastro", "Algorfa", "Pilar de la Horadada", "Jacarilla" y "Callosa de Segura".

Aunque el auto se refiere a las escuchas policiales de las basuras de Orihuela y de la Vega Baja, la anulación puede tener más trascendencia porque a partir de esas intervenciones telefónicas se conocieron el resto de irregularidades que dieron lugar a la cerca de veintena de piezas separadas.

Entre los autos anulados que dieron pie a escuchas, figuran los de fecha de 16 de mayo y 16 de junio de 2008 que autorizaban pinchazos a terminales de Ángel Fenoll, al no apreciar una "motivación fáctica" que arrojara indicios para prorrogar la intervención telefónica por un supuesto delito medioambiental.

El juez defiende que las escuchas deben ser expresamente argumentadas debido a que es una "medida de hondo calado en la esfera de los derechos protegidos constitucionalmente".

De esta manera, señala que debe existir un interés expreso a partir de un supuesto delito concreto en el investigado, el cual debe ser desarrollado "cuanto menos de forma sucinta", algo que no ocurrió en varias ocasiones.

A este respecto, también anula una escucha sobre Gregory porque el auto que la avala adolece de defectos de forma "casi insalvables".

Según el auto, cuando se producen "hallazgos casuales" delictivos a partir de una escucha, hay que ponerlo en conocimiento inmediato del juez instructor para que éste examine la competencia y resuelva, pudiendo citar declaraciones para incoar una nueva causa.

En cuanto a la duración de las escuchas, que recurren varios imputados por prolongada, el juez rechaza que no haya antecedentes en la Justicia española y, muy al contrario, informa de que "éste no es el único precedente con una duración de secreto de actuaciones de tal envergadura" antes de recordar que lo conocido por los pinchazos es "excepcional".

www.levante-emv.com 14.06.11

EL JUEZ MANTIENE EL GRUESO DEL 'CASO BRUGAL' PESE A ANULAR ESCUCHAS

El magistrado suprime el 20% de las grabaciones efectuadas

El juez del caso Brugal emitió ayer un auto anulando algunas de las escuchas telefónicas efectuadas por la policía durante la investigación de una trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja y al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante. No obstante, la nulidad de estos pinchazos no afecta al grueso de la investigación, cuyo sumario ocupa unos 30.000 folios. El magistrado ha suprimido las grabaciones efectuadas a partir del 30 de noviembre de 2009, en el tramo final de la investigación. Teniendo en cuenta que las escuchas comenzaron en marzo de 2007 y concluyeron en junio de 2010, las conversaciones anuladas suponen el 20% del total.

Las grabaciones declaradas nulas por el juez afectan al presidente del PP y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El magistrado también considera no ajustadas a derecho las escuchas realizadas a tres concejales del PP del Ayuntamiento de Orihuela.

En su auto, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, responde de manera global a los recursos de reforma planteados por las defensas de los imputados (un total de 18 personas) en las dos piezas del sumario que son de su competencia: el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela y un presunto cohecho en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos del Plan Zonal de La Vega Baja, licitada por la Diputación de Alicante.

Las partes presentaron más de tres centenares de recursos y alegaciones en los que exigían la anulación de todas las escuchas por entender que no estaban suficientemente motivadas o que vulneraban derechos fundamentales. El titular del juzgado de Orihuela solo ha estimado parcialmente siete de esos recursos por entender que los autos, que en parte él mismo dictó, "carecían de suficiente motivación".

Otras alegaciones tenían que ver con la competencia territorial del caso. De hecho, el fiscal Anticorrupción presentó un recurso para que la instrucción se realizara desde un juzgado de Alicante y no en Orihuela. La Audiencia provincial todavía no se ha pronunciado sobre el mismo.

La anulación de parte de las escuchas del sumario del caso Brugal

tendrá como primera consecuencia la prolongación en el tiempo de la instrucción solo para dilucidar aspectos formales. "El auto [el firmado ayer por el juez San Martín] aboca al sumario a una prolija labor para dirimir qué parte de la investigación será finalmente legal y cuál no", señalaron ayer fuentes del caso. "Y primero habrá que delimitarlo en la forma, es decir, a base de recursos, para ver qué escuchas son válidas y cuáles no", añadieron. Y tras dilucidar ese aspecto formal, los jueces tendrán que decidir qué aspectos del contenido de las acusaciones se mantienen y cuáles no.

Las escuchas telefónicas son la prueba principal de la investigación. Las intervenciones comenzaron en marzo de 2007 y se prolongaron hasta junio de 2010. De acuerdo con el auto del juez San Martín, prácticamente el 20% de las mismas son nulas, las efectuadas a partir del 30 de noviembre de 2009, que fueron hechas al líder del PP, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz. Otras fuentes del caso resaltan una contradicción en la resolución del juez al anular esas escuchas, "cuando en fechas posteriores el propio juez firmó autos para autorizar la prórroga de la intervención del teléfono de Ortiz".

Las defensas de los imputados en el caso Brugal evitaron ayer pronunciarse sobre el alcance del auto del juez instructor. Los letrados consultados por este periódico pospusieron cualquier comentario a la lectura detallada de la resolución del magistrado, que ocupa un total de 162 folios. No obstante, todos avanzaron su intención de apelar el auto de San Martín a la Audiencia de Alicante. Del mismo criterio es la fiscalía, según confirmaron fuentes del ministerio público.

Las disposiciones más relevantes del auto del juez son las referidas a la estimación parcial de sendos recursos planteados por Ortiz y José Candell [empleado del empresario, también imputado] y por la defensa de Ripoll. Respecto al primer recurso, el magistrado declara nulas las diligencias practicadas desde el auto de 30 de noviembre de 2009. El letrado de Ortiz pedía que esa anulación fuera aún anterior, en concreto desde mayo de 2008, cuando se acordó la intervención de su teléfono en relación con la investigación sobre el plan zonal. El letrado mantenía que en ese momento al empresario Enrique Ortiz no se le podía atribuir ningún hecho delictivo porque el plan zonal se había adjudicado antes, en concreto el 3 de enero de 2008.

En cuanto al recurso del abogado de Ripoll, el juez también estima anular las diligencias practicadas desde el auto de 30 de noviembre de 2009. Y decreta la ilegalidad de las diligencias practicadas sobre el teléfono de su mujer desde el 11 de agosto de 2009 por entender que "el pinchazo" no estaba justificado en relación con los hechos investigados. La anulación de este tramo de las diligencias pueden implicar en paralelo el archivo de la pieza sobre la televisión local de Alicante, incluida en el sumario, y algunas de las supuestas dádivas recibidas por la familia Ripoll. El juez también estima parcialmente un recurso de Rafael Gregori, intermediario de la trama según la investigación, que anula las escuchas que se le practicaron desde el 23 de mayo de 2008.

Intervenciones anuladas

- Periodo de las escuchas. Las escuchas del caso Brugal incluyen desde marzo de 2007 hasta junio de 2010.

- Afectados por el auto. El juez ha declarado ilegales las escuchas practicadas a Ortiz (desde el 30 de noviembre de 2009) Ripoll (desde el 30 de noviembre de 2009), Rafael Gregori (23 de mayo de 2008); la mujer de Ripoll (desde el 11 de agosto de 2009) y tres ediles del PP (25 de enero de 2208).

- Argumentos. La intervención, según el juez, no estaba suficientemente motivada.

www.elpais.es 15.06.11

EL CLAN FENOLL Y TRES EDILES DEL PP DE ORIHUELA

El auto del instructor general del caso Brugal también declara nulas algunas de las intervenciones de teléfonos de personas implicadas en el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela, entre ellos tres concejales del PP Esta adjudicación fue la génesis de este sumario sobre supuestas tramas de corrupción en La Vega Baja vinculadas al negocio de la basura e instigadas por el industrial Ángel Fenoll.

El empresario, precisamente, desató la investigación al llevar a la Fiscalía Anticorrupción un DVD que contenía un supuesto soborno por la contrata de basura del municipio oriolano. Esa grabación fue efectuada por Fenoll al exconcejal del Centro Liberal Renovador, Jesús Ferrández. El exconcejal, primer imputado en el sumario, también ha presentado un recurso, desestimado por el magistrado, en el que solicitaba la anulación de esa grabación. Ferrández siempre mantuvo que la cinta fue manipulada por el industrial Fenoll.

La investigación posterior desembocó en la primera operación policial del caso Brugal, en mayo de 2007. Los agentes arrestaron a Fenoll y su clan empresarial por extorsión, cohecho y tráfico de influencias.

Tras estos arrestos, prosiguió la investigación policial en función de las pruebas recabadas mediante las escuchas telefónicas. Tres años y dos meses después, en julio de 2010 se produjo la segunda operación del caso Brugal. Con motivo de esa operación, los agentes realizaron 16 arrestos, entre ellos, de nuevo al clan de Fenoll, y tres ediles del PP del Ayuntamiento de Orihuela. Los concejales detenidos, y luego imputados por cohecho y tráfico de influencias, fueron Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez Larrosa. La investigación sostiene que estos tres concejales, junto al hermano de la exalcaldesa Mónica Lorente, del PP, colaboraron con Fenoll para falsificar dos empresas para la concesión de la contrata de basura, adjudicada por el Ayuntamiento en octubre de 2008.

El juez estima parcialmente el recurso de los tres ediles y declara nulas las diligencias practicadas sobre ellos desde el 25 de enero de 2008. El magistrado anula las escuchas porque dimanan de otra intervención, en este caso a Antonio Ángel Fenoll Campillo, declarada ilegal. El juez anula escuchas a Ángel Fenoll desde el 16 de mayo de 2008, pero en este caso por un delito medioambiental.

Ninguno de los tres concejales fue incluido en la lista del PP para las elecciones municipales del pasado mayo.

www.elpais.es 15.06.11

“LE REGALÉ UN RELOJ A COSTA PORQUE ME PASÓ A MÍ POR LOS HUEVOS” 

El exalcalde de Alicante Luis Alperi habla con el empresario Enrique Ortiz del regalo al exsecretario del PP valenciano  

El 6 de octubre de 2009, el empresario Enrique Ortiz, vinculado a la financiación ilegal del PP en el caso Gürtel y al tráfico de influencias y el cohecho con Ayuntamientos del PP en el caso Brugal, que investiga la adjudicación de contratas de basura en la provincia de Alicante, llamó al exalcalde de esta ciudad Luis Díaz Alperi para comentar lo que aquel día publicaba la prensa en relación con un reloj de lujo que alguien había regalado al que entonces era secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. 

En esa conversación, Ortiz, que habría favorecido al exalcalde de Alicante con regalos a cambio de tratos de favor en el Ayuntamiento, según la investigación judicial, quiere saber quién le ha regalado tan costoso reloj a Costa, que acabó dimitiendo de sus cargos en el partido forzado por la dirección nacional. El regalo es una muestra de agradecimiento de Alperi tras sus maniobras ante la cúpula del partido en Valencia para llegar a ser diputado autonómico. La conversación, grabada por orden judicial dentro de la investigación del caso Brugal el 6 de octubre de 2009, transcurrió en estos términos, recogidos así en el sumario del caso. 

Ortiz: Oye has oído la radio.

Alperi: Pues no, no suelo oír la radio.

Ortiz: Que si el regalo de un reloj a Ricardo Costa.

Alperi: ¿Y qué?

Ortiz: ¿Lo has oído, no?

Alperi: No lo he oído, pero me lo han contado. ¿Y qué?

Ortiz: ¿Pero eso es de la Copa América, no?

Alperi: Pero sea de lo que sea, es que yo no le puedo regalar un reloj a quien a mí me pase por los huevos.

Ortiz: Ya, no, es que me dicen eso, y eso es de la Copa América, que se regalaron un montón de relojes a todo el mundo por la celebración.

Alperi: No señor, eso es un reloj personal que le regalé yo a Ricardo Costa porque me paso a mí por los huevos.

Ortiz: ¿Sabes quién creo que lo ha filtrado?

Alperi: Pues no lo sé.

Ortiz: Ripoll [presidente de la Diputación provincial de Alicante, del PP].

Alperi: Pero si eso no lo ha filtrado Ripoll, si sale en las conversaciones, hombre.

Ortiz: ¿Ah, sí?

Alperi: Claro.

Ortiz: Yo te contaré algo personal de este, de Ripoll. 

Ricardo Costa asegura ahora, como ya hizo en su día, que el regalo no está vinculado al caso Gürtel. “Me lo regaló Alperi, con motivo de la Volvo Ocean Race [competición náutica que salió desde el puerto de Alicante]". “El reloj no es de oro, sino de acero. Y no cuesta 20.000 euros”, añade.  

www.elpais.es 10.06.11

SERRA A ORTIZ: "TENED ATADO LO DE LAS FACTURAS"

El dirigente del PP alertó al promotor tras estallar Gürtel  

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional concluyó en un informe del caso Gürtel, fechado en abril de 2010, que la trama que tejió la red corrupta liderada por Francisco Correa financió al PP de la Comunidad Valenciana con facturas que pagaban hasta cinco empresas contratistas del Consell a cambio de adjudicaciones. Una de ellas era Ortiz e Hijos. Por este motivo, el sumario del caso Brugal, que se basa en las escuchas grabadas al teléfono de Enrique Ortiz, incluye decenas conversaciones y citas del promotor con el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa, y su vicesecretario, David Serra, ambos diputados. Su lectura y despiece deja al descubierto la estrecha relación entre ellos, la mediación de ambos para Ortiz con miembros del Gobierno valenciano y el indicio de que, tras estallar el escándalo Gürtel, Serra intentó que el promotor pusiera en orden sus cuentas para evitar problemas con la justicia.

La policía vincula conversaciones del empresario con Serra al 'caso Gürtel'

El 11 de julio de 2009, en plena tormenta judicial y pocos días después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudiera a declarar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el asunto de los trajes, David Serra llamó a Ortiz, que se encontraba navegando en su yate por las islas Baleares, para advertirle de que tomara precauciones ante la posibilidad de que la investigación policial se centrara en sus cuentas. 

David Serra: Oye, no, solamente una cosita, ¿este teléfono se... podemos hablar tranquilamente?

Enrique Ortiz: Pues no lo sé.

D. S.: Nada, simplemente una cosa, todo lo de las facturas...

E. O.: ¡Ah! Bien.

D. S.: Que lo tengáis atado y pertrechado.

E. O.: Sí.

D. S.: Claro hombre, que tenga... que esté todo bien, pero que tengáis todo...

E. O.: Todo en orden.

D. S.: Todo en orden, simplemente es eso, que lo tengáis documentado todo bien.

E. O.: Vale, vale, vale...

D. S.: Simplemente era eso.

Sin embargo, las primeras advertencias entre ellos son anteriores. Solo dos días después de la detención de Francisco Correa, el 6 de febrero de 2009, se produce esta conversación:

E. O.: Le dimos al amigo este tuyo unos temas.

D. S.: Sí.

E. O.: Y con toda la movida que hay a ver si lo podía para...

D. S.: Pues bueno.

E. O.: Sabes, a ver si luego le pegas un toque y le dices, oyes, sabes, y lo arreglamos de otra manera.

D. S.: Claro, vale.

E. O.: No vaya a ser que se monte lío.

D. S.: No creo que se monte lío, porque estos, entre nosotros lo hacemos con ellos, ya lo has visto.

E. O.: Ya, ya, ya.

D. S.: Tenemos muchos, hacemos mucho trabajo con ellos y está todo correcto, todo facturado y todo contrastado, y la contabilidad perfecta. Y, por tanto, no nos preocupa en ese aspecto.

E. O.: Ya, ya. Vale.

La policía relaciona en su informe esta conversación en "el contexto del presunto escándalo de corrupción aparecido en diversos medios de comunicación", el caso Gürtel.

En otra conversación fechada en agosto de 2009 David Serra y Enrique Ortiz hablan de un envío.

E. O.: ¿Qué me cuentas?

D. S.: Nada, todo bien. Y lo que estábamos esperando, me dicen que ya ha llegado.

E. O.: ¿Ah, sí?

D. S.: Solamente eso, que ya ha llegado la cajita de naranjas a Valencia.

E. O.: ¿Y qué tal?

D. S.: Bueno, pues no sé. Ya te contaré cuando las abran.

En enero de 2009, antes de estallar Gürtel, el vicesecretario del PP valenciano intenta cerrar por teléfono una comida con Ortiz, Ricardo Costa y Vicente Llácer, otro importante promotor valenciano. El informe de la policía descubre que Serra le comenta a Ortiz lo que "tenemos pendiente del proveedor nuestro". "Creo que ya lo tienen todo pertrechado y claro", dice el político. Y añade: "Me dicen que lo que necesitarían es que les hagáis ya el pago". Cuando Ortiz responde que ya está hecho, Serra matiza que se refiere a que "les libréis el talón o los pagarés".

Las numerosas conversaciones grabadas entre ambos desvelan que Serra también medió entre Ortiz y los consejeros Vicente Rambla y Manuel Cervera. Incluso aceptó intermediar en la adjudicación de contratos.

D. S.: Ahora lo que tenemos que hacer es fijar ya un día para que nos podamos ver.

E. O.: Cuando vosotros lo digáis, lo hacemos.

D. S.: Sí.

E. O.: Para que...

D. S.: Vale.

E. O.: Para estas obritas que van a salir, coño, a ver si nos echas una mano.

D. S.: Vale, vale. Bien, ¿pues cuándo quieres que no veamos?

E. O.: Cuando tú digas. 

www.elpais.es 09.06.11 

CATALUÑA SE ARROGÓ LA REPRESENTACIÓN DEL PSPV PARA TRANQUILIZAR A ORTIZ 

El exsecretario de Finanzas del PSPV José Cataluña se arrogó la representación del PSPV para tranquilizar al promotor Enrique Ortiz tras la iniciativa de los socialistas valencianos de presentar una querella por supuesta financiación ilegal de PP. Entre los denunciados se encontraba el propio Ortiz. El exdirigente del PSPV llegó a asegurar que hablaba por indicación del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, según recogen las grabaciones del sumario del

caso Brugal. Fuentes de la ejecutiva socialistas rechazaron esa afirmación: "Los hechos de ese día desmintieron las manifestaciones de Cataluña. El PSPV presentó una querella, fruto de la cual Ortiz quedó imputado". 

La conversación entre Cataluña y Ortiz fue grabada el 9 de noviembre de 2009. 

José Cataluña: Me he dejado a tu exempleado [en alusión al portavoz en las Cortes Valencianas del PSPV, Ángel Luna], dando una rueda de prensa anunciando que presenta una querella.

Enrique Ortiz: Qué cabrón.

J. C.: Te lo digo porque he estado hablando con el jefe y me ha dicho que os llamara para deciros que no vais como imputados, que vais como testigos.

E. O.: Ah, vale, vale.

J. C.: Que lo han modificado, para decir que el que quiera pruebas que le pregunte a estas empresas, pero no una querella del partido contra vosotros.

E. O.: Vale, entonces, no estamos como imputados, ni nada.

J. C.: Que lo sepas que, a pesar de lo que diga la prensa, me ha dicho que os llame y os lo diga.

E. O.: Vale, vale. ¿Quién te lo ha dicho?, este...

J. C.: Jorge, Jorge.

E. O.: Oye a mí me gustaría tener una reunión con él cuando sea posible.

J. C.: Pero de todas maneras primero hablamos tú y yo, un día que estés aquí hacemos un repasito de la situación.

E. O.: Yo quiero hablar, pero para dejarle claro quién soy yo, que no me vincule a mí a nadie, de rollo nada.

J. C.: Yo se lo he dejado claro.

E. O.: Decirle dónde está mi espíritu y mi corazón, habla con él y dile que tengo mucho interés, de verdad, en conocerlo personalmente. No es para pedirle nada, quiero que se me conozca y conocerlo. 

Jorge Alarte, en una entrevista concedida ayer a Radio Nacional, valoró así este pasaje de las escuchas sobre el caso Brugal: "Seguro que ahora mismo hay cientos de personas asegurando que están hablando en mi nombre". 

Mientras, por lo que respecta a Cataluña, no es la primera vez en la que su nombre aparece vinculado al caso Brugal. También hay otras escuchas en las que habla con el entorno de otro de los líderes de la trama, el industrial Ángel Fenoll 

www.elpais.es 09.06.11  

"EL RIPOLITO [RIPOLL] O PACTA O LE PONEN UNA GESTORA, Y A HACER PUÑETAS" 

El promotor Enrique Ortiz, el líder de la supuesta trama para amañar el Plan General de Alicante, siempre al tanto vicisitudes de la vida económica de la ciudad, tampoco es ajeno a los episodios internos de los partidos políticos mayoritarios. 

Una conversación de caso Brugal entre el promotor y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, grabada el 30 del de noviembre de 2009, desvela el interés del empresario por la situación interna del PP. 

Ortiz. Bueno ya hablaremos y te contaré la del Ripolito, que esa es buena.

Castedo. Esa es buena, ¿qué te ha dicho?, ¿qué quiere pactar?

O. Ya te contaré, sí, sí... pero es que yo me fui, lo hablé con él antes de irme a ver a Cotino, y jo el tío va muy fuerte. Pero Cotino ya me dijo que si no pacta y no... vamos dijo claramente que tienes que ser tú por lo civil o lo militar, y que si no hay arreglo, pues no hay problema, ponen una ejecutiva y a tomar por culo. ¿Es una ejecutiva?

C. No es una gestora.

O. Eso una gestora, y a hacer puñetas. 

El contexto de la conversación se enmarca en la guerra de los dos bandos del PP (ripollistas y campistas), que se recrudeció tras el congreso provincial del PP diciembre de 2008, ganado por Ripoll por cuatro votos más que su rival, el campista y alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll. Tras el congreso, Ripoll tenía que convocar las asambleas de las juntas locales, entre ellas, la de Alicante. Pero Ripoll no lo hizo. No obstante, Sonia Castedo tampoco mostró mucho interés en pugnar por ese cargo. Solo aspiraba a que Ripoll no boicoteara su carrera hacia la alcaldía de Alicante. La supuesta gestora con la que los campistas amenazaban a Ripoll podría ser bien para la ejecutiva provincial o la local. 

www.elpais.es 09.06.11 

´LA PODEMOS PROMOCIONAR [A CASTEDO], LA TENEMOS QUE HACER CONSELLERA, ES FÁCIL´  

El promotor Enrique Ortiz y el exalcalde Alperi conversan sobre el futuro político de la actual primer edil 

El constructor Enrique Ortiz y el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi hablan de sus relaciones con concejales del ayuntamiento y, en concreto con Sonia Castedo. En un momento dado, el empresario apunta la conveniencia de que Castedo sea consellera.

20/6/2009 - 13.08 horas

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi entabla una larga conversación con el empresario Enrique Ortiz.

Luis Díaz Alperi: Todo lo que esté ligado a mí, tú estás dentro el mismo plan.
Enrique Ortiz: Lo que pasa es que a mí me tiene que tragar [Sonia Castedo], a mí me tiene que tragar por huevos.
L. D. A.: Claro, efectivamente, pero...
E. O.: A mí no me puede, si pudiera seguro que...pero no creo que sea, fíjate no creo que sea tanto ella como que ella hace caso a quien se lo dice...
L. D. A.: Bueno pero que no tiene ninguna personalidad, entonces le han comido el coco y se lo ha dejado comer.
E. O.: Sí.
(...)
E. O.: Porque si hace eso se puede comer un marrón muy grande.
L. D. A.: Claro, claro, y entonces ella va a ir quitándose poco a poco como pueda, pero ese es su objetivo, vamos...
E. O.: Ya, ya, ya, lo que pasa es que unos pueden y otros no.
L. D. A.: Efectivamente.
E. O.: Otros no puede, a mí no me puede...
L. D. A.: Pero mejor que no le digas: oye, he visto a Luis jodido, tal, no se que, porque yo ayer, te acuerdas...
E. O.: No, no, no, pero yo no, no de decirle.. si es que yo no le digo nada, si es que es mejor, si ya le dije yo, que coincidimos, que es mejor no decirle nada, ni a ella ni a nadie.
L. D. A.: Efectivamente, efectivamente, bueno...
E. O.: Ella volverá, como dice la canción, volverá...
(...)
E. O.: Ya está, pero la vida da...esto da muchas vueltas, pasado mañana te necesitan para cualquier cosa y te llama y te pide y te hace y te da..
L. D. A.: Pero que es inconcebible eh...
E. O.: nada, tranquilo, tranquilo, vamos a promocionarla...
L. D. A.: No, coño, que la matan.
E. O.: No...pero no aquí, vamos a promocionarla en Valencia.
L. D. A.: Bueno, bien...
E. O.: La podemos promocionar, eh, la tenemos que hacer consellera, lo vamos a hacer, vamos a trabajar para hacerla consellera, que eso es fácil...
L. D. A.: Sí, y además es una tía que vale.
E. O.: Por eso, esa tiene dos huevos...

El piloto de rallies que le "colocó" G. Camps

El constructor Enrique Ortiz y el subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat S. L., José Cortina, conversan el 3 de julio de 2008. Hablan de entrevistas con el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, y sobre negocios con empresas como Aston, Siemens o Bombardier. Cortina pregunta si "habéis hablado" con Gerardo Camps. A lo que Ortiz responde: "Yo también le voy a dar un toque, porque las cosas no se queden en el aire, si alguien se encarga de hacer algo, que lo haga. Yo me lo voy a apuntar, porque tengo un íntimo amigo de él que me está haciendo patrocinar un coche que es el campeón de España de rallies..". "¿También te dedicas al deporte?", pregunta Cortina. "Hombre, es el campeón de rallies, lleva el nombre de Cívica, me lo colocó él, y entonces lo tengo todos los días...", responde Ortiz. Se refiere al piloto Miguel Fuster, de Benidorm, como Camps.

 www.levante-emv.com 09.06.11

EL JUEZ IMPUTA A ORTIZ, A SU MUJER Y AL ARQUITECTO DEL PGOU DE ALICANTE

El redactor del proyecto, Jesús Quesada, será el primero en declarar el día 30

El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, ha acordado las primeras imputaciones por el supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El juez, que dirige la investigación de esta pieza separada del sumario general del caso Brugal, iniciará la ronda de interrogatorios a los imputados con el arquitecto Jesús Quesada, redactor del documento. El profesional ha sido citado para el próximo día 30. A continuación, el 4 de julio, el juez interrogará al empresario Ortiz, que tiene otra imputación en la pieza de Brugal que investiga la contrata de la planta de basura del plan zonal, y al día siguiente hará lo propio con la mujer del promotor, María Manuela Carratalá.

A lo largo del mes de julio, el magistrado tomará declaración al resto de 21 de acusados en esta causa por parte del fiscal Anticorrupción de Alicante, salvo a dos: la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. El magistrado hace esta salvedad dada la condición de aforado del exregidor, categoría de la que también gozará en unos días la regidora, que encabezó lista autonómica del PP por Alicante.

El arquitecto Jesús Quesada preside la mercantil Laboratorios de Proyectos, SL, empresa a la que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante le adjudicó la redacción del nuevo PGOU de la ciudad. Quesada sustituyó en el cometido al arquitecto Lluís Cantallop, despedido por Alperi por discrepar del modelo de planeamiento.

En su escrito, el fiscal atribuye al redactor del PGOU los supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. El representante del ministerio público, sobre la base del informe policial, acusa a Quesada de siete supuestas infracciones penales. La primera, el 15 de mayo de 2008, cuando mantuvo una reunión "velada" en la Gerencia de Urbanismo de Ayuntamiento de Alicante con la alcaldesa (en esa fecha aún concejal de Urbanismo) y Ortiz. La segunda, prestar "auxilio" a Ortiz en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, con la anuencia de Castedo. Sobre este proyecto, según la policía, el arquitecto facilitó información en otras dos ocasiones. Las otras cuatro irregularidades son facilitar al promotor datos sobre las futuras áreas de suelo protegido para que el empresario comprara terrenos y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a las zonas urbanizables.

El promotor Enrique Ortiz está considerado por la policía y el fiscal como el líder de esta trama sobre el PGOU. El ministerio público le atribuye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y uso de información privilegiada vinculados a los siguientes hechos: solicitar información privilegiada del PGOU, de manera repetida, a Castedo y Alperi; influenciar, diseñar y conseguir resolver a su medida aspectos fundamentales del documento; comprar terrenos para su futura recalificación según información privilegiada, y pactar veladamente con Sonia Castedo la remodelación del Rico Pérez. A cambio de estos favores, el promotor colmó de dádivas a Castedo y al exregidor Alperi, entre ellas, un viaje a Creta en un jet privado a Alperi.

La tercera imputada en la causa es María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz. El fiscal le acusa de los delitos de uso privilegiado de información y participación en un delito de cohecho, por apoyar a su esposo en la gestión de obtención de dinero para presuntos pagos por favores recibidos en el PGOU. En este apartado, la policía investiga si la imputada entregó a Alperi 60.000 euros para su viaje de dos semanas a Creta.

www.elpais.es 08.06.11

UN PLAN "SUCIO DESDE LA PRIMERA PÁGINA A LA ÚLTIMA"

La Coalició Compromís presentará mañana la solicitud para que se cree una comisión de investigación en las Cortes que indague sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ahora en manos de un juzgado que trata de descifrar si el promotor Enrique Ortiz se benefició de la información privilegiada que fue recabando de la alcaldesa, Sonia Castedo, entre otros.

La diputada de Compromís Mireia Mollà recordó que hasta ahora los implicados en la tramitación judicial han negado haber aceptado regalos del promotor investigado, pero no que "hayan abierto las puertas del Ayuntamiento a Ortiz". Y abogó por que la comisión del Estatuto del Diputado de las Cortes vaya más allá de su cometido habitual y "abra un debate sobre la ética y la honestidad" de los parlamentarios.

Mollà pidió a la Generalitat que rechace el PGOU de Alicante y lo devuelva. "Está sucio desde la primera página a la última", dijo la diputada.

Por su parte, Esquerra Unida (EUPV) registró ayer un escrito en la sede de la Consejería de Urbanismo de Alicante para solicitar la suspensión cautelar de la tramitación del PGOU mientras se prolongue el procedimiento judicial en marcha. El concejal electo de EUPV Miguel Ángel Pavón argumentó que el contenido del sumario "deslegitima por completo el proceso de elaboración y aprobación provisional del PGOU".

El PSPV también criticó el supuesto trato de favor de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al constructor Ortiz. Elena Martín, cabeza de la oposición en el Ayuntamiento, pidió a Castedo "que no recoja su acta, que dé explicaciones inmediatas y asuma su responsabilidad por haber mentido descaradamente". Todo ello tras lanzarle la acusación de "haber puesto los intereses de los alicantinos y alicantinas en el comedor de un yate [de Enrique Ortiz]".

"Lo habitual"

Mientras toda la oposición salió en tromba a acusar a la regidora alicantina, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, se defendió de las informaciones que lo sitúan en la órbita del empresario investigado, al que supuestamente habría favorecido. Flores calificó de "habitual" el hecho de adelantar a los contratistas el resultado de los concursos antes de hacerse públicos y dijo que no tiene nada que ocultar.

Para sostener su argumento también esgrimió que parte del trabajo que desarrolla es "hablar todos los días, si es posible, con los empresarios de obra pública y con los alcaldes, y atender sus peticiones y ser lo más amable posible con ellos".

www.elpais.es 08.06.11

LAS SOSPECHAS EN TORNO A LA ALCALDESA DE ALICANTE CRECEN: RECIBIÓ UN MINI DEL PROMOTOR AL QUE HABRÍA BENEFICIADO

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a quien el presuntos cabecilla de la 'trama Brugal', Enrique Ortiz, llamaba ‘la nena’, fue presumiblemente la dirigente del PP valenciano que más se benefició de los regalos del empresario y dueño del Hércules CF. La grabación de una conversación entre este y su mujer revelan que la primera edil llegó a recibir un coche Mini Cooper en contraprestación por adjudicaciones que le beneficiaron.

¿Regalos a cambio de contratos? El 'modus operandi' de Enrique Ortiz, guarda grandes similitudes con el de los capos de la 'Gürtel'

Según las últimas revelaciones de este caso, de las que se ha hecho eco ELPLURAL.COM, el modus operandi guarda un parecido más que razonable al del caso Gürtel, en el que, según se desprende del sumario, los capos de la trama agasajaron a altos cargos del PP con el fin de conseguir contratos públicos millonarios.

El Mini Cooper azul

La investigación de la Policía revela que en el verano de 2009, un año después de que Sonia Castedo llegara a la Alcaldía de Alicante, Enrique Ortiz le regaló un Mini Cooper de color azul que este tenía en propiedad y que la alcaldesa cedió a su niñera.

Los contratos que favorecieron al empresario

Ortiz habría regalado el coche en medio de las negociaciones del proyecto del primer Ikea de la Comunidad Valenciana sobre suelo del empresario y de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le benefició, según el sumario de Brugal, citado por el diario El Mundo.

El coche, propiedad de Ortiz

Los investigadores comprobaron que el coche Mini Cooper aparece en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico a nombre de la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, pero que estaría en posesión de Julia Castelló, la niñera de la alcaldesa de Alicante y persona de su máxima confianza.

Prendas de lujo, vieja en yate y vacaciones pagadas

No fue el único regalo que Ortiz hizo a la alcaldesa. La investigación recoge una larga lista que incluye múltiples prendas de lujo, el viaje en el yate del constructor a Ibiza o las vacaciones de Navidad en Andorra junto a su familia.

La conversación entre Ortiz y su mujer

La conversación mantenida entre Ortiz y su mujer, Maleles, el 15 de agosto de 2009, grabada por la Policía como parte de la investigación, no deja lugar a dudas sobre el regalo del coche:

Ortiz, a su mujer: “Le voy a regalar a Sonia el Mini”
Maleles: “¿Se lo vas a regalar a Sonia?”
Ortiz: “Sí”
Maleles: “Hostia, qué regalo”

El empresario entonces le explica que la alcaldesa quiere cederlo a su niñera porque “le está muy agradecida” por sus servicios y la “quiere mucho”, pues está “le está criando a su hija”.

Castedo recogió personalmente el Mini

Un día después, mientras Ortiz se encontraba en Ibiza de vacaciones junto al exalcalde popular Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y su marido recogen personalmente el Mini.

 www.elplural.com 08.06.11

"FLORES NOS APOYA A MUERTE, ME HA DADO EL TRAMO GRANDE DEL TRANVÍA"

Las grabaciones policiales destapan la connivencia con el político

Las grabaciones del caso Brugal han destapado las cordiales relaciones entre el promotor Enrique Ortiz, imputado en ese sumario, y el consejero de Infraestructuras, Mario Flores. El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales asegura que el consejero y su familia recibieron regalos del promotor. Este extremo fue rechazado ayer en Alicante por Mario Flores.

El 25 de julio de 2008, la policía grabó una conversación de Ortiz con un amigo del consejero en la que prácticamente solo habla el constructor: "Oye, y tu amigo Mario se porta de puta madre (...). Es un tío legal que se lo está currando. Lo está haciendo para nosotros, te lo digo de verdad, nos está apoyando a muerte (...). Me ha dado los mantenimientos de las carreteras (...) que entrar ahí es supercomplicado. Y me ha dado una zona acojonante. Me ha dado el tramo más grande de tranvía, el túnel. Me ha dado, nada más entrar, la carretera de acceso allí en Valencia. Pero no comentes nada porque encima la gente piensa que no me puede ver. No sé por qué. Pero la gente cree que me llevo mal con él". El promotor todavía añade: "Pero de puta madre, de puta madre, porque en Valencia dicen, no, no, es que Mario a Ortiz no lo puede ver, ¿sabes? Y yo digo, pues mejor así".

Diez días antes, el consejero había llamado a Ortiz mientras cenaba con otro empresario alicantino. Según los investigadores, "Mario le comunica que Enrique ha sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. Enrique le dice que el lunes está en Alicante y quedan para verse. Mario le pide discreción con la noticia". Pero dos minutos después, Ortiz llama a un empleado suyo para decirle: "Me acaba de llamar Mario en este momento, nos acaban de adjudicar el mantenimiento de carreteras".

Ayer, Mario Flores exhibió en Alicante la fotocopia del recibo de una empresa de mensajería con fecha 19 de enero que, según afirmó, justificaría la devolución -25 días después de haberla recibido en su domicilio- de la dádiva que le envió Ortiz. El acuse de recibo no llevaba cuño alguno ni la justificación de que se tratara de un reloj.

El consejero se mostró "sorprendido e indignado" porque "igual que la policía tiene una conversación, tendrá la otra en la que [Ortiz] me llama certificando que le he devuelto el reloj. En ningún momento le digo que me vaya a quedar el reloj y no entiendo cómo se puede interpretar por parte de la policía que yo he podido quedármelo".

También quiso dejar claro que siempre ha tenido "un especial celo" en rechazar regalos de este tipo y que actuó "correctamente".

Pero al día siguiente de haberle comunicado a Ortiz la adjudicación, se interceptó esta conversación con el empresario del Grupo Subús Antonio Arias.

Antonio Arias: Anda, vaya adjudicación que te hicieron ayer extraoficialmente.

Ortiz: ¡Qué maricón! ¿Qué estabas con él anoche?

A. A.: Sí.

O.: Me dijo que estaba en Madrid y dije, con algún amigo común está.

A. A.: Sí, bueno, oye, fenomenal.

O.: Sí, la verdad es que se está portando el tío de puta madre. Me tiene encantado.

Mario Flores es uno de los políticos a los que la investigación del caso atribuye la recepción de regalos del promotor en la Navidad de 2008. En su caso, fueron dos, un reloj y otro indeterminado del que el consejero le preguntó su utilidad. Según cita textualmente el informe policial, Flores habló con Ortiz el 25 de diciembre para decirle que "el reloj lo ha mirado, disfrutado, pero que este tipo de cosas las devuelve. Ortiz le dice que el regalo viene de quien viene y que no lo puede comparar a él con un contratista (...). El conseller también hace mención que su esposa Beatriz ha llamado a la mujer de Ortiz para agradecerle el detalle del bolso, el cual es precioso. Recordar que en primera instancia el bolso [de la marca Purificación García] iba a ser entregado a la secretaria del conseller, pero que por error lo entregó en el domicilio de Mario Flores y se produjo el equívoco. Finalmente, el conseller acepta el regalo", aunque ya le había dicho que le parecía "una barbaridad"

Previamente, Ortiz había comentado con Flores que el reloj no era ostentoso, para intentar convencerlo de que se lo quedara, añadiendo que no llegaba a un valor de 2.000 euros porque le habían hecho un descuento del 40%.

En la relación de regalos y dádivas enviados por Ortiz a finales de 2008 también aparece la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, que habría recibido un bolso de Purificación García. La regidora también lo negó ayer "tajantemente", escudándose en que el promotor "no ha realizado ninguna obra en la ciudad, ni la plaza de toros, ni el centro comercial".

Sin embargo, la policía registró una conversación entre ambos el 13 de junio de 2008 en la que la alcaldesa pone a disposición de Ortiz información relevante poco antes de un pleno.

Celia Lledó: Te llamaba por el otro tema, por el del centro comercial, porque hoy llevamos a pleno extraordinario el convenio que hicimos con General de Galerías.

Ortiz: Sí.

C. Ll.: Hoy es el pleno a la una. Te llamo porque tengo una duda. En la moción aprobando definitivamente el convenio tenemos que como es con General de Galerías, tenemos que poner que está sujeto a que ellos obtengan la cesión del título de agente urbanizador, entonces damos un plazo para que se lleve a escritura pública, y yo he dado hasta el 19 de junio, que fue el que hablamos cuando estuvimos aquí. Pero el 19 de junio a General de Galerías le viene mal porque pensaba que era el 30 de junio con vosotros. ¿Tú de eso sabes algo?

O.: Yo de eso no sé nada. ¿Qué problema tienen, pagar?

C. Ll.: Imagino que sí. Ya me están diciendo que les dé hasta el 30.

O.: (...) No me fío de decirte nada sin hablar antes con ellos (...).

O.: Por qué no haces que llamen a José María Fuerte para que le involucren, porque está un poquito celoso porque se enteró que estuve por allí, está celoso.

C. Ll.: No me digas.

O.: No pasa nada, pero hablas y le dices que lo que diga él.

C. Ll.: Ok.

O.: Oye, de lo otro, te digo. El parking fui a verlo y ahí no sale un parking.

C. Ll.: Sí.

O.: Mandé a mi gente y no hay demanda. Solo se llenaría el día de los toros. Está muy afuera, pero se puede hacer el estudio de la obra o ver el parking en otro sitio.

C. Ll.: Vale.

O.: ¿Cuándo vais a sacar eso a concurso?

C. Ll.: Vamos a tardar por lo menos un mes.

O.: Cuando sea, me llamas.

Esta no es la única conversación grabada entre ambos. En otra anterior, la alcaldesa de Villena puso en conocimiento de Ortiz el concurso para las obras de remodelación de la plaza de toros de la ciudad, al que finalmente no concurrió.

Tras negar que recibiera regalos de Ortiz, Lledó acusó a los cuerpos de seguridad del Estado de "grabar y vigilar a cargos del PP a ver si les encontraban algo". Y de que "no lo hacían, por supuesto, por capricho personal, sino obedeciendo órdenes concretas".

www.elpais.es 07.06.11

ORTIZ: "DE PARTE DE SONIA, DARLE UN TRABAJO EN LAS OBRAS DE ZAPATERO"

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, hizo valer en reiteradas ocasiones su relación con el empresario Enrique Ortiz, según consta el sumario el caso Brugal, de cara a pedir trabajo para conocidos o amigos. En una conversación grabada por la policía el 26 de noviembre de 2008, la edil Sonia Alegría llamó de parte de la alcaldesa a Ortiz para "buscarle a una chica y a un chico una ocupación". El empresario habla con el encargado de Inusa, al que le da instrucciones para colocar a dos personas "de parte de la alcaldesa". Primero hablan de que al sobrino de Antonio Solana, otro promotor, "ni tocármelo", dice Ortiz. Al final le recuerda que "hay dos personas que la alcaldesa quiere colocar que son del partido". La policía no acaba de confirmar la identidad de los agraciados.

El marido de la alcaldesa, Arturo Soto, llama en marzo de 2009 al empresario para proponer el ascenso de una de sus trabajadoras, Julia Castelló. Acto seguido Ortiz llama al encargado de la limpieza en el campus para exigir que la trabajadora "si tiene algo de capacidad, ascenderla a encargada o lo que sea", pero el encargado recuerda las dificultades para ascender "a dedo" en la Universidad. Al final la recomendada acabó como personal de confianza de la alcaldesa. El empresario recibe la llamada de otra concejal, María Otilia García Pertusa, para pedirle "un favor" y renovarle el contrato a una empleada. Ortiz pide a la edil que hable con su hijo, empleado de confianza del empresario investigado, para "que lo solucione". El tema se soluciona y la edil envía un mensaje de móvil a Ortiz "Gracias de parte de Sonia, por el tema de la chica de limpieza. Oti".

La propia alcaldesa envía un mensaje a Ortiz (02.04.2009) "Necesito trabajo temporal de seis meses en Inusa para un chico. ¿Es posible?", y el empresario le contesta "OK", y le pide que envíe el teléfono y nombre del interesado. Ortiz habla con uno de sus encargados, al que le da todos los datos del interesado y le dice: "Le preguntas qué sabe hacer, y qué no sabe hacer, y le das un contrato de seis meses en Inusa, llámale ahora, que está con la alcaldesa", dice el empresario. La policía deduce que las peticiones de Castedo al empresario "se cumplen de manera inmediata". Castedo tiene la intención de colocar a dos auxiliares de enfermería en un hospital. El empresario admite tener cierta influencia en Torrevieja y Elche, alegando ser socio del primero y constructor del segundo, aunque no esté acabada la obra.

El 3 de julio de 2009 la alcaldesa vuelve a solicitar trabajo para una amiga como controladora en una obra adjudicada dentro del Plan E. Ortiz habla con su encargado "de parte de Sonia, para darle trabajo en las obras de Zapatero". Castedo envía en septiembre de 2009 un mensaje de texto al empresario: "Hola bocazas. Necesito saber si sería posible poner a una chica de auxiliar en algún hospital". Ortiz le llama enseguida y explica: "El único sitio donde puedo mandarla es al hospital de Torrevieja". Por último, la alcaldesa, supuestamente, también se interesa por el despido de otra trabajadora de Ortiz a quien exige que le renueven el contrato y la hagan fija.

www.elpais.es 07.06.11

23 REUNIONES, 51 LLAMADAS Y UN SOLO PLAN GENERAL

El juez pide los datos fiscales y tributarios de 29 firmas o personas

Investiga el patrimonio de Castedo, su marido y su hermano

La policía y el fiscal del caso Brugal mantienen que los dos mandatarios del Ayuntamiento de Alicante, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, redactaron el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en función del interés particular del promotor Enrique Ortiz. La investigación justifica esta afirmación en un dato: en la recta final de la elaboración del documento (entre marzo de 2008 y enero de 2010) la policía constata hasta 23 reuniones y 51 llamadas telefónicas en las que el objeto de la conversación era el nuevo planeamiento. Y en especial las actuaciones urbanísticas que más preocupan al promotor, a saber, la recalificación del campo del Rico Pérez, propiedad de una firma del empresario, y las nuevas zonas protegidas de la ciudad para acaparar suelo y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a áreas urbanizables de la ciudad. El informe policial cifra en unos 120 millones de euros el pelotazo de Ortiz con las permutas de suelo protegido por urbanizable.

Según el informe, de la Brigada Blanqueo de Dinero de la Comisaría de Alicante, la mayoría de los encuentros se celebraron en restaurantes y otros en sus respectivos domicilios particulares. En esas reuniones, siempre según la policía, tanto Castedo como Alperi proporcionaban al promotor información, a veces hasta planos, de los proyectos que le afectaban.

La regidora Castedo ha admitido reuniones con Ortiz, "aunque siempre en presencia de técnicos municipales", puntualiza. Y, además, niega que facilitara al promotor información privilegiada.

Por otro lado, el juez que dirige la investigación de esta pieza del caso Brugal, Manrique Tejada, titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, ha autorizado a la policía a que investigue en Hacienda el posible incremento patrimonial de un total de 29 empresas o personas sobre las que recaen sospechas, aunque con diferente grado de implicación en la causa. La lista de los particulares investigados la encabezan la alcaldesa, Sonia Castedo; su marido, Arturo Soto, y su hermano, el abogado José Luis Castedo; el exregidor Luis Díaz Alperi y su hijo, Otto Díaz, además del promotor Enrique Ortiz y su esposa

En el mandamiento judicial que expidió el magistrado a la policía para que recabara la información necesaria, destaca la finalidad del de la alcaldesa, que es "realizar un estudio patrimonial completo de su unidad familiar para comprobar si sus gastos son asumibles con los ingresos declarados tanto en la AEAT (Agencia Tributaria) como los que reflejen sus cuentas bancarias, y poder destacar la recepción de posibles contraprestaciones por parte del señor Ortiz". La petición de datos incluye sus seis cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones o participaciones, fondos de inversión, existencia y contenido de cajas de seguridad u otros activos, "aunque en la actualidad se encuentren cancelados". La petición se extiende desde el 1 de enero de 2007 hasta el 1 de septiembre de 2010.

Y esta ha sido la primera información que ha recibido el juzgado. Según la documentación que obra en el sumario, entre septiembre de 2009 y abril de 2010, Castedo y su marido abonaron seis cheques o pagarés por un importe conjunto de casi 45.000 euros. El juez ha cursado ya otro mandamiento para conocer su destino.

El instructor también quiere llegar a saber si Ortiz le regaló finalmente a Castedo un coche, de la marca Mini, a través de una tercera persona del entorno de la alcaldesa, que recibió oficialmente el vehículo. Por eso, también ha pedido información de las cuentas bancarias de la mujer que tiene el coche a su nombre y de su marido desde el 1 de enero de 2009.

De Manuela Carratalá, la mujer de Ortiz, también solicita toda la información de tres cuentas bancarias sobre transferencia y traspasos de dinero, "con identificación del origen y destino de las mismas, así como la información sobre cuentas en moneda extranjera o movimientos de capital con procedencia o destino a terceros países, incluso en los supuestos en que las cuentas sean puente entre otras entidades", lo que puede interpretarse como un seguimiento de posibles depósitos en el extranjero de la familia Ortiz.

Entre las empresas investigadas destacan dos del sector aeronáutico, de las que el juez también quiere conocer los datos fiscales y tributarios. Se trata de Best Fly, SL, y Executive Airlines, SL, que "pudieran estar relacionadas con presuntos pagos irregulares llevados a cabo por Enrique Ortiz a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante por su colaboración en la obtención de información relativa al Plan General de Ordenación Urbana".

Los mandamientos judiciales se han extendido al Hércules para saber quién contrató palcos en el Rico Pérez y si la cantidad fue abonada, al objeto de saber si el exalcalde, Luis Díaz Alperi, pagó el que disfrutaba.

El juez solicita información de una agencia de viajes o la titularidad y cuentas bancarias de los hijos de Luis Díaz Alperi.

www.elpais.es 07.06.11

LA ALCALDESA DE ALICANTE AFIRMA QUE TIENE MIEDO DE RUBALCABA

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se quejó ayer de "vivir en un Estado policial", a raíz de las conversaciones telefónicas incluidas en el sumario del caso Brugal. "No tengo ningún miedo y sé incluso que me pueden imputar por decir eso, porque te imputan por todo", dijo la regidora, quien aseguró tener "miedo" de que el cabeza de lista del PSOE sea "un personaje siniestro", en referencia al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Castedo reveló "presiones" para que algunas partes del sumario salieran antes de las elecciones. La regidora detecta un "movimiento mediático" para que se influyera en el resultado electoral, "pero no lo consiguieron y lo intentan ahora".

El sumario desvela que la alcaldesa hizo valer su relación y amistad con el empresario Enrique Ortiz para pedir trabajo para amigos y conocidos. En una de estas conversaciones, el empresario habla con uno de sus encargados y le exige: "De parte de Sonia, darle trabajo en las obras de Zapatero", en referencia a uno de los proyectos del Plan E. Pero también medió para colocar a unas enfermeras o a "gente del partido" en alguna de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las adjudicaciones públicas en Alicante.

Esquerra Unida anunció que pedirá la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre el caso Brugal. El concejal electo Miguel Ángel Pavón afirmó que tanto Castedo como el exalcalde Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" de Ortiz "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y recibieron "dádivas" o "pagos".

www.elpais.es 07.06.11

RUBALCABA RESPONDE: “LA ALCALDESA DEBE EXPLICAR SUS CHANCHULLOS ANTE LOS JUECES”

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha respondido a la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, que "no tiene un problema" con él, sino con la Justicia y la Policía, a los que tendrá que explicar "los chanchullos que tiene o que parece que tiene".

"No tiene un problema conmigo, lo tiene con la Policía"

El vicepresidente respondía así, tras visitar la sede de la Comisaría General de Policía Científica, a las acusaciones de Sonia Castedo, una de las personas investigadas en el caso Brugal y en cuyo sumario se recogen conversaciones telefónicas intervenidas. La alcaldesa de Alicante afirmó este lunes que “vivimos en un Estado policial” y calificó de “personaje siniestro” al también ministro del Interior.

El problema lo tiene con los jueces y la Policía

“La alcaldesa de Alicante ha dicho una serie de disparates. No tiene un problema con el ministro del Interior, tiene un problema con la Policía y con los jueces y es ante los jueces ante quien debe explicar los chanchullos que tiene o que parece que tiene, si es que puede hacerlo”, ha destacado.

La estrecha relación con Enrique Ortiz

Según el contenido del sumario, cuyo secreto ha sido levantado el viernes pasado, la Fiscalía Anticorrupción considera que Castedo y el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron “a la medida” del constructor Enrique Ortiz “aspectos relevantes” de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad y, además, recibieron presuntamente “dádivas” o “pagos”.

www.elplural.com 07.06.11

El sumario señala como 'clave' de la investigación el bufete del hermano de Sonia Castedo

El sumario del caso Brugal, en lo referido al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, refleja que un despacho de abogados, en el que figura el hermano de la alcaldesa, es de "importancia capital" en la investigación y señala que existe una relación entre el bufete y el exalcalde Luis Díaz Alperi.

En el marco de las presuntas irregularidades producidas durante la redacción del PGOU de la capital alicantina, según indica de forma textual el sumario, en éste se hace mención de "manera pormenorizada" del despacho "Salvetti Abogados y Consultores".

Este bufete es, en opinión de los investigadores, "de importancia capital" para la investigación en cuanto que es "comandado por dos personas muy influyentes" en la redacción del PGOU, en referencia a los letrados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

"Influencia -señala el sumario- que en el caso de José Luis Castedo nace de su hermana" y alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, "y también de su conocimiento sobre Urbanismo, puesto a disposición de los intereses de Enrique Ortiz", empresario alicantino investigado por las citadas irregularidades e imputado en otra de las piezas del caso Brugal.

La influencia de su socio y máximo responsable del despacho -Javier Gutiérrez- en la redacción del PGOU "nace de su participación en la misma como colaborador externo", añade el sumario, en el que se señala que "la razón" por la que se menciona a este despacho es "por la relación del mismo con la figura de Luis Díaz Alperi", exalcalde de la ciudad.

"Una relación laboral que como mínimo se caracterizaría por ser de trabajo por cuenta ajena y que como máximo, a falta de precisarlo, podría llegar a ser de asociación con los dos personas anteriormente" citadas, según indica el sumario.

'Yo quiero que tú ganes más'

La "verosimilitud de dicha relación se sustenta, según el sumario, por conversaciones telefónicas intervenidas y por una reunión de Díaz Alperi en el despacho de los dos letrados.

En cuanto al modo de pago que supuestamente cobraría el bufete, el sumario recoge una conversación en la que el propio Javier Gutiérrez le comenta a Ortiz que ha hablado con una tercera persona y a ésta le ha dicho: "Enrique me ha prometido, que me da por la gestión un porcentaje y un fijo en todo. Y ha dicho -la tercera persona-, si Enrique lo ha dicho vale".

En otra de las conversaciones, Gutiérrez le dice a Ortiz: "Yo quiero que tu ganes más. Yo con cada 10 que ganas tú, me conformo con 0,50, Enrique".

La Policía Judicial registró el pasado mes de abril este bufete, de cuyo interior se llevaron "diversas cajas con documentación y soportes informáticos", si bien ninguno de los dos letrados fue detenido ni interrogado.

La Fiscalía Anticorrupción afirma que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad.

Asimismo, el fiscal ve un supuesto delito de asesoramiento ilegal, información privilegiada y tráfico de influencias en el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, por participar en el favorecimiento de Ortiz, y también en dos abogados citados por ser intermediarios a través de su bufete.

www.efe.es 07.06.11

ORTIZ SABÍA QUE DÍAZ ALPERI IBA A DIMITIR 20 DÍAS ANTES DE HACERLO PÚBLICO

Ricardo Costa al empresario alicantino: "Ya has colocado a tu pupila de alcaldesa"

El empresario Enrique Ortiz tenía conocimiento de que Luis Díaz Alperi iba a dimitir como alcalde e iba a dejar a la entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, como su sucesora, más de 20 días antes de que finalmente ocurriera la dimisión, según consta en una de las conversaciones interceptadas en la investigación del caso Brugal.
Ortiz mantuvo el 21 de agosto de 2008 una conversación con Castedo, a quien se dirige como "alcaldesa", pocos días antes de viajar a Ibiza.

Ortiz le traslada a Castedo que Díaz Alperi le ha comentado que quiere "hacerlo ya ya" y que ha "hablado con Paco Camps" para decírselo. La ahora alcaldesa dice que está al tanto y que "claro que lo quiere hacer ya pero ya es dentro de unos meses".
Castedo le dice a Ortiz que tiene "el estómago encogido" por su designación como alcaldesa y se alegra de la posibilidad de que Díaz Alperi se quede "en el puerto". "A mí me vendría de puta madre, yo lo que quiero es que esté a mi lado", dice la alcaldesa, que añade que "mientras esté él" estará "tranquila".

La ahora alcaldesa dice que "no le importa" que "los palos" vayan directamente a ella. "A mí lo que me interesa es tenerlo a él ahí" porque, según dice, "él es hábil y sabe cómo lo tiene que hacer y yo ejecuto, entiendes", tal y como han "hecho hasta ahora".

La información que sobre este extremo recibe Ortiz vuelve a ponerse de manifiesto el mismo día de la dimisión, el 11 de septiembre de 2008, pocos minutos antes de que se ofreciera la rueda de prensa en la que se anunció su decisión.

Díaz Alperi llamó a Ortiz y le dijo que dentro de "un cuarto de hora doy una rueda de prensa" para dimitir porque "ya está bien". "He estado toda la mañana con Camps y estamos de acuerdo, está aquí conmigo y Ripoll y Sonia, se queda Sonia, claro", le dice el exalcalde a Ortiz, porque "evidentemente si no se queda Sonia yo no me voy".

En el informe policial también constan dos llamadas relevantes para los investigadores, una el mismo día de la dimisión, entre Ortiz y Vicente Llácer, en la que el primero informa al segundo de la dimisión de Díaz Alperi. "Bueno, dentro de un cuarto de hora dimite el alcalde de Alicante y se queda Sonia de alcaldesa", dice Ortiz. A esto le responde Llácer: "bueno, ahí tienes tus buenas acciones, eso lo habrás arreglado tú, además". Ortiz responde: "es amiga, es amiga".

La segunda llamada destacada por las investigadores es la que mantiene con Ricardo Costa al día siguiente de la dimisión. El entonces secretario general del PPCV le dice a Ortiz: "ya has colocado a tu pupila de alcaldesa".

El trozo del PGOU que faltaba

Además, las intervenciones telefónicas de la Policía han permitido determinar cuáles eran los documentos del planeamiento urbanístico de Alicante de los que disponía el empresario. El sumario apunta a que el promotor tenía un plano con los principales núcleos urbanos de Alicante, meses antes de que este documento se hiciera público. La Policía sostiene que el plano pudo haberle sido entregado por el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

Una de las conversaciones entre Ortiz y uno de sus empleados, Javier Llorens, es reveladora. El promotor le da instrucciones para que consulte en el plano la situación de parcelas que tienen en el término municipal. "A ver, del Plan General hay un trozo, el más importante ¿vale? pero falta un trozo que el tema de Aguamarga, de...", dice Llorens, a lo que Ortiz le contesta "me lo darán, me lo darán, ya te lo daré eso".

www.levante-emv.com 07.06.11

CASTEDO EXPLOTA POR BRUGAL: ´VIVIMOS EN UN ESTADO POLICIAL´

 

La alcaldesa de Alicante tilda a Rubalcaba de "personaje siniestro" y afirma que la pueden imputar por sus palabras porque "en este momento te imputan por todo"

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), una de las personas investigadas en el caso Brugal y en cuyo sumario se recogen conversaciones telefónicas intervenidas, ha dicho hoy que "vivimos en un Estado policial" y ha tildado de "personaje siniestro" al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"No tengo ningún miedo y sé que, a lo mejor, me pueden imputar incluso por decir esto, pues en este momento te imputan por todo", ha criticado Castedo.

La regidora alicantina ha realizado estas declaraciones al ser preguntada por las noticias aparecidas en los medios de comunicación tras el levantamiento del secreto del sumario del caso Brugal, en lo referido a presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Según el contenido del sumario, a cuyos miles de folios ha tenido acceso EFE, la Fiscalía Anticorrupción considera que Castedo y el exalcalde Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" del constructor Enrique Ortiz "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y, además, que recibieron "dádivas" o "pagos".

Tras asistir al acto de recepción de un crucero turístico en el puerto de la ciudad, Castedo ha indicado que, "posiblemente", tendrá que defenderse "de delitos que no se han cometido" y ha considerado que las informaciones periodísticas relacionadas con el sumario responde al "morbo, porque al final es de lo que se trata".

En los miles de folios que constituyen el citado sumario figuran conversaciones telefónicas intervenidas, seguimientos policiales y toma de fotografías.

"Me da miedo, miedo me da, que el cabeza de lista a nivel nacional del Partido Socialista sea Rubalcaba. Creo que es un personaje absolutamente siniestro y lo digo como lo pienso", ha agregado la alcaldesa.

En este contexto ha indicado que Rubalcaba "es de lo peor que puede tener este país porque, además, durante el tiempo que él ha estado y está ha sido, creo, la crónica más negra, desde el punto de vista político, que ha tenido que sufrir este país".

Según ha dicho, "hubo presiones" para que algunas partes del sumario "salieran antes" de la última campaña electoral "y lo digo porque creo que es importante saber cómo se está moviendo todo".

A su juicio, los datos recogidos en el sumario, a través del "movimiento mediático, podrían haber influido de manera importante, por ejemplo, en lo que es el resultado de las elecciones, pero no lo consiguieron".

"Pero lo han hecho ahora y me alegro de que no lo consiguieran porque me habría parecido muy injusto que por lo intereses de algunos las repercusiones las tuvieran que sufrir otros", ha remarcado.

Tras afirmar que "el tiempo dejará a cada uno donde lo tiene que dejar", Castedo ha reiterado que no tiene "absolutamente nada que esconder" y que no le preocupa nada "estar leyendo" lo que aparece en prensa. "Sé perfectamente lo que he hecho y lo que no he hecho", ha enfatizado.

Asimismo, ha asegurado desconocer si la investigación ya ha concluido y el porqué de las interpretaciones y supuestos que en el sumario se recogen y que, según ha dicho, dan a entender supuesta información privilegiada dirigida a la consecución "de unos objetivos concretos, que son beneficios dentro del PGOU".

Sin embargo, Castedo ha recalcado que estos últimos no existen y que "cualquiera" puede comprobarlo accediendo a través de internet al documento del PGOU.

"Si no hay beneficios en el PGOU, ¿todo lo demás qué significa?", se ha preguntado la alcaldesa en alusión, según ha dicho, a un posible tráfico de influencias, información privilegiada y regalos.

"A lo mejor los regalos no tienen nada que ver con el Plan General", ha planteado la regidora, quien ha mostrado su interés por conocer el contenido de nuevos informes que en el plazo de 20 días deberán emitir los investigadores.

"Jugaré las cartas que tengo que jugar en el momento que me toque jugar", ha aseverado.

www.levante-emv.com 06.06.11

ALPERI LE PIDIÓ A ORTIZ QUE LE PRESTARA A SU CHÓFER PARA TRASLADARSE A LES CORTS DOS VECES POR SEMANA

El exalcalde le pidió el favor al empresario porque quería ahorrarse las incómodas búsquedas de aparcamiento en Valencia

La investigacion policial sobre presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) vincula las conversaciones entre el exalcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi, y el constructor Enrique Ortiz en el marco de una relación «estrecha» y de «colaboración» mutua. Así, uno de los pinchazos telefónicos revela una comunicación que la propia policía tilda de «esclarecedora» para conocer «hasta qué punto Alperi y Ortiz tienen una relación estrecha». La citada conversación fue interceptada el día 28 de octubre de 2008. En ella, Alperi le pide a Ortiz que le deje su chófer para desplazarse a Les Corts de Valencia dos veces por semana.

El exalcalde justifica su petición en la incomodidad que le supone tener que aparcar en la ciudad del Turia para ir a sus sesiones como diputado autonómico.
La conversación fue grabada a finales de octubre, un mes y medio después del pleno que formalizó a Sonia Castedo como alcaldesa de la ciudad. El exregidor, que acostumbraba a llevar chófer y desplazarse en coche oficial, ve interesante en octubre, cuando se reactiva el periodo de sesiones de Les Corts, solicitar la colaboración de Ortiz para ver si puede prestarle a su chófer para ir a Valencia a las Cortes Valencianas.

www.levante-emv.com 06.06.11

ORTIZ INTENTÓ EN BENIDORM OBTENER EDIFICABILIDAD RECALIFICANDO SUELO

Quería incluir El Moralet en el nuevo Plan General como parque natural

Benidorm es, tras Alicante, la ciudad donde Enrique Ortiz atesora más suelo e intereses. Desde el plan parcial Armanello, de 531.000 metros y 3.741 viviendas en torres de hasta 29 alturas, hasta la concesión de la estación de autobuses de la ciudad, pasando por las parcelas que le compró a Terra Mítica para construir apartamentos turísticos de lujo.

El promotor del 'caso Brugal' se fijó en Benidorm, después de Alicante

Pero también tiene junto con otro promotor alicantino, Antonio Solana, 540.000 metros de suelo no urbanizable de especial protección en la partida conocida como El Moralet. En 2006 intentaron, con la colaboración municipal, que el Consell aprobara un concierto previo para construir 2.000 viviendas, 700 de ellas protegidas, pero dos años después el proyecto fue desestimado por la comisión territorial de Urbanismo de Alicante, que exigió tramitarlo a través de la revisión del Plan General, vigente desde 1990.

Y según desvelan las conversaciones interceptadas por la policía en la investigación del caso Brugal, a esa tarea se ufanó el promotor para ejecutar la misma operación que llevó a cabo en Alicante, por la que está imputado. Es decir, incluir su suelo en el nuevo plan general como parque natural para así poder transferir la edificabilidad a otro sector utilizando influencias políticas.

Queda claro cuando el 23 de enero de 2009 Ortiz recibe una llamada de Antonio Solana después de reunirse con el entonces alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP.

Solana: Entonces, ¿qué te ha dicho [Fenoll]? Na, no, te ha dado largas, ¿no?

Ortiz: No, que sí, que sí, que lo quieren sacar (...) y que invitan a alguien para que sea una cosa buena y que tal y que cual, lo que me ha dicho un nombre que yo no lo conozco.

S: Pues no lo sé.

O: A ver si Pepe [Requena, una empresario que hace de intermediario para Ortiz en Benidorm] le saca a quiénes van a invitar para la realización del plan.

S: Joder, ¿y no te lo ha podido decir?

O: No, si a mí me ha dicho, me ha dicho un nombre de un tío que yo no lo conozco de nada.

El 24 de marzo de 2009, Ortiz habla con un empleado suyo sobre los plazos de la revisión del PGOU de Benidorm.

Empleado: Tramitarlo y conseguir que el Ayuntamiento te diga que sí y que la conselleria te diga que sí en condiciones normales con mucha decisión política, en 12 meses lo tienes que tener resuelto.

Ortiz: Vale, vale.

E: Ya te digo, porque aquí lo que importa es tener huevos.

O: Ya, ya, esa decisión ya está tomada. ¿Sabes a quién se le ha encargado?

E: No.

O: Pues a los mejores. Se lo van a encargar a los mejores. Ya te contaré.

Fuentes del PP aseguraron ayer que el Ayuntamiento no tramitó la revisión del PGOU, pero que Ortiz encargó a una asesoría externa un borrador de revisión que presentó en el Consistorio.

www.elpais.es 06.06.11

EL PROMOTOR A CASTEDO: "TENGO QUE HABLAR CONTIGO PARA MARCARME LA ESTRATEGIA"

Las escuchas del caso Brugal han dejado al descubierto la familiaridad con la que se trataban el promotor Enrique Ortiz y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Ambos hablaban o se citaban con una periodicidad casi diaria. El 12 de mayo, el promotor intenta concertar una visita.

Enrique Ortiz: ¿Quieres que vaya a las... a qué hora llegas a tu despacho?

Sonia Castedo: No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate.

E. O: ¡Ah! Que lo que quieres es que no me vean allí.

S. C: No, no quiero que te vean allí, claro.

E. O: Pues nada, entonces si quieres nos vemos ahora. ¿Qué vas a hacer, dónde tienes a Turi?

S. C: Turi está en casa. Pero que da igual, que mañana nos podemos ver si quieres en cualquier otro lado, si prefieres mañana me da exactamente igual.

E. O.: Es que quiero verme contigo ya, porque tengo un montón, tengo que hablar contigo para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo.

En otra de las conversaciones, en este caso con un empresario alicantino, Ortiz deja clara el ansia con la que ha manejado sus negocios cuando es felicitado después de recibir una adjudicación.

Antonio Arias: Lo primero, enhorabuena, que la semana pasada me comentaron que te dieron una buena adjudicación.

Enrique Ortiz: Muchas gracias, muchas gracias.

A. A: El martes yo he estado en Valencia y me dijeron, acabo de hablar con este y en 35 millones de euros. No está mal, no.

E. O.: No está mal, no, no está mal, está bien.

A. A: Está bien, para que no te quejes tanto, coño.

E. O: No está mal, pero tengo que llorar más porque yo soy la polla insaciable.

A. A: Eso es, eso lo digo yo siempre. Enriquito es la polla insaciable.

Y se rieron de la broma.

www.elpais.es 06.06.11

RICARDO COSTA MEDIÓ PARA EL CONSTRUCTOR EN TORREVIEJA SALUD

El mismo Enrique Ortiz fijó el importe de los beneficios de la venta de su participación en Torrevieja Salud, la empresa que gestiona el hospital de esta localidad de La Vega Baja, que él mismo había construido y que está en funcionamiento desde noviembre de 2006.

"Al final son seis millones y medio, de los cuales yo le voy a tener que dar a este, Carlos Paz, un millón ochocientos mil euros", le dijo a un empleado suyo en otra de las conversaciones intervenidas por orden judicial. Y añadió que al final le quedarían cuatro millones más de lo que había puesto.

Pero Ortiz tuvo que resolver primero un litigio con Carlos Paz, otro de los pequeños accionistas de Torrevieja Salud, por un acuerdo privado entre ambos, para lo que buscó, y encontró, la mediación de Ricardo Costa y del consejero de Sanidad, Manuel Cervera.

El 27 de noviembre de 2008, Costa llamó a Ortiz para decirle que había estado hablando con el consejero y su problema con Paz se resolvería. El informe policial asegura que Costa dijo que la adjudicación del hospital fue un "apaño que se hizo porque el escenario en Torrevieja era muy complicado, viniendo el tema de Rambla [exconsejero de Sanidad]" y que "ahora la situación es mucho más favorable al haberse resuelto unos concursos, al parecer de resonancias, y que el tema se va a resolver".

En efecto, un par de meses antes, el Consell había adjudicado el nuevo concurso para la realización de las resonancias magnéticas de la sanidad pública valenciana por 497 millones de euros a una UTE participada por Carlos Paz, dueño de varias clínicas privadas, una de ellas en Benidorm.

Costa también pidió trabajo a Ortiz para un despacho de abogados que tiene con otro socio en Valencia. Para Alicante, estuvo buscando "una referencia donde no apareciera yo".

www.elpais.es 06.06.11

LA POLICÍA CONSIDERA QUE ORTIZ REALIZABA CONTRATOS FICTICIOS DE ALQUILER DE SU YATE A SEDESA

El sumario revela que Ortiz gestionó supuestamente parte del viaje de Castedo y Alperi a Oporto para negociar con Ikea

La Policía considera que el constructor, Enrique Ortiz, pudo realizar "presuntos contratos ficticios de alquiler" de su barco 'Elena' en los que utilizaba como arrendatarios a Sedesa --propiedad del empresario valenciano, Vicente Cotino, sobrino del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat, Juan Cotino-- así como a personas físicas de su entorno.

Tal y como recoge uno de los informes policiales que consta en el sumario de la pieza separada del caso Brugal, cuyo secreto ha sido levantado este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que Enrique Ortiz habría modificado la matrícula y el objeto-finalidad de su yate 'Elena' para realizar presuntos contratos ficticios de alquiler.

Así, en una conversación telefónica del 24 de julio de 2009, Ortiz le comunica a uno de sus trabajadores que el yate se le alquilará "a SEDESA" durante "estos 15 días", con la finalidad de que este empleado mande al capitán de la embarcación los datos de SEDESA.

El cinco de agosto de 2009 Ortiz llama a Vicente Cotino para pedirle el DNI de su mujer, y en esa conversación éste le pregunta a Ortiz, entre risas, "¿por donde estamos navegando?, si se puede saber", a lo que Ortiz le contesta que "estás en Ibiza". A continuación el empresario alicantino ofrece a Cotino una lancha durante unos días, a lo que éste contesta que está "en Coruña".

La policía hace constar en su informe que durante esa conversación Cotino pregunta a Ortiz con qué barco se ha trasladado a Ibiza, a lo que éste le contesta: "tu estás navegando con el Benetti, con el mío, conmigo" y Cotino responde: "Contigo, \u00A1ah!, estoy contigo", y después le pide que cuando pague algo por ahí, que "recoja las facturas" para que las archive", y se ríe.

ALQUILER A LOS RUSOS

Además, la policía considera en su informe que Enrique Ortiz alquiló el yate 'Elena', del 17 al 24 de julio, a unos individuos de nacionalidad rusa, a los que les cobró 108.000 euros de alquiler, 50.000 más 8.000 de IVA por un lado, y otros 50.000 sin IVA.

El encargado de recoger el pago sería el hermano de Ortiz, Virgilio Ortiz, quien le habría manifestado su temor de ir solo a cobrar, por lo que el empresario y constructor alicantino le ofrece que vaya con su chofer, a lo que Virgilio responde que "mejor, coño", puesto que "con lo que voy a recoger y todo el follón" no le gustaría "ir solo".

Así, el 17 de Julio de 2009 Virgilio Ortiz y el chofer del empresario se encuentran en el barco para cobrar por su alquiler, con "una máquina comprobar si los billetes son buenos", desde donde llaman a Ortiz para indicarle que los individuos "traen la mitad" del dinero, y que "la otra mitad se la dan al capitán".

A esto Ortiz responde que "El barco no sale si no recibe todo el dinero". Finalmente, de as conversaciones intervenidas, la policía infiere que Virgilio Ortiz recogió todo el dinero y se lo entregó a la mujer de Enrique Ortiz ese mismo día.

LOS INTERESES EN IKEA

El empresario alicantino Enrique Ortiz supuestamente gestionó parte del viaje a Oporto (Portugal) para que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde, Luis Díaz Alperi, pudieran volver en avión privado tras las negociaciones con los responsables de Ikea, de las cuales, según la investigación policial, el constructor estuvo plenamente informado, ya que ambos "defendieron los intereses de Ortiz" en la implantación de la multinacional en la ciudad.

Según consta en el sumario de la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, tanto en los informes policiales y en diligencias previas elevadas por el fiscal al juzgado instructor, Luis Díaz Alperi presuntamente se puso en contacto con Enrique Ortiz para informarle del viaje que iba a hacer con Sonia Castedo a Oporto para negociar con los representantes de Ikea en noviembre de 2008.

Además, el exalcalde presuntamente le pide a Ortiz que les gestione la vuelta desde Santiago de Compostela. Así, Díaz Alperi le comenta: "nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a Sonia Castedo y yo, nos vamos a ir a Oporto (...) para darles cumplida satisfacción a los de Ikea".

Ortiz le dice que es "bueno, que hay que ir, pero que hay que apretarles un poco", a lo que Díaz Alperi responde que con la información de la que dispone "ya sabremos lo que le tenemos que decir".

Así, añade que él y Castedo han "considerado que no es conveniente" que él asista, pero le pide "conseguir un avión para esto", en concreto para la vuelta desde Santiago de Compostela, ya que tras la reunión en Oporto ambos van a Galicia. Ortiz le pregunta si su "amigo común" no puede ofrecérselo y Díaz Alperi le dice que no porque "lo tiene en Zurich".

Por ello, Ortiz le pide concreción sobre el día y le asegura que hará "la gestión". En concreto, la gestión consiste en establecer comunicación con Vicente Cotino, a quien le pide que "reserve el avión para el día 2 de noviembre", a lo que el otro accede, ya que es "uno de los apoderados de la mercantil Asedes Capital SA, que tendría como objeto social", entre otros, del arrendamiento de "todo tipo de vehículos destinados al transporte", incluidas aeronaves. Según el informe, "queda de manifiesto que el señor Ortiz habría realizado las gestiones solicitadas por el señor Díaz Alperi".

Después, el informe policial indica que el exalcalde "da traslado al empresario investigado de lo acaecido en la primera reunión con los representantes de Ikea, manifestando que las personas con las que se ha reunido (...) les habrían mostrado las instalaciones que la multinacional tiene en la ciudad lusa".

"Esa misma noche, tal y como también confirma el señor Díaz Alperi, tenían prevista una cena con los representantes de Ikea, donde se trataría más a fondo los asuntos, y en la cual, tanto el exalcalde, como la alcaldesa de la ciudad, defendieron los intereses del señor Ortiz", se asegura en el informe policial.

Según añade, "el señor Díaz Alperi tranquiliza al señor Ortiz diciéndole que les ha trasladado a los de Ikea que no e están dispuestos a que les tomen el pelo, en clara referencia a las trabas que los representantes de la multinacional están poniendo para el cierre definitivo del acuerdo", que, según le informa, será en ese mismo mes de diciembre, según el "compromiso" de los representantes de Ikea con Castedo.

El informe policial indica que queda "una vez más de manifiesto que el señor Díaz Alperi, a pesar de haber abandonado la alcaldía de la ciudad seguiría teniendo gran peso en las decisiones y negociaciones llevadas a cabo por el consistorio alicantino, siendo, junto con la actual alcaldesa, el gran valedor de los intereses urbanísticos de Ortiz en la capital alicantina".

Esta conclusión de los investigadores se basa en unas palabras de Díaz Alperi a los representantes de Ikea: "yo quiero seguridad, lo que no va a meterse la alcaldesa es en una reforma urbanística muy importante, que al final siempre tiene follones y que además coincide en que además en estos momentos la alcaldesa es quien lleva Urbanismo para luego no hacer nada vosotros".

Posteriormente, Díaz Alperi vuelve a "aparecer la figura del exalcalde, ya que como refieren los contertulios próximamente obtendrá un cargo, presumiblemente político, desde donde podrá ejercer presión para que la tienda Ikea sea instalada en Alicante", ya que uno de los responsables de la multinacional le ha trasladado a Ortiz que la consellera, entonces de Industria, y ahora de Turismo, Belén Juste, está ejerciendo "presiones" para que se instalaran en Valencia.

Según el informe, "la consellera tendría en mente la instalación de una tienda en la Comunidad Valenciana y su ubicación sería Valencia", por lo que el señor Laval --representante de Ikea-- apostaba por "dejar pasar el tiempo, mientras la multinacional negocia con la Federación del Mueble para que se rebaje la presión política".

www.levante-emv.com 05.06.11

ENRIQUE ORTIZ: ´PREFIERO ESTAR EN CASA Y QUEDARME CON TODO´

El empresario alicantino Enrique Ortiz afirmó, en una de las conversaciones interceptadas del caso Brugal, que le había dicho al que fuera conseller de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, José Ramón García Antón, que prefería "quedarse en casa y quedarse con todo", respondiendo así a la recomendación del conseller de que hiciera negocios fuera de la Comunitat Valenciana porque "no le gustaba que tuviera tanto poder".
Según consta en uno de los informes policiales dentro del sumario de la pieza separada del caso Brugal Ortiz y García Antón mantuvieron diversas conversaciones relativas a cuestiones urbanísticas, especialmente sobre el Plan Rabassa y aunque el empresario intentó invitarlo de vacaciones en su barco, el conseller rehusó.

Así, el informe hace mención a una reunión que mantuvieron ambos en Valencia, concretamente 18 de noviembre de 2008, en un restaurante, que fue vigilada por los agentes investigadores. Tras el encuentro, Enrique Ortiz le comenta por teléfono a su empleado, Luis Perea, que el conseller "le ha trasladado su temor porque no le gusta que tenga tanto poder, que lo acapare todo".

En este sentido, el empresario alicantino comenta a Luis Perea que el conseller García Antón le ha aconsejado "también que debería salir, refiriéndose a hacer negocio fuera de la Comunitat Valenciana". Según el informe, "ante ello, el señor Ortiz, según sus propias palabras, le ha replicado al conseller que prefiere quedarse en casa y quedárselo todo".

"Debemos tenerlos contentos porque hay un huevo de intereses"

En una conversación grabada el 18 de diciembre de 2008, Ortiz le dice a su mujer, después de que ésta le reprochara que era excesivo hacer un regalo por Navidad a todas las ediles del PP de Alicante, que por "regalarles un detalle posteriormente las tiene a su disposición" y añade que "a los del Ayuntamiento de Alicante tenemos que tenerlos contentos porque hay un huevo de cosas y de intereses". Según el sumario, el modus compensatorio de Ortiz es heterogéneo, desde "favorecer pecuniariamente proyectos empresariales de familiares de los cargos políticos" y "la contratación de terceras personas" a la financiación de regalos a distintos cargos políticos y el diseño de vacaciones a medida. De esta forma, Ortiz crea, según se señala textualmente, "un vínculo más cercano que le permita conseguir sus objetivos futuros". Tras conocer los datos del sumario, las fuerzas políticas de la oposición en la ciudad de Alicante, como PSOE, Esquerra Unida y Compromís, han coincidido en criticar estos hechos y han tildado los mismos de "muestrario de especulación urbanística", "escándalo mayúsculo" y "presunta trama delictiva". La edil electa de Alicante y secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, instó a Castedo a no recoger su acta de concejal.

www.levante-emv.com 05.06.11

EL ESCÁNDALO DEJA A ALPERI SIN POSIBILIDAD PARA PRESIDIR LAS CORTS Y ALEJA A FENOLL DE LA ALCALDÍA

La dirección regional del PP admite un "grave daño" a la imagen del partido pero descarta pedir dimisiones a sus cargos públicos - La cúpula popular asegura contar con el compromiso de Sonia Castedo de que no se volverán a reproducir imágenes como las de los viajes con Enrique Ortiz

El nombre de Luis Díaz Alperi era uno de los que el PP tenía encima de la mesa para presidir las Corts. Pero, como apuntaron fuentes populares, las revelaciones del sumario que recoge la investigación abierta sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz pueden haber arruinado por completo la presión del exalcalde y, por extensión, sus opciones de convertirse en la segunda autoridad de la C. Valenciana. No es el único que sale "tocado" del embrollo. En Valencia dan por hecho que, después de levantarse el secreto de sumario, las opciones, a día de hoy ya limitadas, de Manuel Pérez Fenoll para hacerse con la Alcaldía de Benidorm -figura como receptor de un reloj de 24.000 euros que le habría regalado Ortiz, aunque el dirigente asegura haberlo devuelto-se han esfumado casi por completo.

En la cúpula regional del PP no han sentado nada bien los informes que aporta la investigación policial, especialmente, los apuntes sobre los supuestos pagos recibidos por Luis Díaz Alperi a cambio de dar trato de favor a Ortiz. Había, desde hace varios meses, un cierto temor en los despachos de la sede regional del PP. El caso Gürtel, pese a que el presidente Camps está a punto de sentarse en el banquillo y a la seguridad de que finalmente la cúpula popular acabará encausada por la financiación irregular del PP, está, desde el punto de vista de la defensa judicial, muy delimitado; pero nadie sabía, por contra, los secretos que iban a sacar a la luz los tomos de la operación Brugal -los dedicados a la tramitación del planeamiento de Alicante- que quedaban aún por conocerse.

Desde las filas populares, nadie, más allá de Antonio Clemente y para cargar contra Jorge Alarte, salió ayer a la palestra. Ni para defender, ni para justificar. Nada de nada. Es un síntoma. En el PP son conscientes de que el escenario supone un grave daño para la imagen del partido que, a pesar de su victoria el pasado 22-M, perdió 70.000 votos en la urna autonómica. No han gustado ni las revelaciones sobre las supuestas dádivas recibidas por Alperi con viajes en jet privado, el presunto regalo de tres casas para sus hijos o pagos en metálico. "El que aparece en los papeles lo tendrá que explicar", emplazó un destacado dirigente del PP. En las últimas semanas, de hecho, Alperi había movido ficha para situarse como presidente de las Corts. A cuatro días de la constitución del hemiciclo autonómico, sus opciones, al menos a priori, son inexistentes, apuntaron fuentes del PP.

A Sonia Castedo, aunque tampoco ha gustado en la cúpula regional del PP el tejemaneje de los viajes en el yate de Ortiz con salida desde Dénia para buscar discreción, sin embargo, la distancian de Alperi. En la dirección regional del PP aseguran tener el compromiso de la alcaldesa de Alicante de evitar que esas escenas, grabadas y fotografiadas por la Policía, se vuelvan a reproducir. Consideran que, en todo caso, la primera edil se vio arrastrada por una situación "de facto" heredada de la etapa de su antecesor. Junto a Alperi, en la dirección regional del PP también consideran que las revelaciones del sumario sobre el reloj con el que, supuestamente, Ortiz habría agasajado a Pérez Fenoll, exalcalde de Benidorm, alejan por completo las opciones de éste de retornar a la Alcaldía. Sumario en mano, señalan, Gema Amor-la antigua dirigente del PP que ahora tiene la llave de la Alcaldía después de liderar una candidatura independiente- tiene más argumentos que nunca para reclamar la marcha de Pérez Fenoll como condición ineludible para entrar a negociar un acuerdo estable.

Tratar de evitar una batalla campal en la Diputación

Dirigentes populares señalan que las opciones de Joaquín Ripoll, imputado por cinco graves delitos en la pieza de la operación Brugal que investiga la adjudicación del plan zonal de basuras de la Vega Baja, para seguir en la Diputación se han consolidado en las últimas horas. Así lo creen cargos próximos al dirigente provincial consultados por este periódico. A casi todos los implicados, de alguna manera, apuntan estas fuentes, los iguala la visita de rigor al yate de Ortiz, un escenario esencial de la trama. Si Génova no entra al trapo en el PP valenciano, lo lógico, señalan, es que no avale tampoco una guerra en la Diputación. En cualquier caso, en ambos bandos -campistas y ripollistas- se mostraron preocupados y sugirieron que es el momento de que Madrid empiece a pensar en poner orden.

Mario Flores asegura que devolvió el reloj a Ortiz

El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, negó ayer haber aceptado un reloj que Enrique Ortiz, el empresario que aparece en el epicentro de la investigación de caso Brugal, le habría regalado, según consta en la parte del sumario que se hizo pública el pasado viernes. Junto a la nota de prensa, el conseller Flores remitió un albarán de una empresa de mensajería como prueba de que, en su día, retornó al constructor el agasajo. "Tengo el justificante de envío por mensajería correspondiente a la devolución de dicho regalo", aseguró.
Flores se mostró "indignado" por la "información parcial y sesgada" que se ha hecho pública sobre regalos y conversaciones telefónicas que, en todo caso, figuran en los diferentes tomos del sumario judicial. El conseller pidió que se haga pública una "segunda llamada en la que Ortiz me reprocha haberle devuelto el reloj" y en la que el conseller aclararía que "no acepto ese tipo de regalos". "Se debe reparar el daño mediante la difusión de esa llamada. A lo largo de mi carrera no he aceptado nunca ningún regalo ostentoso ni favor de ningún tipo", cerró el conseller de Infraestructuras que aparecía, junto a otros dirigentes del PP, en una lista de receptores de una serie de agasajos que les habría realizado el promotor Enrique Ortiz.

www.levante-emv.com 05.06.11

EL 'CASO BRUGAL' REVELA EL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN ALICANTE

"Me tienes que enseñar el planito", dice el empresario Ortiz. "Mañana te lo llevo", responde la actual alcaldesa

"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en el caso Brugal, que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad. Un sumario que destapa la connivencia entre Ortiz y dos políticos del PP, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la actual regidora, Sonia Castedo, entonces edil de Urbanismo.

Ortiz: "Es un disparate, hablamos de 20.000 millones de pesetas"

El jueves se levantó el secreto de sumario del caso. Y queda ahora claro que, según la policía y el fiscal Anticorrupción, que acusa a los políticos y al empresario de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información, Ortiz se valió de información privilegiada para conseguir su propósito de moldear la redacción del PGOU a su interés personal. Una información facilitada por Castedo y por Díaz Alperi. En las conversaciones Castedo habla sin tapujos de los intereses de Ortiz en la ciudad. "Te hemos apañado lo del Hércules", le dice al empresario sobre la recalificación del estadio Rico Pérez. Y cuando el promotor le pide información sobre el futuro PGOU -"me tienes que enseñar el planito"-, la edil le contesta: "Mañana te lo llevo". La investigación sostiene que el empresario apuntaló su estrategia con un entramado que incluyó urbanistas, funcionarios y varias mercantiles.

Un eslabón destacado del entramado del Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Este despacho comenzó a funcionar en 2008 y, según la policía, medió por imposición directa del exregidor Alperi en el grueso de las operaciones inmobiliarias de Ortiz vinculadas al nuevo planeamiento urbano.

Uno de los mecanismos mediante los cuales el empresario pretendía materializar el pelotazo urbanístico consistía en la compra de suelo en áreas de la ciudad que iban a ser declaradas parque natural, para luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a zonas urbanizables. La segunda pata de la operación de Ortiz pasaba por la recalificación del estadio Rico Pérez, que un año antes había adquirido al Consistorio por 7,2 millones.

En las conversaciones también se revela el pacto entre la alcaldesa y el promotor para buscar material que pudiera implicar en alguna irregularidad al portavoz del PSPV en las Cortes, Ángel Luna, alcalde de Alicante de 1991 a 1995 y principal azote del PP por el caso Gürtel la pasada legislatura. De hecho, el PP denunció en septiembre de 2010 que Ortiz le pagó unas obras para reformar su casa en 1997, por lo que pidió su dimisión y presentó una querella, que fue archivada. Este es un extracto de la charla:

Sonia Castedo. ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?

Ortiz. No.

S. C. ¡La pagaste tú!

O. A ver, a ver, yo no, yo no.

S. C. Me van a dar la factura.

O. No, no tiene factura nuestra, no.

S. C. No es vuestra.

O. (...) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente, puede ser, pero no.

www.elpais.es 05.06.11

EL HERMANO DE CASTEDO, 'OFICINA PARALELA' DE ALPERI

El exalcalde exigió a Ortiz su presencia en las operaciones

"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad.

Movilizó a sus asesores para variar los parámetros de sus terrenos

Compró suelo protegido para trasvasar los aprovechamientos

Pidió recalificar el Rico Pérez para hacer gratis un nuevo campo

Según la policía y el fiscal, el empresario moldeó la redacción del PGOU a su interés personal en base a la información privilegiada facilitada en primera persona por la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor en el cargo y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. La investigación va más allá y sostiene que el empresario apuntaló su estrategia con un entramado que incluyó expertos urbanistas, funcionarios y diversas mercantiles.

Un eslabón destacado del entramado de Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante. Este despacho comenzó a funcionar en 2008 y, según la policía, medió por imposición directa del exregidor Alperi en el grueso de las operaciones inmobiliarias de Ortiz vinculadas al nuevo planeamiento urbano. "El hermano de la alcaldesa, Javier Gutiérrez y el exalcalde de Alicante, al parecer, actuarían coordinadamente a través de la consultoría Salvetti Abogados y Consultores, SLP", recoge el informe policial.

Uno de los mecanismos mediante el cual el empresario pretendía materializar el pelotazo urbanístico consistía en la adquisición de suelo en áreas de la ciudad que iban a ser declaradas parques naturales en el nuevo planeamiento para luego trasvasar sus aprovechamientos a zonas urbanizables en la ciudad. La segunda pata de la operación de Ortiz pasaba por la recalificación del estadio Rico Pérez, que un año antes había adquirido al Consistorio por 7,2 millones de euros. Si prosperaba la operación, Ortiz podría presentar a la afición un nuevo estadio gratis.

Las operaciones de compra de suelo en zonas protegidas y, en paralelo, en zonas urbanizables, se centraron básicamente en tres puntos: el saladar de Agua Amarga y la sierra de Fontcalent, ambas protegidas en el nuevo planeamiento, y el área de las Torres de la Huerta. Esta última zona se presenta en el nuevo planeamiento como la mayor área urbanizable de la ciudad, y pasó de un aforo de unas 2.000 viviendas en el primer avance del planeamiento a las 16.000 que recoge el documento final.

El informe policial asegura que "Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores (Rafael Ballester, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez) para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene en el Plan General", asegura el informe policial.

La operación de compra de suelo en el saladar de Agua Amarga se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Según la policía, en la adquisición de este suelo protegido el empresario contó con la colaboración de directivos de Bancaja y la CAM, entidades que poseían el 59% del terreno de este humedal del sur de Alicante. Ortiz aspiraba a comprar el 41% restante, en manos de Tirant, los hermanos Quiles y el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). De esta forma, junto con Bancaja, su socio en Deproinmed, hubiera llegado a controlar el 80% del suelo. Y todo ello con la intención de adscribir 700.000 metros cuadrados de suelo protegido en el Saladar al plan parcial de Torres de la Huerta para, en el futuro, trasvasar los aprovechamientos urbanísticos.

Los directivos de la CAM y Bancaja implicados en las operaciones de Ortiz fueron Vicente Sala, expresidente de la CAM, José Cortina, director general adjunto de Bancaja durante la investigación, y Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal acusa a los tres de un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada.

La segunda área donde Ortiz puso su punto de mira para adquirir suelo protegido fue en la sierra de Fontcalent. Según la policía, Ortiz compró allí un total de 1,7 millones de metros cuadrados.

El informe policial concluye que esa superficie, más las adquiridas en el Saladar, Pino Ruaya y Serra Grossa, "prácticamente compensan los aprovechamientos que tiene en Torres de la Huerta".

La segunda aspiración de Ortiz en el trámite del planeamiento giró en torno a la remodelación de estadio Rico Pérez para construir un nuevo campo a cambio de la recalificación de los terrenos. La policía sostiene que tanto Alperi como Castedo alentaron "de manera encubierta" las expectativas del empresario. No obstante, el proyecto, unas veces por la presión de los comerciantes y, al final, por la negativa campaña del Hércules, no cristalizó.

En la recta final del trámite del nuevo PGOU, el Ayuntamiento puso sobre el tapete otro proyecto que no pasó desapercibido para Ortiz: la apertura de una tienda de Ikea en la ciudad. Nada más conocerse la iniciativa Ortiz ofreció suelo en el plan Rabassa, que ya le fue adjudicado. El empresario ofertó a la multinacional sueca 150.000 metros cuadrados. Y, en paralelo, pactó con la alcaldesa una modificación de las condiciones iniciales que reunía la ficha urbanística de la parcela.

En contrapartida a todos estos supuestos favores que Alperi y Castedo dieron a Ortiz en el PGOU, el empresario los colmó de dádivas. Los regalos de Ortiz se hicieron extensivos a otra pléyade de cargos públicos locales del PP de Alicante y los autónomicos con mayor vinculación con la ciudad. Entre estos últimos se encuentra el consejero de Infraestructuras, Mario Flores. Según la policía, Flores recibió un reloj valorado en 2.000 euros. El consejero aseguró ayer que devolvió la dádiva y que dispone del recibo que lo demuestra.

www.elpais.es 05.06.11

LA EDIL Y ORTIZ CONSPIRARON CONTRA LUNA

Entre las múltiples conversaciones de Ortiz con Sonia Castedo que recoge el sumario de la pieza separada referente a la tramitación del PGOU de Alicante hay una que delata el pacto entre la alcaldesa de Alicante y el promotor para aplicarse a buscar material que pudiera implicar a Ángel Luna, portavoz del PSPV en las Cortes, en alguna irregularidad. De hecho, el PP denunció el 20 de septiembre de 2010 que Ortiz había pagado a Luna unas obras para reformar su casa en 1997, por lo que reclamó su dimisión y presentó una querella, que fue archivada. En ese tiempo, el portavoz socialista estaba trabajando para Ortiz tras haber dejado en 1995 la alcaldía de Alicante.

  • Sonia Castedo: "El presidente quiere arrearle a Ángel
  • Ortiz: "Luna ha sido tan acojonado que no hizo nunca nada en el Ayuntamiento"

Sin embargo, una conversación entre el mismo Ortiz y la alcaldesa de Alicante evidencia que ambos tramaron una confabulación para desacreditar a Luna, azote del jefe del Consell, Francisco Camps, desde que se destapó el caso Gürtel. El diálogo descubre que los populares presentaron una denuncia sin base y con el silencio del contratista, dado que quien consiguió la factura con la que lo llevaron al juzgado sabía por boca del mismo Ortiz que la querella no tenía fundamento.

Este es un extracto de la conversación que mantuvieron Castedo y Ortiz el 20 de octubre de 2009, casi un año antes de la denuncia del PP:

Sonia Castedo: ¿Tú hiciste una obra a Ángel Luna en su apartamento de la Chicharra?

Ortiz: No.

S. C: ¡La pagaste tú!

O: A ver, a ver, yo no, yo no.

S. C: Me van a dar la factura.

O: No, no tiene factura nuestra, no

S. C: No es vuestra.

O: (...) Pero yo creo que no, que a lo mejor usara subcontratistas de la empresa pagándoles él directamente el dinero, puede ser, pero no.

S. C: Y tú tienes algún tema de Ángel... Vamos a ver por lo que es, pero, por favor, yo sé que eres muy amigo de Ángel Luna.

O: Era.

S. C: Bueno, ya, pero le tienes aprecio.

O: No le he visto desde entonces.

S. C: Vamos a ver, el jueves sentaré al presidente de la Generalitat en las Cortes y le quiere arrear a Ángel. Es decir, hay muchos temas con los que le puede arrear, primero con lo de su cuñado, que robó dinero siendo jefe de gabinete de alcaldía. (...)

S. C: Vale, mira a ver si me puedes conseguir... habla con Luis Perea a ver si puede conseguir algo, ¿vale? Cualquier cosita.

O: Vale, lo que pasa es que este ha sido siempre muy acojonado en estas cosas.

S. C: ¿Quién?

O: Ángel, este siempre ha sido muy acojonado y si ha hecho cuatro tabiques se ha buscado alguien que no tenga nada que ver, que tal... Ha sido un tío... Bueno, ha sido tan acojonado que no hizo nunca nada en el Ayuntamiento por el que va a pasar, lo que pasa es que a Paco [Camps] le van a dar... Hoy me han dicho una cosa que madre mía.

Ángel Luna se mostró ayer convencido de que "Castedo se ha limitado a hacer de brazo ejecutor de Camps, que es quien la insta a actuar contra mí por el simple hecho de haberle pedido explicaciones".

El portavoz de los socialistas en las Cortes también comentó que el PP buscó la posible información incriminatoria fuera de Alicante e incluso en Murcia, donde también trabajó tras abandonar la política en 1995. "Eso demuestra el talante de Camps y Castedo", remachó.

La beligerancia de Luna desde la tribuna de las Cortes y su activismo contra la corrupción llevaron al PP a orquestar una estrategia para acorralarlo a base de querellas. Primero le presentaron una porque no habría pagado las obras de su casa, cuando el PP ya sabía, por boca del propio empresario, que Ortiz no las pagó. Luego le denunciaron por supuesta revelación de secretos tras exhibir en Cortes un informe secreto. Las dos han sido archivadas. Posteriormente, el PP denunció a Luna por un supuesto delito de injurias y calumnias contra la cooperación valenciana.

www.elpais.es 05.06.11 

EL PROMOTOR INTENTÓ GANARSE EL APOYO SOCIALISTA AL PLAN DEL RICO PÉREZ

Los tentáculos de Enrique Ortiz también alcanzaron al partido en la oposición de Alicante, el PSPV. La composición bipartidista del Consistorio alicantino, con 15 concejales del PP y 14 socialistas, abocó al promotor a buscar su complicidad para sacar adelante la financiación del nuevo estadio, que pretendía construir con una inversión de 60 millones de euros. El proyecto debía financiarse con las plusvalías generadas por la recalificación de los terrenos de aledaños al estadio Rico Pérez y sin coste para el club.

Esta operación, que en esa época llevaba aparejada la implantación de un centro comercial, generó amplio malestar entre el pequeño comercio. Para evitar el rechazo público, Ortiz intentó que fuera aprobada por unanimidad de la Corporación.

Intentando recabar el apoyo de los socialistas, contactó con uno de los históricos militantes de la ciudad, Ángel Franco, que todavía gozaba de gran capacidad de influencia entre sus correligionarios.

Ortiz: (...) Él, cómo se llama, el de aquí de Alicante, el que has defendido.

Ángel Franco: He defendido.

O: Sí

A. F: ¡Ah! El Roque

O: El Roque

A. F: Este es un personaje un tanto curioso.

O: Yo por saber si se porta bien o mal, por premiarle o castigarle.

A. F: De momento yo no sé. Este es un tipo bastante, bastante, bastante rarito.

O: Ya.

A. F: ¿Qué pasa que han pedido algún tipo de ayuda?

O: No, no, no, todavía no, pero tengo que darles ahora las tarjetas de los aparcamientos. Y es para darle o no darle.

Una hora y media más tarde, Ortiz llamó a Roque Moreno, entonces portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento.

O: (...) Oye, vamos a ver, tengo que darte las tarjetas de los aparcamientos para que tú se las des a tus concejales.

R. M: Muy bien.

La investigación también se hace eco del papel que jugó el exportavoz socialista Blas Bernal en el trámite del Plan Rabassa para que los suyos lo apoyaran en su arranque. Esta posición acabó costándole el cargo.

Según el informe, Bernal, que acabó trabajando para Ortiz, también disfrutó de un velero propiedad del promotor.

www.elpais.es 05.06.11

LA OPOSICIÓN CLAMA POR QUE LA ALCALDESA ELECTA DIMITA

Elena Martín, concejal socialista electa de Alicante y secretaria de Organización del PSPV-PSOE, instó ayer a la alcaldesa Sonia Castedo (PP), a no recoger el acta de concejal que la revalidará en el cargo. "Los ciudadanos", según dijo, "no quieren ver a una primera edil esposada". Las reacciones a la información recogida en el sumario del caso Brugal, desvelada después de que se levantara el secreto del sumario, arreciaron ayer por boca de los partidos de la oposición.

Así, la coordinadora de Esquerra Unida y diputada autonómica, Marga Sanz, destacó que la trama Gürtel, por la que está imputado por cohecho impropio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y en la que se investiga la financiación ilegal del PP, y el caso Brugal "tienen el mismo hilo conductor: regalos de artículos de lujo y de viajes, a cambio de información privilegiada y contratos con la administración".

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, manifestó que "el modelo del presidente del PP, Mariano Rajoy, para toda España es el de la corrupción generalizada del PP de Camps" y le exigió que "deje de mentir cuando habla de transparencia y buena gestión, e impida que los implicados en casos de corrupción contaminen con su presencia las Cortes". Y añadió: "Su silencio avala el sistema implantado por Camps, Fabra, Castedo y Ripoll para la gestión política y le hace cómplice".

Desde el PSPV, Martín exigió que Castedo "asuma su responsabilidad política y antes de continuar desprestigiando las instituciones de la ciudad, dimita". A su juicio, el sumario del caso Brugal, refleja que la reelegida alcaldesa de Alicante "confunde lo privado con lo público" y "ha sido una de las principales receptoras de las dádivas" con las que el empresario Enrique Ortiz agasajaba a políticos del PP "con la intención de conseguir favores".

En su opinión, Castedo puede llegar a "sacrificar cualquier otra cosa, como la imagen de una gran ciudad". "Es capaz de trasladar su despacho del Ayuntamiento a la prisión de Fontcalent", añadió.

Marga Sanz, señaló que las escuchas telefónicas "dejan en evidencia las más que interesadas relaciones" de Díaz Alperi y de Castedo con Ortiz. "Al margen del proceso judicial y de investigación que está siguiéndose, exigimos la depuración inmediata de responsabilidades políticas. El PP tiene que apartar de inmediato de la vida pública a Castedo, a Alperi, y a cualquier de los implicados en este caso y retirarles sus actas de diputados electos, y de concejala electa en el caso de Castedo", manifestó Sanz.

www.elpais.es 05.06.11

EL SUMARIO DESVELA QUE ORTIZ REGALÓ A PÉREZ FENOLL UN RELOJ DE 24.000 EUROS

El empresario agasajaba con joyas, bolsos, prendas de vestir y botellas de Don Periñón a cargos públicos de Alicante y consellers de la Generalitat

24.000 euros. Éste es el valor del reloj que, según la Policía, el empresario Enrique Ortiz pudo regalar en las navidades de 2008 al exalcalde de Benidorm, el popular Manuel Pérez Fenoll. En un principio, los agentes creían que el destinatario de este valioso reloj era el exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, pero finalmente descartan esa hipótesis para establecer que el destinario fue el entonces primer edil de Benidorm.

La Policía ha dado cuenta al juzgado que investiga las supuestas irregularidades en el Plan General de los regalos con los que Ortiz agasajaba a cargos políticos de ayuntamientos de la provincia y de la Generalitat Valenciana, principalmente durante las fiestas navideñas. Joyas, bolsos de firma, botellas de Don Periñón figuran entre los obsequios a los políticos. Los agentes dan cuenta de ellos al juez por si éste considera que puedan exceder lo que podría considerarse un uso testimonial o de cortesía. Ortiz pide que se cuide especialmente el regalo de Marta García Romeu por ser la portavoz y de Laura Chorro, por su relación con Ricardo Costa.

En total se regalaron trece bolsos a distintos cargos, valorados entre 90 y los 150 euros. Las botellas de Don Perignón cuyo valor es de 200 euros dos botellas y que fueron al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y al exedil Pablo Suárez.


Entre los beneficiarios de los obsequios hay varios consellers de la Generalitat. El conseller de Infraestructuras, Mario Flores, queda bastante impresionado por el reloj que le ha llegado y quiere devolver los regalos porque entiende que ascienden a miles de euros. Además del reloj hay un pañuelo y unos guantes que inicialmente eran para su secretaria, pero que por error fueron enviados a su mujer. Sin embargo Ortiz les convence para aceptarlo. También compró un regalo al presidente de la Diputación pero no consta cuál y para el edil Andrés Llorens se le ofreció elegir su regalo. A la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se le regaló una gabardina de 600 euros pero que tuvo que cambiar por otras prendas por que ya la tenía.
Pero aquí hay para todos. El empresario también contacta con los ediles del grupo socialista para obsequiarles con tarjetas para usar el aparcamiento de Alfonso el Sabio, que explota la mercantil de Ortiz.


LOS OBSEQUIOS:


MARIO FLORES
CONSELLER DE INFRAESTRUCTURAS
Un reloj, un pañuelo, unos guantes

MARIA BELÉN JUSTE
CONSELLERA DE INDUSTRIA
Bolso de 400 euros

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL
Presidente de la diputación
No especificado

SONIA CASTEDO
ALCALDESA DE ALICANTE
Ropa por 600 euros

LUIS DíAZ ALPERI
EXALCALDE DE ALICANTE
Botellas de Don Peringnón de 400 euros.

ANDRÉS LLORENS
Concejal atención urbana
Elige su regalo personalmente

MARTA GARCÍA ROMEU
Consejal de Turismo y fiestas
Un bolso

A. SÁNCHEZ ZAPLANA
CONCEJAL DE ACCIÓN SOCIAL
Un bolso de 100 euros

MARIA ISABEL FERNÁNDEZ
CONCEJAL DE DEPORTES
Bolso de 100 euros.

M. CARMEN ROMÁN
Concejal de Educación
Bolso de 100 euros.

LAURA CHORRO
CONCEJAL DE JUVENTUD
Un bolso

M. ÁNGELES GOITIA
Concejal de participación ciudadana
Un bolso

OTI GARCÍA PERTUSA
CONCEJAL DE IMAGEN URBANA
Un bolso

SONIA ALEGRÍA
delegada de presidencia
Un bolso

PABLO SUÁREZ
EXCONCEJAL DE SEGURIDAD
Dos botellas de Don Perignon

ISABEL CAMPOS
TÉCNICO DE URBANISMO
Un bolso

MERCEDES ALONSO
CONCEJAL DEL PP DE ELCHE
Un bolso

MANUEL PÉREZ FENOLL
Exalcalde de Benidorm
Un reloj de 24.000 euros

CELIA LLEDÓ
Alcaldesa de Villena
Un bolso

Amparo VALLDECABRES
Concejal de Manises
Un bolso

www.levante-emv.com 04.06.11

LA POLICÍA SOSTIENE QUE ORTIZ COMPENSABA LOS FAVORES EN EL PLAN GENERAL CON DÁDIVAS

Los investigadores aportan fotos de los viajes supuestamente pagados por el empresario del exalcalde a Creta y de Castedo a Ibiza

La investigación de la pieza separada del caso Brugal que afecta al Plan General de Alicante ha sacado a la luz el sistema por el que presuntamente el empresario Enrique Ortiz compensaba a las personas que supuestamente le favorecían durante la redacción del documento urbanístico. Ortiz agasajaba con regalos, viajes, pisos, coches, colocando a amigos en sus firmas e incluso con dinero a los cargos públicos que más desvelo ponían en dar respuesta positiva a sus demandas. El sumario (ayer dejó de ser secreto por decisión del juzgado número 5) señala al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, y a su sucesora, Sonia Castedo, como principales receptores de las dádivas.

En concreto, la investigación policial da cuenta de supuestas compensaciones para Alperi que se plasman en un viaje a Creta en avión privado alquilado a un hermano del conseller Cotino, y que costó más de 35.000 euros. La policía también cita una conversación entre Ortiz y la alcaldesa en la que el primero le cuenta cómo Alperi intentó supuestamente conseguir en el verano de 2009 (con el ahora diputado en las Corts ya fuera de la alcaldía) que el empresario le gestionara otro viaje en jet privado a la isla griega de Corfú. Por la conversación se deduce que esta vez, Ortiz no accedió a los deseos del exalcalde, aunque le comenta a Sonia Castedo que, salvo el vuelo, Alperi lo tiene ya todo contratado y cerrado.

También refleja cómo el exalcalde tenía acceso casi ilimitado al barco del exmáximo accionista del Hércules y, en concreto, relata una fiesta con «cervezas y marisquitos» para ver un partido de la Eurocopa entre España y Rusia y festejar el archivo del caso de los aparcamientos. En el sumario hay fotografías de la fiesta con Alperi y Castedo en el barco de Ortiz. Además, en el informe policial se relata cómo los tres hijos de Alperi, en el momento de la investigación, vivían en bungalows propiedad de una empresa de Ortiz (Viviendas del Mediterráneo Orvi) en régimen de alquiler con opción a compra; y cómo estas viviendas cambian de propiedad y pasan a ser de González Villerejo, socio de Ortiz en otras otras firmas, días antes de declarar tanto Ortiz como Alperi como imputados por el caso de los aparcamientos. El sumario da muestras de la estrecha colaboración entre Ortiz y el exalcalde. Se constatan peticiones de empleo de Alperi para colocar en empresas de Ortiz a amigos y conocidos del exalcalde, un supuesto regalo de un palco privado para seis personas para Alperi en el Rico Pérez, con un coste estimado de unos tres mil euros, y un hipotético vínculo del exprimer edil con la sociedad Salvetti Abogados, formada por el hermano de Castedo y el letrado Javier Gutiérrez. Este despacho hizo gestiones para favorecer los intereses de Ortiz en el PGOU de la capital.
Por último, la policía sospecha de que Alperi pudo recibir una importante cantidad de dinero en metálico de Enrique Ortiz, un abono que habría sido realizado por la esposa del promotor. Las cantidades entregadas se desconocen puesto que los indicios se basan en las intervenciones telefónicas y en esta fase los investigados ya sospechaban que tenían pinchados los teléfonos. El informe policial señala que cuando llegaba el período vacacional la esposa de Ortiz se encargaba de sacar grandes cantidades de dinero en efectivo. Sobre las dádivas de las que, supuestamente, se habría beneficiado Castedo, la policía apunta, junto al presunto trato de favor para la contratación de allegados en diversas empresas o para disponer de tarjetas de aparcamiento en «parkings» de la ciudad, a compensaciones a través de viajes en los períodos vacacionales de fin de año y verano; y de un coche ­(un Mini, que estaba a nombre de la mercantil Enrique Ortiz e Hijos) con el que, a su vez, la alcaldesa habría obsequiado a una amiga. En las navidades de 2008 y 2009, la primera edil, con su familia, compartió viaje a Andorra con Ortiz para esquiar. El segundo año, incluso con la presencia de la edil García-Romeu, Castedo viajó en una furgoneta prestada por Ortiz. La alcaldesa, en el verano de 2009, también navegó en el yate del empresario en una travesía desde Dénia, adonde llegó en un vehículo conducido por el chófer de Enrique Ortiz, a Ibiza. Volvió a Alicante, de forma precipitada para asistir al funeral del conseller García Antón, en una avioneta junto al empresario. Unos días más tarde, Castedo y Ortiz retornaron a la isla en una nueva travesía desde el puerto de Dénia, la fórmula elegida para dar discreción al traslado, relata el sumario, que incluye fotografías de Castedo junto al yate de Ortiz y bajando de la avioneta que usaron para la vuelta.

www.levante-emv.com 04.06.11

LOS INVESTIGADORES CREEN QUE LOS PISOS DE LOS HIJOS DE ALPERI PODRÍAN SER «UN PAGO DE FAVOR»

El sumario policial deduce de las conversaciones telefónicas que «cabría la posibilidad de que las viviendas fueran regaladas» al aludir el empresario a la probable existencia de asientos de entrada y salida por el importe de las casas

Las viviendas ocupadas por los tres hijos de Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante durante parte de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, «podrían ser un pago a favor del ex alcalde» por parte de Enrique Ortiz y otro empresario de su confianza. Así se recoge en la investigación policial del caso Brugal.

El documento judicial señala que los tres hijos de Alperi, Otto, Elisa y Edna, ocupan tres viviendas en una urbanización construida y promovida por Viviendas del Mediterráneo Orvi, cuyos administradores mancomunados son Enrique Ortiz y Aurelio González Villarejo. Sobre la titularidad de estas viviendas, Alperi y Ortiz fueron ya interrogados cuando estaban imputados por el caso de las supuestas mejoras al empresario en la adjudicación de tres estacionamientos. Las respuestas de Alperi en el interrogatorio fueron no tener relación con los bungalows y las de Ortiz, no tenerlas con los hijos de Alperi. No obstante, según el sumario, «al parecer, los bungalows fueron vendidos a Jacobriz días antes» del interrogatorio indicado. Jacobriz tiene el mismo domicilio social que otras seis empresas y, aunque no está presente Ortiz, sí lo está en todas ellas, con cargos distintos, Aurelio González Villarejo, así como Vicente Pérez Cañas, del que el sumario recoge distintas conversaciones con Ortiz.
De una primera entre Ortiz y Vicente Pérez, el 2 de octubre de 2008, la investigación deduce la existencia de un contrato de alquiler con opción de compra con los tres hijos de Alperi, lo que supone restar al precio final a pagar el importe de los alquileres abonados, «aspecto que es del todo beneficiario» para los hijos de Alperi, añade el documento policial. En las conversaciones entre Ortiz y Vicente Pérez se constata «el interés inusual» mostrado por el empresario alicantino, «que llega al extremo de querer conocer las cantidades concretas que ha pagado y resta por pagar Elisa Díaz», cuando «no tendría que tener ninguna relación con los hijos del ex alcalde», como dijo en sede judicial en el caso de los aparcamientos.

El 26 de octubre de 2008 Ortiz acude al domicilio particular de Alperi para desayunar. Durante ese desayuno, el empresario llama a Vicente Pérez «para solucionar el tema del alquiler del bungalow». Para la Policía queda claro que dicha conversación se relaciona con la vivienda de uno de los hijos del ex alcalde. En días sucesivos hay nuevas llamadas del empresario interesándose también por las cantidades concretas que adeuda cada hijo de Alperi por su vivienda.

El dinero era «bocata» en clave

Uno de ellos, Otto, dejó de pagar el alquiler y llegó a adeudar alrededor de 7.500 euros, recogiéndose en el documento policial la «extrañeza» de que la empresa propietaria del bungalow no ejerciera ninguna acción judicial. El sumario deja constancia de la coincidencia en el tiempo de la retirada en efectivo de «gran cantidad» de dinero de las cuentas del empresario por gente de su confianza, en días distintos, incluso un sábado. En las conversaciones se habla en clave y al dinero se le denomina «bocata».

En otra conversación con González Villarejo, Ortiz le pide que cambie el nombre de los contratos de alquiler porque aún aparece Orvi en ellos. González le responde que ya se han cambiado por Jacobriz, a lo que Ortiz replica que él no los tiene cambiados pero que es posible que los tenga Miguel Carratalá (su cuñado y empleado en el área jurídica). Para la Policía todo esto denota «la mecánica utilizada por las partes para no dejar rastro o eliminar pistas que relacionen los pisos y el posible pago de los mismos con Alperi y Ortiz».
El sumario alude a un pago de los alquileres por 36.000 euros por una persona que no se identifica por las conversaciones telefónicas pero que podría ser Alperi al coincidir el importe con lo adeudado por los tres hijos. La Policía apunta a que cabría la «posibilidad» de que las viviendas fueran «regaladas» al interceptar una conversación de Ortiz con Pérez, el 5 de febrero de 2009, en la que plantea la necesidad de comprobar la contabilidad de Orvi porque «es posible que exista un ingreso y una salida», lo que supone que «se simuló el pago y no se pagó». La existencia de este asiento «reflejaría justamente lo que se quiere evitar, que es dar a conocer un posible trato de favor». «Ortiz llega a decir expresamente que se simuló el pago», añade el sumario.

www.levante-emv.com 04.06.11

EL EXALCALDE FORZÓ EL CESE DE UN EDIL POR BLOQUEAR CONTRATOS A SU HIJO, SEGÚN LA POLICÍA

Una conversación entre el exalcalde Luis Díaz Alperi y el empresario Enrique Ortiz el 17 de marzo de 2009 es una de las aportadas en el sumario para sostener la tesis de la Policía de que el primero medió ante la alcaldesa, Sonia Castedo, para forzar el cese del exdelegado de área de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes, Pablo Suárez, por no favorecer a la empresa de su hijo, Otto Luís Díaz, destitución que se hizo efectiva el 29 de abril del mismo año, mes y medio después de producirse el diálogo.

En la conversación, Alperi expresa a Ortiz su «cabreo» por la actuación de Suárez. Según los investigadores, la pieza clave del enfado de Alperi es la empresa Verass Operadores Publicitarios, dedicada a la comunicación exterior y soportes publicitarios, en la que participa el hijo mayor del exalcalde, y cuyo dinero para formar parte como socio fue aportado por Ortiz. El informe de la Policía revela que el constructor puso los 30.000 euros que el hijo de Alperi necesitaba para formar la sociedad junto a otros empresarios, vinculados al constructor, quien formaba parte de la firma, según la Policía, aunque no figure en los órganos de administración.

El informe policial recoge conversaciones que reflejan que Alperi le dijo a su hijo que Ortiz se encargaba del dinero que necesitaba para formar la empresa. El constructor, con el objetivo de «complacer» al exregidor, lo aportó. Sin embargo, según la investigación, Pablo Suárez bloqueó una adjudicación a la firma referente a la colocación de soportes publicitarios de la campaña de las europeas de 2009. Ortiz se reunió con Suárez y, según el constructor, «todo quedó arreglado». La Policía sostiene que ese bloqueo se hizo sobre la adjudicación del contrato de suministro y colocación de paneles y borriquetas para soporte de carteles de propaganda electoral por las europeas, que finalmente el ayuntamiento adjudicó a otra empresa de forma provisional el 27 de abril de 2009. La destitución de Suárez se produjo dos días después.

www.levante-emv.com 04.06.11

EL SUMARIO DEL 'CASO BRUGAL' DEJA A CASTEDO Y ALPERI EN MANOS DE ORTIZ

El informe policial destapa la connivencia entre el promotor y los políticos- La concejala Sonia Alegría acompañó al exalcalde hasta la isla griega

Las relaciones entre los dos máximos mandatarios populares de la ciudad Alicante en las últimas décadas, el exalcalde Luis Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, con el promotor Enrique Ortiz, fueron más que cordiales. El informe policial del caso Brugal destapa la connivencia existente entre los tres, y constata que los políticos venían a ser, en la práctica, los representantes del empresario en el Ayuntamiento. La íntima conexión entre ellos quedó clara durante el bienio 2008-2009, cuando se aceleraron los trámites de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

El vuelo costó 40.000 euros y fue abonado mediante una transferencia

El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, levantó ayer el secreto de la pieza separa del caso Brugal que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz en el trámite del planeamiento urbano de Alicante.

Las diligencias de la causa ocupan más de 8.000 folios, de los cuales unos 3.000 corresponden a conversaciones telefónicas entre Ortiz, Alperi y Castedo en las que queda claro el interés del promotor por conocer los detalles del nuevo planeamiento en programas urbanísticos, especialmente en lo que afectaba a la recalificación del estadio Rico Pérez y a las futuras zonas protegidas donde comprar un suelo que luego se trasvasaba a zonas urbanizables de la ciudad. "Tenemos que ver lo del Hércules" o "me tienes que enseñar el planito", requiere una y otra vez Ortiz a Castedo y Alperi en las conversaciones intervenidas por la policía.

La respuesta de los dos políticos del PP, en la mayoría de los casos, fue afirmativa. "Te hemos apañado lo del Hércules" o "sí, sí, mañana te lo llevo [el planito]", son algunas de las respuestas de la actual regidora.

Las diligencias recogen los numerosos encuentros en restaurantes de la ciudad, en visitas a sus domicilios privados, e incluso en la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde también, según el sumario, seguían hablando del nuevo PGOU.

A cambio de este supuesto trato de favor y acceso a información privilegiada, la policía y el fiscal sostienen que el Enrique Ortiz efectuó numerosos regalos tanto a Alperi como a Sonia Castedo. El más llamativo de la abultada lista fue un viaje a Creta de dos semanas para el exalcalde y otra concejal del PP, Sonia Alegría, en un jet de una empresa del sobrino del consejero Juan Cotino.

Por estos hechos, y sobre la base los informes de la Brigada de Policía de Blanqueo de Capitales, el fiscal Anticorrupción presentó el 17 de junio de 2010 un escrito de acusación contra 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información.El informe policial del sumario del caso Brugal señala que uno de los modus operandi del empresario Enrique Ortiz para "beneficiar" a los cargos del PP era "cuanto menos gestionando las vacaciones que estos vayan a disfrutar".

Una de las iniciativas que la policía refleja en su informe es el viaje a la isla de Creta en un avión privado tipo jet para Luis Díaz Alperi y la también concejal del PP Sonia Alegría. La primera conversación intervenida sobre ese viaje fue el 3 de julio de 2008 entre Ortiz y Vicente Cotino Ferrer, sobrino del vicepresidente primero del Consell. "El día 29 necesito el avión, si es posible, par ir a Creta", requiere Ortiz a Cotino. Éste le responde que sí podrá llevar a cabo el encargo. La policía asegura que Cotino materializó el deseo de Ortiz a través de la firma Asedes Capital Sociedad Anónima, cuyo objeto es la explotación y arrendamiento de ese tipo de aviones. Cotino Ferrer es el apoderado de esa mercantil.

Más adelante, Ortiz, a través de su hermana, confirma a Cotino que el avión es para Alperi. "Tú nada, tú dile que queda confirmado y ya está, pero del presupuesto y demás ya hablará don Vicente con don Enrique, y ya está (...) y que te pase el presupuesto, si eso te dice, ¿le paso el presupuesto?, pues pásamelo, lo hacemos así y ya está, ¿vale?", asegura Ortiz a su hermana.

El vuelo parece peligrar inicialmente por la elevada tarifa que exige la empresa de Cotino, unos 50.000 euros. Pero más adelante, Ortiz vuelve a regatear aclarando que el viaje es para dos personas (Alperi y la concejal). El regateo por el precio de la tarifa llega a poner nervioso al propio Alperi: "Pero Enrique, ahora no me puedes decir eso. Hay otra solución, que me vaya nadando". Finalmente, Alperi y Alegría viajaron a Creta por 40.000 euros y la factura fue abonada a través de la firma Rivaflecha, SL, a través de de una transferencia a Caixa Cataluña. El juez instructor ha ordenado a la policía judicial que investigue esa mercantil.

La policía asegura que otro dato de la "amistad íntima" del empresario y los políticos fue una cena en el yate Elena, propiedad de Ortiz, con motivo de un partido de fútbol de la selección española en junio de 2008. Al evento, además de Alperi y Castedo, se sumaron otros tres concejales del PP (Marta García Romeu, José Sobrino y Sonia Alegría) y el hermano del empresario.

La alcaldesa Castedo reiteró ayer que no hubo ningún delito en el trámite del PGOU, "porque Ortiz no se benefició".

www.elpais.es 04.06.11

"POR EL DETALLE DE UN REGALO ESTÁN A MI DISPOSICIÓN"

El promotor Enrique Ortiz lo tenía claro: "Por regalarles [a los políticos] un detalle, los tengo a mi disposición", le dijo a su mujer. Una técnica para tener contentos a los cargos públicos que en nada difería de la que implantó Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia.

La policía emitió un informe con las personas que recibieron regalos de Enrique Ortiz y su esposa, a la que le atribuye la elección de los presentes a las mujeres, la mayoría comprados antes de la Navidad de 2008 en una joyería de Alicante o unos grandes almacenes.

El regalo de mayor importe es un reloj de 20.000 euros que el informe policial atribuye al entonces alcalde del PP en Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, y cuyo importe habrían pagado a medias Ortiz y otro promotor, Antonio Solana.

El consejero de Infraestructuras Mario Flores recibió otro reloj cuyo valor cifra Ortiz, en una conversación grabada, en unos 2.000 euros. La esposa de Flores también fue obsequiada con uno de los 13 bolsos de la marca Purificación García que repartió Ortiz. Uno de esos bolsos llegó a través de mensajería a las manos de la consejera de Turismo, Belén Juste.

La actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, recibió una cazadora de Carolina Herrera, que ella misma ya se había comprado. Optó por cambiar el regalo de Ortiz por una gabardina, una camisa y un jersey de la misma marca.

La dádiva que recibió el exalcalde Luis Díaz Alperi fue una caja con cuatro botellas del champán francés Dom Pérignon. También fueron agasajados el resto de concejales del PP de Alicante; la alcaldesa de Villena, Celia Lledó; la hoy electa de Elche, Mercedes Alonso, o la edil de Urbanismo de Manises, María Valldecabres.

www.elpais.es 04.06.11

"HAY QUE HABLAR DE LO QUE HEMOS QUEDADO"

Tal era el grado de connivencia que tenía Enrique Ortiz con Luis Díaz Alperi que el exalcalde se tomó la molestia de informar al contratista antes de anunciar su dimisión y cederle el sillón a Sonia Castedo. Y con el jefe del Consell, Francisco Camps y el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, delante.

Este es un extracto de la conversación captada el 11 de septiembre de 2008 entre ambos:

Alperi: Dentro de un cuarto de hora doy una rueda de prensa y dimito como alcalde.

Ortiz: ¿Por qué?

A.: Porque sí, que sí, porque ya está bien.

O.: ¿Qué me dices?

A.: Pues lo que te digo y entonces... He estado toda la mañana con Camps y estamos de acuerdo, está aquí conmigo y Ripoll y Sonia, se queda Sonia, claro.

O.: ¿Me lo dices en serio?

A.: Claro que sí.

O.: ¿Y se queda Sonia?

A.: Evidentemente. Si no se queda Sonia, yo me voy.

O.: Bueno, ¿y ya has hablado con Paco [Camps] hoy?

A.: Sí, que está aquí conmigo. (...)

A.: Toma, felicítala directamente (y le pasa el teléfono a Sonia).

Sonia Castedo: Dime, Enrique.

O.: Buenas tardes, señora alcaldesa.

S. C.: Calla, calla.

O.: Este es un crack.

S. C.: Calla.

O.: Pues felicidades.

S. C.: Te paso con Luis.

O.: Bueno, dentro de un rato ya no serás mi amigo el alcalde, solo serás mi amigo.

A.: Eso espero.

O.: Lo celebraremos.

En otra conversación entre Ortiz y Castedo, ambos intentan concretar una cita.

O.: A ver cuándo nos vemos porque tenemos que hablar de lo que habíamos quedado y de los párkings.

S. C.: Sí, cierto.

O.: Que nos están achuchando con que empecemos y que tal y que cual (...).

S. C.: Vale.

O.: Míramelo y yo te asalto cualquier momento por la mañana, voy al Ayuntamiento (...).

S. C.: ¿Qué otro?

O.: Con Jesús [Quesada, redactor del Plan General].

S. C.: Si, es cierto.

O.: Con Jesús, porque a ver qué vamos a hacer con lo del Rico Pérez y estas cosas.

Las escuchas policiales también revelan que Ortiz intentó influir en el Consell para que eliminara la obligación legal de aportar un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro reclasificado y que hasta llegó a presentar alegaciones al Plan General a través de terceros con esa finalidad, incluyendo a la Federación Provincial de la Construcción.

En otra conversación grabada el 28 de agosto de 2009, Ortiz llama a Vicente Cotino para felicitarlo por el nombramiento de su tío, Juan Cotino, como nuevo consejero de Urbanismo y jactarse de la situación.

Ortiz: Vicentico, no te llamé ayer a las 12 de la noche...

Vicente Cotino: Sí.

O.: Para felicitarte porque... porque...

V. C.: Porque, ¿qué ha pasado?

O.: No, coño, lo de tu tío, de puta madre, ¿no?

V. C.: De puta pena, macho, no me jodas.

O.: ¿Por qué?

V. C.: Coño, era una... una conselleria que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar.

O.: Por eso, por eso... ahora me las da a mí... ¡Ah! Qué grande. No, hombre, no, yo creo que es bueno, eh.

V. C.: ¿Es bueno? No sé, no sé.

www.elpais.es 04.06.11

ORTIZ PODRÍA HABER HECHO REGALOS A ALPERI Y CASTEDO

El sumario de la pieza separada del Caso Brugal revela que podría haber regalos durante la

El sumario de la pieza separada del caso 'Brugal', que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, revela que el empresario Enrique Ortiz podría haber regalado a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y al ex alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, viajes, y coches, durante la elaboración del documento.

En este sumario, al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) llega a la conclusión, a través de las conversaciones que el empresario Enrique Ortiz Selfa mantiene con personas "de su máxima confianza", de que éste "compra, distribuye y ofrece dádivas" y "regalos" a personas "del más alto nivel", entre los que se encontraría el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, varios de los concejales del consistorio alicantino, así como el conseller de Infraestructuras y Transportes de la Generalitat Valenciana, Mario Flores, o la actual consellera de Turismo, Belén Juste.

Según el informe policial, Ortiz se haría valer de su mujer, María Manuela Carratalá, así como de varios empleados de su confianza, para elegir, comprar y hacer llegar estos regalos a sus destinatarios, y él mismo, personalmente, elegiría y compraría los regalos "a los personajes públicos más relevantes".

Así, de las conversaciones intervenidas a Ortiz durante las Navidades de 2008, la Policía infiere que éste, "ya sea en nombre propio, o de alguna de las empresas en las que tiene participación" hizo varios regalos a distintas personalidades.

De este modo, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo habría recibido una chaqueta valorada en unos 600 euros de parte de Inusa. Así, la alcaldesa, en una conversación telefónica del 25 de diciembre de 2008, agradece a Ortiz el regalo. La Policía destaca que esta chaqueta ya la había adquirido Castedo, por lo que la cambió "por una gabardina, una camisa y un jersey de Carolina Herrera".

Así mismo, la Udef señala que Castedo agradece por teléfono a la mujer de Ortiz "el regalo del bolso", que considera "preciosos". También considera la policía que Sonia Castedo podría haber recibido por parte de Ortiz la contratación de personal en sociedades de la órbita del empresario a solicitud suya, un viaje a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones de verano de 2009, así como un coche destinado a una persona de confianza de Castedo.

Además, incide el informe en un viaje a Andorra durante las Navidades de 2008 que realizarían Sonia Castedo y su marido, junto a Ortiz y su mujer, el hermano de Ortiz y su pareja, y al que también iría Marta García-Romeu, en un coche, marca mercedes, propiedad del empresario alicantino.

La Policía considera que el hecho de que Ortiz realice un viaje de placer "junto a la alcaldesa de Alicante, en las circunstancias en las que se produce, con todos los asuntos en los que Ortiz tiene intereses y dependen de ella, y el que ya se produjera un viaje de esas características en 2007, no hacen más que provocar sospechas fundadas de la irregularidad manifiesta y del objeto último de dicho viaje".

También recoge el informe policial que Ortiz regaló en estas fechas un reloj "que no llega a los 2.000 euros" a Mario Flores. Así, es el propio conseller el que, en un llamada telefónica, le comunica a Ortiz que ha recibido el reloj, y le indica que le parece una "barbaridad, igual que el año pasado", y le expresa su intención de devolver el obsequio, puesto que asciende "a miles de euros".

Tras disuadirle Ortiz de que devuelva el regalo, finalmente Mario Flores accede a quedárselo, a pesar de haberle indicado que "el reloj lo ha mirado, disfrutado, pero que ese tipo de cosas las devuelve".

El informe de la policía recoge el regalo por parte de Inusa --empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras en Alicante, y de la que es propietario Ortiz--, de una caja con cuatro botellas de Dom Pérignon al ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, como se acostumbra a regalarle "todos los años".

Además, el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, estima que Ortiz podría haber abonado "determinadas viviendas" a los hijos de Alperi, y que habría pagado a Alperi un viaje en jet privado a Creta.

REGALOS A LOS CONCEJALES DEL PP

Ortiz también habría regalado, según la policía, bien por parte de Inusa, bien de forma personal, distintos obsequios a la concejal de Turismo y Fiestas en el Ayuntamiento de Alicante, Marta García-Romeu, concejal de Acción Social y Medio Ambiente, Asunción Sánchez Zaplana, a la concejal de Deportes, Isabel Fernández Gutiérrez, a la concejal de Educación, Sanidad, Consumo y Playas, María del Carmen Román Ortega, a la concejal de Juventud, laura Chorro, a la concejal de participación Ciudadana, María de los Ángeles Goitia, a la concejal de Imagen Urbana, María Otilia García Pertusa, y a la responsable de Presidencia, María Sonia Alegría, quienes habrían recibido esas navidades un bolso de Purificación García.

También resalta el informe un regalo "que él decida" al concejal de Servicios y Mantenimiento y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Andrés LLorens, así como un bolso para la candidata del PP a la alcaldía de Elche (Alicante), Mercedes Alonso.

En este sentido, el sumario transcribe una conversación entre María Manuela Carratalá y Ortiz en la que ésta le indica que le parece "excesivo" hacer un regalo a todas las concejales del PP de Alicante, a lo que el propio empresario responde que "por regalarles un detalle, posteriormente las tiene a su disposición", y continúa diciendo que a los del Ayuntamiento de Alicante "tenemos que tenerlos contentos, porque hay un huevo de cosas y de intereses".

El informe policial destaca también posibles obsequios por parte de Ortiz al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Joaquín Ripoll, así como al que fuera alcalde de Benidorm (Alicante), Manuel Pérez Fenoll, a quien le habría regalado un reloj valorado en 20.000 euros.

http://www.diarioinformacion.com/alicante/2011/06/03/ortiz-haber-hecho-regalos-alperi-castedo/1134535.html 

LA FISCALÍA ACUSA A CASTEDO DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Anticorrupción señala que la alcaldesa y Díaz Alperi "a la medida" del constructor Ortiz "aspectos relevantes" del PGOU y, además, que recibieron "dádivas" o "pagos".

La Fiscalía Anticorrupción afirma que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad.

Según el contenido del sumario del caso Brugal, del que se ha levantado hoy el secreto de las actuaciones y a cuyos miles de folios ha tenido acceso EFE, Anticorrupción considera que Castedo y Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" del constructor Ortiz (máximo accionista del Hércules CF) "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y, además, que recibieron "dádivas" o "pagos".

La pieza separada que investiga las supuestas ilegalidades en el PGOU (que fue aprobado inicialmente por el ayuntamiento y que entrará en vigor cuando la Generalitat Valenciana dé el visto bueno) es una de las cerca de veinte ramificaciones de la operación Brugal, y es instruida por el juzgado de instrucción número 5 de la ciudad, del magistrado Manrique Tejada.

Se da la circunstancia de que Castedo y Díaz Alperi han sido elegidos en las elecciones del 22 de mayo como diputados en Les Corts Valencianes, por lo que en unos días serán aforados y, en su caso, sólo podrían ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En unas diligencias con fecha del 26 de marzo de 2010 en base a unas escuchas policiales, el fiscal señala que Castedo, que en el momento de la investigación (2008) era concejala de Urbanismo, da a Ortiz datos sobre la tramitación del Plan "en gran cantidad de ocasiones".

En una de las llamadas Castedo informa a Ortiz del "apaño" en la zona existente entre el "APA-9" y "Lomas Garbinet", así como en la zona del estadio de fútbol Rico Pérez, mientras que otro día el constructor pide a la popular que "le pinte de azul" tres parcelas.

La fiscalía apunta que la alcaldesa recibió como dádiva varios viajes y un turismo de la marca Mini Cooper, así como la contratación de personal en sociedades de la órbita de Ortiz.

En cuanto a Díaz Alperi (en la etapa de la investigación alcalde de Alicante), el fiscal se refiere a numerosos encuentros con Ortiz sobre el PGOU, como uno el 10 de julio de 2008 en el que, al parecer, el exalcalde proporciona el plano del Plan al promotor.

Se apunta a que, coincidiendo en el tiempo con el traspaso de información, Díaz Alperi pudo recibir de la esposa de Ortiz una "cantidad grande de dinero no determinada", mientras que le abonaron un viaje a Creta en jet privado y le pagaron las viviendas de sus hijos.

En cuanto al constructor, la investigación le considera "el solicitante y receptor" de información del planeamiento urbanístico y añade que ese material le eran aportados de manera repetida por Castedo y Díaz Alperi.

Según el sumario, Ortiz compró terrenos valiosos por su futura recalificación y revalorización en base a la información privilegiada recibida.

El fiscal ve un supuesto delito de asesoramiento ilegal, información privilegiada y tráfico de influencias en el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, por participar en el favorecimiento de Ortiz, y también en los abogados Javier Gutiérrez (exconcejal del PSPV-PSOE) y José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa), por ser intermediarios a través de su bufete.

El expresidente de Caja del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala podría haber cometido un delito de aprovechamiento de información privilegiada para obtener beneficios en actuaciones urbanísticas de "Aguamarga" y "la Condomina".

Situaciones similares se aprecian a favor del director general adjunto de Bancaja José Cortina; del director general de Inversiones Inmobiliarias de CAM, Daniel Gil, y del director general adjunto de Bancaja, Juan Zurita, entre otros.

www.levante-emv.com 03.06.11

LA POLICÍA SITÚA A ALPERI EN EL EJE DE LAS MANIOBRAS URBANÍSTICAS DE ORTÍZ EN ALICANTE

El informe de Delincuencia Económica sostiene que el exalcalde jugó un papel central en las operaciones de Aguamarga, Torre de la Huerta y la fracasada Ciudad de la Economía

El informe policial de las presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante sitúa al exalcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, como eje de las maniobras urbanísticas emprendidas por el empresario Enrique Ortiz para aprovecharse al máximo del planeamiento urbanístico.

La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) sostiene que Ortiz utilizó información privilegiada para beneficiarse tanto de zonas que iban a ser recalificadas, como de aprovechamientos en sectores de la ciudad por la propiedad de terrenos declarados Parque Natural, que adquirió para ser compensado con más edificabilidad en otros suelos a urbanizar.

El documento elaborado por la Policía divide en tres las zonas en las que se cometieron presuntamente irregularidades: el Rico Pérez (de lo que ayer dio cuenta este diario), los saladares de Aguamarga y la zona de Torres de la Huerta o La Condomina, donde el empresario poseía gran cantidad de metros cuadrados. El exalcalde le "ayudó" a buscar inversores en las operaciones de La Condomina y supuestamente le orientó en la compra de suelo protegido cuando el PGOU ni siquiera era público.

Según la investigación, en la zona de Aguamarga, situada en el sur de Alicante entre los saladares y el término municipal de Elche, el empresario alicantino vio negocio en varios terrenos después de conversaciones mantenidas con el exregidor. Uno de estos terrenos era un suelo de 1.800.000 metros cuadrados, propiedad de Kelme y que fue repartido entre varios acreedores -entre ellos Bancaja, socio de Enrique Ortiz a través de la empresa Deproinmed, y la CAM- una vez que la empresa no pudo hacer frente a una deuda de unos 46 millones de euros.

Según la investigación, Ortiz y el expresidente de la CAM, Vicente Sala, "tenían intereses" en comprar suelo en Torres de la Huerta porque sabían, según se desprende de las conversaciones intervenidas, que iba a aumentarse la edificabilidad a cambio de ofrecer la zona de Aguamarga de Kelme al Ayuntamiento. El 4 de julio de 2008 Ortiz le dice a Sala que ha hablado con Alperi y que lo de Aguamarga "hay que comprarlo". Según el propio Ortiz la adquisición de esos terrenos suponía multiplicar por cinco en dos meses la inversión.

Asimismo, respecto a la normativa que obliga a ceder suelo en Parque Natural por cada metro rústico recalificado, en verano de 2008, meses antes de salir el PGOU a exposición pública, Ortiz intensifica las gestiones para hacerse con el máximo suelo posible de parque natural una vez que Alperi le ha trasladado, según la Policía, que necesita terrenos protegidos para luego hacer un "canje". Él ya sabe las zonas protegidas que se van convertir en parque natural pese a que aún no se ha expuesto el documento urbanístico, según se da cuenta en el informe policial, que añade que, por ello, Ortiz muestra "especial interés" en zonas concretas como la Serra Grossa, Saladares de Aguamarga, Tabarca y lomas de Garbinet.

La Policía abre otra línea de investigación respecto a otras parcelas contiguas a la de Kelme, propiedad de una inmobiliaria en la que CAM tenía opción de compra. Según las pesquisas, Ortiz entra en escena para que recalifiquen la zona y construir la Ciudad de la Economía, un proyecto que al final no se llevó a cabo. El informe cita que Ortiz tilda este proyecto de "traje a medida de la CAM". Un día antes de someterse el PGOU a exposición pública se tramitó ante notario una operación a través de la cual se adquiría ese suelo y en la que participó Ortiz a través de una compra que no le vincula claramente con esa propiedad. El PGOU contemplaba la recalificación de ese suelo para construir la Ciudad de la Economía, pero al no poder llevarse a cabo ésta por problemas en la afección de zonas protegidas y la negativa de AENA, la zona recalificada pasó a ser suelo protegido.

Según concluye el informe policial, "sea cual sea su calificación final, las ventajas para los propietarios aumentarían exponencialmente, según ellos mismos reconocen". La última versión del Plan General de 2010 ya recoge esa zona como Suelo No Urbanizable Parque Natural, lo que permite a sus propietarios al cederlo al municipio recuperar suelo de reparto en el Plan Parcial de las Torres de la Huerta.

En el mismo documento policial, se muestra el temor por parte de la CAM de que no se lleve a cabo el complejo, miedos que el empresario intenta calmar asegurando que la alcaldesa le ha dicho que la Ciudad de la Economía se hará en otro sitio y que se compensará ese suelo en otras zonas. En este apartado de la investigación, el propio Ortiz reconoce poseer fichas del Plan General antes de la exposición pública del documento.

www.levante-emv.com 03.06.11

"OS LO COMPENSAMOS SI SE HACE EN OTRO SITIO"

En el sumario policial, Ortiz asegura a un representante de la CAM la "voluntad política" de la alcaldesa de "tirar para adelante", en el caso de la Ciudad de la Economía en Agua Amarga, y de que en caso de algún problema Sonia Castedo le aseguró que "se hace en otro sitio el proyecto que tenéis y eso (en referencia al suelo de Agua Amarga de la CAM) os lo compensamos en aprovechamiento en otro sitio".

Castedo dice que sólo se hace responsable de sus palabras . Sobre este proyecto en Agua Amarga, la alcaldesa rechaza categóricamente cualquier "apaño" y destaca que "el proyecto de la Ciudad de la Economía no se llevó a cabo porque yo misma lo decidí tras un informe que pedí a la Generalitat, que informaba en contra y por la existencia de un informe de Aena que también ponía reparos".

www.levante-emv.com 03.06.11

´TÚ ESTAS PAGANDO SUELO RÚSTICO, ES BUENA COMPRA´

La Policía sostiene que Díaz Alperi ayudó cuando todavía era primer edil de la ciudad a Ortiz a captar socios para el Plan Torres de la Huerta. El informe sostiene que Ortiz ya sabía que ese suelo iba a pasar a ser urbanizable y usaba la información privilegiada como reclamo para captar a sus inversores. La Policía señala que Alperi tiene mucho interés en poner en contacto a Ortiz con otro empresario identificado como Bernardo Campos y que representa a inversores armenios. La operación no fructificó y finalmente Ortiz firmó con Bancaja el acuerdo.
Según el sumario, es Alperi el que pone en contacto a Ortiz con Campos para que entrara en la operación. El promotor le llama el 17 de agosto para exponerle las condiciones. Los inversores tendrían que desembolsar 50 millones de euros para hacerse con la parte de Villarejo. En una conversación, Ortiz le dice que "ahora mismo tú estás pagando suelo de rústico y está ya metido en el Plan General y con más viviendas de las que se pensaban, esto es buena compra".

Ese mismo día, la Policía captó una conversación cuando Ortiz llama a Villarejo. "Estoy en el barco con tu amigo Luis, bueno disfruta te paso a Luis" y se pone Alperi. Las intervenciones telefónicas apuntan a que el alcalde estaba al corriente de la operación, "nosotros no hacemos más que pensar en ti, te lo digo en serio. Enrique y yo estamos ahí dándole vueltas y tengo un buen amigo que el otro día se lo comentamos (É)es una persona muy, muy relacionada con gente muy importante".

El 19 de agosto, Alperi llama a Ortiz para recriminarle que todavía no haya mandado la información a Campos. "Me llama muy preocupado y muy desesperado Bernardo Campos, me dice que le has dejado tirado y que hoy van los abogados, que los recibe a las dos".
Ortiz replica que antes de esa hora la tendrá. Tras enviar la información requerida, los dos empresarios vuelven a hablar sobre la operación. Ortiz le dice: "La rentabilidad que le sacamos mínima seguro es de un 40% o un 50 en dos años. El suelo, nosotros estamos en un par de años doblando. Ten en cuenta que ahora están comprando ellos suelo de rústico y está recalificado en el Plan General, el Plan General ya está hecho, yo tengo copia, vamos, te puedo enseñar copia". Su interlocutor le da datos sobre la solvencia del inversor armenio: "Era el administrador general del sultán de Brunei". Cuando Alperi ya ha dimitido de alcalde, Campos se pone en contacto con Ortiz para decirle que ha quedado con el ex primer edil para que le dé una ficha con el valor de las repercusiones del terreno de la Condomina. No se la dará.

www.levante-emv.com 03.06.11

EL PLAN OCULTO DE UN PROMOTOR Y DOS ALCALDES

La policía cree que Ortiz influyó en el PGOU de Alicante

La redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante contó, según la policía, con una trastienda ajena al interés general cuyos protagonistas fueron el promotor local Enrique Ortiz, el exalcalde y actual diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi, y su sucesora y entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo. Esa cara oculta del proceso de gestación del nuevo planeamiento urbano está reflejada en el informe de la Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante.

El hermano de la alcaldesa actuó de puente entre Ortiz y el Ayuntamiento

EU pide a Castedo y Alperi que dejen todos sus cargos públicos

El documento forma parte de la pieza separada del caso Brugal, que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU. Por estos hechos, y sobre la base del informe policial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información a 21 personas, entre ellas, Alperi, Castedo y Ortiz.

El documento de la policía revela múltiples reuniones y llamadas telefónicas entre el promotor, el regidor, la alcaldesa y el arquitecto redactor del planeamiento, Jesús Quesada, para "incluir modificaciones en el PGOU a su voluntad [la de Ortiz]. El informe de los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales destaca otra pieza clave en ese supuesto trasiego de información privilegiada entre los dos altos mandatarios municipales y el promotor: un despacho de abogados urbanistas, regentado por José Luis Castedo (hermano de Sonia Castedo) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista en el Ayuntamiento.

El informe policial recoge hasta ocho supuestas actuaciones urbanísticas ilegales, aunque las dos de mayor calado son el supuesto amaño para la remodelación del estadio Rico Pérez, en actualidad propiedad de la firma Aligestión, del promotor Ortiz, y la adquisición de suelo protegido para intercambiar los aprovechamientos por suelo urbanizable.

La investigación policial sobre presuntas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante comenzó a mediados de mayo de 2008 y se prolongó justo hasta la primavera de 2010. Durante ese bienio, el Ayuntamiento aprobó en dos ocasiones provisionalmente la propuesta, la segunda en mayo de 2010. El documento aún no ha sido sancionado por el Consell.

Sobre la base de ese vasto informe policial (las diligencias ocupan 500 folios), el fiscal Briones presentó el pasado 17 de junio de 2010 un escrito inicial de acusación ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que dirige el sumario general del caso Brugal. San Martín, no obstante, se inhibió de esa pieza un mes después por motivos de competencia territorial.

La causa del PGOU de Alicante recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, el magistrado Manrique Tejada, mantiene desde entonces secretas las diligencias. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia aseguraron ayer que el juez mantendrá el secreto del sumario "hasta recibir los nuevos informes policiales que ha solicitado".

Sin embargo, la reserva de ese sumario ha sufrido dos filtraciones de calado. La primera en octubre de 2010, cuando por un error material el juez Carlos San Martín incluyó parte de esas diligencias en un DVD que fue entregado al resto de partes de la causa general.

La primera filtración incluyó pasajes del informe policial y el escrito de acusación del fiscal al completo. El documento fue exhibido en público por Sonia Castedo para contrarrestar las imputaciones que vertía sobre su persona el representante del ministerio fiscal.

La segunda filtración se produjo ayer, a través del diario Información, que difundió el informe policial. El documento abunda en los ocho supuestos hechos delictivos que dieron pie a la acusación del fiscal y recoge nuevos pasajes de las escuchas telefónicas de conversaciones grabadas entre Ortiz, Alperi y Castedo, reveladoras de las presiones del empresario a los cargos del PP para conocer de antemano las líneas básicas del PGOU y la disponibilidad de estos a satisfacer sus demandas de información.

En su escrito, el fiscal sostiene que la primera reunión de importancia entre el empresario y los cargos del Ayuntamiento para obtener información privilegiada del PGOU se produjo el 15 de mayo de 2008, "en una reunión velada en la Gerencia de Urbanismo entre la concejal Sonia Castedo, Enrique Ortiz y Jesús Quesada". El informe policial precisa que el encuentro fue a la 17.30, "porque por la tarde no hay nadie". En esa reunión, según la policía, Ortiz obtuvo datos acerca de la instalación de la tienda de Ikea en el plan Rabassa, adjudicado unos años antes al promotor Ortiz.

El informe de la policía y el escrito del fiscal recogen, más adelante, sucesivas conversaciones telefónicas en las que bien Castedo o bien el redactor del plan informan al promotor de otras actuaciones urbanísticas en las que Ortiz tiene intereses, como el APA-9 o la Lomas de Garbinet.

El 26 de junio de 2008, la policía interviene llamadas de Ortiz al redactor del PGOU interesándose por el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, "con la anuencia de Sonia Castedo y Díaz Alperi", precisa el escrito del fiscal. En este apartado la policía aporta un encuentro personal entre Alperi y Ortiz en Benidorm para hablar del proyecto de reforma del Rico Pérez. El informe policial concluye en este apartado que "se habría producido un pacto encubierto por el que la mercantil Aligestión habría adquirido el estadio Rico Pérez sabiendo que posteriormente sería recalificado, aprovechando el PGOU".

La policía cree igualmente acreditado que Ortiz tuvo información privilegiada sobre qué zonas de la ciudad iban a ser protegidas y poder acaparar ese suelo con la intención de permutar la edificabilidad en áreas urbanizables. "Yo tengo un plano de las zonas protegidas que tienen prioridad", recoge un pasaje de una conversación entre Ortiz y uno de empleados.

Tanto la policía como el fiscal consideran que en este supuesto acceso a información privilegiada del promotor Ortiz sobre los pormenores del PGOU de Alicante es clave el papel del despacho de abogados de urbanistas integrado por el hermano de Castedo y el exconcejal socialista. Para el fiscal, este extremo tampoco pasa inadvertido y acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso de información privilegiada. La mediación más relevante de los dos abogados con Ortiz está vinculada a la adquisición de terrenos rústicos en áreas que más tarde serían protegidas, como el Saladar de Agua Amarga.

Para el PSPV, según recoge un informe elaborado por el partido sobre el trámite del PGOU, el papel del hermano de Sonia Castedo en el supuesto trato de favor al promotor Ortiz "es clave". El documento de los socialistas destaca que José Luis Castedo trabajó entre 2004 y 2008 en la entonces Consejería de Territorio y Vivienda en Alicante.

Las nuevas revelaciones policiales sobre el supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz en el trámite del PGOU fueron aprovechadas ayer por los grupos de la oposición para instar a la alcaldesa a que dé explicaciones. Elena Martín, cabeza de lista del PSPV en los últimos comicios municipales, dijo: "De confirmarse los hechos, Alicante estaría ante un claro caso de corrupción. Exigimos a Castedo que salga inmediatamente a dar explicaciones".

Más contundente se manifestó el cabeza de lista de EU, Miguel Ángel Pavón, quien exigió a Castedo y Alperi que renuncien a sus actas, tanto de concejales electos como de diputados autonómicos electos. "Es inaceptable el trapicheo de planos del PGOU entre Ortiz y el equipo redactor". Mientras, la diputada autonómica de Compromís por Alicante Mireia Mollà aseguró que los nuevos datos sobre el PGOU "hacen absolutamente necesario que se pidan responsabilidades".

Castedo a Ortiz: "Te hemos apañado lo del Rico Pérez"

Los diálogos de las escuchas telefónicas recogidas en el informe policial del sumario del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante rezuman una constante en las formas: la cordialidad rayana en la afectuosidad que reina entre el trío de interlocutores, el promotor Ortiz y los dos alcaldes del PP de Alicante, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Mientras, en el fondo las escuchas revelan el afán de Ortiz por controlar los pasos del trámite del planeamiento y, en paralelo, la disponibilidad de Alperi y Castedo a acceder a sus peticiones.

La regidora ha compartido, junto con Alperi, dos viajes de recreo a bordo del yate Elena, propiedad del empresario Enrique Ortiz. Esas características subyacen tanto en las escuchas telefónicas conocidas tras la primera filtración de septiembre y las recogidas en la filtración difundida ayer por el diario Información.

Muestra de la cordialidad entre Ortiz y Castedo son algunos pasajes de conversaciones entre ambos sobre el proyecto de reforma del estadio Rico Pérez. En una de las conversaciones sobre otras actuaciones urbanísticas la regidora comenta a Ortiz: "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9 y Lomas de Garbinet y también lo del Rico Pérez".

Sobre el Rico Pérez, en la primera filtración del informe policial, hay otra conversación reveladora

Ortiz: Pues voy directamente allí y vemos a ver si me das solución ya de lo que este plantea del Hércules (...) y si me interesa, y ya te cuento temas que he estado viendo también con Luis y me dices, y además intenta tener el planito y me lo enseñas.

Castedo: Sí, Sí, sí, mañana nos vemos entonces.

El trasiego de planos (supuestamente referidos al nuevo PGOU) entre Castedo y Ortiz ocupa otro pasaje de las escuchas, en este caso referidas a la instalación de Ikea en Rabassa. "Me has dado un tebeo del Coyote. Es el antiguo, el mismo que tengo yo, el antiguo, antes de la modificación", comenta Ortiz.

En otras de las conversariones, el promotor Ortiz expresa directamente a Castedo su malestar por que la redacción del PGOU, al menos en lo que se refiere al apartado de las nuevas zonas protegidas, no discurre según sus interesas: "El tema es gordo, estoy viendo el Plan General y me destroza por todos los lados, es que es increíble... los puñeteros adscritos estos". En esa fase del trámite del PGOU Ortiz, en una conversación con un empleado suyo, experto en temas urbanísticos, llega a dudar de la lealtad de sus apoyos y alude a una supuesta mano negra, para espetar: "Yo veo aquí una mano negra y la mano negra para esto tengo que ser yo".

Las escuchas dejan aflorar que el supuesto idilio y mutua confianza de los que siempre han hecho gala en público Luis Díaz Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, sufrió una fractura a las primeras de cambio. En una conversación entre Ortiz y Luis Díaz Alperi, grabada el 21 de octubre de 2009, justo un año después del cambio de titular en la alcaldía, el exregidor hace las siguientes alusiones sobre su sucesora.

Alperi: Oye, no le comentes nada, por favor, a Sonia, de nada, nada de nada.

Ortiz: ¿Qué te ha hecho otra, o qué?

Alperi: No, no, me ha hecho otra, pero sé más cosas, y sé que me... vamos, Sonia me odia a muerte.

www.elpais.es 02.06.11

CASTEDO: "IMPORTA EL MORBO Y NO QUE ORTIZ NO SE BENEFICIÓ"

"Lo que importa es el morbo y las insinuaciones, pero no lo importante, y es que Ortiz no se benefició [con el nuevo PGOU de Alicante]". Esta fue la primera reflexión de Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, y principal cargo público afectado por las nuevas revelaciones del informe policial sobre un supuesto trato de favor por parte del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el proceso de redacción del planeamiento urbano de la capital.

"A mi hermano le han destrozado la vida solo por ser mi hermano"

La regidora volvió a expresar su "indignación" por, según ella, tener que enterarse de las diligencias judiciales del sumario que investiga el supuesto favor a Ortiz por medio de los medios de comunicación. "Mi abogado ha ido esta mañana [ayer para el lector] al juzgado y le han vuelto a reiterar que el caso sigue bajo secreto del sumario. No he visto ningún informe policial", señaló.

Castedo, al igual que manifestó cuando trascendió el escrito de fiscal que le atribuye los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, insistió en que el promotor Ortiz no ha obtenido "ningún trato de favor ni ha gozado de información privilegiada".

"Ortiz no obtuvo lo que pidió", sentenció en octubre de 2010. "Qué tipo de información privilegiada se supone que ha tenido Ortiz, si no ha habido ninguna modificación en el PGOU", dijo ayer. "Me gustaría que la gente se preocupara por la realidad actual del PGOU, un documento público al que se puede acceder por Internet y que me diga en qué se ha beneficiado a Ortiz. Todo está igual, el APA-P, Lomas de Garbinet, el PAU- 3 y el Estadio Rico Pérez, cuya calificación es la vigente desde 1987. Por tanto, me niego a hablar de supuestas actuaciones urbanísticas irregulares", argumentó.

Castedo, no obstante, admitió que mantuvo encuentros con el promotor Ortiz, "pero como con otros empresarios y colectivos de la ciudad", precisó. Sobre la supuesta reunión "velada" con Ortiz y el redactor del PGOU en la Gerencia de Urbanismo por la tarde "porque no hay nadie", según reflejan las escuchas telefónicas, Castedo dijo: "Al decir 'porque no hay nadie' me refiero a la ausencia de público, pero la reunión, como todas las demás, siempre han contado con la presencia de técnicos municipales".

Sobre el papel de su hermano y el exconcejal socialista en el supuesto favor a Ortiz, Castedo señaló: "A mi hermano le han destrozado la vida simplemente por ser mi hermano, y Gutiérrez fue propuesto por el redactor del plan como asesor jurídico externo".

www.elpais.es 02.06.11

DETENIDO UN EDIL DEL PP IMPUTADO EN BRUGAL POR ENTERRAR BASURA

Bru dirigía una trama para verter residuos en una fosa ilegal de Abanilla

La corrupción vinculada al negocio de la basura suma otro episodio en la Comunidad Valenciana. La Guardia Civil ha detenido a cinco hombres, vecinos de Albatera, Orihuela, Almoradí, Dolores y Callosa del Segura, acusados de enterrar miles de toneladas de basura procedentes de una zona de Elche en una fosa ilegal en un campo de limoneros de la vecina localidad de Abanilla (Murcia).

La investigación considera que el principal responsable de los hechos es el también detenido Francisco Javier Bru García, concejal del PP de Albatera y uno de los imputados de la pieza que investiga el caso Brugal en Orihuela, según fuentes próximas a las pesquisas. Bru es asesor financiero y contable del industrial de la basura Ángel Fenoll, considerado el cabecilla del caso Brugal y que tiene un vertedero autorizado en Abanilla, la misma localidad murciana en la que se enterraban los residuos incontrolados.

La basura procedía de la zona de Elche y su destino final era el vertedero autorizado que el empresario Ángel Fenoll, considerado el cabecilla de la trama Brugal, tiene en esta localidad murciana ubicada en el límite con Alicante, aunque esta no llegaba a su destino y se desviaba de forma ilegal finalmente a un gran foso en medio del campo de limoneros, según fuentes de la investigación. El negocio residía en cobrar por recoger la basura y tratarla, cuando en realidad la red corrupta ahora detenida se ahorraba este último proceso al enterrarla sin más y sin autorización, según apuntaron ayer otras fuentes próximas a la investigación.

El Ayuntamiento de Elche no pudo confirmar este extremo. La planta de tratamiento que hay en la localidad, que gestiona la basura del Plan Zonal XVIII, que corresponde a los municipios del Baix Vinalopó, está gestionada por la empresa Urbahormar, participada en un 65% por Urbaser y en el 35% restante por Hormigones Martínez.

Junto al concejal del PP de Albatera también han sido detenidos en la misma operación F. P. P, de 74 años, J. A. B. G., de 41 años, E. H. A., de 41 años y C. E., de 32 años, todos ellos vinculados al terreno donde se vertía basura ilegalmente, a la empresa de transportes y a la firma responsable del vertedero. A los cinco detenidos se les imputan delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales, por la puesta en peligro de la integridad de las personas, de la calidad del aire, del suelo y de las aguas, de los animales y de las plantas. La investigación, además, en el caso de Bru, añade un supuesto delito de estafa y otro contra los derechos de los trabajadores, según detalló ayer la Delegación del Gobierno en Murcia.

Los cinco detenidos de esta operación y las diligencias realizadas para esclarecer los hechos han sido puestos a disposición del juzgado de Instrucción de Cieza.

La investigación arrancó el pasado mes de noviembre, cuando agentes de la Guardia Civil constataron graves irregularidades en uno de los vasos del vertedero de Abanilla y cuatro meses después descubrieron a varios camiones descargando ilegalmente toneladas de basura en un foso de unos 4.000 metros cuadrados de superficie y varios metros de profundidad de una finca, según detalló Efe.

Las diversas catas realizadas a raíz de este descubrimiento por los agentes en este vertedero clandestino evidenciaron la presencia de medicamentos, envases de metal, cartón y vidrio, pilas y materia orgánica de diferente procedencia, ampliaron las mismas fuentes.

Los residuos sólidos eran trasladados hasta esta localidad murciana desde la provincia de Alicante y sepultados inmediatamente por maquinaria pesada expresamente dedicada a esta labor. El foso de grandes dimensiones en el que vertían los residuos estaba prácticamente colmatado.

Cargo público en libertad con fianza

El empresario y político Javier Bru García se encuentra en la génesis de la investigación judicial del caso Brugal (supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante).

Bru fue arrestado a finales de mayo de 2007 en el marco de la primera fase de la operación policial del caso Brugal. Junto a él, fueron detenidas otras seis personas, entre ellas, el industrial Ángel Fenoll, considerado por la investigación como el cabecilla de la trama.

La detención de Bru, por los supuestos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias, se produjo una semana después de que el empresario obtuviera el acta de concejal por el PP en la localidad de Albatera (La Vega Baja). El juez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ordenó el ingreso en prisión sin fianza del político electo.

Bru logró la libertad provisional tras un mes largo en la prisión de Fontcalent a cambio del pago de una fianza de 60.000 euros. Su condición de presidiario no hizo mella en su voluntad de hacer valer su acta de concejal. El 20 de septiembre de 2007, en el transcurso de un pleno extraordinario, Bru tomó posesión de su acta de concejal. La sesión duró apenas unos minutos y no se produjo ninguna intervención por parte de ediles de la Corporación.

Tampoco el PP frenó su iniciativa. La dirección de los polares alicantinos, en manos de José Joaquín Ripoll, no adoptó ninguna medida contra su edil, no solo imputado, sino encarcelado por supuesta corrupción.

Con motivo de su última comparecencia ante el juez que dirige el caso Brugal, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, el pasado mes de febrero, el edil Bru anunció que no optaría a la reelección.

www.elpais.es 09.04.11

49) C.VALENCIANA: REGISTRAN EL DESPACHO DEL HERMANO DE SONIA CASTEDO

 

El juez investiga el supuesto tráfico de información privilegiada sobre el PGOU en una pieza separada de Brugal - La alcaldesa señala al fiscal Anticorrupción

Agentes de la Policía Judicial registraron ayer el despacho que comparten en Alicante el abogado y exconcejal socialista Javier Gutiérrez, y el también letrado José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante y número uno de las candidaturas del PP a la Alcaldía de la ciudad y a las Cortes Valencianas, Sonia Castedo.

El registro se llevó a cabo por orden del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, investiga la pieza separada del caso Brugal que tiene que ver con supuestas irregularidades en el del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, plan que empezó a elaborarse siendo alcalde de la ciudad Luis Díaz Alperi y concejal de Urbanismo la actual alcaldesa.

Los agentes, que aseguraron proceder en el curso de una "inspección rutinaria" ordenada por el citado juzgado, se llevaron de las oficinas, situadas en la popular Casa Salvetti de Alicante, de la que toma su nombre la empresa constituida por Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, abundante documentación relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, aunque toda ella es ya en estos momentos información de dominio público.

La Policía se incautó también durante el registro de dos ordenadores que se encontraban en las oficinas, aunque antes de su retirada permitieron que el personal de la empresa copiara los discos duros para no perder información contenida en los mismos y que, según ellos, es necesaria para el funcionamiento del bufete.

El magistrado Manrique Tejada investiga varios presuntos delitos en la confección del Plan General de Alicante que se habrían descubierto a raíz de la intervención de distintos teléfonos, entre ellos el del empresario Enrique Ortiz, como consecuencia del sumario abierto en Orihuela para determinar si hubo irregularidades en la concesión de una planta de basuras de la comarca al citado empresario y al también industrial oriolano Ángel Fenoll por parte de la Diputación Provincial que preside José Joaquín Ripoll, imputado en ese caso y número dos de la candidatura de Alicante del PP.

Como consecuencia de esas escuchas se apreciaron otros posibles delitos distintos al que originó el caso y que fueron remitidos por el juez de Orihuela Carlos Sanmartín, en piezas separadas, a distintos juzgados de la provincia, entre ellos el que preside el juez Tejada.

En este caso, entre otros se investiga un posible tráfico de información privilegiada para beneficiar supuestamente a Enrique Ortiz y la recepción de favores a cambio.

La Policía ha investigado el patrimonio del que era alcalde cuando el plan comenzó a gestarse, Luis Díaz Alperi, y también el de la que entonces era edil de Urbanismo y hoy alcaldesa, aunque en este último caso el primer informe de los agentes no aprecia enriquecimiento irregular en su patrimonio.

El despacho que comparten los letrados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo aparece, de acuerdo con las escuchas, en el centro de esta investigación al sospechar la Policía que desde él se manejó información privilegiada respecto al futuro ordenamiento urbano de Alicante.

El magistrado Manrique Tejada tiene que citar a declarar a Alperi y a la alcaldesauna vez concluya sus indagaciones.Pero Alperi tiene en estos momentos la condición de aforado por ser diputado de las Cortes Valencianas y figura en puesto de salida en la candidatura que ahora se presenta, con lo que una instrucción contra él sólo podría ser llevada a efecto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, y Sonia Castedo adquirirá esa misma condición de aforada una vez tome posesión de su escaño en las Cortes tras las elecciones del próximo 22 de mayo.

De hecho, tal como publicó en su día este periódico, el juez tenía previsto llamar a declarar como imputada a la hoy alcaldesa en plena campaña electoral. Sin embargo, fuentes judiciales adelantaron ayer a este periódico que la citación ya no se producirá y que si la hoy alcaldesa es llamada a declarar lo hará después de que se celebren los comicios.

Castedo: "Preguntad al fiscal Anticorrupción"

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, ha remitido hoy a los medios de comunicación a hablar con el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, sobre el registro efectuado ayer en un bufete de abogados de la ciudad dentro de la investigación sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Castedo ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras el pleno ordinario de abril del Ayuntamiento de Alicante al ser preguntada por el mencionado registro, si bien ha eludido hacer más declaraciones al respecto.

Uno de los letrados del despacho investigado es José Luis Castedo, hermano de la regidora, quien, según Briones, debería ser imputada por beneficiar en el PGOU al constructor Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal.

Concretamente, el fiscal propone que se impute a la alcaldesa por la presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

Agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional de Alicante practicaron en la tarde de ayer un registro en el despacho de José Luis Castedo, bufete que comparte con el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, del que se llevaron "diversas cajas con documentación y soportes informáticos", han informado a EFE fuentes próximas al caso.

Preguntada también por estos hechos, la portavoz del grupo socialista, Carmen Sánchez Brufal, ha subrayado el "respeto" sobre las indagaciones policiales sobre el PGOU.

La socialista ha indicado que "no es el momento de interferir en las investigaciones de la Policía", si bien ha confesado no estar extrañada de que continúen las labores de las fuerzas de seguridad en este asunto.

"La fiscalía y los juzgados siguen investigando, y la primera consecuencia de este hecho es que en Alicante no tenemos Plan General, que la ciudad está paralizada y que han tenido que prorrogarse la paralización de las licencias", ha subrayado.

Además, Sánchez Brufal ha aseverado que "la Generalitat Valenciana no se atreve a aprobar el PGOU validado en la ciudad porque no sabe en qué situación judicial puede estar y cuáles son las investigaciones de la Policía".

Igualmente, la portavoz socialista ha lamentado que, "al final, cualquier irregularidad que pueda haber habido, no sólo la pagan los ciudadanos de su bolsillo, sino que también se paga con el cierre del futuro, ya que está paralizada la ciudad".

Por último, ha subrayado que las investigaciones que rodean al PGOU lo que hacen, en su opinión, es "crear inseguridad jurídica a cualquiera que pueda venir a invertir en Alicante y manchar el nombre de la ciudad con lo que ha podido estar pasando".

"Es un grave daño no sólo para el presente sino para el futuro necesario para volver a crear empleo y volver a ser una ciudad rica y con calidad de vida", ha sentenciado.

www.levante-emv.com 15.04.11

RIPOLL OBTUVO 1,3 MILLONES DE EUROS SIN JUSTIFICAR TRAS ADJUDICAR LAS BASURAS

La policía afirma que un millón corresponde al regalo de dos pisos

El líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y su familia -mujer y tres hijos- se embarcaron en un vértigo de consumo privado (viajes a lugares paradisíacos y compras compulsivas en tiendas de lujo) abonado a tocateja, apenas coronada la adjudicación de la multimillonaria contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja (sur de Alicante). Un informe policial, realizado a instancias del juez del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo) concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros.

Casi 300.000 euros fueron destinados a pagar a tocateja gastos privados

El documento, elaborado por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, revela que el grueso de esos ingresos sin justificar corresponde a dos pisos, situados en el ensanche de la ciudad de Alicante, o a su equivalente en metálico (un millón de euros), y el resto a consumo privado de la familia Ripoll, abonado en metálico. El rastreo de la policía (en las distintas cuentas bancarias y firmas comerciales de las que son clientes) ha aflorado una montaña de compras, muchas de lujo, y casi siempre ordenadas por la esposa de Ripoll, Margarita de la Vega.

José Joaquín Ripoll, también presidente de la Diputación de Alicante, cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó el promotor local Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa. Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en Alicante.

En el trámite de esta adjudicación, según el informe policial, Ripoll incurrió en 10 hechos delictivos. La policía judicial considera que el incremento patrimonial de "desconocida procedencia" de Ripoll en el período entre enero de 2008 y junio de 2010 "se corresponde con el tracto temporal en el que Ripoll realiza las actividades presuntamente delictivas que se le imputan", recoge el acta policial. "Por tal razón", añade, "podría considerarse que el origen de dicha cantidad, que constituye el incremento patrimonial no justificado, puede tener una relación directa con la adjudicación del plan zonal a la UTE Cespa-Ortiz y con la ubicación de la planta de gestión, que tienen como beneficiarios a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, respectivamente, a tenor, como se ha apuntado en informes anteriores, de una posible compensación de un millón de euros a través de Rafael Gregori, en pago a los servicios prestados a Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en relación al acuerdo de adjudicación".

El veterano dirigente conservador alicantino fue arrestado por su implicación en el caso Brugal el 6 de julio de 2010. El magistrado que dirige la investigación, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, lo interrogó dos días después y lo dejó en libertad con cargos por cinco supuestos delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Junto a Ripoll fueron detenidas otras 11 personas, entre ellas Ortiz y Fenoll. La policía y la Fiscalía Anticorrupción consideran a estos dos empresarios y al líder del PP como los muñidores de la esta mayúscula trama corrupta.

www.elpais.es 02.04.11

ENTRE LOEWE Y LA GRAN MANZANA

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía sobre ingresos en efectivo y pagos igualmente en metálico sin justificar se ha basado en el rastreo de las cuentas corrientes del matrimonio Ripoll-De la Vega y su cotejo con las facturas y pagarés intervenidos en el registro del domicilio de la pareja tras el arresto del líder del PP. En ese registro los agentes también se incautaron de 5.280 euros en efectivo (agrupados en fajos de 100, 50 y 20 euros).

En el apartado de las facturas, los pagos más llamativos son los relacionados con compras en la tienda Loewe. En este capítulo, el informe incluye un bolso Tote Patchwrk por 8.900 euros y una compra de carne selecta en el Mercado Central por 171 euros. Las reformas y decoración (cortinas y tapicería) del chalé habitual de la familia y un piso recién adquirido en el centro de la ciudad ocupan otro apartado de importancia, con presupuestos que oscilan entre 4.000 y 30.000 euros, siempre abonados a tocateja.

Y el tercer apartado destacado es el de los viajes de placer del matrimonio y su familia, la mayoría a Nueva York, otro a Creta y un sinfín más de vuelos personales de Margarita de la Vega entre Madrid y Alicante. Por uno de los vuelos a la Gran Manzana y a Creta, el matrimonio pagó en efectivo 37.047 euros.

En cuanto a las cuentas corrientes, el informe concluye que el saldo global asciende a 9.193 euros, y los ingresos sin justificación a 72.224 euros, o sea, hay un déficit de 62.929 euros. "Es decir, que sin estos ingresos en efectivo sin aparente justificación del origen de los mismos no podría sustentarse el nivel de vida que realiza tal núcleo familiar", asevera el informe.

www.elpais.es 02.04.11

EL LÍDER DEL PP ALICANTINO MANTIENE EL PULSO POR LA DIPUTACIÓN

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, encajó ayer el informe policial sobre su abultado incremento patrimonial no justificado con la misma actitud que encaró el día después de su arresto por su implicación en el escándalo de las contratas de basura en Alicante. Ripoll echó balones fuera, dudó de la rigurosidad del informe ("sólo recoge conjeturas y especulaciones sobre mi vida privada", puntualizó) y dijo que no tiene nada que ver con la contrata del Plan Zonal de La Vega Baja.

A renglón seguido, el líder de los antiguos zaplanistas en Alicante calló. Tácitamente, eso significa que se mantiene firme en su decisión de seguir en política y, sobre todo, de mantener vivo el pulso por repetir como presidente de la Diputación, cargo que ocupa desde 2003. Para materializar esta aspiración tendrá que doblegar la resistencia del bando opuesto, los afines al presidente de Generalitat Valenciana, Francisco Camps. La valedora de este sector en Alicante, la alcaldesa Sonia Castedo, insiste en que no lo quiere en su lista.

La regidora, ya proclamada candidata del PP a los comicios del 22 de mayo, también está implicada en el caso Brugal. Castedo esta acusada por el fiscal de supuesto cohecho vinculado a un trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el trámite del nuevo planeamiento urbano de la ciudad.

Para que Ripoll pueda revalidar el cargo tiene que obtener previamente el acta de concejal. De no hacerlo por la capital, tendría que buscar acomodo en la candidatura de otro municipio de la provincia.

Por otro lado, las revelaciones sobre el patrimonio de Ripoll, llevaron al Grupo Socialista en la Diputación a pedir su dimisión y a que explique el origen de esos ingresos.

www.elpais.es 02.04.11

RIPOLL GASTÓ EN DOS AÑOS 292.000 EUROS MÁS DE LO QUE INGRESÓ

El líder del PP de Alicante pagaba en metálico, según un informe policial

Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía judicial encargado por el juez que dirige la investigación del caso Brugal (trama corrupta en torno a las contratas de basura en el sur de Alicante) concluye que el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, gastó en compras particulares 292.658 euros más de lo que ingresó entre enero de 2008 y junio de 2010. Los agentes han realizado este informe en base a las pesquisas en los diferentes establecimientos en los que habitualmente compra la familia Ripoll, que han accedido a colaborar con la investigación.

La investigación ha comprobado que los pagos en metálico en diferentes tiendas de Alicante y Madrid suman hasta 108.000 euros que no habrían sido obtenidos mediante operaciones bancarias. Y concluye que este incremento injustificado de casi 300.000 euros en dos años y medio podría derivarse de la compensación de un millón de euros presuntamente recibida por el líder popular alicantino -a través de uno de sus supuestos testaferros, Rafael Gregori- del constructor Enrique Ortiz y del empresario Ángel Fenoll por la adjudicación de la gestión del plan zonal XVII de basuras.

Según la investigación, Ripoll recibió dádivas (dos lujosos pisos en el centro de Alicante o su equivalente en metálico, estimado en un millón de euros) supuestamente de Ortiz y Fenoll a cambio de la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja.

Ripoll, también presidente de la Diputación de Alicante, fue arrestado por la policía el 6 de julio de 2010 y dos días después el juez lo dejó en libertad con cargos por cinco presuntos delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y negociaciones prohibidas a funcionarios.

www.elpais.es 01.04.11

FENOLL SEGUIRÁ CON LA CONTRATA DE LA BASURA EN ALMORADÍ

El pleno del Ayuntamiento de Almoradí, gobernado por el PP, acordó ayer suspender provisionalmente la adjudicación del contrato de la basura a la empresa la Generala, a la espera de un informe técnico solicitado a la Generalitat. La decisión se produce un mes después de la irrupción en el pleno del actual concesionario, el empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal, para reclamar una deuda de 2 millones de euros.

Por otro lado, el PSPV en la Diputación pidió una reunión del consorcio de residuos de La Vega Baja para analizar la saturación del vertedero.

www.elpais.es 04.03.11

EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL' CITA A TRES EDILES DEL PP DE ORIHUELA

Están imputados en el supuesto amaño del contrato de la basura

El juez instructor del caso Brugal (trama corrupta relacionada con el negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) sigue adelante con la instrucción de una de las piezas clave del sumario: el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela. El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, ha citado a declarar a tres ediles del PP oriolano y a tres empresarios más imputados en la causa. Los seis fueron arrestados con motivo de la operación policial ordenada por el juez el 6 de julio de 2010.

Los tres concejales del PP oriolano que tendrán que declarar ante San Martín a lo largo de este mes son Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez. Los tres mantienen sus cargos. El juez les imputa los delitos de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en el amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento, adjudicada en octubre de 2008 a una UTE, integrada por la firma Sufi y las empresas Gobancast y Liasur. La investigación sostiene que estas dos últimas empresas son falsas y son la tapadera que permitieron al industrial Ángel Fenoll acceder a la concesión.

Junto a los ediles del PP, el magistrado también interrogará por estos hechos a los empresarios Luis Bracho (gerente de Sufi), Rafael Gregori, intermediario clave de la trama Brugal, y el asesor fiscal Jorge Sanz por su supuesta colaboración con Fenoll para falsificar las empresas de la UTE. Ángel Fenoll, empresario afín al PP, está considerado por la investigación como el cabecilla de la trama corrupta, cuya investigación se remonta a marzo de 2007.

El detonante del caso Brugal fue una conversación grabada entre Fenoll y el exconcejal del Centro Liberal de Orihuela Jesús Ferrández. En esa grabación, el edil confesó al empresario que una firma aspirante al concurso ofrecía un millón de euros a los concejales a cambio del contrato. Fenoll difundió la cinta y el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, aparcó el concurso, que retomó su sucesora, Mónica Lorente, con la adjudicación del contrato en octubre de 2008.La Fiscalía Anticorrupción de Alicante rechaza la petición de las defensas del caso Brugal para que se anulen las actuaciones, y en concreto la piedra angular de las diligencias: las escuchas telefónicas. "Todo lo actuado se ajusta a Derecho", puntualizaron ayer fuentes de este destacamento del ministerio público, que dirige Felipe Briones.

Briones ha presentado ante el instructor, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, su escrito a los 150 recursos planteados los abogados de las 17 partes, hasta ahora, personadas en el sumario. En el sumario hay un total de 17 imputados. Los tres acusados de mayor calado son el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El juez imputa a los tres, entre otros, el delito de cohecho.

El fiscal ha respondido, uno a uno, a los recursos de las partes. En total, el escrito del ministerio público ocupa 1.000 folios, que se suman a los cerca de 20.000 del sumario general, distribuidos en 40 tomos. En sus escritos, Briones defiende la legalidad de las actuaciones practicadas y rechaza la tesis de las defensas sobre una supuesta vulneración de los derechos de los acusados y falta de seguridad jurídica. Este último aspecto, según las defensas, está relacionado con el auto del instructor, firmado el 12 de abril de 2007, que autorizó las primeras escuchas.

Las defensas sostienen que ese auto y los que autorizaron las sucesivas prórrogas de las escuchas, en diferentes lapsos a lo largo de tres años, vulneran el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Si el magistrado rechaza los recursos, las defensas podrán apelar a la Audiencia de Alicante.

Ferrández: "Fenoll fue a por mí"

Jesús Ferrández, exconcejal del Centro Liberal de Orihuela, y primer imputado en el sumario del caso Brugal, declaró en la mañana de ayer ante el juez instructor que el empresario Ángel Fenoll, al que se considera uno de los cabecillas principales de la trama corrupta en torno al negocio de la basura, manipuló la grabación que dio pie a la investigación, y le extorsionó con ella.

"He reiterado al juez que todo fue una encerrona y que Fenoll manipuló la cinta para extorsionarme", afirmó Fernández a la salida del juzgado. "En aquellos momentos estaba claro que yo sobraba en la política y fue a por mí", añadió.

La cinta a la que aludía el exconcejal recoge una conversación entre Ferrández y Fenoll que grabó este último. En esa cinta el entonces concejal aseguraba que una de las empresas aspirantes a adjudicarse el servicio de basuras de Orihuela, Urbaser, estaba dispuesta supuestamente a ofrecer cerca de un millón de euros por la concesión. Fenoll, que también aspiraba al contrato, difundió en los medios de comunicación esta grabación y la llevó a la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal tiró de ese hilo hasta lanzar una segunda fase del caso Brugal en la que se ha imputado al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz, entre otros, también por contratos ligados a la basura y al urbanismo.

www.elpais.es 01.03.11

RIPOLL ADJUDICA A ORTIZ LA LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA DIPUTACIÓN

Cívica gana el concurso con cinco puntos de ventaja y por 4,2 millones de euros

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, imputado en el caso Brugal, despidió el año 2010 con la adjudicación del contrato de servicio de limpieza de los centros y dependencias de la Diputación de Alicante y el Museo Arqueológico Provincial (Marq) por valor de 4,2 millones de euros al empresario Enrique Ortiz, titular del grupo Cívica e imputado en la misma causa judicial por supuesta corrupción.

El proceso de adjudicación, mediante concurso público, arrancó hace meses y en noviembre del año pasado se reunió la comisión evaluadora para analizar las propuestas de las empresas interesadas. Entre estas figuraban firmas importantes como Eulen, SL, Fomento de Construcciones y Contratas o la UTE Gestión Industrial de Servicios y Servicios Auxiliares, integrada por Ginssa, propiedad del presidente de la patronal Coepa, Rafael Martínez Berna, y Samsa, de Antonio Arias. En la tabla de valoración, en la que se prima el mejor precio, la organización del servicio, la maquinaria y el personal necesario, la oferta de Ortiz obtuvo 74,02 puntos, seguida de Aldesa (69 puntos), La Generala con 67,87, y la UTE Gestión Industrial con 67,50. El grupo Cívica, que ya venía prestando ese servicio durante los últimos años, se hizo con el contrato por 4.179.253 euros, cuando el precio de licitación inicial marcado era de 4.993.026.

La diputada de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, María del Carmen Jiménez, firmó el 29 de diciembre de 2010 el decreto de adjudicación a la empresa ganadora. Las empresas La Generala y la UTE de Berna y Arias llegaron a presentar ofertas de menor cuantía que la de Ortiz, pero quedaron excluidas por el resto de criterios.

www.elpais.es 22.02.11

UN EDIL DEL PP Y ASESOR DEL CABECILLA DE BRUGAL SE NIEGA DECLARAR ANTE EL JUEZ

Javier Bru, concejal del PP en Albatera y asesor financiero y contable del grupo empresarial de Ángel Fenoll, líder de la supuesta trama corrupta del caso Brugal, se negó ayer a declarar ante el juez. Tras su comparencia ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Bru anunció que no optará a revalidar el acta de concejal.

Bru siguió el ejemplo del cabecilla de la trama y protagonizó en la mañana de ayer un fugaz paso por el juzgado de apenas 10 minutos. Al igual de Fenoll el pasado día 7, Bru no declaró: "Me he acogido al derecho constitucional de negarme a declarar", aseveró. La actitud de estos imputados responde a la estrategia de sus defensas de no declarar hasta que el juzgado resuelva el recurso sobre la nulidad de las escuchas telefónicas.

Por la tarde, el edil anunció que deja la política: "Ha sido una decisión personal", dijo. Bru confirmó que en este mandato en el que ha estado imputado el PP no le ha expedientado ni le ha pedido que dimita.

La comparencia de Bru ante el juez se enmarca en la nueva tanda de declaraciones a las que el instructor ha citado a los arrestados en la primera fase de la investigación policial del caso Brugal, en mayo de 2007. Entonces, la policía arrestó a seis personas, entre ellas Fenoll, Bru y el clan familiar del empresario. El juez les imputó los delitos de cohecho y tráfico de influencias vinculados con el amaño de la contrata de la basura del municipio de Orihuela.

Esta ronda de interrogatorios también incluye la declaración del primer imputado en este sumario, el ex concejal de Centro Liberal de Orihuela Jesús Ferrández.

www.elpais.es 15.02.11

EL JUEZ RETOMA LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA BRUGAL

El juez vuelve a interrogar a los detenidos en 2007 por la trama de la basura

El empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) vuelve está mañana a declarar ante el juez instructor por tercera vez desde el comienzo de la investigación, en marzo de 2007. El magistrado interrogará a Fenoll, industrial afín al PP, por el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela.

El industrial y su clan fueron arrestados por cohecho y extorsión

El magistrado tomará declaración al gerente de Fenoll, un edil PP

En días sucesivos el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, interrogará a otros seis acusados más en el sumario general, entre ellos el gerente de las empresas de Fenoll, Javier Bru, que es concejal del PP en Albatera. Y tomará declaración por segunda vez a Jesús Ferrández, exconcejal del Centro Liberal de Orihuela, primer imputado en esta causa.

San Martín retoma de esta manera la instrucción de esta causa, cuando aún tiene pendiente el envío de parte de las diligencias a los jueces que han asumido piezas separadas del sumario. La causa de mayor relevancia en ese apartado es la que indaga el trato de favor al empresario Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Esta nueva tanda de interrogatorios a los primeros implicados en el caso Brugal afecta a los seis arrestados a raíz de la primera operación policial que se desarrolló en mayo de 2007 y al exedil Ferrández. En esa fecha, la policía detuvo a Fenoll y su clan familiar (entre ellos su hijo y un hermano) al gerente de su grupo empresarial, recién electo edil del PP de Albatera, y a un detective privado, contratado por el empresario para grabar reuniones con otros colegas y cargos públicos de La Vega Baja.

El juez imputó a estos detenidos los supuestos delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias. Tras interrogarles, envió a prisión a Fenoll, su hijo y el concejal Bru. Tras un mes en la cárcel, quedaron en libertad provisional previo pago de fianzas de entre 60.000 y 100.000 euros.

Bru ha sido citado para el día 14 de febrero. El primer imputado, el exedil Jesús Fernández, tendrá que comparecer el 28 de febrero. Una conversación entre Fenoll y Ferrández, grabada en DVD por iniciativa del primero, fue el detonante del caso Brugal. La entrevista se produjo en vísperas de la adjudicación de la contrata de la basura del Orihuela, en la primavera de 2006. El entonces concejal confesó al empresario que la firma Urbaser estaba dispuesta a ofrecer alrededor de medio millón de euros a ediles a cambio de la contrata de basura. Al concurso aspiraba Fenoll. Apenas tener conocimiento de que no iba a ser el adjudicatario, Fenoll puso la grabación en manos del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

En la operación policial de mayo de 2007, los agentes intervinieron abundante material audiovisual en las oficinas y el domicilio de Fenoll. Esas cintas, más las escuchas telefónicas practicadas durante tres años, desembocaron el 6 de julio de 2010 en la segunda operación policial del caso Brugal. Entonces la policía practicó 11 arrestos, entre ellos, los otros dos muñidores, según la investigación, de la trama, el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el contratista Enrique Ortiz. El juez imputa al político cinco delitos, entre ellos, un supuesto cohecho de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte de Ortiz y Fenoll a cambio de la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja.

Trato de favor en vía muerta

Fruto de las escuchas telefónicas, el sumario del caso Brugal engordó hasta los 20.000 folios, repartidos en 40 tomos. El juez ha desglosado la causa general en hasta una veintena de piezas y se ha inhibido de algunas de ellas por motivos de competencia territorial. La más destacada en ese capítulo es la que investiga irregularidades en el PGOU de Alicante. En esta causa, el fiscal acusa a 21 personas, entre otros, a los alcaldes del PP de la ciudad, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y al promotor Ortiz.

El ministerio público acusa a estos implicados de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso prohibido de información privilegiada.

No obstante, el juez en el que recayó esta pieza, Manrique Tejada, titular del número 5 de Alicante, no ha practicado ninguna diligencia siete meses después de asumir la competencia y mantiene secretas las diligencias.

El magistrado espera sin éxito desde julio pasado que el instructor general, el magistrado Carlos San Martín, le remita todas las diligencias que afectan a esa pieza. El juez asegura que no iniciará la instrucción hasta que no disponga de toda la documentación en su oficina judicial.

Junto a esta pieza que investiga el supuesto trato de favor a Ortiz en el trámite del PGOU de Alicante, otra causa de relevancia desgajada del sumario general es la que indaga irregularidades en adjudicaciones de contratos de la Diputación de Alicante a la Fundación Hércules CF. Esta causa la instruye el titular del juzgado número 4 de Alicante. Este magistrado ha optado por retomar las diligencias con la imputación formal de los inicialmente acusados por el fiscal y la policía.

El juez ha imputado a cuatro personas. Las dos más relevantes son el diputado provincial del PP Carlos Mazón y el empresario Rafael Gregori. Mazón es en la actualidad director general de la Cámara de Comercio de Alicante. Mientras, Gregori está considerado por la investigación como el intermediario clave entre los protagonistas de la trama corrupta, a saber: el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Ortiz y Fenoll.

www.elpais.es 07.02.11

FENOLL CALLA ANTE EL JUEZ

El empresario de la trama Brugal se niega a declarar

Fugaz paso por el juzgado del industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama del caso Brugal. El industrial afín al PP es la clave de la conexión corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. Ayer, Fenoll compareció ante el titular del juzgado número 3 de Orihuela, instructor de la causa. Era la tercera vez que acudía desde su primer arresto por estos hechos, en mayo de 2007. La comparecencia apenas duró 10 minutos. Fenoll se acogió su derecho constitucional de negarse a declarar. A la salida del juzgado, Fenoll, paradójicamente, señaló que había acudido ante el magistrado "para colaborar con la justicia". Luego aprovechó la presencia de los periodistas para reclamar el pago de 24 millones que, según él, le deben los municipios en los que sus firmas controlan el servicio de la basura.

www.elpais.es 08.02.11

FENOLL: "¿CUÁNDO ME VA A PAGAR LOS DOS MILLONES?" IRRUMPE EN EL PLENO Y FRENA LA CONTRATA DE LA BASURA

El empresario Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal, dio ayer una nueva muestra su arrollador ímpetu a la hora de defender su hegemonía en el negocio de la basura en La Vega Baja. El empresario, imputado por cohecho, tráfico de influencias y extorsión, no dudó en irrumpir en pleno del Ayuntamiento de Almoradí para reclamar, a viva voz y rodeado de cámaras y focos amigos (TV Vega Baja, de su propiedad), una deuda del Consistorio de dos millones de euros por la contrata de la basura. Fenoll está a punto de perder ese contrato tras 25 años de adjudicación. "Señor alcalde, dígame cuándo me va a pagar los dos millones que me debe por la basura. Entre todos los del PP me vais a llevar a la ruina", espetó al regidor, Antonio Ángel Hurtado, del PP.

"Ha montado el numerito, porque pierde la contrata", dice el alcalde

La puesta en escena de Fenoll surtió efecto. El alcalde aparcó la renovación de la contrata de la basura que estaba previsto adjudicar en la sesión plenaria. El nuevo adjudicatario era, de acuerdo con la puntuación de la mesa técnica, la firma la Generala. La firma de Fenoll, que aspiraba a renovar el contrato, obtuvo dos puntos menos.

Fenoll aprovechó su intervención en el pleno para echar en cara al regidor las, según él, falsas promesas de pago. "Lleva más de un año engañándome, y los bancos ya no me dan respiro. Le he dicho que esto es una injusticia. Entre él, y el resto de Ayuntamientos donde tengo la concesión de la basura me deben 24 millones de euros", explicó. "No puede ser que se vayan y me dejen en la estacada. Me van a llevar a la ruina, a mí a y a mis trabajadores", abundó.

Fenoll tampoco desaprovechó la ocasión para arremeter con otros líderes del PP valenciano, entre ellos el regional, Francisco Camps, y el provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll. "He dicho que Camps y Ripoll tienen que tomar cartas en el asunto para que no haya desvío de las partidas. Lo que se consigna para servicios que no se desvíe. Porque mucho hablar de Zapatero, pero aquí los del PP me llevan a la ruina", reiteró.

El alcalde de Almoradí valoró así la insólita iniciativa del empresario: "Ha venido a montar el numerito porque no será el nuevo adjudicatario del servicio de la basura. Pero la decisión se ha hecho sobre la base de los informes técnicos", explicó. Hurtado admitió que el Consistorio tiene una deuda pendiente con este adjudicatario, "pero no de dos millones, sino de 1,5", precisó. "Hasta 2009, estábamos al corriente de los pagos, pero a partir de ahí y con la crisis han venido los problemas", añadió.

El regidor aseguró que le ha presentado un plan de pago al empresario, pero se mostró inflexible en cuanto a su exclusión del nuevo contrato, y no por su presión en el pleno. "Lo hemos dejado sobre la mesa para aclarar unas dudas planteadas por el PSPV, pero en 15 días lo retomamos", dijo el alcalde. "He invitado a Fenoll a que se entreviste con los técnicos para ver cómo ha sido el proceso de adjudicación, y si no queda contento que acuda a los tribunales", razonó.

El portavoz del Grupo Socialista municipal, Javier Cañizares, señaló que las dudas sobre la "falta de transparencia del proceso" (adjudicación de la contrata a la General a cambio de supuestamente retirar una demanda al Ayuntamiento por otras obras) fue aprovechada por el alcalde para intentar salir airoso del trance.

www.elpais.es 02.02.11 

LA AUDIENCIA DEVUELVE AL JUEZ LA PIEZA DEL 'CASO BRUGAL' QUE AFECTA A GERARDO CAMPS

La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado devolver al juzgado de instrucción las actuaciones que le fueron remitidas de una de las piezas del caso Brugal que afecta al consejero de Economía, Gerardo Camps. El tribunal deja en suspensión el recurso de la fiscalía contra el archivo de la investigación contra Camps porque otras partes afectadas en el proceso no han tenido oportunidad de alegar, ya que las actuaciones eran secretas.

Esta pieza del complejo caso Brugal, centrado en la corrupción relacionada con el negocio de la basura en la comarca alicantina de La Vega Baja y el urbanismo en Alicante, regresa al Juzgado de Instrucción número 2. La Audiencia esperará a resolver el recurso de la fiscalía para que las partes afectadas puedan presentar alegaciones sobre el auto de archivo de la pieza y el recurso de la fiscalía, según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en una nota.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante archivó en noviembre esta parte de la causa que investigaba un presunto tráfico de influencias en los procesos de adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante, el Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, el mantenimiento de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas, que depende de la consejería que dirige Camps. La fiscalía de Alicante presentó un recurso parcial al archivo e insistió en indagar sobre dos de las cuatro actuaciones bajo sospecha: la adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante y el parque cultural de Sant Vicent del Raspeig. El juez archivó la causa por un posible delito de tráfico de influencias al no observar trato de favor de Camps hacia el empresario Enrique Ortiz.

El PP paga a la secretaria de Rudi con dinero del Ayuntamiento de Zaragoza

 Cuanto más habla el Partido Popular de austeridad, más evidentes se hacen los casos en que la formación conservadora es excesivamente generosa con el dinero público. En Zaragoza, el Ayuntamiento está pagando un sueldo del erario a una administrativa que, en realidad, trabaja como secretaría de Luisa Fernanda Rudi, presidenta del PP en la ciudad y candidata a presidenta de Aragón. Por si esto fuera poco, otra asesora del Grupo Municipal Popular pasa más tiempo empleada en la sede del PP en labores internas.

Según informa El Periódico de Catalunya, la funcionaria que actúa en realidad de secretaria de la candidata popular está contratada en el Ayuntamiento por 36.617 euros anuales por el cumplimiento “íntegra y exclusivamente de su actividad profesional” en el Grupo Municipal que conforman los concejales del PP.


La secretaria…

Pese al decreto que la contrataba para estas labores municipales, firmado en 2007 por la concejala socialista Carmen Dueso, hay constancia de que en la actualidad no cumple “íntegra y exclusivamente” con ellas. El hecho de que su presencia en el Ayuntamiento sea nula ya ha creado un profundo malestar interno tanto en el grupo popular como en la casa consistorial.

… y la asesora

Un caso muy similar es el que sucede con una asesora nombrada por otro decreto, esta vez del área de Hacienda, Economía y Régimen Interior y firmado en 2009 por la concejala socialista Lola Ranera. La orden se dio el mismo día que cesaba su labor el anterior asesor del PP en el Ayuntamiento y que hasta ahora había trabajado con el portavoz popular, Domingo Buesa.

Sin embargo, cuando Buesa fue sustituido por Dolores Serrat, éste pasó a ejercer más trabajo en la sede que el Ayuntamiento. En este caso, el coste de su asesora es más elevado que en el caso anterior, ya que la cifra anual asciende a casi 48.000 euros.

www.elplural.com 01.02.11

DEVUELVEN AL JUZGADO LA PARTE DE BRUGAL QUE AFECTA A G. CAMPS


La Audiencia toma esta decisión para que las partes afectadas puedan realizar "alguna alegación", puesto que las actuaciones han estado secretas

La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha acordado devolver al juzgado las actuaciones que le fueron remitidas de una de las piezas del 'caso Brugal', --que afectaba al consejero de Economía, Gerardo Camps--, para que las partes puedan alegar en relación con la decisión de la Fiscalía de recurrir en apelación el archivo acordado por el juzgado de instrucción número 2.

La Audiencia toma esta decisión para que las partes afectadas puedan realizar "alguna alegación", puesto que las actuaciones han estado secretas, según han informado fuentes judiciales y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en una nota.

El juzgado de Instrucción número 2 de Alicante archivó en noviembre esta parte de la causa que investigaba un presunto tráfico de influencias en los procesos de adjudicación del Palacio de Congresos de Alicante, el Parque Cultural de San Vicente del Raspeig (Alicante), los servicios de mantenimiento de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones de euros al Hércules por parte del Instituto Valenciano de Finanzas.
La Fiscalía Anticorrupción presentó un recurso contra esta decisión ante la Audiencia Provincial, que ha devuelto las actuaciones al Juzgado número 2 para que dé traslado a las partes del auto de archivo y del contenido del recurso de la Fiscalía, a fin de que, una vez cumplimentado, se vuelvan a remitir a la Audiencia Provincial para la resolución del recurso.

La sala ha tomado esta decisión al entender que "al haber estado secretas las actuaciones, las partes afectadas no han podido realizar alegación alguna frente al recurso deducido por la Fiscalía en relación al auto de archivo".

www.levante-emv.com 31.01.10

EL JUEZ DE BRUGAL VOLVERÁ A INTERROGAR A FENOLL Y SU CLAN

El magistrado que dirige el sumario general del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) ha optado por seguir la investigación, pese al aluvión de recursos presentados por las defensas exigiendo la nulidad de las escuchas telefónicas. Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, tomará una segunda declaración a los arrestados con motivo de la primera operación policial del caso, desarrollada a finales de mayo de 2007, entre ellos el considerado como cabecilla de la trama, el empresario afín al PP Ángel Fenoll.

Según fuentes judiciales, el juez ha citado a declarar a esos seis imputados a partir de la pimera semana de febrero. Junto a Fenoll, los agentes detuvieron en la operación de mayo de 2007 a otras cinco personas de su clan empresarial, entre ellas, su hijo, su hermano, y el gerente, el concejal del PP de Albatera Javier Bru.

Inicialmente, el juez imputó a estos detenidos los delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias. En la operación, los agentes se incautaron de abundante material audiovisual que el industrial guardaba en sus empresas y en su domicilio. Algunas de las cintas recogen entregas de dinero por parte de Fenoll a cargos públicos a cambio de contratas.

El material incautado a Fenoll, junto a una serie de escuchas telefónicas practicadas durante tres años, desencadenó el 6 de julio de 2010 la segunda operación policial del caso Brugal. En ese fecha se produjeron otros 11 arrestos, entre los que destacaron el del líder provincial del PP y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, tres ediles populares de Orihuela y el empresario Enrique Ortiz. Todos ellos también están imputados en el sumario general.

www.elpais.es 19.01.11


RIPOLL, ORTIZ Y FENOLL PIDEN ANULAR BRUGAL POR LAS ESCUCHAS

 

Fueron detenidos el pasado julio y luego imputados por varios delitos por presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja

Los abogados del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll han pedido la nulidad del caso Brugal al creer que las escuchas telefónicas policiales que dieron origen a la investigación fueron ordenadas indebidamente.

Ripoll, Ortiz, Fenoll, tres concejales del PP de Orihuela y cinco empresarios más (entre ellos el hijo de Fenoll) fueron detenidos el pasado 6 de julio y posteriormente imputados por varios delitos por presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, en el marco de la investigación del Brugal.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que la representación legal de Ripoll presentará a lo largo de la mañana de hoy al instructor de la causa, Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, un recurso de reforma pidiendo la nulidad, mientras que las de Ortiz y Fenoll lo han hecho en los últimos días.

La presentación del recurso no es casual ya que hoy expira el plazo dado por el juez de Orihuela para recurrir el conjunto de resoluciones notificadas a los imputados del Brugal antes de las Navidades.

Fuentes jurídicas han señalado que el resto de abogados de los imputados también tenían previsto presentar recursos similares de nulidad antes de hoy a las 15 horas, cuando termina el plazo dado por el juez.

Entre otros aspectos, el recurso de los letrados de Ripoll se basa en que las primeras escuchas policiales y las sucesivas prórrogas desde 2007 hasta comienzos de 2010 fueron indebidas y vulneraron los derechos fundamentales de su cliente.

A este respecto, señalan que las escuchas no estaban suficientemente justificadas por los jueces que las ordenaron y se aporta diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Además del derecho a la privacidad de las comunicaciones, consideran que se han vulnerado otras garantías y derechos que tienen que ver con el procedimiento penal.

Las defensas de Ortiz (dueño del Hércules CF) y el industrial oriolano Fenoll también han presentado en los últimos días recursos pidiendo la nulidad, bajo el argumento de que han visto perjudicados sus derechos fundamentales en varios aspectos.

A partir de ahora, el juez instructor deberá pronunciarse sobre si acepta o no los recursos total o parcialmente, y tras su decisión las defensas y el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, podrán presentar recursos de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante.

www.elpais.es 13.01.11

El juez del 'caso Brugal' sopesa pedir un permiso en la fase clave de las diligencias

Carlos San Martín, juez instructor del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo de Alicante), sopesa solicitar un permiso de maternidad, según confirmaron ayer fuentes judiciales. La iniciativa del magistrado, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, coincide con la fase clave de la investigación, tras los arrestos de los cabecillas de la trama el pasado mes de julio, a saber, el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

En estos seis últimos meses, la instrucción del sumario que, según la fiscalía podría acumular hasta un centenar de imputados, ha estado lastrada por la digitalización de la causa, que ocupa más de 20.000 folios en 40 tomos. Esta labor ha sufrido un traspiés, debido a un error humano: el DVD con las diligencias sobre las que se levantó el secreto del sumario incluía otras aún reservadas.

Por otro lado, las mismas fuentes anunciaron ayer la posibilidad de pedir un juez de apoyo para la oficina que dirige la pieza separadas del sumario del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante a Ortiz en la tramitación del planeamiento de la ciudad. Esa causa, aún secreta, la instruye Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. Este magistrado sufrió el jueves un amago de infarto que acarreó su hospitalización. Esas fuentes achacan el incidente en la salud del juez a la presión por el calado de los sumarios que instruye (el planeamiento de Alicante y un alzamiento de bienes en la empresa de otro líder de Brugal, el empresario Rafael Gregori). Tejada se incorporará el lunes al juzgado, pero esas fuentes insistieron en la necesidad de dotar su oficina de un magistrado de apoyo para atender el resto de asuntos.

www.elpais.es 18.12.10

PSPV y EU se personan en el sumario del 'caso Brugal'

Fiscalía devolverá dos denuncias por el Rico Pérez

PSPV y EU han dado un paso adelante y han decidido personarse en caso Brugal, sumario abierto en 2007 que indaga supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude y electoral, vinculados a contratos de basura y el urbanismo. Los socialistas se han personado en la causa general, que dirige el Juzgado número 3 de Orihuela. La coalición de izquierdas lo ha hecho en la pieza que instruye, el Juzgado número 5 de Alicante, y que investiga un posible trato de favor a Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

La coalición imputa a Ortiz, Castedo y Alperi cinco delitos en su querella

El PSPV se ha personado en el caso Brugal a través de la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, María Teresa Carbonell. El magistrado la ha admitido a trámite y ha dado traslado al resto de partes de la causa para que informen.

Los dirigentes de EU, con su candidato a la alcaldía Miguel Ángel Pavón a la cabeza, presentaron ayer su escrito de personación en el registro de los juzgados. EU ha formalizado su personación mediante una querella contra los tres principales acusados, tanto por la policía como por el fiscal, en las diligencias, es decir, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y el promotor Enrique Ortiz. EU les imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de información privilegiada y negociaciones prohibidas. Pavón anunció que exigirá la dimisión de Castedo y Alperi, "en cuanto sean imputados".

Por otro lado, la fiscalía estudia devolver dos denuncias de particulares por incumplimientos del contrato de compra del estadio Rico Pérez por parte de Ortiz. Fuentes del ministerio público señalan que los escritos no aportan datos nuevos y que la operación se investiga en la pieza del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante.

www.elpais.es 10.12.10

Ortiz cobra cinco años después 300.000 euros por limpiar colegios en verano

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Sánchez Brugal, exigió ayer a la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, que aclare y justifique los pagos a Enrique Ortiz de facturas correspondientes a hace cinco años. Según la edil socialista, los trabajos que acometió la mercantil de Ortiz se refieren a limpieza de colegios durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2005 y de 2007. El importe global de las facturas, ya abonado a través del sistema de reconocimiento extraordinario de gastos, asciende a 300.000 euros. Al margen de esa factura, el Consistorio también ha pagado al empresario otra factura pendiente, en este caso correspondiente a obras de mantenimiento y limpieza del cementerio por un importe de 535.00 euros.

"¿Cómo es posible que en los años de bonanza económica no se pagara ni la limpieza de los colegios y quién después de cinco años certificará los trabajos realizados?", se preguntó la portavoz socialista. "Estamos hablando de un importe de dinero muy elevado que vamos a pagar varios años después, por lo que exigimos al equipo de gobierno que pormenorice la realización de esos servicios", añadió.

Por otro lado, el concejal socialista Lalo Díez denunció ayer que el servicio médico del Centro de Tecnificación de Alicante dejó de prestarse el pasado mes de junio por motivos que se desconocen. Los servicios del centro dependen de la Generalitat y van dirigidos a deportistas profesionales becados de disciplinas como yudo, remo o tenis de mesa. Díez aseguró que van a dirigirse al Consejo Superior de Deportes (órgano del que dependen todos los centros de tecnificación de España) "para que exija a la Generalitat que restablezca el servicio de forma inmediata". El concejal criticó que el Consell no escatime dinero en grandes eventos, "mientras abandona servicios básicos para deportes con menos repercusión mediática".

www.elpais.es 07.12.10

FENOLL PONE A UN HOMBRE DE CONFIANZA EN LA TELEVISIÓN QUE RIPOLL LE PIDIÓ QUE COMPRARA

Las escuchas del 'caso Brugal' revelan la relación entre Sanz, Fenoll y Gregori

Jorge Sanz, un empresario implicado en el caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante), es desde el pasado 7 de octubre el administrador único del grupo empresarial Tabarka Media, SA, que explota dos televisiones locales, Canal 37 en la capital alicantina, y Onda Mariola, en Alcoi. Sanz es, según la investigación policial y el fiscal, el socio clave, el supuesto muñidor de operaciones para crear empresas tapadera y para el blanqueo de dinero en paraísos fiscales de dos de los cabecillas de la trama: Ángel Fenoll, industrial afín al PP, y Rafael Gregori, empresario de la automoción y amigo personal del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, del PP. El también líder provincial de los populares alicantinos está imputado en el sumario por cinco delitos, entre ellos, cohecho y fraude.

La delicada situación financiera de Canal 37 en el último trienio y las intensas gestiones de sus responsables para reflotarla, empezando por su ex directora, la periodista Genoveva Reig, ocupan un amplio espacio en los informes policiales del caso Brugal. Los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante llegan a la conclusión que José Joaquín Ripoll utilizó la televisión como moneda de cambio en la trama que, también según la policía, se tejió en torno a la adjudicación de la contrata de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja. Los informes señalan que Ripoll pidió a Fenoll que se hiciera cargo de Canal 37 e invirtiera el dinero suficiente para reflotarla. En uno de los documentos, la policía refleja el malestar del dirigente del PP por la negativa de Fenoll a invertir en la cadena de televisión.Ángel Fenoll, hegemónico en el negocio de la basura en los municipios de la comarca de La Vega Baja, irrumpió también en el negocio de los medios audiovisuales con la compra de la emisora local Canal Vega Baja Televisión. Esta operación, según los informes policiales del caso Brugal, se fraguó a petición de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP.

Las diligencias policiales de este sumario también concluyen que, más tarde y a través de empresas interpuestas, Fenoll desembarcó en la empresa Tabarka Media, SA. Este grupo fue impulsado en 2002 por el entonces presidente del Consell, Eduardo Zaplana, que buscó incluso el concurso financiero de Boygues, accionista mayoritario de Aguas de Valencia en esas fechas. La afinidad de Tabarka Media con el PP se constata con otro dato. Una de sus directoras generales fue Genoveva Reig, antes directora general de Canal 9 y directora General de Comunicación del ejecutivo valenciano bajo la presidencia de Zaplana. Canal 37 dejó de emitir a principios de noviembre por impago. El grupo se plantea vender la licencia a terceros.

Las relaciones entre los empresarios Rafael Gregori, Ángel Fenoll y Jorge Sanz también saltan a la palestra en numerosos pasajes de los informes policiales del caso Brugal. Fenoll y Gregori tiran sistemáticamente de Sanz cuando necesitan crear un entramado de empresas para optar a un concurso [el más claro ejemplo, según la policía, fue el de las empresas tapadera para la contrata de la basura de Orinuela] o en operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales en paraísos fiscales.

Una conversación entre Rafael Gregori y Jorge Sanz en febrero de 2009 desvela, según la policía, el fin último de todas esas operaciones mercantiles, "el de llenarse los bolsillos".

Un pasaje de esa conversación transcurre así:

Rafael Gregori: Son dos millones, lo que vamos a pedir son exactamente dos millones, eso a ver, lo tengo aquí, dos millones ochocientos setenta mil euros más IVA.

Jorge Sanz: Vale, ya sabes que dijo Ángel que hizo un fondo ICO, ¿no?

RG: A bueno, mejor ¡coño!

JS: Entonces la diferencia.

RG: Si les damos tanto luego nos van a poner un monumento, a ti y a mí.

La conversación sigue con el comentario de Rafael Gregori de que les van a poner un monumento de mármol blanco en Orihuela.

Rafael Gregori: A nosotros que nos llenen los bolsillos y se dejen de monumentos, ¿no?

Jorge Sanz: El monumento que se lo hagan a eso, que yo quiero vivir tranquilo.

RG: Que nos pongan algo de dinero en el bolsillo, ¿no?

JS: Yo quiero ir cobrandito y ganando dinerito poco a poco, que tampoco quiero ser milloneti.

RG: Pero quieres vivir, ¿eh?

JS: Quiero vivir tranquilo, sí.

RG: Yo cuando tenga preparado lo de la UTE te llamo y nos vemos un ratito.

JS: Venga, espero tu llamada, don Rafael.

La colaboración entre Gregori y Fenoll para otro tipo de operaciones, como el supuesto alzamiento de bienes planeado por el primero para eludir embargos en su empresa de automoción, es objeto de otra causa judicial. Por estos hechos, a mediados de octubre la policía arrestó a un total de 15 personas, entre ellos Gregori y Fenoll.

Los detenidos quedaron en libertad con cargos. Para Gregori, era el tercer arresto este año y el juez le retiró el pasaporte [dos han sido por el supuesto alzamientos de bienes en su empresa y el tercero como intermediario del caso Brugal].

www.elpais.es 06.12.10

Las denuncias del Rico Pérez al juzgado del Brugal

La Fiscalía ha remitido las dos denuncias sobre el incumplimiento de las condiciones de venta del estadio al juzgado encargado del caso Brugal

La fiscalía ha remitido las dos denuncias que ha recibido por el supuesto incumplimiento de las condiciones de venta del estadio Rico Pérez al juzgado de Alicante encargado de investigar la pieza separada del caso Brugal relacionada con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital.

La fiscalía ha recibido en las últimas semanas dos denuncias en ese sentido, una del partido Vecinos por Alicante y otra de un particular, y ya ha remitido ambas para que sean unidas a las diligencias del Brugal que se encuentran en el juzgado de instrucción número 5, que a su vez recibió esta parte de la causa del juzgado número 3 de Orihuela.

El pasado 29 de octubre, el secretario general de Vecinos por Alicante, José Luis Valdés, presentó un escrito a la fiscalía Anticorrupción en el que acusaba a la alcaldesa, Sonia Castedo (PP), de consentir al dueño del Hércules, Enrique Ortiz, y no hacerle cumplir con su obligación de gastar 4,2 millones de euros en la rehabilitación estructural del estadio Rico Pérez.

En su denuncia, recordó que hace más de dos años y medio que el ayuntamiento vendió el estadio a la empresa Aligestión, de la que es accionista mayoritario Ortiz, a cambio de que se gastara esos 4,2 millones en mejoras de obra civil de la instalación, algo que sostiene que no se ha producido.

En el momento de la compraventa del estadio, la decisión se basó en la "multitud de vicios ocultos" declarados por los técnicos municipales en la estructura y en la incapacidad económica del consistorio para acometer las mejoras.

El contenido de la segunda denuncia, presentada por el particular, está planteada en términos parecidos.

www.levante-emv.com 02.12.10

Castedo augura más filtraciones del 'caso Brugal' en unos días

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, atribuyó ayer las filtraciones del caso Brugal a la cita electoral de mayo de 2011. "Parece que va a haber nuevas filtraciones de conversaciones, pero posiblemente una vez que pasen las elecciones se acabe todo", señaló. La regidora, junto su a antecesor, el actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, está implicada en la pieza de la causa que investiga supuesto trato de favor del Ayuntamiento al empresario Enrique Ortiz en el planeamiento urbano de la ciudad.

La investigación de esta causa la dirige el titular del Juzgado número 5 de Alicante, y las diligencias están aún secretas. "Parece ser que va a haber más filtraciones, posiblemente después del puente de la Constitución, de lo que ahora mismo hay bajo secreto del sumario", recalcó. La tesis de Castedo fue refutada por el candidato a la alcaldía de EU, Miguel Pavón, que consideró "inaceptable" que la alcaldesa apunte a intereses electorales la investigación judicial sobre el PGOU

www.elpais.es 02.12.10

"Había pactado con Fenoll, ese de Brugal, la basura"

Un edil del PP de Ibi acusa a su Gobierno de corrupción

La supuesta trama corrupta destapada por un empresario de Ibi, a raíz de una grabación a un edil del PP, afecta de lleno al Gobierno local, que lidera la popular Maite Parra. En la cinta, el concejal de Hacienda, José Antonio Onsurbe, confiesa al empresario que su compañero de gobierno, el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera, está buscando empresas para "pegar dos o tres pelotazos y que pase lo que pase en mayo [en alusión a las próximas elecciones municipales]". Y añade: "Tenía pactado con Fenoll, ese de Brugal, la basura". Ángel Fenoll, un conocido industrial de La Vega Baja, afín al PP, es considerado por la investigación como el cabecilla de la trama corrupta del caso Brugal.

Onsurbe también implica a la regidora en las supuestas operaciones irregulares. En un momento de la grabación, Onsurbe arrecia su ataque a su compañero Agüera: "No deja títere con cabeza", afirma. Y añade que la alcaldesa no hace nada al respecto porque también "está mojando".

Todas estas acusaciones están recogidas en la denuncia que el pasado día 18 presentó el empresario Fernando García contra el edil Onsurbe en la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por un supuesto delito de extorsión. Según el denunciante, el concejal le reclamaba comisiones, a veces el 50%, de los contratos que le adjudicara el Consistorio.

Destitución del edil

Al trascender a la opinión pública la denuncia del empresario, la alcaldesa de Ibi optó, a última hora de la noche del lunes, por destituir en sus funciones al edil Onsurbe. La iniciativa de la regidora coincidió en el tiempo con el anuncio del concejal de poner su cargo a disposición del partido. Ayer, Onsurbe hizo público otro comunicado en el que reclamaba respeto por la "actuación judicial".

El portavoz del Grupo Socialista municipal, Antonio Marco, exigió la dimisión "inmediata" de la alcaldesa y del primer teniente de alcalde. Mientras, el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, manifestó que la alcaldesa "quizás debería haber dado mayores explicaciones para actuar todos conjuntamente". La regiodra se alinea con el bando campista del PP.

www.elpais.es 01.12.10

"Orihuela huele a basura"

300 vecinos se concentran contra la corrupción y a favor de la trasparencia

Hernán Velásquez y Pablo Mojica, de 18 años, pese a su edad, quisieron sumarse ayer a la concentración contra la corrupción y a favor de la transparencia que habían convocado 15 colectivos en Orihuela, pese a las trabas puestas por el Ayuntamiento. "No somos indiferentes ante lo que está pasando, queremos que la gente se mueva y reaccione", aseguraron estos jóvenes, que se sumaron a la protesta que reunió a unas 300 personas. Pese al frío, a la fina lluvia y a la campaña de boicot del PP, que gobierna el Ayuntamiento, los vecinos respondieron a la convocatoria.

Entre las pancartas se podía leer "Imputados dimitir PPitando, Orihuela huela a basura, Corruptos fuera ya". En el parlamento que se leyó al final de la protesta, los convocantes exigieron a los ciudadanos que "castiguen con su voto en las urnas para que el olor a corrupción desaparezca del Ayuntamiento". La concentración convocada por la Plataforma por la Transparencia, de la que forman parte 15 colectivos cívicos, partidos de izquierda y otras asociaciones de La Vega Baja; sirvió también para difundir las cuñas de radio que el PP ha vetado amenazando con denunciar a las emisoras locales. En ellas se oían titulares recogidos en la prensa durante estos meses: "El caso Brugal alcanza a la mitad del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela".Junto a las polémicas cuñas de radio, se difundió por megafonía algunas de las conversaciones incorporadas al caso Brugal. Se trata de las cintas que el empresario Ángel Fenoll tenía en su oficina con conversaciones comprometidas entre concejales del PP y empresarios y que desvelan como, presuntamente, se intentó amañar la adjudicación de la contrata de basura de Orihuela. Los protagonistas de estas grabaciones son, entre otros, el concejal Ginés Sánchez, el asesor de la alcaldía, Pedro Meseguer y los empresarios Javier Bru y el propio Ángel Fenoll. "Rechazamos el contenido repugnante de estas grabaciones que desvelan operaciones mafiosas", aseguró Guadalupe Sánchez, portavoz de la plataforma, en el comunicado en el que admitieron que la corrupción provoca "una desmoralización" general.

La protesta reunió a representantes de todos los partidos políticos en la oposición (PSOE, EU, Verdes, Centro Liberal Renovador, Bloc o Compromís). El concejal socialista oriolano Carlos Bascuñana destacó que la iniciativa vecinal ha sido espontánea ante "determinadas conductas" de los políticos del PP. Y el portavoz local de Los Verdes, Monserrate Guillén, admitió que la concentración obedece a que los "ciudadanos están hasta las narices de aguantar lo que ocurre, independientemente de lo que la Justicia diga en su día" ya que ven que algunos "se dedican a beneficiarse ellos y a personas afines". Por último, el portavoz de Centro Renovador Liberal (CRL), Pedro Mancebo, coincidió en que la gente "está cansada de que les tomen el pelo" y de que los "engaños y conductas corruptas beneficien a unos pocos y perjudiquen a todos".

Apoyo a los jueces

El colectivo mostró su apoyo incondicional al trabajo de los jueces, fiscales y de la policía, planteó la necesidad de crear una comisión de investigación en el Ayuntamiento y exigió la dimisión de los cargos del PP imputados por el juez. Los manifestantes dijeron estar "hartos" de tantas corruptelas y gritaron "basta ya".

A la misma hora que unos pocos vecinos protestaban a la puerta de Ayuntamiento de Orihuela por la corrupción, su alcaldesa, Mónica Lorente, se enfundó de chándal y se dio un baño de multitudes al reunir a un millar de deportistas y vecinos para inaugurar un polideportivo en Orihuela Costa, que ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local. Hasta allí también acudieron un centenar de vecinos para exigir más transparencia.

www.elpais.es 28.11.10

El fiscal apela el archivo de la pieza de Camps en 'Brugal'

La fiscalía presentará un recurso al archivo de la pieza del caso Brugal que afectaba al vicepresidente económico del Consell, Gerardo Camps. No obstante, la fiscalía no hará publica su decisión hasta el próximo lunes, según aseguraron ayer fuentes del ministerio público. El juez ha decretado el sobreseimiento provisional de esa causa al no "hallar" indicios de tráfico de influencias del consejero en relación con cuatro proyectos relacionados con el empresario Enrique Ortiz.

Por otro lado, José Joaquín Ripoll, del PP, presidente de la Diputación de Alicante e imputado en otra de las piezas del sumario por supuesto cohecho, aseguró ayer "que la agilidad de la justicia podría llevar a que muchas más partes de la causa se archivaran más rápidamente". Mientras, el Ayuntamiento de Orihuela celebrará el lunes un pleno extraordinario para debatir la propuesta del PSPV de revocar la contrata de basura del municipio, también objeto de investigación del caso Brugal.

EL PAÍS - Alicante - 19/11/2010

Quién y cómo negocia con la basura

Tres millones de toneladas y un sector de 100 millones sin apenas control

El caso Brugal ha sacado a la luz el extraordinario negocio que supone en la Comunidad Valenciana la gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU) que desplazan los municipios a los vertederos autorizados. El Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana data de 1997, y establecía un periodo de cinco años para que estuvieran construidas las infraestructuras necesarias de los 18 planes zonales. Pero 13 años después, este negocio avistado en su día por el ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, es un auténtico despropósito que ha generado numerosas tensiones territoriales y políticas, un ingente tráfico de intereses y dinero y el reparto por zonas de influencia de las diferentes partes del pastel entre un puñado de empresas.

Es difícil calcular los residuos que se generan, su gestión y el beneficio que dan

Varios colectivos denunciaron al Seprona los vertidos sin tratar

Es casi imposible calcular el volumen de residuos que se generan, cómo se gestionan y cuánto dinero ingresan los concesionarios. Los municipios no controlan la basura que recogen las empresas contratadas para retirarla, nadie controla a los receptores autorizados por la administración y nada se sabe de la valorización (reciclaje) de la basura que tratan.

El nuevo Plan Integral de Residuos, que debía sustituir al de 1997 y fue confeccionado en 2008, está todavía en fase de exposición pública. En 1995 cada valenciano generaba unos 400 kilos de residuos, que son ya más de 500 y que en 2020 llegarán a 600, un 33% más en 25 años. Además, según recoge el PIR, en 2020 habrá en la Comunidad Valenciana casi siete 7 millones de habitantes, lo que quiere decir que el Plan no dará cobertura a toda la población si atendemos a la capacidad de las plantas y vertederos previstos.

La necesidad de transportar la basura a centenares de kilómetros y el hecho de que cada concesionario de los diferentes planes zonales marque sus tarifas ha incrementado, en muchos casos hasta el doble, el recibo que los ciudadanos pagan por una tasa que genera rechazo social, entre otras cosas por la falta de información sobre unas instalaciones que pueden ser inocuas si están bien gestionadas. Instalaciones que son vigiladas más por la policía que por la Generalitat, lo que deriva la inspección al ámbito judicial. De hecho, el verano pasado la coordinadora de las partidas rurales de Alicante, Ecologistas en Acción y Salvem Fontcalent presentaron una denuncia al Seprona, dependiente de la Guardia Civil, por "el vertido masivo de residuos sin tratar en el vertedero municipal de Fontcalent", porque "está prohibido por la legislación europea, estatal y autonómica de residuos". Y eso que en algunos casos los incrementos de la tasa se han dejado hasta que pasen las municipales de 2011 para no alarmar a la población.

El ejemplo de lo que hay en juego fue el intento de adjudicación de la recogida de basura de Orihuela en 2008 por 190 millones de euros en 20 años. Siete grupos concursaron para quedarse con el pastel que perseguía Ángel Fenoll, uno de los principales imputados del caso Brugal. Fenoll compareció con la mercantil Colsur y el grupo Urbaser, pero también lo hicieron FCC, Acciona, Cespa-Ortiz, La Generala y la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast. Esta última resultó la adjudicataria un año antes de un contrato posteriormente anulado por los manejos de Fenoll para comprar voluntades políticas, las grabaciones que él mismo llevó a la Fiscalía y su primera detención en 2007, en lo que ya puede considerarse la primera fase del caso Brugal.

Esta cadena de corrupción tomó el vuelo definitivo tras el verano de este año. La causa fue la adjudicación del vertedero del plan zonal XVII, que en enero de 2008 fue otorgado a Cespa-Ortiz en la finca Lo Cartagena de la pedanía oriolana de Torremendo. Sin embargo, Fenoll, que también se presentó a la adjudicación, consiguió que la planta de basuras fuera trasladada a la finca La Pistola, que había conseguido comprar unos meses antes y con la que pretendía realizar un pelotazo de más de tres millones de euros. Una sucesión de trapicheos y connivencias ha acabado con la detención y posterior imputación, entre otros, de Enrique Ortiz y el presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, que ha destapado, a consecuencia de las grabaciones efectuadas, una larga lista de corruptelas vinculadas a la redacción del nuevo plan general de Alicante, entre otros asuntos.

Una estimación realizada con los datos de la Generalitat, los que proporcionan las plantas de tratamiento y otras valoraciones de expertos, abundan en que en la Comunidad Valenciana se generan unos tres millones de toneladas de residuos, aunque luego cada vertedero cobra una cantidad diferente por cada tonelada que recibe en su planta, que puede variar desde los 25 euros que paga Elche hasta los más de 50 de Alcoi. Sólo puede hacerse una aproximación, pero multiplicando por 35 euros, el tratamiento de la basura en las plantas autorizadas, los residuos valencianos representan un volumen de negocio de más de 100 millones de euros anuales que apenas tiene mecanismos de control y que podrían ascender a casi el doble porque, según fuentes autorizadas, casi todos los vertederos pueden tratar el doble de toneladas que declaran como capacidad máxima.

La Comunidad Valenciana está dividida en 18 planes zonales de residuos, aunque se han constituido finalmente 10 consorcios y otras tres fórmulas asociativas que cubren todo el territorio. En el área de gestión 1 del Plan Zonal III y VIII (Valencia y su área metropolitana), la administración competente es el Emtre (Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos). En Alicante ciudad la administración competente es el Ayuntamiento de la ciudad y en la zona XVIII (Baix Vinalopó y parte del Vinalopó Mitjà) hay un consorcio que funciona desde 1997. En estas tres no tiene presencia la Generalitat que, junto con las diputaciones, controla el resto de entes, es decir, los consorcios del Norte de Castelló, Castelló Centro, Sur de Castelló-Norte de Valencia, Valencia Interior, Las Riberas y Valencia Sur, El Vinalopó, L'Alcoià, Las Marinas y La Vega Baja. Las diputaciones tienen el 15% del voto ponderado, el 25% es del Consell y el otro 60% de los municipios que componen cada consorcio en función de su población. El resultado final es que el PP los dirige todos, hasta el punto que tras la moción de censura de Benidorm, Ripoll convocó una reunión del consorcio de la zona XV (Las Marinas) para trasladar su domicilio social a la sede de la Diputación. La zona XV era la única que mantenía su sede fuera del ente provincial. Los socialistas no presentaron oposición alguna.

El reparto de la gestión de los planes zonales se ha hecho de forma arbitraria, dado que cada ente supramunicipal ha adjudicado su planta de tratamiento, si bien el consorcio de las zonas II, IV y V, de Castelló centro, mantiene la planta de una empresa de capital público propiedad de varios ayuntamientos de la zona que está operativa desde 1998, la planta de la zona XIII (El Vinalopó) en Villena es de Vaersa (empresa pública de la Generalitat), que también tiene el 51% de la planta de Xixona para dar servicio a L'Alcoià, o sea, al consorcio de la zona XIV.

En Castellón han conseguido adjudicaciones empresas locales Tetma, Lubasa y Azahar, SA, esta última en UTE con Teconma (que depende de la SEPI) y el socio tecnológico Ecodeco, una empresa de capital italiano.

En Valencia, FCC interviene en dos de los planes zonales, aunque también han conseguido su parte Florentino Pérez (Urbaser), Sedesa, Lubasa, Sufi, SAV o Cyes.

En Alicante, Cespa comparte accionariado con Vaersa, Enrique Ortiz se lleva la mayor parte con la adjudicación de Alicante ciudad y La Vega Baja (plan zonal XVII), FCC gestiona la planta de Las Marinas y Florentino Pérez comparte con Hormigones Martínez la planta de Elche.

www.elpais.es 15.11.10

Los políticos comen de su mano

Enrique Ortiz es el gran empresario de Alicante. Monopoliza contratas y suelo. Dueño del Hércules. La Operación Brugal destapa sus favores con altos cargos y le sitúa como uno de los cabecillas de la trama. Está imputado por cohecho, tráfico de influencias y fraude

Desde hace tiempo corre por Alicante el dicho de que, sea cual sea el resultado de unas elecciones municipales, gana Ortiz. Y cuando Enrique Ortiz lo escucha, lejos de simular indignación porque una frase de ese tenor viene a corroborar que goza del favor de los políticos, emite una sonrisa de satisfacción. Como es hombre franco al expresarse, responde: "Me gusta ganar siempre". En apenas una década, se ha convertido en el principal empresario de Alicante y en uno de los más poderosos de la Comunidad Valenciana. Su mérito descansa en su capacidad para acumular suelo urbanizable y su habilidad para obtener todo tipo de concursos públicos. En Alicante ejerce casi un monopolio. Lo malo es que esta posición tiene otra lectura: ¿a cuántos políticos ha beneficiado Ortiz para que no se le niegue una contrata?

  • El crecimiento de sus empresas coincide con la llegada de Alperi a la alcaldía de Alicante y su aproximación a Zaplana

  • Según un informe de la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz y sus empresas

  • Es campechano. Tiene un Ferrari que apenas usa: "Como buen contratista adoro los coches"

  • Ortiz es incómodo para los socialistas: algunos aún tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él

La víspera de San Fermín, Enrique Ortiz fue detenido y conducido a los juzgados de Alicante para declarar por su participación en ciertos asuntos turbios de la denominada Operación Brugal, una trama de corrupción política en la que estaban también implicados destacados dirigentes populares de la provincia de Alicante, como el presidente de la Diputación (José Joaquín Ripoll), la alcaldesa (Sonia Castedo) y el anterior alcalde (Luis Díaz Alperi), además de otros 27 cargos públicos. Se le acusaba de cohecho, fraude y tráfico de influencias dentro de una investigación que arranca en las irregularidades cometidas por una contrata de basuras en la localidad de Orihuela y que se ha extendido hasta alcanzar 14 poblaciones entre Alicante y Murcia. La fecha de la detención era especialmente incómoda para Enrique Ortiz: estaba reunido con sus amigos de la infancia para disfrutar de las fiestas de San Fermín en Pamplona como hace todos los primeros de julio desde hace 21 años. Si hay un momento particularmente especial es ese, cuando se mete en una caravana con los miembros de la peña Los Chilindrones y se desplaza a Pamplona. "Nos vamos de juerga, sin mujeres", confirma. Ese día en particular, Ortiz llevaba la cabeza casi rapada y así tuvo que presentarse ante el juez, con motivo de una promesa por el ascenso del Hércules a Primera División conseguido unas semanas atrás. Para que no hubiera duda de la omnipresencia de Ortiz en la ciudad, también es el propietario del Hércules, el principal club de fútbol de la capital.

Durante tres años, la policía había intervenido su teléfono, vigilado sus movimientos e investigado sus negocios. Y sus empresas tienen mucho que ver (casi todo) con la gestión pública. Ortiz controla un conglomerado de sociedades (alrededor de 35), cuya matriz es Grupo Cívica, denominación que adoptó en 2007 como una operación a mitad de camino entre el maquillaje y el marketing: el nombre originario de su empresa era Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA, pero como sus actividades se habían diversificado tanto resultaba que el apellido Ortiz estaba en todas las salsas de la ciudad y llamaba demasiado la atención. Quien había comenzado como un modesto contratista de obras y más tarde se había iniciado en la promoción inmobiliaria, como consecuencia de su habilidad para adquirir suelo urbanizable, era desde el año 2003 un empresario capaz de prestar innumerables servicios a la Administración, tanto municipal como autonómica. Más del 80% de sus ingresos netos en el año 2003 procedían de actividades en el sector privado; en 2006 ese porcentaje bajó al 25%. Desde entonces no se ofrece ese dato, pero a la vista está que sus empresas trabajan casi en exclusiva para el sector público.

Pocos servicios escapan a su control: limpieza de calles, recogida de basuras, concesión de autopistas, gestión de residencias de la tercera edad, tratamiento de residuos urbanos, explotación de aparcamientos y de estaciones de autobuses, concesión de líneas de tranvías, construcción de hospitales y de líneas de metro, incluso la gestión del cementerio. Solo en la ciudad de Alicante, Ortiz participa en contratas públicas por valor de 42,1 millones de euros, cifra que representa el 16% del presupuesto del consistorio alicantino en 2010: su actividad está en la recogida de basuras, limpieza de la ciudad, de las dependencias municipales y de los colegios, arreglo de aceras, aparcamientos y gestión del cementerio.

Todo ello sin contabilizar su presencia en los principales planes de actuación urbanística, donde también suelen aparecer las empresas de Ortiz en solitario o formando parte de UTEs (uniones temporales de empresas) con otras compañías de carácter nacional e incluso bancos. La principal actuación urbanística se concentra en Alicante en el llamado Plan Rabassa, que prevé la construcción de 13.505 viviendas en la periferia norte de la ciudad, de ellas más de 8.000 de protección oficial, y que es la mayor operación de este tipo activa en la Comunidad valenciana. Son poderosas razones para concluir que prácticamente no hay sitio en Alicante para una empresa en la que no esté Ortiz.

Puede decirse que no hay sitio, porque apenas hay suelo disponible en Alicante fuera de su alcance. Según un informe elaborado por la oposición, el 75% del suelo urbanizable de la ciudad gira en torno a Ortiz, quien también controla el 77% de las viviendas pendientes de construcción en la capital. Entre 2003 y 2008, el volumen de sus activos se ha multiplicado por cinco, hasta alcanzar los 1.035 millones de euros.

"Ha sido un empresario avispado, arriesgado. El más atrevido de los que ha tenido la provincia. Es hábil, campechano, se ha ido formando con el tiempo. Es un personaje cercano. No habíamos tenido en Alicante un empresario con influencia en Valencia", dice un ex dirigente socialista. "Los que había no salían de los límites de la ciudad. Y ha apostado por cosas que le interesan a la gente: el Hércules, por ejemplo. Su capacidad le permite cierta omnipresencia". Los competidores consultados por este periódico no emiten opiniones negativas hacia su persona, a pesar de sentirse perjudicados por su ingente actividad y su facilidad para ganar concursos y concesiones: "El culpable de lo que está pasando no es Ortiz", afirma un contratista. "Es el sistema. Somos víctimas desde el punto de vista del empresario. Yo tengo una buena relación personal con él. Debería cambiarse el sistema para que propicie que las concesiones y las contratas se hagan con más transparencia".

"Ortiz no dejaba de ser un contratista de tamaño medio hasta que en 1996 descubre el mundo del suelo gracias a la ley que impulsa Zaplana [presidente de la Generalitat valenciana] y a la figura del agente urbanizador", reconoce un político socialista que no autoriza la divulgación de su nombre. Y es que, incluso para los socialistas, la sombra de Ortiz resulta incómoda: algunos todavía tienen que dar explicaciones por haber trabajado para él. Es el caso de Blas Bernal, ex concejal socialista en Alicante, que llegó a ser director general del Hércules, o de Ángel Luna, abogado, diputado, actual portavoz socialista en el Parlamento valenciano y alcalde de Alicante entre los años 1991 y 1995: años después de perder las elecciones trabajó un tiempo como abogado para Ortiz.

Es curioso. Hay 24 políticos implicados en la Operación Brugal: 22 son del PP y 2 del PSOE, estos últimos, como algunos de sus colegas del Partido Popular, por haber pedido favores personales a Ortiz. Los del PSOE han dimitido de sus cargos. Dentro del PP no se ha producido todavía ninguna renuncia. "Es un hombre que actúa al límite. Sabe siempre darle una vuelta de tuerca a las cosas", dice un ex empleado suyo. "No tiene sentido del ridículo", añade, "y ello le permite proponer cualquier cosa, pero, como tiene un punto creativo, a veces da con la idea adecuada". De todas formas, todas las fuentes consultadas coinciden en afirmar que el crecimiento de sus empresas tiene mucha relación con la llegada a la alcaldía de Alicante del popular Luis Díaz Alperi y su aproximación a Zaplana. Desde ese momento sus empresas crecen exponencialmente, siempre relacionadas con obras públicas y contratas.

Y en ese punto es donde comienza a sospecharse que Enrique Ortiz tiene una enorme facilidad para congeniar con los altos cargos. Es un hombre abierto que no se esconde a la hora de hacer favores. Los informes policiales de la Operación Brugal revelan cómo Enrique Ortiz ha sido muy generoso a la hora de emplear a familiares de altos cargos o de beneficiarles en sus negocios, caso de la empresa de uno de los hijos de la actual alcaldesa de Alicante, a quien ayudó con 30.000 euros en la constitución de la sociedad y ha destinado contratos de sus empresas. El marido de Sonia Castedo trabajó para Ortiz. No es de extrañar que en una de las conversaciones intervenidas por la policía un concejal de Alicante se refiera a Castedo como "tu amiguita", en conversación con Enrique Ortiz. Y Ortiz no se reprime en su familiaridad con la alcaldesa: "Intenta tener el planito y me lo enseñas", le dice a Castedo.

Su íntima relación con el ex alcalde Luis Díaz Alperi tampoco pasa desapercibida. Alperi fue alcalde de Alicante durante 13 años. Un buen día, en 2008, dimitió sin dar demasiadas explicaciones. Ya había tenido problemas con la justicia y había sospechas sobre el crecimiento de su patrimonio personal. Al llegar a la alcaldía, Alperi estaba a punto de ser embargado por las deudas que acosaban a su empresa. Tras dejar la alcaldía, su patrimonio se había incrementado hasta el punto de que, como consecuencia de la Operación Gürtel, se descubrió que le había regalado un reloj valorado en 24.000 euros a Ricardo Costa, mano derecha del presidente Francisco Camps y secretario general del PP en Valencia. A Díaz Alperi le llaman en la ciudad Luis XV desde hace algún tiempo. Por cierto, según el sumario de la Operación Brugal, sus hijos viven alquilados en pisos de las empresas de Enrique Ortiz.

Todos ellos, Castedo, Díaz Alperi y Juan José Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, han disfrutado durante varios veranos del yate Elena, propiedad de Enrique Ortiz. Viajan a las Baleares juntos en compañía de sus cónyuges. En alguna ocasión, incluso, utilizan el yate en ausencia de Ortiz. Confraternizan también en la Feria de Sevilla. La familiaridad entre todos ellos es descarada.

Ortiz hacía otro tipo de favores a los alcaldes. Por ejemplo, en el caso del Hércules. A Ortiz no le gustaba el fútbol. "Jugué de pequeño, pero no lo seguía. Ahora me apasiona", reconoce. Hacia 1999, no dejaba de ser un empresario medio cuando le proponen que se haga cargo del Hércules, un equipo endeudado (9 millones de euros) al borde de la desaparición y que militaba a duras penas en el pozo de la Segunda B. Y Ortiz acepta. Hace el favor. "Entonces", dice un empresario, "adquiere visibilidad y empieza a ser conocido. Conoce el poder que otorga esa popularidad. Y le gusta".

Entre unas cosas y otras, entre celebraciones y favores, las empresas de Ortiz suman contratas y obtienen la aprobación de planes urbanísticos de forma imparable. En Alicante y fuera de Alicante. Se lo dice Ortiz a un subordinado en las grabaciones policiales: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la comunidad, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".

Su mérito es evidente: ha ganado concursos con ayuntamientos socialistas y populares y, dentro de los populares, con ayuntamientos presididos por partidarios de Camps y por partidarios de Zaplana, cuando es bien sabido que quien hacía negocios con zaplanistas aparecía en la lista negra de los campistas y viceversa. Nadie se resistía a Ortiz.

En estas actividades, Ortiz parece comportarse como un profesional. "Como un buen comercial", según se define a sí mismo. Porque su círculo privado es muy reducido: su familia y sus amigos de la infancia, con quienes comparte correrías. No utiliza un jet privado, ni siquiera usa su Ferrari ("como buen contratista, me apasionan los coches", dice, "por eso tengo un Ferrari, aunque apenas lo uso"): se monta en la caravana con sus amigos. Entrado ya en los 50, no es persona ostentosa, salvo en el uso del yate Elena: viste discretamente y usa su despacho de siempre, ya un tanto pasado de moda. No utiliza el ordenador. Cuando los policías registraban su oficina, les dijo: "Pueden llevarse sin problemas el ordenador. Apenas lo uso". Y era cierto: carecía de información. Durante algunas fases de la investigación, algunos inspectores parecieron acusar cierto síndrome de Estocolmo respecto de Enrique Ortiz. "Este tío parece buena persona", comentaban a los jefes de Madrid.

Según fuentes de su entorno, Ortiz tiene dos iconos. Uno es Zaplana. Hay quien afirma que dejó el tabaco porque un día Zaplana le dijo que fumar era de perdedores. No es cierto: fuma puritos. Su otro ídolo es Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid. Sea como fuere, la Operación Brugal ha puesto en entredicho su forma de hacer negocios. Las consecuencias no se han hecho esperar: no ha podido obtener ninguna contrata de las obras del AVE a Alicante. Cuando hizo gestiones para obtener una explicación obtuvo el siguiente mensaje: "Lo sentimos mucho, pero tenemos órdenes de que a Ortiz ni agua". "Voy a trabajar para recuperarme", dice, perdiendo por una vez la sonrisa. En las circunstancias actuales, el dicho "Ortiz gana" parece haber caducado.

www.elpais.es 14.11.10

Enrique Ortiz empresario alicantino imputado en la Operación Brugal

"Cómo le voy a decir que no a un político"

Pregunta. Hay informaciones que afirman que usted controla el 75% del suelo urbanizable en Alicante.

Respuesta. No es así. Hay un momento en el que nos baja la obra pública y como llega la ley valenciana del suelo y a nosotros nos pagaban con suelo, nos encontramos con una cartera importante, pero no nos quedamos ahí y diversificamos. Nos dedicamos a los servicios, para no tener concentración y evitar los altibajos del sector, porque nosotros no subcontratamos y tenemos muchos empleados. Eso te obliga más a contratar. Yo no mido la importancia de mis empresas por la facturación sino por el número de empleados. Tengo cerca de dos mil empleos directos.

P. Sus competidores le califican como un empresario agresivo.

R. ¿Agresivo? Soy constante. Peleo las cosas, pero soy amigo de mis competidores. Mi conducta es honesta. Me esfuerzo en ser una buena persona.

P. Y sus competidores están también convencidos de que recibe trato de favor de los políticos.

R. Un político no te da la contrata, pero sí te la puede quitar. Las cosas las tienen muy claras. He hecho muchos favores toda la vida a políticos de todos los colores. Tienes que ganarte su confianza: si te piden que hagas una obra porque la necesitan, la haces. Yo por navidades, ya se lo que me espera. Que si hay que darle dinero a este equipo modesto. Y ahí está Ortiz. Que si hay que ayudar a las fiestas. Y ahí está Ortiz. Que si a alguna asociación, que si hay que construir una escuela de enfermería en el Sáhara. Y ahí está Ortiz. No se trata de sobornar al alcalde. Si piensas que haces algo mal, te escondes y yo no me escondo.

P. Pero por las conversaciones y los informes de la Operación Brugal se desprende que usted ha ido más lejos en los favores ["tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!"]. Usted empleaba a familiares de políticos.

R. Lo he hecho toda mi vida. Cómo le voy a decir que no a un político. Pero no les he regalado el sueldo a esos familiares. No he metido a gente contra nuestra cuenta de resultados. No les he puesto un despacho para que estén ahí y cobren. Les he puesto a trabajar. Y al que no ha funcionado o no se lo ha merecido, pues he dejado de emplearle. No he dado chollos.

P. O sea, que el favor al político está justificado.

R. Es el sistema. Yo no quería comprar el estadio del Hércules, por ejemplo. Pero había una presión social, que se traslada a que el político te diga: "Tienes que comprarlo". Y luego digo, pero hay que hacer un estadio nuevo, que no es para mí, es para el Hércules, y propongo una operación para hacer uno nuevo, con la permuta de unos terrenos. Es lo que han hecho todos los clubes de España. Yo nunca haría una operación especulativa con el estadio.

P. A consecuencia de ese favor, pidió recalificaciones de terreno.

R. A mí no me han recalificado suelo rústico a urbanizable en la vida. Todo el suelo que he tenido y tengo ha sido siempre urbanizable.

P. ¿Y el Plan Rabassa?

R. Se me ocurre un plan de vivienda de protección oficial, porque en esa época solo se vendía vivienda libre. Para hacer vivienda barata hay que buscar suelo barato. Con el plan estaban de acuerdo el PP y el PSOE. Era el proyecto más grande de España. Llamo a los verdes y les pido que me digan qué hay que hacer y lo incluyo en el plan. Pero se politizó el asunto y les cortaron la cabeza a los del PSOE. En esos terrenos iba a haber especulación cero. Me he dejado la vida en ese proyecto. Ningún político me ha dicho cojo tu suelo y te lo recalifico.

P. Pero ha quedado evidenciado su proximidad con los políticos.

R. He sido un profesional que ha cumplido con su obligación.

P. Y esto de que utilicen su yate para irse de vacaciones.

R. Tengo un buen barco del que estoy muy orgulloso. Es uno de los pocos lujos que tengo. Y yo soy así, no me ha importado compartirlo con gente con la que me llevo bien.

P. ¿Ha dado dinero a algún político?

R. No he dado dinero. Lo único que he hecho ha sido portarme bien. Lo que he hecho ha sido no devolver pagarés cuando había dificultades. Les he demostrado que Ortiz es de fiar. No he engañado a nadie.

P. ¿No ha financiado campañas electorales?

R. He ayudado a las cosas que me pedían. De lo que ha sucedido en Valencia [donde una empresa suya presuntamente dio dinero para la campaña del PP, según aparece en el sumario del caso Gürtel], tendrá que responder nuestro delegado en Valencia porque yo no fui consciente de eso y a lo mejor nos engañó también a nosotros.

P. Pero está imputado por tráfico de influencias y cohecho

[el juez le dejó en libertad sin fianza].

R. Muy legal tengo que ser para que no me hayan metido en el trullo. Conscientemente no he cometido un error. Soy un buen comercial. Creo que le habría servido más a la justicia como testigo. Aquí lo que hay es una batalla política y me ha pillado en medio.

P. Por cierto, en el asunto de la compra de partidos, de las grabaciones policiales se desprende que hay una incitación constante a pagar.

R. La temporada anterior, el Hércules hizo más puntos que la temporada del ascenso y nos quedamos a uno de subir a Primera. Pues bien, me llamaron tonto. ¿Por qué no has comprado un partido si lo hacen todos los demás? No vea la cantidad de cosas que he escuchado, la cantidad de ofrecimientos, de intermediarios, de primas para ganar, para perder. ¿Cree que voy a poner dinero en ese mundo? Eso sí, me han calentado la cabeza. Y luego estaban los otros equipos que querían sacar provecho de las grabaciones.

P. ¿No sabía que le investigaban?

R. Pues, no, no lo sabía. Solo unos días antes me di cuenta de que había alguien siguiéndome. Pero, es que, claro, lo de las grabaciones. Si me dejaran hablar. Yo hablo así. Es que no conocen ese mundo. Si usted supiera las preguntas que me hizo el juez. Lo que quiero es volver a declarar, que me vuelvan a llamar para declarar.

www.elpais.es 14.11.10

UN EX ALCALDE DE CALP DEJA SUS COMPETENCIAS COMO CONCEJAL DEL PP POR EL 'CASO BRUGAL'

Javier Morató, que también es presidente local de los populares, se considera una víctima y defiende su "honorabilidad"

El ex alcalde de Calp (Alicante) y actual concejal del PP Javier Morató ha puesto sus competencias a disposición del alcalde, Ximo Tur, del Bloc, por las revelaciones del caso Brugal. Morató también pone su acta de edil a disposición de la dirección provincial de su partido, aunque considera que es víctima de "un linchamiento mediático" y defiende su "honorabilidad".

En un comunicado, Morató destaca que no está imputado "y ni tan siquiera" ha sido citado "a ninguna declaración previa" en la investigación de la trama político-empresarial en torno al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. Según el también presidente local del PP, le faltó "reacción" cuando en los medios de comunicación apareció su nombre vinculado a supuestas irregularidades en la concesión de una planta de residuos en Calp y por la presunta manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a dicha instalación, todo ello en posible connivencia con uno de los principales investigados en la operación, el empresario oriolano Ángel Fenoll.

Tras divulgarse esta información, el alcalde pidió a los ediles del PP mencionados que dejaran sus competencias. Morató le replicó entonces que no pensaba hacerlo y recordó a Tur que gobierna gracias al apoyo del PP. En cambio, otro concejal del PP, Pedro Jaime Fernández, dejó la militancia del PP sin abandonar el consistorio por la supuesta implicación de sus compañeros de partido en el caso Brugal. Ahora, Morató pide al alcalde que "no tenga ninguna duda sobre su honorabilidad", aunque ha puesto a su disposición todas sus competencias.

La presunta relación de varios políticos del PP de Calp con la trama Brugal surge de las grabaciones realizadas por Ángel Fenoll, uno de los principales implicados en la trama del negocio de la basura en el sur de Alicante. Las grabaciones, intervenidas por la Policía, apuntan a supuestas irregularidades en la adjudicación de la planta de basura de la localidad. La Policía sospecha, además, que pudo haber manipulación del pesaje de los residuos llegados a la planta y, en consecuencia, en la factura del servicio. La investigación considera que estarían relacionadas con estos hechos los concejales del PP Juan Roselló, Fernando Penella y Javier Morató.

Morato, en cambio, dice sentirse "desconcertado y agobiado por tantas falsedades". En su opinión, es "imposible asumir que alguien te puede grabar una conversación" telefónica si "jamás has hablado con dicho señor", en referencia a Fenoll, con el que dice haber coincidido solo tres veces. "Jamás he recibido ni un solo duro de dicho señor, ni de él ni de nadie", añade.

No obstante, hoy mismo la Junta de Gobierno Local ha acordado investigar las facturas sobre el pesaje de los residuos sólidos urbanos remitidas al consistorio por la mercantil Colsur, adjudicataria del servicio y vinculada a Fenoll. El gobierno local pedirá al técnico responsable del servicio de recogida de residuos sólidos un informe exhaustivo y que se investigue a todas las partes implicadas en el proceso de pesaje de las basuras -pesadores, controladores y conductores, entre otros- desde la fecha en que sea posible técnicamente obtener datos fiables, según fuentes municipales.

www.elpais.es  09.11.10

LA TRAMA BRUGAL FACTURA A CALP EL TRIPLE DE BASURA QUE UNA CIUDAD SIMILAR  

Calp "genera", aproximadamente, 80.000 toneladas de basura al año. Esos 80 millones de kilos son mucha basura para los 29.666 habitantes que tiene el municipio, según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2009. Además, las cifras de basura de Calp distan un mundo de las de cualquier otra localidad valenciana con parecida población. En esta ciudad de la Marina Alta, cada habitante "produce" la asombrosa cantidad de 7,67 kilos de residuos sólidos urbanos al día. Los números de Calp, eso sí, están entre interrogantes desde que trascendió que una de las ramificaciones del caso Brugal es la del pesaje "manipulado al alza" (así consta en el sumario) en la planta de Colsur, S. L., la empresa de Ángel Fenoll, donde se trata y compacta la basura de este municipio. El pesaje al alza engordaría las facturas que esta mercantil ha cobrado del ayuntamiento desde 1998. 

Una relación de facturas aprobadas y pagadas por el consistorio en diciembre, enero y febrero de 2009 recoge diversos pagos a Colsur, S.L., por cifras que oscilan en las 7.000 toneladas de basura al mes. Y eso que se trata de los meses de septiembre a diciembre, que es cuando hay menos turistas en el municipio. La mercantil de Fenoll logró el contrato del tratamiento y traslado de residuos de Calp en 1998, pese a que entonces la mercantil no tenía un vertedero legal y el contrato sí lo exigía. El empresario está imputado en la trama Brugal por diversos delitos relacionados con el fraude en los cobros a diversos ayuntamientos por la recogida y vertido de los residuos urbanos. Tres concejales en activo de Calp también aparecen en el sumario de la trama Brugal. Se trata del ex alcalde y actual primer teniente de alcalde, Javier Morató, el concejal de Turismo y Comercio y diputado provincial, Juan Roselló, y el edil de Hacienda, Fernando Penella. Se sospecha que inflaron las toneladas de basura facturadas y se repartieron, junto con el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, quien supuestamente ejerció de intermediario, y un ex edil de Izquierda Unida, Manuel Roura, "generosas cantidades de dinero", según consta en el sumario. 

El PP de Calp, cuando contrató a Colsur, S. L., el tratamiento y el traslado de la basura (la empresa que la recoge casa a casa es Acciona), esgrimió que el precio por tonelada era, de lejos, el más competitivo. De hecho, por cada tonelada de residuos que la mercantil de Fenoll compacta y se lleva a su vertedero de Abanilla (Murcia), el ayuntamiento le paga 29,88 euros. Esa cifra es más económica que los 48 euros que les cuesta al resto de municipios de la Marina Alta llevar cada tonelada de basura a la planta de transferencias de Dénia, que es la planta comarcal del área XV del Plan Zonal de Residuos.Pero, en lugar de ahorrar dinero con la basura, el Ayuntamiento de Calp ha pagado bastante más, ya que ese precio más barato se compensaba con cantidades supuestamente infladas de residuos. El "chollo" del negocio de la basura en la ciudad del Penyal d'Ifach estaba en la cantidad que no en el precio.

(www.levante-emv.com, 08/11/10)

DETENIDOS DOS CABECILLAS DEL 'CASO BRUGAL' POR BLANQUEO DE DINERO 

Los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregori, dos de los máximos cabecillas del caso Brugal (trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en Alicante) fueron arrestados ayer por alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en el sur de Alicante, es líder de la trama y, Gregori, empresario de la automoción, el intermediario clave, según la investigación. Gregori es, además, amigo del presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, el imputado de mayor calado en este sumario por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. 

Fenoll y Gregori, junto a otras 15 personas (13 en Alicante y dos en Madrid), fueron arrestados ayer por orden del Juzgado número 5 de Alicante, que desde 2009 dirige una investigación por falsedad y estafa vinculada a la empresa de Gregori, la firma de automoción Autisa, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El juez indaga una estafa de 12 millones de euros en la venta de 120 camiones. Por estos hechos, Gregori y otras tres personas, entre ellas su hermano José Vicente, fueron arrestados en abril. 

Más adelante, el juez añadió a la causa los delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales para eludir los embargos del concurso de acreedores en el que había entrado la firma de Gregori. La policía descubrió estas actividades en el curso de las escuchas del caso Brugal. Las grabaciones revelaron que Gregori contó con el concurso de Fenoll, una amplia red de testaferros y dos abogados para materializar la ocultación de sus bienes: mediante falsas empresas y el blanqueo de capitales. 

Los dos detenidos en Madrid son sendos abogados de Gregori. Los letrados, según fuentes judiciales, quedaron en libertad con cargos tras ser interrogados. Los 13 arrestados en Alicante, salvo Fenoll, permanecían anoche en la comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Ángel Fenoll acudió a las dependencias policiales en su vehículo y, tras ser interrogado en calidad de detenido, quedó en libertad con cargos. 

Para Gregori, el de ayer fue el tercer arresto en lo que va de año. El primero fue en abril por estafa y el segundo, en julio pasado, como intermediario del caso Brugal. En ambos casos tuvo que abonar una fianza de 100.000 euros. Fenoll es la tercera vez que es arrestado, siempre por el caso Brugal. En la primera ocasión, en mayo de 2007, estuvo un mes en prisión, que eludió con una fianza de 100.000 euros, y en la segunda, en julio pasado, evitó la cárcel con otra fianza de 300.000 euros. 

(www.elpais.com, 05/11/10) 

LA COMPULSIVA BÚSQUEDA DEL LUJO 

Viajes, grandes compras y afición por los artículos de lujo. La investigación policial del caso Brugal, que trata de esclarecer la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja (sur de Alicante), dedica un amplio capítulo al elevado tren de vida de Margarita de la Vega Orduña, mujer del líder del PP de la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll. 

El informe contiene numerosos detalles de los gustos de la esposa de Ripoll y también sobre sus costumbres de consumo. Explica, por ejemplo, cómo De la Vega, durante un viaje de compras realizado en diciembre de 2009 con unas amigas a París, consiguió que su marido le diera el visto bueno a la compra de un abrigo de visón valorado en 2.100 euros. Y durante el mismo viaje, y en plena "vorágine compradora", De la Vega pregunta por unas galerías comerciales donde suelen acudir el presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, y su mujer, Carla Bruni. También solicita, siempre a través de la secretaria de su marido en la Diputación, que reserve en la ostrería del actor francés Gerard Depardieu. Al día siguiente le pide reserva en un restaurante parisino "de mucha categoría". 

Las referencias al lujo de la esposa del político popular no acaban ahí: en una conversación, De la Vega comenta que se ha dejado en un local una bolsa con zapatos de 500 euros. Y en otra, se queja a su marido de que se le ha parado el reloj de oro. Este resta importancia al episodio y le responde que tiene relojes por todos lados: dos Franck Muller, y un NOA. 

Los ejemplos de la más que confortable vida de Ripoll y De la Vega son variopintos. El matrimonio gastó 6.100 euros en vuelos en clase business para ellos y sus cuatro hijos a Nueva York, en enero de 2010. Y apenas un mes antes, en diciembre de 2009, Ripoll acordó los detalles de la compra de un BMW por valor de 50.000 euros, de los cuales 25.000 euros se abonarían al contado. El vehículo se matriculó el 28 de enero de 2010. 

En otro punto, se recoge el "gran interés" que Ripoll parecía tener por las obras de arte, dado que el 11 de febrero de este año recibe un mensaje de un interlocutor en el que dice: "Hola, Joaquín, soy Pepe Ribes. Me dicen que querías comprar un cuadro de Luis Casanova. Que lo dejan en 53.000, un saludo". 

El informe también menciona, a partir de las conversaciones telefónicas grabadas, que el matrimonio tiene contratadas en su casa a tres personas, dos de ellas como empleadas de hogar, y la tercera como jardinero. La policía, finalmente, realiza especial hincapié en la utilización de mucho dinero en efectivo para gastos como pagar a las dos asistentas, la asignación que tiene la mujer de Ripoll cada mes, el citado pago de 25.000 euros al contado por un vehículo adquirido o para hacer frente a una factura de 10.000 euros de tela de cortinas. Ripoll gana al año unos 100.000 euros como presidente de la Diputación. 

(www.elpais.com, 05/11/10)

LA APORTACIÓN DE ORTIZ POR EL HIJO DE ALPERI A UNA FIRMA FUE DE 30.000 EUROS 

El informe policial del caso Brugal revela que el empresario Enrique Ortiz pagó 30.000 euros en concepto de la cuota de participación en una mercantil de Otto Luis Díaz González, hijo del ex alcalde de Alicante y diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi. El supuesto favor del contratista al ex regidor se materializó con la aportación de dicha cifra en nombre del vástago de Díaz Alperi a la empresa Verass Operadores Publicitarios, SL. La policía destaca la escasa confianza de Ortiz "en el resultado beneficioso" de la firma. 

Díaz Alperi, junto con su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, y Ortiz son los principales implicados en la pieza del caso Brugal que investiga supuesto trato de favor al contratista en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal acusa a los tres de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. 

Por otro lado, las diligencias policiales revelan que Ortiz amañó una factura de 12.000 euros para compensar a Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente segundo del Consell, Gerardo Camps. El favor de Ortiz está vinculado a la mediación de Fuster, piloto de rallies, en el aval de 16 millones de euros del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) al Hércules CF. Según el informe, Ortiz pagó a Fuster los 12.000 euros a través de una factura por supuestos trabajos que el deportista presentó a cobro a la firma Inusa, propiedad del empresario.El sumario del caso Brugal incluye constantes referencias a las relaciones entre el empresario Ángel Fenoll y el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, vinculadas al negocio de las televisiones locales. En una de estas referencias, un informe del fiscal, en base a otro policial, menciona las investigaciones sobre la operación dirigida por Ripoll para que Fenoll adquiriera una televisión local en Alicante, "saneando sus cuentas a través de un importante desembolso económico para Fenoll". 

El informe recoge las gestiones para dicha adquisición y vincula la operación a la resolución administrativa del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la Zona XVII. También cita varias vías de financiación de la emisora "en las que habría intercedido José Joaquín Ripoll". Una de las vías fue la cobertura por Canal 37 Televisión de Alicante del congreso Lo Mejor de la Gastronomía a cambio de unos ingresos de 14.000 euros. 

El juez también da verosimilitud a este informe y acuerda prorrogar las escuchas telefónicas. El magistrado recoge en su auto una conversación entre Rafael Gregori -amigo e intermediario de Fenoll- y Jorge Sanz -experto en constituir empresas tapadera, según la policía-, en la que se destaca que gracias a Ripoll el contrato para cubrir la feria se ha obtenido por 14.000 euros "cuando en realidad tiene un coste de apenas 3.000 euros". La conversación tiene lugar a principios de noviembre de 2009: 

Jorge Sanz. Pero vamos a ver, pero que el sábado tenemos la feria de la gastronomía. 

Rafael Gregori. Ya. 

J. S. Que Joaquín se ha movido para ganar catorce mil euros... 

R. G. Sí. 

J. S. Que eso no vale ni 3.000 de coste, tío. 

R. G. Ya. 

J. S. Y sin este tío no se hace la gastronomía. 

Por otra parte, el informe recoge que Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por un valor de 600 euros para el partido Sevilla-Real Madrid a Andrés Llorens, concejal del PP de Alicante. La policía subraya que la dádiva se produjo en el marco de la comisión municipal que estudiaba la construcción del nuevo estadio Rico Pérez. Llorens integraba esa comisión. La policía relata este hecho en el mismo informe que reseñaba el favor del contratista al ex portavoz del PSPV Roque Moreno, en este caso por pedirle trabajo para familiares de un amigo. Por estos hechos, Moreno presentó su dimisión. 

(www.elpais.com, 04/11/10) 

LA POLICÍA HALLA EL RASTRO DE BIENES OCULTOS DE RIPOLL 

Un informe policial incorporado al sumario del caso Brugal arroja nuevas dudas sobre el verdadero patrimonio del presidente de la Diputación de Alicante y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll. Fechado el 11 de agosto de 2009, el informe reproduce el contenido de una conversación intervenida dos meses antes a Ripolly el de varias protagonizadas en las mismas fechas por su esposa, Margarita de la Vega.  

En ellas, tanto Ripoll como su mujer se refieren a un piso del centro de Alicante como "su domicilio". En otra llamada, De la Vega habla sobre un local de copas supuestamente de su propiedad y que dice "tienen alquilado" a un ciudadano ruso en la zona de ocio del Golf de Alicante. 

Este diario no logró ayer hablar con Ripoll. Pero sí con su esposa. Y, según Margarita de la Vega, el piso al que alude el informe policial no es propiedad del matrimonio. "No es nuestro, estamos alquilados, alquilados, sí", dijo. Segundos más tarde, precisó que ya no son inquilinos. "Lo tuvimos alquilado, lo tuvimos", afirmó. La vivienda se localiza en el número 15 de la calle Federico de Soto. El 17 de junio de 2009, De la Vega le pidió a su hijo las llaves de ese piso "para ir colocando los enseres personales en esa vivienda", dice el informe policial. Tres días más tarde, el 20 de junio, le comunicó a su hija que ya estaba "en su casa de Alicante", señala el mismo informe. 

Con el local de copas, al que De la Vega se refiere por teléfono como el Habana, la esposa de Ripoll negó cualquier vinculación. Después de que este diario le aportara detalles sobre a nombre de quién está alquilado según su propia conversación telefónica, De la Vega suavizó su negativa: "Pues la verdad que no lo sé", deslizó. "Desde luego agregó, a mi nombre no está, si está a nombre de mi marido, no tengo ni idea, pero le digo yo que locales yo no tengo". De la Vega asegura carecer de bienes: "Yo soy la mujer de un político, no tengo nada a mi nombre, ojalá tuviera". 

El matrimonio formado por José Joaquín Ripoll y Margarita De la Vega reside en un chalé de su propiedad situado en la urbanización de Vistahermosa, a menos de cuatro kilómetros del centro de Alicante. Ripoll, el principal político imputado en este caso, niega las acusaciones de la policía, que le atribuye haber recibido como soborno dos pisos también ubicados en el centro de Alicante valorados en más de 800.000 euros. Según los investigadores, esas dos viviendas, ninguna de las cuales se corresponde con la de la calle Federico Soto, fueron el pago que Ripoll obtuvo a cambio de beneficiar con las contratas de basura a dos empresarios: Ángel Fenoll, supuesto jefe de la trama Brugal, y Enrique Ortiz, ya señalado en la Gürtel como supuesto financiador del PP valenciano.  

(www.publico.es, 04/11/10) 

"YA HABLÉ CON EL PRESIDENTE, IRÁ MODREGO PARA EVITAR PROBLEMAS" 

El empresario Enrique Ortiz movió cielo y tierra para desbloquear el Plan Rabassa, el mayor proyecto urbanístico de Alicante, que prevé 13.500 viviendas, en los aledaños del campus universitario. Ortiz, uno de los imputados en el caso Brugal, realizó múltiples gestiones para conseguir que el 27 de marzo de 2008, una semana después de que fuera rechazado el macroproyecto por falta de suministro hídrico, al final se aprobara el polémico plan en la comisión territorial de Urbanismo. Según las grabaciones de la policía, incluidas en el sumario del caso Brugal, el negociante, Enrique Ortiz, habla con su colaborador, José Candel, consejero delegado del Hércules, y con Rafael Gregori, presidente de la Fundación Hércules, para sacar adelante el plan. Dice Ortiz: "A Carlitos Mazón ¿le puedes llamar a ver si va él a la comisión del día 27?", y Gregori contesta que precisamente tiene una "comida pendiente el jueves" con Mazón. Y el empresario contesta que ha de ser antes: "El jueves no, llámalo ahora y dile: Carlos ¿vas a la comisión de Urbanismo? Sí, porque va el Plan Rabassa... y si va él que me defienda a muerte, ¿vale?" 

Gregori: Vale 

Ortiz: Le pides el favor, tú, defiéndeme a Enrique ahí a muerte, ¿vale?, venga 

G: Eso lo tienes hecho. 

O: Venga, que estoy trabajando para él, y llámame a ver como has quedado con él. 

El informe policial identifica a "Carlitos", como Carlos Mazón, ex director general de la Consejería de Industria, y vicepresidente de la Diputación de Alicante. Sin embargo, según las conversaciones telefónicas, la agenda de los implicados en la negociación se complica y no podrán verse. Al final, Gregori llama a Ortiz para explicarle que no ha podido hablar con Mazón, pero que quedará al día siguiente, y el empresario contesta: 

O. Déjalo, porque he hablado yo con el presidente. 

G. ¿Ah, sí? 

O. Sí le he llamado, y creo que va a ir Modrego, y entonces él [Ripoll] llamará a Modrego para que no haya problemas, ¿vale? 

G. Vale, perfecto. 

O. Ortiz, esto está solucionado [en referencia al plan Rabassa]. 

Y en la reunión del 27 de marzo, Aguas Municipalizadas de Alicante solventó el escollo del suministro hídrico y sacó adelante el Plan Rabassa.Modrego acudió a la reunión como representante de Proaguas Costa Blanca y del Instituto Valenciano de la Vivienda. La urgencia y necesidad de sacar adelante el mayor plan urbanístico previsto en Alicante llevó al empresario a recurrir a todas las amistades e influencias a su alcance. De hecho, se hace referencia en el sumario a supuestas conversaciones con altos técnicos del Ministerio de Fomento, y una con Luis Berenguer, pidiéndole que hablara con su padre, Luis Berenguer, de la Comisión Nacional de la Competencia, por si conoce al director general de Carreteras del ministerio, Francisco Javier Criado Ballesteros, para ver si le puede conseguir una cita. 

Otra conversación que revela el interés, tanto del empresario como de los responsables políticos del PP en el Ayuntamiento de Alicante para sacar adelante el proyecto, es una, del 28 de julio de 2008, del entonces alcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi con el empresario: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo, por Dios", y le contesta que lo único que está pendiente, para la aprobación definitiva, es un informe del Ministerio de Fomento que tiene que ser firmado en Madrid por el director general. A finales de mayo de 2009, por fin, la Generalitat firmaba la autorización definitiva del Plan Rabassa, una vez subsanadas las deficiencias y reducida la edificabilidad. Objetivo cumplido. 

Ante las sucesivas informaciones de corrupción que afectan a cargos del PP en la provincia de Alicante, ayer el presidente del PP en la provincia de Alicante, José Joaquín Ripoll, admitió que "desgraciadamente, el clima está tan enrarecido que va a ser difícil respirar". El presidente de la Diputación, en la inauguración de la Fonoteca, admitió que algunas conversaciones telefónicas recogidas en el caso Brugal "no son las más acertadas". "Y las que me afectan a mí", agregó, "pues me causan cierto rubor". Ripoll se mostró "preocupado" por la imagen que ofrece Alicante, especialmente por el amplio número de personas del PP implicadas. "Me preocupa especialmente, porque vamos a más y no a menos", se lamentó. 

(www.elpais.com, 03/11/10)

RIPOLL: ´ALGUNAS CONVERSACIONES MÍAS GRABADAS ME CAUSAN CIERTO RUBOR

A Joaquín Ripoll, imputado por cinco graves delitos en la operación Brugal, le empieza a preocupar, al menos así lo reconoce, el escenario político marcado por los casos de corrupción que salpican al PP y que, está convencido, enrarecerán el ambiente de la carrera electoral para los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2011. "Me preocupa y, sobre todo, me preocupa que vayamos a más", apuntó el titular de la diputación y líder provincial del PP.

Al mismo tiempo reconoció que algunas de las conversaciones intervenidas desde su teléfono -"pinchado" por la policía- "no son las más acertadas" y volvió a insistir, para justificar la dimisión de cargos socialistas y la decisión de los dirigentes del PP implicados de esquivar esa posibilidad, que no se puede comparar la situación de los cargos del PSPV afectados con la de los populares, la formación sobre la que se concentran prácticamente todas las piezas del caso Brugal. Durante un acto institucional, Ripoll reconoció que le causa "cierto rubor" ver las transcripciones de las conversaciones contenidas en el sumario y se mostró "preocupado" con la cantidad de cargos y nombres del PP implicados en el asunto -a la causa de las basuras se ha sumado ahora, entre otras, la que involucra a Castedo y Alperi por el supuesto amaño del plan general de Alicante- porque, apuntó, "enrarece el clima electoral".

"Algunas de las conversaciones, evidentemente, no son las más acertadas y, sobre todo cuando se refieren a mí, me causan cierto rubor. También es cierto que las conversaciones telefónicas de dos años y medio dan para mucho", indicó Ripoll en Alicante, tras añadir que "también habría que ver cómo se han autorizado o no. Todavía no estamos en el proceso de poder hacer una defensa jurídica de mi persona en este caso porque estamos en stand-by y falta aún que se decida cuál es el juzgado competente para juzgar este caso".

Tras hacerse públicos en los últimos días nuevos documentos contenidos en el sumario, el presidente provincial del PP manifestó su preocupación por la larga lista de cargos de las filas populares que aparecen en ellos como investigados o implicados: "Claro que me preocupa. Desgraciadamente, el clima se está enrareciendo tanto que va a ser difícil respirar. Parece que hay nuevas investigaciones, y no, son las que constan en 18.000 folios de un sumario que ha durado más de dos años y medio y que, según unos momentos, la policía hace unas conjeturas u otras", apuntó Joaquín Ripoll. "Me preocupa, y sobre todo me preocupa que vayamos a más. El clima electoral de estas elecciones va a ser distinto. Nosotros nos vamos a centrar en la campaña, el programa y los candidatos y en hacer las cosas que hacemos bien, engrasar la maquinaria electoral, pero no se respira bien en este ambiente".

Respecto a por qué no ha dimitido ningún cargo del PP y sí han caído del PSOE, respondió que "son circunstancias distintas y motivos distintos. Ya dije que el señor Roque Moreno se había marchado porque se había quedado sin sitio, desubicado en su partido, y su máxima aspiración que era presentarse a la alcaldía se le había truncado", aunque no hizo referencia a la suspensión de militancia del diputado socialista Antonio Amorós.

(www.levante.com, 03/11/10)

UN EMPRESARIO ADVIRTIÓ A LA CÚPULA DEL PP DE LA CORRUPCIÓN EN ORIHUELA

En diciembre de 2002, el empresario Francisco Torrecillas dirigió una carta a Francisco Camps, entonces candidato a la presidencia de la Generalitat, a Eduardo Zaplana, que acababa de dejar la presidencia del Consell para asumir la cartera de Trabajo en Madrid, y a José Joaquín Ripoll, vicepresidente primero, en la que alertaba de la corrupción en Orihuela. No consta que las misivas llegaran a su destino.

Las misivas fueron encontradas en el despacho de Ángel Fenoll y en ellas el empresario relata las malas relaciones que vive con el entonces alcalde de Orihuela, José Manuel Medina. Explica cómo a pesar de haber colaborado seis años atrás con Medina en la compra de un concejal, el alcalde oriolano incumplió lo pactado y le quitó los servicios que el empresario realizaba en Orihuela Costa para dárselos a una empresa en la que participan de manera encubierta funcionarios municipales, entre ellos el electricista municipal y Jorge Lorente, hermano de la entonces concejal y diputada autonómica Mónica Lorente, ahora alcaldesa "Lo que está claro, como tú ya sabes, es que Medina ha engañado una y mil veces, a mí y a otras personas, hasta el punto de que ya no es de fiar ni debe estar un minuto más al frente del Ayuntamiento", esgrime la carta con vehemencia. Torrecillas deja claro que toma esta iniciativa tras intentar en varias ocasiones y sin éxito aclarar el desencuentro con Medina.

El empresario continúa relatando cómo esta situación le ha enemistado con el industrial Ángel Fenoll, "porque me está fastidiando al apoyar a Medina e intentar convencerme de que no cometa la fatalidad de delatarles". Y es que el empresario deja claro en su carta que si la cúpula del PP no tomaba medidas y Medina volvía a ser candidato a la alcaldía de Orihuela informaría al fiscal del caso de la compra del concejal, "caiga quien caiga". La amenaza se repite hasta en tres ocasiones.

"Tú ya me conoces desde hace tiempo y sabes que quiero lo mejor para Orihuela y para el Partido Popular, no pretendo hacer daño a nadie, pero si Medina vuelve a ser candidato montaré el escándalo, porque al margen de lo que me debe, ya no puedo fiarme de este señor", advierte claramente el empresario en la carta. La misiva termina con un mensaje claro: "Amigo Camps, no caigáis en el error de dejar a Medina en la alcaldía, porque sintiéndolo mucho tendré que abrir el escándalo para que salga del Ayuntamiento de una manera desagradable para todos".

(www.elpais.com, 03/11/10)

EL "DESMESURADO PATRIMONIO" DEL PRESIDENTE Y SU MUJER ALERTÓ AL FISCAL

Durante la investigación del caso Brugal la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal detectó un "desmesurado patrimonio" de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, y de su esposa, Margarita de La Vega Orduña, así como el uso de dinero en efectivo para abonar bienes y servicios "cuya justificación en base a sus ingresos ordinarios como cargo público sería cuando menos discutible". Por ello, en un informe de 26 de noviembre del año pasado reclamó que se solicitara a la Agencia Tributaria más información para "tratar de determinar y cuantificar la parte de su patrimonio que pudiera atribuirse a un enriquecimiento ilícito".

La petición fue respaldada por el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, que solicitó formalmente la medida al juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Y el juzgado autorizó a que la delegación especial de la Agencia Tributaria en Valencia facilitara a la investigación toda la información fiscal y tributaria precisa de los últimos cuatro ejercicios de Ripoll y de su mujer, pero también de los dos hermanos del presidente de la Diputación, de sus dos hijos y de cinco mercantiles de uno de los hermanos del político alicantino.

En la misma petición, el juzgado de instrucción incluye varias empresas, entre ellas, Alicantina de Renta y Gestión, SL, perteneciente al entorno de Rafael Gregori y que se ha detectado que ingresa cantidades periódicas de la mercantil promotora de las viviendas situadas en la avenida de Benito Pérez Galdós de Alicante, "supuesto objeto de un pago en especie por parte del entorno de Ángel Fenoll a José Joaquín Ripoll".

Del "incremento patrimonial" se habla en otros puntos del sumario del caso Brugal. En una de estas referencias se avanza que el presidente Ripoll y su mujer tienen una vivienda en una céntrica avenida de Alicante, con una superficie catastral de 153 metros cuadrados y un garaje.

En otro informe, la policía subraya que "se viene observando de una manera muy apreciable diversas operaciones que estarían directamente relacionadas con el aumento considerable de su patrimonio, en la adquisición de bienes de incuestionable valor". La policía menciona que Ripoll habría adquirido un inmueble en Alicante "constatando nuevamente el continuo interés del presidente en la adquisición de capital inmobiliario". La vivienda costó 420.000 euros.

La investigación también pretende aclarar la compra por parte de Ripoll de un vehículo marca BMW, que se matriculó el 28 de enero de 2010 y cuyo importe ascendió a 50.000 euros. Y agrega la adquisición de una embarcación, modelo A3 DOMA de 12 metros, aunque no hay constancia que Ripoll la adquiriese.

(www.elpais.com, 03/11/10)

EL AYUNTAMIENTO PERMITIÓ QUE EL PROPIETARIO DEL HÉRCULES INCUMPLIERA EL CONVENIO DEL RICO PÉREZ

Los requisitos de la subasta municipal en la que Enrique Ortiz compró, a través de Aligestión, el estadio Rico Pérez al Ayuntamiento de Alicante se han incumplido desde que se formalizó en 2007 el convenio de compraventa, donde se estipulaba que en un plazo de seis meses el comprador estaba obligado a invertir 4,2 millones de euros en la remodelación del estadio. Durante casi tres años el ayuntamiento ha permitido que se incumpliera el convenio porque Ortiz no ejecutó la remodelación. Sólo recientemente, con motivo del ascenso a Primera del Hércules, se han ejecutado diversas obras por valor de dos millones de euros que el dueño del equipo vincula directamente con el compromiso del convenio de compraventa del estadio.

Las escuchas del caso Brugal también recogen un informe dedicado al estadio José Rico Pérez y la policía señala en su análisis que de las conversaciones mantenidas por el empresario se desprende que la meta principal de Ortiz es la recalificación del estadio, como le reconoce a un vicepresidente del Hércules y accionista de Aligestión.

Igualmente se confirma esta intención en una conversación que mantuvo con el entonces director general del Hércules, el ex edil socialista Blas Bernal, con quien habló tras la aprobación provisional del Plan Rabasa y «le expresó los deseos de desprenderse del equipo de fútbol y quedarse con el estadio únicamente», según indica el informe policial.

En esa misma conversación, añade el informe, Ortiz le dice a Bernal que «el alcalde le deja hacer lo que él quiera» y acaba la comunicación diciendo que si se aprobara el Plan General podría hipotecar el Rico Pérez para pagar cosas.

La Policía dedica casi tres folios de su informe a unas conversaciones entre Ortiz y Juan Zaragoza, edil de Hacienda, en las que abordaron precisamente el incumplimiento del convenio de la remodelación del Rico Pérez. Además, el edil admitió en la conversación que estaba reteniendo información sobre la liquidación de impuestos pendientes del Hércules y alude a que el problema puede convertirse «en un problema serio tanto para ti como para nuestro amigo común». También hace referencia Zaragoza a los «problemas» que le está solucionando a su «amiga del alma», que según el informe policial podría ser Sonia Castedo. Zaragoza también habló con Ortiz sobre los problemas del convenio y el reconocimiento de la deuda y deja entrever la posibilidad de solucionarlos sin convence a su «amigo» Alperi.

(www.levante.com, 03/11/10)

LAS CONVERSACIONES DEL 'CASO BRUGAL'

El empresario Rafael Gregori ejerce una gran influencia sobre el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, del PP, para "beneficio propio o de terceras personas", según apunta la brigada de delitos económicos de la policía, que ha tenido durante meses intervenidos los teléfonos de los implicados en el caso Brugal. Gregori, propietario de un concesionario de coches y camiones de basura, es una de las piezas clave del caso Brugal. Fue detenido el pasado mes de julio, y el juez le dejó en libertad con cargos por los supuestos delitos de cohecho y fraude, con una fianza de 100.000 euros.

El empresario, presidente de la Fundación Hércules hasta abril pasado, en una de las numerosas conversaciones intervenidas por la policía, el 4 de abril de 2008, habla con José, una persona que los agentes no logran identificar. Hablan sobre posibles negocios con el grupo Subús (concesionario del transporte urbano de Alicante y su área metropolitana). El empresario pide a Gregori que le pegue "un empujón" para hablar con Antonio Arias. Acto seguido, según la transcripción de la conversación efectuada por la policía, empiezan a hablar del proyecto de unir Elche y Alicante por tranvía.

José: ¿Entonces, cómo escarbo, cómo llego yo a ese proyecto, tú tienes idea?

Rafael Gregori: Me informo.

J.: Infórmate cómo puedo llegar yo a ese proyecto porque (no se entiende) los tranvías estos pueden transportar 240.000 personas por tirada.

R.: Sí.

J.: No necesitan tendido eléctrico, van guiados por GPS, no necesitan conductor y puede ser un proyecto acojonante.

R.: Voy a estar con el presidente de la Diputación ahora en Sevilla, y voy a preguntarle.

J.: Hazle un preguntado, porque coger un avión e irnos a Indover puede ser una pasada...

Y añade un poco después: "Entérate porque puede ser muy interesante unir Elche por la Vía Parque con Alicante".

R.: Si es cosa de la consejería, también tengo ahí al presidente y al consejero, que es amigo mío coño.

J.: Pues ahí tenemos que meter la cuchara, tenemos que meter la cuchara porque puede haber mucha pasta en juego.

R.: Vale, vale, vale...

J.: Pues a ver si la semana que viene nos vemos y te cuento unas cosas que tenemos que hablar.

(www.elpais.com, 02/11/10)

LA TRAMA 'BRUGAL' SE FINANCIÓ DESDE PARAÍSOS FISCALES 

Empresarios implicados en el caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja) se financiaron con fondos ocultos en paraísos fiscales para llevar a cabo sus operaciones, vinculadas básicamente con la creación de firmas tapadera para optar a contratas. En este apartado, de acuerdo con un escrito del fiscal anticorrupción incluido en el sumario, destacan las operaciones realizadas por el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de la trama, y Rafael Gregori, empresario de automoción y amigo de José Joaquín Ripoll. Gregori, según la policía, actuó como intermediario de los muñidores de la trama: Ripoll, Fenoll y el contratista Enrique Ortiz. 

El fiscal asegura que tanto Fenoll como Gregori recurrieron a fondos ocultos en paraísos fiscales, en concreto en Suiza. El ministerio público señala al menos tres casos: la constitución de una firma para gestionar la UTE adjudicataria de la contrata del plan zonal, la falsificación de dos empresas por parte de Fenoll para hacerse con la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela, y la creación de otra sociedad entre Fenoll y Gregori para optar a adjudicaciones de obra pública. El ministerio público estima que el volumen de esas operaciones financieras ronda los 10 millones. 

Por otra parte, las diligencias del caso Brugal referente a la pieza que investiga supuestas irregularidades en la financiación de la Fundación del Hércules revelan, al menos otras cuatro irregularidades. Según el fiscal, estas ilegalidades están relacionadas con la Diputación, "y más en concreto con el diputado provincial de Infraestructuras, Carlos Mazón [en la actualidad, Mazón es director general de la Cámara de Comercio de Alicante]". 

En este apartado el informe policial destaca el presunto desvío de dinero de Hércules CF a su propia fundación "para eludir el embargo al que está sometido desde la Hacienda". El Hércules tenía una deuda de 16 millones (sumados los pagos pendientes a la Seguridad Social y Hacienda). La entidad ha saldado la deuda mediante un préstamo avalado por el Instituto Valenciano de Finanzas.Otra de las irregularidades que revela el informe policial sobre la financiación ilegal de la Fundación del Hércules es que el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, supeditaría una subvención por un importe de 90.000 euros a la entidad "a que Rafael Gregori continúe en ella". En el período de estas escuchas, finales y principios de 2009, Gregori era el presidente del organismo. 

El informe también recoge que Ripoll habría conseguido que Enrique Ortiz aportaría 100.000 euros a la Fundación, "siempre y cuando se le concediesen cosas que habría pedido, lo que pudiera estar referido a adjudicaciones potestad del ente provincial", precisa la diligencia judicial. 

Y la tercera irregularidad es un intento de crear un entramado de empresas similares "a las de Arosa" para financiar la Fundación en firmas "que Rafael Gregori conoce, citando entre tales empresarios a José Enrique Garrigós Ibáñez y a Federico Moncunill Gallo". Esa operación supuestamente estaría impulsada por Gregori y Mazón. Según el fiscal, estos hechos podrían acarrear "responsabilidades penales en los presuntos delitos de, al menos, cohecho y tráfico de influencias". 

(www.elpais.com, 30/10/10)

PSOE: 3 IMPLICADOS, 2 DIMISIONES PP: 22 IMPLICADOS, NINGUNA DIMISIÓN

Los socialistas volvieron ayer a marcar distancias con los populares a la hora de encajar la implicación de sus cargos públicos en supuestos casos de corrupción. Roque Moreno, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, presentó su renuncia al acta de concejal al trascender su implicación en el sumario del caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. El pasado 10 de septiembre también dimitió el primer cargo socialista imputado en esta causa, Antonio Amorós, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación. Mientras, los 22 dirigentes populares implicados en la trama siguen en sus puestos.

La lista de los cargos del PP locales y autonómicos implicados en el caso Brugal la encabeza su líder provincial y presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll. El dirigente popular, que fue arrestado el pasado 6 de julio, está imputado por cinco delitos, entre ellos cohecho, fraude y tráfico de influencias por supuestamente recibir dos pisos (valorados en cerca de un millón de euros) por los favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Ortiz y Fenoll están imputados en la causa general. Además, el fiscal acusa a Ortiz, dueño del Hércules, de urdir otra trama para beneficiarse del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Roque Moreno, también secretario local del PSPV-PSOE, está acusado de un supuesto delito de tráfico de influencias por pedir a Ortiz que colocara en sus empresas a la mujer e hijo de un asesor del Grupo Socialista. El informe policial considera que estos hechos pueden constituir delito, máxime porque la petición del político coincidió en el tiempo con las negociaciones del Ayuntamiento y el dueño del Hércules para remodelar el Estadio Rico Pérez. En uno de los mensajes interceptados por la policía, Moreno comentaba a Ortiz: "No te olvides de lo del hijo de Vicente", en alusión a una de las personas para las que pedía empleo.

"Realicé una llamada de teléfono pidiendo un puesto de trabajo para un compañero, para un gran amigo, y fue un error, por lo que pido disculpas", explicó Moreno ayer, justo antes de anunciar su dimisión de la corporación.

El gesto de Moreno contrasta con la actitud de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, también implicada en el sumario. El fiscal acusa a la regidora de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. Todos ellos están vinculados a un supuesto trato de favor en el nuevo PGOU y a cambio de supuestas dádivas, entre ellas, también la de pedir a Ortiz que colocara en sus empresas a ciertas personas. La regidora asumió esa dádiva y la enmarcó en su política de hacer valer su influencia en favor de los parados: "Lo hice con Ortiz, como con todas las firmas que contratan con el Ayuntamiento", dijo.

Moreno aprovechó el acto de su dimisión para resaltar las diferencias entre los socialistas y los populares ante los casos de corrupción. "Es lamentable, hay casos de corrupción que salpican a representantes del PP (caso Gürtel, caso Fabra y caso Brugal), es un circo en el que muchos malandrines, todos presuntos corruptos, hacen negocios que favorecen a intereses particulares".

La candidata socialista a la alcaldía, Elena Martín, se mostró ayer "orgullosa" de la decisión de Roque Moreno, que evidencia "la ética del PP y la del PSOE. No todos somos iguales".

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, dijo que la dimisión de Moreno es un gesto de "dignidad, honradez y entereza". Moreno no ha sido expedientado por el partido, al contrario que Amorós, por su condición de imputado. Los dirigentes del PP, encabezados por Ripoll y Castedo, achacaron la renuncia de Moreno al hecho de que había sido descabalgado de la candidatura a la alcaldía. El tercer implicado del PSOE en el caso es José Cataluña, secretario de finanzas de los socialistas valencianos en 2008.

(www.elpais.com, 29/10/10)

CESTAS CON COHIBAS Y DOM PÉRIGNON

El empresario Ángel Fenoll, personaje clave del caso Brugal, agasajó con regalos por Navidad a 270 personalidades de la Comunidad Valenciana y Murcia, así como a 63 guardias civiles, según consta en el informe policial difundido estos días. El valor de algunos de estos lotes rondaba los 600 euros, mientras otros contaban con extras como puros Cohibas, botellas de Vega Sicilia, cava Juve & Camps, Chivas de 21 años, Dom Pérignon y Moët Chandon. Entre los destinatarios de estos regalos figura una extensa nómina de agentes de la Guardia Civil, sobre todo personal adscrito al Servicio de Protección de la Naturaleza, tanto de las poblaciones del sur de Alicante como de Murcia. El vertedero de Fenoll está ubicado en el linde entre las dos provincias.

También se contabilizaron, en las Navidades de 2007, regalos para una docena de agentes de tráfico de Orihuela, y otros 41 lotes para agentes de la Guardia Civil en esta localidad. El directorio de supuestos receptores de estos regalos se completa con una amplia lista de alcaldes y políticos, tanto en el Gobierno como en la oposición, de las poblaciones en las que el empresario tenía intereses económicos. También fueron agasajados 30 funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, una decena de empleados de sucursales bancarias, tres ecologistas "sin especificar" y algunos periodistas de la comarca de La Vega Baja.

(www.elpais.com, 29/10/10)

El jefe de la 'trama Brugal' declaró al juez que hizo un regalo a CampsFenoll tenía en su caja fuerte el resguardo de un envío al president.

Dijo que "podría ser con motivo de un obsequio" navideño y que guardaba el comprobante para recordar la dirección


El empresario Ángel Fenoll, considerado el jefe de la trama Brugal, custodiaba en la caja fuerte de su domicilio el resguardo de un envío por Seur al president de la Generalitat, Francisco Camps, y así consta en el sumario del caso. En una declaración judicial, Fenoll fue interrogado sobre ese extremo por el fiscal Anticorrupción. Y el empresario respondió así: que ese sobre y otros cinco dirigidos o remitidos por Eduardo Zaplana e igualmente depositados en la caja fuerte "podrían ser con motivo de la Navidad, que se suele hacer como obsequio". El fiscal replicó de inmediato con otra pregunta: ¿Por qué "tanto celo" para un regalo navideño? Y Fenoll contestó ahora de este modo: "Por guardar la dirección para el siguiente año". "Todos los años", agregó el imputado, manda "obsequios a todos los políticos con los que trabaja, sean del signo político que sean".

En otro documento del sumario, un subordinado de Fenoll le confirma en abril de 2007 por teléfono que ya envió, también "por Seur", una carta amenazante "a la Generalitat Valenciana". Este diario no ha podido confirmar si el resguardo del envío a Camps custodiado en la caja fuerte guarda relación con la mencionada carta.

Ayer, una portavoz de Camps negó de manera tajante que el jefe del Ejecutivo valenciano haya recibido nunca un regalo de Fenoll. "Es absolutamente falso", dijo.

La compra de un concejal

La caja fuerte albergaba además una decena de dispositivos USB con grabaciones comprometedoras para distintos políticos y empresarios. Fenoll alegó que no sabía quién había grabado conversaciones ni rodado los vídeos y DVD que guardaba en la caja fuerte. Y sostuvo que su contenido se relacionada con cuestiones como el "absentismo laboral", pese a que los nombres de distintos políticos alicantinos aparecían en las carátulas.

El sumario no especifica la fecha del resguardo del envío relativo a Camps, expedido por la empresa Seur, según el acta policial levantada tras el registro de la vivienda de Fenoll. En ese mismo domicilio, la policía encontró un disco que contenía una carta supuestamente escrita por un tal Francisco Torrecillas y remitida a Camps en diciembre de 2002, cuando el hoy president valenciano iniciaba la carrera hacia su primera elección.

De ser cierta la misiva y su recepción por Camps, significaría que el líder del PP valenciano estaba al tanto de los turbios manejos que, presuntamente, venían produciéndose en el municipio alicantino de Orihuela desde años atrás. Porque en la carta, el tal Torrecillas se queja a Camps del comportamiento del entonces alcalde, Manuel Medina, del PP: "Aparte de no cumplir con lo pactado hace casi seis años, cuando me pidió mi colaboración en el asunto de la compra de un concejal dice el texto , ahora para más colmo me ha quitado unos servicios que yo realizaba en la Costa de Orihuela para dárselos (...) a una empresa fantasma".

Extorsión y "gaviotas"

Este diario no logró localizar al único empresario de Orihuela cuyo nombre y dos apellidos coincide con los del firmante de la carta. La portavoz de Camps tampoco confirmó o desmintió si el presidente había recibido la misiva. Está fechada hace ocho años, argumentó la fuente, y su supuesta remisión se produjo cuando Camps no dirigía aún la Generalitat Valenciana.

La declaración de Fenoll en que salió a relucir el resguardo del envío a Camps tuvo lugar el 2 de junio de 2007, pero lo dicho por el empresario sólo ha trascendido tras el levantamiento del secreto sumarial.

En esa misma declaración, el fiscal Anticorrupción inquirió a Fenoll sobre si había intentado presionar a Camps o a Mariano Rajoy mediante el envío de "algo comprometedor para alguna persona". Fenoll respondió que no.

Pero las conversaciones de la trama intervenidas por la policía indican lo contrario: que Fenoll se jactaba de haber logrado influir en la composición de la candidatura municipal del PP en Orihuela, la localidad donde estalló el caso Brugal por una contrata de basura. Paradójicamente, la investigación judicial arrancó después de que Fenoll difundiera, en marzo de 2006, unas grabaciones para acreditar que se había amañado el primer concurso de la basura, celebrado bajo mandato del alcalde Manuel Medina.

"¿Se le mandó algo a Rajoy?"

A Fenoll no sólo se le acusa de tejer una red corrupta sino de extorsionar a sus corrompidos. El 14 de abril de 2007, la policía captó una conversación telefónica del empresario con el presidente de un partido independiente del municipio de La Murada. Y en esa conversación, Fenoll ofrece signos de que espera el visto bueno de un asesor de la entonces candidata del PP en Orihuela y actual alcaldesa imputada, Mónica Lorente, para enviar una "gaviota". Es decir, y así lo especifica la policía, "escritos anónimos o intimidatorios" destinados al PP.

Ese mismo 14 de abril, Fenoll habla con un subordinado, Javier Bru, gerente de una de sus empresas y encargado de transcribir las cintas comprometedoras. Y le hace una pregunta: "Javier, ¿has sacado las gaviotas o no?" "Sí, aquí las tengo para verlas", responde su interlocutor. Y Fenoll tercia de nuevo: "Ya, ya... Yo es que estaba pensando, pero no sé si esperarme hasta el lunes, estoy pensando... ¿Se le mandó algo a Rajoy o no? Yo creo que no". El subordinado de Fenoll asiente: "No, creo que no". En esas fechas, Fenoll pugnaba por la anulación del primer concurso de la contrata de basuras de Orihuela ya bajo mandato de Mónica Lorente.

Una semana más tarde, el 21 de abril, Fenoll y Bru mantienen otra conversación sobre las cartas de amenaza. No mencionan por su nombre al destinatario, pero todo apunta a Camps:

Fenoll. ¿Tú se la mandaste directamente la otra vez, ¿no?

Bru. Sí, la metimos para mandarla por Seur, la dirección.

Fenoll. Ya, pero que se la mandaste directamente.

Bru. Se la mandé a la Generalitat Valenciana.

Fenoll. Ya, ya, ya.

Bru. No al partido, al Partido Popular no se la mandé.

Fenoll. Bien, bien.

Bru. Él estará en el partido.

Fenoll. Ya.

Bru. Bueno, donde habrá que mandársela ahora es al partido.

Fenoll. Pues habrá que mandársela al partido, sí.

Para la novia de Costa

Las conversaciones interceptadas por la policía denotan desde el primer momento el grado de familiaridad que los empresarios ligados a la trama mantenían con el PP valenciano que ya cuenta con varios imputados en la causa, con el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en cabeza.

Uno de los imputados más prominentes en el sumario Brugal y a quien la policía también involucra en el caso Gürtel como presunto financiador electoral de Francisco Camps, es el constructor y adjudicatario público Enrique Ortiz. Y, según la policía, fue él quien, en febrero de este año, se ofreció a buscarle casa a la novia de Ricardo Costa, la concejal alicantina Laura Chorro. Le ofreció, incluso, acompañarla a ver pisos.

www.publico.es 29.10.10

ORTIZ AL CONSEJERO FLORES, TRAS GANAR UN CONTRATO: "TE QUIERO"

Uno de los aspectos que resalta en las conversaciones grabadas por la policía durante la investigación del caso Brugal es la familiaridad existente entre varios cargos políticos del Gobierno valenciano, que lidera Francisco Camps, del PP, con el contratista y promotor alicantino Enrique Ortiz. Los 40 tomos de la investigación, de hecho, están salpicados de ejemplos de esta proximidad que ha destapado indicios delictivos en la adjudicación de contratos en varias consejerías de la Generalitat valenciana.

En una de las transcripciones la policía recoge cómo el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, se dirige en 2008 a Ortiz en una conversación telefónica, cuyo resumen es el que sigue.

Mario Flores. Oye, nada, te llamo solamente para decirte que has sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. O sea que, muérete.

Enrique Ortiz. ¿Te llamo y nos vemos? Y quedamos y organizamos, ¿vale?

M. F. Bueno pero hablamos. Bueno quedamos, quedamos, quedamos y nos vemos. Pero bueno, yo lo único que quiero es que no digas nada pero vamos que acabo de dar yo hoy la... Antes de salir para Madrid he dado la...

E. O. Ya lo sé. Nada. Bueno. Te quiero.

Otras conversaciones reflejan las gestiones de Enrique Ortiz con personas muy próximas al Gobierno valenciano para lograr negocios públicos. En una de ellas, en 2008, el hermano de Fernando de Rosa, entonces consejero de Justicia y en la actualidad vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna. Ortiz termina asegurando: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero responde: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado suyo: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".

En otra, y en referencia al concurso eólico, Ortiz llama al dueño de la empresa Sedesa, Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino, para preguntarle si se presentan al concurso con Diversia. Cotino le desanima, pero Ortiz insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?" Cotino responde: "Todo el pescado está vendido".

Los informes policiales también revelan otros supuestos negocios irregulares de Ortiz con el vicepresidente económico del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, y un amigo personal de este, Miguel Ángel Fuster.

(www.elpais.com, 29/10/10)

VALCÁRCEL RECIBIÓ DEL REY DE LAS BASURAS PUROS COHIBAS, BOTELLAS DE DON PERIGNON Y VEGA SICILIA 

¿Ocurría en Murcia como en Valencia?. Si el presidente Camps fue "obsequiado" con algunos trajes, el presidente Valcárcel recibió también dádivas por parte del rey de las basuras, Ángel Fenoll. Así figura entre los más de 270 destinatarios de los regalos navideños que realizaba la empresa del conocido empresario, imputado en el marco de la operación Brugal. 

El máximo mandatario de la Comunidad Autónoma de Murcia recibía una generosa cesta de 600 euros donde no faltaba el whisky gran reserva, los Cohibas y botellas de Don Pérignon y Vega Sicilia. Todos los años llegaba a la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia una lluvia de presentes en forma de baúles -hasta 8 - con regalos, puros habanos y las más convencionales cestas.  

El directorio se centra sobre todo en la Comunidad Valenciana y en una larga lista de alcaldes, concejales (del equipo de gobierno y de la oposición) e incluso técnicos municipales de poblaciones de la comarca como Torrevieja, Rafal, Daya Nueva, Daya Vieja, Granja Rocamora, Formentera del Segura, Jacarilla, Redován, Calpe, Rojales, Cox (con todos los miembros del equipo de gobierno del PP y la oposición socialista), Callosa de Segura, Dolores, Almoradí o Pilar de la Horadada. Guardias Civiles también eran objetivos de sus atenciones. 

También llegaban regalos a los municipios murcianos de Fortuna o Abanilla. En casi todos los municipios es Colsur, empresa de Fenoll, la que se encarga de la recogida de residuos y limpieza viaria y el depósito de la basura en el único vertedero de la comarca. 

Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Regalos: Cesta valorada en 600 euros, una caja de puros cohibas, dos botellas de Dom Pérignon y dos botellas de Vega Sicilia.  

José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación(PP).  Regalos: Un baúl "lleno de alimentos" en la Navidad de 2008, según recoge el sumario del caso Brugal. 

(www.elpais.com, 28/10/10)

JURISTAS ANUNCIAN QUERELLA SI EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA LEVANTA UNA ESTATUA A CARLOS VALCÁRCEL  

La Asociación Preeminencia del Derecho, representada por su vicepresidenta, Encarnación Martínez Segado, y a título personal, el abogado José Luis Mazón, han presentado en el ayuntamiento de Murcia un escrito en el que se constituyen como parte interesada para poder personarse en toda actuación o expediente por la se vaya a decidir abrir una suscripción popular desde el ayuntamiento o autorizar la colocación de una estatua del fallecido Carlos Valcárcel, padre del presidente de la Comunidad Autónomica, en lugar público de la ciudad. 

Según la asociación, la estatua de Carlos Valcárcel constituiría un monumento al amiguismo y al nepotismo. “Ante la falta evidente de significado histórico del padre del presidente de la Comunidad Autónoma más allá de las poderosas influencias ganadas en vida que no constituyen un mérito histórico alguno, sino reflejo del auge de la sociedad estamental murciana, un reducto del medievo y nada de lo que enorgullecerse sino todo lo contrario, causa de atraso social y cultural”. 

Advierten que llevarán a juicio al ayuntamiento de Murcia “si consiente ceder espacio público para semejante acto de nepotismo”. Dicen que “todo el mundo querría ver a sus parientes en estatuas pero  tal cosa está reservada para las personas de méritos eminentes, grandes contribuyentes a la cultura, la historia, las artes, que hacen historia, en ninguno de estos supuestos  está el padre del presidente de la Comunidad”·. 

Más, si se trata, como se ha difundido, en la plaza de Santo Domingo o en el Paseo Alfonso X el Sabio, en el extremo opuesto a donde se ubica la del rey Alfonso X El Sabio, “con quien los muy ilusos de los promotores pretenden hacer parentela o tándem, porque la sola consagración de un monumento en espacio público a un murciano de hechos rasantes o notoriamente carente de méritos o contribuciones extraordinarias que lo ensalcen, fuera del  título de hijo adoptivo, del retórico de cronista oficial, o la posesión de influyentes amigos en la Murcia más conservadora o arcaica, o del hecho de ser padre del presidente regional, constituiría un acto arbitrario de desviación de poder, de exaltación del nepotismo”. 

Y además, añaden los juristas, “un agravio comparativo a figuras murcianas y desaparecidas que no gozan de ningún monumento ni siquiera de calle alguna, con un historial incomparable al del fallecido sr. Valcárcel, como puede ser el caso de Ginés Pérez de Hita, escritor de los siglos XVI-XVII de las famosas Guerras Civiles de Granada, o el más universal Ibn Arabi, famosísimo escritor, poeta y místico musulmán al cual jamás se le ha puesto estatua y si se le ha dedicado una calle lo ha sido en área de ensanche urbano que es  reconocimiento de tercera fila”. 

Además, recuerdan que al padre del actual presidente de la Comunidad Autónoma se le han consagrado, y en vida, varias calles con el título de “Cronista Carlos Valcárcel”.  Recuerdan también que al fundador de la ciudad, Abderraman II se le ha levantado una estatua en un lugar apartado del centro como es la plaza de la Cruz Roja y “al padre del presidente se le quiere tratar al nivel del rey Alfonso X El Sabio, lo que resulta escandaloso, burdo, hiriente y un insulto al sentido común que aun le queda al pueblo murciano”. 

En todo caso, señalan, “no serían decenas, sino centenares, las personas que en le últimas generaciones estarían por delante, en méritos y virtudes dignas de alzar estatua, del fallecido padre del presidente de la Comunidad”. 

La estatua del citado padre, continua la Asociación y el jurista Mazón, “jamás puede ser ubicada en suelo público, y más en consonancia con los pasos y costumbres del fallecido sería ponerla en al bar Yiyi, lugar de ambientación franquista, con fotos de Franco, José Antonio, banderas de yugos, flechas, muy frecuentado por él, según diversas fuentes, donde recibía en informal audiencia a todo aquel  que quería solucionar sus problemas”. 

Según Mazón, en un duro escrito, “la Murcia más tradicionalista, esa otra Murcia ahora ensalzada y entusiasta de usos feudalescos, la Murcia de los señores enmascarada de usos democráticos, pretende valerse de su tradicional estatus ascendente sobre el poder municipal para dejar huella eterna en su hegemonía, ubicando en públicos sitios sus símbolos y personajes dándoles el carácter de héroes inmortales, bautizando calles con los nombres de sus personajes carentes de significado fuera de su ambiente”. 

 Finaliza el documento alegando que “si el célebre ingeniero Juan de la Cierva, inventor del autogiro, personaje mundialmente conocido, se le ubica una estatua en retirado lugar como es Ronda de Garay, frente al palacio de Justicia, por esa regla de tres la estatua del  sr. Valcárcel correspondería ubicarla no más cerca de Baños y Mendigo o Gea Truyols”. 

 En opinión de los abogados, hay más personas que estaría por delante del cronista, como el profesor Mariano Ruiz Funes, Ramón Gaya, o Diego de Clemencín, cervantista notorio, entro otros.  

Asegura n la asociación y Mazón que “como periodista no era ni siquiera de los destacados y lo de cronista, en todos los pueblos los hay y no es fatigoso oficio ni propio consustancial de excelsos hombres de mérito. ¿Dónde se razona el ensalzamiento a la condición de héroe urbano”?, concluye.  

(www.vegamediapress.com, 17/06/10)

 

EL SUMARIO DESVELA FALTA DE TRANSPARENCIA EN UNA CONTRATA DE FLORES A ORTIZ DE 16 MILLONES

 

Los informes policiales recogidos en los casi 20.000 folios repartidos a los abogados de los imputados en el caso Brugal recogen conversaciones en las que aparece un cuarto conseller, Mario Flores. Además de los dirigentes políticos ya mencionados en otros informes -Juan Cotino, Gerardo Camps y Fernando de Rosa, entonces conseller de Bienestar Social, conseller de Economía y ex conseller de Justicia, respectivamente-, el conseller de Infraestructuras y Transportes figura en otro estudio policial de casi veinte folios donde se recogen conversaciones referidas a "presuntas irregularidades en la concesión de la explotación de diversas líneas de ferrocarril urbano" en Alicante y Valencia y a la falta de transparencia en una contrata de mantenimiento y reparación de carreteras en la Vega Baja, que se licitó por 20 millones de euros y se adjudicó en 2008 por 16 millones.

 

Flores aseguró anoche a este diario que "jamás he tenido trato de favor con Ortiz ni con nadie" y dijo que "tengo la conciencia muy tranquila". Las conversaciones se produjeron en julio de 2008 entre Ortiz y Flores y otros interlocutores, entre ellos el directivo de Bancaja José Cortina y el jefe de Carreteras de Infraestructuras, Juan Antonio Sánchez. Las escuchas de este y otros informes revelan una relación de amistad de Ortiz con el conseller, según admite el empresario. En una de las grabaciones, Ortiz confiesa que "Mario Flores es como hermano suyo", según la policía.

 

En este nuevo informe aparece que Flores telefonea al empresario para adelantarle que le había adjudicado un concurso de mantenimiento de carreteras en la Vega Baja. Flores le pide discreción y días más tarde otro cargo, el jefe de Carreteras, Juan Antonio Sánchez, le llama y también le dice "te vamos a dar una cosa buena ¿no". Al día siguiente, el presidente del club de balonmano Mar Alicante, Toni Navarro, llamó a Ortiz para comentar la "adjudicación extraoficial". La Policía destaca "el grado de oscurantismo del que adolece el concurso" y añade que no garantiza "el principio de transparencia, inherente a toda licitación". En otra conversación de Ortiz con el jefe de Carreteras de la Conselleria abordan la contrata de mantenimiento y el dueño del Hércules le explica que Flores, "aunque le gustaría", no quería darle la contrata inicialmente porque ya le había adjudicado otro concurso, que según la Policía sería el del tramo del tranvía de la finca Adoc.

 

 En otra de las escuchas Ortiz y Cortina, hablan de las contratas de tranvías en Alicante y Valencia y el segundo advierte al empresario de la importancia de dichos concursos porque son contratos de 300 y 400 millones de euros y le propone ir a ver al conseller como hicieron poco antes con el entonces titular de Justicia, con el que supuestamente abordaron las contratas de los Palacios de Justicia.

 

Ortiz y Flores comieron ese mes de julio en un restaurante de Valencia y el encuentro fue grabado en vídeo por la Policía de Alicante. Ese mismo día Cortina le dice a Ortiz que le comente a Flores cómo orientar la presentación al concurso de los tranvías. En estas mismas escuchas Ortiz y Cortina también se refirieron a si una persona que no identifican había hablado con Gerardo Camps. Ortiz le comenta que si no le llaman recurriría a un amigo del conseller, el campeón de España de rallys, "que me lo colocó él" y "me está haciendo patrocinarle un coche", según las cintas.

 

(www.elpais.com, 28/10/10)

 

LA ALCALDESA DE ALICANTE: "SOLO PIDO A LA JUSTICIA QUE ME DEJE DEFENDERME"

 

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, presentó ayer un escrito ante el juzgado número 5 de Alicante, que instruye el supuesto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad (pieza separada del sumario general del caso Brugal), en el que pidió que levante el secreto de las diligencias para poder ejercer su derecho a la defensa.

 

La regidora, según el escrito inicial del fiscal Anticorrupción, está acusada junto a otras 21 personas, entre ellas Luis Díaz Alperi, su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, y el contratista Ortiz, de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. El fiscal sostiene que Castedo y Alperi recibieron regalos del promotor por favores urbanísticos. El escrito de acusación del fiscal fue difundido el lunes por la propia Castedo. En ese acto, la regidora rechazó las acusaciones y negó las supuestas dádivas de Ortiz, salvo un viaje en el yate del constructor. La alcaldesa también rechazó que en el nuevo PGOU, aprobado provisionalmente en mayo pasado, haya habido cambios a favor de Ortiz. "No consiguió nada de lo que pidió", sentenció.

 

Castedo insistió en su inocencia y argumentó que pide el levantamiento del secreto del sumario para evitar "un linchamiento mediático".

 

Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, negó cualquier relación con el caso Brugal e instó a que le lleven "al juzgado" si "hay algún delito" contra él. "No tengo nada más que hablar del tema. Quien ha organizado esa fiesta que la aclare", dijo.

 

(www.elpais.com, 28/10/10)

 

'FLAMENQUITO', MOJITOS Y 'MARISQUITO' EN EL YATE DE ORTIZ

 

El yate del poderoso empresario Enrique Ortiz fue escenario de fiestas, celebraciones y ágapes de lujo, regados con el mejor vino y champán, para que los dirigentes del PP de Alicante se reunieran y celebraran alguno de sus logros políticos.

Ya lo admitía, el 28 de agosto de 2009, la esposa del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll: "Con amigos como tú, qué suerte tengo, qué afortunada soy", dijo Margarita de la Vega, tras disfrutar de unas vacaciones en Mallorca a bordo del yate Elena, propiedad del empresario, principal imputado en el caso Brugal.

 

En la cubierta del barco, según se desprende de la investigación policial, al parecer también se brindó por la aprobación provisional del Plan Rabassa, el plan urbanístico de Alicante o el archivo del caso de los aparcamientos.

 

En la noche del 26 de junio de 2008 el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otros ediles populares, se enrolaron en el yate para festejar, según el sumario, el archivo por el Tribunal Supremo del llamado caso de los aparcamientos, que precisamente investigaba un supuesto trato de favor del Ayuntamiento a Ortiz por la modificación de tres aparcamientos municipales, y en cuya causa estaban imputados Ortiz, Alperi y Castedo.

 

El plan era cenar en el barco, ver el partido de las semifinales de Europa (España-Rusia) y luego contemplar, desde el mar, el castillo de fuegos artificiales desde la playa del Postiguet, con motivo de las fiestas de San Juan. La policía identificó en el barco a Ortiz, Alperi, Castedo y a los ediles, Marta García Romeu, Sonia Alegría y Virgilio Ortiz, hermano del empresario.

 

La policía intervino una conversación del 25 de junio de 2008 entre el alcalde y el empresario, en la que quedó registrado cómo el alcalde confiesa: "Mañana va a salir ese tema, no sé si será buena idea, pero me la suda, podemos hacer una fiestecilla, invitar a los concejales que yo estime conveniente". "Preparemos un pequeño lunch", dice el empresario, a lo que el alcalde, contesta: "Nos tomamos unas cervezas y marisquito, yo te digo cuántos vamos, y lo hacemos en la cubierta de arriba".

 

En otra conversación, interceptada por la policía, el empresario advertía a su hermano de que no le dijera a nadie que iba "a venir Luis", en referencia al alcalde. En esas fechas también se acababa de aprobar provisionalmente el plan urbanístico y el Plan Rabassa de Alicante. En agosto del año pasado la esposa de Ripoll narraba cómo estaban en el yate "bailando flamenquito, con los mojitos y el champán", y agregó que durmieron "maravillosamente bien, nos bebimos cinco botellas de champán y caímos pumba".

 

(www.elpais.com, 28/10/10)

 

FLORES PIDIÓ DINERO PARA UN CLUB DEPORTIVO A UNA ADJUDICATARIA

 

Las conversaciones grabadas dentro de la investigación policial del caso Brugal afloran también peticiones de ayuda del consejero de Infraestructuras, Mario Flores, a una empresa adjudicataria de obras del tranvía. El director de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) en la zona de Valencia, Teodoro Velázquez, transmite al constructor Enrique Ortiz (con quien formó una UTE que se adjudicó el concurso de "redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de variante ferroviaria de la línea 1 en el tramo de la Finca Adoc" por casi 32 millones) que Flores le pidió ayuda para un club deportivo.

 

Tras reunirse con el presidente del Club Balonmano Femenino Mar Alicante, José Antonio Navarro, el favor resulta una ayuda para el cierre de temporada de entre 60.000 euros y 70.000 euros.

 

El directivo de FCC evitó comprometerse hasta hablar con Enrique Ortiz, con quien quería compartir el favor, pero el empresario alicantino se niega "haciendo referencia a pagos anteriores a terceras personas, aludiendo incluso a su participación en diversos deportes -baloncesto y fútbol-". El propio presidente del club confirma a Ortiz que este encargo es "exclusivamente" para FCC. La cifra al final solicitada rondaba los 60.000 euros. Ortiz, en otra conversación, justifica que por el mismo concepto (el tranvía) ya "ha abonado" 60.000 euros.La investigación policial sobre este supuesto favor que Flores pidió a los empresarios adjudicatarios de obras del tranvía no concluye si finalmente los contratistas accedieron al requerimiento. No obstante, el informe incide en la amistosa relación entre Ortiz, Flores y el presidente de la entidad deportiva.

 

La Fiscalía Anticorrupción acusa de un supuesto delito de tráfico de influencias al portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno. El fiscal basa su acusación en un informe policial de la pieza del caso Brugal que investiga supuesto trato de favor a Enrique Ortiz en el PGOU de Alicante. Los hechos supuestamente delictivos son la contratación por parte de Ortiz, "a requerimiento" del político socialista, de dos personas. En el escrito, el fiscal señala que la iniciativa de Moreno "se trata de presunto delito relacionado con los investigados respecto a Enrique Ortiz". El promotor, imputado en el sumario general del caso Brugal, está acusado en la pieza del PGOU de Alicante de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada.

 

El informe policial se produce a principios de 2010. En esas fechas, Moreno representaba al PSPV en la comisión municipal sobre la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, y cuyo máximo accionista es Enrique Ortiz. "La petición de favor efectuada por Roque Moreno cabe decir que es ciertamente irregular que se produzca cuando dicha persona forma parte de una comisión la cual va a decidir un tema tan relevante e importante para los intereses del empresario", señala el informe. En las escuchas telefónicas, el empresario y el dirigente socialista, secretario del PSPV en Alicante, conversan el 8 de febrero de 2010 y Moreno le recuerda a Ortiz: "No te olvides de lo del hijo de Vicente [Ronda]". En el informe, la policía tilda de "revelador que esa petición se produzca en el contexto que se produce y teniendo en cuenta los intereses que se deriven", que es colocar en INUSA al hijo del asesor del Grupo Socialista, Vicente Ronda, y a su mujer Carmen Llabata. Este periódico intentó sin éxito conocer la versión de Moreno.

 

El secretario general del PSPV en Alicante, precisamente, compareció ayer en una rueda de prensa con la candidata a la alcaldía, Elena Martín, que se mostró "indignada" porque el PP había convertido el Ayuntamiento en un "coladero de corrupción". Martín exigió "respeto" a la fiscalía, a los jueces y a la policía que llevan años investigando estas supuestas irregularidades y arremetió contra la alcaldesa, Sonia Castedo. "No entendemos que se pueda mantener en el cargo después de lo que se ha publicado", señaló Martín, quien no llegó a pedir la dimisión de la alcaldesa del PP. El PSPV de Alicante se preguntaba ayer "¿qué más pedía Ortiz que no se le ha concedido?".

 

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, denunció gráficamente la situación con un esquema de las Cortes Valencianas en el que señaló en rojo que 13 de los 54 diputados del PP están salpicados por su vinculación a casos de corrupción. La ética democrática, en su opinión, debería llevar a Francisco Camps a disolver la Cámara autonómica. "Cada vez que los tribunales, la Fiscalía Anticorrupción o la policía investigan o comprueban cualquier hecho o circunstancia que tiene que ver con un responsable político del PP, siempre encuentran presuntos delitos y razones para investigar", añadió. El portavoz parlamentario de los socialistas, Ángel Luna, denunció la falta de explicaciones por parte del PP ante lo que calificó como "una asociación delictiva extendida en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana".

 

Por otro lado, la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, anunció que su formación se personará en el caso Brugal en lo que afecta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, "para estudiar qué está sucediendo" y si ha habido tratos de favor a Ortiz por parte de cargos del PP, como sostiene el fiscal. EU pedirá, además, la paralización del planeamiento, que aún no está aprobado definitivamente. Y el portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, exigió a Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, que aclare su implicación.

 

(www.elpais.com, 28/10/10)

 

EL PP LLEVA AL PLENO EL CAMBIO DE URBANIZADOR DE UN PAI DEL 'CASO BRUGAL'

 

El pleno del Ayuntamiento de Alicante, en manos del PP, aprobará previsiblemente mañana viernes el cambio de agente urbanizador en el programa urbanístico denominado PE/APA9, ubicado en Vistahermosa, al noroeste del término municipal. Este programa urbanístico es, según la investigación de la pieza separada del caso Brugal que afecta al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), uno donde supuestamente se produjo un trato de favor al promotor Enrique Ortiz. La supuesta ilegalidad estaría relacionada con dar más edificabilidad a este sector, según el escrito del fiscal anticorrupción, Felipe Briones.

 

El cambio de agente urbanizador supone que el adjudicatario inicial, Bancaja Hábitat, SL, cede sus derechos para urbanizar la citada zona a favor de Inmovist Inversiones Inmobiliarias, SL, empresa del grupo Ortiz. La colaboración entre ambas empresas no es un hecho aislado. Bancaja Hábitat, por su parte, participa, según las diligencias policiales, en la firma Deproinmed, SL, propiedad de Ortiz. En esta mercantil, el empresario integró el suelo adquirido en zonas protegidas de la ciudad con la intención de trasladar luego los aprovechamientos urbanísticos a otras áreas urbanizables.

 

El cambio fue aprobado esta semana en la Comisión de Urbanismo, con los votos a favor del PP y la abstención socialista, y por tanto solo queda el trámite plenario para que vea la luz verde. El programa urbanístico se aprobó inicialmente a finales del año 2003, aunque su tramitación se remonta a 1993, hace 17 años.

 

La propia alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, hizo referencia a esta supuesta ilegalidad recogida en el informe del fiscal en su comparecencia de prensa del pasado lunes. Castedo defendió la legalidad del proyecto y señaló que no hubo incremento de edificabilidad y que el sector se mantiene sin variación en el nuevo PGOU.

 

En su propuesta de acuerdo, el equipo de gobierno del PP justifica la aprobación del cambio de agente urbanizador en que "la cesión no menoscaba el interés general ni supone defraudación de la pública competencia en la adjudicación". También recuerda que la normativa permite que el urbanizador pueda ceder en escritura pública "su condición a favor de tercero que se subrogue en todas sus obligaciones ante la Administración actuante, con la condición que esta apruebe la cesión".

 

(www.elpais.com, 28/10/10)

 

 

EL SUMARIO DEL 'CASO BRUGAL' DESTAPA UN SINFÍN DE CORRUPTELAS DE CARGOS DEL PP

 

Los 40 tomos o 20.000 folios del caso Brugal, una investigación judicial que arrancó con la supuesta adjudicación irregular de un contrato de basura por parte de la Diputación Provincial de Alicante, salpican a varias decenas de dirigentes políticos, mayoritariamente del PP, que tiene en su poder los principales Gobiernos en la comunidad valenciana, pero también a alguno del PSOE.

 

La lectura de miles de folios de la investigación judicial muestra un sinfín de corruptelas que afectan a concejales, alcaldes, diputados provinciales y hasta consejeros autonómicos valencianos.

 

La mecánica era siempre la misma: los empresarios que pretendían algún trato de favor de las instituciones valencianas, o bien pagaban comisiones ilegales a los cargos públicos o intermediarios que les favorecían, o bien colocaban a parientes de esos cargos públicos en sus empresas; o ponían a disposición de los dirigentes políticos un yate con el capitán incluido; o hacían regalos especialmente caros a sus benefactores. Lo que sigue es solo una muestra de lo que aparece probado en el sumario por documentos oficiales o grabaciones telefónicas a sus protagonistas.

 

- Concurso de basuras. La investigación destapa que en el concurso convocado para adjudicar el Plan Zona de Gestión de Residuos de la Zona XVII, hubo pactos encubiertos para que el empresario Ángel Fenoll, cuya oferta perdió, se quedara con una parte del negocio que le facilitó uno de los ganadores, Enrique Ortiz.

 

El sumario apunta a las gestiones del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll (PP), para conseguir este objetivo. A cambio, Fenoll compró una televisión local en quiebra por orden del propio Ripoll. A su vez, el adjudicatario del negocio de las basuras, Enrique Ortiz, premió con regalos al presidente de la Diputación Provincial por esta concesión.

 

- Plan General de Alicante. Los crecimientos urbanísticos de Alicante destaparon la influencia del empresario Enrique Ortiz sobre las decisiones del Gobierno municipal, presidido por la alcaldesa Sonia Castedo, del PP. Así, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, Ortiz mantuvo contactos con las principales autoridades responsables del plan y presumió ante sus empleados de que era "la mano negra" en ese proyecto.

 

- Estadio Rico Pérez. Miguel Ángel Fuster, amigo del vicepresidente autonómico, Gerardo Camps, intermedió, según la investigación, para que la Comunidad Valenciana avalara por 16 millones de euros al club de fútbol del Hércules, cuyo principal accionista era Enrique Ortiz. Este empresario pagó al intermediario al menos 12.000 euros por sus gestiones, según el sumario del caso.

 

- Empresa del hijo del alcalde. Como favor al hijo de Luis Díaz Alperi, ex alcalde de Alicante que facilitó a Enrique Ortiz las operaciones urbanísticas más importantes de la ciudad, el empresario le crea una sociedad de publicidad llamada Verass Operadores Publicitarios.

 

- Enchufismo. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Ramos, logró que Enrique Ortiz colocara en sus empresas a dos personas que había recomendado. Castedo mantenía con Ortiz una estrecha relación sobre los negocios del empresario, destapada por los pinchazos telefónicos.

 

- Entradas gratis. Enrique Ortiz regaló cuatro entradas por 600 euros a un concejal de Alicante cuyo voto era importante para alguno de los negocios del empresario.

 

Son solo algunos de los ejemplos de las innumerables corruptelas que ha descubierto una larguísima investigación judicial que dura varios años y que ha destapado en distintas instituciones de la Comunidad Valenciana una serie de adjudicaciones irregulares basadas en el trato de favor al poderoso Enrique Ortiz.

 

Este empresario hablaba también con parientes de los principales miembros del Gobierno de Francisco Camps, como el consejero Juan Cotino o el ex consejero Fernando de Rosa y trataba sobre negocios multimillonarios (el concurso eólico o la construcción de Palacios de Justicia) que adjudicaba el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana.

 

(www.elpais.com, 28/10/10)

 

NUEVAS GRABACIONES DEL 'CASO BRUGAL' DEMUESTRAN LOS AMAÑOS DE ENRIQUE ORTIZ CON EL GOBIERNO DE FRANCISCO CAMPS

 

Las conversaciones grabadas por la Policía al promotor Enrique Ortiz en el marco del 'caso Brugal' desvelan cómo éste negociaba con los hermanos de varios consejeros del gobierno valenciano la adjudicación de obras pagadas con dinero público. En una ocasión llega a preguntar si es posible amañar un contrato ya adjudicado.

 

Las grabaciones que publican hoy 'El País' y 'El Mundo' desvelan cómo el promotor Enrique Ortiz hablaba abiertamente de cómo hacer negocio con personas muy cercanas al gobierno valenciano. Por ejemplo, en una conversación telefónica, Alberto de Rosa -el hermano del entonces consejero de justicia, Fernando de Rosa- le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de la construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna. Ortiz responde: "a partir de ahora nos presentamos a todo lo que salga". Acto seguido llama a un subordinado y le dice: "tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. Madre mía, madre mía".

 

En otra conversación con el hermano del consejero Juan Cotino, Ortiz le pregunta qué opciones tiene de cara a una adjudicación de parques eólicos. Este le dice: ólvidate. Ortiz le responde: "¿y no se puede amañar?". Vicente Cotino responde: "todo el pescado está vendido, el presidente se ha comprometido". En una tercera grabación, Enrique Ortiz reconoce al entonces alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi que ha quedado con Chema Pajín, el padre de Leire Pajín, para que le haga alguna gestión ante el director general de Carreteras. El alcalde responde: "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está".

 

Según cuenta 'El País', la nueva ministra de Sanidad dice que está "muy tranquila" y niega tajantemente que haya hecho "nunca ninguna gestión a favor del ex alcalde y muchos menos del empresario Enrique Ortiz".

 

Estas grabaciones corresponden al sumario de la operación Brugal, una trama que afecta a 21 personas, entre ellas la actual alcaldesa de Alicante y su predecesor, los dos del Partido Popular. Por cierto, en las últimas horas la fiscalía anticorrupción ha implicado también en este caso a un ex presidente y un directivo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y a dos cargos de Banjaca.

 

(www.cadenaser.com, 27/10/10)

 

EL EMPRESARIO ORTIZ CONTACTÓ CON FAMILIARES DE COTINO Y DE ROSA SOBRE ADJUDICACIONES DEL CONSELL

 

Las escuchas telefónicas al empresario Enrique Ortiz durante la investigación del caso Brugal han desvelado presuntas irregularidades en los concursos de la Generalitat para construir juzgados y para adjudicar el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. En dichas contratas aparecen como interlocutores con Ortiz dos hermanos del ex conseller de Justicia y actual vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, y del conseller de Bienestar Social, Juan Cotino. Mientras que con el Plan Eólico un hermano de Cotino le dejó bien claro a Ortiz que la adjudicación se sabía de antemano que iba a ser para Iberdrola por ser un "compromiso del presidente" -en clara referencia alusiva a Camps-, el camino parecía tenerlo más claro con los proyectos de Palacios de Justicia, donde el empresario alicantino reconoce al director de su constructora que "tenemos reparto" y le reprende por no haber optado a la construcción de los juzgados de Paterna, especialmente tras haber comido en Valencia con Fernando de Rosa.

 

El informe de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre "Palacios de Justicia" recoge varias conversaciones intervenidas en junio de 2008 a Ortiz con distintos interlocutores, entre ellos Alberto de Rosa, hermano del ex conseller de Justicia, Fernando de Rosa, Vicente Cotino, hermano del conseller y con dos empleados suyos. En las conversaciones sale a relucir el nombre de Miguel Morillo, director adjunto de sociedades participadas de Bancaja y con el que Ortiz forma parte de Diversia Concesiones y Servicios SL, empresa que está participada por Sedesa, Bancaja y Enrique Ortiz e Hijos y donde también figura Vicente Cotino "en calidad de presidente y consejero". El hermano de Cotino también llama al constructor alicantino para para hablar "de la concesión de los juzgados".

 

Esta mercantil celebró un consejo en Valencia el mismo día que Ortiz se reunió con el conseller Fernando de Rosa para "arreglar ese día todo", según señala el empresario en una de las escuchas. Cinco días después de esta reunión el hermano del conseller, Alberto de Rosa, llamó a Ortiz sorprendido por no haberse presentado al concurso para construir los juzgados de Paterna, una contrata de 10,7 millones de euros. A continuación, el dueño del Hércules llamó por teléfono al director de su constructora y tras comentarle que no se habían presentado al concurso de los juzgados de Paterna le dijo que "vamos a comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones" y "le voy pidiendo y no me presento. ¡Tócame los cojones! Y ahí tenemos un huevo de posibilidades". Acto seguido le insta a presentarse a todos los concursos de consellerias en la Comunidad y le espeta una frase muy explicativa: "Lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto Y aquí nos toca".

 

La Policía dedica otros tres folios del informe a las conversaciones referidas a "presuntas irregularidades cometidas en el proceso de adjudicación, aún abierto, del Plan Eólico de la Generalitat Valenciana". Tras hablar Ortiz con Aurelio González Villarejo, actualmente ex socio del constructor y con intereses en el sector de las energías renovables, mantuvo el promotor una conversación con Vicente Cotino para proponerle optar al concurso con la empresa Diversia. "Olvídate", fue la respuesta del hermano del conseller de Bienestar Social y vicepresidente tercero del Consell. Ortiz le replicó que si no se podía amañar y Cotino le reconoció que "eso está el pescado vendido ya". El familiar del conseller añadió que el plan era para Iberdrola y precisó que "se ha comprometido el presidente". No contento con las explicaciones, Ortiz insistió en ver la posibilidad de presentarse y se ofreció a mediar con Mario Flores, conseller de Infraestructuras, cuyo departamento convocó el concurso. "No, Mario no pinta nada ahí.... Nada, olvídate. Hazme caso. No le digas nada a Mario. Lo metes en un aprieto", manifestó Cotino antes de despedirse. El informe concluye que Cotino tenía información de primera mano y que el Plan Eólico estaría adjudicado a Iberdrola por un compromiso del llamado "presidente", sobre el que la Policía no dice quesea Camps pero si "un cargo superior incluso al del propio consejero de Infraestructuras".

 

(www.levante-emv.com, 27/10/10)

 

ALPERI Y CASTEDO CELEBRARON EN EL YATE DE ORTIZ EL ARCHIVO DEL CASO APARCAMIENTOS

 

El yate del empresario Enrique Ortiz fue el escenario de una fiesta la noche del 26 de junio de 2008 en la que participaron el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, y otros ediles del equipo de gobierno, según revela el sumario del caso Brugal. La fiesta era la manera de celebrar el archivo que acababa de hacer el Tribunal Supremo del llamado "caso de los aparcamientos", que investigaba un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante a Ortiz por la modificación de los proyectos de tres aparcamientos municipales. En la causa estaban imputados tanto Ortiz, como Alperi y Castedo.

 

El plan era cenar en el barco y ver el partido de las semifinales de la Eurocopa que enfrentaba a las selecciones de España y Rusia y luego disfrutar del castillo de fuegos artificiales que esa noche se disparaba con motivo de las fiestas de San Juan.

 

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía levantaron un acta de vídeo-vigilancia sobre los asistentes a la celebración, en la que identificaron a Ortiz, Alperi, Castedo, así como a la edil Marta García-Romeu, así como la Delegada de presidencia y Coordinación de Áreas del Ayuntamiento, Sonia Alegría, así como Virgilio Ortiz, hermano del empresario investigado.

 

La Policía captó varias conversaciones entre Ortiz y Alperi sobre los preparativos de la fiesta. El entonces alcalde le indicaba quiénes eran los ediles de su confianza que irían a la fiesta, entre ellos citaba a Sonia Castedo. "Sólo los de confianza, Sonia, Sonia, Marta, el de Comercio, que es de confianza, Andrés Llorens no puede venir porque se ha ido a Viena a ver el partido", aseguraba Alperi a Ortiz. El informe dice que el ex alcalde tenía dudas sobre invitar a una tal Suni. La concejal de Servicios Sociales, Asunción Sánchez Zaplana, es la persona a la que en el Ayuntamiento se conoce como Suni. De todas maneras, ésta no acudió a la celebración. En otra de las conversaciones interceptadas ese mismo día por la Policía, Ortiz llamaba a su hermano para invitarle al barco, aunque le hacía una advertencia: "No se lo digas a nadie porque va a venir Luis".

 

Uno de los aspectos sobre el que giró el caso de los aparcamientos fue la relación personal que existía entre Alperi y el empresario. El caso se abrió a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, pero fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los magistrados no vieron indicios de delito sin investigar la causa y, tras la lectura de las diligencias, establecieron que la actuación del Ayuntamiento no había beneficiado a Ortiz. El fiscal recurrió al Supremo, pero el alto tribunal confirmó la decisión del TSJ valenciano.

 

(www.levante-emv.com, 27/10/10)

 

EL FISCAL PIDIÓ A HACIENDA INVESTIGAR LOS BIENES DE RIPOLL PARA VER SI COINCIDÍAN CON SUS INGRESOS

 

El fiscal Anticorrupción pidió al juez que Hacienda investigara el patrimonio del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, para ver si cuadraban las cuentas y guardan consonancia con sus ingresos. El planteamiento de Briones se enmarca dentro de las diligencias abiertas por un presunto caso de corrupción en torno a la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja, cuyo consorcio preside Ripoll, y forman parte de la documentación que el juez que instruye el caso, Carlos San Martín, entregó el viernes a todos los letrados personados y que ayer pidió que le fuera devuelta por haberse develado, por error, información bajo secreto de sumario.

 

Entre estos documentos se encuentra un informe elaborado por la Brigada de Banqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en el que se afirma, en relación al presidente de la Diputación, que "se viene detectando de manera muy apreciable diversas operaciones que estarían directamente relacionadas con el aumento considerable de su patrimonio". Y recuerdan los redactores lo que denominan el "aspecto central de la investigación", que es "el presunto pago en especie al presidente de la institución provincial de dos viviendas de la promoción Calamerced sitas en la avenida Pérez Galdón de Alicante (...) por un montante aproximado de un millón de euros".

 

No obstante, los investigadores precisan que "hasta que estos hechos puedan ser corroborados", durante el periodo del elaboración del informe, que fue entregado en el juzgado el 3 de noviembre del año pasado, "Ripoll habría adquirido un inmueble en un lugar privilegiado del centro de Alicante constatando nuevamente el continuo interés del presidente por la adquisición de capital inmobiliario".

 

La vivienda, como ya explicó Ripoll cuando se levantó el secreto de sumario y los primeros datos de este proceso salieron a la luz, se compró con una hipoteca de la CAM por 420.000 euros y se escrituró en el Palacio Provincial en un acto en el estuvieron presentes el director territorial de la CAM, Agustín Llorca, el notario Francisco Peral, Ripoll y su mujer. En este punto precisa el informe: "es significativa la falta de transparencia de este tipo de operaciones inmobiliarias. El día anterior se reunieron en la misma sede los mismos personajes, si bien por la entidad bancaria se personó Javier Villamón, marido de Otilia García Pertusa, concejala del Ayuntamiento de Alicante y persona allegada a la alcaldesa. Habida cuenta de las diferencias políticas entre el presidente de la Diputación y la alcaldesa, a pesar de que ambos pertenecen a la misma formación política, esta situación provocó en la persona de Margarita de la Vega (la mujer de Ripoll) una gran convulsión, motivo por el que se suspendió el acto y se emplazó para el día siguiente", cuando acudió Llorca por parte de la Cam y se formalizó la escritura.

 

De los datos recogidos por los investigadores se concluye en el informe, que se realiza en otoño del pasado año, que "Ripoll estaría interesado en la compra de un vehículo de la marca BMW, de la serie Uno", y apuntan que en las conversaciones con un tal Javier Benito, el presidente le comunica que la intención de comprarle un coche a su hija de las características del modelo citado "si bien insta a que sea de segunda mano o kilómetro cero, pero que esté bien equipado". Finalmente quedan en el concesionario el 23 de octubre sin que tampoco conste si al final el vehículo fue adquirido o no.

 

En otro momento del resumen de las pesquisas policiales se hace referencia a unas conversaciones mantenidas entre Ripoll y una hermana suya, María de los Ángeles, en la que se ponen de manifiesto, según la Policía, unos pagos por parte de la mujer al presidente de la corporación provincial. "Al parecer, dice el informe, estas cantidades las tendría que abonar Paco (por Ángel Francisco Ripoll Serrano), hermano de ambos, a través de María de los Ángeles, que actuaría como persona interpuesta y sería la encargada de remitir directamente esta cantidades al presidente". Los investigadores apostillan que de estas cantidades "no se especifican ni en cantidad ni en concepto, si bien Joaquín se apresura en comentar que no se haga ningún ingreso en su cuenta bancaria.

 

En otro informe posterior al anterior y entregado en el juzgado de Orihuela el 29 de noviembre de 2009 los investigadores concluyen que por "las conversaciones de interés analizadas (de Ripoll y de su mujer) se ha puesto de manifiesto el desmesurado patrimonio atribuible a ambos así como el uso de dinero en efectivo para abonar ciertos bienes o servicios cuya justificación en base a sus ingresos ordinarios como cargo público sería cuanto menos discutible". La Policía considera que es preciso "un estudio patrimonial riguroso" para "tratar de determinar y cuantificar la parte de su patrimonio que pudiera atribuirse a un enriquecimiento ilícito". Por ello se pide que Hacienda investigue, además de a Ripoll, a su mujer y a sus hijos, a los hermanos del presidente de la Diputación, a mercantiles relacionadas con familiares y a personas de de su confianza, como el director conservador del Parque Natural del Peñón de Ifach, Manuel Ferrándiz Oltra.

 

El presidente de la Diputación declinó ayer pronunciarse sobre cualquier asunto relacionado con el cas Brugal.

 

En el informe realizado por la Brigada de Banqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal aparece, dentro de los bienes supuestamente propiedad del presidente de la Diputación, una embarcación de recreo que finalmente no consta que pertenezca ni haya pertenecido en ningún momento a Ripoll. El informe recoge que "otros de los aspectos más significativos en la adquisición de diferentes bienes por parte de José Joaquín Ripoll es una embrocación". Y a continuación precisa que "en este contexto existen unas conversaciones en las que el presidente se pone en contacto con Perfecto Palacio y le traslada su intención de comprar una embarcación. Al parecer Perfecto dispone de una, concretamente un A3 TOMA de 13 metros. Quedan ambos para enseñársela a Joaquín en la Marina del Puerto de Alicante el 13 de octubre" de 2009.

La embarcación a la que se refiere el informe policial sería, contoda probabilidad, una DOMA A3 (aparecería TOMA por un error tipográfico), una motora de 12 metros de eslora y 3.90 de manga cuyo precio sobrepasa los 300.000 euros y que comercializa la empresa Astilleros Alicante, con oficinas en la capital y Guardamar.

 

Son embargo, ni hay constancia de que Ripoll se hiciera con este barco ni tampoco aparece en nombre del presidente de la Diputación ligado la propiedad de ninguna embarcación.

 

(www.levante-emv.com, 27/10/10)

 

"TENEMOS QUE PRESENTARNOS A TODO. AQUÍ NOS TOCA. ¡MADRE MÍA!"

 

Las conversaciones grabadas por la policía a Enrique Ortiz, todopoderoso empresario y promotor inmobiliario en la Comunidad Valenciana implicado en los casos de corrupción Gürtel y Brugal, han destapado nuevos indicios delictivos en la adjudicación de contratos por parte de varias consejerías del Gobierno de Francisco Camps y por el Ayuntamiento de Alicante bajo el mandato del anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos del Partido Popular.

 

En las conversaciones, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, se detallan diversas gestiones de Enrique Ortiz con personas muy próximas al Gobierno valenciano para negocios pagados con dinero público.

 

- Juzgados de Valencia. En una de las conversaciones, correspondiente a 2008, Ortiz habla con Alberto de Rosa, hermano de Fernando, entonces consejero de Justicia valenciano y hoy vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. Alberto de Rosa le pregunta a Ortiz por qué no se ha presentado al concurso de construcción de la Ciudad de la Justicia de Paterna y este le responde que porque creía que Lubasa era la empresa que podía llevarse el mismo. El hermano del consejero le dice que Lubasa está en Villareal y ambos quedan para comer y Ortiz le dice: "Voy a dar la orden a partir de ahora de que nos presentemos a todo lo que salga". El hermano del consejero le contesta: "Perfecto". Tras esta conversación, Ortiz habla con un subordinado de su empresa y le reprocha que no se hayan presentado al concurso de Paterna con la siguiente advertencia: "Tenemos que presentarnos, de las consejerías, a toda la Comunidad, a las diputaciones igual. A lo de la Comunidad tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!".

 

- Concurso eólico. Enrique Ortiz pretende sacar tajada del concurso de parques eólicos de la Comunidad Valenciana y llama al dueño de la empresa Sedesa, Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino, para preguntarle si se presentan al concurso con Diversia. Pero Cotino, que parece tener información privilegiada sobre ese proyecto multimillonario, le desanima: "Olvídate". Ortiz le insiste: "¿Eso no se puede amañar, o qué?". Y Cotino le informa de que está "todo el pescado vendido", que el concurso está adjudicado de antemano porque se "ha comprometido el presidente", y aunque se presentarán diversas empresas, como Endesa o Acciona, se adjudicará a Iberdrola, que irá con Bancaja.

 

- Plan Rabassa de Alicante. El alcalde de Alicante en 2008, Luis Díaz Alperi, del PP, apremia al empresario Enrique Ortiz para sacar adelante el Plan Rabassa, la mayor operación urbanística en la ciudad de Alicante con el desarrollo de 13.500 viviendas en la periferia.

 

Por la conversación se deduce que el Ministerio de Fomento tiene en sus manos la aprobación definitiva del proyecto y falta la autorización del director general de Carreteras. A este proyecto se opuso la Delegación del Gobierno, porque no estaba garantizado el suministro de agua para la nueva población de las 13.500 viviendas, y también el PSOE. El regidor Díaz Alperi mete prisa a Ortiz: "Enrique, el tema de Rabassa hay que espabilarlo por Dios". Y el promotor inmobiliario le cuenta que ha quedado con "Chema Pajín", padre de la actual ministra de Sanidad, que entonces trabajaba como asesor en la Subdelegación del Gobierno, "a ver si me hace una gestión". El alcalde de Alicante le contesta: "Bueno, pues que Leire coja y hable con el director general y ya está".

 

La actual ministra y entonces secretaria de Organización del PSOE, afincada familiarmente desde hace años en Benidorm (Alicante), se mostró anoche muy tranquila sobre el contenido de estas conversaciones. Pajín sí quiso dejar claro que como diputada y destacada dirigente socialista de Alicante ha tenido durante años muchos encuentros y contactos con el alcalde popular, sobre muchos temas, especialmente en su época de secretaria de Estado de Cooperación. Pero negó tajantemente que jamás haya hecho ninguna gestión a favor del regidor, ni mucho menos del empresario Enrique Ortiz, y matizó que siempre ha sido contraria al denominado Plan Rabassa.

 

Sobre la mención en las conversaciones entre Ortiz y Díaz Alperi a su padre, la ministra comentó que en esa época su progenitor era asesor de la Subdelegación del Gobierno.

 

Previamente a esas conversaciones sobre la familia Pajín, Ortiz también habló con sus colaboradores sobre la manera de premiar a un cargo de la Dirección Provincial de Carreteras, dependiente de Fomento, para que ayudase en las autorizaciones necesarias para sacar adelante el Plan Rabassa.

 

"ME HA LLAMADO MI HERMANO..."

 

Alberto de Rosa es director general de Ribera Salud, una empresa privada que gestiona cinco hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. En junio de 2008, Alberto de Rosa, hermano de Fernando de Rosa, entonces consejero de Justicia, habla con Enrique Ortiz:

 

Alberto de Rosa. Me ha llamado mi hermano y me dice, oye, que no se ha presentado Enrique a Paterna.

 

Enrique Ortiz. En Paterna... ¿A qué provincia pertenece Paterna?

 

A. de R. A Valencia.

 

E. O. ¿De cuánto era la obra?

 

A. de R. No lo sé, de 10 u 11 millones.

 

E. O. Eso es lo que me dijiste que estaba muy bien Lubasa.

 

A. de R. No, ese era Villareal.

 

E. O. Ostias.

 

A. de R. No pasa nada, oye.

 

E. O. Vamos a quedar, yo voy a dar orden a partir de ahora que todo lo que salga que nos presentemos.

 

A. de R. Perfecto.

 

E. O. Tenemos que quedar la semana que viene y comemos los tres.

 

A. de R. Vale, perfecto.

 

Ortiz habla luego con uno de sus empleados al que le explica: "Yo le llamo a Alberto de Rosa para comer con su hermano para pedir alguna de las adjudicaciones. Me dice, el de Villareal es para Lubasa pero el de Paterna puede ser, y ahora me llama y me dice, si no te has presentado. Le voy pidiendo y no me presento. Tócate los cojones. Y ahí tenemos un huevo de posibilidades, tenemos que presentarnos a todo. ¿No ves que tenemos reparto? Y aquí nos toca. ¡Madre mía, madre mía!... Alberto, que nos llevamos de puta madre, me dice, pero Enrique ¿Cómo puede ser esto? Se ha quedado alucinado."

 

"ESTÁ EL PESCADO VENDIDO YA"

 

El 13 de junio de 2008, Enrique Ortiz llama a Vicente Cotino, hermano del consejero valenciano Juan Cotino. Ambos son empresarios, adjudicatarios de múltiples contratos de la Administración valenciana. Ortiz le pregunta si se presentan al concurso de los parques eólicos con Diversia.

 

Vicente Cotino. Olvídate.

 

Enrique Ortiz. ¿Eso no se puede amañar o qué?

 

V. C. Está todo el pescado vendido.

 

E. O. Ya, pero, y ¿quién está? ¿Quién está metido ahí?

 

V. C. Iberdrola, para él.

 

E. O. ¿Todo?

 

V. C. Sí.

 

E. O. ¿Y nada para nadie?

 

V. C. Es que van a traer a Iberdrola Renovables y se ha comprometido el presidente.

 

E. O. Entonces no hay ni que pensar en eso.

 

V. C. Nada, no pierdas ni un minuto.

 

E. O. Es que me ha llamado gente de Eólicos de Castilla-La Mancha.

 

V. C. Nada, tú diles que no, que es mucha inversión o lo que quieras, pero eso está vendido el pescado.

 

E. O. ¿No vamos a ir nadie?

 

V. C. Irá Endesa, irá Acciona, irán los que tengan que ir, pero de acompañamiento.

 

E. O. ¿No hay manera de que nos metan en ningún lado a nadie?

 

V. C. Nada. De todas formas, yo el lunes he quedado con José Luis. Si quieres se lo digo, pero imposible.

 

E. O. Hombre, Diversia deberíamos. Yo, yo lo digo porque ¿quieres que le diga yo algo a Mario?

 

V. C. No, Mario no pinta nada ahí.

 

El concurso eólico fue adjudicado en junio del año siguiente a la empresa Iberdrola Renovables.

 

 (www.elpais.com, 27/10/10)

 

LAS IMÁGENES QUE IMPLICAN A RIPOLL Y ORTIZ

Las conversaciones telefónicas y las imágenes de los seguimientos recogidas en el sumario revelan las estrechas relaciones entre los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll y el presidente de la Diputación de Alicante y las irregularidades en el plan de basuras de la Vega Baja.

13 de mayo de 2007
 «Los técnicos nuestros no tienen ni puta idea y los que saben son los otros»
Los interlocutores son Ángel Fenoll y Rafael Gregori, que conversan sobre la adjudicación del plan zonal.

Ángel Fenoll: Ellos ya están preparando el informe, ¿eh?,
Rafael Gregori: Yo les voy a explicar un poco como tiene que ser el informe, porque lo que me dijo éste. Es que resulta que los técnicos nuestros no tienen ni puta idea y los que saben son los otros.
Fenoll: Ya, ya, ya.
Gregori: Entonces no tienen ningún arma de defensa. Entonces, oye, al final quitarle algún punto no es nada, Ángel.(...)
Fenoll: Ya, ya, ya.(…) (Ilegible), para llamarle a José Vicente para decirle cómo lo tienen que hacer.
Gregori: Yo, como voy a estar con Antonio Ángel…(…) Claro, yo lo que tengo, exactamente. Yo lo que tenemos que hacer es lo siguiente, mira, ya nos tenemos que dejar, porque yo le comenté también el tema del terreno, ¿no?, nos tenemos que (ilegible) ya de los terrenos, los terrenos son los que son y ahí hay cinco puntos, no hay más, ¿entiendes?
Fenoll: Sí, sí.
Gregori: Entonces tenemos que tener algún argumento técnico.

 Gregori y Fenoll - 13 de mayo de 2007
 «Tenemos que intentar que la puntuación sea aproximada»
Rafael Gregori le transmite a Fenoll expresiones casi literales de Ripoll y que necesitan que la puntualización entre las empresas se aproxime.

Rafael Gregori: Tenemos que intentar por todos los medios que la puntuación sea aproxima, ¿no?, y tengamos una puntuación aproximada..
­­Ángel Fenoll: Sí.
Rafael Gregori: Porque él dice que él no puede adjudicar con esta diferencia de puntos porque mañana lo pueden recurrir, ¿no? Y nos pueden tumbar. Entonces, oye, hay que intentar como sea.
­­Ángel Fenoll: Sí.

 Gregori y Ripoll - 6 de noviembre de 2007
 «Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E»
 La investigación policial sostiene que pudo haber pisos a cambio del contrato de la basura y hace referencia a la siguiente conversación entre Rafael Gregori y José Joaquín Ripoll.

Rafael Gregori: Oye, vamos a ver. Me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis.
Joaquín Ripoll: Espérate que te lo mire y te lo digo.
Rafael Gregori: Míralo y me lo dices.
Joaquín Ripoll: Espérate, que lo tengo aquí al lado.
Rafael Gregori: Porque había varios quintos, ¿no?
Joaquín Ripoll: Sí. Yo creo que eran, a ver...
Rafael Gregori: Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no?
Joaquín Ripoll: Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E.
Rafael Gregori: El D y el E, ¿no?
Joaquín Ripoll: El D y el E, sí.
Rafael Gregori: Vale. El cinco D y cinco E.
Joaquín Ripoll: Cinco D y cinco E. D, de dedo y E, de España.
Rafael Gregori: Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados.
Joaquín Ripoll: Venga, de acuerdo. Hasta luego.
Rafael Gregori: Venga Joaquín, un abrazo, hasta luego.

Ortiz y Gregori - 3 de enero de 2008
 «Te debo una comida, pero de rabo»
Ortiz, tras conocer la nueva adjudicación, se lo agradece a Rafael Gregori al considerarle «responsable en cierta medida de la decisión del órgano provincial», según se refleja en el informe de la policía.

Enrique Ortiz: Nene, ¿qué?
Rafael Gregori: No, no sé nada aún no, pero eso está todo...
Enrique Ortiz: Sí, ya está, ya está, chaval, ya está.
Rafael Gregori: Sí, entonces qué me debes, una buena invitación, ¿eh?
Enrique Ortiz: Te debo una comida.
Rafael Gregori: Una buena comida.
Enrique Ortiz: Pero de rabo.
Rafael Gregori: ¿Sí? Enhorabuen,a Enrique, ¿no?
Enrique Ortiz: Ésta... ésta es para felicitarnos , se ha hecho un trabajo bien hecho.
Rafael Gregori: Enhorabuena.

 Ortiz y Gregori - 4 de enero de 2008
 «La semana que viene quedamos y preparamos un viajito»
Enrique Ortiz le pide a Gregori que transmita su agradecimiento a una persona «pudiendo estar refiriéndose a Joaquín Ripoll», dice el informe.

Enrique Ortiz: ¿Cómo estás?
Rafael Gregori: Muy bien, ¿y tú?
Enrique Ortiz: Muy contento.
Rafael Gregori: Yo también, enhorabuena, tío.
Enrique Ortiz: Muchas gracias, oye, dile al amigo... no le he llamado...
Rafael Gregori: No te preocupes.
Enrique Ortiz: Es que no quiero llamarlo... sabes...
Rafael Gregori: Eso es cosa mía.
Enrique Ortiz: Dile que muchas gracias , que lo quiero mucho.
Rafael Gregori: Y que tenemos una comida pendiente, un viaje pendiente.
Enrique Ortiz: La semana que viene quedamos un día, comemos y luego nos vamos, preparamos un viajito.


 Gregori y Gomis - 4 de enero de 2008
 «Las cosas están yendo por el camino contrario de la investigación»
 Rafael Gregori charla con Vicente Gomis.

Rafael Gregori: A estos tíos les seguirán teniendo pinchado el teléfono por si hay algún movimiento más, ¿no?
Vicente Gomis: Me imagino
Rafael Gregori: Pero bueno (...) es que las cosas están yendo por el camino contrario de la investigación, porque de repente, coño, sale la adjudicación y no es para ellos, ¿no?

Gregori y Mangada - 9 de enero de 2008
 «Me dice que quiere hablar con Joaquín, pero que sea yo el interlocutor»
­­Gregori habla con Ignacio Mangada y le explica que su posición es de interlocutor entre Ortiz y Ripoll para lograr un acercamiento entre ambos.

Rafael Gregori: ... ¿Quién tiene en el equipo del Hércules que le pueda dar a Enrique confianza?
Ignacio Mangada: Si ya no me refiero a eso, si es el acercamiento con Joaquín, tío, ¿te parece poco?
Rafael Gregori: ... Lo bueno que tenemos ahora, Nacho, que es demostrado, es que él quería una cosa y la tiene.
(...)
Rafael Gregori: Él me llama y me dice que quiere hablar con Joaquín, y que sea yo el interlocutor, entiendes, que podía coger y llamarlo él, ¿entiendes?
Ignacio Mangada: No, porque todavía los dos no están confiados.
(...)
Ignacio Mangada: Hay que intentar o que Enrique monte una fiesta en su barco o que Joaquín la monte en su casa, o una historia de ésas, porque eso sería…
Rafael Gregori: (...) Joaquín está en la línea, que yo lo tengo claro, ¿eh?, si no no se menea así.
Ignacio Mangada: Están en la línea los dos de ...De que eso tenga muy buenas...
Rafael Gregori: Y a nosotros nos viene de puta madre que Joaquín esté macho.


 Gregori y Mangada - 19 de enero de 2008
 «Joaquín ha respondido; le ha dado y le puede quitar»
Gregori, con aspiraciones a presidir el Hércules, expresa en su conversación telefónica con Ignacio Mangada el poder que cree tener sobre Ripoll y cómo prevé usarlo.

Rafael Gregori: (..) Viene Joaquín y me dice, ¿qué, Rafa, presidente del Hércules, ¿no? Digo, hostia.
Ignacio Mangada: Ya, je, je.
Rafael Gregori: Y digo, hostia tío, Joaquín, no me jodas tío, se ve que el lunes, el día del partido, ¿no? Se lo comentó Enrique, tú y yo tenemos el lunes trabajo, eh tío, porque también yo estoy viendo una cosa, tenemos… tienes que venirte un día conmigo aquí al promesas, hay mucha gente tío, está la ciudad deportiva.
(...)
Rafael Gregori: Nosotros tenemos un arma que es Joaquín.
Ignacio Mangada: Enrique ha jugado sus armas también. A mí me ha mareado mucho, ¿eh?, con el tema de Joaquín, ¿eh?
Rafael Gregori: Y Joaquín ha respondido, ¿eh? Que Joaquín le ha dado y le puede quitar, ¿eh?

Ortiz y Gregori - 22 de abril de 2008
 «Pepe le dio al diputado el ofrecimiento de las parcelas disponibles»
 Ortiz le menciona a Gregori que José Candel entregó a un diputado un listado con «las parcelas disponibles» sin haber recibido contestación y le pide a Gregori que aproveche su relación con Ripoll para acelerar el procedimiento, como se desprende del sumario.

Rafael Gregori: Enrique, ¿cómo estás?
Enrique Ortiz: Buenos días, un segundo, vamos a ver, esto... la semana pasada, el martes...
Rafael Gregori: Sí.
Enrique Ortiz: Pepe le dio al... al diputado el ofrecimiento nuestro de las parcelas que tenemos disponibles.
Rafael Gregori: Correcto.
Enrique Ortiz: Y no nos han contestado.
Rafael Gregori: Vale.
Enrique Ortiz: Entonces hay que decirle a...
Rafael Gregori: A éste, sí.
Enrique Ortiz: Eh... a Joaquín.
Rafael Gregori: Ya sé, ya sé.
Enrique Ortiz: Que nos contesten, que nos contesten ya porque esto está... hay que acelerarlo.
Rafael Gregori: Sí, sí, porque fíjate como está el periódico, la prensa hoy, ¿no?


 Habla Gregori  - 28 de MAYO de 2008
 Gregori: «Joaquín no quiere que sepa nadie que va a ir al barco de Enrique»
­­El empresario Rafael Gregori le dice a un miembro del Hércules que el viernes va a cenar con Enrique –Ortiz– y que le llamó Margarita –De la Vega, mujer de Ripoll– para ver si los invitaba porque parece que se quieren acercar a Ortiz. Le informa de que durante la cena también le comentará sus planteamientos acerca del Hércules.


 Ripoll habla con Gregori - 31 de julio de 2008
 «Oye, el Nano nos quería invitar al barco»
 ­­El presidente de la Diputación decide aceptar la invitación de Ortiz para navegar por Baleares.

Rafael Gregori: Joaquín, ¿cómo estás?.
­­Joaquín Ripoll: muy bien, oye, me dijo mi mujer que habías hablado con ella porque el nano nos quería invitar a....al barco..
Gregori: exactamente , si, si, si, nos quería invitar unos días
Ripoll: esto... ¿y cuándo nos quiere invitar?
Gregori: cuando queramos, él se va.... él va a ir a Palma, a las Baleares con el barco, este año no se va a ir a Italia
Ripoll: pero ¿a Palma o a Ibiza?
Gregori: dice que donde queramos de las islas
Ripoll: no, donde quiera él, a mi me da igual, el problema es para coger el avión, ¿no?
Gregori: a mi me contó que tenía, él tenía atraque en Mallorca, no?, pero que él iba ... podíamos dormir perfectamente fondeando en las calas, que no había problema , digo, bueno, pues yo se lo comentaré y como nos vamos a ver esta noche no?
Ripoll: si
Gregori: le dije a Margarita, pues lo hablamos esta noche, oye, un momento, y lo decidimos
Ripoll: hombre, lo que pasa es que ahí hay mucha gente, al final...follones.

Continúan hablando discutiendo de fechas y duración del viaje. Al final deciden ir de miércoles (6 de agosto) a sábado. Gregory habla con su cuñado y le cuenta la invitación de Ortiz. También le advierte que «Joaquín no quiere que sepa nadie que va a ir en el barco con Enrique».


 Gregori habla con Ortiz - 1 de AGOSTO de 2008
«Mejor no coincidir en el mismo vuelo»
 ­­Gregori le confirma a Ortiz que van el día 6 Ripoll y su mujer y él con la suya. Casualmente el empresario que regresó de Palma por trabajo, tenía previsto volver ese día a Mallorca y deciden no coincidir en el vuelo.

Rafael Gregori: oye, te confirmo lo del miércoles, lo que no tengo es la hora a la que llegaremos, ¿eh?.
­­Enrique Ortiz: pero hay…¿has mirado ya los vuelos?
Gregori: sí, me dijo ayer Joaquín, que hay muchos vuelos, ¿no?, y que enganchamos seguro, ¿eh?
Ortiz: pero no necesariamente tenemos que coincidir en el vuelo.
El día 4 concretan.
Gregori: salimos de aquí el miércoles a las tres y diez de la tarde
Ortiz: yo vuelvo en el de las cinco, pero está Malele, mi hermano Virgilio y todos, mejor así que no coincidamos en el mismo.

Como justificación a la invitación el informe policial apunta a otra conversación mantenida entre Ortiz y Gregory el día después de que el Consorcio Provincial concediera la adjudicación del Plan Zonal. En ella se comenta como muestra de agradecimiento un viaje de todos con Ortiz de anfitrión.

Entretanto, Gregori informa a Fenoll del viaje y éste le pide que «lo arregle». «Ya sabes, fecha y día», le dice el empresario oriolano a lo que Gregori responde «eso esta semana te lo dejo arreglado».


 Ortiz habla con su mujer - 6 de AGOSTO de 2008
 «A Ri ponle en el camarote VIP»
 ­­Como el empresario llega a Palma en un vuelo posterior llama varias veces a su mujer para asegurarse de que los invitados están bien acomodados

Ortiz: bueno, ¿ya han llegado ahí?
Maleles: ya han llegado
Ortiz: ya, oye, ponle a este en el camarote doble, en el VIP, (…), a Ri, a Joaquín, y al otro en el doble, ¿ya están ubicados?
Maleles: Si oye nos iremos sobre las siete a Palma de compras, Margarita y Joaquín quieren irse.

 Ortiz habla Luis Díaz Alperi - 6 de AGOSTO de 2008
 Ortiz a Alperi: «No digas nada que me buscas la ruina»
 ­­Ortiz le explica a Alperi, entonces alcalde, que ha invitado a Ripoll al barco y le pide discreción.

Enrique Ortiz: ¿sabes a quién tengo en el barco ahora?, a Ripoll (…) ahora, ahora han llegado, va a estar dos días aquí, hasta…ha venido hoy y se va el viernes.
Alperi le pregunta
Ortiz: sí, lo invité… a él y a un amigo mío, a Rafa Gregory y anteayer me llamaron, oye Enrique, que como nos dijiste de ir, a ver si podemos ir unos días y tal, digo, claro que sí hombre y para acá, y aquí los tengo, ya te contaré.
Ortiz (al final): bueno, ya te contaré, ya iremos hablando y te contaré, pero ni en broma por favor no digas nada que me buscas la ruina.

www.levante-emv.com 27.10.10

 

ORTIZ PAGÓ AL HIJO DE ALPERI LAS ACCIONES DE UNA EMPRESA

 

El promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, colmó con una extensa lista de regalos al ex alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, del PP, para garantizarse un trato de privilegio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según recoge el escrito del fiscal Anticorrupción sobre esta pieza separada del sumario general del caso Brugal. Ortiz, que posee de manera directa el 25% del suelo urbanizable de Alicante y hasta el 70% con unión con otras firmas, es el cabecilla de esta trama, según el fiscal y la policía. El regalo más destacado de Ortiz a Alperi fue, según el fiscal, el pago de la cuota de constitución de la empresa Verass Operadores a Otto Luis Díaz Alperi, hijo del ex primer edil.

 

En esta causa, aún bajo secreto del sumario y que dirige el Juzgado número 5 de Alicante, el fiscal acusa a un total de 21 personas. Estas diligencias están en el DVD que el instructor del sumario general, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, entregó el viernes a las partes. Ayer, San Martín dictó una providencia exigiendo la devolución del DVD y la destrucción de las copias.

 

La lista de acusados en esta causa está encabezada por Ortiz, seguido de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y Luis Díaz Alperi, por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. También están implicados el ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Vicente Sala, y el director de inversiones inmobiliarias de la entidad, Daniel Gil y, junto a ellos, Juan Zurita y José Cortina, directores generales adjuntos de Bancaja. Los cuatro están acusados de aprovechamiento de información privilegiada. La implicación de estos altos ejecutivos de la CAM y Bancaja estaría relacionada con la compra de suelo rústico en zonas protegidas para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras áreas urbanizables de la ciudad.

 

Entre el resto de los 21 imputados, sobresale María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz, en este caso por cohecho, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y el ex concejal socialista Javier Gutiérrez, estos por los delitos de tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

 

El resto dádivas que supuestamente recibió Luis Díaz Alperi del promotor Ortiz son éstas: gestión y posible pago de un viaje a la isla de Creta en jet privado, posible abono de determinadas viviendas a los tres hijos del ex alcalde a través de una sociedad interpuesta, finalización de una promoción de viviendas promovidas por Otto Alperi, pago de un palco para seis personas en el estadio Rico Pérez y posible entrega de una "cantidad grande" de dinero por parte de la esposa del contratista.

 

(www.elpais.com, 27/10/10)

 

FISCAL Y POLICÍA ACUSAN DE COHECHO A LOS DOS ALCALDES DEL PP DE ALICANTE

 

La Fiscalía Anticorrupción y la policía acusan a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y a su antecesor y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, de graves delitos de corrupción. El fiscal jefe de Alicante, Felipe Briones, considera que los dos políticos recibieron regalos del promotor y dueño del Hércules C. F., Enrique Ortiz, a cambio de favores urbanísticos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, aprobado provisionalmente en mayo de 2010.

 

La acusación del fiscal a Alperi y Castedo es consecuencia de las escuchas telefónicas del caso Brugal, la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. En este sumario hay un centenar de imputados por cohecho, tráfico de influencias y fraude, entre ellos, el líder del PP en Alicante, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz. Los dos pilares del sumario son la contrata de basura de Orihuela y la adjudicación de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. Las diligencias de la pieza de Castedo y Alperi las instruye el Juzgado número 5 de Alicante.

 

Entre los supuestos tratos de favor, la fiscalía y la policía destacan la reforma del estadio Rico Pérez a cambio de una futura recalificación del suelo y la compra de terreno por parte del promotor en zonas declaradas parques naturales para trasladar los aprovechamientos a otras áreas urbanizables de la ciudad.

 

El fiscal imputa a Castedo (concejal de Urbanismo de 2003 a 2010 y alcaldesa desde septiembre de 2008) los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. El fiscal describe tres supuestos hechos delictivos. El primero está relacionado con una supuesta información privilegiada a Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU. En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. El segundo hecho delictivo se refiere a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con la edificabilidad en programas urbanísticos. Y el tercero se vincula a la remodelación del estadio Rico Pérez a favor de los intereses de Ortiz.

 

El escrito concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido de Ortiz: alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales de 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un Mini Cooper para una persona de confianza de Castedo a petición suya; solicitud a Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sus firmas...

 

El fiscal, según fuentes del caso, acusa de los mismos delitos a Díaz Alperi. En cuanto a las supuestas dádivas que el ex regidor pudo recibir del promotor, cita el viaje en el yate del promotor a las Baleares en el verano de 2008 y el pago de otro viaje en avión a Grecia.

 

Sobre las supuestas ilegalidades en las que pudo incurrir Alperi, el informe policial del caso Brugal destaca la compra de suelo en paraje protegido de Agua Amarga y en su área de influencia para trasladar luego los aprovechamientos urbanísticos en áreas urbanizables. En el primer caso, según la policía, Ortiz tuvo "como cooperante necesario" al subdirector de Bancaja, José Cortina. Los terrenos fueron integrados en Deproinmed, SL, propiedad de Ortiz y participada por Bancaja. La segunda operación, "por indicación del entonces alcalde Luis Díaz Alperi", según el informe, consistió en la compra de terrenos rústicos en los aledaños de Agua Amarga. En esa área el nuevo PGOU atribuiría un uso terciario para acoger el proyecto Ciudad de la Economía, impulsado por la CAM. La zona quedó finalmente como protegida y Ortiz integró el suelo en Deproinmed.

 

Por otra parte, el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano, Gerardo Camps, restó ayer importancia al informe policial del caso Brugal que le vincula a una trama con Ortiz. "Es un informe policial incoherente, que ni conozco ni he visto", dijo.

 

Mientras, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, aseguró "que la situación del PP valenciano es insostenible, pero los valencianos lo limpiarán antes que la justicia".

 

(www.elpais.com, 26/10/10)

 

UNA TRAMA CON 20 RAMIFICACIONES

 

- 'Caso Brugal'. Trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante, cuya investigación comenzó en marzo de 2007. El caso lo dirige el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín.

 

- Pilares básicos. La contrata de basura de Orihuela y la adjudicación de la planta de basuras de La Vega Baja.

 

- Imputados. En el sumario general hay cerca de un centenar. Los tres principales acusados y, según la investigación, protagonistas de la trama, son el presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

 

- Tercera pata. Es la que investiga supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo PGOU de Alicante. La investigación de esta pieza, tras inhibirse el instructor de la causa general, ha recaído en el Juzgado número 5 de Alicante.

 

- Piezas subsidiarias. Estas causas investigan supuestos delitos electorales (pagos en efectivo de Fenoll a cargos del PP en siete pequeños pueblos de La Vega Baja).

 

(www.elpais.com, 26/10/10)

 

EL FISCAL IMPLICA EN EL 'CASO BRUGAL' A UN EX PRESIDENTE Y UN DIRECTIVO DE LA CAM, Y A DOS CARGOS DE BANCAJA

 

La Fiscalía Anticorrupción implica también al ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, a otro alto directivo de la entidad y a dos directores generales adjuntos de Bancaja en la supuesta trama corrupta del caso Brugal, que en una parte de la investigación judicial afecta a la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Esta trama, según la investigación, está supuestamente liderada por el promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y afecta a Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad, del PP, y a su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El fiscal imputa a la regidora y al ex primer edil los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada en relación con la elaboración del nuevo plan general, en el que habrían beneficiado a Ortiz a cambio de regalos.

 

El ministerio público, a partir de los informes policiales, concluye que tanto Castedo como Alperi ofrecieron un trato de favor a Ortiz a cambio de dádivas. Entre los supuestos regalosestá el pago de viajes de recreo (a Baleares, en el caso de Castedo, y a la isla de Creta, en el caso de Alperi). Castedo negó ayer cualquier trato de favor al promotor. "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", dijo. La regidora solo admitió uno de los regalos, un viaje en yate a las Baleares.

 

Además, el fiscal Anticorrupción en Alicante, Felipe Briones, acusa al ex presidente de la CAM Vicente Sala de al menos el delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el escrito inicial del fiscal, este delito estaría vinculado a operaciones para obtener con la compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad. En este apartado cita una operación de compra de suelo en el humedal de Agua Amarga para canjear en la zona urbanizable de La Condomina.

El segundo directivo de la CAM al que implica el fiscal es Daniel Gil, director de inversiones inmobiliarias de la CAM. El fiscal le atribuye el mismo delito que a Sala por operaciones urbanísticas similares.

 

El ministerio público también imputa a José Cortina y Juan Zurita, directores generales adjuntos de Bancaja. Al primero por la compra de terreno en el humedal de Agua Amarga con una empresa propiedad de Ortiz, y participada por Bancaja Habitat, cuyo consejero delegado es Cortina, y al segundo por otra operación de compra de suelo en la Condomina. Ambos están acusados de aprovechamiento de información privilegiada.

 

La lista de implicados en el caso del PGOU de Alicante incluye a un total de 21 personas. Aparte de los dos alcaldes, los directivos de las cajas y el presunto cabecilla de la trama, Ortiz, destacan la mujer del dueño de Hércules, María Manuel Carratalá, por supuesto cohecho; el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, por tráfico de influencias e información privilegiada, y Javier Gutiérrez, ex concejal del PSOE y socio del hermano de Castedo, por los mismos delitos.

 

Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del denominado caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución. En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta causa general son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).

 

(www.elpais.com, 26/10/10)

 

LA REGIDORA, SUS FACTURAS Y LA CAMPAÑA

 

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, compareció ayer por sorpresa ante la prensa para defenderse. Difundió el escrito que le había remitido la Fiscalía Anticorrupción y desgranó su versión arropada por buena parte de su equipo del Gobierno municipal. "[El empresario Enrique] Ortiz no consiguió nada de lo que pidió", enfatizó.

 

Castedo calificó las referencias a los regalos como una "retahíla de despropósitos", y admitió solo el viaje en yate a Ibiza. De las vacaciones en Andorra mostró dos facturas a su nombre, una de El Corte Inglés de 2008 por 2.272,52 euros, y otra de Viajes Marsans por 1.820 euros de 2009. Respecto al Mini Cooper, exhibió la factura del pago del coche, que vendió Cívica (propiedad de Ortiz) a una persona de confianza de Castedo por 5.000 euros. Sobre la mediación con el empresario para contratar personas, la regidora dijo haberse valido de su influencia para ayudar a muchos en las firmas de Ortiz y "en todas con las que tiene relación este Ayuntamiento".

 

La alcaldesa trató de refutar cada acusación del fiscal de supuestos favores urbanísticos a Ortiz. Sobre el amaño de volumetría en distintos programas de la ciudad, señaló que el nuevo plan urbanístico no incrementa la edificabilidad en ninguna de las zonas aludidas. Y en referencia al estadio Rico Pérez, insistió en que ese suelo sigue siendo dotacional deportivo.

 

Sobre el supuesto pacto con Ortiz para favorecer el proyecto de remodelación del estadio en función de los intereses del empresario, dijo que la propuesta se frustró tras ser expuesta. "No es un asunto judicial. Es el comienzo de la campaña electoral", apostilló.

 

(www.elpais.com, 26/10/10)

 

EL FISCAL ACUSA A CASTEDO DE ACEPTAR UN MINI Y VIAJES DE ORTIZ A CAMBIO DE FAVORES EN EL PGOU

 

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, cree que la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación Brugal por beneficiar al constructor Enrique Ortiz a cambio de regalos, aunque ésta negó las acusaciones de trato de favor y las contextualizó en la precampaña electoral. En el escrito de Felipe Briones al juzgado número 3 de Orihuela (que lleva el caso Brugal) se enumeran, a partir de informes policiales, supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación con Ortiz, quien, además de constructor, es dueño del Hércules CF. Este empresario está imputado en este caso y aparece también en Gürtel como presunto financiador del PP.

 

El documento remitido por la Fiscalía, que lleva fecha de 17 de junio de 2010, propone que se impute a la alcaldesa por la presunta revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El informe del fiscal, que fue repartido ayer por la propia alcaldesa, apunta a que ésta dio «en gran cantidad de ocasiones» información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó «a la medida» del empresario en «aspectos relevantes».

 

El fiscal Anticorrupción explica que la alcaldesa recibió «dádivas» del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, un viaje con familia y amigos en yate a Eivissa y un coche Mini Cooper descapotable.

 

Se refiere el documento de Briones a «apaños» en las zonas urbanísticas APA-9, «Lomas de Garbinet» y en el estadio Rico Pérez. El fiscal subraya aspectos relacionados con los índices de edificabilidad previstos en esos programas urbanísticos. Relata, asimismo, diversas llamadas. «El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que le pinte de azul tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor», afirma el fiscal.

 

Habla de otra llamada del 26 de junio de 2008 entre Ortiz y el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, para hablar del proyecto de remodelación del campo del Hércules CF «con la anuencia» de Castedo (entonces concejal de Urbanismo) y el ex alcalde Luis Díaz Alperi. Además de los citados presuntos regalos en especies, Briones le atribuye a Sonia Castedo peticiones a Ortiz para contratara a «personas de confianza». La alcaldesa compareció ayer arropada por todo su equipo de gobierno local para fijar su posición sin permitir preguntas.

 

Castado sí admite haber mediado tanto ante Enrique Ortiz como ante otros empresarios vinculados al ayuntamiento para tratar de dar empleo no a gente cercana a ella sino a alicantinos que sufren situaciones «dramáticas» por el paro. En su defensa, la alcaldesa subrayó que, salvo el viaje en el yate, todo es falso y mostró facturas que acreditarían que pagó personalmente el viaje a Andorra y el montante del vehículo, por lo cual calificó el informe del fiscal de «sesgado y no contrastado».

 

La alcaldesa sostuvo que en las tres zonas urbanísticas mencionadas no ha habido incremento de edificabilidad o recalificación alguna y, en todo caso, advirtió que «Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió». La alcaldesa lamentó la «tergiversación» de las acusaciones que le dirige el fiscal y le recordó que el PGOU es un documento público en el que es fácilmente demostrable «que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno», pese a las posibles «aspiraciones» que haya podido tener el dueño del Hércules.

 

Por ello, interpretó que las conclusiones del fiscal suponen quebrar «el principio de presunción de inocencia» y añadió que lo único que lograrán es «hacer ruido, despertar el morbo mediático» y, quizá, dañar su imagen política y personal. «No es un asunto judicial» sino «el comienzo de la campaña electoral de quienes ven en el PP no un adversario político sino un enemigo al que hay que destruir» con una «condena mediática, conscientes de que una derrota electoral es harto improbable», según Castedo. «Sé que es difícil luchar contra la infamia y la difamación, sobre todo cuando parten de estamentos oficiales, pero lo voy a intentar con todas mis fuerzas», agregó la alcaldesa.

 

Estas investigaciones policiales y del fiscal se refieren a la parte del «caso Brugal» relacionadas con la tramitación del PGOU de Alicante, paralelas a otras como la del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, asunto por el que está imputado el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll.

 

(www.levante-emv, 26/10/10)

 

ANTICORRUPCIÓN VE INDICIOS PARA IMPUTAR A MÓNICA LORENTE Y A AMORÓS

 

La Fiscalía Anticorrupción ha visto indicios para imputar a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y al ex portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, por su implicación en las supuestas irregularidades para la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según el sumario del «caso Brugal» al que ha tenido acceso este diario. Los nombres de ambos aparecen en el listado de las 27 personas a las que el ministerio público pide que el juzgado investigue por estos hechos.

 

El sumario por las presuntas irregularidades en la ubicación del vertedero de la Vega Baja quedó paralizado en julio después de que el juez de Orihuela se inhibiera en favor de Alicante para que continuara la instrucción. Sin embargo, el juzgado de Alicante devolvió la causa a Orihuela y desde entonces está por aclarar qué magistrado debe continuar con las diligencias. Por este caso, se detuvo este verano al presidente de la diputación, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll y Rafael Gregory, entre otros.

 

Según el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, a Lorente podría imputarse un presunto tráfico de influencias y a Amorós el mismo delito, además de aprovechamiento de información privilegiada y cohecho. Ninguno de los dos está imputado formalmente, aunque ambos ya han recibido notificaciones del juzgado advirtiéndoles de que aparecen en la causa. El informe se presentó en el juzgado en junio, un mes antes de que comenzaran las detenciones por las que en julio volvió a estallar el escándalo. En cuanto a la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, el fiscal cree que ésta pudo interceder para la adjudicación a Fenoll ante Ripoll debido a intereses electorales en la ciudad de Orihuela, «señalando públicamente el lugar de emplazamiento de la finca donde se ubicará la Planta de Gestión de Residuos antes de cualquier informe técnico».

 

El fiscal ve indicios para imputar a dos concejales de su equipo de gobierno. Uno es el edil de Infraestructuras, Manuel Abadía, que ya estaba imputado, y el otro es el quinto teniente de alcalde, David Costa Botella. Ambos habrían presionado a un técnico del Ayuntamiento, que era el responsable municipal ante el Plan Zonal, para que informara a favor de Fenoll. El fiscal ve también indicios de delito en la actuación del coordinador de campaña de Lorente, Pedro Meseguer, por interceder a favor de Fenoll ante Ripoll. Asimismo, considera que el actual diputado de Obras, Juan Molina, también pudo cometer delito por apoyar la opción de Fenoll y llegar a reunirse con Enrique Ortiz y Ripoll para buscar un acuerdo en el vertedero.

Respecto a Amorós, el fiscal considera que medió ante municipios gobernados por su partido para obtener apoyos para la opción del empresario oriolano Ángel Fenoll en el Plan Zonal. Para ello se basa en las conversaciones telefónicas intervenidas a ambos y los vídeos grabados por la Policía durante sus reuniones. Asimismo, Briones apunta a que el diputado provincial pudo transmitir información privilegiada a Fenoll en relación a la adjudicación a cambio de dinero. En esta línea, Amorós habría pedido pagos para él o para algún integrante del Consorcio Provincial.

 

La Fiscalía ve también indicios de tráfico de influencias en la actuación del hermano de Ripoll, Ángel Ripoll, y la ex directora del Canal 9 Genoveva Reig, en calidad de responsables de Canal 37 por sus gestiones para que Ángel Fenoll inyectara capital a la cadena. Al empresario oriolano se le prometieron contraprestaciones de la Diputación a cambio de invertir en dicha empresa.

 

(www.levante-emv, 26/10/10)

 

EL FISCAL ACUSA A LA ALCALDESA DE ALICANTE DE TRATO DE FAVOR A ORTIZ A CAMBIO DE REGALOS

 

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, acusa a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, del PP, de haber aceptado regalos -viajes y un turismo para una persona de su confianza, entre otros- del empresario Enrique Ortiz a cambio de supuestos favores en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aún pendiente de la ratificación definitiva. El ministerio público, en el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela que instruye el caso Brugal, centrado en una trama corrupta vinculada al negocio de la basura, imputa a la regidora los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

 

Castedo se ha encargado personalmente de difundir el citado escrito en rueda de prensa para refutar a continuación esas acusaciones. La alcaldesa, textualmente, ha sentenciado: "Ortiz no consiguió nada de lo que pidió".

 

La acusación del fiscal, basada en las escuchas telefónicas del caso Brugal, describe tres supuestos hechos delictivos en los que habría estado implicada Castedo en calidad de concejal de Urbanismo de Alicante, cargo que ostentó hasta su llegada a la alcaldía en septiembre de 2008. El primero de estos hechos está relacionado con una supuesta información privilegiada al promotor Ortiz sobre la elaboración del nuevo PGOU. En este apartado, Briones relata hasta tres encuentros de la entonces edil y el responsable del equipo redactor del planeamiento, el arquitecto Jesús Quesada, en las que supuestamente Castedo facilitó datos del PGOU. "El día 3 de julio de 2008 se produce una cita con Enrique Ortiz para proporcionarle el plano del plan general y se interviene una conversación entre ambos en la que Enrique Ortiz reconoce que el plano entregado es uno que él ya poseía pero sin la última modificación", reza el escrito.

 

El segundo hecho supuestamente delictivo hace referencia a "diseños a la medida de Ortiz" de otros aspectos del PGOU relacionados con los índices de edificabilidad previstos en distintos programas urbanísticos, entre ellos el APA-9, el PAU-3, Lomas Garbinet y Rico Pérez. " El día 30 de julio de 2008 se produce una llamada con Enrique Ortiz en la que Sonia Castedo confirma que tiene un plano del PGOU y en la que el empresario le pide que "le pinte de azul" tres parcelas. Al parecer es lo que queda pendiente de cambiar, reconociendo dos zonas: al lado de Rabassa y la planta suya de Tizor", afirma el fiscal.

 

Y el tercer hecho supuestamente delictivo está vinculado a la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules, cuyo máximo accionista es precisamente Enrique Ortiz. "En fecha 26 de junio de 2008 se interviene una conversación entre Enrique Ortiz y Jesús Quesada en la que el jefe redactor del PGOU accede a prestar auxilio en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez con la anuencia de Sonia Castedo, extremo este último que se confirma en la llamada al efecto", concreta el fiscal.

 

El escrito del ministerio público concluye con la relación de dádivas que Castedo habría recibido presuntamente por parte de Ortiz para garantizar esos favores urbanísticos. La lista de regalos, que incluye su primera etapa ya como alcaldesa, es la siguiente: Alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009; viaje y transporte a Ibiza con familia y amigos en las vacaciones veraniegas de 2009; regalo de un turismo de la marca Mini modelo Cooper para una persona de confianza de Sonia Castedo, a petición de esta última; solicitud a Enrique Ortiz, directa o a través de personas de confianza de Castedo, de la contratación de personal en sociedades de su órbita.

 

Castedo, tras facilitar este documento y arropada por la mayoría de su equipo de gobierno, ha desgranado su versión sobre las acusaciones y ha advertido a los periodistas de que tras la exposición, y por consejo de sus abogados, no iba a responder a preguntas. Sobre los regalos que supuestamente recibió, que Castedo ha tildado como "retahíla de despropósitos", la regidora únicamente ha admitido el viaje en yate a Ibiza. Respecto a las vacaciones invernales en Andorra, h mostrado sendas facturas a su nombre en dos agencias de viajes distintas, sobre esos gastos. Sobre el regalo del Mini, también ha mostrado la factura del pago del coche, los gastos de gestoría y el alta en tráfico. Castedo no ha facilitado estos documentos que, asegura, remitiría al juez instructor de esta causa.

 

La regidora, sin embargo, ha reconocido que ha mediado con Ortiz para que contratara a personas: "Absolutamente cierto". "A la alcaldía de Alicante llegan a diario decenas de casos dramáticos de personas en situación de desempleo que lo están pasando mal. Cada parado es un drama familiar, y sí, me he valido de mis influencias para intentar que muchas de estas personas consigan trabajo, no solo en las empresas de Enrique Ortiz, sino en todas y cada una de las mercantiles con las que tiene relación este ayuntamiento. Y lo voy a seguir haciendo", ha enfatizado.

 

La alcaldesa ha intentado refutar una a una las distintas acusaciones del fiscal sobre los supuestos favores urbanísticos a Ortiz. Respecto al amaño de volumetría en las áreas urbanísticas APA-9, Lomas Garbinet y Rico Pérez, la alcaldesa señaló que estos programas fueron aprobados a principios de los noventa y que el nuevo PGOU no ha modificado ningún aspecto sustancial de los mismos. "No hay incremento de edificabilidad", asegura. Respecto al Rico Pérez, Castedo insiste en que ese suelo se mantiene como dotacional y deportivo en el actual planeamiento. "No existe atribución de aprovechamiento o edificabilidad al mismo", ha esgrimido. Y en relación con los supuestos amaños para favorecer el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, ha señalado que el proyecto al que alude el fiscal fue expuesto a la sociedad alicantina y a la oposición socialista y que, finalmente, se frustró.

 

Respecto a la acusación del fiscal sobre un pacto con Enrique Ortiz para favorecer sus intereses en el Rico Pérez mediante la recalificación del estadio la alcaldesa ha señalado que esa recalificación fue finalmente rechazada y ha justificado sus reuniones con Ortiz, en las que el fiscal basa su acusación de información privilegiada, en el marco de la vigente ley valenciana de urbanismo. Esta norma alude a la discreción de los ayuntamientos para mantener reuniones con colectivos ciudadanos y representantes afectados por un proceso urbanístico. "Quiero decir con esto que al señor Enrique Ortiz se le consideró entonces y se le considera ahora representante del Hércules Club de Fútbol, una entidad indudablemente representativa de esta ciudad".

 

"No es un asunto judicial. Es el comienzo de la campaña electoral", ha defendido con vehemencia Castedo. La regidora ha calificado de "jurídicamente inconsistente" el escrito que, a su juicio, solo conseguirá "hacer ruido, despertar el morbo mediático y que podría afectar a mi imagen política y personal". La alcaldesa ha concluido asegurando que el PGOU es un documento público al que se puede acceder gratuitamente desde Internet. "El documento final (aprobado provisionalmente en mayo de 2010) demuestra que no hubo trato de favor ni a Enrique Ortiz ni a empresario alguno de esta ciudad, por lo que no alcanzo a comprender por qué el fiscal no ha concluido su investigación", señala.

 

Por otro lado, la regidora ha omitido cualquier referencia a otra acusación del fiscal, la relacionada con la destitución de Pablo Suárez, concejal delegado de tráfico y seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Alicante, tras una amenaza del ex alcalde Luis Díaz Alperi al citado edil por negarse este a un determinado negocio que favoreciera a su hijo en un contrato.

 

Las supuestas ilegalidades durante la tramitación del nuevo PGOU de Alicante salieron a la palestra en el curso de las escuchas telefónicas del caso Brugal, cuya investigación dirige desde mayo de 2007 el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. El pasado mes de julio, el instructor se inhibió de esta pieza del sumario general y la trasladó al Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular aún no ha adoptado ninguna resolución. En esta causa, y de acuerdo al informe policial adelantado por este periódico, también está implicado el ex alcalde de Alicante y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, así como el subdirector general de Bancaja, José Cortina.

 

En el sumario general del caso Brugal hay al menos un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Los más destacados son el líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Los dos pilares básicos de esta investigación son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la adjudicación de la planta de basura de la comarca de La Vega Baja (sur de Alicante).

 

(www.elpais.com, 25/10/10)

 

 EL 'CASO BRUGAL' SALPICA A LOS NEGOCIOS DE ORTIZ CON BANCAJA

 

El informe policial del sumario del caso Brugal sobre las supuestas operaciones ilegales en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante revela que el contratista Enrique Ortiz tuvo la "cooperación" de un alto cargo de Bancaja. El informe policial asegura que el contratista se valió de la financiación de la entidad Bancaja y en especial de uno de sus máximos responsables, José Cortina Orrios, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL. En este punto el documento considera al ejecutivo de Bancaja como "cooperador necesario y máximo beneficiado de las gestiones irregulares".

 

La supuesta implicación del ejecutivo de Bancaja está relacionada con las operaciones realizadas por el promotor para comprar suelo en zonas protegidas y trasladar luego los aprovechamientos a otras áreas urbanizables. Según el informe, el vehículo utilizado por ello fue la mercantil Deprominmed, SL, presidida por Ortiz y en cuyo consejo están representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat, SL. El informe señala que esta mercantil, mediante sucesivas ampliaciones de capital, "sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirán una vez se haya aprobado dicho plan [el PGOU]".

 

La operación de mayor calado en este apartado que recoge el informe policial se habría desarrollado en el humedal de Agua Amarga. Las diligencias concluyen que Ortiz dirigió "una operación prolongada en el tiempo para que por parte de la entidad financiera Bancaja, a través de uno de sus subdirectores José Cortina Orrios, se adquiera la mayor parte de terreno y se integre en la citada mercantil Deproinmed, SL. Mientras tanto, Ortiz procuraría que la redacción final del citado plan le confiera el máximo valor posible al terreno aportado", señala el informe. Bancaja declinó ayer comentar la implicación de su subdirector en el caso.

 

El informe sostiene que Ortiz tuvo "información privilegiada" del PGOU proporcionada por "altos cargos del Ayuntamiento de Alicante".El informe policial sobre las supuestas irregularidades en el PGOU de Alicante destapadas como consecuencia de las escuchas telefónicas del caso Brugal constata un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al empresario Enrique Ortiz. Las diligencias policiales apuntan a la posibilidad de modificaciones del documento "a su voluntad [la de Ortiz]".

 

Las supuestas irregularidades en el trámite del PGOU de Alicante forman parte de una pieza separada del sumario del caso Brugal. El instructor se inhibió de esa parte. La causa recayó en el Jugado número 5 de Alicante. Su titular ha asumido la competencia, pero aún no ha dictado ninguna resolución.

 

Sobre la base del informe policial, el candidato de EU a la alcaldía de Alicante, Miguel Ángel Pavón, anunció ayer la posibilidad de "impugnar judicialmente" el documento. El PGOU de Alicante, tras una segunda exposición pública, fue aprobado provisionalmente el pasado mes de mayo.

 

En un comunicado oficial, el dirigente de EU resaltó que la larga tramitación del PGOU ha estado "salpicada" de irregularidades desde la rescisión del contrato al primer equipo redactor, dirigido por el arquitecto Lluís Cantallops, a principios de 2007. En esa fecha la alcaldía estaba en manos de Luis Díaz Alperi, del PP. Sonia Castedo, su sucesora desde septiembre de 2008, culminó la redacción final del documento.

 

Pavón denunció "el carácter opaco del proceso de redacción de un PGOU que se ha definido sobre la base de intereses privados y de espaldas a la ciudadanía". El candidato de la coalición de izquierdas exigió "explicaciones inmediatas tanto "a la ex concejal de Urbanismo y actual alcaldesa, Sonia Castedo, como al anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, en relación con las graves acusaciones contenidas en los informes policiales".

 

Por otro lado, el concejal socialista Lalo Díez exigió ayer al equipo de gobierno que aclare los motivos por los que no se ha personado en la causa abierta al concejal Francisco Sánchez Luna, del PP, por supuesto cohecho y tráfico de influencias.

 

(www.elpais.com, 25/10/10)

 

ANTICORRUPCIÓN CREE QUE SONIA CASTEDO BENEFICIÓ A ORTIZ

 

El fiscal Anticorrupción de Alicante cree que la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, del PP, debe ser imputada dentro de la operación "Brugal" por beneficiar al constructor Enrique Ortiz, aunque ésta ha negado las acusaciones de trato de favor y las ha contextualizado en la precampaña electoral.

 

Arropada por el equipo de gobierno local, Castedo ha realizado una comparecencia sin preguntas en la que ha repartido una copia del escrito dirigido por el fiscal, Felipe Briones, al juzgado número 3 de Orihuela que lleva el caso Brugal, donde a partir de informes policiales se enumeran supuestos delitos de la alcaldesa por su actuación con Ortiz, además de constructor, dueño del Hércules CF.

 

El escrito de Briones facilitado por Castedo apunta a que ésta facilitó "en gran cantidad de ocasiones" información privilegiada a Ortiz en relación al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), producto de lo cual el planeamiento se diseñó "a la medida" del empresario en "aspectos relevantes".

 

Se refiere a "apaños" en las zonas urbanísticas "APA-9", "Lomas de Garbinet" y (estadio) "Rico Pérez", y también a que la alcaldesa recibió "dádivas" del empresario, como el pago de unas vacaciones en Andorra, un viaje en yate a Ibiza, la compra de un coche Mini Cooper y la aceptación de empleo a personas de confianza de Castedo.

 

En su defensa, la alcaldesa ha subrayado que, salvo el viaje en el yate, todo es falso y ha mostrado facturas que acreditarían que pagó personalmente el viaje a Andorra y el montante del vehículo, por lo cual ha calificado el informe del fiscal de "sesgado y no contrastado". Además, ha afirmado que en las tres zonas urbanísticas mencionadas no ha habido incremento de edificabilidad o recalificación alguna y, en todo caso, que "Enrique Ortiz no consiguió nada de lo que pidió".

 

(www.levante-emv.com, 25/10/10)

 

 

LA POLICÍA SEÑALA TRATO DE FAVOR A ORTIZ EN EL PGOU DE ALICANTE

 

Un informe policial recogido en las diligencias del caso Brugal revela un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al contratista y dueño del Hércules CF, Enrique Ortiz, en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. "Desde altos cargos del Ayuntamiento de Alicante se habría proporcionado a Enrique Ortiz información privilegiada respecto del contenido de dicho plan [el PGOU], pudiendo incluso haberse incluido modificaciones favorables al empresario alicantino a su voluntad así como permitirle adquirir ciertas zonas cuyo cambio en calificación le supondría ingentes beneficios", recoge la diligencia de Brigada de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Comisaría de Alicante.

 

La revisión del PGOU de Alicante la comenzó el ex alcalde Luis Díaz Alperi, del PP, en la actualidad diputado autonómico, y la ha coronado su sucesora en el cargo, Sonia Castedo.

 

El informe centra las supuestas ilegalidades en ocho actuaciones urbanísticas, "si bien el máximo beneficio que obtendría [Ortiz] sería a través de las zonas protegidas de la ciudad y su posterior repercusión en zonas urbanizables", precisa. La policía destaca que Ortiz urdió el plan mediante la mercantil Deproinmed, SL, presidida por promotor, y en cuyo accionariado participa el Banco de Valencia. "Dicha mercantil sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirían una vez se haya aprobado dicho plan", dice el informe.

 

Mientras, el consejero de Economía de la Generalitat, Gerardo Camps, negó ayer su implicación en el caso Brugal, pese a que otro informe policial del sumario destapa una supuesta trama entre el consejero, Ortiz y el corredor de rallies Miguel Ángel Fuster.El informe policial del caso Brugal recoge ocho actuaciones supuestamente irregulares vinculadas al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante: aprovechamientos urbanísticos del humedal de Agua Amarga y del parque de Fontcalent, compra de terrenos para el complejo Ciudad de la Economía, Estadio Rico Pérez, y aprovechamientos urbanísticos en la Condomina, PAU3, APA 9, y Pino Ruaya. El documento se sometió por primera vez a exposición pública en octubre de 2008 y se aprobó provisionalmente en abril de 2009. Luego hubo una segunda exposición y una nueva aprobación provisional en mayo pasado.

 

El caso más llamativo, por la polémica que ha generado en la ciudad, es el proyecto para la reforma del Rico Pérez. En este apartado, el informe señala que la recompra del campo por parte de la mercantil Aligestión, propiedad de Ortiz, al Ayuntamiento se materializó en abril de 2007, justo un año antes de que comenzara a exponerse públicamente el PGOU. Aligestión se hizo con el campo en subasta pública por 7,8 millones, un precio muy bajo, reseña el informe.

 

"Según se ha podido determinar, se habría producido un pacto encubierto por el que la mercantil Aligestión habría adquirido el estadio José Rico Pérez sabiendo que posteriormente sería recalificado, aprovechando el PGOU", recoge el informe. "Basándose en dicho pacto sucrito al parecer con el por entonces alcalde, Díaz Alperi, el empresario presentaría un ambicioso proyecto que incluiría una zona comercial en los alrededores del estadio, junto con un establecimiento hotelero", añade.

 

Ortiz presentó el proyecto que menciona la policía. Sin embargo, la sucesora de Alperi en la alcaldía, Sonia Castedo, lo rechazó ante la presión de los comerciantes. Los agentes concluyen que la solución propuesta y que al parecer incluiría el nuevo PGOU, "sería la de beneficiar ciertas zonas propiedad del empresario para financiar la construcción de un nuevo estadio en la zona de Rabassa a coste cero".

 

El PGOU mantiene la calificación de suelo dotacional y deportivo para el terreno del Rico Pérez. Y en cuanto a la ampliación, el nuevo campo se levantará sobre los cimientos del actual.

 

El grueso de las supuestas actuaciones irregulares del promotor Enrique Ortiz relacionadas con el PGOU de Alicante hacen referencia a la adquisición de terrenos en zonas protegidas del término de la capital, especialmente en el saladar de Agua Amarga, su área de influencia, y el paraje de Fontcalent. Ortiz, siempre según el informe, también habría ido acaparando suelo en la Condomina, PAU3, APA9 y Pino Ruaya ante la expectativa de que se verían beneficiados con los mayores aprovechamientos por el nuevo PGOU.

 

Según el informe, Ortiz compró terreno en estas áreas "al tener conocimiento" de que el PGOU iba a incrementar el porcentaje de aprovechamiento para permutar en otras zonas de la ciudad. "Siguiendo las indicaciones del por entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, Ortiz dirigiría una operación encubierta para lograr la adquisición de unos terrenos rústicos adyacentes a la zona protegida de Agua Amarga sobre las que el nuevo Plan General atribuiría un determinado uso terciario", señala el informe, que alude a un proyecto denominado Ciudad de la Economía.

 

El documento de planeamiento aprobado provisionalmente en mayo pasado mantiene las asignaciones de aprovechamiento a los parques naturales. En cuanto al sector de la Condomina redujo la edificabilidad (de 0,78 a 0,64) y los demás sectores conservan los porcentajes con los que fueron aprobados.

 

Enrique Ortiz declinó ayer comentar este informe policial. Mientras, la candidata del PSPV a la alcaldía, Elena Martín, instó ayer a la alcaldesa, Sonia Castedo, a que dé explicaciones sobre estas supuestas ilegalidades en torno al PGOU: "Es intolerable para Alicante que el PGOU sea el posible núcleo de una nueva trama de corrupción", dijo.

 

(www.elpais.com, 24/10/10)

 

EL CONSEJERO DE ECONOMÍA, IMPLICADO EN EL 'CASO BRUGAL' 

El consejero de Economía, Gerardo Camps, está implicado en el sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja), según recoge uno de los informes policiales del sumario. Además, las diligencias también incluyen supuestas irregularidades en seis supuestos relacionados con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Carlos San Martín, instructor del caso Brugal, entregó ayer a las partes copia en formato DVD de las diligencias judiciales del sumario. El soporte digital incluye unas 18.000 páginas. 

La implicación del consejero de Economía, Gerardo Camps, en el caso Brugal, según el informe policial al que ha tenido acceso este periódico, está relacionada con la adjudicación del palacio de congresos de Alicante y del Parque Cultural de Sant Vicent del Raspeig, la adjudicación del mantenimiento y gestión integral de servicios de la Ciudad de la Luz y la concesión de un aval de 16 millones al Hércules CF. En estos hechos, junto al consejero de Economía, el informe incluye al promotor y máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, y a Miguel Ángel Fuster, piloto de rallyes y amigo de Gerardo Camps. 

El informe policial sobre las supuestas ilegalidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante señala siete actuaciones: Saladares de Agua Amarga, Ciudad de la Economía, Estadio Rico Pérez, Condomina, PAU 3, APA 9, Pino 9, y Fontcalent. En la mayoría de los casos, las supuestas irregularidades están relacionadas con operaciones del contratista Ortiz. No obstante, esas actuaciones no se han ejecutado como apunta el informe, o fueron aprobadas con anterioridad a la tramitación del nuevo planeamiento. En el primer supuesto se encuadra la operación para ampliar el estadio Rico Pérez, que no ha incluido recalificación y se levantará sobre el actual campo. 

La de las posibles ilegalidades en la tramitación del PGOU de Alicante es la tercera pieza de relevancia que incluye el caso Brugal. Esta causa fue remitida por el juez instructor a Alicante. El juez en el que recayó, el titular del número 5, sí ha asumido la investigación. No obstante, este magistrado mantiene el secreto del sumario y no ha practicado ninguna diligencia, en espera de que el juez de Orihuela le remita todas las diligencias, y no solo los informes policiales. La tramitación del PGOU de Alicante comenzó con Luis Díaz Alperi, del PP, al frente de la alcaldía de Alicante. El documento ha sido culminado por la sucesora de Alperi en la alcaldía, la popular Sonia Castedo. Una hipotética imputación del ex regidor Alperi en estas diligencias implicará el traslado del sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dado que Alperi es aforado por su calidad de diputado autonómico. 

Los dos pilares del caso Brugal son la contrata de la basura del municipio de Orihuela y la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. Por este segundo contrato, la investigación sostiene que el líder del PP de Alicante y, a su vez, presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, recibió dos pisos o su equivalente en metálico (cerca de un millón de euros) por supuestos favores de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Ortiz, en unión con la firma Cespa, fue el adjudicatario final de la contrata de basura de la planta del plan zonal de La Vega Baja. Unos meses después de la adjudicación se cambió el emplazamiento inicial de la planta a una finca propiedad del industrial Ángel Fenoll. 

(www.elpais.com, 23/10/10) 

EL FISCAL RECHAZA LA PERSONACIÓN DE AMORÓS EN 'BRUGAL' 

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha presentado un recurso al acuerdo del juez instructor del caso Brugal de aceptar, en calidad de imputado, la personación en las diligencias del ex portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós. El representante del ministerio público pide al juez que antes de aceptar la petición de Amorós resuelva el conflicto de competencia sobre esa pieza del sumario. 

Esa parte del sumario investiga supuesto cohecho, tráfico de influencias y fraude en la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, se inhibió de esa parte en julio. El juez en el que recayó tampoco la aceptó y la devolvió al instructor. San Martín aún no se ha pronunciado sobre si la asume o plantea conflicto de competencia ante la Audiencia de Alicante. 

Carlos San Martín dictó el pasado 22 de septiembre una providencia en la que aceptaba la petición de Amorós de personarse como imputado en las diligencias del sumario general del caso Brugal. En su recurso de reforma, el fiscal dice: "Es procedente que, por el juzgado actual [el número 3 de Orihuela] exista un pronunciamiento respecto a la competencia territorial, aceptándola o promoviendo cuestión de competencia, siguiendo la tramitación legal para ello. Entre tanto, la personación solicitada no constituye acto procesal cuya decisión suponga actuación judicial, ni urgente ni indispensable, y, sí, por el contrario, un acuerdo que afecta a la legitimación de las partes personadas en la causa". 

El mismo argumento esgrime Briones para rechazar la personación de los vecinos de Torremendo como acusación particular. En este caso, el fiscal sostiene, además, que la personación debería ser como acusación popular. 

(www.elpais.com, 02/10/10)

EL PP DE ORIHUELA RECHAZA DESTITUIR A LOS CONCEJALES IMPLICADOS EN EL CASO BRUGAL

El equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Orihuela rechazó ayer destituir como miembros de la Mesa de Contratación y Junta de Gobierno a los tres ediles imputados en el caso Brugal -Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía-, tras la petición formulado por el Grupo Socialista.El voto mayoritario de los populares impidió que prosperará la moción durante el pleno ordinario celebrado ayer, cuya repercusión ciudadana y social estuvo fuera y dentro del edificio consistorial.Instantes antes del inicio del pleno una decena de militantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista se concentraron ante el ayuntamiento para protestar por "los casos de corrupción" sucedidos en la comarca alicantina de la Vega Baja.

Algunos interrumpieron en el pleno y mostraron pancartas con el lema "Contra la corrupción, movilízate", en referencia a la investigación judicial que trata de determinar supuestas irregularidades en la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja.

Poco después, mientras el concejal de Contratación, David Costa (PP), usaba su turno de palabra este grupo de personas abandonaron el salón plenario entre gritos y mensajes, como "Costa, algún día el pueblo te juzgará" y "algún día caeréis, fascistas".

Por lo que respecta al debate plenario, el voto mayoritario de los populares impidió que prosperará la iniciativa socialista durante el pleno.

El concejal socialista Carlos Bascuñana explicó durante la defensa de la moción que los concejales, imputados por delitos "graves", deben dar "explicaciones y aclaraciones públicas".

Los tres concejales populares quedaron en libertad sin fianza, aunque imputados, el pasado 9 de julio, después de ser detenidos tres días antes en relación con presuntos delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y revelación de información a funcionarios. Bascuñana aseguró que si estos concejales no dan explicaciones, deben ser cesados.

El concejal popular Antonio Lidón respondió que dichos concejales "se defenderán, pero no aquí".La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, dijo que es la oposición la que debería dimitir por "judicializar la política y presentar denuncias, muchas archivadas por un juez".

(www.levante-emv.com, 29/09/10)

EL FISCAL INVESTIGA A PROVEEDORES DE TORREVIEJA POR LA FINANCIACIÓN DEL PP

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado las cuentas a al menos tres proveedores habituales del Ayuntamiento de Torrevieja por su supuesta implicación en la financiación del PP local con motivo de la campaña electoral de las municipales de 2007. El Consistorio y el PP están presididos por Pedro Ángel Hernández Mateo. El partido no ha presentado las cuentas de aquella campaña, cuyos gastos ascendieron a cerca de 450.000 euros, según una estimación del ex concejal del PP de la localidad José Antonio Montesinos.

La denuncia pública del ex edil sobre la ausencia de facturas de los gastos de la campaña ante los órganos locales del partido motivó la apertura de una investigación de oficio por parte del destacamento de Anticorrupción de Alicante. Entre los proveedores que el ministerio público investiga, se encuentra la emisora local de televisión, según han asegurado fuentes del caso.

El ex concejal Montesinos asegura que el presidente local del PP sigue sin presentar las cuentas ni facturas de la campaña electoral. "La falta de transparencia de Hernández Mateo en esta cuestión y en todo lo que afecta a las cuestiones orgánicas del partido es absoluta", asegura Montesinos. "Gestiona la junta local como si de un club de amigos se tratara, sin el más mínimo respeto a los estatutos del partido", añade. Montesinos exige la dimisión del alcalde y líder del PP local y advierte: "Tarde o temprano tendrá que presentar las facturas, o ante los órganos del partido o en el juzgado".

Esta falta de información fue lo que motivó que José Antonio Montesinos remitiera una larga carta al presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que narraba pormenorizadamente las supuestas irregularidades cometidas, entre ellas la ausencia de facturas.

(www.elpais.com, 27/09/10)

EL JUEZ TIENE PENDIENTE REPARTIR MÁS DE 13.000 FOLIOS DEL CASO BRUGAL

Las partes personadas en la investigación del caso Brugal se encuentran en un compás de espera que podría prolongarse unas semanas más hasta recibir fragmentado en soporte digital el resto de un sumario al que dicen que hay que añadir 13.000 folios más. Todo después de que en las últimas semanas se hayan difundido más de 1.300 folios y 203 anexos.

Hay quien sostiene que lo esencial se encuentra en el informe policial que estudian desde principios de septiembre. Los hay que dicen que todavía aflorará otro informe que incluirá las transcripciones de la última fase de la investigación y el resultado de los registros policiales realizados el pasado 6 de julio tanto en el Ayuntamiento de Orihuela como en propiedades del empresario Ángel Fenoll.

Meses previos a la actuación policial que aportarían las claves de esta estructura de presunta corrupción político-empresarial en la que se unen nombres como el del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y parte de su equipo, con otros tan conocidos del mundo empresarial alicantino como Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

El resto del sumario incorporará previsiblemente las declaraciones tomadas en el juzgado a los implicados, realizadas en el periodo en el que ha estado vigente el secreto de sumario. El propio juez Carlos San Martín, magistrado que soporta el grueso del proceso, habla abiertamente de "tramas". Hasta diecisiete. Repartidas al alimón entre los Juzgados de Orihuela -nueve- y Alicante -ocho-. Las principales relacionadas con la investigación centrada en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela.

(www.levante-emv.com, 26/09/10)

RIPOLL DESISTE DE PONER EL VERTEDERO DEL 'CASO BRUGAL' EN LA FINCA DE FENOLL

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, dio ayer marcha atrás en su decisión de ubicar la planta del basuras del plan zonal de La Vega Baja, adjudicada a Enrique Ortiz en unión con CESPA, en una finca propiedad del industrial Ángel Fenoll. Ripoll optó por acatar una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante que anula la adjudicación en la finca del industrial oriolano.

Esta contrata, y concreto su emplazamiento en la parcela de Fenoll, es uno de los dos pilares del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura). En este sumario están imputados, entre otros, Ripoll, Ortiz y Fenoll, por supuesto cohecho y tráfico de influencias. La investigación sostiene que el líder del PP pudo lograr dos pisos o su equivalente en metálico (entre 800.000 y un millón de euros) a cambio del multimillonario contrato.

La comisión de gobierno del Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, integrado por los municipios de La Vega Baja y encabezado por el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, acordó ayer, con la ausencia de los socialistas y el voto en contra del alcalde de Albatera, Federico Berná, del PP, acatar y no recurrir la sentencia que anuló la adjudicación. En su resolución, la juez emplazaba a la Diputación a ejecutar la planta en la ubicación mejor valorada inicialmente por los técnicos, el municipio de Albatera.

Ripoll no piensa mover ficha hasta que haya sentencia firme. El Ayuntamiento de Albatera, en cambio, sí ha presentado un recurso al fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Mientras, los socialistas abandonaron tanto la reunión de la junta de gobierno del plan zonal como la sesión del consorcio al entender que el proceso "está viciado" y que debe paralizarse por completo.

La reunión del consorcio estuvo precedida por una protesta a las puertas de la Diputación de Alicante convocada por Esquerra Unida. Al acto se sumó un centenar de personas que, entre otras consignas, gritaban: chorizos dimisión y basta de corrupción.Los socialistas acusaron a Ripoll de "vaciar de contenido" las reuniones convocadas ayer y buscar "evasivas y huidas", dijo la portavoz María Teresa Carbonell, que recordó como el líder del PP en Alicante hace unos pocos meses criticaba a Camps, imputado por el caso Gürtel cuando decía que "las manzanas podridas había que quitarlas", y ahora "no asume sus responsabilidades, ni da explicaciones". Raúl Valerio, alcalde socialista en Bigastro, recordó que tras un año de polémicas no saben "si el proceso está paralizado" y que les "falta la explicación de los técnicos para saber si tuvieron presiones para cambiar de ubicación". El edil socialista concluyó en que las reuniones de ayer "confirman que la falta de transparencia y el oscurantismo han impregnado la gestión del Plan Zonal".

Ripoll, en su comparencia tras las reuniones, no quiso entrar en el fondo del asunto de la adjudicación por la que se le investiga en la vía penal. Se limitó a criticar la "desbandada" socialista en el consorcio y tildó de "ilegal" la comparecencia de técnicos que pedían los socialistas, ya que en los plenos solo comparecen los políticos. "El PSOE no se ha querido manifestar si recurriría o no la sentencia", dijo Ripoll, que tildó de "rocambolesca" la ausencia de los socialistas de estas reuniones que habían pedido ellos mismos. Y sobre la petición del PSOE de paralización del proceso, Ripoll contestó que "no se puede parar algo que no se ha iniciado". La alcaldesa socialista de Guardamar, Marylen Albentosa, contestó que "carecen de información para decidir si acatan la sentencia o no".

El alcalde socialista de Benferri fue el único que se quedó en la reunión. La localidad de Albatera, gobernada por el PP, que votó en contra del criterio de su partido en la Diputación, confirmó que presentó el jueves un recurso.

Y mientras, en la calle, los simpatizantes de Esquerra Unida, repartían tapas de chorizo, y exigían la dimisión de Ripoll por "corrupto" y por su "irresponsable gestión de residuos".

(www.elpais.com, 26/09/10)

LA POLICÍA CREE QUE FENOLL PLANTEÓ SOBORNAR A RIPOLL CON EL DINERO QUE GANÓ CON LA FINCA  

La investigación recoge que el empresario estaba dispuesto a compartir con el presidente de la diputación parte de los ingresos que obtuvo tras venderle a Ortiz La Pistola si a cambio obtenía beneficios de la incineradora de residuos prevista en Villena 

Los intereses del empresario oriolano Ángel Fenoll para hacerse con el negocio de las basuras llegaron hasta Villena y si para obtenerlos había que "tantear" al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, se hacía. Según el informe policial integrado en el sumario sobre la investigación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, Fenoll estaba dispuesto a ofrecer a Ripoll una parte del dinero que ganó con la venta a Ortiz de la finca La Pistola a cambio de que el presidente intercediese en favor de sus intereses. 

Según el informe, Fenoll buscó favores de Ripoll para sacar provecho de una inversión previa en suelo que había efectuado en Villena vinculada, según la Policía, a la previsible construcción de una planta incineradora de basuras. En todo momento, el mediador de nuevo vuelve a ser Rafael Gregory, quien conversa en varias ocasiones con Fenoll sobre una finca en Villena de la que quiere que Ripoll esté "muy pendiente".  

Y es que el informe policial refleja que, según se desprende de las conversaciones, Fenoll no podía malgastar los 200.000 euros que pagó por unos terrenos en Villena, los cuales podrían servir para ubicar la futura planta incineradora, planteada en Villena, de la que no se ha sabido nada en los últimos meses tras el rechazo popular.  

El informe no apunta a una información previa del empresario para hacerse con los terrenos, pero Fenoll compró tierras en Villena (vuelve, además, a usar la metáfora de "los limones" para referirse a las fincas) que luego rentabilizaría con la incineradora de residuos en la que Fenoll, según el informe policial, tenía interés en su adjudicación, construcción y explotación. Los negocios de Fenoll en Villena aparecen vinculados en el informe policial a las presuntas contraprestaciones que desde la Diputación provincial se otorgarían al empresario oriolano al desembolso económico en la televisión local Canal 37. Rafael Gregory era el encargado de hacer llegar al presidente los mensajes de Fenoll, según deduce en el informe policial. 

En referencia a estos "negocios" en Villena, la Policía cita claramente cómo de nuevo Fenoll y Gregory utilizan un lenguaje cifrado para entorpecer la labor policial, casi siempre recurriendo a términos agrícolas. La referencia a "los limones" la empleaban, según el informe policial, para referirse a las fincas que adquirió Fenoll, aunque también se apunta a que podría tratarse de otros terrenos o inmuebles. 

Villena es una de las localidades donde la Generalitat Valenciana planteó una planta incineradora de residuos (se llegó a barajar también Xixona) y prácticamente se daba por hecho su instalación, si bien una fuerte oposición vecinal consiguió paralizar la decisión. Se trata de una de las poblaciones de la provincia con un fuerte movimiento popular en contra de la política autonómica de residuos, al igual que lo ha sido la pedanía de Torremendo para evitar la instalación de un vertedero en sus límites. 

"No es pedir y ya está, nosotros arreglamos los temas"

FENOLL Y GREGORY. 22 de septiembre de 2009 

Gregory llama a Ángel Fenoll nada más terminar una breve conversación telefónica con José Joaquín Ripoll en la que se citaron para el día siguiente. 

Fenoll: Cuando puedas tienes lo que tú sabes, es decir, lo de Villena con tiempo, ¿eh?  

Gregory: Eso está dicho y mañana por la mañana yo tengo una reunión, está dicho pero... mañana lo voy a recordar otra vez. 

Fenoll: Vale, vale, vale.  

(Se despiden).  

FENOLL Y GREGORY. 2 DE DICIEMBRE DE 2009 

Fenoll: Oye... te hablo asi? en ese tema, eso... dile que por todo el oro, vamos, por todo el tema, que el tema ese que tu? sabes que hablamos, de... la venta, de la finca de Villena, eso...  

Gregory: Esta finca, este fin de semana estoy ahi? y te digo...  

Fenoll: Que a ver si hemos puesto ahi? 200 mil euros y la hostia  

Gregory: Cuenta con ello, te lo prometo yo.  

Fenoll: ¿Sabes? y tu? dile que oye, que luego por los limones si hay que darle de la finca o lo que sea...
Gregory: Ya, esta? claro.  

Fenoll: En eso no hay problema, que eso lo sabemos hacer nosotros.  

Gregory: Correcto, correcto.  

Fenoll: ¿Sabes?, que el alquiler se paga y ya está. 

Gregory: Muy bien.  

Fenoll: Que no hay ningun problema, que no es, aparte no es de  pedir el tema y ya esta?, no, no no, que nosotros arreglamos los temas. 

(www.levante-emv.com, 19/09/10) 

LA PROMOTORA DE LOS PISOS DE PÉREZ GALDÓS, VINCULADA A GREGORY, ES UNA FILIAL DE ECISA  

La investigación policial del "caso Brugal", en referencia al Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, incluye un listado de la composición de los órganos de Administración de Cala Merced S.L., promotora dedicada a la adquisición de fincas rústicas y urbanas que desarrolló junto con Ecisa la promoción de viviendas de la avenida Pérez Galdós de Alicante donde supuestamente dispondría de dos pisos José Joaquín Ripoll como contraprestación a su mediación en la adjudicación del Plan Zonal, según las investigaciones. El informe policial explica que Cala Merced es una filial de Ecisa Corporación Empresarial S.L., del empresario alicantino Manuel Peláez Robes. El empresario figura en los órganos de administración de Cala Merced como apoderado, consejero y consejero delegado en los años 2004 y 2009. Asimismo, en los órganos de Cala Merced también figura como consejero y vicepresidente en el año 2004 José Gregory Seguí, padre del imputado y amigo de José Joaquín Ripoll, Rafael Gregory.  

A lo largo del informe policial, son varias las ocasiones en las que Rafael Gregory habla con distintos miembros de Ecisa, entre otros con Manuel Peláez, haciendo referencia a "lo de Cala Merced". Rafael Gregory y su mujer tienen dos pisos en la citada promoción, en la cuarta planta. Los inmuebles que presuntamente servirían para compensar a Ripoll (y que el mismo presidente de la Diputación visitó junto a su mujer) estarían en la planta quinta y su valor en el mercado se acercaría al millón de euros, siempre según el informe policial que obra en el sumario. 

(www.levante-emv.com, 19/09/10) 

PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP EN CINCO MUNICIPIOS DE ALICANTE 

Ángel Fenoll, el empresario que encabeza el listado de imputados en el caso Brugal, no sólo financió presuntamente al PP en Orihuela , sino, además, en otros cinco municipios de Alicante, desde el año 2003, según el segundo informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales incluido en la instrucción de este proceso judicial. 

El informe, al que ha tenido acceso la Ser, evidencia vinculación de Ángel Fenoll con los alcaldes de los municipios alicantinos de Algorfa, Rafal y Jacarilla, donde gobierna el Partido Popular. Entre 6.000 y 9.000 euros recibieron supuestamente los populares en esas tres localidades pocos días antes de la campaña electoral municipal de 2007. El empresario de los servicios de recogida de basura también entregó, presuntamente, 6.000 euros a los portavoces del PP, ambos en la oposición, en las localidades de Bigastro y Pilar de la Horadada.  

Joaquín Ripoll 

Todos esos municipios forman parte del plan zonal de residuos de La Vega Baja, una parte del sumario del caso Brugal, en el que está imputado el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. La contrata de la basura del plan zonal de la Vega, por un valor de 250 millones de euros, fue adjudicada al empresario Enrique Ortiz, amigo de Ripoll, de quien habría recibido como contraprestación, según la investigación, dos lujosos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros. El informe apunta, aunque no de manera taxativa, que la financiación de ambas casas podría proceder de la operación de compra de una finca  a Ángel Fenoll por partede Ortiz para ubicar la planta de residuos.  

Sobres con dinero 

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales pone de manifiesto, además, cómo en la vivienda del empresario Ángel Fenoll la policía encontró un gran número de sobres preparados con dinero de los que el industrial no pudo aportar respuesta convincente sobre su origen o destino. Los agentes piensan que esos sobres iban destinadas a financiar campañas del PP o a asegurarse la continuidad de sus contratas de recogidas de basuras.  

Ricardo Costa 

El informe también menciona a Ricardo Costa, el ex secretario del PP en la Comunidad Valenciana. Fenoll estaba muy interesado en la lista de la candidatura del PP en Orihuela, el municipio donde el empresario consiguió el contrato de la recogida de residuos sólidos, tras las elecciones municipales de 2007.  

Orihuela 

Los orígenes del caso Brugal están en las elecciones municipales de Orihuela de 2007, que llevaron a la Alcaldía de Orihuela a Mónica Lorente, una apuesta de Ripoll (en la foto, Lorente junto a Ripoll). Una llegada al poder del PP que permitió que el empresario Ángel Fenoll, principal imputado en esta trama de corrupción, consiguiera la adjudicación de la contrata de la basura en ese municipio. La gestión de la basura en Orihuela constituye la otra parte de este caso, junto con la contrata de la Vega Baja. 

(www.elplural.com, 18/09/10)

La oposición pide a Lorente que dimita por ser "cómplice" de Brugal

El PP acusa a los socialistas de "judicializar" la vida política en Orihuela

El PP de Orihuela aplicó el rodillo de la mayoría absoluta, pese a las ausencias de las concejales Eva Ortiz y Araceli Vilella, para rechazar las cuatro mociones presentadas por la oposición relacionadas con el caso Brugal. Por 12 votos en contra del PP, y 11 a favor (PSOE, Verdes y Centro Renovador Liberal), ninguna moción prosperó.

Con un salón de plenos abarrotado de vecinos, mitad a favor del PP y mitad en contra, la tensión afloró en diversos momentos de debate. Sobre todo cuando el concejal Manuel Culiañez, de Los Verdes, pidió la destitución del director del gabinete de alcaldía, Pedro Meseguer, que en las grabaciones de la policía incorporadas al sumario del caso Brugal pretendía usar el DNI de una mujer fallecida para votar al PP, y la dimisión de Mónica Lorente, alcaldesa de Orihuela, por ser "cómplice necesario" en esta trama de corrupción política empresarial.

"No es un juicio penal, es político y deben asumir responsabilidades", dijo el edil en la oposición. El concejal del PP, Antonio Lidón, acusó al resto de partidos de "judicializar la vida pública e inventar falacias" y aseguró que ellos "están muy limpio". La oposición exigió a la alcaldesa su dimisión porque "representa a la corrupción".

Durante el largo pleno, en el que se vivieron momentos de tensión entre oposición y gobierno, el PP insistió en que "el tripartito" en la oposición se ha dedicado a judicializar la acción política en Orihuela y a ir "perdiendo sistemáticamente" todos los recursos, según recordó el portavoz del PP, David Costa.

La portavoz socialista, Antonia Moreno, contestó: "No queremos que roben, ni que vayan al juzgado". Y resumió que el problema de todo es que "mezclan lo público con intereses privados". El portavoz del Centro Renovador Liberal, Manuel Mancebo se preguntó: "¿Dónde está el dinero?" Y tildó de "fraudulento" todo el proceso de adjudicación de la planta. La alcaldesa, Mónica Lorente, tuvo que intervenir en reiteradas ocasiones para poner orden en la sesión.

www.elpais.es 18.09.10

Fenoll movilizó a su familia en los pagos a cargos del PP

Uno custodiaba el dinero, otro metía los billetes en sobres (remesas de 3.000 a 9.000 euros) y un tercero hacía de correo. El industrial Ángel Fenoll, cabecilla del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante), movilizó a su clan familiar en los días previos a las elecciones municipales de mayo de 2007 para hacer llegar a cargos del PP de cinco municipios de La Vega Baja aportaciones en metálico para actos electorales. La ilícita actividad de Fenoll está recogida en los informes policiales de cinco de las 20 piezas en las que el instructor ha desglosado el sumario. En uno de los informes, los agentes apuntan a que Fenoll comenzó esa práctica en 2003.

Estas partes del sumario afectan a cinco pueblos. La policía, sobre la base de las conversaciones intervenidas, mantiene que los supuestos receptores de los pagos fueron los alcaldes de Rafal, Algorfa y Jacarilla, José Arronis, Antonio Lorenzo y José Manuel Gálvez, respectivamente, y los líderes del PP en Pilar de la Horadada y Bigastro, Francisco Lancharro y Aurelio Murcia. En los tres primeros municipios Fenoll tiene la contrata de la basura. En los dos últimos, gobernados por los socialistas, el contrato lo explota otra firma.

"He hecho tres sobres"

En una de las escuchas telefónicas incluidas en el informe referido a Jacarilla, Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel hablan del reparto de los sobres.

Ángel Fenoll: ¡Ah! que le den por culo. ¿No se le han dado nueve mil euros?

Antonio Ángel Fenoll: No, a ese seis mil.

A: Entonces nueve, ¿para quién era?

A. A.: Para el otro.

A: ¿A quién?

A. A.: Para el Mora.

A.: ¡Ah!, nueve para el Mora.

A. A.: Lo dijiste tú así, a ver si luego... he hecho tres sobres.

Los agentes concluyen en los cinco informes que en el registro efectuado en el domicilio de Ángel Fenoll con motivo de su arresto el 30 de mayo de 2007 encontraron gran cantidad de dinero dividido en sobres, "sin ningún tipo de leyenda, no pudiendo aportar el detenido respuesta convincente sobre su origen o destino". Los pagos ilegales de Fenoll en estos pueblos se suman a los que efectuó al alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez Trigueros, del PP.

www.elpais.es 18.09.10

FENOLL TENÍA EN CASA SOBRES CON DINERO PREPARADOS PARA SOBORNOS

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitals de la policía sobre el caso Brugal evidencia que del registro practicado en el domicilio del empresario Ángel Fenoll, el 30 de mayo de 2007 y de algunas de las conversaciones grabadas con autorización judicial, se desprende la existencia de sobres de dinero para sobornos a políticos. El informe subraya una frase que repite en varios de estos procedimientos: "...Recordar de nuevo por último que en el registro de Ángel Fenoll Pérez pudo intervenirse gran cantidad de dinero dividida en sobres sin ningún tipo de leyenda, no pudiendo aportar el detenido respuesta convincente sobre su origen y/o destino. Para esta instrucción (se refieren los propios agentes) dichos sobres podrían estar dirigidos a realizar pagos como los descritos en la presente exposición, de carácter claramente irregular".

La policía es incapaz de precisar el número de sobres y la cuantía que se encontró en cada uno de ellos, pero sostiene sin lugar a dudas que son "pagos irregulares". De hecho, la Policía llega a sus propias conclusiones sobre cómo se organizaba estos pagos. Ángel Fenoll está cogido en la investigaciones por la interpretación que los agentes realizan de las escuchas. Por nada más. Ésto es uno de los motivos que hacen sospechar a los letrados que estos procedimientos se archivarán ahora que se ha levantado el secreto de sumario.

Sobre dicha organización de pagos, el informe señala que Fenoll tenía que reunirse con una serie de candidatos del PP en municipios en esas fechas "para entregarles algo" sin precisar el informe policial el qué, aunque a continuación expresan los agentes su convencimiento de que se se trataba de dinero y que éste era "custodiado" (que es el término que utilizan) por la esposa del empresario, mientras que su hijo sería el encargado de "repartirlo". Los sobres, siempre según la investigación, los "preparaba" Ángel Fenoll pero en esa época debieron de ser tantos, aseguran los policías, que había uno, a nombre de Meroño, "no recordando ninguno de los dos (ni Ángel ni Antonio Ángel) de quién puede tratarse". La publicación por este diario de otro informe del "caso Brugal" donde se relata la supuesta colaboración que Fenoll prestó a cabezas de lista del Partido Popular (PP) en la Vega Baja los días previos a las elecciones municipales de 2007 cayó ayer como un jarro de agua fría en los ayuntamientos de Algorfa, Bigastro, Jacarilla, Rafal o Pilar de la Horadada.

Quien dice que se beneficiaron de ayudas de Fenoll para sufragar los cuantiosos gastos económicos que conlleva cualquier campaña electoral es la Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía. Así lo sostiene en otros cinco informes del "caso Brugal", repartidos por el magistrado San Martín, titular del juzgado de Primera Instancia 3 de Orihuela, y a los que ha tenido acceso este periódico. Los agentes, con base en cerca de treinta "pinchazos" telefónicos realizados exclusivamente al empresario y a su hijo, Antonio Ángel, entre el 27 de abril de 2007 y el 24 de mayo de 2007 -tres días antes de los comicios-, así lo aseguran en el informe final.

Son cinco causas de "poca monta", según fuentes judiciales y policiales consultadas y que, aseguran, tendrán más repercusión social que penal. De hecho, "¿qué hay de malo en que un empresario ayude a un partido en financiar parte de la campaña".

"Bueno, le daremos algo, ¿sabes

Los contactos - 14 de mayo

Antonio Ángel relata a su padre una conversación con Rafael Vives, alcalde de Daya Vieja.

Angel: ¿Se sabe algo o no

Antonio Angel: No, no. Voy a llamar ahora mismo a Vicente (...)

A: Bueno, le daremos algo, ¿sabes

AN: Claro

A: Porque...

AN: Y los otros también tenemos que verlo.

A: Ya, ya, ya...

AN: La semana que viene termina ésto. Me ha llamado Rafa porque ya ha hablado con el de Rafal y con el de Bigastro, le he dicho que la semana que viene.

 A: ¿Con quién

AN: Rafa, Rafa Vives, que lo ha llamado él.

A: Sí.

AN: Él lo ha llamado, Rafa, el coordinador, el de Daya Vieja.

A: Si

AN: Que el otro día se lo dije, que lo he llamado para decirle que yo lo iba a llamar, además, me dio él los móviles. Ma ha dado el de Rafal. "Si se pudiera llegar a ella sería de puta.."

Confusión en los nombres - 15 de mayo

Padre e hijo hablan de un sobre y no saben para quién es.

A: No estaría de más decirle: Toma, esta para..

AN: Si claro, si lo llevo, me lo eché ayer. Me eché ese, el de Algorfa, el otro, los tres o cuatro... Y es que se ha quedado allí el Meroño ese que no sé quién es.

 A: Meroño no

AN: No sé, ahí pone Meroño apuntado.

A: Pero te llevaste tú para Meroño no

AN: No, no, no. Yo como le vas...

A: Es que no se la que apuntaste aquella mañana allí. Es que pone Meroño y pone eso.

AN: Ya, yo.

A: No sé quién es Meroño.

(www.levante-emv.com, 17/09/10)

ÁNGEL FENOLL FINANCIÓ LA CAMPAÑA DEL PP EN CINCO MUNICIPIOS DE LA VEGA BAJA

Los informes policiales del caso Brugal constatan que el cabecilla de la trama, el industrial Ángel Fenoll, financió la campaña electoral del PP en cinco municipios de La Vega Baja, según aseguran fuentes de la investigación. Las cinco localidades implicadas en la supuesta trama corrupta son Rafal, Jacarilla, Algorfa, Bigastro y Pilar de la Horadada. Los tres primeros están gobernados por el PP y Fenoll tiene la concesión del servicio de la basura. En los dos últimos, la alcaldía está en manos del PSPV y la contrata la explota una firma ajena al grupo empresarial de Fenoll.

En los casos en los que Fenoll tiene la contrata, el empresario hizo las entregas de dinero (cantidades entre los 3.000 y 9.000 euros) a los alcaldes populares, es decir, Antonio Lorenzo, de Algorfa, José Manuel Gálvez, de Jacarilla, y José Arronis, de Rafal. Mientras, en Bigastro, el empresario dio los sobres de dinero al portavoz del Grupo Popular, Aurelio Murcia. En el caso de Pilar de la Horadada, el receptor fue el concejal popular Francisco Lancharro. Los pagos de Fenoll a estos cargos populares se hicieron en los días previos a los comicios municipales de mayo de 2007. Estos cinco ayuntamientos se suman al de Callosa del Segura, cuyo primer edil, el popular Javier Pérez Trigueros, también recibió pagos por parte del empresario Fenoll.

Los cargos del PP, que según verifica el informe policial del sumario del caso Brugal, recibieron dinero de Fenoll a cambio de las contratas de la basura o para financiar sus respectivas campañas electorales están imputados. Los implicados no han sido llamados a declarar porque el juez no ha resuelto aún el conflicto de competencia.

 En la misma situación procesal que estos cinco cargos del PP, según fuentes del caso, se encuentra, Antonio Amorós, ex portavoz socialista de la Diputación de Alicante, por su implicación en la contrata del plan zonal. Éste emitió ayer un comunicado en el que negó su implicación en la trama y aseguró que no está "formalmente" imputado. El diputado provincial acusó a su partido de "aprovechar la interpretación malévola del sumario del caso Brugal por intereses crematísticos. No he hecho nada ilícito, ni contrario a las normas", aseveró. Amorós está suspendido de militancia.

(www.elpais.com, 17/09/10)

TRES ALCALDES Y DOS CANDIDATOS DEL PP RECIBIERON PAGOS DE FENOLL

 Tres alcaldes del Partido Popular en la Vega Baja y dos candidatos de esta formación en la oposición recibieron supuestamente sobres de dinero durante la recta final de la campaña electoral de 2007 "de carácter claramente irregular", según se desprende del sumario de la Operación Brugal al que ha tenido acceso este diario.

Se trataría de Antonio Lorenzo Paredes, alcalde de Algorfa y diputado autonómico desde marzo de 2009 para cubrir la vacante de José Cholbi, y uno de los principales valedores de Francisco Camps en la Vega Baja; José Arronis, alcalde de Rafal, que recibió supuestamente el pago cuando era el candidato del PP en este municipio en 2007; José Manuel Gálvez Ortuño "Mora", regidor del PP de Jacarilla; Francisco Lancharro, concejal del PP en el equipo de gobierno y ahora en la oposición, y Aurelio Murcia, edil y portavoz del PP en Bigastro y asesor de José Joaquín Ripoll en la Diputación.

Las cantidades entregadas a los alcaldes y candidatos del PP -siempre según el informe policial- oscilan entre los 6.000 y los 9.000 euros y la policía las vincula a la financiación de la recta final de la campaña electoral. A tenor de las conversaciones telefónicas intervenidas, Fenoll y su hijo organizan su lista de distribución y entregas entre el 24 de abril y el 24 de mayo de 2007, a las puertas de la cita electoral municipal. La Policía Nacional también apunta como trasfondo de los pagos la renovación, ampliación o prórroga de las adjudicaciones públicas que el empresario mantiene en cuatro de los seis municipios citados.

Durante esos días de campaña Ángel Fenoll repasa verbalmente con su hijo esta singular contabilidad así como el reparto de cantidades, y deja claro en sus conversaciones que no es la primera vez que realizan operaciones de este tipo, e intentan hacer memoria sobre las cantidades que desembolsaron "hace cuatro años", por ejemplo, en el caso de Rafal.

En todos los municipios, a excepción de Bigastro y Pilar de la Horadada (socialistas) la concesión estaba y está en manos de Colsur, mercantil del controvertido industrial oriolano. Todos pertenecen con voto al consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, en el que Fenoll tenía un gran interés empresarial.

 Las conclusiones de los investigadores de la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional se derivan también de las conversaciones de Antonio Ángel e incluso de las que ambos mantienen directamente con alguno de esos alcaldes.

El juzgado que instruye el caso desglosó estas piezas -unos cincuenta folios- de la investigación principal sobre las irregularidades del Plan Zonal y la adjudicación de las basuras de Orihuela.

 Los medios de comunicación recogieron hace unos días que dos municipios socialistas estaban salpicados en esta supuesta trama de corrupción, si bien el informe policial deja claro que en Pilar de la Horadada y Bigastro se trataría de ediles del PP ahora en la oposición.

 (www.levante-emv.com, 16/09/10)

FENOLL A SU HIJO: ´A ÉSTE (LE DAMOS) POR LO MENOS LO MISMO QUE HACE CUATRO AÑOS´

Fenoll habla con su hijo. 21 de MAYO de 2007

Ambos hablan de autobuses que llevan a distintos actos electorales y después de entrega de dinero a cargos públicos. El destino del dinero, según el informe: la campaña electoral. La conversación gira en torno a una entrega en Rafal y, en otra posterior, hablan de que les queda por ver a Arroni, en referencia a José Arronis, alcalde de la localidad.

Fenoll hijo: Voy a ver a éste. Estoy entrando por aquí...No que te decía...la otra vez le di eso sabes...

 Ángel Fenoll: Seis mil ¿no?

 Fenoll hijo: Tres mil, tres mil...

Ángel Fenoll: Ah, pues dáselos los seis. Se lo doy en puesto de lo del otro... claro..y el otro se...

Fenoll hijo: Nada más queda este y el otro...

Ángel Fenoll: Ya, ya, cómo llevas...el otro ¿no llevabas seis para el otro?

Fenoll hijo: Sí, sí..el otro son seis

Ángel Fenoll: Pues dale seis, y como este ya vas tres... y después te llevas tres más y ya se le da al otro...Entonces, ¿el de Rafal ya lo hiciste tú o no?

Fenoll hijo: Si, sí, el de Rafal ya está..ah no, no...El de Rafal no, vamos no me lo llevé...

Ángel Fenoll: Ah pues habría que dárselo ¿no?

Fenoll hijo: Ya, pero se lo he dicho esta mañana que sacara el papel. Y yo apunté uno en un listado. Es que no lo apuntaste tú allí eh...

Ángel Fenoll: No lo sé

 Fenoll hijo: No, no lo apuntaste...se quedó allí...

Ángel Fenoll: Por lo menos lo mismo que hace cuatro años, lo mismo

 Fenoll hijo: Tres mil, tres se le dio...

  "Los nueve mil eran para el Mora"

Confusión con las cantidades. 27 de ABRIL de 2007

En esta conversación vuelve a quedar patente el rudimentario sistema de contabilidad que manejan los Fenoll.

Ángel Fenoll: ¡Ah! que le den por culo ¿no se le han dado 9.000 euros?

Fenoll hijo: No, a ese 6.000

Ángel Fenoll: Entonces nueve ¿para quién era?

Fenoll hijo: Para el otro

Ángel Fenoll: ¿A quién?

Fenoll hijo: Para el Mora (mote con que se conoce al alcalde de Jacarilla, José Manuel Gálvez Ortuño).

Ángel Fenoll: Ah nueve eran para el Mora, vale, vale

Fenoll hijo: Lo dijiste tú así..a ver si luego...he hecho tres sobres (...)

Ángel Fenoll: Pues ya está bien ¿sabes lo que te digo?

Fenoll hijo: Le estoy metiendo un rollo con todo, que hemos comprado toda la finca, que estamos mal... y que no estamos cobrando de los ayuntamientos, le he enseñado... ¿sabes?

 Ángel Fenoll: Sí.

Fenoll hijo: Estoy yo preparando, y luego le he dicho, mira esto es lo que podemos ayudar. Luego ya cuando salga preparamos y hacemos cosas y tal, además el contrato, digo más renovaciones no admite después ¿no?... ¿Es que no hay más empresas hostias? que va ganando dinero...todos esos solares que hay ahí que han recalificado el copón.

 Ángel Fenoll: Claro

"En Pilar habría que darle al Lancharro ese"

Repaso de poblaciones. 14 de MAYO de 2007

Dentro de las grabaciones que recogen los "repartos" por varios municipios de la Vega Baja que Fenoll le tiene encomendado a su hijo, destaca ésta en la que hablan de realizar una entrega supuestamente a un concejal de Pilar de la Horadada, porque hacen un repaso de varias poblaciones.

Ángel Fenoll: No eh.. te he dejado eso, ¿se lo has llevado?

Fenoll hijo: Sí, sí...he ido yo después...pero no he ido todavía porque estoy en la oficina

Ángel Fenoll: Ah vale, vale.. pues al de Pilar habría que verle para el tema ese ¿no o qué?

Fenoll hijo: El de Pilar y el de Bigastro también

Ángel Fenoll: Claro...

Fenoll hijo: Y el de Algorfa habló el otro día con Tono -supuestamente Antonio Lorenzo, el alcalde, según el informe policial-. Lo que pasa es que esta semana ya no he podido verle...

Ángel Fenoll: Ya. Al de Pilar habría que darle al Lancharro ese... -en aquel momento el concejal de Servicios y Mantenimiento era Francisco Lancharro-

 Fenoll hijo: ya, pero ya no estaba ahí la mamá...y no me ha dicho dónde estaba eso.. y bueno, voy a ir a ver si veo a Pedro...eh con estos...porque estos mañana tienen que estar en Madrid los chicos ¿entiendes? Si tienen que quedarse que se queden...

Ángel Fenoll: Bueno pues luego a la noche se les lleva a estos en un momento.. les llamas, sabes...al de Callosa ¿me entiendes o no?

Fenoll hijo: Vale sí, sí

(www.levante-emv.com, 16/09/10)

LA POLICÍA ASOCIA A RIPOLL CON UN COHECHO EN LA VENTA DE UNA FINCA

El informe policial del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) asocia el supuesto cohecho al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, con el sobreprecio de la compra de una finca. Según fuentes del caso, esta plusvalía sería la fórmula elegida por la trama para pagar la millonaria dádiva a Ripoll, dos pisos o su equivalente en metálico, entre 800.000 y un millón de euros.

El también presidente de la Diputación pudo recibir el regalo a cambio de supuestos favores a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll en la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. El contrato, valorado en 250 millones de euros, fue otorgado a Ortiz, pero la instalación se levantará en una finca de Fenoll. Este compró el suelo por 800.000 euros y lo ofreció a Ortiz por cuatro millones. Las mismas fuentes señalan que el plan inicial del presidente de la Diputación de Alicante era adjudicar directamente el proyecto al industrial Ángel Fenoll en compensación por su apoyo electoral.

Sin embargo, el arresto de Fenoll en el marco de la primera fase de caso Brugal (30 de mayo de 2007) obligó, al líder del PP alicantino, siempre según sostienen fuentes del caso, "a variar su estrategia". Finalmente, el presidente de la Diputación adjudicó el 3 de enero de 2008 el contrato a una UTE integrada por CESPA y una empresa de Enrique Ortiz. El informe policial subraya: "Si bien desde la Diputación se puntualiza que la ubicación definitiva al parecer estará situada en algún punto cercano a la pedanía oriolana de Torrendo".

En esta zona, el industrial Fenoll compró por 800.000 euros, según el informe policial, una finca denominada La Pistola. A los seis meses de la adjudicación, Ortiz propuso cambiar el emplazamiento de la planta a la mencionada finca. En ese período los contactos entre ambos empresarios, con la mediación del también empresario y amigo de Ripoll, Rafael Gregori, fueron constantes.

La investigación sospecha que Fenoll ya sabía que se iba a quedar fuera de la contrata, debido a la imputación por la primera operación del caso Brugal, y había firmado un contrato privado para la compra de la finca con Ortiz. Ese contrato, según la grabación de un diálogo entre el abogado de Fenoll y su hijo, condiciona la adjudicación a CESPA-Ortiz a la compra de la finca de La Pistola y, en caso contrario, el comprador tendría que indemnizarlo con diez millones. La vinculación de esta compraventa con el supuesto cohecho a Ripoll está reflejada así en el informe policial: "El propio Ángel Fenoll, indica, estaría dispuesto a compartir el beneficio obtenido de la venta con el presidente provincial [Ripoll]".

(www.elpais.com, 16/09/10)

ORTIZ, AL GANAR LA ADJUDICACIÓN: "SE HA HECHO UN TRABAJO BIEN HECHO" 

"Es para felicitarnos, se ha hecho un trabajo bien hecho", exclamaba por teléfono un eufórico Enrique Ortiz el 3 de enero de 2008, al enterarse de que la junta de gobierno del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII había adjudicado a su empresa Cespa-Ortiz la explotación durante 20 años de la recogida y tratamiento de residuos por unos 360 millones de euros. Ortiz hablaba con Rafael Gregori, que había estado trabajando para que otro empresario de la comarca de la Vega Baja, Ángel Fenoll, lograra ese contrato. "Entonces qué me debes, una buena invitación, ¡eh!", le contestaba Gregori antes de comentar la noticia con tres personas diferentes "adoptando un matiz distinto según se trate", puntualiza un informe policial del caso Brugal. 

Pocos meses después, coincidían en la Feria de Abril de Sevilla el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y el empresario Enrique Ortiz, con sus respectivas esposas. Fue el empresario el que se hizo cargo de la invitación en la que, entre otros, participó, también acompañado por su esposa, Rafael Gregori, intermediario fundamental en la trama de corrupción. La policía, que hacía más de un año que venía investigando el hilo de la corrupción relacionada con la adjudicación de una planta de tratamiento de basuras en la comarca de la Vega Baja, seguía sus pasos, les fotografíaba y grababa las conversaciones. Gregori comentó a uno de sus interlocutores "la eficacia y productividad de sus gestiones tendentes al acercamiento de ambos". 

Según la policía, se trataba de la primera de una serie de contraprestaciones que el adjudicatario de la planta de basuras ofreció a Ripoll. Unas contraprestaciones que se concretaron en vacaciones a bordo del yate Elena del empresario y que culminarían, como "principal dádiva", en "dos viviendas en una zona privilegiada de Alicante". 

Sin embargo, Ripoll ya estaba en la trama y en las grabaciones de la policía desde mucho tiempo antes. El presidente de la Diputación había conspirado para adjudicar la planta de basuras a Fenoll. Ahora se trataba de lograr que Ortiz se repartiera tarta con Fenoll, que financiaba al PP alicantino y, en especial, al de Orihuela y la Vega Baja. 

La investigación de la policía se estructura en capítulos, con actores diferentes, desde que la vigilancia detecta a principios de 2007 los movimientos de Ángel Fenoll para hacerse con la adjudicación hasta que, tras la adjudicación, se modifica el emplazamiento para que coincida con unos terrenos de este empresario. El presidente de la Diputación de Alicante, aludido como "el jefe", el "presi" e incluso, a veces, por el apodo de pitu, es el centro de todos los capítulos, en los que son también personajes fijos Fenoll y el intermediario Gregori, con el que el primero firmó un contrato de prestación de servicios por su mediación para la obtención de la contrata. Según ese contrato, requisado por la policía el 30 de mayo de 2007 en la empresa Colsur, cuando fueron detenidos Fenoll y su hijo, recibiría "50 céntimos por tonelada métrica de residuo recogido" durante los 20 años que durara la concesión. Gregori prestaba, pues, sus servicios a Fenoll con Ripoll, mientras el empresario de Orihuela compraba voluntades entre políticos y técnicos, hasta que quedó claro que la adjudicación sería para Enrique Ortiz. Entonces intermedió entre Fenoll y Ortiz y entre Ortiz y Ripoll, hasta alcanzar lo que la policía describe como "un pacto secreto promovido por altas instancias de la Diputación de Alicante" entre Cespa-Ortiz y la mercantil Proambiente, de Ángel Fenoll, "en aras a repartirse la adjudicación del Plan Zonal". 

Es en la primera fase -en la que Fenoll aspiraba con el apoyo de Ripoll a esa adjudicación- cuando se vio involucrado en el caso el portavoz socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, que dimitió el viernes y fue suspendido de militancia por el PSPV-PSOE. Amorós, a quien la policía intervino el teléfono, hablaba del concurso con Fenoll en conversaciones y en citas que los investigadores grabaron. También el ex secretario de Finanzas de los socialistas valencianos Josep Maria Cataluña habló y se encontró con Fenoll. "¿Cuándo acaba el plazo ese de la Diputación?", pregunta Cataluña en una llamada. "El día cuatro o por ahí", responde Fenoll. "Vale, vale, entonces tenemos tiempo", replica Cataluña. Los socialistas, más adelante, pasaron a ser prescindibles. 

"TODO CARIÑO, TE HUBIERA GUSTADO" 

Fenoll afirma sobre Antonio Amorós (portavoz socialista en la Diputación) en respuesta a un interlocutor que le pregunta si ha tenido que "darle cariño": "Todo cariño, todo cariño. Ayer te hubiera gustado verme. Nada más que me faltaba ponerme de rodillas delante de él. Hombre, yo de él soy bastante... Porque nunca le he fallado y tal. Y en fin. Tengo al marido de su sobrina, como te comenté, trabajando allí, en la planta. ¿Sabes?". 

"SE LA QUIEREN HACER A RIPOLL" 

Pedro Joaquín Meseguer (coordinador de la campaña electoral de la alcaldesa de Orihuela, Mònica Lorente, del PP): El otro tema... ¿cómo lo llevas? 

Fenoll: ¿El otro tema? Bueno, se la quieren hacer a Ripoll, como hay dos de la conselleria. 

Meseguer: Entonces se la van a hacer... 

"YA ESTÁ, CHAVAL" 

Enrique Ortiz (al enterarse de que su empresa ha resultado ser adjudicataria de la planta de residuos): Sí, ya está, ya está, chaval, ya está. 

Rafael Gregori: Sí. Entonces me debes una buena invitación, ¿eh? 

Ortiz: Te debo una comida. 

Gregori: Una buena comida. 

Ortiz: Pero de rabo. 

Gregori: Sí. Enhorabuena, Enrique, ¿n0? 

Ortiz: Esta... esta es para felicitarnos, se ha hecho un trabajo bien hecho. 

(www.elpais.com, 14/09/10) 

EL PP IGNORA LOS INFORMES POLICIALES Y PIDE RESOLUCIONES DE "CIERTA ENTIDAD" 

De nuevo, la cúpula del PP se reunía un lunes con varios escándalos de corrupción encima de la mesa. Y de nuevo, el asunto no ocupó ni un minuto del análisis de la estrategia. Mariano Rajoy, señalan en su entorno, está centrado en la crisis económica, que cree que le llevará al Gobierno, y lo demás apenas le inquieta. 

El PP está concentrado ahora en sacar partido a las decisiones impopulares sobre pensiones o sobre subsidios de desempleo que el Gobierno está apuntando. Tanto que Rajoy confirmó que llevará al Tribunal Constitucional la negativa del Ejecutivo a retirar la congelación de pensiones, tal y como se aprobó en una resolución en el Congreso promovida por el PP. El Gobierno insiste en que seguirá adelante y asegura que las pensiones mínimas han crecido con el PSOE hasta un 30%. 

Concentrado en esto, Rajoy ha optado por trabajar como si los escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana no existieran. Es una estrategia que funciona, según las encuestas. Aunque le crea problemas argumentales serios a sus portavoces a la hora de responder preguntas. 

Dolores de Cospedal, la secretaria general, no pudo explicar por ejemplo por qué en Baleares no podrá presentarse a las elecciones ningún imputado -sin importar la gravedad de sus presuntos delitos-, o en Madrid se expulsó del partido a todos los implicados en la corrupción de Gürtel y sin embargo en la Comunidad Valenciana siguen adelante como si nada Francisco Camps, Carlos Fabra, y Joaquín Ripoll, los tres dirigentes principales de esta comunidad, todos imputados en casos de corrupción. "Cada caso es cada caso", se limitó a decir ante la ausencia de argumentos para justificar la diferencia de trato. 

Durante toda la semana se han publicado detalles escandalosos no solo de la presunta corrupción de Ripoll -la policía cree probado con conversaciones y fotografías que recibió un soborno de dos pisos valorados en más de 800.000 euros- sino de la financiación ilegal del PP en Alicante, a través de un empresario, Agustín Fenoll, que habría pagado hasta las 70.000 llamadas para promover la campaña popular en la alcaldía de Alicante en 2007. 

Cospedal, que antes se había reunido con Rajoy, se dio por no enterada de todas estas informaciones y detalles que aparecen en 800 folios de un sumario judicial que ya ni siquiera es secreto. La secretaria general aseguró, en contra de lo publicado, que no hay "ni hechos, ni casos nuevos, ni nombres nuevos" y estableció una fórmula novedosa para avanzar cuándo habrá decisiones: "Debemos actuar al amparo de resoluciones judiciales que estén y que tengan ya una cierta entidad, no de otro tipo". No explicó qué quiere decir "de cierta entidad", aunque parece que Rajoy está esperando a que haya algún señalamiento de juicio o incluso condena, algo que se puede demorar meses o años. 

El PP ha optado por denostar a la policía y no dar ningún crédito a sus informes, de los que habla como si fueran documentos apócrifos. "Hoy por hoy, el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal es el PSOE", remató Cospedal. 

(www.elpais.com, 14/09/10) 

EL PRESIDENTE DE ALICANTE PIDIÓ AYUDA A ZAPLANA EN UNA OPERACIÓN 

Las escuchas policiales ordenadas por el juez que instruye el caso Brugal deparan nuevos protagonistas. El ex ministro Eduardo Zaplana aparece en tres conversaciones con el presidente de la Diputación de Alicante. José Joaquín Ripoll, exponente del zaplanismo, llamó al ex ministro para que convenciera a un amigo suyo que le ayudara a reflotar una televisión local. Zaplana, que no está imputado por el juez, aclaró anoche que "en ningún momento" llegó a mediar en esta cuestión. 

De hecho, en las dos conversaciones interceptadas por la policía, del 28, 29 y 30 de julio de 2009, Ripoll explica a Zaplana -que ya había abandonado la política- que pretende poner en marcha una "operación acordeón" para insuflar capital en Canal 37, propiedad de Tabarca Media S.A. 

La idea surgió de un hermano de Ripoll, Ángel Francisco, que vio oportuna la mediación de Zaplana con el empresario Robert Batauche, vinculado a Marina Greenwich, adjudicataria y concesionaria del puerto deportivo de Altea (Alicante). Ripoll llamó por teléfono al ex presidente de la Generalitat valenciana para informarle de que había una operación en marcha "a punto de cerrarse" para reflotar Canal 37. Hacían falta 1,5 millones de euros a depositar entre varios socios. El problema, según explicaba Ripoll, era "un pequeño escollo con Robert Bataouche". Zaplana preguntó de qué se trataba. "Que quiere llevarse un poco de pasta", le contestó Ripoll. El ex ministro se comprometió a intentar llamarlo esa misma noche. 

Había prisa, porque la operación debía cerrarse al día siguiente. Según se desprende de las conversaciones, el empresario amigo de Zaplana presuntamente había pedido 300.000 como contrapartida por participar en la operación. Al día siguiente, Ripoll volvió a llamar a Zaplana para explicarle que el empresario "no se baja del burro, quiere que haya un intercambio económico de 300.000 euros". Y Zaplana comentó: "Qué jeta". Luego apuntó sobre su amigo del puerto de Altea: "Creo que anda mal". 

Los dos coincidieron en que las condiciones de Batauoche no eran claras; al parecer pretendía plantear "una operación vinculada al puerto, aunque extraña", admitía Ripoll. "Él quiere que se lo pidamos ahí, al puerto, eso no se lo digas porque me ha pedido que no se lo diga a nadie, una especie de ayuda por el trabajo que hicimos en el instituto", añadía. Zaplana concluyó: "Eso no puede ser". Meses después el empresario Ángel Fenoll rescató la televisión. 

(www.elpais.com, 14/09/10) 

EL PP DE ORIHUELA DESCARTA EL CESE DE IMPLICADOS ´PORQUE LO DIGA LA PRENSA´  

La oposición de Orihuela considera que los datos que han trascendido del "caso Brugal" son más que suficientes para que se cobre sus primeras víctimas políticas. Sin embargo, el PP no está dispuesto a destituir a nadie ni a rescindir contratos "sólo por lo que digan los periódicos", como manifestó ayer el concejal de Contratación, David Costa. El edil se prestó a atender a los medios dado que la alcaldesa, Mónica Lorente, eludió las preguntas posponiéndolas hasta el final de un acto público y marchándose después en coche oficial. 

Tanto Los Verdes (LV) como el PSOE pidieron ayer mediante mociones al pleno del viernes la cabeza de Pedro Meseguer, coordinador de Alcaldía y mano derecha de Lorente, por supuestamente proponer que acudiera a votar una vecina de Callosa de Segura con el carné de una fallecida (así lo recogen las escuchas de la Policía). "No está imputado", dijo. 

(www.levante-emv.com, 14/09/10) 

LA POLICÍA VINCULA AL HERMANO DE LORENTE CON UNA FIRMA ADJUDICATARIA DE ORIHUELA 

Según el informe policial incluido en el sumario del caso Brugal, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, el Ayuntamiento adjudicaría a Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, empresa de Ángel Fenoll, el servicio... 

Un hermano de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, está vinculado a la empresa encargada del mantenimiento de los jardines en este municipio. 

Según el informe policial incluido en el sumario del caso Brugal, que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, el Ayuntamiento adjudicaría a Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, empresa de Ángel Fenoll (persona clave en este caso), el servicio, mientras esta a su vez, "serviría de fuente para el desvío de fondos a otras mercantiles del mismo grupo, posiblemente Bonsai Pool, que realizaría el servicio de mantenimiento y cuidado de jardines para que la figura de Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa, no se vea relacionado con la adjudicación directa de un servicio por el Consistorio presidido por su propia hermana". 

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales desvela "estrechos" lazos de Jorge Lorente con la empresa, Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, que ha cobrado más de un millón de euros del Ayuntamiento de Orihuela desde 2005 por servicios de jardinería, según una denuncia presentada ante el juez por la concejal socialista oriolana Antonia Moreno. 

Para los investigadores esa empresa "sería una mercantil interpuesta por el entorno de Fenoll para llevar a cabo el servicio de cuidado de parques y jardines de Orihuela", pero, en realidad, esta firma serviría para desviar fondos a otras mercantiles del mismo grupo, posiblemente Bonsai Pool, que en realidad es la que ejecutaría los trabajos. 

Esta última empresa es a la que está vinculado el hermano de la alcaldesa, que en 2004 figuraba como socio mayoritario, con un 97% de las acciones, pero a partir de 2005 se reparten al 50% entre Fenoll y José Javier Fernández. Es a partir de esta fecha cuando empiezan a trabajar con el Ayuntamiento.La empresa Bonsai Pool mantiene como administrador, desde su creación en 2004, a Javier Bru, concejal del PP en Albatera, socio de Fenoll que fueron detenidos, junto a otros cuatro socios, después de las elecciones municipales de 2007 por cohecho y extorsión. Estuvieron un mes en la cárcel, y salieron con fianzas entre 60.000 y 100.000 euros. 

El informe policial desvela que Jorge Lorente mantiene autorización sobre diversas cuentas bancarias de esta empresa, y que desde el año 2004 al 2008 ha percibido retribuciones que rondan los 59.000 euros. La policía incorpora algunas conversaciones telefónicas de Ángel Fenoll y del propio Lorente que acreditan estos datos. 

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Antonia Moreno, destacó que la facturación de más de un millón de euros a esta mercantil, Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, se contrató "al margen de la ley", ya que ninguna de las adjudicaciones se hicieron en contrato público y en la mesa de contratación. "Todas las facturas emitidas por esta empresa se han tramitado con reparos de legalidad por parte de la intervención municipal", según la concejal socialista, que exige a la alcaldesa de Orihuela que "deje de estar escondida y dé las explicaciones oportunas" sobre los escándalos que empiezan a implicar a sus familiares y personal de confianza. 

Y es que la familia de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, aparece estrechamente ligada a la trayectoria del empresario Ángel Fenoll en La Vega Baja. Fenoll irrumpió a mediados de los ochenta en el negocio de la basura en Orihuela de la mano de Manuel Lorente, padre de la alcaldesa y ex edil del PP. En esas fechas, el Ayuntamiento le adjudicó a dedo la basura en la costa. 

La adjudicación del concurso de la basura de Orihuela es uno de los pilares en los que se centra la investigación policial del caso Brugal. Pero los agentes han detectado otras supuestas irregularidades relacionadas con la planta Proambiente que el industrial tiene en Abanilla (Murcia) tras un análisis de las cintas de vídeo que se intervinieron en el domicilio de Fenoll en mayo de 2007. El vertedero se ubica justo en el límite de las provincias de Alicante y Orihuela. Para el Ayuntamiento, la planta es ilegal. Fenoll sostiene que la instalación cuenta con los permisos del Gobierno de Murcia. Según las investigaciones del Grupo de Delincuencia Económica de Alicante y la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF, Fenoll entregó un sobre con 480.000 pesetas a Joaquín Cuenca Ramón, entonces presidente de la Asociación de Regantes de la Murada Norte por gestionar supuestamente ante el Ayuntamiento de Orihuela un asunto relacionado con el camino que llega hasta la planta de Abanilla. 

Los agentes no han conseguido extraer ningún dato esclarecedor de estas gestiones, pero en las conversaciones mantenidas por aquel entonces entre Ángel Fenoll y Joaquín Cuenca aparece en varias ocasiones el nombre de Manolo, en alusión a Manuel Lorente. En la conversación se da a entender que todo lo que haga Ángel con Joaquín tendrá que ser dirigido por el tal Manolo. Fenoll aupó a la presidencia local del PP a Mónica Lorente, en junio de 2005, y en mayo de 2007, fue candidata y arrasó. 

Ayer en el Ayuntamiento de Orihuela la oposición hizo públicas las mociones que llevarán al pleno del viernes. El grupo de Los Verdes pide el cese del director del Gabinete de alcaldía, Pedro Meseguer, que en una conversación presuntamente planteó a Fenoll darle el DNI de una mujer recién fallecida para que otra pudiera votar dos veces. Y la socialista, Antonia Moreno, pedirá que se rescinda el contrato con la UTE concesionaria de la recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, David Costa, acusó ayer a la oposición de "dejar de trabajar" en 2008, "sentarse en una silla" y esperar a que el caso "Brugal" se hiciera público para, de esta manera, "intentar sacar rédito electoral". 

(www.elpais.com, 14/09/10)

"NO QUIERO QUE ME VEAN POR ALLÍ, NO SEA QUE UN FOTÓGRAFO ME PILLE" 

El empresario Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal y una de las piezas clave de la presunta trama de corrupción vinculada al PP, tuvo un papel determinante en la campaña electoral de las municipales de 2007 en Orihuela (Alicante). Tenía muchos intereses en juego y necesitaba que gobernara el PP. "Voy a trabajar todo lo que pueda y más para que ella [en referencia a la futura alcaldesa, Mónica Lorente, llamada a ser la sucesora del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll] gane", admite en una de las conversaciones interceptadas en la investigación judicial del caso Brugal. 

Según consta en el informe policial, el coordinador electoral del PP, Pedro Meseguer, facilitó al empresario un listado de electores que figuraban en el censo para realizar "70.000 llamadas telefónicas" para captar votos. Fenoll destinó a un equipo de entre "10 y 15 personas" para realizar estas llamadas. "Que digan que soy del PP, de la sede de Mónica Lorente", ordenó el empresario. Meseguer, actual jefe de prensa de la alcaldesa, proporcionó algunos teléfonos móviles. El censo electoral de Orihuela es de 41.000 votantes, según el INE, por lo que pudo haber segundas llamadas a un mismo número. 

La actividad de Fenoll fue frenética. El empresario organizaba y supervisaba los actos de campaña del PP, fletaba autobuses para los mítines, pagaba meriendas, mecheros y espejos de bolso para señoras. El informe policial hace referencia también a un supuesto pago de 1.200 euros al concejal del PP Ginés Sánchez el día de la inauguración de la nueva sede del partido. El empresario siempre urdía todas las operaciones, pero quería pasar inadvertido. "Yo no quiero que me vean por allí, no sea que un fotógrafo me pille", consta en una grabación referente a un acto en Orihuela de la candidata con residentes extranjeros.  

En la parte final del informe policial sobre la campaña electoral, los agentes desvelan cómo el mismo día de la cita con las urnas el empresario montó un dispositivo en los alrededores de los colegios electorales con algunos de sus colaboradores, camuflados dentro de sus vehículos, que repartieron papeletas del PP. Dos empleadas admiten que una tarde llegaron a ensobrar 1.200 papeletas. 

La policía concluye que de estas operaciones el PP estaba al tanto y que el apoyo de Fenoll "fue algo más que circunstancial, obedecía a una estrategia planeada para asegurarse la presencia en el Ayuntamiento de las personas que mejor iban a defender sus intereses". El empresario, que fue condenado por la Audiencia de Alicante por comprar votos para el PP a 5.000 pesetas en 1991, obtuvo en 2008 la adjudicación de la contrata de basura de Orihuela, que ha dado origen al caso Brugal. 

(www.elpais.com, 13/09/10) 

ORIHUELA PAGÓ A PROAMBIENTE Y COLSUR MÁS DE 21 MILLONES 

La relación del entramado empresarial de Ángel Fenoll y el Ayuntamiento de Orihuela (Alicante) no arranca en 2008, año en el que se adjudicaron tanto el Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja como la contrata de limpieza de la localidad oriolana. Entre 2005 y 2008, Colsur y Proambiente, principales sociedades del entorno de Fenoll, recibieron del Consistorio, ya de forma directa o indirecta, 21,1 millones de euros, básicamente como servicios de limpieza, según datos extraídos de la Agencia Tributaria a los que los investigadores policiales del caso accedieron tras la autorización del juez. 

Solo Colsur recibió en cuatro ejercicios (de 2005 a 2008, ambos inclusive) 18,34 millones de euros por la limpieza viaria en Orihuela Costa. De acuerdo con la investigación, las cantidades recibidas por Colsur van creciendo desde 2005 con la única excepción de 2007, en el que se llevó a cabo la primera fase de la Operación Brugal que supuso el ingreso en prisión de Fenoll.  

De 2007 a 2008, los pagos del Consistorio a Colsur experimentaron un salto, con casi un millón de euros de aumento del importe facturado. De forma indirecta, Colsur ingresó de Orihuela UTE, unión temporal de empresas encargada de la limpieza de edificios públicos y oficiales, otros 277.702 euros, así como 84.175 más de Orihuela Cultural, donde el Ayuntamiento es el socio único.

Proambiente, la empresa de Fenoll especializada en el tratamiento de residuos, recibió otros 2,82 millones de euros del Consistorio por el depósito y tratamiento de residuos. 

(www.elpais.com, 13/09/10) 

LA POLICÍA CREE QUE UN ALCALDE POPULAR RECIBIÓ DINERO DE FENOLL 

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario del caso Brugal dedica un apartado al alcalde de Callosa de Segura, Javier Pérez Trigueros (PP), de quien se sospecha que recibió pagos en metálico en 2007 y 2008 por parte del empresario Ángel Fenoll. El informe policial concluye que "existirían indicios suficientes" de un "presunto delito de cohecho y prevaricación" relacionado con la ampliación del contrato de la recogida de basuras y la limpieza viaria con Colsur a cambio de "presuntas entregas de dinero" y de "la contratación de personal a indicación del alcalde en persona". El Ayuntamiento de Callosa de Segura tiene adjudicado desde 2005 el contrato de limpieza de calles y recogida de residuos sólidos urbanos a Colsur SL por un período de 20 años. 

La investigación sobre la supuesta trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante se amplía también a los municipios de Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada y Jacarilla, sobre los que aún no se han hecho públicos los informes policiales. 

(www.elpais.com, 13/09/10) 

MÁS DE 300.000 TONELADAS DE RESIDUOS SE QUEDAN DURANTE AÑOS EN MANOS DE FENOLL 

A pesar de aparecer en el centro de las investigaciones en el caso Brugal como el empresario que supuestamente iba a verse favorecido de que el vertedero comarcal fuera a una finca de su propiedad, Ángel Fenoll sigue siendo el principal beneficiado también aunque el concurso haya quedado paralizado por la investigación. Y es que mientras los juzgados diriman los presuntos delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias que sobrevuelan a la adjudicación del Plan Zonal y la recogida de basuras de Orihuela (lo cual se demorará años, porque a este caso le queda un largo recorrido en los tribunales) al menos 300.000 toneladas anuales de basura de la Vega Baja continúan llevándose de forma «provisional» al vertedero de Proambiente, propiedad de Fenoll, situado entre La Murada (pedanía oriolana) y Abanilla (Murcia). Un vertedero rodeado a su vez de irregularidades —nunca ha estado claro en cuál de los dos términos se sitúa o cuál es la capacidad real de los vasos— pero que es el único que existe para la Vega Baja (excepto algún pueblo, que lleva sus basuras a Crevillent) y un área de la Región de Murcia. 

Es más, hace unas semanas se conocía la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número tres de Alicante que declara nula la adjudicación por parte del Consorcio del Plan Zonal (en el que están representados los ayuntamientos de la comarca y la Diputación, en la persona de Joaquín Ripoll). Este órgano decidió en enero de 2008 que la UTE Cespa-Ortiz construiría el vertedero comarcal en Torremendo, y no en la primera parcela prevista (Lo Cartagena), sino en otra, propiedad de Fenoll (La Pistola). La jueza obliga ahora a que la ubicación sea Albatera, pues esa era la que eligieron los técnicos (es precisamente otra de las ofertas de la misma UTE, participada por el empresario Enrique Ortiz, también detenido en el marco del caso Brugal). Algo tendrá ahora que decir, por su parte, el Ayuntamiento de Albatera, que podrá recurrir. 

Incluso en este caso —sin necesidad de acudir a las supuestas tramas que involucran hasta al presidente de la Diputación y aunque el vertedero ya no vaya a su finca— el empresario sigue obteniendo beneficios, puesto que las basuras siguen yendo a Proambiente. De hecho, ni siquiera hay explicación oficial hasta la fecha de por qué no se ha comenzado a construir ese vertedero en Torremendo estando resuelta hace dos años y medio la adjudicación. El mero hecho de que su construcción esté paralizada es ya un grave problema para la Vega, que algo tiene que hacer con su basura. 

De forma paralela a este Plan Zonal se ha venido desarrollando la adjudicación de la recogida de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria en Orihuela, una historia con un recorrido de dos décadas. En 1992 el Ayuntamiento adjudicó estos trabajos en la zona de Orihuela Costa a Colsur (la empresa de Fenoll) por un año, aunque los servicios se prestaron mediante prórrogas hasta 2008 de una forma que la oposición ha tildado de «ilegal» en muchas ocasiones.  

En 2005 se convocó un concurso, pero fue declarado desierto en diciembre de 2007 por el equipo de Mónica Lorente cuando ésta llevaba medio año en la alcaldía (después de ganar con una campaña electoral pagada por Fenoll, según revelan ahora las escuchas telefónicas de la policía). A esa primera convocatoria se presentó también Colsur, y supuestamente Fenoll «reventó» el concurso cuando se enteró de que quedaría tercero.  

Así, en marzo de 2006 sacó a la luz conversaciones grabadas en las que se decía que todo estaba amañando con la connivencia de ediles municipales: Las transcripciones hablaban de que Urbaser pagaría millones de pesetas a políticos, y el edil de Centro Liberal Jesús Ferrández decía: «Lo mejor sería que se quedara desierto», a lo que Fenoll respondía «si ponemos los medios, Urbaser no se lo lleva».  

Por su parte, Urbaser logró en julio de 2009 que el juzgado de lo contencioso número 1 de Elche estimase íntegramente su recurso a la decisión del pleno de paralizar aquel concurso. La jueza le reconoce «el derecho a ser la adjudicataria», pero lo cierto es que el contrato no lo tiene.  

Muy al contrario, este proceso en el juzgado no paralizó que se convocara un segundo concurso y que se adjudicara en septiembre de 2008. Resultó escogida una UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast. Con todo, la investigación policial ha detectado ahora, según el sumario, que Ángel Fenoll se habría presentado con su Colsur a sabiendas de que perdería para no levantar sospechas, pero también se habría asegurado el control de dos terceras partes de la UTE ganadora a través de testaferros. Según la investigación, sería él quien está hoy al frente de la adjudicataria que lleva año y medio prestando servicios en Orihuela a razón de 9,5 millones de euros anuales.  

De este modo —y aunque muchos ayuntamientos arrastran una deuda millonaria con Fenoll—, el empresario sigue beneficiándose de contratos con diversos municipios de la comarca y también en Proambiente por un número indefinido de años. Tantos como la justicia tarde en sacar conclusiones sobre toda esta trama del Brugal. 

(www.levante-emv.com, 13/09/10) 

PONS: ´LA INVESTIGACIÓN DEL CASO BRUGAL PODRÍA SER INCONSTITUCIONAL´  

Utilización de teléfonos de personas fallecidas, conversaciones implicatorias, grabaciones de vídeo, inversiones oscuras en canales de televisión, fotografías en yates de relaciones inexistentes... Las pruebas que rodean al caso Brugal conforman un extenso puzzle que ilustra un amplio informe policial. Sin embargo, todo apunta que para el PP no es suficiente. 

Tal como pasó con el caso Gürtel, no se prevé ningún movimiento en el horizonte. Así lo confirmó ayer Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del PP, que incluso advirtió de la posible ilegalidad de las escuchas realizadas, "si los pinchazos son de 2007 y el delito se cometió un año después y las detenciones se llevan a cabo en 2010... hablamos de una investigación ilegal, predelictiva e inconstitucional". 

El portavoz conservador mostró su "respeto total" al trabajo de las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque concretó que "por ahora tenemos un informe policial. Debemos esperar a que los jueces lo traduzcan". Consultado sobre la figura del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, Pons remarcó que "de momento está imputado y se le atribuyen dos pisos que no son suyos. Hay que ver a qué nos llevan las investigaciones".  

Cautela y presunción de inocencia fueron dos de las consignas del discurso del político valenciano sobre la polémica acaecida en Alacant, "tal como dijo ayer nuestra secretaria general, en el Partido Popular creemos y confiamos en la presunción de inocencia, no actuamos con precipitación".  

De hecho, González Pons quiso restar importancia a la existencia de la foto en la que Ripoll se encuentra en el yate de Enrique Fenoll, cuando negó cualquier relación entre ambos, "que yo sepa conocer o no a una persona no es un hecho delictivo".  

A su vez González Pons no quiso hacer comparaciones con el PSPV y la suspensión de militancia de Antonio Amorós, "por lo que sé y he leído en los periódicos hablamos de una persona que no está ni imputada en el caso. Ellos saben lo que han hecho y si tienen razones para ello".  

Por último, el responsable de comunicación desechó cualquier acción ante la aparición de la mancha de la corrupción y la inminencia de las elecciones municipales, "ya he dicho que el partido confía en la presunción de inocencia". 

(www.levante-emv.com, 13/09/10)

EL PP AMAÑÓ UN CONCURSO PARA EL JEFE DE 'BRUGAL'  

Casi tres años de escuchas policiales en el conocido como caso Brugal, que investiga la adjudicación del servicio de basuras de Orihuela (Alicante) han dado lugar a un informe policial de más de 480 páginas desvelado esta semana. En él, los investigadores relatan como el empresario Ángel Fenoll (implicado en varios escándalos en las últimas décadas que incluso le llevaron a prisión), al no poder hacerse con la multimillonaria adjudicación municipal (9,5 millones de euros anuales), preparó un entramado para concursar no sólo con su empresa principal (Colsur), sino con otra controlada por él de forma secreta (la UTE Sufi-Gobancast-Liasur). Ésta fue la que finalmente se hizo con el contrato el 30 de septiembre de 2008. En la trama aparecen implicados tres de los concejales de la alcaldesa oriolana, Mónica Lorente (PP), su principal asesor y su hermano.  

La investigación está unida a otra en la que se vincula al presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, con un empresario de las basuras de la ciudad de Alicante, Enrique Ortiz, y con Fenoll.  

No obstante, el relato policial no se circunscribe a esta legislatura, sino que comienza con las grabaciones de la pasada legislatura requisadas a Fenoll, cuando el alcalde era José Manuel Medina, también del PP, pero enfrentado a su sucesora dentro de la guerra interna que libraban los campistas contra los ripollistas en la provincia. En aquella etapa en la que Medina intentó hacer un nuevo concurso para retirarle el servicio, Fenoll grabó a ediles del PSOE que relataban las comisiones y regalos a políticos del PP y de la oposición.  

Ante el enfrentamiento de Fenoll con el alcalde Medina y la supuesta participación de su sucesora bloqueando el proceso de adjudicación a la empresa Urbaser (que era la que quería el entonces alcalde) antes de las elecciones de 2007, la investigación concluye que el empresario fue adquiriendo participaciones en pequeñas empresas que finalmente constituirían la empresa elegida. De esta forma, Lorente, una vez alcaldesa, no tuvo que enfrentarse al escándalo de otorgarle el servicio de forma directa. Entre tanto, sostiene el informe, Fenoll y su entorno se ayudaron de los concejales del PP Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía (núcleo duro de Mónica Lorente) para ir influyendo tanto en la confección del pliego de condiciones de la adjudicación del servicio como en el proceso final para que las valoraciones fueran las más favorables para él y conseguir el contrato. Incluso repartió móviles prepago con el objetivo de eludir la operación policial.  

La empresa tapadera de Fenoll logró 90,85 puntos en el concurso, su empresa oficial 84,81 puntos y Urbaser (a la que supuestamente quería favorecer el ex alcalde) quedó tercera en el proceso, con tan sólo 76,73 puntos.  

El informe también relata como el hermano de la alcaldesa, Jorge Lorente, participó en el supuesto entramado de tráfico de influencias y usó información privilegiada en una empresa satélite de Fenoll dedicada a la jardinería. 

(www.elmundo.es, 12/09/10) 

"JOAQUÍN [RIPOLL] NO QUIERE QUE NADIE SEPA QUE ÉL VA A IR EN EL YATE" 

Los informes policiales del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) dejan al descubierto la afinidad y connivencia entre los principales imputados en el sumario: José Joaquín Ripoll , presidente del PP de Alicante y de la Diputación; Enrique Ortiz , promotor y dueño del Hércules CF; y Rafael Gregori , empresario de la automoción y amigo íntimo del dirigente popular. Estos, sus esposas y amigos, festejaron la adjudicación de la contrata de la basura del plan zonal de la Vega (valorada en 250 millones de euros) con dos viajes de recreo en el lujoso yate del adjudicatario, Enrique Ortiz. Ripoll admite que hizo los viajes, "pero el segundo lo pagamos a escote". 

El primero, una travesía por las Baleares a bordo del yate Elena, propiedad de Ortiz, se desarrolló entre el 6 y el 8 de agosto de 2008. Con motivo de los preparativos, el 28 de mayo de 2008, Gregori advierte a su cuñado que "Joaquín [Ripoll] no quiere que sepa nadie que va a ir en el barco con Enrique". Sobre ese mismo viaje, Ortiz comenta al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, del PP, que no revele a nadie que ha invitado a Ripoll: "Pero ni en broma, por favor no digas nada, que me buscas la ruina". 

El segundo crucero se desarrolló la última semana de agosto de 2009. En este caso, Ortiz se limitó a prestarles la embarcación. El índice de satisfacción de los viajeros quedó reflejado en la siguiente conversación entre Ortiz y Margarita de la Vega, esposa de Ripoll, el 28 de agosto de 2009. 

Enrique Ortiz. ¿Estáis disfrutando? 

Margarita de la Vega. Disfrutando a tope. Muchas gracias, Ortiz. 

E. Para mí es un honor hacerte disfrutar. 

M. ¡Oh, qué gustito! 

Al día siguiente, Ortiz vuelve a hablar por teléfono con ella. 

E. O. ¿Cómo estás guapetona? 

M. Con amigos como tú da lujo, qué suerte tengo, qué afortunada soy con amigos como tú. 

La investigación policial concluye que como consecuencia de la adjudicación de la planta del plan zonal de La Vega, Ripoll pudo haber recibido dos lujosos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, por supuesto trato de favor a Ortiz y al también empresario Ángel Fenoll. El informe apunta, aunque no de manera taxativa, que la financiación de ambas casas podría proceder de la operación de compra de una finca de Fenoll por parte Ortiz para ubicar la planta. 

El intermediario en la operación de los pisos y la compra de la finca para la planta fue Gregori. En una conversación entre Ángel Fenoll y Gregori, fechada el 4 de diciembre de 2009, ambos coinciden en la necesidad de alquilar una finca propiedad de Fenoll para el vertedero. 

Ángel Fenoll. La finca hay que alquilarla. 

Rafael Gregori. Eso está claro. 

A. Si no estamos perdidos, ¿eh? 

R. Que sí hombre, que sí, eso está claro. Entonces te llamo y me paso a verte. 

El informe policial sugiere que el dinero que la promotora pide por los pisos lo sacarían de la operación de compra por parte de Ortiz de la finca de Fenoll donde se va a construir la planta. 

Fenoll y Gregori también hablaron sobre la forma de pago de la finca. 

Ángel Fenol. Ellos [se refiere a Ortiz] van a pagar en ese acto la finca entera, ¿no es eso? 

Rafael Gregori. Ellos, vamos a ver, te pagan lo que acordamos, te dan los pagarés avalados de toda la finca. 

A. ¿Ah, los pagarés avalados? 

R. Ellos te pagan dos millones de euros más IVA. 

Fenoll es, según la investigación, el cabecilla de la trama. La pieza clave en la adjudicación del plan zonal. Y, además, su protagonismo es absoluto en la segunda rama del caso Brugal: la contrata de la basura de Orihuela, adjudicada en octubre de 2008 a la UTE entre Sufi y la firmas Liasur y Gobascant. El informe prueba que las dos últimas firmas son una tapadera de Fenoll y que el industrial financió la campaña electoral del PP en las municipales de Orihuela de 2007. 

El informe también señala que Fenoll contó, para enmascarar las empresas que concurrían a esa adjudicación y hacerse con la contrata, con la colaboración de tres ediles del PP y de un hermano de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. En una conversación el 29 de enero de 2008, el edil de Orihuela Ginés Sánchez, uno de los implicados, comunica a Fenoll que el proceso administrativo de adjudicación se desarrolla como estaba pactado. 

Ginés Sánchez. No ha habido cambio, tal como se aprobó se ha aprobado [se refieren al pliego de condiciones]. 

Ángel Fenoll. ¿Tal como se acordó? ¿No?

El caso Brugal cuenta con un centenar de imputados por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. El alcalde de Elche, Alejandro Soler, informó ayer de que uno de ellos, el ex portavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós, seguirá dentro del grupo municipal pese a su suspensión de militancia.

 (www.elpais.com, 12/09/10) 

LOS MUÑIDORES 

- José Joaquín Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP en Alicante, es presidente de la Diputación desde 2006. La investigación señala que ha hecho valer su influencia política para urdir la trama corrupta a cambio de dádivas. 

Ángel Fenoll. Industrial afín al PP. Ha fraguado un imperio económico a la sombra del negocio de la basura. Irrumpió en Orihuela a finales de los ochenta de la mano del Manuel Lorente, padre de la alcaldesa, Mónica Lorente. Monopoliza las contratas de la basura en La Vega Baja. La investigación cree que falsificó empresas y financió al PP local. 

Enrique Ortiz. Constructor y máximo accionista del Hércules. Ha creado un imperio económico desde el negocio de la promoción inmobiliaria. También está implicado en el caso Gürtel. 

Rafel Gregrori. Empresario de la automoción y ex presidente de la Fundación del Hércules. Según la investigación, es el intermediario de la trama. 

(www.elpais.com, 12/09/10) 

RIPOLL A ORTIZ : ´A VER SI ARREGLAMOS DE UNA VEZ LO DE ORIHUELA´ 

Ripoll habla con Ortiz - 2 de OCTUBRE de 2008 

El presidente de la Diputación llama a Ortiz para pedirle que "coloque" a una señora de 50 años que él conoce como limpiadora. Ortiz le dice que no hay problema, que le diga que vaya y "la coloco en un sitio que esté contenta y arreglado". Ripoll le insiste explicándole que la mujer "no tiene ni para comer".  

Ripoll: Oye tenemos que juntarnos para ver si arreglamos de una vez lo de Orihuela y lo de ... 

Ortiz: hay que arreglarlo ya, me lleva a mí de cabeza, tengo más reuniones. 

Ripoll: Y a mí. A mí. 

Ortiz: Buah!, qué mareo, pues cuando tú digas nos sentamos y lo cerramos ya.  

El director de Cespa y Ortiz - 7 de OCTUBRE de 2008 

"El presidente tiene la misma prisa que nosotros, hay que darle un empujón a la alcaldesa" 

La Policía interviene una conversación que califica de "reveladora" entre quien podría ser Javier Llansó, director general de Cespa -empresa con la que Ortiz formó la UTE para optar a la adjudicación- y el propio Ortiz. 

Javier Llansó: Oye Enrique una cosita, vamos a ver yo estoy un poquito preocupado por el tema, por cómo se está, eh, torciendo por la evolución de lo del Plan Zonal, no, de Alicante, no. Entonces yo no sé, sería bueno que habláramos un día, no, o que.. 

Ortiz: Si cuando quieras. 

Llansó: Porque yo no sé si ir a ver a, que hiciéramos alguna visita que nos sentáramos, con, con...
Ortiz: Con Joaquín.  

Llansó: Si, si, eh... 

Ortiz:Cuando te venga bien vienes, me dices que día vas a venir y hablamos nosotros y luego nos vamos a hablar con él.  

Llansó: Si no yo creo que sería bueno, porque creo que llevamos demasiado tiempo sin aclarar la situación, no estamos en acción transitoria, que deberíamos movernos ya, para mover alguna tonelada, porque si no, la cosa no, la adjudicación de Orihuela es nefasta para nosotros, porque ponen a falta de (ilegible) de esta gente de Abanilla, no. 

Ortiz: Si, si. 

Llansó: Lo cual es todo un poquito raro, no me gusta, eh. 

Ortiz: Pues mira a ver tu agenda y cuando digas de venir, yo le pido la cita y aprovechamos que vienes para tener una reunión. 

Llansó: Vale, de todas maneras, tú que ge..., estás haciendo gestiones o has hablado con él. 

Ortiz: Si, si, si, he estado hablando con él y el presidente tiene igual prisa como nosotros. 

Llansó: Entonces cual es el problema porque no lo entiendo muy bien.  

Ortiz: Pues la, el permiso de donde nos dan la transitoria, porque lo ideal es que nos dejaran montar en la misma finca que hemos comprado, pero parece ser que había pegas y hay que pegarle un empujón a la alcaldesa para que nos dé permiso para montarla allí en Abanilla. 

Llansó: Ya. 

Ortiz: Vamos en La Pistola en la misma Pistola. 

Llansó: La Pistola, pero la alcaldesa lo único que ha hecho es adjudicar la recogida a unos tíos que lo que hacen es poner el vertedero de la Abanilla, que, que... 

Ortiz: Si. 

Llansó: Incumple todo lo incumplible, ya lo sabes.Mucho no nos quieren resume la alcaldesa, por lo que ha demostrado.

Ortiz: No, si, si, lo que pasa es que nos aprieta un poco, sabes, como está el Fenoll este por el medio y aprieta.
Llansó: Ya, ya. Pero a mí.

Ortiz:Tú dime cuando vienes y nos ponemos duros y empezamos de una manera u otra.

Ripoll habla con Gregori - 9 de SEPTIEMBRE de 2008 

"¿Os han hecho la foto a la salida o qué? 

Un mes antes de las conversaciones recogidas antes, Gregori organiza una comida en un conocido restaurante de Alicante con Ortiz y Ripoll. Al salir, el presidente de la Diputación avisa a los empresarios para que no salgan porque hay prensa en la puerta. Después habla con Gregori. 

Ripoll: ¿Cómo acabó la comida? 

Gregori: Bien, bien, bien, yo apretándole a éste -a Ortiz-. 

Ripoll: Je, je, es más duro que la leche.  

Gregori: Este tío... me cago en su padre. Hombre, yo creo que lo llevaré al huerto, pero es difícil.  

Ripoll: Difícil, difícil, si. 

Gregori: Sacarle un duro, no?  

Ripoll: Nunca acabas de negociar, siempre está negociando. 

Gregori: Ahora que si resulta que lo que hablamos en Navidad no vale, ¿no? Y que hay que los dos... los cuatro paquetes que me pone ahí, pero vamos a ver, déjate, si yo ahora me voy con esta canción al tío, ¿no? Me manda a hacer puñetas -supuestamente habla de Fenoll-. 

Ripoll: Te rompe las piernas, je, je.  

Gregori: Pero además que no salgo de Orihuela. 

Ripoll: Ja, ja, ja, ¿os han hecho la foto a la salida o qué?  

Gregori: No, no, no, se había marchado ya. 

Ripoll: Se había marchado ya 

Gregori: Es que parece ser que estaba la consellera de Turismo ahí. 

(www.levante-emv.com, 11/09/10) 

LA TRAMA UTILIZÓ MÓVILES DE MUERTOS Y PREPAGO PARA EVITAR LOS PINCHAZOS 

La brigada de Blanqueo de Capitales no lo ha tenido fácil, aunque se pueda pensar lo contrario, para tejer todo el hilo argumental del "caso Brugal". Hay "páginas en blanco" en el correlato de hechos, llamadas que se iban a producir y nunca llegaron, citas que se iban a celebrar y nunca se supo si tuvieron lugar. La Policía, además de tener pinchados en un momento dado de la investigación hasta una docena de teléfonos, sabía que los implicados estaban usando teléfonos de prepago que eran adquiridos por testaferros en las tiendas.  

Así aparece en dos piezas distintas del "caso Brugal". Una, la que hace referencia a la adjudicación de las basuras; y la segunda, el plan zonal. Al final, sus dueños "caían" porque la Policía tenía sistemas para captar la señal, conocer el número y, finalmente, pincharlo. Entre los beneficiarios de algunos de estos teléfonos, que fueron repartidos a finales de enero de 2008, según el informe, está Antonio Ángel Fenoll, el concejal de la Limpieza de Orihuela, Manuel Abadía; Jorge Lorente, empresario y hermano de la alcaldesa; o Ginés Sánchez, edil de Medio Ambiente. De otros tres móviles ha sido imposible saber su usuario. 

Hay otros móviles que ha sido imposible saber con quién hablaron sus interlocutores, según descubre un informe de una empresa del sector ante un requerimiento del área de Telecomunicaciones, sección de Observaciones, de la Dirección General de la Policía. Así se han podido recuperar de algunos números sólo las llamadas que recibió o se hicieron con él los dos meses anteriores. Lo que pasó antes, nadie lo sabrá nunca. 

Uno de los teléfonos "de seguridad" que más llama la atención a los agentes fue utilizado en 2008 por Rafael Gregory. Era un número en el que él tenía que confiar a la fuerza porque "había venido siendo utilizado anteriormente por el empleado de Autisa, C.P. hasta su fallecimiento el pasado mes de agosto". Ante esta circunstancia, era el móvil de un finado, se procedió por parte del Ministerio Fiscal, "basándose en informes policiales, a solicitar su inmediata observación e intervención". De ahí han salido algunas de las conversaciones más jugosas. 

La Policía también relata lo que "denomina tráfico cruzado de llamadas" entre algunos personajes de estas tramas y le llama la atención que, incluso, en un mismo día y utilizando el mismo par de teléfonos, puedan cruzarse hasta doce llamadas en sólo tres horas. Los investigadores también han descubierto citas a las cuales los implicados acudieron en coches prestados, para no ser seguidos, y encontraron un "lenguaje cifrado" que identifica "pisos" por "limones" o "matrículas de camiones" por "contratos". Y llegan a hacerse expertos en estas interpretaciones. Así, por ejemplo, se atreven a decir, en relación al supuesto beneficio que pudo obtener Ripoll con la siguiente 0: "...la existencia de esta supuesta dádiva podría explicar el comentario realizado por éste (por Gregory) al final de la conversación "¿sabes, están baratos, están cayéndose al suelo", pudiendo venir referido al descenso del precio de la vivienda registrado en la ciudad de Alicante en los momentos presentes", diciembre de 2008. 

LA CONVERSACION

"...Y los tienes ya preparados todos, les han quitado el pin..." 

El concejal de Turismo de Albatera, Javier Bru, y Ángel Antonio Fenoll, hijo del dueño de Colsur, mantuvieron una conversación el 23 de enero de 2008 en relación a los terminales ya disponibles. 

Javier Bru: ¿Sí? 

Antonio Ángel: Javi. Dime.

AN: ¿Dónde has dejado el teléfono?

J: Lo tienes ahí en el despacho, en una bolsa verde. 

AN: Sí aquí, vale, vale. Y los otros, ¿dónde están? 

J: Los otros como se ha quedado ella quitándoles el pin... 

AN: Sí. 

J: ¿Sabes, hay que recogerlos ahora, lo que pasa que yo no estoy ahí. 

AN: Ya, ya, ya, se... estoy yo aquí. 

J: Hay que recogerlos porque tendrá una lista hecha de los teléfonos...

AN: ¡Ah¡, vale, vale.

J: Y los tiene ya preparados todos, les ha quitado el pin...

AN: Sí.

J: Y los albaranes ya los ha preparado. Sí, y ha hecho los tres albaranes que hay que recogerlos, están pagados.

AN: Tres ¿qué? 

J: Tres albaranes. 

AN: Vale, ¿a nombre de quién?, bueno venga, vale, vale. 

J: Sí, están pagados solo hay que recogerlos. 

AN: Venga, vale, vale. 

"¿Qué haces hablando ¡No hables por teléfono!" 

Ángel Fenoll y su colaboradora en Callosa, Fina Candel, hablan sobre un supuesto pago.

Fina Candel: Te lo dije, déjame libre (ilegible). Y si me dejaras tú libre fuerza, cuando le ha dado Antonio Ángel el dinero al alcalde, me tenía que haber dicho, Fina, voy a darle el dinero, y ya tengo yo una base muy grande para decirle, Javier....  

Ángel Fenoll: Fina, Fina, Fina 

F: ¿Qué ?

 ÁF: ¿Qué haces hablando?, ¡no hables eso por teléfono!. 

(www.levante-emv.com, 11/09/10) 

LA RED URDIÓ SUBIR EL PRECIO DE LOS RESIDUOS PARA COMPENSAR A ORTIZ POR EL SOBRECOSTE  

Uno de los capítulos más interesantes de las grabaciones que obran en poder del juez se refieren a las negociaciones para que Ortiz adquiriera a Fenoll la finca donde, finalmente, se instalaría el vertedero. Ortiz había ofrecido unos terrenos en Torremendo que, según el sumario, no eran suyos ni tenía resuelto el contrato con los propietarios, con lo cual lo más lógico era aceptar los consejos de Gregori y otros para adquirir la de Fenoll. Precisamente, la finca del empresario oriolano se había desestimado por el Consorcio; entre otros motivos, porque era pequeña. Así, todos quedaban relativamente contentos y se recompensaba al empresario oriolano por los esfuerzos realizados en sufragar la campaña electoral del PP en Orihuela, según dice la Policía en los tomos del "caso Brugal". Para Ortiz era una inversión imponente porque no sólo tenía que comprar la de Fenoll, sino otra adyacente para poder instalar la planta. Era diciembre de 2008. 

 La cifra de la que se habla en las conversaciones grabadas es de cuatro millones de euros y se refieren a ella como el "sobrecoste" de la operación. Según la documentación, a Fenoll le costó la suya 800.000 euros (aunque declaró la mitad, siempre según la investigación) y quería tres millones por su venta.  

Según se desprende de las conversaciones del sumario ese sobrecoste que para Ortiz iba a tener la operación tendrían que compensarse de algún modo y entre las propuestas que figuran en autos la más llamativa era el que podía ir recuperando la inversión, "mediante un sobrecoste sobre el precio por tonelada de basura que le pagaría el Consorcio". Es decir, la cantidad que la adjudicataria cobraría por cada mil kilos de basuras tratada sería superior al inicialmente previsto. De hecho, según los informes policiales, Ortiz no terminaba de verlo claro porque ésto aún había que incluirlo en la propuesta económica.  

La cantidad de un millón de euros se repite en innumerables conversaciones como la "señal" que tendría que entregarse a Fenoll para que accediera a la venta e, inmediatamente, anunciarse la ubicación final. Fenoll cobraría en los años siguientes el resto porque la planta no se podría en marcha de inmediato, sino que se iba a entrar en un periodo de tránsito para la adecuación de las instalaciones.

Ortiz y Gregori

"... Que todo el mundo quede contento" 

La Policía interviene una conversación entre Ortiz y Gregori de la cual "se desprende la necesidad de acuerdo" con Fenoll para que venda su parcela. Para los investigadores, "el Presi" -Ripoll-, debe quedar contento. 

 Rafael Gregori: ¿Te cuento un poquito cómo van los tiros, no? 

Enrique Ortiz: Sí, pero a éste le tienes que llevar ahí en mantillas como sea.  

R: Hombre, a éste al final lo tenemos que llevar en mantillas porque yo mañana cuando tú y yo estemos juntos y tú te reúnas con tu gente, ¿no? Yo hablo con el Presi, ¿entiendes? 

E: Sí. 

R: Y ya le digo, oye, que lleve el tema final y punto, ¿entiendes? 

E: Ya, porque (no se entiende)  

R: Quiero hacerlo...oye, quiero hacerlo bien con éstos, también, ¿entiendes? 

E: Que si, que sí, que ya te digo, que yo estoy en la misma tesitura que tú, que todo el mundo quede contento.

R: Exactamente, entonces voy a ver un poquito cómo.

E: Pero sobre todo, pero el primero tiene que quedar contento es el que tiene que quedar contento , ya lo sabes tú. 

R: Ya está el tema donde .. el tema donde tiene que estar , muy bien, nos vemos mañana... yo mañana te llamo, nos vemos , te digo un poquito cuáles son las pretensiones de esta gente para encaminarlo, no, eh, y hablas tú con los tuyos. 

E: Vale, vale. tú éstos, al final haremos nosotros, yo en mi casa haré lo que tenga que hacer, me entiendes, o a las buenas o a las malas , pero que tú también tienes que coger a aquel y apretarle de los huevos y decirle, no te pases porque si rompes la baraja, jodes aquí a todo el mundo. 

(www.levante-emv.com, 11/09/10)

UN INDUSTRIAL CORRUPTO COMPRÓ DOS TELEVISIONES LOCALES A PETICIÓN DE RIPOLL 

Ángel Fenoll , empresario imputado en el caso Brugal , sostuvo económicamente un grupo mediático del PP alicantino a petición del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll , también imputado. A cambio, según las grabaciones que constan en el sumario, reclamó contrapartidas. La investigación policial ha permitido confirmar que Fenoll compró a petición de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, asimismo imputada, la emisora local Canal Vega Televisión, de cuya empresa, TV Orihuela, SL, es administrador único desde enero de este año. Previamente, Fenoll se hizo cargo, a través de personas interpuestas, de la empresa Tabarka Media, SA, que gestiona dos televisiones locales, Canal 37 en Alicante y Onda Mariola, en Alcoi. 

Tabarka Media es el grupo que alentó en su día Eduardo Zaplana y para el que consiguió en 2002 el entonces presidente de la Generalitat valenciana apoyo financiero del grupo francés Bouygues, accionista mayoritario de Aguas de Valencia en esa época. Al frente de Tabarka Media estaba Genoveva Reig, que fue directora de Canal 9 y directora General de Comunicación del Gobierno valenciano en la época de Zaplana. Reig dejó oficialmente la dirección de Canal 37 y Onda Mariola el pasado mayo para engrosar al mes siguiente la nómina de 75 asesores de Ripoll en la Diputación. 

En realidad, Reig ya había dejado su cargo en el consejo de administración de la empresa en diciembre de 2009, cuando cedió su administración a Bruno José García Soto, hombre vinculado a las empresas de recogida y tratamiento de basuras, como el propio Fenoll, en cuyo nombre entró en Tabarka Media en octubre, cuando se hizo una ampliación de capital. García Soto había comprado en julio de 2009 una empresa llamada Medios Hábiles, SL, en el banco de sociedades de Ramón Cerdá Sanjuán. Medios Hábiles sirvió para entrar en Tabarka Media. Posteriormente, en enero de este año, García Soto dejó la administración de Tabarka Media, que pasó a manos de Fernando Tomás Herrero, presidente de la Asociación de Promotores Turísticos de Dénia. El pasado 30 de julio se celebró otro consejo extraordinario de Tabarka Media para sustituir también a Tomás Herrero. 

Estos cambios accionariales y de gestión en poco más de un año encajan con el informe policial incorporado al sumario del caso Brugal , según el cual, el empresario de Orihuela se hizo cargo de las dos televisiones de Alicante, tal como le pidió Ripoll, pero se negó a invertir grandes cantidades de dinero en una empresa cuya situación financiera era insostenible, lo que obligó a buscar de manera urgente otro inversor que evitara su desaparición. El propio Ripoll reconoció ayer que contactó con Fenoll para que entrara en el accionariado de la televisión. "Fue una iniciativa en el contexto de crisis y para intentar reflotar una empresa alicantina", puntualizó. El líder del PP desvinculó esos contactos con la adjudicación de la planta del plan zonal; "fue después", puntualizó. 

(www.elpais.com, 11/09/10) 

EL LÍDER DEL PP DE ALICANTE DICE NO SER AMIGO DEL EMPRESARIO EN CUYO YATE VIAJÓ 

El presidente de la Diputación de Alicante y líder del PP provincial, José Joaquín Ripoll, le había dicho al juez que no era amigo del empresario Enrique Ortiz, uno de los imputados en el caso Brugal. Ayer admitió haber viajado en su yate.  

Vacaciones pagadas a bordo de un lujoso yate y dos áticos en el centro de Alicante o su equivalente en metálico, un millón de euros. Éstas son las «contraprestaciones» que, según el sumario de la operación Brugal, recibió Ripoll a cambio de supuestos favores políticos en la adjudicación de una sustanciosa contrata pública: el plan zonal de residuos de la Vega Baja. Él negó ayer haber recibido los pisos y dijo que sólo los visitó porque estaba pensando en comprar una vivienda, que finalmente adquirió con hipoteca en un edificio distinto al investigado por la Policía.  

Los informes policiales recogen la supuesta existencia de una trama de regalos por parte de los empresarios Enrique Ortiz (máximo accionista del Hércules) y Ángel Fenoll -ambos detenidos en julio- a cambio de supuestas ayudas en los momentos precisos e información privilegiada. La Policía enmarca dentro de esta presunta red de regalos las vacaciones que Ripoll disfrutó a bordo de dos yates propiedad de Ortiz en al menos dos ocasiones, una vez en Mallorca y otra en Ibiza y Formentera. También cenó con su mujer en el barco de Ortiz en la Feria de Abril de Sevilla en 2008.  

Y eso a pesar de que, en julio, en su declaración ante un juez de Orihuela que le imputó por cohecho, entre otros delitos, Ripoll negó ser amigo de Ortiz y descartó que mantuvieran ningún tipo de relación más allá de un contacto «institucional».  

Sin embargo, Ripoll admitió ayer en rueda de prensa que del 6 al 8 de agosto de 2008 viajó a Mallorca como «invitado» en el yate de Ortiz, el Elena, una embarcación en la que no falta ni un solo detalle de lujo, como un jacuzzi y una bañera vaciada en una sola pieza de mármol. El «megabarco», como lo llama en una conversación telefónica la esposa de Ripoll, Margarita de la Vega.  

También viajó a Ibiza en agosto de 2009 con su esposa y otros dos matrimonios en otro barco que Ortiz prestó al imputado Rafael Gregori, quien, según la Policía, actuaba como intermediario entre Ripoll y Ortiz. Ripoll explicó que los gastos de combustible y comida los pagaron «a escote», y cifró el coste en unos 2.000 euros. Según aseguró ayer, «ni el señor Ortiz me pidió nada a cambio ni yo le ofrecí nada a cambio». Además, el presidente y su esposa estuvieron con Ortiz en a la Feria de Abril en 2008, como atestiguan las fotografías tomadas por la Policía. La pareja cenó en el yate de Ortiz, después de que el empresario hablara por teléfono con la esposa del presidente. «Que me invite, le gorronearé un poco», explica ésta en uno de los pinchazos, en el que también cuenta que le pidió a Ortiz: «Que me haga una fiestecita para el viernes, que vienen unas amigas».  

(www.elmundo.es, 11/09/10)  

FAJOS DE BILLETES EN BOLSAS DE PAPEL  

Una de las piezas separadas del «caso Brugal», intervenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales en la casa de Ángel Fenoll en 2007, desvela el método que el empresario utilizaba en su despacho para grabar a políticos, con fines que no ha aclarado la investigación hasta ahora. Bolsas de papel y fajos de dinero que cambian de mano. 

Al menos en dos asuntos que se han desgajado del «caso Brugal» aparecen imágenes o videos de personas recogiendo fajos de billetes en el despacho de Fenoll. Son videos sin fecha y apenas han dado lugar a más diligencias que la identificación de los protagonistas y la transcripción de conversaciones. Nada más. En una se sabe que Fenoll entregó, dice el informe, 480.000 pesetas –no se habla de euros como moneda– a un hombre al que se relaciona con una candidatura electoral en Cox en 2003; en el segundo, el que recibe el dinero fue concejal en la Vega Baja en 1999. Probablemente, en caso de existir algún delito, éste estaría prescrito porque las grabaciones se sitúan, probablemente, entre 2002 y 2005, pero ofrecen una valiosísima información sobre cómo se realizaban las grabaciones.  

«¿Se va a terminar la cinta?» 

En uno de los videos se observa a un empleado de Fenoll preparando la grabación. Entra en la habitación con una bolsa de papel que deposita en la mesa. Habla a través del teléfono con alguien y duda si tiene que darle ya al «rec» –el botón de grabación de la cámara– porque, dice, teme que sea muy pronto y se acabe la cinta antes de tiempo. Hace su papel con profesionalidad, rápido y sin miramientos. Todo está listo. 

 Asientos a dos alturas 

Cuando sale el trabajador, se puede observar durante unos instantes cómo es la instancia, un despacho de no más de 20 metros cuadrados. Se ve descuidado, con papeles desordenados por las mesas y panfletos de publicidad. El sillón del gerente de Colsur es más alto que los dos que están frente a él. Hay sitio para poco más La cámara está estratégicamente situada en el ángulo superior izquierdo. La visión es perfecta. 

Entran los dos protagonistas 

Fenoll entra con un político. Van comentando cuestiones intrascendentes sobre algún concejal, al que tratan por su apodo. Hablan de contratas, pregunta el empresario por cómo está el alcalde.

La bolsa  

El invitado coge uno de los folletos en sus manos y lo ojea de forma descuidada hasta que Fenoll se lo quita de las manos para centrar su atención. El empresario, en ese instante alarga el brazo y coge la bolsa de papel que está en el otro lado.  

«¡Ahí va!» 

Ángel Fenoll, al tiempo que coge la bolsa le dice a su invitado «¡Ahí va!» y éste le contesta: «Va ahí, pues ya está», pero el empresario no se la da. Saca del interior otra más pequeña y, dentro de ésta, un gran fajo de billetes. En la grabación se observa cómo los cuenta, de forma descuidada, pero permitiendo que en todo momento la cámara capte la escena. De pronto, Fenoll se muestra contrariado y dice: «Mira si sabía yo que faltaba. Siete». 

A por más 

El empresario vuelve a guardar con sumo cuidado el dinero en la bolsa. A continuación, sale de la habitación sin mediar palabra mientras el político, que aguarda al otro lado de la mesa, se queda solo y se mueve nervioso. Pasan los minutos, pero Fenoll no vuelve. El invitado vuelve a coger el catálogo. Ni tan siquiera se atreve a mirar la bolsa que está a su lado. 

«Es que hoy los bancos...» 

Fenoll vuelve a la escena con un sobre que lleva en una mano. Lo primero que hace es disculparse por la tardanza «Es que, ¿sabes lo que pasa?, que hoy, hoy los bancos...» y le interrumpe el convidado: «...están perdidos...». Fenoll retoma el hilo de la conversación «... si no vas tres o cuatro días antes, no te lo dan ¿eh?». El político hace un gesto afirmativo y dice: «solamente pueden tener creo que son dos millones o tres millones de pesetas en efectivo». 

Otro fajo más 

Fenoll alcanza su silla y abre el sobre que lleva en la mano donde se observa otro fajo de billetes. Lo cuenta muy por encima, permitiendo que la cámara lo grabe todo. Después, lo une al resto en la bolsa pequeña. Parece un ritual repetido en mil y una ocasión. El invitado apenas mira de forma descuidada y no le da conversación, mientras el empresario está concentrado en acabar el paquete.
 

Gestos y palabras a medias 

El dinero se queda sobre la mesa. En ese instante, el invitado dice «Bueno, me voy». Fenoll parece sorprendido y le interpela: «que te vas, el...». Se cruzan unas frases a medias que los dos parecen entender pero que no tienen sentido. Al final, Fenoll le hace un gesto y éste le contesta otro, mostrando dos dedos de la mano derecha. 

«No preguntes, no preguntes» 

La conversación no se acaba y ambos siguen sentados. Hablan del alcalde, «...yo con el alcalde firmo, por él, firma, no, no, sí tú me lo dices, sí». Ángel no parece convencido y el político le replica: «Y no preguntes, y no preguntes... bueno, me fío de ti. Tú, si tienes alguna duda, me preguntas. No digas no nunca, tú pregunta, yo te digo: si o no». 

«Se nos echa la campaña encima» 

El invitado se levanta y Ángel Fenoll le dice: «Se nos echa la campaña encima y todo el tema». El político se gira y un instante antes coge la bolsa de papel de la mesa sin mediar palabra, sin firmar nada. Ambos salen de la estancia para despedirse. Al cabo de unos instantes, Fenoll vuelve. Le da al botón de «rec» y todo se apaga como si ahí no hubiera ocurrido nada. 

(www.levante-emv.com, 13/09/10) 

'CASO BRUGAL': PARADIGMA DE LA PROMISCUIDAD ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

El detonante fue un supuesto soborno por la contrata de la basura en el municipio de Orihuela (en el sur de Alicante) en 2006. El denunciante de aquel presunto cohecho fue el industrial afín al PP, Ángel Fenoll. No obstante un año más tarde, éste se convirtió en la primera víctima policial de una supuesta trama corrupta destapada por la policía, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Las diligencias policiales de esta investigación integran el sumario del denominado caso Brugal, que tres años más tarde arroja un saldo de 100 imputados por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias, presuntamente explicitados en millonarias dádivas y financiación ilegal del Partido Popular. 

Los dos pilares de esta trama son la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela y la planta del plan zonal de La Vega Baja. La primera, tras el intento fallido de 2006, se adjudicó en octubre de 2008 a una unión temporal de empresas liderada por Sufi y las firmas Liasur y Gobancanst. El valor del contrato es de 190 millones por 20 años. La segunda pata de la trama es la planta del plan zonal. Ésta fue adjudicada por la Diputación de Alicante en enero de 2008 a la unión temporal de empresas integrada por Cespa y una empresa del promotor Enrique Ortiz. La instalación se levantará en una finca propiedad de Fenoll y el contrato está valorado en 250 millones de euros. 

Los muñidores de esta supuesta trama, según la investigación, son el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, el industrial Fenoll y el promotor alicantino y dueño del Hércules, Enrique Ortiz. 

Según la investigación, Ripoll, heredero del sector zaplanista del PP valenciano, ha hecho valer su influencia y poder político desde la presidencia de la Diputación. Un dato gráfico es su nómina de asesores: 76 en total. El empresario Ortiz ha puesto sobre el tapete su poderío económico gestado en el ámbito de la promoción inmobiliaria. El propietario del Hércules es el adjudicatario del mayor PAI de la Comunidad Valenciana (el plan Rabassa, con 13.5000 casas). Y Fenoll como el verdadero patrón de La Vega Baja, donde monopoliza casi en exclusiva las concesiones de la basura y limpieza. Sus negocios siempre rayan en la ilegalidad. En juez llegó decir de él: "Se cree que tiene patente de corso". 

Por la causa de la contrata de Orihuela hay un total del 45 imputados, entre ellos, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP, ocho ediles populares de ese ayuntamiento, más el ex socialista Francisco García Ortuño y dos ex ediles del Centro Liberal, Jesús Fernández y el fallecido Joaquín Escurra. En este caso, la policía ha probado que las firmas Liasur y Gobancants son una tapadera de Fenoll y que éste pagó la campaña electoral del PP local en 2007. 

Por la pieza del plan zonal, hay otros 22 imputados, entre ellos, Ripoll, Ortiz y el portavoz de Grupo Socialista en la Diputación, Antonio Amorós. Aquí, el informe policial concluye que Ripoll adjudicó la planta a cambio de dos pisos valorados entre 800.000 y un millón de euros por los favores realizados a Fenoll y Ortiz.

Vacaciones juntos

Los protagonistas de la trama, sobre todo Ripoll, Ortiz y el intermediario de la red (el empresario Rafael Gregory, amigo íntimo de Ripoll) han compartido periodos de asueto en varias ocasiones. Entre otros, viajes de placer a bordo del yate el empresario a Baleares.

Ripoll ha negado este mediodía los hechos y asegura que no dimitirá. Ortiz señaló hace unos días que "no sabía nada de nada". Fenoll guarda silencio. Y Amorós, pese a negar que está imputado, ha dimitido esta tarde como portavoz.

El resto de piezas, hasta completar la veintena de ramificaciones que incluye la trama, recogen supuestos tratos de favor por las contratas de la basura que Fenoll lleva en media docena de municipios de la comarca o financiación ilegal del PP. Hay una pieza especifica que investiga posible financiación ilegal de la Fundación del Hércules, bajo la presidencia de Rafael Gregori. La policía llegó a destapar hasta cuatro intentos de compra de partidos por parte del dueño del Hércules para asegurarse el ascenso a Primera División. Esta causa se archivo por los hechos no son delito en el ámbito penal. 

(www.elpais.com, 11/09/10)

INTERMEDIARIO: "¿QUÉ PISOS QUIERES?" RIPOLL: "DOS DE DISTINTO ASCENSOR, D Y E" 

La investigación de los contratos de basura adjudicados en la provincia de Alicante ha puesto al descubierto el supuesto pago de comisiones ilegales. En este caso se trataría de pago en especie: dos pisos, valorados entre 800.000 y un millón de euros, supuestamente entregados a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación Provincial de Alicante, por la adjudicación de un negocio multimillonario al empresario Enrique Ortiz, implicado también en la financiación ilegal del PP a través de la trama Gürtel, e indirectamente, al industrial Ángel Fenoll, imputado también en el caso Brugal.

El informe policial que figura en el sumario apunta a que "la contraprestación" a favor de Ripoll "se vería materializada en dos viviendas unidas de la promoción inmobiliaria ubicada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante a desarrollar por la promotora Calamerced". 

El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incorpora una serie de conversaciones telefónicas mantenidas entre distintos intermediarios y el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, que ocupaba además el cargo de presidente del Consorcio para el desarrollo del Plan Zonal de Gestión de Residuos de la zona de la Vega Baja, desde el que se adjudicó el contrato de las basuras. 

Los investigadores sostienen que esas conversaciones demuestran que Ripoll negoció con intermediarios de los empresarios que se llevaron el contrato de basuras el cobro de una contraprestación, en este caso, dos viviendas, que incluso visitó en compañía de su esposa, que también se preocupó por los pisos. 

La primera conversación que destaca el informe policial y que, como el resto, está incorporada al sumario del caso, se refiere a la mantenida por Rafael Gregori, intermediario entre los empresarios adjudicatarios del negocio de las basuras, y el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll, en relación con los dos pisos que supuestamente iba a cobrar a cambio de favorecer una determinada adjudicación. 

Rafael Gregori: (que ha llamado al teléfono de la mujer de Ripoll y habla con el presidente de la Diputación Provincial): Oye, vamos a ver. Me hace falta que me digas las letras de los pisos que queréis. 

Joaquín Ripoll: Espérate que te lo mire y te lo digo. 

Rafael Gregori: Míralo y me lo dices. 

Joaquín Ripoll: Espérate, que lo tengo aquí al lado. 

Rafael Gregori: Porque había varios quintos, ¿no? 

Joaquín Ripoll: Sí. Yo creo que eran, a ver. 

Rafael Gregori: Eran dos que eran de distinto ascensor, creo, ¿no? 

Joaquín Ripoll: Sí, eran dos que eran de distinto acceso, que eran el D y el E. 

Rafael Gregori: El D y el E, ¿no? 

Joaquín Ripoll: El D y el E, sí. 

Rafael Gregori: Vale. El cinco D y cinco E. 

Joaquín Ripoll: Cinco D y cinco E. D, de dedo y E, de España. 

Rafael Gregori: Muy bien. Venga, pues yo te los dejo guardados. 

Joaquín Ripoll: Venga, de acuerdo. Hasta luego. 

Rafael Gregori: Venga Joaquín, un abrazo, hasta luego. 

El intermediario habla después con su hermano José y tratan el tema de los pisos y se refieren al jefe, en relación a su padre, que forma parte del consejo de administración de la inmobiliaria que promueve los pisos que supuestamente iban a regalar a Ripoll. Los hermanos coinciden en que, antes de comprometerse, tienen que tener claro el negocio. 

José Gregori: Oye, tienes que pensar una cosa Rafa, que se ve que éstos le están apretando ya al jefe para los pisos de.... 

Rafael Gregori: No, ya, ya me lo ha dicho, pero yo se lo he dicho al jefe, que a su momento, tío. 

J: Eh, vamos a asegurarnos eso, ¿no? 

R: Y si no, no hay pisos. 

J: Antes de comprometernos. 

R: José, yo hasta que no tenga el tema claro, no hay (no se entiende). 

J: No vayamos a comprometernos nosotros con más pisos, ¿no? 

R: José, tranquilo, ya lo hablamos mañana, ¿eh? 

J: Venga, pues nada, ¿eh?, mañana nos vemos. 

R: Lo comentamos mañana y ya te digo lo que quiero. 

J: Muy bien. 

R: Venga, hasta luego 

El intermediario vuelve a hablar con el presidente de la Diputación Provincial de Alicante. 

Rafael Gregori: Joaquín. 

Joaquín Ripoll: Rafa, buenos días. 

R: Llamé ayer a Margarita y no me lo cogió. 

J: Bueno, yo hablo con ella y luego quedamos, oye, ¿podíamos ver los pisos? 

R: Claro, coño. 

J: ¿Los podemos ver mañana? 

R: Claro que sí. 

El intermediario Rafael Gregori trata sobre el tema de los pisos con la mujer de Ripoll, Margarita de la Vega. 

Gregori le dice que habló con su marido Joaquín Ripoll y con Enrique Ortiz, el empresario al que se adjudica el contrato de las basuras, y quedaron a las diez para cenar en Petrel, que él le recoge a las 21.30. 

Margarita de la Vega: Oye, por cierto, que además yo quería hablar contigo porque los pisos esos, le he preguntado que si ya los tenemos y me ha dicho que sí. 

R: Vamos a verlos mañana, dice. 

M: Ah, es que yo quiero verlos. 

R: Eh, vamos a verlos mañana. 

M: Que él ya mire a ver si se puede o con otra cosa, ah, ¿ves como le aprieto? En el fondo no hay nada más que pegarle para que reaccione. 

R: Vamos a... vamos a... vamos a verlos mañana. 

M: Ah, vale, vale, vale, es que le he dicho, oye, ¿esto cómo está, qué pasa y qué tal?, vale, vale, estupendo. 

R: De momento los tenemos comprados. 

M: De momento los tenemos comprados , bueno, je, je. 

R: De momento. 

M: Espero que no los tengamos que vender, je, je. 

R: Veremos a ver lo que tenemos que hacer, je, je, de momento sí. 

M: Efectivamente, vale, vale. 

R: Yo voy a organizarme hoy para verlos mañana. 

Durante aquellos días, los funcionarios del grupo de Delincuencia Económica de Alicante establecieron un dispositivo de Vigilancia en las inmediaciones de la vivienda situada en la Avenida Benito Pérez Galdós de Alicante, en última fase de construcción. En ese momento, identificaron plenamente a Rafael Gregori y José Joaquín Ripoll, acompañados de sus respectivas esposas, accediendo al edificio situado en dicha Avenida, entre las calles Tucumán y Catedrático Ferré Vidiella. 

El informe policial adjunta fotografías de la visita que realizaron al inmueble. Y aporta conversaciones del industrial Ángel Fenoll, que tuvo una participación activa para beneficiarse del negocio al vender un terreno propio que había comprado por 800.000 euros por cuatro millones de euros a Enrique Ortiz para que construyera allí la planta de tratamiento de la basura. 

Ángel Fenoll: Rafa. 

Rafa: Ángel. 

Á: ¿Ha firmado ya o no? 

R: Vamos a ver, le he dicho, he dicho lo siguiente, ¿no?, oye, que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh?, y los limones los recogerán cuando paguen, después de Navidad. 

Á: Si, o...sí, un tema solo, un punto. 

R: Exactamente, el cambio de los limones. 

Á: Vale, vale, vale, y ya está, ¿eh? 

R: Y los limones los recogerán cuando paguen. 

Á: Exactamente, si no pagan los limones nada, ni un punto, ¿eh?, nada, nada. 

R: Eso está dicho ya, ¿eh? 

Á: Está dicho, ¿no? 

R: Sí. 

Á: Vale, vale, vale, muy bien, vale, vale. Esperemos que sea así, ¿no?, no nos vaya... 

R: Si no, no, es así seguro. 

Á: Que los limones están colgados. 

R: No, no y además es que no los recoge que no le dejo yo recogerlo, ¡coño! 

Á: Exactamente, eso es. 

R: Y si mañana firma, y si mañana firma pues oye, ya.... recogerá los limones después. 

Á: Claro, ¿sabes?, se le puede dar más plazo. 

R: Claro. 

Á: ¿Sabes?, están baratos, están cayéndose del suelo 

R: (risas). Venga. 

Á: ¿Eh? 

R: Está todo arreglado. 

Á: Vale. 

(www.elpais.com, 10/09/10) 

EL SUMARIO DICE QUE RIPOLL LOGRÓ UNA DÁDIVA MILLONARIA POR SU ACTUACIÓN 

La Brigada de Blanqueo de Capitales ha llegado a la conclusión de que el Plan Zonal de la Vega Baja está viciado desde su origen con el único objeto de beneficiar, después de numerosas vicisitudes y un proceso de tres años, a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz para que el segundo se adjudicara por 20 años esta planta en terrenos del primero. También sostiene que el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, ha recibido «presuntas contraprestaciones, destacando entre ellas la concretada en dos viviendas en el centro de Alicante o su equivalente en un millón de euros o la adquisición y saneamiento de un canal de televisión local». El Cuerpo Nacional de Policía basa sus conclusiones en escuchas telefónicas –hay cientos a lo largo de tres años–, seguimientos de reuniones con políticos del PP y PSOE y documentación fiscal y registral sobre la compra-venta de los terrenos. El informe está cerrado, no falta ni la visita que Ripoll y su esposa realizaron a las viviendas en obras que los investigadores le atribuyen, pero no es concluyente. Ripoll lo ha negado todo. 

La investigación arranca a finales de 2006, cuando la Diputación hace público el contrato para la adjudicación de las basuras. Faltaban cinco meses para las elecciones municipales. Siempre según el informe que obra en autos, Fenoll intentó «comprar voluntades» y para ello «configuró un entramado de colaboradores». Entre ellos se cita a Vicente Gomis, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat; Antonio Amorós, portavoz del grupo socialista en la Diputación; y Rafael Gregory, empresario. Las conversaciones que figuran en esta pieza del sumario arrancan en abril de 2007 (probablemente Fenoll estaba «pinchado» desde enero), cuando al empresario le cuentan que su oferta para ubicar la planta no es la mejor puntuada y que los técnicos de la Conselleria se han decantado por la de la UTE Cespa-Ortiz. Era el 26 de abril. Aquello tuvo que ser una sorpresa, según se desprende del informe policial, porque los contactos de Gregory con el ente provincial le habían transmitido, «información de primera mano, relativa a la fecha de la adjudicación -el 8 de mayo-, posiblemente (fuera) Mónica Lorente, actual alcaldesa de Orihuela, para utilizarlo así como el grado de compromiso del señor Ripoll para defender su oferta (la de Fenoll) "con ojos cerrados"».  

En esos momentos, y eso se investiga en otra pieza del «caso Brugal», Fenoll era el mecenas de la campaña electoral del PP de Orihuela. Por los «pinchazos» se sabe que el empresario intentó entonces cambiar el criterio de los técnicos e, incluso, que se realizara un informe paralelo que los desacreditara. Finalmente, la Diputación pospuso su decisión.  

Durante esas semanas Fenoll, según la Policía, había hecho todo lo posible para ganar favores, incluso estuvo en Blanquerías –sede socialista en Valencia– y se entrevistó con José María Cataluña, vicepresidente del Patronato de la Fundación, «que al parecer ha llamado a los suyos para que apoyaran el proyecto», según el informe, o con Antonio Amorós. De las conversaciones se desprende que Fenoll se quejó a los responsables de campaña del PP de Orihuela por quedarse fuera y éstos le insistían en que «está controlado... hay mayoría absoluta... tiene Ripoll... Eh,... vamos... Está preparando el tema». Hay decenas de escuchas de esos días donde un tema recurrente son las elecciones y los votos «van todos donde tienen que ir», dicen. La Policía registró dos días después de las elecciones –en las que barre el PP– la empresa Colsur y detiene a Fenoll, su hijo y colaboradores. Entre otros documentos da valor a un contrato de asesoría con Gregory.  

El 26 de julio Ripoll anuncia que se amplía el plazo de adjudicación y Gregory pasa a ser «pieza clave» porque mantiene conversaciones periódicas, para compartir información, provenientes toda ella casi en exclusiva del presidente de la Diputación». La Policía dice que la institución provincial decidió en septiembre adjudicar a Cespa-Ortiz por el informe favorable de los técnicos de la Generalitat, y que la otra opción era dejarlo desierto, pero nunca dárselo a Fenoll.  

Los informes dicen que ante esta situación Gregory y Gomis consideraron que la única salida que quedaba era «llegar a un acuerdo con Ortiz que incluiría la finca adquirida por Fenoll». Es la primera referencia al empresario alicantino. Cespa-Ortiz se adjudicó la planta el 26 de noviembre de 2007. A partir de ahí, según la Policía, Ripoll y Gregory comenzaron a hablar más a menudo y se citaron en el «Meliá». Según la Policía, ese día se pudo fraguar la venta a Ortiz del terreno que Fenoll había adquirido para el Plan Zonal en otra zona de Torremendo –en La Pistola– o bien el darle a éste una participación del negocio.  

Días después Gregory, ya como intermediario, habló con Ortiz para hacerle ver la necesidad del acuerdo. Pero nadie tuvo en cuenta a Cespa, el socio de Ortiz en la operación, y sólo tenían un mes para alcanzarlo, porque el 3 de enero de 2008 se iba a anunciar la ubicación. Según los investigadores, se utilizaron teléfonos de seguridad para cerrar los pormenores, pero no hubo acuerdo. El Consorcio, con todos los votos a favor, anunció por sorpresa que la planta estaría en Torremendo (aunque la propuesta más puntuada de Cespa-Ortiz estaba en Albatera y una jueza acaba de decir que es la que vale). Desde ese día había dos años para poner en marcha y aún no se ha hecho. La alcaldesa, Mónica Lorente, aceptó la ubicación por «solidaridad» con la comarca.  

Ese día, Ortiz recibió mil felicitaciones y Gregory habló con el presidente de la Fundación del Hércules, Ignacio Mangada, para hacerle saber «los beneficios que va a obtener Ortiz y que al parecer repercutirán en el club de fútbol (...) así como la situación creada entre éste y el presidente de la Diputación». La Policía habla aquí por primera vez de dos pisos, en la avenida Benito Pérez Galdós que «habrían sido reservadas a Ripoll». Los informes dicen que se buscó un acercamiento desde entonces entre Ortiz y el presidente de la Diputación. Éste acudió el 12 de enero al partido ante el Elche. 

Pero los problemas siguieron surgiendo en el Plan Zonal porque los propietarios del suelo no estaban de acuerdo con la oferta y «se les amenazó con expropiarles las fincas». Fenoll tenía los terrenos en Las Pistolas, que ya no servían para nada, y transmitió a Gregory la necesidad de que la mesa de negociación del Consorcio no resolviera aún la ubicación. Se estaba negociando. De hecho, en abril la Policía siguió hasta un restaurante de Alicante a Ortiz que, por primera vez, comió con Fenoll en presencia de Gregory y hablanro sobre la ubicación en los terrenos del empresario oriolano, pero no huboacuerdo. Ante esta situación, el 9 de junio, el presidente del Consorcio, Ripoll, anunció que «consciente de la inquietud y sensibilidad social» se trasladaba la ubicación desde la finca de Lo Cartagena –la que presentó con alternativa Ortiz a Albatera–. Desde la Policía se cree que hubo presiones para que Ortiz aceptara el acuerdo con Fenoll. 

Por todo ello, dice la Policía, «ante la existencia de indicios más que suficientes de la existencia de un presunto pacto secreto promovido por altas instancias de la Diputación entre Cespa-Ortiz y la mercantil Proambiente, perteneciente a Ángel Fenoll, en aras a repartirse la adjudicación del Plan Zona de Gestión de Residuos (...)». La frase se escribió el 12 de mayo de 2008 para justificar «la conveniencia de proceder a la observación e intervención» del número de Enrique Ortiz. 

Según se desprende de las grabaciones, mientras la Diputación anunciaba finalmene la ubicación, Ortiz mantenía una conversación con otro interlocutor en la que le habló de la opción de «compra de una finca que está al lado de una que tienen obligación de comprar (subraya la Policía) y que la definen como la media de las pistolas». Era la de Fenoll.  

Y concluye el informe policial que hay «un acuerdo previsto auspiciado y dirigido por el organismo público, en este caso la Diputación de Alicante en la persona de su presidente, para adjudicar el plan zonal de gestión de residuos a la opción presentada por Cespa-Ortiz, con la condición sine qua non de adquirir la finca propiedad de Angel Fenoll». 

La Policía establece que el presidente de la Diputación, con base en sus informes, tuvo como contraprestación «dos viviendas unidades de la promoción inmobiliaria ubicada en la avenida Benito Pérez Galdós», por valor de casi un millón de euros. Sobre estos pisos la primera grabación se realiza el 6 de noviembre de 2007, cuando se detecta una conversación entre Gregory y Ripoll, «utilizando éste el teléfono de su mujer». Siempre según la Policía, el presidente estaría interesado en dos viviendas de un quinto piso, «confirmando Rafael (Gregory) que se los dejaría guardados».

En conversaciones posteriores se llegó a referir Gregory a las viviendas como «el piso de.... de la Dipu (...) La promotora quiere cobrarlos –posiblemente un millón de euros»– y Rafael no quiere comprometerse sin haber cobrado previamente cierta cantidad. Ante esta circunstancia decide renunciar a los pisos y cometa que en su lugar hará entrega de la cantidad equivalente "al otro le doy yo dinero y ya está"». Ripoll visitó las obras de las viviendas junto a Gregory y sus esposas.  

La Policía los fotografió a los cuatro y en el informe señala sobre el abono de los mismos que en una conversación se refieren a un «tal Enrique del asfalto» y para ellos éste es Enrique Ortiz porque tiene una empresa de asfaltos y obra civil, Tizor. 

¿Qué cómo sabe la Policía que es Ortiz el que pagó las viviendas para Ripoll?, a priori, porque así lo interpreta de un «pinchazo» en el que se habla del empresario y se dice que éste tiene que hacer el primer pago, «que hoy cambian lo de los limoneros, ¿eh? y los limones los recogerán cuando paguen, después de Navidad». Para la Policía, los limones son pisos, que están baratos, y se están cayendo al suelo.  

­El hombre que hablaba con todos, que a todos conocía y que en todos los negocios mediaba. Rafael Gregory, ex presidente de la Fundación Hércules e imputado en el caso Brugal, donde pudo eludir la prisión gracias al pago de 100.000 euros de fianza (la segunda a la que ha hecho frente lo que va de año tras ser imputado también por una estafa millonaria a través de una mercantil de su propiedad, Autisa), aparece en el sumario como hombre de confianza tanto del empresario Enrique Ortiz como del presidente de la Diputación y como nexo entre ambos.  

De él se dice en el informe policial que obra en manos del magistrado Carlos San Martín que «es necesario destacar la persona de Rafael Gregory Fernández con quien mantiene cierta amistad y que llega a convertirse en representante de las tres partes en conflicto –Proambiente, Ortiz y la Diputación–».  

De hecho, son incontables las conversaciones en las que aparece y es a él a quien Ortiz llama nada más enterarse de que había conseguido la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja para mostrarle su agradecimiengo por, precisa la Policía, «considerarle responsable en cierta medida de la decisión del órgano colegiado provincial».  

A raiz de la adjudiciación aparecen varias conversaciones en las que Gregory –también amigo de Fenoll– insiste en los beneficios que puede reportar, incluso para el Hércules, el acercamiento entre Ortiz y Ripoll, a quien el empresario no deja de mandarle mensajes a través de Gregory sobre posibles encuentros para comer o hacer un viaje. La Policía matiza que «Rafael pone como ejemplo de su valía su labor en el proceso de adjudicación del plan zonal al haberle conseguido a Enrique Ortiz algo que pretendía». En otro momento del informe se apunta: «de la labor de Gregory como intermediario y su labor de acercamiento entre Ortiz y Ripoll éste parece intentar sacar un beneficio: la presidencia del Hércules». 

(www.levante-emv.com, 10/09/10) 

TRES EDILES DEL PP ASESORARON A FENOLL PARA URDIR UNA TAPADERA DE EMPRESAS 

La planta zonal es uno de los dos pilares del caso Brugal. El segundo es la contrata del municipio de Orihuela, adjudicada en octubre de 2008, a una UTE formada por la empresa Sufi y las firmas Liasur y Gobancants. La contrata está valorada en 190 millones de euros. 

Esta contrata fue el origen del caso, en marzo de 2007, a raíz de una grabación en la que el empresario Fenoll denunciaba un supuesto soborno de uno de los grupos aspirantes al concurso. La Fiscalía Anticorrupción de Alicante respondió a la iniciativa del empresario con su detención y la del resto de su cúpula empresarial (cinco personas más). Fenoll, su hijo y su gerente, Javier Bru, edil del PP en Albatera, estuvieron en prisión un mes. Los tres salieron en libertad tras pagar fianzas de entre 60.000 y 100.000 euros. 

Más adelante, la investigación halló pruebas sobre la financiación ilegal del PP de Orihuela por parte del industrial Fenoll (traslado gratis de militantes del PP a actos internos, pago de comidas y pago de objetos de propaganda electoral, como 3.000 mecheros) para asegurarse la victoria de los conservadores, como así ocurrió en mayo de 2007. 

Con posterioridad, la investigación ha probado que las dos últimas sociedades de la UTE eran en realidad una tapadera de Fenoll. Para los vecinos de la localidad, el concesionario del servicio de la basura es Fenoll. 

El industrial invirtió seis meses en urdir la trama mercantil. Según fuentes del caso, tres ediles del PP (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y José Antonio Rodríguez) asesoraron a Fenoll en la labor de falsificación en el registro mercantil, extremo del que era conocedora la alcaldesa, Mónica Lorente. Estos ediles también se encargaban de recoger los "sobres" que periódicamente entregaba el empresario al PP. La regidora y los tres ediles están imputados en el caso. Los tres últimos, después de ser arrestados por la policía el pasado 6 de julio. Lorente, y otros 38 imputados más por la adjudicación de este contrato, no han sido detenidos ni tampoco han comparecido ante el juez. 

(www.elpais.com, 10/09/10) 

EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL' IMPUTA AL PORTAVOZ DEL PSOE EN LA DIPUTACIÓN 

El juez del caso Brugal (trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) ha imputado al portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, según fuentes del caso. El dirigente socialista está acusado en una de las dos piezas principales del sumario: la adjudicación de la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja. El sumario fue abierto por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. La causa general incluye una veintena de ramificaciones y alcanza a un centenar de imputados. 

Las diligencias recogen una conversación entre dos de los acusados, Ángel Fenoll (cabecilla de la red) y Rafael Gregori (intermediario de la trama), que alude a Amorós. "Sí, sí que quería tocar más dinero", comenta Gregori a Fenoll. 

Además de Amorós, en esa pieza hay 21 imputados más. Entre ellos, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y el empresario adjudicatario, Enrique Ortiz. Ambos fueron imputados tras ser arrestados el 6 de julio. El magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, aún no ha comunicado a estas dos personas su imputación debido al conflicto inicial de competencia que planteó sobre esa pieza del sumario. Inicialmente, San Martín se inhibió de esa parte de la investigación y la trasladó a los juzgados de Alicante. El juez sobre el que recayó el caso tampoco lo asumió. El magistrado San Martín, en un auto del pasado día 2, levantó el secreto del sumario sin resolver el conflicto de competencia. 

Amorós es por ahora el único político socialista imputado en la causa, según esas fuentes, aunque en las diligencias hay una alusión a José Cataluña, ex secretario de finanzas del PSPV-PSOE. Esa referencia es un comentario del principal acusado, el industrial Ángel Fenoll, a una supuesta reunión con Cataluña en Valencia. La investigación no ha podido probar que tal encuentro se llegara a celebrar. Las mencionadas fuentes del caso han señalado que, en contra de lo que informó este periódico el miércoles, en las diligencias no hay ninguna referencia a Vicent Sarrià, diputado autonómico y ex secretario de Organización del PSPV-PSOE. 

La mayoría de los políticos imputados en el caso Brugal son del PP (Ripoll, la alcaldesa de Orihuela y ocho ediles populares más de ese Ayuntamiento). También están imputados el ex socialista Francisco García Ortuño y dos ex concejales del Centro Liberal: Jesús Ferrández y Joaquín Escurra, ya fallecido. 

La nómina de imputados, al margen de los incluidos en las dos piezas principales, se completa con una treintena de personas implicadas en el resto de piezas del sumario. Las principales causas de esta parte del sumario general afectan a seis pequeños municipios de La Vega Baja: Callosa del Segura, Rafal, Algorfa y Jacarilla, gobernados por el PP, y Bigastro y Pilar de la Horadada, en manos del PSOE. 

(www.elpais.com, 10/09/10)

EL JUEZ INVESTIGA 20 RAMAS DE LA TRAMA CORRUPTA DEL 'CASO BRUGAL' EN ALICANTE 

La trama corrupta del caso Brugal incluye una veintena de ramificaciones, la mayoría vinculadas al negocio de la basura en el sur Alicante, según la investigación. El juez indaga favores por los contratos y financiación ilegal del PP. El epicentro de la trama es el industrial afín a este partido Ángel Fenoll, cuyas empresas monopolizan los contratos del servicio de la basura de los Ayuntamientos de la comarca. Fenoll, considerado por la investigación como el líder de la red, está imputado, al igual que otras 53 personas, por cohecho, fraude y tráfico de influencias. 

Los dos pilares del sumario son la adjudicación de la planta del zonal de La Vega Baja y la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela. Por la primera, está imputado el presidente provincial del PP de Alicante y titular de la Diputación, José Joaquín Ripoll. Según el sumario, Ripoll adjudicó el proyecto a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico por supuestos favores al industrial Fenoll y el promotor Enrique Ortiz, adjudicatario del servicio y también imputado. En Orihuela, el juez indaga si Fenoll financió la campaña del PP local. 

A estas dos patas principales del caso se suman otras seis piezas que indagan favores por los contratos de basura y financiación del PP en Callosa del Segura, Rafal, Algorfa, Jacarilla, Pilar de la Horarada y Bigastro. En los cuatro primeros gobierna el PP y el adjudicatario de la basura es Fenoll. Los dos últimos son del PSOE y Fenoll no tiene la concesión. Los alcaldes de Pilar y Bigastro han asegurado que "desconocen" los motivos por los que se les investiga. 

Quien sí ha reconocido que su Ayuntamiento está dentro del caso Brugal ha sido el alcalde de Callosa del Segura, el popular Javier Pérez Trigueros. El regidor admitió que Fenoll tiene la concesión de la basura (la contrata está valorada en 1,1 millones por 20 años) desde 2005 y que el juez investiga una posible ampliación de la concesión a cambio de contratación de personal municipal. "Pero la contrata no se ha modificado y, por tanto, no se ha contratado a nadie", dijo. "Salvo a una barrendera, madre de cinco hijos y marido esquizofrénico, durante 18 días", precisó. 

La oposición municipal del PSOE sostiene que el contrato "fue un traje a medida de Fenoll" y que el regidor Pérez Trigueros ha mejorado "notable y notoriamente" su patrimonio desde 2005 (chalé en Torrevieja, lujoso turismo y llamativos relojes). El alcalde replicó así: "Sí. Tengo chalé, coche y relojes de marca, pero todos son réplicas, el más caro es de 300 euros", explicó. Pérez Trigueros señaló que todo su patrimonio es fruto de una herencia familiar y su actividad empresarial (posee una promotora y una tienda de telefonía). "Tengo más de lo que parece y no hago más ostentación por pudor ante la crisis", aseveró. 

Mientras, el diputado autonómico Vicent Sarrià, que aparece citado en el sumario del caso Brugal, recordó ayer que se le cita en la investigación pero no ha sido imputado y atribuyó el hecho a una denuncia contra él cuando era secretario de Organización del PSPV-PSOE y contra el entonces secretario de Finanzas, Josep Cataluña, al que también se cita, archivada por el fiscal. "No se me imputa nada, y se me relaciona de una manera tangencial con el caso", señaló el diputado. "Con el señor Fenoll no he hablado en mi vida", aseguró. El ex dirigente socialista dijo que "en todo momento el PSPV se financió de acuerdo con la legalidad" y ratificó el compromiso del PSOE de excluir a cargos y dirigentes imputados por corrupción. 

(www.elpais.com, 09/09/10)

EL 'CASO BRUGAL' INVESTIGA EL REGALO A RIPOLL DE DOS PISOS POR UNA CONTRATA 

El caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante) investiga la entrega de dos pisos o su equivalente en metálico a José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante, a cambio de favores a dos empresarios en la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de la comarca de La Vega Baja. El también titular de la Diputación recibió la dádiva por supuestos favores a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, dueño del Hércules CF. 

La adjudicación de la planta del plan zonal es uno de los dos pilares de un sumario que se incoó en marzo de 2007. El segundo es la adjudicación de la contrata de basuras del Ayuntamiento de Orihuela. En esta parte, la investigación indaga la supuesta financiación ilegal del PP por parte del empresario Fenoll. El objetivo del industrial, siempre según las diligencias del sumario, era asegurarse la victoria de los populares, como así ocurrió, y poder hacerse con la concesión del servicio. 

El magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, dictó el pasado día 2 un auto en virtud del cual levanta el secreto del sumario de esas dos piezas principales del sumario, y de otras ocho sobre las que inicialmente se inhibió por motivos de competencia territorial, pero que los jueces sobre los que recayeron han rechazado. 

La planta del plan zonal la adjudicó el 3 de enero de 2008 el consorcio provincial de residuos (órgano dependiente de la Diputación de Alicante y presidido por Ripoll) a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Cespa y una empresa de Enrique Ortiz. La contrata del plan zonal de La Vega Baja acaba de ser declarada ilegal en el plano del Derecho Administrativo. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante ha anulado el proceso por entender que se vulneró el pliego de condiciones en el apartado del emplazamiento de la industria. El Consorcio optó por ubicar la planta en una finca de la pedanía oriolana de Torremendo, alternativa peor valorada que la oferta base, en el municipio de Albatera. Unos meses después de la adjudicación, la junta del consorcio provincial volvió a operar un nuevo cambio en la ubicación de la planta a una finca contigua, también en la pedanía de Torremendo, pero propiedad de Fenoll. 

La contrata de la basura de Orihuela se adjudicó en octubre de 2008 a una UTE integrada por SUFI y las firmas Liasur y Gobancast. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes. La investigación cree que Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll. El contrato incluye una flota de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory, amigo de Ripoll y también imputado en el sumario. 

En el caso Brugal hay 54 imputados: 15, tras ser arrestados por la policía: cuatro en la primera fase del caso (30 de mayo de 2007) y los 11 restantes, el pasado día 6 de julio . El imputado de mayor calado es Ripol l, y, junto a él, tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios, entre ellos destacan Ortiz y Fenoll, cabecilla de la trama, según la investigación. El juez también ha imputado a otras 39 personas, que no fueron previamente detenidas ni han comparecido aún ante el magistrado. De este grupo, la más relevante es la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP. 

(www.elpais.com, 08/09/10)

La trama corrupta del negocio de la basura en el sur de Alicante se extiende a seis nuevos municipios

El juez del caso Brugal levanta el secreto del sumario en el que está imputado por cohecho el líder del PP de Alicante

La trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante se extiende a seis nuevos municipios: Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada, Jacarilla y Callosa del Segura. El dato está incluido en el auto del juez instructor del sumario general de la causa, conocida como caso Brugal. El magistrado ha decretado el levantamiento del secreto de las diligencias, en reserva desde marzo de 2007 cuando comenzó la investigación por lo supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude.

En ese sumario hay ya formalmente 15 imputados después de ser arrestados por la policía. El imputado de mayor calado es el presidente de la Diputación de Alicante y líder de los conservadores alicantinos, José Joaquín Ripoll, y junto a él tres ediles del PP de Orihuela y varios empresarios. En esta segunda categoría destacan el industrial Ángel Fenoll y el promotor Enrique Ortiz. Además, el juez también ha imputado a otras 39 personas, encabezadas por la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, del PP. Ninguno de estos últimos imputados ha sido detenido ni comparecido ante el magistrado.

El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, ha acordado la alzada del secreto sobre la parte del sumario que inicialmente asumió (adjudicación de la contrata de basuras del municipio de Orihuela) y también sobre el resto de piezas de las que se inhibió por motivos de competencia territorial y que los nuevos jueces en los que recayó han rechazado. Entre esas piezas, según recoge el auto firmado por San Martín el pasado día 2, se encuentran el proceso de adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja. Este proyecto lo adjudicó el consorcio provincial de la Diputación, que también preside Ripoll. El adjudicatario fue una UTE integrada por la firma Cespa y una empresa del grupo de Enrique Ortiz. El resto de las causas desglosadas que han sido devueltas a la oficina judicial de San Martín son las siguientes: Recogidas de algas del municipio de Orihuela, caminos a la planta de la mercantil Proambiente (propiedad de Ángel Fenoll), Rafal, Bigastro, Algorfa, Pilar de la Horadada, Jacarilla y recogida de residuos sólidos urbanos del municipio de Callosa del Segura. El empresario Ángel Fenoll es el adjudicatario de la basura en Callosa del Segura, Rafal y Algorfa.

El auto de levantamiento del secreto del sumario no es firme. Las partes tienen un plazo de cinco días para apelar a la Audiencia de Alicante. Ninguna de la partes, incluida la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido aún si recurrirá.

www.elpais.es 07.09.10

CONFLICTOS DE COMPETENCIA DEMORAN EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DEL 'CASO BRUGAL' 

El caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja) sigue bajo secreto sumarial tres años después del inicio de la investigación, cuyo punto álgido se alcanzó hace ahora dos meses con 11 arrestos y 19 registros. Al margen de que el caso acumula muchas diligencias (cientos de grabaciones y tres años de escuchas telefónicas), un nuevo elemento aparece ahora como clave de que se alargue el blindaje de las diligencias: El conflicto de competencia planteado a raíz de la iniciativa del juez instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, de desglosar el sumario general en al menos 10 piezas e inhibirse de parte de las diligencias en favor de otros juzgados. 

Los 11 detenidos el pasado 6 de julio están imputados, entre otros delitos, por cohecho y fraude. En la parte alta del escalafón de acusados están el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, este considerado por la investigación como el cabecilla de la trama. 

Una de las piezas separadas del sumario es precisamente la que afecta a la imputación de Ripoll y está relacionada con un supuesto cohecho por la adjudicación de la contrata de la planta de basuras de La Vega Baja. El juzgado de Alicante en el que recayó ya ha respondido al instructor que no acepta la competencia. Probablemente, la última palabra la tenga la Audiencia de Alicante. Entretanto, San Martín no podrá ejecutar el levantamiento del secreto de la causa. 

(www.elpais.com, 06/09/10)

Ripoll adjudicó de forma ilegal la contrata por la que se le imputa

La adjudicación de la planta de basuras de La Vega Baja fue ilegal, según ha decretado una juez de lo Contencioso-administrativo. El contrato fue adjudicado por el Consorcio Provincial de Residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, a la UTE Cespa y Ortiz e Hijos el 3 de enero de 2008. Esta contrata y la del municipio de Orihuela están en el epicentro del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura). En este sumario están imputados, entre otros, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, y el empresario Enrique Ortiz. El juez imputa a ambos supuestos delitos de cohecho y fraude, entre otros.

La resolución judicial que declara nula la adjudicación de la planta de La Vega Baja la ha dictado el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Alicante. La magistrada acepta un recurso de los vecinos de la pedanía oriolana de Torremendo, donde está previsto que se levante la instalación. Los demandantes denunciaron que la planta se ubicará en un lugar (la pedanía de Torremendo) peor valorado que la oferta base presentada por el adjudicatario (un terreno en Albatera). La oferta de Albatera obtuvo 69,12 puntos y la de Torremendo, 64,14. La juez considera, por tanto, que el consorcio adjudicó la planta por criterios distintos de los contenidos en el pliego, "como el de la proximidad".

Finca de Fenoll

Seis meses después de la adjudicación, el consorcio volvió a modificar el emplazamiento de la planta. En este caso la instalación cambiaba de una finca denominada Lo Cartagena a otra contigua llamada La Pistola. Uno de los propietarios de la segunda finca es Ángel Fenoll, empresario afín al PP. La investigación considera a Fenoll como el líder de la trama de caso Brugal. Los vecinos de Torremendo volvieron a recurrir el segundo cambio de ubicación, pero el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Alicante, rechazó el recurso al considerar que no "eran parte interesada en el proceso".

Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la opinión de Ripoll y Ortiz sobre la resolución judicial, que es recurrible. Hace apenas tres días Ripoll recalcó la legalidad, en su opinión, de la adjudicación del contrato.

www.elpais.es  05.09.10

Multimillonaria y polémica contrata

La adjudicación del servicio de limpieza de Orihuela inició la investigación judicial del 'caso Brugal'

"Había mucho dinero por el medio", admitió en su declaración ante el Fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, el empresario Ángel Fenoll cuando declaró en junio de 2006 tras aportar unas grabaciones de conversaciones con políticos donde hablaban de supuestos sobornos, financiación de campañas electorales y proyectos urbanísticos. La contrata de basura de Orihuela nació viciada, su discusión se judicializó y al final ha ido a parar a una UTE (Sufi, Liasur y Gobancast) que recibirán 190 millones en los próximos 20 años. Los socialistas sostienen que detrás de este conglomerado de firmas Ángel Fenoll tiene intereses.

  • Siete grupos pugnaron en 2008 por esta contrata de 190 millones

  • El PP se dividió por el empeño de Medina de adjudicar el contrato a Urbaser

El proceso arrancó en la anterior corporación municipal, presidida por el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, que se vio obligado a aparcar el proceso de adjudicación, cuando Ángel Fenoll, en marzo de 2006, hace públicas las primeras grabaciones que desvelan supuestos sobornos por parte de la empresa ganadora. El empeño de Medina en adjudicar el contrato a Urbaser, empresa vinculada a ACS y Florentino Pérez, provocó la división del PP. Mónica Lorente, candidata a la alcaldía y portavoz del PP, se oponía a la tesis del regidor, y defendía un nuevo pliego de condiciones y que la Universitat de València revisara el proceso. "El concurso está bajo sospecha y vamos a buscar un organismo independiente", dijo entonces la portavoz del PP. La junta de portavoces municipales acordó encargar a la Universitat de València el análisis de las propuestas de las empresas del concurso.

En mayo de 2007 se celebran elecciones municipales, el PP revalida mayoría absoluta (14 concejales del PP, 7 del PSOE, 3 de Los Verdes y 1 de Centro Liberal Renovador). Y a los cuatro días la Policía Nacional detiene a Fenoll por un presunto delito de extorsión. Al final irá a la cárcel. Esos días la convulsión política en Orihuela es total. Y con Fenoll en la cárcel, el profesor Lorenzo Abellá, de la Universitat de València, presenta los resultados de su estudio de todas las propuestas. Y pese a usar dos criterios diferentes, en los dos casos la firma ganadora es Urbaser. Medina todavía es alcalde en funciones, y Mónica Lorente no ha tomado posesión del cargo. El concejal Antonio Lidón, del PP, pide que el resultado no se haga público hasta que tome posesión la nueva corporación, pero Medina y el resto de concejales de la oposición se oponen. El resultado es que el 13 de junio el todavía alcalde hace público, ante la prensa primero y luego ante el pleno, que la empresa ganadora del concurso es Urbaser.

Mientras el tema se enzarza y se eterniza, Ángel Fenoll, a través de Colsur, sigue prestando el servicio de limpieza de las calles de Orihuela, que inició en el año 1997.

Pero la alcaldesa, Mónica Lorente, recién llegada al cargo, topa con el boicot de la oposición que exigía un pleno extraordinario para adjudicar la contrata a Urbaser, tal y como apuntaron los informes de la Universitat de València. Y el PP propuso que quedara desierto. En noviembre de 2007 el pleno declaró desierto el concurso de la contrata de basura y acordó encargar la redacción de otro nuevo pliego de condiciones al profesor Abellá.

El 29 de enero de 2008 el Ayuntamiento aprueba un nuevo pliego de condiciones, con el único apoyo del PP y toda la oposición en contra, con los requisitos que deben cumplir las empresas. Siete grupos pugnan por el negocio, en mayo de 2008, son 190 millones de euros para 20 años. Al concurso optan los protagonistas del supuesto soborno, la mercantil Colsur, de Ángel Fenoll, y el grupo Urbaser, además de Acciona, FCC, Cespa-Ortiz y la Generala y la UTE de Sufi, Liasur y Gobancast. Y en septiembre de 2008, el Ayuntamiento, por fin logra adjudicar el contrato a la UTE, integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. En segundo y tercer lugar quedan Colsur, de Ángel Fenoll y Urbaser. Los socialistas de Orihuela sostienen que detrás de esta UTE está Fenoll.

Ahora, a raíz de aquellas primeras grabaciones sobre un supuesto soborno 39 personas, nueve políticos y el resto gerentes y responsables de empresas, están implicados en el caso Brugal. El juez, Carlos San Martín, ha citado a declarar el próximo mes de septiembre a todos los implicados en la primera trama del caso Brugal, que investiga la presunta corrupción ligada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.

Las fechas clave de la adjudicación

- 20 de marzo de 2006. El Ayuntamiento de Orihuela puntúa en primer lugar la oferta de Urbaser. La de Ángel Fenoll queda tercera.

- 21 de marzo de 2006. Fenoll difunde la cinta del supuesto soborno de Urbaser.

- 2 de junio de 2007. La juez encarcela a Fenoll por extorsión.

- Noviembre de 2007. El pleno declara desierto el concurso de la contrata de basura y acuerda encargar un nuevo pliego de condiciones.

- 29 de enero de 2008. El Ayuntamiento aprueba un nuevo pliego de condiciones.

- 8 de abril de 2008. Siete grupos pugnan por el negocio en mayo de 2008. Son 190 millones para 20 años. Al concurso optan los protagonistas del supuesto soborno: la mercantil Colsur, de Angel Fenoll, y el grupo Urbaser, además de Acciona, FCC, Cespa-Ortiz y la Generala

- Septiembre de 2008. Se adjudica el contrato a la UTE, integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. En segundo y tercer lugar quedan Colsur, de Fenoll y Urbaser. Los socialistas de Orihuela sostienen que detrás de esta UTE está Fenoll

www.elpais.es 22.08.10

"COMO EMPIECEN A INVESTIGAR SE VA A ARMAR LA DE DIOS"

Un concejal de Orihuela predijo en 2006 lo que iba a ocurrir con la trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en el sur de Alicante

"Como empiecen a investigar se va armar la de Dios", admitió un concejal del Centro Liberal de Orihuela en una de las grabaciones, realizadas por el empresario Ángel Fenoll, con las se inició hace cinco años la investigación del caso Brugal , basada en una presunta trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. Ahora el juez, tras un complejo proceso, cita como imputadas a otras 39 personas, entre ellas la alcaldesa, Mónica Lorente, el ex alcalde José Manuel Medina y varios concejales, tanto del PP como la oposición, en la anterior legislatura. En el mismo caso Brugal, pero por otro asunto, hay otros 15 imputados, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, del PP.

Las grabaciones iniciales recogen sendas conversaciones, del 25 de octubre de 2005 y del 23 de febrero de 2006, entre el empresario Ángel Fenoll y el concejal del Centro Liberal Jesús Ferrández. En un pasaje de la charla, el edil confiesa al industrial que una de las mercantiles aspirantes al concurso, la firma Urbaser, estaría dispuesta a ofrecer tres millones de euros en pago de comisiones por la adjudicación. El presunto reparto sería así: dos millones para el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, y el concejal Antonio Franco, del mismo partido, y uno para Ferrández y el edil del PSPV, Isidro Hernández. Este último dimitió un mes después de trascender a la opinión pública el supuesto soborno.

Supuesto soborno

En la cinta, Ferrández admite que conoció la oferta de Urbaser en otra conversación con el constructor José Antonio Rodríguez Belmonte, propietario, entre otras, de la constructora San Antonio. Fenoll, que aspiraba a la contrata, difundió la grabación el 21 de marzo de 2006, un día después de que la mesa de contratación del Ayuntamiento de Orihuela (86.164 habitantes) iniciara los trámites para la adjudicación. Los técnicos puntuaron en primer lugar la oferta de Urbaser y la de Fenoll quedó en tercera posición.

La grabación original con la que se inició la investigación de esta rama del caso Brugal, sobre la adjudicación de la contrata de limpieza en Orihuela, recoge un supuesto soborno. La grabación, publicada por este periódico el 7 de junio de 2007, arranca con un explícito intercambio de comentarios entre los dos protagonistas de la cinta (el industrial Ángel Fenoll y el portavoz del Centro Liberal de Orihuela, Jesús Ferrández) eliminado de las copias que el propio Fenoll facilitó a los medios de comunicación el 21 de marzo de 2006. El preámbulo del encuentro entre los dos, celebrado en un restaurante de la localidad murciana de Abanilla, fue como sigue:

Ángel Fenoll. Ahora, entramos un poco en la materia.

Jesús Ferrández. No hay prisa.

Á. F. Toma, para que no se me olvide, esto es para...

J. F. Para gastos generales.

Á. F. Eso, para gastos generales.

Este fue el inicio de la conversación entre el industrial y político, que se prolongó hora y media y en la que, aparte de las referencias a un supuesto intento de soborno por parte de una de las mercantiles aspirantes a la contrata de la basura, la firma Urbaser, el concejal Ferrández informa a Fenoll de una auditoría sobre la gestión urbanística en el Ayuntamiento de Orihuela. Durante el encuentro, Fenoll y Ferrández también pactan una supuesta colaboración del primero en la campaña electoral del segundo.

J. F. Te voy a decir una cosa, y no se lo digas a nadie. Lo utilizas cuando quieras. Esta mañana han empezado una auditoría en el Ayuntamiento, y han empezado por Urbanismo.

Á. F. ¿Los de Hacienda?

J. F. No, el Tribunal de Cuentas. Y Medina [alcalde de Orihuela, del PP] estaba que se cagaba en los pantalones.

Á. F . Y eso puede ser jodido.

J. F. Como empiecen a investigar se va armar la de Dios.

Las referencias al urbanismo siguen así:

J. F. Si yo veo fisuras también te lo digo. Nada más que mangoneemos un poco y cogiendo un par de PAU de cuatro millones de metros cuadrados, ni basuras ni la puta madre que los parió.

Á. F. Es verdad.

J. F. ¿De qué estamos hablando? Se pueden ganar miles de millones con un PAU de tres millones de metros cuadrados.

Las referencias a la campaña electoral de Ferrández fueron estas:

J. F. Que sí, Ángel, que te estoy diciendo que sí, que sin problemas. Yo lo que quiero te lo digo con franqueza: yo no quiero dinero, quiero una buena campaña electoral, fíjate qué sencillo.

Á. F. Yo te digo que tengas confianza al 100%... una campaña al estilo americano.

www.elpais.es 18.08.10

"IMPUTACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS"

El juez del caso Brugal, que investiga la presunta corrupción ligada al negocio de la recogida de basuras en Orihuela, señala en el auto del pasado 19 de julio, en el que imputa a 39 personas, entre ellas nueve políticos, la mayoría del PP: "Deben tener conocimiento directo de la existencia de las presentes actuaciones y que, de las mismas, podría desprenderse que de algunos de los hechos cometidos por aquéllos, puestos en relación con el proceso de adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria de Orihuela, podría derivarse algún tipo de responsabilidad en caso de ser finalmente incardinado en alguna figura o tipo penal, por lo que es necesario y urgente poner en conocimiento de los interesados esta circunstancia conforme a lo dispuesto por el artítulo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". Dicho artículo hace referencia a los imputados y sus derechos.

El juez ordenó a la policía "poner en conocimiento" de los 39 implicados "la existencia de las presentes actuaciones procesales frente a ellas y de las que se deriva, a tenor de las mismas, la imputación de hechos presuntamente delictivos relacionados con la adjudicación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de de Orihuela, cuyos hechos les serán informados una vez se materialice el alzamiento del secreto de las actuaciones, y a quienes se informará, en el acto de la comunicación, de las disposiciones del artículo 118 de la LECrim". Varias de las personas citadas por el juez confirmaron ayer que a finales de julio la policía les entregó esta citación en la que el juez exigía conocer cualquier cambio de domicilio, les pedía estar localizables y acudir al juzgado acompañados de abogado y procurador.

www.elpais.es 18.08.10

EL PP MIRA PARA OTRA PARTE: "IMPUTADO NO ES CONDENADO"

Una vez más, ante los escándalos de corrupción que le salpican el Partido Popular ha optado por negarlo todo y minimizar el hecho de que un juez haya citado como imputadas a otras 39 personas por el caso Brugal. "No hay ninguna novedad y nadie está imputado", insistieron ayer los responsables de prensa del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante). Sostienen que lo publicado ayer por EL PAÍS coincide con lo que contó este diario a finales de julio, cuando los ediles recibieron la notificación judicial para ir a declarar asistidos por un abogado y un procurador. Y reconocen que hubo una reunión del juez con sus abogados en la que el magistrado les habló de "implicación", y si aparece imputación en el auto es "en beneficio de todos".

Entre los nuevos imputados están la actual regidora, Mónica Lorente; el ex alcalde José Manuel Medina; los ediles del PP David Costa, Antonio Lidón y José Manuel Cutillas; y otro, también popular, de la anterior legislatura, Antonio Franco. También lo están Joaquín Ezcurra, ya fallecido; Jesús Fernández, del Centro Liberal; y Francisco García Ortuño, ex edil del PSOE.

La vicesecretaria de Comunicación del PP en Alicante, Gema Amor, aseguró ayer que "no hay imputaciones, porque no hay delito, sino un oficio del juez para que informen de sus domicilios. Es la única noticia, pese a los titulares llamativos".

"No sé nada"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, admitió: "No sé nada". Pese a ello, deslizó que "se producen filtraciones de sumarios secretos" justo cuando el ministro del Interior tiene problemas, citando en concreto los incidentes en Melilla. El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, señaló que "estar imputado no es estar condenado", y pidió respeto a la Justicia.

Bien distinta fue la lectura que ofrecieron los grupos de oposición en Orihuela. Pedro Mancebo, del Centro Liberal Renovador, aseguró que hay "notificaciones" de imputación a ediles porque "se han producido delitos muy graves". Recordó que, aunque la mitad del equipo de Gobierno está imputado, "manejan el dinero de todos y deciden quién paga y por qué". El edil del PSPV-PSOE Antonio Sáez abundó en este extremo: "Es lamentable que esta legislatura acabe con medio Gobierno ante el juez". Además, reprochó a la alcaldesa que "no de la cara y esté escondida". Y la portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Cristina Moreno, se preguntó si el líder del PP, Mariano Rajoy, "apoyará la corrupción con su silencio o adoptará medidas".

www.elpais.es 18.08.10

EL JUEZ IMPUTA A LA CÚPULA DEL PP DE ORIHUELA EN EL 'CASO BRUGAL'

39 nuevos implicados por la adjudicación del servicio de basura por 190 millones

El caso Brugal, que investiga una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura al sur de Alicante, adquiere una nueva dimensión con la imputación de otras 39 personas más, entre ellas la práctica totalidad de la cúpula del PP de Orihuela (86.164 habitantes). Entre los nuevos imputados, en una de las más de 20 ramificaciones del caso Brugal, destaca la actual alcaldesa, Mónica Lorente, así como el ex alcalde José Manuel Medina, también del PP. El juez del caso pidió hace días a través de un escrito a la policía que se informase a los 39 nuevos imputados de su condición, según explicaron a este periódico fuentes judiciales.

El juzgado investiga supuestos sobornos a concejales por tres millones de euros

En esta nueva lista de imputados figuran nueve políticos, entre los que hay tres de la oposición, y el resto son empresarios y gerentes de empresas de la zona, relacionadas con la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en Orihuela por valor de 190 millones de euros y por 20 años. La génesis del caso son los presuntos sobornos que ofrecieron algunas empresas, que pugnaban por la suculenta contrata, a políticos.

Hasta la fecha se había hablado de la imputación en el caso Brugal de 15 personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y tres ediles del PP en Orihuela, así como de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. Pero ahora el titular del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, en función de distintos informes que obran en la causa, ha decidido imputar a otras 39 personas.

La imputación más relevante es la de la actual alcaldesa, Mónica Lorente, que fue concejal de Fomento y Turismo durante la legislatura 2003-2007, además de asumir el cargo de portavoz del PP. Pero también figura como imputado José Manuel Medina, que fue alcalde de Orihuela desde 1995 hasta 2007. En la lista de nuevos ediles imputados por este nuevo caso figuran David Costa, actual concejal de Contratación; Antonio Lidón, edil delegado de Hacienda, y José Manuel Cutillas, concejal de Juventud, Agricultura, Agua y Mercados, y alcalde pedáneo de La Murada.

El escándalo también salpica a políticos de la legislatura anterior, como Antonio Francisco Franco Andreu, ex edil de Personal del PP, o los concejales en la oposición Joaquín Ezcurra Gilabert, del Centro Liberal Renovador, fallecido en 2009, y Jesús Fernández Peñalver, edil durante la legislatura 2003-2007 del Grupo Centro Liberal. Por último, entre los políticos implicados está Francisco García Ortuño, concejal durante la legislatura 2003-2007 por el PSOE, del que fue expulsado, y candidato del Partido Socialdemócrata en los comicios del año 2007, aunque no salió elegido.

El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP con mayoría absoluta, cerró en septiembre de 2008 el escándalo de la contrata de basura por un supuesto soborno a ediles de la Corporación de uno de los grupos aspirantes en el primer concurso con la adjudicación del servicio a la UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. El contrato está valorado en 190 millones de euros por un periodo de 20 años. El grupo adjudicatario fue el mejor puntuado por los técnicos de la mesa de contratación. En segundo y tercer lugar quedaron las propuestas de los dos grupos protagonistas del escándalo del soborno, que acabó por frustrar el primer concurso: Colsur, del empresario Ángel Fenoll, y Urbaser, respectivamente.

El supuesto intento de soborno fue difundido en marzo de 2006 por el empresario Fenoll. Éste, según una cinta grabada, sostenía que Urbaser llegó a ofrecer tres millones de euros a varios concejales, entre ellos el ex alcalde popular José Manuel Medina, por hacerse con el contrato. La difusión de la cinta obligó al entonces regidor a declarar desierto el concurso y convocar un nuevo pliego, cuyo proceso acabó dos años más tarde con la adjudicación a la oferta de Sufi. La grabación de Fenoll provocó, a su vez, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, cuya primera consecuencia fue el arresto del industrial y cuatro miembros de su entramado empresarial. Ahora, el caso se reactiva.

Basura, corrupción y compra de partidos

- El caso Brugal investiga una trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en el sur de Alicante. Comenzó en mayo de 2007 con el arresto del industrial afín al PP Ángel Fenoll, al que también se le acusa de enterrar deshechos de forma ilegal.

- En julio fue detenido el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, junto a tres ediles de Orihuela. Al presidente de la Diputación de Alicante se le imputa, entre otros delitos, fraude, cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos.

- La fiscalía pide al juez que pase a la administración deportiva las escuchas a uno de los detenidos, el promotor Enrique Ortiz, que desvelan posibles pagos a equipos para lograr el ascenso a Primera del Hércules, del que es el primer accionista. El juez se niega; la Federación Española de Fútbol abre una investigación.

www.elpais.es 17.08.10

EL JUEZ RETORNA A ORIHUELA LA PIEZA DEL 'CASO BRUGAL' QUE AFECTA A RIPOLL

El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, decidió este miércoles devolver a Orihuela la pieza del caso Brugal que refiere al presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, y que está relacionada con la adjudicación del plan zonal de basuras de La Vega Baja, cuyas instalaciones quedaron en manos del empresario Enrique Ortiz, según fuentes del caso.

El titular del juzgado número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, dictó a mediados del pasado mes de julio un auto en el que se inhibía de varias de las piezas de esta causa que investiga la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la comarca del sur de Alicante. Una de estas causas en las que se inhibió Carlos San Martín afectaba a José Joaquín Ripoll. Las diligencias fueron remitidas a Alicante y un mes y medio más tarde el juez ha decidido devolverlas a Orihuela porque no considera que sean de su competencia.

Ripoll fue uno de los 11 arrestados el pasado día 6 de julio en el marco de la investigación del caso Brugal, que parte de mayo del año 2007. Tras prestar declaración, el líder del PP de Alicante salió en libertad sin fianza, pero el magistrado le imputó por fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, según fuentes de la investigación. El fiscal solicitó prisión eludible con una fianza de 500.000 euros, que el juez rechazó. En la operación en la que se detuvo a Ripoll también fueron arrestados tres ediles del PP de Orihuela y siete empresarios.

Conversación telefónica

En el caso de Ripoll es una conversación telefónica grabada el principal indicio de su presunta implicación en el caso Brugal. En la escucha, según fuentes del caso, el dirigente popular habla con otro imputado en el sumario de supuestas contrapartidas y favores a cambio de la contrata de la planta del plan zonal de basuras de La Vega Baja. El contrato fue adjudicado en enero de 2008 a la UTE integrada por Cespa y el Grupo Ortiz e Hijos. El constructor Enrique Ortiz es otro de los 15 imputados en esta causa.

El caso Brugal arrancó en 2007 con los arrestos del industrial afín al PP Ángel Fenoll y su cúpula empresarial. La Fiscalía Anticorrupción cree que es el eje de la corrupción en el sur de la provincia de Alicante.

www.elpais.es 13.08.10 

La fiscalía considera que el amaño de partidos constituye "un fraude de graves consecuencias"

El fiscal jefe de Alicante pide al magistrado del 'caso Brugal' que le remita las escuchas sobre las presuntas compras de encuentros

Consulta las escuchas de los amaños - Las primas a terceros de los rivales del Hércules - Intentos de compra al Córdoba y al Salamanca - Intento de compra al Recreativo - Conversaciones y mensajes entre Tote y Ortiz | Vídeo: Hércules 4 - Córdoba 0

El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, ha presentado este mediodía un recurso en el que pide la revocación del auto judicial que rechazaba remitir todas las pruebas sobre amaños de partidos de fútbol de Segunda División recabadas en el transcurso de la investigación sobre el caso Brugal, la adjudicación irregular de contratos de basura en Alicante. El fiscal solicita en su escrito al juez que instruye el caso, José Luis de la Fuente, que se remitan esas pruebas a las autoridades deportivas y, aunque reconoce que carecen de relevancia penal, señala que los hechos "generan una extraordinaria alarma social", al constituir "un fraude de graves consecuencias económicas y sociales, con posibles perjuicios para terceros, capaces de producir una quiebra en la confianza de la ciudadanía".

Foto

Recurso de la fiscalía para que se le remitan las escuchas sobre amaños de partidos

DOCUMENTO (PDF - 443,98Kb) - 06-08-2010

Las grabaciones ordenadas por el juez del juez de instrucción número 7 para investigar los contratos irregulares de basura en Alicante destaparon una trama de compra de partidos que dirigía el empresario Enrique Ortiz, también implicado en el caso Gürtel de supuesta financiación ilegal del PP, y en la que colaboraba el capitán del Hércules, Jorge López, Tote, que servía de intermediario con jugadores de otros clubes para el pago de los sobornos.

www.elpais.es 06.08.10

"El portero se tiró para el lado contrario"

En una de esas grabaciones, Ortiz confiesa a un familiar que pagó 100.000 euros al portero del Córdoba: "Fue la hostia", señala en la conversación que forma parte del sumario, "en el primer gol de Tote, el portero se tiró para el lado contrario".

López Coig admite que, aunque las grabaciones se efectuaron para investigar una supuesta trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante, si surgen "nuevos hechos constitutivos de delitos menos graves, no deben de quedar "abocados necesariamente a la impunidad", y por eso, aunque su hallazgo haya sido casual se debe "perseguir por la vía correspondiente". Por todo ello, el fiscal jefe insta la revocación del auto del 3 de agosto del juzgado de instrucción de Alicante en el que denegaba la remisión de las pruebas y pide que se dicte otro que acuerde poner los hechos en conocimiento del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol.

En el sumario del caso Brugal está imputado Ortiz por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude. Junto al empresario hay otros 15 imputados, el más relevante de ellos el presidente de la Diputación y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, a quien se imputan también supuestos delitos de fraude y cohecho, entre otros, derivados de la adjudicación de la planta de basuras de la comarca de la Vega Baja. Esa instalación fue otorgada a una UTE integrada por Cepsa y una firma Ortiz.

www.elpais.es 06.08.10

El Gobierno denuncia que los sobornos alteraron quinielas y apuestas

El Consejo Superior de Deportes y la fiscalía presentan hoy recursos ante el magistrado para que les remita las escuchas sobre los presuntos amaños de Ortiz, máximo accionista del Hércules

La abogacía del Estado presentará hoy, a instancias del Consejo Superior de Deportes (CSD), un segundo recurso ante el juez José Luis de la Fuente, que instruye en Alicante el caso Brugal , para que le envíe las grabaciones que recogen presuntas compras de partidos y amaños de resultados por parte de Enrique Ortiz , el máximo accionista del Hércules. El juez, sin embargo, ya desoyó un recurso anterior del CSD en el mismo sentido, alegando que dar traslado de las escuchas reveladas por EL PAÍS a la justicia deportiva supondría "una intromisión en la intimidad" y vulneraría "el secreto de las comunicaciones". Si el nuevo recurso fracasa, la abogacía del estado, según fuentes del Consejo, "presentará un recurso de carácter urgente ante la Audiencia Nacional". Ese carácter de urgencia no es casual. "Queremos llegar al final de este asunto lo más pronto posible", explicaron desde el CSD; "antes del inicio de la Liga (el 28 de agosto)".

El CSD acudirá a la Audiencia Nacional si el magistrado le niega las grabaciones

"Hay que llegar al fondo de este asunto antes del inicio del campeonato de Liga"

En su nuevo recurso, el Consejo argumenta que el Código Penal, que por ahora no recoge los amaños deportivos como delito (lo hará a partir del 22 de diciembre, cuando entre en vigor su reforma), sí que contempla el delito de estafa. Bajo este supuesto, y siempre partiendo de la presunción de inocencia, se argumenta que se podrían perseguir los supuestos amaños muñidos por Ortiz: habrían afectado, entre otros, a los apostantes de la quiniela, víctimas de fraude y estafa, siempre según la lectura del organismo gubernamental. Hoy, además, el fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, presentará un recurso de reforma en el mismo sentido que el CSD y ante el juez De la Fuente; además de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante.

Ninguno de los recurrentes, según pudo saber este diario, confía en que su petición sea atendida por el magistrado, que fundamentó muy solidamente su primera negativa al recordar los numerosos precedentes sentados por sentencias del Tribunal Supremo.

Así explicó De la Fuente en un auto judicial su negativa a dar traslado a las autoridades deportivas de las múltiples conversaciones en las que Ortiz y Tote, capitán del Hércules , comentan la presunta compra de derrotas voluntarias de sus rivales en la lucha por el ascenso a Primera, el curso pasado: el juez entiende que supondría "una intromisión en el derecho a la intimidad" ya que las escuchas se habían ordenado para investigar una supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la recogida de basuras en el sur de Alicante, y no para descubrir los supuestos amaños.

El club alicantino, por su parte, emitió ayer un comunicado en el que negó "categóricamente" la participación del club en los presuntos amaños para lograr el ascenso a Primera el curso pasado. En ese sentido, y refiriéndose al 4-0 con el que venció al Córdoba -Raúl Navas, portero del club andaluz, habría cobrado, presuntamente, 100.000 euros, siempre según las escuchas del caso Brugal-, defendió que "el comportamiento deportivo en ese partido y en todos los disputados a lo largo de la temporada ha respetado rigurosamente las reglas de la competición".

El nuevo código penal

ARTÍCULO 286 bis, que entrará en vigor a partir del 22 de diciembre:

- Quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administrativos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de un sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones (...), será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja (...)

- Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja, y la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena inferior en grado y reducir la de multa a su prudente arbitrio.

- Lo dispuesto en este artículo será aplicable (...) a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de esta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto a aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva profesionales.

Argumentos para convencer al juez

La Abogacía del Estado y el fiscal alegan en sus escritos que las escuchas del 'caso Brugal' pueden llegar a la justicia deportiva igual que las de Batasuna acabaron en el Supremo

El fiscal y el abogado del Estado presentarán hoy sendos recursos de reforma ante el juez para intentar acceder a las grabaciones del caso Brugal, obtenidas con mandato judicial para una investigación penal y que en principio son difícilmente transferibles al procedimiento administrativo para el que está facultado el Consejo Superior de Deportes.

Fuentes jurídicas explicaron que la Judicatura en general es refractaria a exportar actuaciones penales obtenidas mediante restricción de derechos fundamentales a procedimientos administrativos. Por el contrario, actuaciones administrativas, singularmente de la Agencia Tributaria, sirven de sustento a actuaciones penales por fraude fiscal.

Para intentar superar ese obstáculo, especialistas de la Abogacía del Estado y fiscales han estado estudiando sentencias sobre las que apoyar sus recursos.

Según fuentes de la Abogacía del Estado, el abogado jefe de Alicante ha encontrado que en varias causas contra Batasuna y su entorno, las actuaciones penales iniciadas por el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional fueron luego transferidas al procedimiento de Ley de Partidos Políticos y se utilizaron para ilegalizar a diversas agrupaciones electorales y partidos fagocitados por la formación aberztale radical por la Sala del 61 del Supremo.

El procedimiento contemplado en la Ley de Partidos es un híbrido de las jurisdicciones civil y administrativa, pero desde luego no es un proceso penal. La transferencia de actuaciones entre estas jurisdicciones es uno de los argumentos que se esgrimirán en los recursos para intentar convencer al juez.

Pero además, dentro de la vía propiamente penal, se intentará argumentar que la compra de partidos incide en un falseamiento del sistema de quinielas. Ayer tarde se seguía barajando este argumento, dado que, independientemente de que exista un beneficiario concreto de la alteración del sistema de apuestas, lo que sí ha podido haber es una pluralidad de perjudicados. En concreto, alguna peña deportiva se ha quejado de que, de no haberse comprado uno de los partidos, hubieran podido obtener un importante premio.

Según las fuentes consultadas, el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, ha dado luz verde a utilizar la vía del falseamiento del sistema de quinielas, siempre que sea posible. De hecho, el falseamiento en los resultados puede haberse producido, y tanto la fiscalía como el Abogado del Estado creen que no debe quedar sin respuesta. Si tiene trascendencia penal o no, es algo que deberá decidir el juez.

www.elpais.es 06.08.10

"Sin dar primas, jugamos otra Liga"

Las conversaciones entre Ortiz y el entonces técnico Mandiá revelan que el club alicantino ya pagaba sobornos hace dos cursos

Enrique Ortiz , máximo accionista del Hércules de Alicante, ya le pagaba dinero a otros equipos hace dos temporadas, en el curso 2008-2009, según se desprende de las escuchas telefónicas recogidas en el sumario del caso Brugal . En este caso, Enrique Ortiz no habría pagado, presuntamente, a sus oponentes por dejarse ganar, sino que habría espoleado con primas a los equipos que jugaban contra sus rivales por el ascenso a Primera. Ese tipo de acuerdos permanece en una nebulosa jurídica en España: no se aceptan, pero tampoco se castigan.

"Vamos a primar al Nàstic mañana" dice Sergio Fernández, el capitán de entonces

Así, Juan Carlos Mandiá, ex entrenador del Hércules, siempre según las escuchas recogidas en el sumario, habría explicado al máximo accionista del Hércules porque había que pagar esas primas: "Si no [pagamos] jugamos en una Liga diferente". En la misma conversación, Mandiá le explica al máximo accionista del club alicantino que cree que Zaragoza y Rayo están primando a sus rivales. Propone que el Hércules haga lo mismo con los equipos que se enfrentan con esos dos clubes. Y añade: "Hay que apretar al Huesca para que le quite puntos al Zaragoza".

"Prefiero estar al margen de este tema", explicó ayer a este diario Mandiá. "Hicimos una proyección de puntos como para ascender y nos quedamos a las puertas con 78 puntos, creo que el récord de un equipo que no ha llegado a Primera".

De las conversaciones recogidas en el sumario se deduce que Ortiz llegó a la conclusión de que ese tipo de transacciones se hacían de "jugadores a jugadores". Igual que la temporada pasada, supuestamente, utilizó a Tote, el capitán de su equipo, como intermediario con otros conjuntos , en la 2008-2009 habría contactado con Sergio Fernández, el capitán de entonces, para que desempeñara idéntico cometido.

Así, en una conversación, el futbolista le dice al máximo accionista del Hércules: "Vamos a primar al Nàstic mañana...hazme caso, si...no es por coger al Tenerife, o sea, perdón, al Xerez..." Y continúa diciendo. "Pero, pero...ese partido necesitamos que el Xerez se juegue el ascenso con el Tenerife". Ortiz, sin embargo, parece negarse a pagar primas a otros equipos, por mucho que en su propio club le estén intentando convencer de que es una práctica generalizada en Segunda. "Que no, que no puede ser eso, eh...no vamos a entrar en ese juego".

En otras conversaciones recogidas en el sumario , Ortiz comenta, cómo, presuntamente, intentó comprar las derrotas voluntarias de Salamanca, Córdoba, Girona y Recreativo en las últimas jornadas de la Liga de Segunda de la temporada pasada; cómo, supuestamente, le pagó 100.000 euros a Raúl Navas, el portero del Córdoba , para que se dejara meter goles en el partido que le enfrentaba al Hércules (el encuentro acabó 4-0); y cómo también intentó ofrecer primas por la victoria a equipos que se enfrentaban a los rivales del conjunto alicantino en el ascenso a Primera, como ocurrió, supuestamente, con el Nàstic.

www.elpais.es 06.08.10

El 'caso Brugal' destapa el uso masivo de sobornos para ascender a Primera

Las escuchas a Ortiz, máximo accionista del Hércules, revelan que utilizó a Tote y Abraham Paz como intermediarios - Los dirigentes rivales, según el sumario, también primaron a terceros

Consulta las escuchas de los amaños - Las primas a terceros de los rivales del Hércules - Intentos de compra al Córdoba y al Salamanca - Intento de compra al Recreativo - Conversaciones y mensajes entre Tote y Ortiz

Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules , acudió presuntamente a Jorge López, Tote, el capitán de su equipo, para que transmitiera sus ofertas para comprar las derrotas voluntarias de Salamanca, Córdoba, Girona y Recreativo. El futbolista, además, también habría mediado a finales del curso pasado en el intento de pagar primas por la victoria a los equipos que se enfrentaban a los rivales del Hércules por el ascenso a Primera, como el Nastic, según las conversaciones registradas en el sumario del caso Brugal, que el juez se niega a entregar a las autoridades deportivas y que hoy hace públicas EL PAÍS.

Tote se apoyaba en Abraham Paz, el segundo capitán, para formalizar algunas de esas negociaciones, siempre según las conversaciones, algunas muy crípticas, porque el constructor sabía que era un hombre vigilado. Cuando se disputó el sprint por el ascenso, su nombre ya había sido relacionado con la trama del caso Gürtel, que investiga la presunta financiación ilegal del PP.

José Luis de la Fuente, titular del juzgado número siete de Alicante, entiende que los datos recogidos son "muy graves". Sin embargo, ha decidido no dar traslado de las conversaciones a las autoridades deportivas (Federación de Fútbol y Consejo Superior de Deportes), denegando así la petición del fiscal anticorrupción, al considerar que hacerlo supondría "una intromisión en la intimidad": las escuchas se habían ordenado para investigar una supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura en Alicante, y no para descubrir los presuntos amaños. El juez recuerda que la compra de partidos no es un delito penal, aunque lo será desde el 22 de diciembre, con la reforma del Código Penal. Así, el Hércules afirma que "ni como club, ni como SAD, ni ningún miembro ha incurrido en conducta ilícita, como lo demuestra la [...] resolución judicial".

www.elpais.es 05.08.10

 "LE DI 100.000 EUROS AL PORTERO Y SE TIRÓ PARA EL OTRO LADO EN EL GOL DE TOTE"

Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, revela en una conversación telefónica a la que ha tenido acceso EL PAÍS que amañó el partido de su equipo contra el Córdoba

El constructor alicantino Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, confiesa en una conversación telefónica con un allegado familiar que ofreció y pagó 100.000 euros a un portero (el del Córdoba, Raúl Navas, según se desprende del diálogo) para conseguir que su equipo ganara y pudiera llegar a la Primera División. Esta grabación telefónica, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, está incluida en el sumario del caso Brugal, una investigación judicial iniciada en mayo de 2007 sobre una supuesta trama corrupta vinculada al negocio de la basura en el sur de Alicante. Las escuchas desvelan que Ortiz dirigió cuatro presuntos intentos de compra de partidos con el Salamanca, Córdoba, Girona y Recreativo para garantizarse el ascenso, que logró como tercer clasificado, tras la Real Sociedad (primera, con 74 puntos) y empatado a 71 puntos con el Levante (segundo) y el Betis (cuarto, que se quedó en Segunda).

 "Al Salamanca le ofrecimos 150.000 euros. No quisieron y les metimos cuatro"

En esta conversación, referente al partido que enfrentó al Hércules con el Córdoba el 10 de mayo y en el que club alicantino se impuso por 4-0, el allegado familiar pregunta a Ortiz: "El portero del otro equipo? ¿De qué equipo estás hablando? ¿Ese partido?". Y el constructor contesta: "Del anterior, del último que ganamos aquí. Le di 100.000 euros... En el primer gol de Tote se tira para el lado contrario... Es que fue la hostia, macho... El cuatro a cero... 100.000 euros le había dado al portero". En otro momento de la conversación telefónica, el contratista confiesa sin reparos: "Al Salamanca le ofrecimos 150.000 euros. No quisieron y les metimos también cuatro".

Según estas grabaciones, Ortiz habría ofrecido inicialmente 300.000 euros al Córdoba, pero la plantilla de este equipo rechazó la oferta. Sin embargo, el dueño del Hércules dio presuntamente 100.000 euros al portero, Raúl Navas. El meta del cuadro andaluz negó la semana pasada que le hubieran ofrecido algo o que se hubiese vendido. Ayer este periódico intentó sin éxito conocer la versión del máximo accionista del Hércules.

Ortiz está imputado en el sumario general del caso Brugal, aún bajo secreto sumarial, por los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. No obstante, las diligencias que afectan a la supuesta compra de partidos han sido archivadas por el juez "porque los hechos no son constitutivos de delito". El fiscal anticorrupción de Alicante insta al juez a que traslade los hechos al Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol. El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, declinó ayer hacer declaraciones sobre este asunto. Fuentes del juzgado alicantino indicaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana informará cuando se produzcan "novedades sustanciales".

El Hércules necesitaba a toda costa llegar a Primera para lograr reimpulsar la precaria economía del club, que arrastra una deuda con Hacienda y la Seguridad Social de 15 millones. Ortiz controla el Hércules desde finales de los años 90 a través de la mercantil Aligestión, firma que recompró el estadio Rico Pérez al Ayuntamiento por 7,2 millones de euros. El contrato incluía que Ortiz tenía que invertir 4,2 millones en una reforma de los vestuarios. Las obras de reforma de los elementos más obsoletos ya han comenzado.

Además, el nombre de la empresa Enrique Ortiz e Hijos apareció en el auto del TSJ de Madrid dentro de la investigación del caso Gürtel entre las firmas que supuestamente habrían financiado ilegalmente al PP valenciano. Según estas diligencias, Ortiz habría aportado a este partido unos 100.000 euros.

www.elpais.es 03.08.10

EL JUEZ PIDE AYUDA A LAS AUTORIDADES PARA DIGITALIZAR EL 'CASO BRUGAL' 

Querer y no poder. Carlos San Martín, magistrado del caso Brugal (trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja) se lamenta en su última resolución de las dificultades materiales y procesales para levantar el secreto del sumario, cuya investigación comenzó en mayo de 2007. Ante este escenario San Martín pide ayuda a "las autoridades" para digitalizar la causa. El sumario tiene 15 imputados, entre ellos, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. 

San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela, en una providencia firmada el pasado día 23 y trasladado a las partes ayer, sigue sin fijar una fecha para alzar la reserva de las diligencias. El juez dedica el último punto del acuerdo a los obstáculos que le impiden facilitar a las partes copia del sumario.  

Primero destaca el "alto número de representaciones procesales y el volumen documental de las diligencias", miles de folios que suman unos 60 volúmenes, y a continuación asevera: "Siendo inviable el realizar un fotocopiado íntegro de las actuaciones ante la carestía de recursos humanos y materiales que soporta el juzgado, acrecentadas por la altísima pendencia de asuntos en trámite, se acuerda ordenar la práctica de cuantas gestiones sean precisas para proceder al completo volcado en soporte digital de las actuaciones, de las que deberá expedirse bajo fe pública judicial copia en soporte DVD o similar". "Todo ello en el plazo más breve posible e instando a las autoridades de quien dependa dicho servicio cuanta colaboración sea posible en aras de remover los obstáculos que impidan la ejecución de lo acordado", añade. 

La segunda rémora la que tiene que hacer frente el magistrado es el aluvión de recursos e impugnaciones (un total de 15) presentados por las partes a sus dos anteriores autos, firmados los pasados días 12 y 14, respectivamente. En el primero, San Martín se inhibió de varias piezas, entre ellas, la que afecta a Ripoll y relacionada con el plan zonal de basuras de La Vega Baja. Una segunda pieza hacía referencia a supuestos intentos de compra de partidos por parte del Hércules. El Juzgado número 7 de Alicante ha archivado esa causa porque no es delito. El fiscal Anticorrupción ha pedido al juez que traslade los hechos a la Administración deportiva. 

(www.elpais.com, 29/07/10)

EL PP DE ORIHUELA OCULTA LOS PAGOS EFECTUADOS AL GRUPO DE ÁNGEL FENOLL 

El PP sigue enrocado en su decisión de mantener el apoyo a sus cargos públicos imputados porta corrupción y, en paralelo, de negar a la oposición documentación sobre pagos a empresas vinculadas a esas tramas. 

Mónica Lorente, alcaldesa de Orihuela y número dos de la dirección provincial del PP, rechazó la petición del primer grupo de la oposición, el PSPV, de hacer públicas las facturas de pagos del Consistorio a 11 empresas, entre ellas tres firmas del industrial afín al PP Ángel Fenoll. Este empresario está imputado en el caso Brugal (trama vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja). La investigación considera a Fenoll como el cabecilla de la supuesta red corrupta. 

El caso Brugal y la presunta implicación del Consistorio, en mano del PP con mayoría absoluta, centró el pleno ordinario celebrado ayer, seguido por un centenar de vecinos. El debate entre el equipo de gobierno y la oposición alcanzó su punto de mayor tensión cuando Antonia Moreno, portavoz del primer grupo de la oposición, el PSPV, planteó por urgencia una moción para que el Ayuntamiento facilite las facturas de pagos a 11 empresas.  

Al margen de las de Fenoll, hay otras tres vinculadas ediles del PP. Otra de las firmas es la sociedad Orihuela Costa Servicios Inmobiliarios, entre cuyos administradores figura Jorge Lorente, hermano de la alcaldesa. El PSPV sostiene que el Ayuntamiento ha pagado a esa empresa vinculada al familiar de la regidora de manera irregular al menos un millón de euros. 

Antes del debate de esta moción sobre supuestas irregularidades en los pagos a esas firmas, el Grupo Popular hizo valer su mayoría absoluta (14 ediles, frente a los 7 del PSPV, 3 de Los Verdes, y uno del Centro Liberal Renovador) para frenar otra moción sobre la dimisión de los tres concejales populares (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y José Antonio Rodríguez) imputados en el caso Brugal.  

La iniciativa la planteó el edil de Los Verdes, Monserrate Guillén. Éste argumentó que "estos ediles no pueden seguir gestionando el dinero de todos, al menos hasta que se aclare su situación procesal". El Grupo Popular, a través del concejal de Contratación, David Costa, rechazó la propuesta y apeló a la "presunción de inocencia de los imputados".  

Los populares rechazaron la moción, pese a que poco antes habían respaldado otra, en este caso del Centro Liberal Renovador, para sumarse al Código de Buenas Conductas de la Federación de Municipios y Provincias. 

De los tres ediles imputados, el más destacado es Manuel Abadía. Este concejal es el hombre de confianza de Lorente y, a su vez, el representante del Ayuntamiento en el consorcio del plan zonal de basuras de La Vega Baja. La adjudicación de este proyecto, dependiente de la Diputación, ha motivado la imputación en la causa del titular de la institución, José Joaquín Ripoll. 

(www.elpais.com, 28/07/10)

EL JUEZ INVESTIGA A LA ALCALDESA DE ORIHUELA Y A OTRAS 40 PERSONAS POR EL CASO BRUGAL  

El magistrado Carlos San Martín, titular del juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, ha ampliado la investigación del llamado caso Brugal a una larga lista de cerca de 40 personas, entre las que se encuentran numerosos cargos públicos del Ayuntamiento de Orihuela, como es el caso de la alcaldesa, Mónica Lorente, además de miembros de la corporación oriolana del actual y del anterior mandato, como el ex regidor José Manuel Medina. En la lista también se encuentran trabajadores y ex trabajadores del empresario Ángel Fenoll, gerente de Colsur y de Proambiente e imputado tanto en la investigación por la contrata municipal de basuras de Orihuela como en la del plan zonal de residuos de la Vega Baja.  

La operación Brugal se abrió en mayo de 2007 para investigar supuestas irregularidades en la adjudicación de los servicios de recogida de basuras en Orihuela. Las pesquisas se han ampliado este mes con nuevas imputaciones, también por supuestas irregularidades en relación con la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja por la diputación. Por este asunto ya han declarado como imputados este mes el presidente de la diputación, José Joaquín Ripoll, tres ediles del consistorio oriolano, además de empresarios, como el propio Fenoll, su hijo o Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules.  

En el escrito que ayer se les entregó a estas cerca de cuarenta personas, algunos de ellos en las dependencias de la Comisaría de Orihuela, se les informa de que sus nombres figuran en las diligencias de investigación del sumario y que éste continúa bajo secreto, por lo que no se les puede dar más datos. En el auto, además, se les solicita de forma escueta que colaboren facilitando su dirección a efectos de notificación. El magistrado instructor delegó este trámite, que es muy poco habitual aunque no incorrecto, en agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Al cierre de esta edición aún no se habían entregado todas las notificaciones judiciales a los afectados. 

Muchos de los nombres de la larga lista comenzaron a correr de boca en boca ayer por tratarse de miembros del actual equipo de gobierno o del anterior, en ambos casos del PP. Lo más llamativo es que entre ellos se encuentran Mónica Lorente o José Manuel Medina, a quienes hasta ahora no se les había relacionado con esta causa.  

Desde el equipo de gobierno un portavoz indicó que la citación sólo alude a que estas personas podrían estar incluidas en las actuaciones de investigación y que, por ese motivo, se les pedía el domicilio habitual. Las mismas fuentes negaron rotundamente que se hubiera notificado a los ediles que estén imputados. Otras fuentes en cambio sí aseguraron a este diario que, en algunos escritos del juez, sí se informa al destinatario de su imputación en el caso Brugal. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía localizó a muchos de los destinatarios a través del teléfono y, principalmente, del propio ayuntamiento.  

Por otra parte, el PSPV-PSOE en la Diputación de Alicante exigió que aclare su papel en el caso Brugal o que dimita al presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, del PP, quien se defendió asegurando que no ha habido "nada irregular" y que la gestión investigada de los residuos se aprobó por unanimidad.
El popular presidió ayer su primer pleno en la diputación desde que fuera detenido. En la sesión plenaria, el socialista Antonio Amorós expresó la "indignación" ciudadana por el comportamiento "bajo sospecha" de Ripoll.  

El presidente de la diputación respondió que "a la diputación no se le acusa de nada y a su presidente tampoco: Se le acusa al presidente del Consorcio, que aunque coincide en la persona no tiene nada que ver con la gestión de la diputación". 

(www.levante-emv.com, 21/07/10) 

EL PSPV EXIGE A RIPOLL QUE EXPLIQUE SU GESTIÓN SOBRE BASURAS O DIMITA 

El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, solicitó ayer al presidente de la institución y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll -imputado en el caso Brugal- que convoque un pleno extraordinario para dar explicaciones o que dimita. Amorós exigió cuentas en el turno de ruegos y preguntas del primer pleno de la Diputación después de que hace dos semanas Ripoll fuera detenido junto con otras 10 personas en el transcurso de la investigación del caso Brugal, que trata de esclarecer una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja. 

Amorós recordó que Ripoll ha sido imputado por los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios, "relacionados supuestamente" con la ubicación de la planta de residuos en La Vega Baja que, incidió, corresponde al consorcio de la zona XVII, que Ripoll preside. 

El presidente de la Diputación mostró sorpresa por la petición y recordó que el caso está bajo secreto de sumario pese a que su voluntad es que se levante el mismo: "Para que cuando se sepa de qué se me acusa me pueda defender", afirmó. Ripoll, con todo, defendió que, por lo que dijo saber a través de los medios de comunicación, ni a la Diputación ni a su presidente se les acusa de nada, sino solo al presidente del consorcio del plan zonal XVII, que es él mismo. 

También dejó claro que reclamará de nuevo el levantamiento del secreto de sumario, frente a los recursos presentados contra el auto del 14 de julio del juez instructor del caso, Carlos San Martín, que levantaba parcialmente el secreto de sumario. 

El líder del PP aseguró que la adjudicación del plan zonal XVII fue aprobada por unanimidad y aseguró que en ella "no ha habido nada irregular". También agregó que ha facilitado al PSPV todos los datos solicitados. 

Por su parte, la diputada socialista Antonia Moreno se dirigió a la vicepresidenta segunda de la Diputación y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, para pedirle explicaciones y criticar las declaraciones en las que advertía que el PSPV igual tiene algo de ocultar. Moreno fue interrumpida por Ripoll, que le remitió al ámbito municipal para tratar este asunto. 

Por otro lado, San Martín notificó ayer a 42 personas que aparecen en las diligencias de la primera fase del caso, en la que hubo seis imputados. Las 42 personas son principalmente ex concejales de Orihuela y asesores de la firma de Ángel Fenoll, considerado el cabecilla de la trama. 

(www.elpais.com, 21/07/10) 

EL IMPUTADO RIPOLL SE SORPRENDE DE QUE PIDAN SU DIMISIÓN 

El presidente de la Diputación de Alicante (PP), José Joaquín Ripoll, exhibió hoy su "sorpresa" por la exigencia del Grupo Socialista de que dimita. El dirigente conservador está imputado por cinco delitos en el marco del caso Brugal, que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja y de la ciudad de Orihuela. 

Las declaraciones de Ripoll se produjeron hoy al término de un pleno de la institución que dirige. Fue el primero desde que el presidente de la diputación fue detenido hace un par de semanas junto a otras diez personas en la última fase de la Operación Brugal. Varios de los asistentes coincidieron en calificar la cita de "muy tensa". 

Fue el socialista Antonio Amorós el que expresó la "indignación" ciudadana por el comportamiento "bajo sospecha" de Ripoll. Tras recordar que ha sido imputado por cinco delitos y que debería regirse con "honestidad y honradez", advirtió de que su detención "desprestigia a la institución y a la clase política". 

En este contexto, el dirigente socialista instó a Ripoll a que convoque un pleno extraordinario de "inmediato" para ofrecer "claridad y transparencia" a fin de que su grupo pueda volver a tener confianza en la institución, o "en caso contrario presente su dimisión". 

En respuesta, el presidente de la diputación resaltó que a la corporación provincial "no se le acusa de nada y al presidente, tampoco", ya que su imputación se debe a su condición de presidente del consorcio de residuos. A su juicio, "lo justo" es esperar a que se levante el secreto de sumario como él mismo está pidiendo "insistentemente". 

"Cada uno puede pedir las dimisiones, si es habitual. En esta institución el clima que ha imperado es no pedir las dimisiones del presidente y buscar el máximo acuerdo", añadió. Además, remarcó que "nada se ha hecho al margen de la comisión de gobierno ni de la junta de gobierno en la que participan todos los ayuntamientos que componen el consorcio". "El expediente es correcto y no hay nada irregular", defendió. 

Pese a ello, los investigadores han puesto a disposición del juez los hechos que apuntan a Ripoll como cooperador necesario del pelotazo que dieron los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz con el cambio de ubicación injustificado de un vertedero. Según las pesquisas, Ripoll habría manipulado el concurso y les habría facilitado información reservada. De hecho, entre los cinco delitos por los que está imputado, aparece el de cohecho.

En este extremo insistió en el pleno la socialista Antonia Moreno, que recordó al dirigente conservador que estar imputado por cohecho implica cobrar por hacer algo. Ripoll intentó cortar a la socialista y ordenó que no constaran en actas las referencias al caso Brugal. 

En cuanto a su relación con el empresario y dueño del Hércules, Enrique Ortiz, otro de los detenidos,Ripoll indicó que su compañía, el Grupo Cívica, "tiene algunos contratos con la diputación, aunque no es el mayor contratista ni el menor", y agregó que sólo ha obtenido obras cuando el dictamen de la comisión técnica así lo ha recomendado.  

(www.publico.es, 21/07/10)

EL FISCAL RECURRE EL ALZAMIENTO DEL SECRETO DEL SUMARIO DEL 'CASO BRUGAL' 

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, presentó ayer un recurso contra el auto del pasado día 14 de Carlos San Martín, magistrado instructor del caso Brugal, mediante el cual levantaba parcialmente el secreto del sumario, en reserva desde el inicio de la investigación, en mayo de 2007. En la causa, que pretende esclarecer una trama corrupta sobre el negocio de la basura en La Vega Baja, hay 15 imputados, entre ellos el presidente de la Diputación y líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll. El dirigente popular está implicado a raíz de una escucha telefónica y el juez le acusa de los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. 

Dos días antes de ese auto que afecta al secreto del sumario, San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, dictó otra resolución en virtud de la cual se inhibía de varias piezas la causa. Una de las partes es la que afecta directamente a la imputación de Ripoll y ha sido remitida a un juzgado de Alicante. Esas partes del sumario se mantendrán en secreto hasta que se pronuncie el magistrado competente, al menos en un plazo de 10 días, en estimación de San Martín. 

Según fuentes del caso, en su recurso Briones considera que la causa debe permanecer en secreto en su conjunto y hasta que los nuevos jueces competentes se pronuncien sobre las piezas separadas. Esas mismas fuentes señalan que el escrito del fiscal no cuestiona el desglose de la causa general. 

Aparte del fiscal, ayer también presentó recurso el equipo jurídico del industrial afín al PP Ángel Fenoll, considerado por la investigación como el cabecilla de la supuesta trama. Estos letrados señalan que el levantamiento parcial del secreto del sumario puede causar "indefensión" a su cliente.  

La defensa de Fenoll también solicita más información acerca del auto de inhibición del juez instructor y pide un plazo de tiempo más extenso para conocer qué piezas se desglosan del sumario y en qué medida afectan al empresario Fenoll. Los abogados del empresario lamentan la falta de información sobre las escuchas practicadas por la investigación en estos tres últimos años y los autos de prórroga de las mismas. 

(www.elpais.com, 20/07/10) 

EL PP DE ALICANTE CREE QUE EL CASO BRUGAL ES UNA OPERACIÓN DIRIGIDA CONTRA EL PARTIDO  

Dos semanas después de la controvertida "operación Brugal", que se saldó con la detención de 11 personas por la gestión de las basuras de la Vega Baja -entre ellas el presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll-, la dirección provincial del PP mantiene las dudas sobre el fondo y la forma de la investigación por considerar que se trata de una intervención "dirigida" contra los intereses del partido.  

Así lo explicó ayer la secretaria general del PP y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, al término de la ejecutiva provincial de la formación, a la que Ripoll explicó "con absoluta tranquilidad" las circunstancias que rodearon su detención y emplazó a mantener intacta su "hoja de ruta" para las elecciones municipales de 2011 al margen del proceso judicial en marcha. 

"No hubo detenciones, sino detención técnica y acompañamiento a los registros y entradas", indicó Lorente para explicar qué entendía por operación dirigida. "Sí que hubo descoordinación entre la actuación policial y la judicial", añadió. "Si vienen a pedir un expediente, lo podían haber hecho a través de un requerimiento ordinario en el curso de una investigación que es una de las más largas de España con más de tres años ya de instrucción", agregó la también alcaldesa de Orihuela, tres de cuyos concejales han sido imputados en la misma operación. "Se pudo hacer", concluyó, sin esos despliegues policiales para evidenciar lo que no es". 

Lorente quiso dejar claro que la investigación judicial sobre la gestión de las basuras en su comarca no va a entorpecer la vida diaria del partido ni la implicación de Ripoll en la misma. "Tranquilo y convencido como está plenamente de su inocencia", explicó la secretaria general, "nuestro presidente se va a implicar en el esfuerzo colectivo de todo el partido para afrontar el curso electoral que se pondrá en marcha en septiembre. La dirección provincial, que ya tiene claro quién encabezará el cartel electoral en más de un centenar de municipios para mayo de 2011, pondrá en marcha su comité de campaña en septiembre y, a partir de ahí, los respectivos órganos locales. 

Durante su intervención ante el comité, Ripoll agradeció el apoyo recibido de todas las instancias del partido -provincial, regional y nacional- y recalcó su predisposición a seguir dando explicaciones públicas y en el juzgado. "Todos los expedientes de la Diputación, de la A a la Z, son correctos y están a disposición de la autoridad judicial", incidió Lorente, que destacó el "ánimo y la fuerza" de Ripoll para trabajar en el partido sin que los procesos judiciales afecten a los resultados electorales "y no permitir lo que otros persiguen". Preguntada sobre "el pinchazo" policial de las comunicaciones telefónicas de miembros del PP, Lorente dijo no saber nada. 

Mientras, la ejecutiva provincial parece reconducir puentes con la regional y confirma que sí acudirá al acto de cierre del curso político convocado en Valencia el próximo día 29. 

(www.levante-emv.com, 20/07/10)

FENOLL OBTUVO LA CONTRATA DE CALP SIN TENER VERTEDERO LEGAL 

Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, dos de los principales empresarios implicados en el caso Brugal, en el que también está involucrado el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, extendieron durante la última década sus negocios a dos poblaciones de La Marina Alta, Benissa y Calp, después de haber mantenido vinculaciones precisamente con los actuales diputados provinciales que el PP tiene por esta comarca, el alcalde de Benissa, Juan Bautista Roselló, y el edil de Calp Juan Roselló. 

Ángel Fenoll, cuya estructura empresarial mantenía en Calp contactos con el concejal Juan Roselló y con el cuñado de este último, Francisco Artacho, obtuvo la contrata de la basura en condiciones presuntamente irregulares en ese municipio en febrero de 1998, cuando el PP del entonces alcalde Javier Morató gobernaba con mayoría absoluta. El Consistorio le adjudicó el servicio sin que el industrial contara con un vertedero legal autorizado. 

Mientras, Enrique Ortiz logró entre 2001 y 2002 adjudicaciones de obra pública por valor de 3 millones de euros cuando Juan Bautista Roselló aún figuraba como administrador mancomunado oficial de una de las mercantiles del empresario alicantino.Colsur, una de las empresas de Fenoll, comenzó a gestionar la basura de Calp cuando aún no disponía de ningún vertedero autorizado en La Vega Baja, por lo que abocaba los residuos en el vertedero de Los Vives, en la pedanía de La Murada de Orihuela, que carecía de autorización y de estudios medioambientales. En realidad, la mercantil de Fenoll no dispuso de un vertedero en condiciones hasta 1999. No obstante, el expediente de contratación fue aprobado por un pleno en noviembre de 1997 y la adjudicación del contrato en otro pleno de febrero de 1998. 

Las presuntas irregularidades fueron denunciadas en enero de 1999 por el concejal de Orihuela Miguel Ángel Robles, que unos meses antes había sido expulsado por sus diferencias junto con otros cuatro ediles enfrentados con el entonces alcalde, José Manuel Medina. Robles vinculó las anomalías de la contrata de Calp "a una trama de alcaldes del PP". 

Robles obtuvo la razón de sus argumentaciones en los juzgados cuando Fenoll lo denunció por injurias y calumnias. Una sentencia del juzgado de Orihuela absolvía en junio de 2001 a Robles al considerar probado que el empresario no dispuso de un vertedero en condiciones para depositar los residuos de Calp hasta 1999. 

Por su parte, el alcalde de Benissa, el popular Juan Bautista Roselló, no le importó mantenerse como administrador mancomunado de Predios Urbanos, una de las empresas de las que Enrique Ortiz es accionista mayoritario, cuando fue designado alcalde de ese municipio en 1999. En enero de 2002, Roselló aún detentaba oficialmente ese cargo cuando la comisión de gobierno adjudicó a Ortiz e Hijos la restauración de un seminario franciscano por valor de 726.000 euros después de una comisión de gobierno presidida por el propio alcalde, quien también era concejal de Planificación Urbanística. El coste final de estas obras se elevó hasta 1,3 millones de euros después de algunas modificaciones de mejora en el proyecto. 

No era el primer negocio importante que obtenía en esta localidad el empresario alicantino: muy poco antes, en diciembre de 2001, también había recibido el encargo del Ministerio de Medio Ambiente, gestionado por el PP, de ejecutar el paseo litoral de Benissa por un importe de 2,28 millones de euros. 

(www.elpais.com, 19/07/10) 

EL PP DE CALP OBVIÓ QUE FENOLL NO TENÍA VERTEDERO LEGAL AL CONTRATARLE LA BASURA  

El caso Brugal, por el que están imputados, entre otros, los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, y el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, también podría tener ramificaciones en la comarca de la Marina Alta. Calp compite con los municipios de la Vega Baja por hacerse un hueco en el escándalo de los contratos de basura presuntamente irregulares. 

De hecho, en febrero de 1998, el equipo de gobierno del PP adjudicó a la empresa Colsur S. L., del grupo Proambiente y propiedad de Fenoll, el servicio de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos. El contrato era por 25 años y la mercantil recibía del ayuntamiento 29,88 euros por tonelada de basura compactada y trasladada a un vertedero autorizado. El pliego de condiciones establecía claramente que la concesionaria debía disponer de un vertedero legal. De no cumplirse este extremo, el entonces alcalde, Javier Morató, podía rescindir el contrato. 

Colsur, S. L., como después quedaría demostrado, no contó con vertedero autorizado hasta 1999. Sin embargo, Morató y el propio Fenoll firmaron el 24 de febrero de 1998 el contrato definitivo de concesión. El gobierno calpino no puso demasiado interés en confirmar si la mercantil disponía de basurero legal. Los técnicos municipales se curaron en salud al advertir que el vertedero "aparentemente" cumplía las condiciones de legalidad. 

Además, el edil de Orihuela Miguel Ángel Robles, expulsado del PP al acusar de corrupción al alcalde de ese municipio, José Manuel Medina, y al ex conseller Luis Fernando Cartagena, ya entonces aseguró que ese adjudicación era irregular. Este concejal denunció que la mercantil de Fenoll arrojaba cada día 100.000 kilos de basura de Calp en el vertedero ilegal de los Vives, en la pedanía oriolana de la Murada. Aseguraba que el suelo de ese vertedero no estaba impermeabilizado y existía el riesgo de que las filtraciones contaminaran el agua de la potabilizadora de Orihuela. 

Las acusaciones de Robles, que también denunció que en tras las irregularidades en la basura había "una trama de alcaldes del PP", le valieron una querella por injurias y calumnias de Fenoll. Sin embargo, el juzgado lo absolvió en junio de 2001 al concluir que sus manifestaciones eran ciertas. 

En el primer año de la concesión a Colsur, ocurrió en la planta de Calp en la que se trataba la basura para luego enviarla al vertedero un extraño episodio en el que se vieron envueltos Antonio Ángel Fenoll, encargado de Colsur e hijo de Ángel Fenoll, y Francisco Artacho, cuñado del diputado calpino del PP, Juan Roselló. Ambos y un empresario de Pego simularon un accidente para intentar cobrar una indemnización de 80.000 euros de las aseguradoras, según la sentencia de 2007 del Tribunal Supremo, que los condenó por un delito de estafa. 

Artacho y Roselló están imputados por el supuesto sobrecoste de un millón de euros en las obras de la red transversal del agua de Calp (caso Aguas de Calpe). 

De hecho, el diputado provincial del PP fue la mano derecha de Javier Morató durante sus 12 años de alcalde. 

Mientras Ángel Fenoll tiene una relación estrecha con Calp, otro empresario implicado en el caso Brugal, Enrique Ortiz, parece tenerla con Benissa. El alcalde de este municipio y también diputado provincial del PP, Juan Bautista Roselló, fue administrador de Precios Urbanos, S. A., una mercantil del empresario alicantino. Mantuvo ese cargo en la empresa al llegar a la alcaldía en 1999. Tres años más tarde, trascendió que continuaba como administrador de una sociedad que se dedicaba a la promoción inmobiliaria. 

Mientras tanto, la comisión de gobierno que presidía el propio Roselló adjudicó a Ortiz e Hijos las obras de restauración del seminario franciscano por una cuantía de 726.000 euros. El alcalde alegó que para entonces ya estaba fuera de la empresa, aunque ese cambio todavía no se había recogido en los datos del Registro Mercantil. 

(www.levante-emv.com, 19/07/10)

EL OSCURO NEGOCIO DE LAS BASURAS

La agresiva y tramposa pugna por la adjudicación de las contratas para el tratamiento de los residuos en Alicante pone contra la cuerdas al ripollismo

"En Orihuela se hacen trampas aunque no sean necesarias", comenta un veterano analista político de la capital de La Vega Baja y epicentro del tsunami de corrupción que ha alcanzado la cúpula del PP, hegemónico en la localidad y en la provincia en los tres últimos lustros. Las trampas están vinculadas a la agresiva pugna empresarial, en connivencia con cargos públicos, por las multimillonarias contratas de la basura. En el origen y final de la batalla se sitúa en el industrial afín al PP Ángel Fenoll, y frente a él, en los últimos años, el contratista Enrique Ortiz.

  • El espejo de la lucha por la basura es la cainita guerra del PP de Orihuela
  • El orien y final de esta batalla se sitúa en el industrial afín al PP Ángel Fenoll
  • La corrupción no ha afectado todavía a la hegemonía electoral de los populares

Las oscuras maniobras de Ángel Fenoll han tejido una trama corrupta político-empresarial, que ha derivado en el caso Brugal. La investigación, que pivota sobre la contrata de basura del plan zonal de La Vega Baja, ve en Fenoll al cabecilla. Los tentáculos de esta red han echado a la charca de la corrupción y han puesto contra las cuerdas a la tercera pata del PP valenciano, el ripollismo, liderado por José Joaquín Ripoll. El incombustible líder provincial del PP está imputado, a raíz de una escucha telefónica, de los supuestos delitos cohecho, fraude y tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Y su mano derecha, la emergente alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, tiene a tres de sus concejales imputados en la causa.

El espejo de la batalla por el negocio de la basura es la cainita batalla vivida en el PP oriolano desde su acceso al poder local, en 1987. Y el fogonero de esa fratricida lucha ha sido Fenoll, que ha atizado el fuego, en una u otra dirección, en función de sus intereses.

La génesis de esta pugna se sitúa en 1991, cuando el entonces alcalde y posteriormente consejero de Obras Públicas del PP, Luis Fernando Cartagena, adjudica a dedo a Ángel Fenoll el servicio de recogida de basura en la costa de Orihuela. El idilio entre Fenoll y Cartagena transcurría plácido hasta que este último, apenas pisar el ruedo de la política autonómica, fue implicado en el caso de las primas únicas.

José Manuel Medina tomó el relevo de Cartagena en la alcaldía oriolana en julio de 1995. Y a los pocos meses comenzaron las diferencias en el seno de la mayoría absoluta del Grupo Popular. Un sector de cinco ediles, encabezados por Jesús Ferrández, exigió a Medina que soltara amarras con Cartagena, y exigió más poder en el área de Urbanismo, que reclamaba para sí Ferrández.

Fenoll no dudó en aliarse con Medina. En sus manos estaba seguir explotando a dedo la basura de la costa. El entonces regidor desoyó las demandas de los críticos. El punto culminante fue un intento fallido de Medina por compensar a Fenoll y darle oficialmente la contrata de basuras. Los críticos se opusieron y Fenoll puso sobre el tapete, por primera vez, sus artes. En la primavera de 1997, intentó comprar a uno de esos ediles, José Meseguer, por 70.000 euros. El conato de soborno está grabado. Entre los que aparecen junto a Fenoll y su Mercedes 500 plateado estaba Manuel Lorente, padre de la actual regidora. Meseguer rechazó el soborno.

Este episodio fracturó definitivamente el Grupo Popular. Ferrández y cuatro ediles más se fueron al Grupo Mixto, germen del posterior partido Centro Liberal. Ferrández puso el ventilador en marcha y fue directo a la cabeza de Cartagena. Hasta en tres ocasiones acudió ante el juez para denunciar la apropiación por parte del ex regidor de una donación de 49.000 de unas religiosas. El caso le costó a Cartagena una condena de cuatro años de cárcel.

Fenoll se mantuvo fiel a Cartagena (incluso le falsificó facturas para intentar salvarlo, extremo por lo que también fue condenado a dos años). Medina optó por distanciarse y en la vista oral del caso pasó de puntillas. Medina se presentó a la reelección en 2003 y ganó, pero con el compromiso dejar paso a Mónica Lorente al final del mandato. El regidor incumplió el pacto y, además, no regularizó el contrato con Fenoll.

A mediados de ese mandato el ya ex regidor planteó un nuevo pliego para la contrata de la basura. Fenoll intuyó que podía quedarse fuera y desplegó toda su batería contra Medina. El industrial grabó una conversación con Ferrández en la que éste le desvelaba un supuesto soborno por la contrata. Y no dudó en llevar en persona la cinta al fiscal de Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

El escándalo del supuesto soborno y la denuncia del ex interventor del Ayuntamiento, José Manuel Espinosa, por supuestas irregularidades contables y urbanísticas, socavaron la base de Medina. Éste retiró el concurso ante la presión del grupo de ediles encabezados por Mónica Lorente. Fenoll también había vuelto a cambiar de chaqueta y su apuesta era Mónica Lorente, a la que aupó a la presidencia local del PP, en junio de 2005.

Medina, cercado por la Fiscalía Anticorrupción, abrazó entonces la fe campista y Lorente, la ripollista. Las diferencias entre Medina y Lorente eran de tal calibre, que el primero llegó a denunciar un compló para matarle. Entre los denunciados, estaban un pistolero búlgaro, el hermano de la alcaldesa, entonces empleado de Fenoll, y un hijo de éste. El juez archivó el caso.

Camps dejó caer a Medina y Lorente se convirtió en candidata a la alcaldía en mayo de 2007, que ganó con una insultante mayoría. Pero una semana más tarde, Fenoll recibió el primer golpe sonado de la justicia. Estuvo en la cárcel por cohecho y extorsión a consecuencia de la primera fase del caso Brugal. Tras salir de prisión, Fenoll retomó su papel de patrón de la comarca, aunque desde la clandestinidad. Los socialistas sostienen que dos de las empresas de la UTE que lidera Sufi en la contrata de basura que adjudicó Lorente en octubre de 2008 son una tapadera del industrial.

El paso de Fenoll a la clandestinidad coincide con un nuevo acelerón del promotor Ortiz en el negocio de la basura. Éste que ya controlaba el servicio de la recogida en Alicante y la planta del municipio, a través de la firma Inusa, optó a la de La Vega Baja. Ripoll le adjudicó el contrato en unión con Cespa en enero de 2008. Esta adjudicación y la supuesta presencia de Fenoll en la sombra (la adjudicataria cambió el emplazamiento inicial de la planta a una finca propiedad de Fenoll) desató el pasado día 6 la segunda fase del caso Brugal.

Fenoll ha extendido su negocio de la basura a otra población de La Marina Alta, Calp, informa Arturo Ruiz. Fenoll se hizo con esta contrata de la basura de manera irregular en febrero de 1998. Las irregularidades las denunció en 1999 el ex concejal de Orihuela Miguel Ángel Robles. Robles obtuvo la razón a sus argumentaciones, cuando el juez lo absolvió de una denuncia de Fenoll por injurias.

Las consecuencias electorales para el PP por su presunta vinculación con esta madeja de corrupción han sido nulas hasta ahora. Al margen del sustrato sociológico de Orihuela, hay un dato demoledor: el PP tiene allí unos 5.000 afiliados, apenas 2.000 menos que votos sacó el PSPV en las últimas municipales.

QUIÉN GESTIONA LOS PLANES ZONALES DE ALICANTE

La gestión de residuos urbanos está zonificada en la Comunidad Valenciana. Al menos, sobre el papel. El Plan Integral de Residuos vigente, de 1997, se planteó para poner orden en una gestión siempre polémica. Pero el plan solo se ha ejecutado parcialmente y en la provincia de Alicante, de hecho, se han ido organizando colectivos que denuncian la gestión de las plantas de sus municipios y se oponen a la llegada de basura de fuera.

La provincia de Alicante está dividida en seis planes zonales. En cada zona un consorcio decide sobre la gestión de los residuos, excepto en el caso de Alicante ciudad, que forma ella sola el plan zonal XVI. En el caso de Alicante, la planta de tratamiento y el vertedero, de titularidad municipal, están gestionados por Inusa, adjudicataria del contrato de limpieza, recogida de residuos y tratamiento. Inusa está participada en un 35% por Cespa, otro tanto por FCC y un 30% por Enrique Ortiz e Hijos.

El plan zonal XIII, que corresponde al Alto Vinalopó y a parte de las comarcas del Medio Vinalopó y de L'Alcoià, tiene su planta y vertedero en Villena. Su gestión es responsabilidad de la empresa pública Vaersa. Una situación similar se reproduce en el plan zonal XIV, que cubre El Comtat y parte de L'Alcoià y L'Alacantí, y que tiene en Xixona su planta y vertedero. La gestión de los residuos la realiza Reciclados y Compostaje Piedra Negra, SA, participada al 51% por Vaersa y en un 49% por Cespa.

El plan zonal XV, por su parte, construyó la planta de tratamiento y de un vertedero en El Campello, con el que cubrir la gestión de residuos de La Marina Alta, La Marina Baixa y la localidad mencionada. El adjudicatario de la planta es FCC.

El quinto plan zonal es el XVIII y corresponde a los municipios del Bajo Vinalopó, cuyos residuos se trasladan y tratan en Elche. El concesionario de esta planta es Urbahormar, participado en un 65% por Urbaser y en el 35% restante por Hormigones Martínez.

El sexto es el polémico plan zonal XVII, de La Vega Baja. Este plan zonal no tiene construida ni su planta de tratamiento ni su vertedero. Fue adjudicado a una UTE formada por Cespa y Enrique Ortiz e Hijos.

El negocio de la basura es, junto con el de la adjudicación de la contrata del agua, la parte más grande del pastel presupuestario de un municipio y su gestión un negocio seguro, rentable y a largo plazo. "Las grandes constructoras hace años entraron en el negocio de las basuras y en la medida que el sector de la construcción ha caído, las basuras tienen un mayor peso en su cifra de negocio", explica Carmen Sánchez Brufal, edil socialista de Alicante. Y el negocio también está en quien traslada la basura, agrega.

Para un organismo público como la Diputación, gestionar directamente los consorcios zonales de residuos de la provincia supone manejar decenas de millones de euros. Los consorcios están participados en un 15% por la Diputación, un 25% corresponde al Consell y el 60% a los ayuntamientos en función de su población. El consorcio que gestiona el plan zonal XIV tiene un presupuesto de 193.300,82 euros (2009), de los cuales el 85% fueron a gastos de personal.

Las indemnizaciones mayoritarias se pagan a la secretaria, interventora y tesorero, que en el caso de este consorcio reciben 13.200 euros al año. El gerente cobró 52.466,19 euros en 2009 y fuentes del consorcio aseguran que apenas ha visitado la planta dos veces al año.

www.elpais.es 18.07.10

LOS TENTÁCULOS DEL CASO BRUGAL

 

La investigación por corrupción en el negocio de las basuras descubre nuevos hechos presuntamente delictivos que suman un conglomerado de casos judiciales Además de las siete piezas enviadas a Alicante, el juez remite otras a los juzgados de Orihuela

La investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la adjudicación de la contrata de recogida de basuras en Orihuela y del Plan Zonal para la gestión de residuos en la Vega Baja se ha convertido en una maraña de presuntos hechos delictivos que han derivado en un conglomerado de casos judiciales repartidos entre Alicante y Orihuela y que podrían llegar a abarcar más partidos judiciales.

Aunque el germen de la investigación radica en supuestas irregularidades relacionadas con contratos a empresas otorgados por administraciones públicas, lo cierto es que cuanto más se han intentado esclarecer los hechos, más tentáculos le han salido al pulpo. El juez instructor del caso, Carlos San Martín, titular del juzgado de Primera Instancia numero 3 de Orihuela ha remitido a Alicante siete causas desgajadas del caso Brugal, además de otras que ha mantenido en el partido judicial de Orihuela y que también investigarían presuntos delitos descubiertos mientras se investigaba la causa principal.

El magistrado ha enviado a los juzgados alicantinos de Benalúa el procedimiento que afecta al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y que se vincula con supuestas irregularidades en la adjudicación del Plan Zonal de residuos de la Vega Baja, que supone la construcción del vertedero y toda la obra pública necesaria para la gestión de las basuras de la comarca. Este servicio fue adjudicado en enero de 2008 por el Consorcio Provincial de Residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, a la unión temporal de empresas Cespa-Ortiz.

Además de este expediente vinculado a las basuras, los juzgados de Alicante investigan otros hechos no conexos con el Plan Zonal tales como irregularidades en la gestión de la Fundación Hércules cuando estaba al frente de la misma el empresario Rafael Gregory, también imputado en la operación Brugal y para el que el juez pidió prisión eludible con fianza de 100.000 euros.
La segunda fase de la Operación Brugal reventó el pasado 6 de julio con la detención de 11 personas, entre ellas el presidente de la Diputación, y 19 registros policiales. Previamente, en el verano de 2007, este caso ya vivió un primer estallido con la detención de cinco personas en Orihuela, de las que tres estuvieron en prisión. Se trata del empresario Ángel Fenoll, un hijo de éste y del concejal y gerente de una de las empresas de Fenoll, Javier Bru. Una de las causas desgajadas de la causa principal y que habría recaído en Orihuela estaría relacionada con un presunto delito electoral. También habría otra contra el medio ambiente.
Según fuentes judiciales, los presuntos delitos descubiertos a colación del caso Brugal podrían abarcar a más municipios. Lo que está claro, según las citadas fuentes, es que aparecerán nuevos implicados y nuevos nombres a medida que los jueces vayan adentrándose en las causas.

El magistrado levantó el pasado jueves el secreto del sumario de la parte que afecta a la adjudicación de la contrata municipal de basuras de Orihuela. Respecto al resto de causas separadas y sobre las que el magistrado se ha inhibido, serán ahora los jueces los que decidan si abrir una investigación. La mayoría de ellos aún no ha tomado ninguna decisión al respecto, según ha podido saber este diario.

Cambios de placas de matrícula en camiones

La Fiscalía Anticorrupción cuenta con material gráfico en el que se observa a operarios de la actual contrata de la recogida de residuos de Orihuela, realizando cambios de placas de matrícula de vehículos pesados empleados para la retirada de basura. Documentación que se ha aportado a la causa de la Operación Brugal, al igual que otras imágenes en las que se observa el trabajo conjunto de vehículos pesados adscritos a la contrata de Orihuela, formada por las mercantiles Sufi, Liasur y Gobancast, y camiones con el logo de la mercantil de Ángel Fenoll, que no realiza ese servicio en la ciudad. La Fiscalía Anticorrupción investiga supuestas irregularidades en la flota de camiones de la actual contrata, aunque no hay constancia ni de que esa investigación, ni las imputaciones de empresarios ligados a esas firmas, se hayan derivado de la citada documentación.

Tanto Fenoll como su hijo, Antonio Ángel, y uno de los gerentes de Sufi, están imputados en el marco de la Operación Brugal, además del empresario Rafael Gregory, empresario dedicado al suministro de camiones y abastecedor habitual de las empresas de Fenoll.
La oposición al PP en el Ayuntamiento de Orihuela (PSOE, Los Verdes y Clr) ha denunciado desde que comenzaron los primeros trámites para la adjudicación de la nueva contrata de la recogida de basura, que Fenoll "está detrás" de la propuesta que resultó finalmente ganadora. La contratación del actual servicio, que en entró en funcionamiento en mayo de 2009, con un canon anual de 9 millones de euros, fue precedida por la decisión del equipo de gobierno de dejar desierto en noviembre de 2007 un procedimiento de contratación anterior, en el que incluso existía una valoración de las ofertas de las empresas a favor de Urbaser. La resolución se adoptó con los votos en solitario de los ediles del PP y el abandono del pleno del resto de concejales de la oposición.

www.levante-emv.com 18.07.10

Una escucha telefónica vincula a Ripoll con el cohecho de la basura

Habla con un imputado de favores por la contrata del plan zonal

Una conversación telefónica grabada al presidente de la Diputación y líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, es el principal indicio de su presunta implicación en el caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja). En la escucha, según fuentes del caso, el dirigente popular habla con otro imputado en el sumario de supuestas contrapartidas y favores a cambio de la contrata de la planta del plan zonal de basuras de La Vega Baja. El contrato fue adjudicado en enero de 2008 a la UTE integrada por Cespa y el Grupo Ortiz e Hijos. El constructor Enrique Ortiz es otro de los 15 imputados en la causa, que se abrió en mayo de 2007.

Estas fuentes del caso han señalado que no existe prueba documental que relacione a Ripoll con el supuesto soborno por el mencionado contrato. El líder del PP fue arrestado el pasado día 6 en su domicilio particular por los agentes de la Unidad de Delitos Monetarios. Antes de ser conducido a la comisaría para interrogarle, la policía registró su casa (un chalé a las afueras del casco urbano de Alicante) por espacio de cuatro horas. Ripoll comentó un día después que la policía no se incautó de nada en su domicilio, "ni documentos ni dinero".

Delitos

Tras declarar en comisaría, Ripoll quedó en libertad con cargos. Dos días después, prestó declaración ante el magistrado instructor del caso, Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela. El magistrado le imputó los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, pidió una fianza de 500.000 euros, extremo que rechazó San Martín.

Tras interrogar a todos los detenidos en la operación del pasado día 6, el juez instructor dictó el lunes un auto por el que se inhibía de varias piezas de la causa general, entre ellas la que afecta directamente a la imputación de Ripoll y la adjudicación del plan zonal de basuras de La Vega Baja. Esas diligencias serán remitidas a los juzgados de Alicante.

El pasado miércoles el magistrado San Martín firmó otro auto en el que levantaba el secreto del sumario del sumario, blindado desde el inicio de la investigación, salvo las piezas sobre las que se ha rechazado la competencia. San Martín estima que el nuevo juez competente decidirá sobre el secreto del sumario de la pieza de Ripoll en un plazo de 10 días. Fuentes de caso califican de "exageradamente optimistas" esas previsiones. Con toda seguridad, el juzgado de Alicante que sea designado para ver el caso asumirá la competencia, pero será difícil que adopte alguna resolución en 10 días, remarcan esas fuentes.

Ripoll, en uno de sus primeros actos públicos tras su imputación, reconoció ayer a los periodistas su preocupación por su situación judicial y admitió que electoramente será una rémora. "Eso no beneficia nunca, pero espero poder rebatirla con argumentos en la correspondiente comparecencia ante los jueces", aseveró. El líder del PP alicantino insistió en resaltar su inocencia y de que los tiempos judiciales sean cortos. "Lo que me planteo en este momento es cuanto antes demostrar mi inocencia y, sobre todo, la actuación regular y ajustada a derecho de la Diputación y del consorcio de La Vega Baja, como la de otros consorciones que también presidido [Ripoll controla los seis consorcios de otros tantos planes zonales de basura de la provincia de Alicante]", dijo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, denunció ayer un "cierto paralelismo" entre la actitud de Ripoll y la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras ser imputados en supuestas tramas de corrupción. "Ambos se han escudado en el secreto del sumario para no dar información", dijo el dirigente socialista. "Si hay un procedimiento administrativo [el expediente de adjudicación del plan zonal] que es previo al sumario se debe poner encima de la mesa", añadió.

www.elpais.es 17.07.10

EL JUEZ LEVANTA EL SECRETO DEL 'CASO BRUGAL' SALVO PARA RIPOLL 

El juez Carlos San Martín, que instruye el caso Brugal -la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la Vega Baja- ha levantado parcialmente el secreto del sumario, que se ha mantenido desde que se inició la investigación en 2007. Al mismo tiempo, ha decidido inhibirse de parte de la causa por motivos de competencia territorial. Por ello, en el caso de las piezas del sumario que envía a otros juzgados, el secreto se mantiene hasta que sean asumidas por otros magistrados. 

Ese es el caso de las diligencias que motivaron el arresto y posterior imputación del presidente de la Diputación y líder provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y del contratista Enrique Ortiz. Esta parte seguirá vetada a los abogados al menos 10 días, es decir, hasta que las acepte un nuevo juez instructor, según señala San Martín en un auto del pasado miércoles. 

La inhibición del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela afecta al menos a dos piezas del sumario y está recogida en un auto del pasado lunes que no ha trascendido. No obstante, fuentes del caso aseguran que unas de esas partes es la que afecta a la imputación de Ripoll, y está relacionada con la adjudicación del plan zonal de basuras de La Vega Baja, cuyas instalaciones quedaron en manos de Ortiz. Estas diligencias han sido enviadas al partido judicial de la ciudad de Alicante, donde se hizo la adjudicación controlada por Ripoll, imputado por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. 

La segunda pieza de la que se declara no competente el juez está relacionada con un supuesto soborno por la contrata de basura de la localidad murciana de Fortuna, y ha sido remitida a los juzgados de la población de Cieza. 

En el auto del levantamiento parcial del secreto del sumario, el magistrado puntualiza que las partes no tendrán acceso a la documentación "en tanto no devenga firme la presente resolución", ya que caben recursos. 

Para empezar, cabe uno de reforma en el plazo de tres días. Abogados de algunos imputados en la causa ya estudian esa opción. En cambio, Bernardo del Rosal, abogado de Ripoll, indicó que esperará a la decisión que adopte el nuevo juez que asuma la competencia de parte del caso. "Todo ello suponiendo que una de esas piezas separadas sea la relacionada con la presunta implicación de nuestro defendido, porque desconocemos el auto de inhibición del juez", explicó. "Si el nuevo juez no levanta el secreto o, como también pudiera ocurrir, tampoco acepta la competencia, entonces decidiremos qué hacemos", añadió. En el mismo sentido se expresó el promotor y dueño del Hércules, Enrique Ortiz: "Mis abogados no me han comunicado todavía nada. Yo estoy aquí en las obras de reforma del estadio Rico Pérez y tengo la conciencia muy tranquila". 

La investigación judicial sobre esta trama comenzó en mayo de 2007 a raíz de un supuesto soborno por la contrata de la basura de Orihuela denunciada en marzo de 2006 por el industrial afín al PP Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción. Como consecuencia de esa investigación, a primeros de junio de 2007, Fenoll y cinco miembros de su cúpula empresarial fueron arrestados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias. En la operación, los agentes se incautaron de decenas de grabaciones efectuadas por el empresario que contenían también supuestos sobornos por la contrata de la basura del plan zonal de la Vega Baja. La infraestructura, que se levantará en término de Orihuela, fue adjudica en enero de 2008 a la UTE integrada por Cespa y Ortiz e Hijos. 

Con las grabaciones y nuevas escuchas, la investigación desencadenó la segunda fase de la operación el pasado día 5. Los agentes arrestaron a 11 personas, entre ellas Ripoll y Ortiz, y efectuaron 19 registros. 

(www.elpais.com, 16/07/10)

EL JUEZ DE ORIHUELA ENVÍA A ALICANTE LA INVESTIGACIÓN QUE  AFECTA A RIPOLL Y ORTIZ 

El magistrado del caso Brugal, Carlos San Martín, decidió ayer inhibirse de la investigación judicial que afecta, entre otros, al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz por el plan zonal de residuos y enviarla a los juzgados de Benalúa de Alicante. La intención del juez es dividir la causa en varias más pequeñas y repartirlas entre distintos órganos de instrucción, una medida muy similar a la adoptada en el llamado caso Orihuela en tiempos de José Manuel Medina.  

Aunque no hubo notificación oficial, el juez prorrogó también el secreto del sumario, una medida sobre la que a partir de ahora tendrá que pronunciarse el o los magistrados que asuman la investigación. De aceptarse la inhibición planteada por San Carlos, en los juzgados de Orihuela se quedaría sólo lo referente a la adjudicación de la contrata de basuras en ese ayuntamiento. 

La decisión del juzgado no se había notificado ayer a las partes, aunque el magistrado mantuvo una entrevista a primera hora de la mañana con el fiscal Anticorrupción para, entre otros asuntos, informarle de su postura. Uno de los argumentos del juez San Martin para desprenderse de una parte de la investigación es que la decisión de adjudicar el plan zonal de residuos, cuya sede es la Diputación, se tomó en el Palacio Provincial. Aunque el ministerio público se oponía en una principio a que esta investigación saliera de Orihuela, no ha recurrido, que se sepa, la decisión adoptada ayer por el magistrado.  

Tras la reunión de ayer, el magistrado continuó celebrando juicios con normalidad aunque todas las vistas que había señaladas quedaron suspendidas hasta las 11de la mañana. También se personaron en el juzgado los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que han llevado a cabo las pesquisas policiales.  

A los abogados de los imputados tampoco se les había notificado nada sobre la decisión de inhibición. De hecho, ninguno de los letrados se personó ayer en el juzgado. Y desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad se declinó informar oficialmente tanto sobre este aspecto como acerca de la prórroga del secreto del sumario.  

Una vez que llegue la causa a Alicante, ésta saldrá a reparto aleatorio entre los distintos juzgados de la capital. Los órganos judiciales afectados por la investigación serán varios, ya que la intención es dividir la investigación en cinco o seis más pequeñas. 

Los tres imputados del caso Brugal a los que el juez Carlos San Martín fijó una fianza de 300.000 euros y dos de 100.000 euros para eludir el ingreso en prisión han pagado ya el dinero y en el caso de Ángel Fenoll y su hijo ha sido mediante el aval de bienes inmobiliarios. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana informó ayer en un comunicado de que las fianzas fijadas a los tres imputados "han sido constituidas y proveídas conforme a los escritos que han tenido entrada en Decanato y juzgado en tiempo y forma". 

Las defensas de Fenoll y su hijo desconocían ayer tarde que el juzgado hubiese admitido la propiedad inmobiliaria ofertada para pagar las fianzas. Tampoco se les había notificado resolución alguna sobre la prorroga del secreto de sumario y sobre la inhibición a los juzgados de Alicante de parte de la investigación. 

En cuanto al abono de la fianza de 100.000 euros impuesta al empresario alicantino Rafael Gregory, se desconoce si ha pagado en efectivo o también ha presentado una propiedad inmobiliaria para avalar el pago.  

Cuando fue detenido recientemente por la Guardia Civil en otra operación por una estafa millonaria con el "renting" de camiones ya aportó una propiedad, aunque el juzgado reclamó parte de la fianza en metálico porque no cubría los 100.000 euros fijados por el juzgado de Alicante que le investiga la presunta estafa. 

(www.levante-emv.com, 15/07/10)

TRES IMPUTADOS DEL 'CASO BRUGAL' PAGAN PARA NO IR A PRISIÓN 

Los tres imputados del caso Brugal a los que el juez impuso fianzas para eludir la prisión han depositado el dinero, según confirmó ayer el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Se trata del industrial afín al PP Ángel Fenoll, que ha tenido que ingresar 300.000 euros; su hijo Antonio Ángel Fenoll, con otros 100.000 euros, y el empresario de la automoción Rafael Gregory, con la misma cifra. 

Fenoll está considerado por la investigación como el supuesto cabecilla de la trama en torno al negocio de la basura en La Vega Baja. El empresario tuvo que abonar otra fianza de 100.000 euros con motivo de su arresto por este sumario en mayo de 2007, cuando se iniciaron las pesquisas. Igual cifra aportó su hijo Antonio Ángel. Entonces, junto a Fenoll y su hijo hubo otros cuatro arrestados, entre ellos el concejal del PP de Albatera Javier Bru. 

El magistrado instructor del caso Brugal, Carlos San Martín, no ha desvelado si prorroga o levanta el secreto del sumario, abierto en marzo de 2007 por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. En la causa hay ya 15 imputados. Los últimos 11 a consecuencia de los arrestos de la segunda fase de la operación, desarrollada el pasado 6 de julio. Entre estos imputados figura, además de los implicados con fianza, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. 

El juez imputa a Ripoll los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. La imputación de Ripoll está relacionada con la adjudicación de las infraestructuras previstas en el plan zonal de basura de la Vega Baja. El contrato lo adjudicó el consorcio zonal, órgano que preside Ripoll, a la UTE Cespa-Ortiz e Hijos. El empresario Enrique Ortiz también está imputado. 

Desde el inicio de la investigación, el titular del juzgado número 3 de Orihuela ha prorrogado el 14 de cada mes el secreto del sumario. Según el TSJ, en el caso de que el magistrado hubiera adoptado ayer alguna resolución al respecto, no informará de la misma hasta que sea comunicada a las partes. 

(www.elpais.com, 15/07/10)

UN EX EMPLEADO DENUNCIA QUE FENOLL LES PAGÓ POR VOTAR A LORENTE  

Un ex empleado de Ángel Fenoll denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que el empresario les pagó a él y a sus compañeros por ir a votar a Mónica Lorente en un congreso del PP para la presidencia local del partido, según la denuncia publicada ayer en la página web de la Cadena Ser. El testigo habría revelado también al fiscal Felipe Briones la existencia de agujeros donde se enterraba basura ilegalmente entre los años 2007 al 2010. Éste aportó un pendrive con fotografías de las localizaciones exactas de estos enterramientos de basuras. El denunciante estuvo trabajando para la empresa Proambiente de Ángel Fenoll entre los años 2001 a 2010, hasta que fue despedido el pasado mes de abril. Un mes después acudió ante la Fiscalía para presentar denuncia por las prácticas de Fenoll.

Esta denuncia se ha producido coincidiendo en el tiempo con las investigaciones practicadas por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la Operación Brugal. Entre los hechos que se imputan al empresario Ángel Fenoll en ese sumario se encuentran los de delito electoral y otro contra el medio ambiente. Sin embargo, las fuentes consultadas por este diario señalaron que los hechos relatados en esa denuncia recibida en Anticorrupción no se encuentran incluidas formalmente en la causa que tiene abierta el juzgado de primera instancia número tres de Orihuela por un caso de corrupción.

El ex operario reveló durante su declaración ante la Fiscalía que entre los años 2006 y 2007 Ángel Fenoll dijo a los trabajadores que les pagaba el jornal de un día por ir a votar para la presidencia del PP en Orihuela. Según su relato, Fenoll hizo todos los preparativos. Los empleados recibieron un sobre y una papeleta de voto que había que depositar en una urna sita en la sede que tenía entonces el partido. Un autocar les trasladó desde La Murada a Orihuela para la votación y, a su regreso, se les obsequió con una merienda.

Según el denunciante, Fenoll le había afiliado al PP sin pedírselo y le dijo que debía ir a votar a Mónica Lorente o, de lo contrario, tendría que quedarse trabajando ese día. De La Murada salió un autobús completo lleno de trabajadores para ir a votar a la asamblea. A todos se les habría indicado a quién debían apoyar y se les habían dado las papeletas correspondientes. Se trata de la asamblea en la que la alcaldesa actual Mónica Lorente logró arrebatar la presidencia del PP oriolano a José Manuel Medina.

Asimismo, el denunciante ha alertado al fiscal de la existencia de vertederos ilegales de basuras en terrenos próximos al núcleo urbano de Los Randeros. Este testigo ya tuvo una primera comparecencia el pasado mayo en Anticorrupción para alertar de esta situación y ha acudido recientemente al despacho del fiscal para dar más detalles sobre la ubicación de estos vertederos.

De acuerdo con la declaración prestada en Anticorrupción, entre los años 2007 y 2010, el trabajador hizo para Proambiente algunos agujeros cuyo fin era depositar basuras. El hombre aportó un pendrive con fotografías de los lugares donde se encontraban estos vertederos ilegales. La denuncia dice que se habrían más excavaciones, todas ordenadas por Fenoll.

Aunque hace años que la saturación del vertedero oriolano era un hecho, el empresario había anunciado un método que le había permitido eliminar el 80% de los residuos que le llegaban. El proceso pasaría por convertir la basura en un combustible barato que era vendido a las cementeras. 

(www.levante.com, 13/07/10)

DENUNCIADO EL LÍDER DEL 'CASO BRUGAL' POR HACER HOYOS ILEGALES DE BASURA 

Ángel Fenoll, industrial afín al PP y considerado por la investigación como el cabecilla de la trama corrupta vinculada al negocio de la basura en La Vega Baja, obligó a sus trabajadores a excavar hoyos ilegales en los alrededores de su planta de basura para enterrar desechos. La actividad fue denunciada por un ex trabajador del empresario al fiscal anticorrupción, Felipe Briones. En su declaración, el ex operario también aseguró que Fenoll gratificó a la plantilla con el jornal de un día para que acudiesen a la asamblea del PP de Orihuela y apoyar la candidatura de Mónica Lorente a la presidencia. Lorente, actual alcaldesa de esta localidad, arrebató este puesto al entonces titular y regidor, José Manuel Medina, por 50 votos. Lorente se convirtió luego en la número dos del PP de Alicante, bajo el control de Ripoll. 

El ex operario manifestó al fiscal que entre 2007 y 2010 los trabajadores hicieron agujeros en las inmediaciones de la planta, en la partida Los Randeros, para enterrar basuras. Los vertederos ilegales "los realizaron trabajadores de Fenoll y por órdenes de éste", precisa la diligencia judicial. 

En la misma comparecencia, el ex operario aseguró al fiscal que "en el año 2006-2007" Ángel Fenoll les ofreció a sus empleados la paga de un jornal para votar a favor de Mónica Lorente en la asamblea del PP para elegir nuevo presidente. "Los trabajadores fueron trasladados en un autobús y se les obsequió con una merienda", recoge el documento. El denunciante declaró que fue dado de alta en el PP por Fenoll sin consultar con él. En realidad, la asamblea se celebró el 30 de junio de 2005. Este extremo fue confirmado ayer por el vicesecretario provincial del PP, Miguel Ortiz. El dirigente del PP subrayó que "el proceso fue limpio y transparente". 

El testimonio del ex operario, empleado en la firma Proambiente, propiedad de Fenoll, lo difundió ayer la Cadena Ser en su página web. Fenoll explota desde los noventa una planta de basura en la pedanía oriolana de La Murada. La instalación se levanta en el límite de las provincias de Murcia y Alicante. Ni el Ayuntamiento de Orihuela ni el Consell le han concedido permisos. Fenoll sostiene que cuenta con las licencias del Gobierno murciano. Esa planta, además de las basuras de las contratas que tiene Fenoll en municipios de La Vega Baja y otras localidades de la provincia, recibe basuras de Valencia y Castellón. 

Junto a Fenoll, en la trama corrupta conocida como caso Brugal, hay otros 11 imputados, entre ellos el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. El magistrado imputa a Ripoll los delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y revelación de secretos. Fenoll estaba acusado desde 2007, cuando comenzó la investigación de cohecho, fraude y tráfico de influencias. Entonces, el juez le impuso una fianza de 100.000 euros. Con motivo de la segunda fase de la operación, Fenoll fue otra vez detenido y el magistrado amplió la imputación a los delitos de amenazas y contra el medio ambiente y fijó una nueva fianza de 300.000 euros. 

La investigación del caso Brugal comenzó en marzo de 2007 a raíz del arresto de Fenoll y su cúpula empresarial. El eje de la supuesta trama corrupta es la adjudicación del plan zonal de basura de La Vega Baja. El contrato fue adjudicado por el consorcio zonal, que preside José Joaquín Ripoll, a una UTE integrada por Cespa y Ortiz e Hijos. 

Desde el inicio de la investigación el juez instructor, el titular del juzgado número 3 de Orihuela, ha prorrogado sucesivamente el 14 de cada mes el secreto del sumario. El magistrado tiene que volver a pronunciarse hoy. La defensa de Ripoll espera la resolución para pedir el levantamiento del secreto de las diligencias que afectan a Ripoll. 

Por otro lado, el PSPV exigió ayer todas las actas del plan zonal y la dimisión de tres ediles del PP de Orihuela, igualmente imputados. 

(www.elpais.com, 14/07/10) 

LOS IMPUTADOS DEL 'CASO BRUGAL' A LOS QUE SE EXIGIÓ FIANZA DEPOSITAN EL DINERO PARA ELUDIR LA CÁRCEL 

Los tres imputados del caso Brugal para los que el juez fijó fianzas para eludir la prisión han depositado las cantidades exigidas, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Se trata del industrial afín al PP Ángel Fenoll, queha tenido que ingresar 300.000 euros; su hijo Antonio Ángel Fenoll, conotros 100.000 euros de fianza, yel empresario de la automoción Rafael Gregory, con la misma cantidad. 

Fenoll, considerado por la investigación como el supuesto cabecilla de la trama en torno al negocio de la basura en la comarca alicantina de la Vega Baja, ya tuvo que abonar otra fianza de 100.000 euros para salir de la cárcel con motivo de su arresto por este sumario en mayo de 2007, cuando se iniciaron las pesquisas. Igual cifra tuvo que aportar su hijo Antonio Ángel. En aquella fecha, junto a Fenoll y su hijo fueron arrestados otras cuatro personas, entre ellas el concejal del PP de Albatera Javier Bru. 

El magistrado instructor del caso Brugal, Carlos San Martín, no ha develado si prorroga o levanta el secreto del sumario, abierto en marzo de 2007 por los supuestos delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias. En la causa hay ya 15 imputados. Los últimos 11 a consecuencia de los arrestos de la segunda fase de la operación, desarrolla el pasado 5 de julio. Entre estos imputados figura, además de los imputados con fianza, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. El juez imputa a Ripoll los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. La imputación de Ripoll está relacionada con la adjudicación de las infraestructuras previstas en el plan zonal de basura de la Vega Baja. Este contrato lo adjudicó en enero de 2008 el consorcio zonal, órgano que preside Ripoll, a la UTE Cespa-Ortiz e Hijos. El empresario Enrique Ortiz es otro de los imputados de la causa. 

Desde el comienzo de la investigación, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela ha prorrogado el 14 de cada mes el secreto del sumario. En caso de que el magistrado haya adoptado hoy alguna resolución al respecto, no informará de ella hasta que sea comunicada a las partes, según informa el TSJ. 

(www.elpais.com, 14/07/10)

FENOLL IMPULSÓ AFILIACIONES IRREGULARES PARA GANAR INFLUENCIA EN EL PP DE ORIHUELA 

Según han denunciado sus trabajadores, Según han denunciado sus trabajadores, el principal empresario relacionado con la trama de las basuras en Alicante impulsó un proceso de afiliaciones irregulares al Partido Popular de Orihuela  

Según el testimonio de este extrabajador ante la fiscalía, y al que ha tenido acceso la Cadena SER, Fenoll afilió al PP a varios de sus trabajadores sin consultarles previamente. El objetivo era votar a la actual alcaldesa, Mónica Lorente, en el momento en el que ésta, año 2005, se jugaba su ascenso a la presidencia del Partido Popular en la localidad. 

Fenoll apoyó de este modo a la candidata más cercana a Ripoll, de cuya mano consiguió la adjudicación del servicio de basuras en este municipio. Para ello, Fenoll ofreció a sus empleados un día libre a cambio del voto a favor de Lorente. Les trasladó en un autobús que consiguió llenar al lugar de la votación y posteriormente les obsequió con una merienda. Según la denuncia presentada ante la fiscalía, Fenoll entregaba a sus trabajadores la papeleta preparada con el voto para Lorente. 

Ángel Fenoll está imputado entre otras cosas por delito electoral. Tras el ascenso de Lorente a la alcaldía, el ayuntamiento de Orihuela reventó la adjudicación del servicio de basuras para favorecer a Fenoll. Se trata de un contrato de casi 10 millones de euros al año. 

(www.cadeser.com, 13/07/10) 

LA POLICÍA ESCUCHÓ LAS CONVERSACIONES TELEFÓNICAS DE LA ESPOSA E HIJOS DE RIPOLL  

Pese al hermetismo oficial que rodea esta segunda fase de la operación Brugal , todo apunta a que la intervención por orden judicial de las conversaciones telefónicas de varios de los imputados ha resultado determinante en las detenciones del pasado martes y la posterior toma de declaración por parte del titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Se da la circunstacia de que el teléfono del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha estado "pinchado" durante buena parte de la fase de investigación, pero no sólo el terminal del líder de los populares alicantinos, sino también los de su esposa e hijos porque todos ellos forman parte del mismo plan de ahorro familiar telefónico, en el que figura como titular del mismo el también presidente provincial del PP. 

Ante las dudas surgidas sobre la legalidad o no de la intervención telefónica a personas que no tienen ninguna capacidad de adjudicar contratos públicos, como es el caso de la familia de Ripoll, varios expertos jurídicos consultados por este diario coinciden en que debe extremarse el celo para no incurrir en posibles vulneraciones de derechos individuales fundamentales. 

Las mismas fuentes indicaron que es difícil que un juzgado de instrucción como el que lleva la investigación de la adjudicación del plan zonal de las basuras de la Vega Baja, por el que han desfilado ya varios titulares, pueda tomar medidas de "ajuste fino" dentro de un núcleo familiar a la hora de intervenir las comunicaciones telefónicas única y exclusivamente a la persona afectada por la investigación.  

En la misma línea, también inciden en la complejidad que supone para los investigadores regular y discriminar los "pinchazos" en un caso como éste de contrato múltiple con un solo titular y diferentes usuarios. 

El presidente de la diputación conocía hace un par de meses que la policía judicial estaba preparando la segunda fase de la operación Brugal y que su nombre era uno de los que estaban en el centro de las investigaciones. También el empresario promotor Enrique Ortiz, concesionario en UTE de la planta de residuos de la Vega Baja junto con Cespa, también era sabedor de estar en el ojo del huracán de las pesquisas policiales y judiciales. Ni a uno ni a otro les soprendió en absoluto la operación, según diversas fuentes. 

(www.levante-emv.com, 13/07/10) 

EL PP ACTUARÁ CONTRA SUS IMPUTADOS EN EL CASO BRUGAL SI HAY ´DATOS COMPROBADOS 

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, abogó ayer por dejar trabajar a los jueces y tribunales que investigan la operación Brugal y aseguró que su partido actuará cuando se den a conocer "datos de verdad y comprobados". En declaraciones a TVE, Santamaría criticó que después de ver "imágenes muy llamativas" de la operación llevada a cabo en Alicante, ésta al final "se ha saldado en una imputación sin fianza". Asimismo, manifestó que ve "con gravedad" el modo con el que el Ministerio del Interior abordaba este asunto al tiempo que ha puesto de relieve que "se siguen pidiendo pruebas" sobre el proceso y ha reclamado que "se investigue hasta el final". "Y cuando haya datos de verdad y comprobados, se actuará como partido como se ha hecho siempre", aseveró. 

La portavoz parlamentaria de los populares precisó que su partido no cuestiona al conjunto de las Fuerzas de Seguridad del Estado sino que sólo pide "respeto" a los jueces y tribunales e "igualdad en la aplicación de la ley". En este punto, se refirió al caso urbanístico de Seseña, en Toledo, cuyas investigaciones llevan "paradas mucho tiempo". "La corrupción es una cuestión de todos", señaló Sáenz de Santamaría, para hacer un llamamiento a "sacar de la vida política" a los acusados por delitos de corrupción, "con independencia del carné que tengan", y reclamar "no juzgar antes de tiempo". 

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer , por su parte, que se puso "muchísimo más nervioso" por el partido de España de la final del Mundial de fútbol que por las críticas vertidas por el PP hacia la policía en relación a la operación Brugal. Según dijo, está "muy acostumbrado" a que los populares "culpen a cualquiera menos a los presuntos corruptos". "Que nadie se lo tome a mal, no me gusta comparar fútbol y política pero me puso muchísimo más nervioso el partido de ayer [por el domingo] porque a lo otro estoy muy acostumbrado. Cada vez que hay operación de la policía y la Guardia Civil contra el PP, inmediatamente salen culpando a cualquiera menos a los presuntos corruptos. Estoy acostumbrado", dijo el ministro quien recurrió al Mundial como símil para decir que "lo que no puede ser es que el PP sea el campeón en la defensa de los presuntos corruptos". 

Asimismo, Rubalcaba replicó las declaraciones del líder del PP, Mariano Rajoy, quien le culpó de estar detrás de la operación en la que fue detenido el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y aseguró que "estas cosas no pasaban" cuando él era ministro del Interior. "O Rajoy no se enteró de nada de lo que pasaba en su ministerio o miente para defender a los corruptos, porque los mismos policías que trabajan ahora son los que trabajaban entonces", respondió. 

"Esto ya pasó con Gürtel -insistió- cuando denunciaron una campaña de persecución. Lo que ha quedado de todo aquello es mucho dinero en Suiza, en comisiones, muchos imputados y mucha basura. Lo que el PP tiene que hacer es limpiar su basura en lugar de poner en solfa a las instituciones del Estado". 

(www.levante-emv.com, 13/07/10)

RIPOLL CAMBIÓ EL VERTEDERO DE SITIO PESE A QUE ORTIZ NO TENÍA EL SUELO 

El consorcio del plan zonal de residuos de la zona XVII (La Vega Baja), que preside el titular de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, autorizó el cambio de ubicación de la planta sin que el adjudicatario (la UTE formada por Cespa y Enrique Ortiz e Hijos) tuviera la titularidad del suelo del emplazamiento alternativo. La adjudicación de esta contrata pivota sobre el eje de la trama corrupta que investiga un juzgado de Orihuela a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. En el sumario hay 11 imputados, entre ellos el propio Ripoll, el industrial afín al PP Ángel Fenoll, y el empresario de la automoción Rafael Gregory. Éste, según fuentes del caso, actuó como intermediario. 

La adjudicación inicial, acordada en enero de 2008, preveía levantar la industria en la finca Lo Cartagena, en la pedanía oriolana de Torremendo. A finales de abril de 2008, el adjudicatario planteó llevar la planta a la finca La Pistola, de la que es copropietario Fenoll. Fuentes de la adjudicataria aseguran que cuando se hicieron con la contrata tenían "una opción de compra" sobre la finca de Lo Cartagena. "Luego, por presiones de los vecinos, propusimos el cambio de ubicación, y planteamos dos alternativas, la de Fenoll y otra, pero no se ha materializado ningún acuerdo", señalan esas fuentes. "Nos han metido en un lío por intentar comprar un suelo que hemos rechazado, porque es muy caro", añadieron. Según la adjudicataria, Fenoll llegó a pedir el doble del precio de ese suelo en la zona. 

El consorcio del plan zonal aprobó el cambio de ubicación en junio de 2008 y lo sometió a información pública. El 22 de diciembre de ese año, en una reunión extraordinaria de la junta de gobierno del consorcio se dio el visto bueno definitivo al cambio de emplazamiento. Previamente se habían rechazado todas las alegaciones, incluidas el centenar presentado por los alcaldes socialistas de la comarca. En esa reunión también se acordó "la suspensión temporal del contrato" hasta redacción de uno nuevo que recogiera la ubicación definitiva. Ese nuevo contrato, según fuentes oficiales del consorcio, no se ha llegado nunca a formalizar. Fuentes de la UTE adjudicataria aseguran que ello no supone la paralización del plan, "durante este tiempo se han estado redactando los proyectos". 

La supuesta implicación del empresario Ángel Fenoll en este entramado no se limita solo a su propiedad de suelo en La Pistola. El industrial, en una UTE con la mercantil Sufi, también fue uno de los siete grupos que optaron al concurso. Fuentes jurídicas aseguran que el intermediario de Fenoll en todas estas operaciones fue Rafael Gregory, dueño del concesionario Autisa. Fenoll, su hijo Antonio Ángel, y Gregory son los tres únicos imputados a los que el juez ha puesto fianza, de 300.000 y 100.000 euros, respectivamente. 

Justamente una semana después de su arresto por estos hechos, el presidente de la Diputación de Alicante sigue su agenda rutinaria intramuros. Desde entonces no ha acudido a ningún acto público. Ripoll mantuvo ayer un encuentro con Gabriel Escarrer, consejero delegado del grupo Sol Meliá, cerrado a los medios de comunicación. Y a lo largo de la mañana canceló una reunión de trabajo también en la Diputación. 

Y mientras, la número dos de Ripoll, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, se mantiene a la expectativa. Su gestión al frente del Ayuntamiento también ha quedado salpicada por supuesta corrupción a los tres años de llegar a la alcaldía. Tres de sus concejales, entre ellos Manuel Abadía, quien representa al Consistorio oriolano en el consorcio, están imputados en la supuesta trama corrupta. 

(www.elpais.com, 13/07/10) 

"CAMPEÓN EN LA DEFENSA DE LOS CORRUPTOS" 

"El campeón en la defensa de los presuntos corruptos". Así definió ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al PP. Desde San Lorenzo del Escorial, donde asistió a los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, Rubalcaba respondió a las críticas de los populares por la actuación de la policía en la denominada operación Brugal, que llevó la semana pasada a la detención y posterior imputación judicial del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. 

"Hay mucha basura, y lo que tiene que hacer el PP es limpiar su basura en lugar de poner en solfa la labor de las instituciones del Estado", señaló el ministro del Interior, que acusó al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, de haber mentido a los ciudadanos con el único objetivo de defender a los señalados por presuntos casos de corrupción. Rubalcaba recordó que Rajoy aseguró, para criticar la actuación policial contra Ripoll, que cuando él era ministro "estas cosas no pasaban", y replicó que la policía, entonces y ahora, actúa siempre de acuerdo con la legalidad. 

Rubalcaba subrayó que la ley permite a la policía practicar detenciones sin mandamiento judicial, algo que "se hace todos los días", también en los casos de corrupción que afectan a cargos del PSOE. "Las operaciones no las decide el ministro del Interior", insistió Pérez Rubalcaba, subrayando que todos los investigados reciben "el mismo trato" por parte de la policía. El ministro del Interior recordó que algo parecido ocurrió en las primeras semanas del caso Gürtel, cuando el PP también acusó al Gobierno de utilizar a la policía y "mintió a los españoles para tapar sus problemas de corrupción". 

Por otra parte, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró partidaria de dejar trabajar al juez que investiga la operación Brugal y añadió que su partido actuará cuando se den a conocer "datos de verdad y comprobados". 

En declaraciones a TVE, Sáenz de Santamaría criticó que, después de las "imágenes muy llamativas" de la operación, se haya saldado con "una imputación sin fianza". La portavoz parlamentaria del PP pidió que "se investigue hasta el final" y precisó que su partido no cuestiona al conjunto de Fuerzas de Seguridad sino que solo pide "respeto" a los jueces y tribunales e "igualdad en la aplicación de la ley". 

(www.elpais.com, 13/07/10)

LA POLICÍA SOSPECHA QUE RIPOLL URDIÓ EL PELOTAZO DE LA BASURA

Los investigadores creen que el presidente de la Diputación cobró por beneficiar a Fenoll y Ortiz con el cambio de ubicación de un vertedero

El presidente del PP alicantino, José Joaquín Ripoll, utilizó su puesto al frente de la Diputación provincial para entregar información reservada y maniobrar en favor de dos empresarios que, como él, están imputados en el caso Brugal. Los investigadores han puesto a disposición del juez los hechos que apuntan al político conservador como el cooperador necesario en el pelotazo que los dos empresarios dieron con el cambio de ubicación injustificado de un vertedero.

La primera consecuencia judicial para Ripoll es su imputación por cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios. Si el juez lo imputa por cohecho es porque cree que Ripoll recibió algo a cambio de favorecer a los dos empresarios.

El político del PP intentó hacer creer a los vecinos que saldrían ganando

El caso Brugal nace y gira entorno a un hombre, Ángel Fenoll, el rey de las basuras de Orihuela, detenido por segunda vez este martes en el marco de la citada investigación, y que tendrá que reunir 300.000 euros para evitar la cárcel. La fianza es la más alta impuesta hasta el momento por el juez Carlos Santa María, quien dictó el jueves prisión eludible con el pago de 100.000 euros a Rafael Gregori, también empresario, y que ayer acordó esa misma medida para el hijo de Fenoll, Antonio Ángel, que también suma ya dos arrestos dentro del caso Brugal.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desarrollan desde 2007 una investigación judicializada de las actividades presuntamente delictivas de Fenoll, casi siempre con el negocio de las basuras de por medio. Pero fue en el último tramo de sus pesquisas cuando una conversación intervenida a otro de los implicados reveló la implicación del poderoso presidente de la Diputación y del PP de Alicante.

El 3 de enero de 2008, la Diputación, con el apoyo del PSOE, acordó conceder a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cespa-Ortiz la gestión de los residuos de los 27 municipios de la comarca de la Vega Baja durante los siguientes 20 años. Enrique Ortiz, conocido empresario alicantino, presidente del Grupo Cívica y máximo accionista del Hércules CF, obtenía un éxito profesional rotundo: su UTE con Cespa obtendría 360 millones de euros en dos décadas, a razón de 18 millones anuales.

Un vertedero de 99 millones

Además de la gestión de las basuras de los vecinos y los residuos de origen industrial, el Plan Zonal XVII preveía igualmente que la adjudicataria invirtiese 99 millones de euros en la construcción de un vertedero en Torremendo, una pedanía de Orihuela. Para alcanzar la adjudicación, Ortiz se impuso a Fenoll, que también concurría en régimen de UTE y que, a diferencia del vencedor sí incluía en su plica un terreno en esa ubicación.

Por aquel entonces, Ripoll y su vicepresidenta segunda en la Diputación, Mónica Lorente, también alcaldesa de Orihuela, ignoraban la oposición de los vecinos a que su pedanía acogiera el vertedero. Sin embargo, al verano siguiente, el consorcio que había creado la Diputación para gestionar la adjudicación y gestión del Plan Zonal XVII decidió, sorpresivamente, cambiar la ubicación de la planta residual para salvaguardar los intereses de los habitantes de la zona. O eso alegó, porque los nuevos planes también ubicaban el vertedero en Torremendo, sólo que a tres kilómetros de su primera demarcación y además en una zona forestal que, con aval de una comisión técnica, dejó de ser protegida.

Los empresarios acordaron venderse mutuamente el terreno elegido

La finca La Pistola se convertía así en la ubicación definitiva del futuro vertedero, en principio un problema para Enrique Ortiz que no era el dueño de la misma. La UTE, sin embargo, no tuvo ningún problema en comprar 600.000 hectáreas de terreno, la mitad de la finca, curiosamente Ángel Fenoll. El rey de las basuras había adquirido la mitad de la finca, 600.000 metros cuadrados, a pesar de ser zona forestal protegida, dos meses antes de las municipales que dieron la victoria en Orihuela a Mónica Lorente, indemne de la última fase de la operación Brugal y llamada a sustituir a Ripoll en la Diputación desde que este criticara duramente a Camps por su presunta vinculación a la trama Gürtel.

Sobre la otra mitad de la finca mantenía una opción de compra Enrique Ortiz. De esta forma, ganara quien ganara la adjudicación de las basuras de la Vega Baja, un pequeño cambio de ubicación obligaría a que comprase al otro el terreno por un importe muy superior al que fue adquirido. Los investigadores no albergan dudas de que la operación para ubicar el vertedero en la finca La Pistola parte de un acuerdo previo a tres bandas entre los dos empresarios y José Joaquín Ripoll. De ahí la compra previa de los terrenos.

Investigación en marcha

La investigación se acumula en los 80 tomos de las diligencias 851/07, bajo secreto desde su apertura hace tres años. Han sido instruidas por tres jueces, el último Carlos San Martín, que se hizo cargo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela en febrero pasado. La investigación del caso Brugal (acrónimo de Basuras Rurales Gestión Alicante) continúa en marcha y, según fuentes del caso, trasciende el Plan de Residuos de la Vega Baja para alcanzar otras actuaciones irregulares de la provincia y a otros cargos públicos. La semana anterior a la operación, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, seguía recabando testimonios y declaración de tramas de corrupción paralelas.

www.publico.es 10.07.10

EL JUEZ IMPUTA A TRES EDILES DEL PP EN LA TRAMA CORRUPTA DE ALICANTE

El industrial Fenoll, punta de lanza de la red, amenaza con tirar de la manta

e corrupción político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la Vega Baja (sur de Alicante) engordó ayer con cinco nuevos imputados: tres ediles populares del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios, Ángel Fenoll, considerado por la investigación como la punta de lanza de la red, y su hijo Antonio Ángel.

"Se van a enterar todos [los políticos] a los que he dado dinero", gritó Fenoll

El imputado más destacado por estos hechos, denominados operación Brugal, es el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP. El magistrado le acusa de cinco delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. Tras su paso por el juzgado, el jueves, Ripoll completó ayer una agenda rutinaria, intramuros de la Diputación.

Ángel Fenoll y su hijo ya fueron imputados al inicio de la investigación, en mayo de 2007, y salieron de la cárcel tras pagar sendas fianzas de 100.000 euros. El juez, ayer, les amplió las imputaciones y les impuso dos nuevas, de 300.000 euros para el padre del clan y de 100.000 al defín. Fenoll estaba ya acusado de los delitos de cohecho y extorsión y tráfico de influencias, y el magistrado añadió los de fraude, amenazas y contra el medio ambiente.

Tras la resolución del juez, Ángel Fenoll montó en cólera y a grito pelado amenazó con tirar de la manta: "Se van a enterar todos [en alusión a los políticos] a los que les he dado dinero", clamaba por los pasillos del juzgado. El industrial salió de estampida en su coche, en contraste con la cordialidad con la que había llegado, a pie y atendiendo a los periodistas.

Antes del interrogatorio a Fenoll y su hijo, el magistrado instructor, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, tomó declaración a tres ediles del PP del consistorio oriolano: Manuel Abadía, de Infraestructuras, Ginés Sánchez, de medioambiente, y Antonio Serrano, de pedanías. El juez les imputó los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. El magistrado rechazó la petición de fianza de 50.000 euros que solicitó el fiscal anticorrupción. Tras la declaración, los tres insistieron en que "oficialmente" desconocen de qué se les acusa.

Fuentes de la investigación relacionan el arresto de los tres ediles, de Fenoll y su hijo y del gerente de la empresa Sufi, Luis Bracho, con la contrata de la basura de Orihuela. El contrato fue adjudicado en octubre de 2008 a una UTE integrada por Sufi y las firmas Liasur y Gobancast. La contrata esta valorada en 190 millones por 20 años. Esta adjudicación se produjo tras un primer intento fallido a raíz de una denuncia de Ángel Fenoll a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, en 2006 sobre un supuesto soborno a los concejales de una de las firmas aspirantes.

El PSPV de Orihuela sostiene que las firmas Liasur y Gobancanst son una tapadera de Ángel Fenoll: "Este es quien verdaderamente controla el contrato", señalan fuentes socialistas municipales. La contrata incluye una flota de vehículos de 70 camiones. Según fuentes del caso, las empresas de Fenoll se nutren habitualmente de camiones del grupo Autisa, que preside el empresario Rafael Gregory. Este ha sido imputado en el sumario y el juez le impuso el jueves una fianza de 100.000 euros.

Fenoll también aspiró en este caso en unión con Sufi a la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de la Vega Baja. Esta contrata ha sido la espoleta de la segunda fase de la operación Brugal. El contrato fue adjudicado por la Diputación de Alicante en enero de 2008 a una UTE integrada por Cespa y una empresa del contratista Enrique Ortiz, igualmente imputado. La construcción de la planta estaba prevista en la finca Lo Cartagena, pero a las semanas de adjudicarse, el ganador cambió la ubicación por la finca La Pistola, propiedad de Fenoll.

www.elpais.es 10.07.10

EL PSPV RECLAMA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE CÓMO SE GESTIONA LA BASURA

Alarte no descarta personarse en la causa abierta por el juez de Orihuela

Los socialistas quieren que la gestión de las políticas de residuos sea investigada por una comisión en las Cortes Valencianas y que los consejeros que han sido responsables de Medio Ambiente, del que dependen las basuras, comparezcan para explicar cómo se han desarrollado los planes diseñados por el Gobierno valenciano. Así lo anunció ayer en Castellón el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, como respuesta a la operación Brugal, en la que el PSPV no descarta personarse y por la que se ha imputado al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a tres concejales de Orihuela ante la posible comisión de los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias en una trama vinculada a una contrata de basuras.

Los socialistas consideran que la comisión se debería crear "tan pronto se abra el período de sesiones", que será en septiembre. Además, tal como apuntó Alarte, ante la sospecha de que las irregularidades detectadas en Alicante puedan ser extensibles, solicitarán que la investigación incluya los 18 planes zonales en los que la Generalitat dividió la Comunidad Valenciana para la aplicación de su plan de residuos, aprobado en 1997. Y pedirán la comparecencia de los consejeros que han tomado decisiones en la materia, que son Esteban González Pons y Rafael Blasco.

El PP se opuso ayer mismo a la puesta en marcha de la comisión con el argumento de que el Consell tiene una presencia minoritaria en los consorcios que gestionan los planes zonales. Fuentes de este partido mostraron su sorpresa por la citación de Pons y Blasco, cuando el plan de La Vega Baja lo adjudicó el fallecido José Ramón García Antón.El secretario de Estado de Cooperación Territorial y secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE, Gaspar Zarrías, no pasó ayer por alto, durante su visita a Castellón, la situación política que atraviesa el PP de la Comunidad Valenciana. Zarrías clamó contra los casos de corrupción en los que están supuestamente implicados dirigentes del PP valenciano y apuntó que "no se trata ya de un comportamiento puntual o singular" sino que "la porquería llega hasta la médula espinal del PP en la Comunidad Valenciana".

"A los dirigentes del PP les sale la porquería por las orejas", añadió y aludió, de forma directa, a la presunta trama de corrupción destapada en Alicante, vinculada a una contrata de basuras. "Es evidente que en la Comunidad Valenciana, algo huele a podrido, por no decir que el olor es insoportable", afirmó.

Por ello, el secretario de Política Autonómica del PSOE manifestó su seguridad de que los ciudadanos darán respuesta en las urnas "al corolario y la vergüenza que está ocurriendo en las diputaciones y en la Generalitat Valenciana". Y mencionó, además de la operación Brugal desplegada en Alicante, los casos Fabra, en Castellón, y Gürtel, en Valencia. Así, alegó que "por mucho que la derecha diga que la corrupción a ellos no les hace daño, estoy convencido de que los ciudadanos no van a permitir ser gobernados por personas que se sientan en el banquillo y previsiblemente serán condenados".

Gobernantes a los que, según relató, "entran en su casa para registrar su despacho y su dormitorio o que forman parte de la trama de corrupción más grande que ha existido en este país como es la trama Gürtel, de la que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, según los autos judiciales y las resoluciones que hasta ahora conocemos, es un conspicuo interviniente".

El dirigente socialista también criticó la respuesta del PP, que ha arremetido contra la policía y la fiscalía, y se preguntó si "tienen que ser todos sus amiguitos del alma" para que los populares no cuestionen el trabajo de estas instituciones. En cambio, a juicio del socialista, el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, debería "dejar de mirar hacia otro lado" y no adoptar "medidas cosméticas" sino "cortar de raíz la corrupción del PP de la Comunidad Valenciana".

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, que acompañó a Zarrías en su visita a Castellón, también se dirigió a Mariano Rajoy aunque manifestó sus dudas de que éste "tenga un mínimo de dignidad". Aún así, no fue menos crítico y habló del presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Francisco Camps, al que acusó y al que pidió responsabilidades por haber desplegado un "tsunami de la corrupción". Además, en referencia a la operación Brugal manifestó, "no sin preocupación", su consideración de que "las basuras acabarán asfixiando a Camps" y realizó un repaso por los dirigentes del PP valenciano entre los que destacó a los "tres reyezuelos del despilfarro, el clientelismo y el exceso", en referencia a los presidentes de las tres diputaciones, Carlos Fabra, Alfonso Rus y José Joaquín Ripoll. "Fabra fue el precursor de la peor página de la democracia", dijo, y aludió a los delitos de los que, como en el caso de Ripoll, se acusa al presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, tráfico de influencias y cohecho. "A Ripoll le ordenaron que no dimitiera, aunque él no quería dimitir, porque estaban protegiendo a Fabra. Hace tiempo que no hacen otra cosa que proteger a Fabra", añadió.

www.elpais.es 10.07.10

CEREMONIA DE CONFUSIÓN

El Partido Popular cargó ayer en tromba contra el operativo policial desplegado en Alicante y Orihuela el martes; exigió explicaciones al fiscal y al ministro del Interior; e invocó "el honor de las personas afectadas" con ánimo indignado.

Ricardo Peralta, delegado del Gobierno, replicó que toda la operación policial se "ajustó estrictamente a las instrucciones emitidas" por el Juzgado número 3 de Orihuela y deslizó que la respuesta del PP es "sistemática": "Cargar contra los organismos del Estado y no exigir nunca las responsabilidades que merecen la condición de imputado por un número significativo de delitos".

El juez imputa a José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación y del PP de Alicante los delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho.

Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, se ciñó ayer al guión descrito por Peralta cuando calificó la actuación policial de "esperpento", "espectáculo sobredimensionado" o "gran teatro".

Sánchez de León invocó "la integridad moral de las personas afectadas" frente a "una ceremonia de la confusión en la que los ciudadanos han tenido que oír hablar de detenidos, que luego nunca han existido, no hay detenidos en este caso; de incautación de dinero, que tampoco ha existido, salvo en los titulares; o de fianzas millonarias que luego no se han impuesto". "Merecemos una explicación del Ministerio de Interior", dijo Sánchez de León, "por las zonas oscuras que se han producido".

Rafael Blasco, portavoz del PP, acusó a la Fiscalía de usar "una doble vara de medir" y exigió explicaciones "a las más altas instancias del Estado".

Antonio Clemente, secretario general del PP, también atacó a la Fiscalía y reclamó que se explique "de forma clara y concisa" porque actúa contra cargos del PP y no contra otros responsables políticos como José Bono, presidente del Congreso de los Diputados.

El propio Bono replicó desde Aranjuez: "Hay que ser intransigentes con la ilegalidad y con la corrupción, pero también con los calumniadores".

Alfonso Rus, presidente provincial del PP de Valencia, aseguró que vivimos "en un Estado policial en el que le pinchan los teléfonos a los dirigentes del Partido Popular".

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC OO, comentó en Valencia: "Más allá de lo que decidan los tribunales, no es un buen escenario el que transmite la sensación de que la corruptela está asociada a la función pública".

Miguel Ángel Pavón, portavoz de Esquerra Unida en Alicante, fue más directo: "La dimisión de Ripoll es inaplazable. No asumir responsabilidades es una irresponsabilidad".

www.elpais.es 10.07.10

LA DIPUTACIÓN DEJA DE SER UN REMANSO

cialista de la Diputación de Alicante ha decidido cerrar el periodo de colaboración y pacto que había mantenido con el presidente de la institución, José Joaquín Ripoll, durante toda la legislatura. La sede provincial alicantina, en la que solo están representados el PP y el PSPV, ha sido durante tres años un remanso político, en contraposición al alto grado de crispación que afecta al resto de instituciones de la vida pública valenciana. La imputación de Ripoll en el caso Brugal ha abierto las hostilidades.

El PSPV de Alicante rompe el principio de acuerdo sobre el Rico Pérez

Los diputados de la oposición fueron desalojados de sus dependencias el jueves a las nueve de la noche y tuvieron que atender a los periodistas en la calle. Fue el primer gesto de los nuevos tiempos. Y la primera medida que adoptaron ayer los socialistas fue solicitar por registro de entrada la facturación que haya podido realizar a la Diputación unas 70 empresas vinculadas a Enrique Ortiz o Ángel Fenoll desde el 1 de mayo de 2007 hasta ahora.

"La confianza en Ripoll se ha quebrado", admite María Teresa Carbonell, portavoz adjunta del grupo socialista, quien considera conveniente un cambio de actitud de su partido, "que pasa por pedir mucha más información", aunque sin renunciar a seguir insistiendo en la dimisión del presidente de la Diputación, "a la que ya no debería representar tras quedar imputado por cinco delitos". Carbonell cree que "el PP de Alicante no puede escudarse más en la limpieza de su gestión, porque ha convertido la Diputación en un cortijo".

La presidenta provincial del PSPV, Ana Barceló, mantendrá el martes una reunión con el grupo, antes del pleno del 20 de julio, para decidir la estrategia de futuro. Ésta pasa, adelantó Barceló, por "trabajar para que los ciudadanos sepan si la institución funciona correctamente", porque "ahora Ripoll está bajo sospecha". "Y no puede negarse a ser transparente, ya que él marcó diferencias con Camps, al que criticó por no tomar medidas cuando estalló el caso Gürtel", ahondó.

Mientras, en el Ayuntamiento de Alicante se ha roto la única comisión entre el equipo de gobierno y la oposición socialista creada en esta legislatura: la del Rico Pérez. El jueves por la noche, la comisión ejecutiva municipal del PSPV-PSOE en Alicante decidió, previa consulta con el líder socialista, Jorge Alarte, dejar en suspenso su apoyo al principio de acuerdo alcanzado días atrás para levantar un nuevo Rico Pérez. La decisión se mantendrá hasta que se aclare la situación judicial de Ortiz, dueño del Hércules C.F. y ahora imputado. "El escenario ha cambiado", insistió ayer Roque Moreno, portavoz socialista en el Ayuntamiento. "Sonia Castedo tiene mayoría absoluta y puede aprobar el plan, pero que no busque al PSPV como cómplice de esta operación", añadió Barceló.

Pero el equipo de gobierno, molesto por una medida que entiende que perjudica a los ciudadanos, no quiere esperar. Castedo mantiene su intención de llevar este acuerdo al próximo pleno y el PP tiene mayoría.

www.elpais.es 10.07.10
 

EL JUEZ IMPUTA AL LÍDER DEL PP DE ALICANTE POR COHECHO Y FRAUDE

El juez imputó ayer al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del Partido Popular, por su presunta implicación en una trama de corrupción político-empresarial vinculada a una contrata de basuras en la Vega Baja (al sur de esa provincia valenciana). El magistrado acusa al dirigente popular de los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios, según fuentes de la investigación. Ayer, sin embargo, ni el juez ni el tribunal ni los abogados de Ripoll confirmaron oficialmente dichas imputaciones. El magistrado rechazó la petición del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, de prisión eludible con fianza de 500.000 euros.

Tras comparecer ante el tribunal, Ripoll ofreció una rueda de prensa en la sede la Diputación de Alicante. El dirigente aseguró que había declarado por iniciativa propia. "El juez me advirtió de que no estaba citado judicialmente y que podía negarme a declarar, pero opté por hacerlo y colaborar", dijo. "Pero desconozco qué hechos han motivado mi imputación", señaló. "El juez ha dicho que no podía revelarlo porque las diligencias son secretas", explicó. Luego, según dijo, respondió durante 20 minutos a preguntas generales del magistrado y del fiscal. "Cuando se levante el secreto, emprenderé las medidas legales que estime oportunas", concluyó.

Mientras, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, comparecía también ante la prensa -a las puertas de la institución, porque fue desalojado del edificio por orden de la presidencia- para exigir la dimisión de Ripoll.

En la jornada de ayer, el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que dirige el conocido como caso Brugal, interrogó a otros cinco de los 11 arrestadas el martes por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF). El primero en comparecer, al filo de las nueve de la mañana, fue Rafael Gregory, empresario propietario de un concesionario de vehículos pesados en Alicante. Tras interrogarle, el juez -a propuesta del fiscal- lo dejó en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros. El magistrado, según el abogado del imputado, le acusa de los delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho. Gregory, amigo de Ripoll y ex presidente de la Fundación del Hércules Club de Fútbol, fue detenido hace unas semanas por una presunta estafa. La investigación del caso considera clave a este empresario en una de las tres ramas del caso Brugal, la vinculada al desvío de capitales a paraísos fiscales.

Luego tomó declaración a José Francisco León, empresario y amigo del promotor Enrique Ortiz. El juez lo imputó por los delitos comunes de la causa, sin imponer medidas cautelares. En la misma situación procesal quedó José Candel, ingeniero y máximo responsable de la sociedad mercantil Inusa, propiedad de Ortiz. A continuación le tocó el turno al gerente de la firma Sufi (concesionaria de la basura del municipio de Orihuela), Luis Bracho. También quedó imputado por los delitos comunes del sumario y sin medidas cautelares.

Por la tarde declararon Ripoll y Ortiz. Ripoll llegó al Palacio de Justicia de Orihuela a las dos de la tarde, a pie y flanqueado por sus dos abogados, Bernardo del Rosal y Fernando Candela. Ripoll acudió acompañado únicamente por sus dos letrados, en un gesto que contrasta con el amplio despliegue de cargos públicos y simpatizantes que acompañaron la comparecencia del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El juez imputó a Ortiz por fraude y cohecho, pero rechazó la petición del fiscal de cárcel eludible con 800.000 euros. El magistrado interrogará hoy a los otros cinco arrestados: tres ediles del PP de Orihuela (Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez), y el industrial Ángel Fenoll y su hijo.

(www.elpais.com, 09/07/10)

LA CRONOLOGÍA DEL 'CASO BRUGAL'

- El conocido como caso Brugal trata de esclarecer una trama de corrupción vinculada a la recogida de basuras en el sur de Alicante. Comenzó en mayo de 2007 con los arrestos del industrial afín al PP Ángel Fenoll y su cúpula empresarial.

- El martes se reactivó la investigación con la detención del líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, de tres ediles del PP de Orihuela y de siete empresarios.

- El juez interrogó ayer a seis de los arrestados. A José Joaquín Ripoll le imputó los siguientes delitos: fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios. El fiscal solicitó prisión eludible con una fianza de 500.000 euros, que el juez rechazó.

- También han sido detenidos el empresario de la automoción Rafael Gregory, acusado de fraude, cohecho y tráfico de influencias, con fianza de 100.000 euros para eludir la prisión, y el contratista Enrique Ortiz, por fraude y cohecho. El fiscal pidió una fianza de 800.000 euros, que el juez rechazó. Luis Candel, directivo de la mercantil Inusa; Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi; y José Francisco León, empresario, han sido imputados sin medidas cautelares.

(www.elpais.com, 09/07/10)

EL JUEZ IMPUTA A RIPOLL POR FRAUDE, COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El presidente de la Diputación de Alicante, un José Joaquín Ripoll que tres días atrás estuvo detenido durante 12 horas por su papel en la supuesta trama de corrupción ligada a las contratas de basuras en la Vega Baja, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela y salió de allí imputado por fraude, cohecho, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. La fiscalía había solicitado una fianza de 500.000 euros para que Ripoll, también presidente del PP en la provincia, eludiese la prisión, pero el juez, Carlos San Martín, lo rechazó. Fue una jornada de enorme actividad: frente al magistrado –rodeado de polémica tras sostener que él no ordenó el arresto del martes pese a que fuentes de la investigación señalan lo contrario– desfilaron el político y cinco empresarios, todos implicados en la llamada operación Brugal, nombre que procede del acróstico de «Basuras RUrales Gestión ALicante».

Cuando llegó a la sede judicial, Ripoll fue arropado por varios vecinos. Nada dijo ni al entrar ni al salir, pero después, a última hora de la tarde, en la diputación alicantina, el dirigente popular –enfrentado al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps– dijo, en una declaración sin preguntas, que nada sabía sobre «el porqué» de su imputación y anunció que en cuanto se levante el secreto de sumario ejercerá «las acciones legales que correspondan» en su defensa.

por las dependencias del juez San Martín habían pasado los empresarios Enrique Ortiz –constructor, máximo accionista del Hércules y uno de los poderes económicos más importantes de Alicante–, José Francisco León, José Candel, Luis Bracho y Rafael Gregori. Solo este último puede entrar en prisión, por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude, si en los próximos días no entrega los 100.000 euros que le pide el magistrado para evitar la cárcel. En el resto de los casos, San Martín fue desestimando una tras otra las peticiones de fianza del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

«En cada comparecencia se ha explicado a los afectados por la investigación que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones», explicó en una nota el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, informa Maria Josep Serra. Fue un escrito mucho menos volcánico que el del día anterior, en el que el juez aseguraba no haber tenido nada que ver con las actuaciones, algo desmentido por fuentes de la investigación pero que sirvió a la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, para acusar el miércoles al Gobierno central de practicar arrestos «propios de la dictadura». A través de un comunicado, la dirección provincial de los conservadores de Alicante, manifestó la «plena confianza en la inocencia» de Ripoll, reclamó «respeto a la presunción de inocencia» y a «las normas que rigen el Estado de derecho y a la independencia del Poder Judicial» e incidió de nuevo en la tesis de Cospedal. El PP, anunció el escrito, «estará especialmente atento a cualquier intento de vulneración de estos principios sustentadores del Estado democrático».

(www.elperiodico.com, 09/07/10)

RIPOLL, IMPUTADO POR COHECHO, TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y FRAUDE

El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, comunicó ayer al presidente del PP alicantino y de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll, que está imputado por cinco delitos de corrupción en las diligencias 851/07, más conocidas como operación Brugal.

El juez investiga una trama corrupta en torno a la concesión de la gestión de los residuos de Orihuela y el resto de la comarca de la Vega Baja. Las pesquisas desarrolladas hasta ahora por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) permiten al juez considerar que hay indicios de que Ripoll ha cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y actividad prohibida a funcionarios.

San Martín dejó en libertad a Ripoll sin necesidad de pagar una fianza, pero le ha impuesto comparecencias periódicas en el juzgado. El magistrado desestimó así el criterio del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, que había solicitado prisión para el político eludible únicamente con una fianza de 500.000 euros.

Eso bastó al PP valenciano para pedir la dimisión del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no sin antes acusarlo de practicar una "política persecutoria". El propio Ripoll compareció ante los medios por la noche y, sin admitir preguntas, advirtió de que ejercerá "acciones legales" en cuanto se levante el secreto de sumario. Ni siquiera abordó la posibilidad de dimitir.

Se quejó, eso sí, de no conocer aún los hechos que supuestamente lo implican en la trama. Según había informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en una nota, el juez evitó ese extremo por el secreto que pesa sobre el sumario y que se prolonga desde hace más de tres años.

En cualquier caso, la operación Brugal investiga dos actuaciones supuestamente irregulares. La primera está en la adjudicación de la contrata de basuras por el Ayuntamiento de Orihuela a una Unión Temporal de Empresas (UTE) tras la que se oculta el empresario Ángel Fenoll, imputado desde 2007 y detenido por segunda vez el pasado martes.

La segunda tiene que ver con la adjudicación por diez años, prorrogables otros diez, de la gestión de residuos de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, que supondrían una ganancia de 190 millones de euros a la alianza empresarial.

El dueño de Ortiz e Hijos, Enrique Ortiz, fue otro de los seis imputados que declaró ante el juez. También quedó en libertad sin fianza, pero se le acusa de cohecho y fraude. El fiscal había solicitado para él prisión eludible con fianza de 800.000 euros, que el juez desestimó. Sin embargo, Rafael Gregory Fernández, empresario con cargo en la sociedad Autisa, del grupo que encabeza Ortiz, tendrá que abonar una fianza de 100.000 euros para evitar la cárcel.

Dos empleados de las empresas presuntamente vinculadas a la red también quedaron en libertad, pero imputados, al igual que el empresario José Francisco León. Para hoy están citados a declarar ante el juez los tres ediles del Ayuntamiento de Orihuela y el empresario Ángel Fenoll y su hijo, éstos dos últimos ya detenidos en 2007. La investigación apunta al padre como el verdadero eje de la trama de corrupción entorno a las basuras.

TRES EMPRESARIOS, DOS EMPLEADOS Y UN POLÍTICO

Enrique Ortiz. El gran empresario. Imputado por cohecho y fraude. Libertad sin fianza.

Rafael Gregori, gerente comercial del grupo Autisa. Fianza de 100.000 euros para eludir la orden de prisión. Es el principal suministrador desde hace dos décadas de vehículos industriales por venta o bajo la fórmula de alquiler en «renting» de las mercantiles dedicadas a la recogida de basuras del industrial oriolano Ángel Fenoll, Rafael Gregory.

José Francisco León. Trabaja para Ortiz. Se analiza su ordenador.

Ángel Luis Bracho. Técnico de Sufi. La empresa es adjudicataria de las basuras de Orihuela.

José Candel Martínez. Gerente de Inusa Pertenece al Grupo Cívica de Ortiz.

José Joaquín Ripoll. Presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Imputado por cinco delitos : cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.
 

(www.publico.es, 09/07/10)

EL JUEZ IMPUTA A RIPOLL POR FRAUDE, COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

 

El líder del Partido Popular de Alicante, José Joaquín Ripoll, salió ayer del juzgado de Orihuela en libertad sin fianza. El juez, sin embargo, imputa al presidente de la diputación por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. El magistrado que instruye el caso Brugal, relacionado con la adjudicación de instalaciones de residuos en la comarca de la Vega Baja, le tomó declaración durante una hora. Ripoll deberá presentarse periódicamente en los juzgados.

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, no obstante había reclamado que se acordara una fianza de 500.000 euros para eludir la prisión. El juez rechazó la demanda.  El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela acordó mantener la «situación de libertad provisional» para Ripoll, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Ripoll compareció en el juzgado «en el marco de las diligencias previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros», según el TSJCV.

El presidente de la diputación y del PP de Alicante prestó declaración ante el juez dos días después de haber sido detenido, junto a diez personas más, en el marco de la operación Brugal en la que se investiga también al empresario Ángel Fenoll y a su hijo, que comparecerán hoy en el juzgado. En la comparecencia, que se desarrolló a lo largo de la tarde de ayer, «se han practicado las diligencias de imputación judicial», se señala en la nota.

A Ripoll, así como al resto de acusados que comparecieron ayer, se les explicó «que no se les podían detallar los hechos imputados como consecuencia del secreto que afecta a las actuaciones, aunque sí que se les han expuesto, de forma minuciosa, las figuras penales y los prefectos legales a los cuales se pueden referir sus conductas».

El comunicado del TSJCV detallaba que el instructor había decidido mantener la situación de libertad provisional para cinco de las personas que comparecieron a declarar de forma voluntaria, entre ellas el presidente de la Diputación de Alicante. El TSJCV indica en el comunicado que «contra los autos dictados hoy por el magistrado-juez cabe interponer recurso de reforma en el plazo de 3 días, según se les ha notificado a las partes en el día de hoy».

Ripoll salió a pie de las dependencias judiciales a las 19.45 horas y, sin hacer declaraciones, se limitó a emplazar a las decenas de periodistas que le han preguntado por su situación a una rueda de prensa posterior en la sede de la diputación. El dirigente del PP prestó declaración asesorado por los abogados Fernando Candela y Bernardo del Rosal y en presencia del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

El presidente de la Diputación de Alicante entró a las 16 horas en los juzgados oriolanos. Había llegado sobre las 13.55 horas, donde estaba citado a declarar a las 14 horas, y tras el receso previsto por el juez en la toma de declaraciones, volvió a las dependencias judiciales a las 16.00 horas para prestar declaración. Ripoll fue el último de los seis detenidos que fueron interrogados por el magistrado oriolano a lo largo de la jornada.Afirma desconocer los hechos y dice que ejercerá acciones legales

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, dijo anoche que desconoce los hechos que han motivado su comparecencia en el juzgado y que, en cuanto se levante el secreto sumarial, «evidentemente» ejercerá las acciones legales «que correspondan» a su defensa. Así, ha manifestado desconocer «los hechos» que han motivado su declaración y «el porqué». Ripoll, que compareció ante la prensa con la presencia de sus abogados, no quiso especificar los delitos que se le imputan.

Ripoll señaló además, que durante su comparecencia el fiscal solicitó «una fianza de 500.000 euros» y que se pesonará en el juzgado número 3 en base a lo que estimase el juez, como medida cautelar, y que el juez ha dictado un auto «sin ninguna medida cautelar».

El presidente de la corporación provincial recalcó además que declaró «de forma voluntaria» y que, por el secreto de sumario, no conoce las diligencias.

«En cuanto se levante el secreto sumarial ejerceré evidentemente todas las acciones legales que correspondan en mi defensa y desde todos los puntos», avanzó.

Además, el presidente de la Diputación de Alicante señaló que su comparecencia «voluntaria» ante el juez duró «una hora» en la que «durante los primeros 30 minutos» el titular del juzgado le explicó «que no había una citación judicial» sobre su persona, y que «podía hacer la declaración o negarse a ello», puesto que «no había sido citado judicialmente».

Tras esto, Ripoll trasladó al juez que «comparecería de forma voluntaria», y aseguró que una vez aceptada esa comparecencia, el juez le ha «imputado formalmente» y le leyó «todos los derechos» que le asisten y le explicó formalmente que hay un «secreto sumarial sobre las diligencias que se están incoando, que dura más de 3 años», y por ese motivo, «no podía contar ninguno de los hechos que están recogidos en esas diligencias previas», por lo que Ripoll afirmó que «desconoce qué hechos motivan» su declaración.

Ripoll también indicó que el juez le ha comunicó que «a lo largo de la instrucción los delitos de los que se les podía acusar, podrían ser los que están allí, o cambiarse a lo largo de la instrucción».

El presidente de la Diputación de Alicante apuntó que tras su declaración el juez le realizó una serie de «preguntas genéricas», del mismo modo que el fiscal, que le planteó dos cuestiones, así como unas preguntas realizadas por su defensa.

(www.levante-emv.com, 09/07/10)

EL AUTO DEL INSTRUCTOR DESMIENTE LOS COMUNICADOS DEL SUPERIOR DE VALENCIA

El detalle del auto del magistrado del juzgado número 3 de Orihuela (Alicante), dictado hace una semana, aclara la confusión creada por los dos comunicados emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y deja sin argumentos las críticas contra la nota de prensa hecha pública por el Ministerio de Interior sobre la Operación Brugal, en la que fue detenido el martes el presidente de la Diputación de Alicante, y del PP de esa provincia, José Joaquín Ripoll.

La primera polémica saltó por el hecho de que la nota policial incluía el detalle de los delitos que la policía imputaba a los detenidos. No es una excepción. La página web del Ministerio del Interior recoge a modo de hemeroteca sus notas. Y, por ejemplo, el 6 de julio hizo pública la desarticulación de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

Fue la Operación Rescate. En ella se recoge que a los detenidos, 14 personas, "se les imputan delitos de blanqueo de capitales, alteración del precio en concursos públicos y subastas, estafas, delitos contra la Hacienda pública y atentado contra la autoridad".

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, dijo ayer que la actuación de los agentes estuvo "dentro de la legalidad". Y aclaró que "la policía realiza investigaciones en las que descubre presuntos delincuentes, se efectúan declaraciones en sede policial y se ponen a disposición del juez".

Esos extremos fueron precisamente negados por dos comunicados del TSJCV emitidos el pasado día 7. En ellos, se reprodujo lo que el juez de Orihuela quiso contar pero no por iniciativa suya, así lo aseguran fuentes próximas al magistrado.

Falta por saber por qué se elaboraron dos comunicados un día después de que se practicaran las detenciones, que tuvieron extraordinaria cobertura mediática, negando en ellos algo que el propio magistrado había autorizado el pasado 1 de julio mediante un auto.

El TSJCV emitió un primer comunicado, que se hizo público poco antes del mediodía y minutos antes de que José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, ahora imputado, compareciera en rueda de prensa. Y en él se negaba la mayor: "Se debe remarcar que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna".

Fue este documento el que exhibió el dirigente del PP Esteban González Pons para criticar al Gobierno y afirmar que la policía, a las órdenes del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, había suplantado a un juez. El auto del magistrado, en su página 6, dice: "En caso de proceder a la detención policial de todos [los imputados] o algunos de ellos la fuerza actuante, se autoriza expresamente a la misma a fin de que procedan a su traslado hasta el lugar donde se vaya a practicar la diligencia".

(www.elpais.com, 09/07/10)

RAJOY: "ESTO NO PASABA CON NOSOTROS EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR"

La dirección nacional del PP estima que aún no tiene necesidad de hablar del fondo de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción lleva a cabo desde hace más de dos años en Alicante, la llamada Operación Brugal, que ha llevado ante la autoridad judicial al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, -imputado desde anoche por varios presuntos delitos-, junto a otras once personas. La confusión creada por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y el juez instructor de Orihuela, al dar a entender su desconocimiento sobre las detenciones y los registros, ha permitido al PP dedicar el día de ayer a acusar directamente al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de ordenar esta operación.

A la cabeza de esta estrategia de denuncia contra la actuación policial se puso ayer el líder del PP, Mariano Rajoy. "Esto con nosotros no pasaba; yo he sido ministro del Interior y esto no pasaba y tampoco cuando eran ministros del Interior personas de mi partido", proclamó Rajoy, tras entrevistarse en el Congreso con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu.

Se refería Rajoy a las horas en las que el presidente de la Diputación de Alicante y presidente del PP de la provincia estuvo con la policía mientras registraban su domicilio y su despacho. Rajoy hizo estas manifestaciones antes de que se conocieran las imputaciones contra Ripoll. Sí reconoció el presidente de los populares que el día anterior había hablado con él. "Le expresé, en estos momentos difíciles, mi ánimo y mi solidaridad y le dije que me tuviera informado", sintetizó el líder del PP.

La estrategia del PP consiste en censurar al Gobierno y decir en qué momento del proceso pasa a pedir alguna responsabilidad a los militantes afectados y, desde luego, al presidente de la diputación. Y las acusaciones contra el Gobierno fueron ayer muy duras; nada menos que vulneración de derechos y libertades y hasta comisión de un delito de secuestro. La denuncia adquirió la máxima relevancia al ser formulada por el presidente del PP. "Mi solidaridad con las personas que son detenidas sin orden judicial", clamó Rajoy en tono solemne.

Tan solo se le había pedido si asumía las acusaciones formuladas por dirigentes de su partido al Gobierno. No dudó en avalarlas y justificarlas. "El Ministerio del Interior ha dado un espectáculo muy poco edificante", opinó tras dar por sentado que la policía ha actuado al margen del juez. "La policía es la misma que cuando nosotros estábamos en el Gobierno. Por tanto, la responsabilidad está en las autoridades políticas". Para dejar claro de qué acusa Rajoy al Gobierno pidió al Ministerio del Interior "que garantice los derechos fundamentales porque ésta es una democracia seria y civilizada y no otra cosa".

A la pregunta de si le llamó el día anterior el ministro para darle a conocer los detalles de la operación y si se iban a producir detenciones, Rajoy no respondió, ni para confirmar ni para desmentir ese extremo. Por su parte, los socialistas también declinaron pronunciarse al respecto.

En cualquier caso, con conversación o sin ella el PP no cambió de estrategia. Antes de que Rajoy se manifestara, le abrieron el camino los dirigentes de su partido, siempre centrados en las circunstancias de la actuación policial. El responsable de Justicia e Interior, Federico Trillo, aseguró que se ha producido una "grave quiebra del Estado de derecho".

Mucho más lejos fue el portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, imputando además delitos a los responsables del operativo policial: "A lo que hemos asistido es a un secuestro, no a una detención".

García-Escudero añadió que "ha sido un gran montaje mediático" y denunció que a miembros del PP se les trata "como si fueran terroristas". Atizó esa tesis la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para la que "es un escándalo" y "un atentado a los derechos fundamentales". Aguirre denunció una "utilización partidista de instituciones del Estado contra el PP".

El portavoz del partido, Esteban González Pons, mantuvo ayer en la Cadena Ser un duro enfrentamiento con la responsable de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano. La dirigente socialista quería hablar de la corrupción y el dirigente popular de Rubalcaba. Aunque todos pidieron la comparecencia del ministro, ayer no se había registrado la petición en el Congreso.

No obstante, fuentes populares señalaron que pedirán explicaciones porque "puede haber habido una detención ilegal". Cuando se conocieron las imputaciones a Ripoll, el portavoz de Interior del PSOE, Antonio Hernando, sentenció: "Se rasgó la cortina de humo, ahora el PP debe dar explicaciones y tomar decisiones".

Fuentes del PP aseguraron que, pese a la imputación de Ripoll, mantendrán su presión contra Rubalcaba y su petición de que comparezca en el Congreso. Seguirán denunciando una detención ilegal, al margen de que Ripoll sea acusado.

(www.elpais.com, 09/07/10)

RAJOY ELUDE ACLARAR SI DA «APOYO TOTAL» AL ALTO CARGO ALICANTINO

El líder de los populares, Mariano Rajoy, decidió ayer romper su silencio y hablar, por primera vez, de la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, implicado en el caso Brugal, una nueva trama de corrupción en tierras valencianas, esta vez ligada a la adjudicación de servicios de gestión de basura. «¿Es cierto lo que dice Ripoll sobre que usted, en una conversación telefónica, le garantizó su apoyo total?», le preguntó la prensa. «Le dije y le expresé, en momentos tan difíciles, mi ánimo y mi solidaridad, y le pedí que me mantuviera informado», se limitó a responder Rajoy.

Así quedó claro que, a estas alturas de la legislatura y tras la experiencia que ha adquirido con el caso Gürtel, el presidente del PP ya no pone la mano en el fuego por nadie. No obstante, Rajoy tiene un panorama bastante oscuro en la Comunidad Valenciana, donde actualmente tiene a tres cargos de máxima relevancia pendientes de las decisiones de los tribunales: el propio presidente autonómico, Francisco Camps; el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y ahora el de la de Alicante, Ripoll.

No obstante, Rajoy evitó ayer cualquier referencia a posibles medidas y se ciñó al guión elaborado para estas situaciones por la dirección popular, enfocado a explotar la denuncia por una supuesta conspiración contra el PP orquestada desde Interior. Así, confirmó que solicitará la comparecencia de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso, dado el «espectáculo muy poco edificante» que, a su juicio, se ha producido alrededor de la detención de Ripoll «sin autorización judicial». Eso sí, dejó claro que él culpa a los dirigentes políticos del ministerio de la situación y, en ningún caso, a los miembros de la policía.

«Aquí se ha detenido a mucha gente, se la ha metido en el calabozo, se la ha dejado después en libertad y, años después, o se han archivado las causas o seguimos sin saber. Así no se pueden hacer las cosas», enfatizó. Lo que no quiso aclarar es si, realmente, Rubalcaba le había telefoneado antes de que se pusiera en práctica la operación Brugal en Alicante para que estuviera avisado. «Eso son cotilleos y no voy a entrar», respondió el líder conservador.

(www.elperiodico.com, 09/07/10)

LA EMPRESA DE GREGORI SUMINISTRA LOS CAMIONES A LAS MERCANTILES DE FENOLL

El empresario Rafael Gregori, gerente comercial del grupo Autisa, el único implicado en la operación Brugal para el que ayer el juez solicitó una fianza de 100.000 euros para eludir la orden de prisión, es el principal suministrador desde hace dos décadas de vehículos industriales por venta o bajo la fórmula de alquiler en «renting» de las mercantiles dedicadas a la recogida de basuras del industrial oriolano Ángel Fenoll, también detenido e imputado en el marco de esta actuación policial. Además, la misma empresa mantiene un acuerdo de colaboración con Volvo Financial Services (VFS) que lleva a cabo el suministro de los camiones en «renting» para recogida de basura de la actual contrata de las basuras en Orihuela.

La fórmula de alquiler a largo plazo con todos los servicios incluidos garantiza el mantenimiento de vehículos de recogida de basura e industriales, la contratación de seguros y una posible opción a compra final. Los pliegos de condiciones para la adjudicación de los contratos de recogida de basura realizados en los municipios, y las ofertas que presentan las empresas para hacerse con esos contratos contemplan una partida económica específica para sufragar ese servicio, como es el caso en buena parte de las localidades de la Vega Baja.

Colsur, una de las empresas de Fenoll que hasta principios de 2009 era responsable de la recogida de basuras en la costa de Orihuela, cuenta con el único vertedero de la Vega Baja situado en Abanilla-La Murada y las adjudicaciones de la recogida de basura en varios municipios importantes como Callosa de Segura y Almoradí.

La flota de la actual concesionaria de la retirada de basura de Orihuela, formada por la Unión Temporal de Empresas de Sufi, Globancast, y Liasur también se adquirió en 2009 a través de esta fórmula de «renting». Un responsable de Sufi, Luis Braña, está imputado en esta segunda fase de la Operación Brugal y prestó declaración ayer en los juzgados de Orihuela.

Una filial del Grupo Autisa especializada en seguros llegó en 2008 a un acuerdo de colaboración con Volvo Financial Services. (VFS) y gestiona los seguros de los vehículos de las operaciones de «renting» realizadas con VFS, que es la empresa que es la encargada del «renting» de los camiones de basura en Orihuela, según indicó un responsable de la UTE ayer a este periódico.

 Rafael Gregori está acusado como presunto autor de una estafa de varios de millones de euros a la financiera de Renault, tal y como publicó este diario en abril. El fraude denunciado se estaba investigando desde el mes de diciembre de 2009 y está vinculado al «renting» de 120 camiones. La cifra coincide prácticamente con el número de camiones que Autisa envió al golfo Pérsico para participar en obras en países de esta zona, según aparece todavía en la información corporativa de la web la empresa. En esa ocasión, el empresario también eludió la orden de prisión aportando una fianza de 100.000 euros. Renault Vehículos Industriales, indicó la empresa investigada, dejó de pertenecer a la red Renault en octubre del pasado año.

(www.levante-emv.com, 09/07/10)

EL JUEZ: "SI PROCEDE, SE AUTORIZA EXPRESAMENTE LA DETENCIÓN POLICIAL"

La policía, como admitía el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en su segundo comunicado del miércoles, "puede practicar una detención si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación". Pero en el caso Brugal, al contrario de lo que decía el jueves ese mismo comunicado, además, tenía autorización del juez instructor, Carlos San Martín Gómiz, titular del juzgado 3 de Orihuela. El juez lo expresa así: "Habida cuenta de las especiales circunstancias observadas en el trasiego de movimiento de los imputados -a los que la Unidad Central de Delincuencia Económica y la Brigada de Blanqueo investiga desde hace tres años por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, fraude, revelación de información privilegiada y actividades prohibidas a funcionarios-, en caso de proceder a la detención policial de todos o alguno de ellos, la fuerza actuante [es decir, la policía] se autoriza expresamente a la misma a fin de que procedan a su traslado desde el lugar donde sean habidos hasta el domicilio o establecimiento donde se vaya a practica la diligencia".

En el auto, el juez acuerda los registros policiales en siete domicilios particulares, cajas fuertes, las sedes de seis empresas, una embarcación, una tienda y los despachos del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y de tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela.

(www.elpais.com, 09/07/10)

TRES EDILES DEL PP, FENOLL Y SU HIJO, ANTE EL JUEZ DE ORIHUELA

Tres concejales del PP del Ayuntamiento de Orihuela, el empresario Ángel Fenoll y su hijo Antonio Ángel deberán declarar hoy ante el juez que investiga la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja. Estas cinco personas comparecerán para la diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas, según fuentes judiciales.

Las comparecencias de los tres ediles, de Fenoll y de su hijo tendrán lugar después de que el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, fuera ayer "imputado formalmente" en la investigación de la adjudicación del plan de residuos de la comarca de la Vega Baja, al igual que otros cinco empresarios.

Ripoll y estos cinco empresarios -entre ellos, el presidente del Grupo Cívica y del Hércules Club de Fútbol, Enrique Ortiz- declararon ayer, en calidad de imputados, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela y salieron en libertad provisional sin fianza, a excepción de Rafael Gregori, a quien el juez ha decretado prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

Respecto a las comparecencias previstas para hoy, uno de los ediles del PP de Orihuela que debe declarar es el de Medio Ambiente, Ginés Sánchez, quien a su llegada a los juzgados ha declinado hacer manifestaciones a los periodistas, aunque ha indicado que hablaría tras declarar ante el juez.

También se ha personado ya en los juzgados oriolanos el edil de Pedanías, José Antonio Rodríguez Murcia, quien ha afirmado a los medios de comunicación que "hacen guardia" a las puertas del Palacio de Justicia de Orihuela que estaba "muy tranquilo".

El tercer concejal popular de Orihuela que ha de declarar es el de Aseo Urbano, Mercado e Infraestructuras, Manuel Abadía.

Tras las declaraciones de los tres ediles le tocará el turno al empresario Fenoll y a su hijo Antonio Ángel.

La investigación judicial en torno la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja se enmarca en el caso "Brugal", que se abrió tras la grabación de unas conversaciones entre Fenoll y el entonces concejal de Orihuela de Centro Liberal Jesús Ferrández, en mayo de 2006, en las que se hablaba de supuestas irregularidades en la concesión de la contrata de basuras de Orihuela.

(www.levante-emv.com, 09/07/10)

RAJOY BARAJA IMPULSAR UN CONGRESO EXTRAORDINARIO EN EL PP DE VALENCIA

El Partido Popular está decidido a suspender de militante a José Joaquín Ripoll si de su comparecencia de hoy ante el juez se deriva la imputación de delitos graves o la imposición de medidas cautelares. En Génova está decidido que ese paso supone un nuevo problema para Rajoy que tendría que explicar por qué se deshace de Ripoll y no hace nada con Carlos Fabra.

Lo de Ripoll sería sólo el primer capítulo de la "solución global" al problema valenciano. Según varias fuentes de la dirección del PP consultadas por la SER, todo pasaría por la convocatoria de un congreso extraordinario en el PP de Valencia. En ese congreso, el PP pretende reordenar el reparto de poder provincial y decidir si Francisco Camps sigue siendo su referente en la Comunidad Valenciana.

Además, el equipo de Rajoy apuesta por la incorporación de caras nuevas a los órganos de dirección de su partido en Valencia. Se busca un nuevo reparto de poder, nuevos nombres y nuevos líderes sin pasado manchado por investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción.

Según las fuentes consultadas, el PP de valencia todavía no se resiente en las encuestas de los casos de corrupción en esta comunidad pero nadie duda que si no hay cambios de aquí a las elecciones autonómicas las expectativas electorales de Rajoy en Valencia podrían verse truncadas.

(www.cadenaser.com, 08/07/10) 

EL TRIBUNAL SUPERIOR VALENCIANO ATIZA EL VICTIMISMO DEL PP ANTE EL GOBIERNO

La postura oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre la Operación Brugal en Alicante, contenida en sendos comunicados oficiales contradictorios emitidos ayer sobre los 11 arrestos efectuados el martes, entre ellos el del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, por presunta corrupción, envolvió ayer el caso en una ceremonia de confusión. Las tesis del tribunal, presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo del presidente valenciano Francisco Camps, sirvieron para atizar la estrategia del PP contra el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía.

La espoleta de ese comportamiento del PP, que suscribió el Tribunal Superior valenciano, fue la no participación directa en la operación del juez instructor, ni tampoco en las detenciones ni en la comunicación de las posteriores citaciones judiciales. El tribunal, y en paralelo destacados dirigentes populares, mantuvieron que el juez instructor no emitió ninguna orden de detención ni cédula de citación, y que tampoco tuvo conocimiento del desarrollo de la operación. Los líderes del PP, encabezados por el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, llegaron a cuestionar la legalidad de las detenciones y acusaron directamente al Ministerio del Interior de desatar una campaña propagandística para beneficiar los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero en el debate del estado de la nación.

Frente a estas tesis, ayer se posicionaron, de manera unánime, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Policía, la Fiscalía General de Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Los cuatro organismos afirmaron que los comunicados del TSJ son "falsos" y que el juez instructor estuvo al tanto, en todo momento, de los detalles de la operación, incluidos los registros y las detenciones.

El TSJ, en una primera nota emitida sobre las 11.00, aseguró que el magistrado instructor, Carlos San Martín Gómez, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, no había emitido ninguna orden de detención ni cédula de citación. "Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", recogía expresamente la nota. En los mismos términos de contundencia se expresó en el apartado de las citaciones, aunque puntualizó que "el juzgado no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarde relación con estas diligencias en el día de hoy", en alusión a la jornada de ayer. Las citaciones serán hoy.

A primera hora de la tarde, sin embargo, el mismo tribunal emitió una segunda nota que corregía la primera, lanzaba críticas nada veladas a Interior y la policía y desvelaba datos sustanciales del proceso omitidos inicialmente. En esta segunda nota, el TSJ admite que los 19 registros policiales efectuados con motivo de las detenciones sí fueron autorizados por el juzgado instructor mediante un auto del pasado 1 de julio. También puntualizó que la policía sí tiene competencia para efectuar las detenciones realizadas durante la operación. El comunicado insiste en que no hay un auto de detención, pero admite también que "la policía puede practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación".

Y en cuanto a las citaciones, se señala: "La policía tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez".

Pese a estas aclaraciones, la nota reconoce en relación a las comparecencias de los detenidos previstas a partir de hoy jueves, que "a media tarde [la tarde del miércoles para el lector], el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial al respecto".

La nota omite que todos los registros policiales se desarrollaron en presencia de un secretario judicial (el titular del juzgado en el caso de los de Orihuela y de los de guardia en los registros de Alicante y Valencia). Este funcionario judicial presenció toda la operación desarrollada por los agentes y "consintió los arrestos", precisó una fuente del caso.

La policía realizó los 11 arrestos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, órgano que abrió la investigación de este caso en marzo de 2007. Hacia las 15.00 del martes, la Fiscalía Anticorrupción comunicó a la policía que podía dejar en libertad con cargos a todos los detenidos tras prestar declaración por no creer "necesario mantener su arresto en los calabozos" hasta su puesta a disposición judicial, agregan fuentes del caso.

Ninguna de las fuentes judiciales vinculadas con el proceso consultadas por este periódico cuestionó ayer la legalidad de los registros ni de las citaciones judiciales. Estas fuentes aceptaron que la citación judicial a través del Ministerio del Interior y firmada por el agente que acaba de interrogar al detenido no es habitual pero sí adecuada para casos que la investigación considera urgentes.

La lluvia de críticas al Gobierno de los dirigentes populares por esta supuesta teoría de la conspiración contrastó con la moderación del implicado de mayor calado de la operación, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.

Éste, en una comparecencia ante la prensa en la mañana de ayer, de manera escueta y sosegada, admitió que estuvo detenido 12 horas, que declaró durante 10 minutos ante los agentes de la comisaría de Alicante y que al término, tras quedar en libertad, recibió una notificación para comparecer ante el juzgado instructor a las 14.00 horas de hoy. Una notificación que leyó varias veces. "No sé de qué se me acusa, pero mañana [por hoy] iré al juzgado". Ripoll elogió incluso el trato dispensado por los agentes y no mencionó nada sobre una supuesta campaña organizada desde el Gobierno contra el PP.

(www.elpais.com, 08/07/10)

"ME HAN COGIDO EN PIJAMA"

"Eran las ocho de la mañana y me han pillado en pijama", narró ayer José Joaquín Ripoll, acerca de la manera en que le sorprendió el martes la llegada a su vivienda (un chalé en las afueras del casco urbano de Alicante) de los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros para registrar su vivienda. "En ese momento me dijeron que estaba detenido".

Ripoll definió el registro como "de ámbito doméstico". "Pero los agentes no se incautaron de nada, ni tan siquiera dinero en metálico", puntualizó. En una nota oficial, la policía señaló que en la operación se intervino dinero en metálico, pero no precisó en cuál de los 19 registros efectuados, entre Valencia, Alicante y Valencia. Ripoll quiso salir así al paso de informaciones que aseguraban que los agentes se incautaron de dinero en la vivienda del líder provincial del PP.

El dirigente provincial añadió después que, tras concluir la inspección de su vivienda, los agentes lo condujeron hasta la sede de la Diputación de Alicante. "Aquí realizaron un registro de ámbito público", dijo. "Me pidieron el expediente de la adjudicación del plan zonal de la basura de la Vega Baja [esta contrata es el eje de la investigación de la trama corrupta] y di órdenes a la secretaria de la institución de que se lo entregarán", aseveró.

Ripoll señaló que el interrogatorio en la comisaría fue breve. Luego, tras quedar en libertad con cargos, se dirigió, acompañado de su mujer, hasta su chalé. El presidente de la Diputación afirmó que recibió llamadas telefónicas del líder nacional y regional del PP, Mariano Rajoy y Francisco Camps, respectivamente. "Mi estado de ánimo es bueno", concluyó.

(www.elpais.com, 08/07/10)

LA TRAMA DE ALICANTE NO ES SOLO BASURA, SEGÚN LA INVESTIGACIÓN

La investigación judicial para esclarecer una supuesta trama de corrupción político-empresarial en la comarca de la Vega Baja (sur de Alicante) va más allá de una "mera contrata de basuras", señalaron ayer fuentes del caso. Las diligencias judiciales se extienden a otras dos supuestas actividades ilícitas de relevancia: presunta financiación irregular de partidos políticos en la comarca y blanqueo de dinero, según las mismas fuentes.

La investigación considera clave en el apartado del blanqueo de dinero la participación de uno de los arrestados en la operación del martes, en concreto, del empresario de compraventa de vehículos Rafael Gregori. Este empresario, además, posee un concesionario de vehículos pesados, entre ellos camiones utilizados para la recogida de basuras. Gregori, que a su vez es presidente de la Fundación del Hércules, fue arrestado por una presunta estafa de más de siete millones de euros a una financiera. El caso se sigue investigando en los juzgados.

La implicación de los detenidos en operaciones vinculadas con blanqueo de capitales se deduce de una de las constantes de los interrogatorios a los que fueron sometidos en las dependencias de la Comisaría de Alicante los 11 detenidos el martes. En todos los casos, la policía repitió tres cuestiones de un cuestionario que apenas superó la decena de preguntas: ¿tiene dinero en paraísos fiscales?, ¿cuánto gana? y ¿ha ofrecido dinero a cambio de algún favor?

Estas dos ramas colaterales de la investigación para destapar la supuesta trama corrupta completan el eje central de la investigación: la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal número XVII, que corresponde a la Vega Baja, contrato dependiente directamente de la Diputación de Alicante, que presidía y sigue presidiendo el popular José Joaquín Ripoll. Esta investigación por la contrata de basuras comenzó en marzo de 2007 y arrojó los primeros arrestos una semana después de las elecciones municipales celebradas en mayo de ese mismo año. En esa fecha y por orden de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, los agentes arrestaron a Ángel Fenoll, industrial afín al PP y a su cúpula empresarial. En total, seis personas.

Al trascender a la opinión pública la posible vinculación de esta contrata con la operación judicial en curso, Ripoll paralizó el concurso. En enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó la contrata a una UTE integrada por Cespa y el grupo Ortiz e Hijos, del contratista Enrique Ortiz. El contrato era por 20 años y estaba valorado en unos 250 millones de euros.

La planta dará servicio a 27 municipios de la comarca. Inicialmente, la adjudicación preveía que la planta se ubicaría en la planta denominada Lo Cartagena, ubicada en el término de la pedanía de Orihuela de Torremendo. Sin embargo, unos meses después, el adjudicatario cambia este emplazamiento por el de la finca aledaña denominada La Pistola. Este terreno es propiedad de Fenoll.

El supuesto trato de favor en la adjudicación de esta contrata está recogido en uno de los centenares de grabaciones que la policía incautó al industrial Fenoll en su domicilio y sede de sus empresas durante los registros efectuados con motivo de los arrestos de 2007. La investigación judicial se completó con nuevas pruebas incluidas en grabaciones telefónicas.

(www.elpais.com, 08/07/10)

GÉNOVA SE AFERRA A LA CONSPIRACIÓN Y EVITA TRATAR EL FONDO DEL ESCÁNDALO

El PP está convencido de haber encontrado una vía de escape político para el nuevo escándalo de corrupción que afecta al partido en la Comunidad Valenciana, y ha decidido explotarla al máximo. Los populares creen que el Ministerio del Interior ha cometido una enorme torpeza al decidir la detención de José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, sin contar con la autorización del juez. Aunque no sea ilegal, los dirigentes del PP creen que los mandos de la policía han cometido un error político que les deja un gran espacio a la crítica.

Por eso, el líder del PP, Mariano Rajoy, no se lo pensó ayer dos veces y autorizó a su portavoz, Esteban González Pons, a salir en una muy excepcional rueda de prensa -el PP solo convoca habitualmente los lunes a los periodistas en la sede nacional del partido, en la calle de Génova- para lanzarse a la yugular del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pese a que este había avisado la noche anterior al propio Rajoy de que la operación se iba a producir, como adelantó ayer El Mundo. Y llegó a acusar a la policía que dirige Rubalcaba de "mentir" y "suplantar al juez".

Las palabras de González Pons fueron muy gruesas, en una estrategia a la ofensiva muy similar a la que los populares adoptaron cuando estalló el escándalo del caso Gürtel. Entonces denunciaron tanto la actuación del juez Garzón como la de la policía o la fiscalía. Poco a poco, sin embargo, cuando la investigación y otros jueces iban confirmando los datos apuntados por las primeras informaciones, el PP fue apartando a cuentagotas a los implicados, salvo en la Comunidad Valenciana.

Algunos dirigentes reconocían ayer en privado que en este asunto puede suceder algo parecido si finalmente Ripoll acaba imputado por el juez, que hoy le tomará declaración, por lo que la estrategia habría durado apenas 24 horas. Rajoy, mientras tanto, se mantuvo ayer desaparecido para los medios de comunicación.

González Pons atribuyó directamente la decisión de detener a Ripoll a una operación política dirigida por Rubalcaba con el objetivo de distraer la atención y preparar un ambiente anti-PP precisamente a una semana de un debate del estado de la nación, que Rajoy confía en ganar con claridad ante un Zapatero en dificultades. Esto es, el PP puso en marcha una nueva teoría de la conspiración de fiscales y policías contra este partido.

"Las detenciones fueron confusas y echan tufo a detención publicitaria y política para allanar el camino de Zapatero ante el debate del estado de la nación más difícil de su vida", sentenció González Pons.

El portavoz del PP criticó también la forma "espectacular" en la que se habían producido las detenciones. Aunque esta vez no ha habido fotos del momento de la detención, algo que ha criticado mucho el PP en el pasado, González Pons aseguró que se habían enviado "80 policías desde Madrid" para realizar unas detenciones que "no se han hecho de la manera que menos pueda perjudicar la reputación del detenido, como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

El PP encontró ayer un aliado inesperado y muy poco habitual en su estrategia de contestar al escándalo a la ofensiva: el juez del caso. González Pons se aferró en todo momento a la aclaración del juez, enviada a través de una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -después hubo otra en la misma línea-, en la que el juez se desvinculaba claramente de la decisión de detener a Ripoll y a los demás implicados y mostraba su malestar -resaltando la palabra NO en mayúsculas- con las versiones que insistían en que él estaba detrás de toda la operación. "Insistir en que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", decía la última nota del juez.

Sin embargo, ni González Pons ni ningún otro dirigente quiso entrar al fondo del asunto, esto es, el escándalo de corrupción sobre un contrato de basuras millonario en la Diputación de Alicante y la implicación de su presidente, que pone al PP de esta comunidad en una situación muy delicada tras el caso Fabra y el caso Camps. González Pons no ocultó que sobre eso no iba a decir nada. "Nosotros no entramos a valorar el fondo del asunto. Estamos aquí para denunciar que en Alicante se produjeron detenciones para hacer publicidad política a costa de derechos fundamentales", sentenció ante los periodistas.

Rajoy, que no se acercó a una cámara en todo el día, sin embargo sí llamó el martes a Ripoll para, según contó este último, ofrecerle "todo su apoyo". Sin embargo, González Pons no quiso confirmar esa llamada y Soraya Sáenz de Santamaría, que había hablado por la mañana en Radio Nacional, evitó apoyar explícitamente a Ripoll.

González Pons, que en su época como consejero en la Comunidad Valenciana estuvo muy enfrentado al zaplanista alicantino, se limitó a decir: "Todos los miembros del PP tienen el apoyo de la dirección nacional".

(www.elpais.com, 08/07/10)

CUATRO POLÍTICOS Y SIETE EMPRESARIOS, DETENIDOS

La Operación Brugal (investigación de una trama político-empresarial en el sur de Alicante) iniciada en 2007 supuso el martes un total de 11 arrestados: cuatro políticos y siete empresarios.

En el ámbito político, el arrestado de mayor calado ha sido José José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, del PP, y los concejales populares del Ayuntamiento de Orihuela Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez.

Y entre los empresarios arrestados el de mayor trascendencia pública es el promotor y contratista Enrique Ortiz, propietario del Hércules Club de Fútbol, recién ascendido a Primera División. Junto a Ortiz, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) también detuvieron a Ángel Fenoll, procesado por estos hechos desde 2007, y a su hijo, Antonio Ángel Fenoll, igualmente arrestado hace tres años. Otro de los detenidos es José Candel, empleado de Inusa, una de las empresas de Ortiz. Luis Braña, gerente de Sufi (una firma de basura) y un empresario valenciano, cuyo nombre no ha trascendido, completan la lista.

(www.elpais.com, 08/07/10)

BRUGAL VIENE DE "BASURAS RURALES GESTIÓN ALICANTE"

Brugal es un acróstico. Los nombres de las operaciones policiales guardan siempre algún tipo de conexión, expresa o implícita, con un determinado aspecto o protagonista de los hechos sobre los que se indaga. En el caso de la Operación Brugal, que arrancó en 2007 a partir de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante por un supuesto soborno por la contrata de basura de Orihuela y que el martes supuso la detención de 11 personas en Alicante y Valencia, esa relación se desveló ayer.

Aunque en una primera versión se comentó que los agentes encargados de las pesquisas habían asignado este nombre a la operación tras observar una clara preferencia en el consumo de bebidas de los investigados por el ron, de la marca Brugal, con el paso de las horas esta explicación se terminó completando. La Operación Brugal es un acróstico que procede del nombre "Basuras RUrales Gestión ALicante", según confirmaron fuentes de la investigación del caso.

(www.elpais.com, 08/07/10)

UN AUTO SECRETO AUTORIZÓ EL OPERATIVO

La actuación de la policía en la detención y la liberación de José Joaquín Ripoll y los posteriores registros de su domicilio y de su despacho en la Diputación de Alicante estuvieron en todo momento amparadas por el juez Carlos San Martín Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Orihuela. El magistrado dictó el pasado 1 de julio un auto de 19 folios -cuyo contenido íntegro permanece secreto, como toda la investigación- en el que autorizaba el "traslado" a su juzgado de las personas que pudieran resultar detenidas en la operación.

Ese auto ordena en total 17 diligencias -entre las que se encuentran los registros efectuados ayer- y recoge los delitos que presuntamente han cometido Ripoll y los empresarios arrestados, según fuentes de la investigación.

Varios jueces consultados por este periódico aseguran, además, que en todo caso, la policía puede practicar las detenciones que estime convenientes para su investigación con el único requisito de comunicarlas al juzgado en el plazo máximo de 24 horas. Fuentes de la investigación aseguran que el auto, aunque no ordena expresamente los arrestos, hace referencia expresa a ellos.

La mayoría de las diligencias establecidas en esa resolución tenían la fecha concreta del 6 de julio, es decir, el pasado martes, cuando tuvieron lugar los registros y las detenciones, lo que acotó aún más la discrecionalidad de los agentes. El acuerdo con el juez era tal que, antes de dejarlos en libertad, la policía les comunicó a los detenidos que estaban citados en el juzgado para hoy y mañana porque el juez San Martín tenía ayer una reunión y no podía tomarles declaración, según fuentes jurídicas.

Por lo tanto, según esas mismas fuentes, toda la actuación de la policía se realizó cumpliendo las instrucciones del juez. No fue una decisión de la fiscalía ni de los propios agentes sino que todo se debió a un procedimiento judicial que fue abierto en 2007 y que, desde entonces, permanecía secreto.

Los dos comunicados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han producido un enorme malestar en la Fiscalía Anticorrupción. Sobre todo porque en esa institución se considera "correcta" la actuación del juez y "conforme a los indicios de criminalidad" que existen en el procedimiento contra los implicados.

Las fuentes consultadas ven detrás de la operación al presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, al que el presidente valenciano, Francisco Camps (PP), considera "más que amigo".

(www.elpais.com, 08/07/10)

"UN AMPLIO DISPOSITIVO DIRIGIDO POR EL JUZGADO 3"

Lo que sigue son fragmentos textuales de los comunicados de la policía, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y del auto del juez que ordenó la operación.

- Nota de la policía. (6 de julio). "Agentes de la policía han llevado a cabo un amplio dispositivo (...) dirigido por el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela y la Fiscalía contra la Corrupción, en el que se han practicado once detenciones. Entre los arrestados se encuentran el presidente de la Diputación de Alicante, tres concejales de Orihuela y varios empresarios. Según los casos, se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

- Nota del TSJCV. (Día 7, 11.00). "Se debe remarcar que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna. Del mismo modo, no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas. (...) El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarden relación con estas diligencias hoy".

- Cédula de citación a José Joaquín Ripoll. (Leída a la prensa el día 7 a mediodía). "En virtud de lo acordado por el Juzgado de Primera Instancia número TRES de Orihuela (Alicante) en el procedimiento de diligencias previas 851/07, por la presente se le comunica que deberá personarse el día 08-07-2010 en la referida sede judicial (...) para ser oído en declaración".

- Nota de prensa del TSJCV. (Día 7, 18.00). "No se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna persona (...). Por tanto, NO existe cédula de citación alguna expedida por la oficina judicial, (...) sino que la citación aludida obedecería, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial. La policía tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones (...). Insistir en que NO existe resolución judicial (...) por la que se haya ordenado la detención de persona alguna, independientemente de que la policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno".

- Auto 851/2007 del día 1 de Carlos San Martín Gómez, titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela. "Se autoriza de forma individualizada a practicar registros y entradas en domicilios particulares y despachos oficiales, y se autoriza a la policía a realizar traslados a comisaría para tomar declaraciones a los detenidos".

(www.elpais.com, 08/07/10)

EL PP ACUSA A INTERIOR PARA NO HABLAR DE SU CORRUPCIÓN

La dirección del PP compareció hoy para mostrar su indignación por la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Su vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons, salió a pedir "explicaciones inmediatas" a Alfredo Pérez Rubalcaba ante la posibilidad de que el ministro del Interior esté "utilizando los recursos de la Policía Nacional para, a costa de la dignidad y derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad del Gobierno socialista".

Los conservadores no tenían nada más de lo que hablar. En rueda de prensa se le preguntó a Pons si el PP cumplía su código ético en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta que dirigentes de las tres provincias están inmersos en procedimientos judiciales, y si la cúpula nacional tenía pensado investigar lo ocurrido. "Este no es el asunto de nuestra comparecencia de hoy. Nosotros no estamos entrando en el fondo del asunto. Estamos concentrados en que se aclaren las circunstancias de las detenciones", respondió el dirigente conservador instaurando un nuevo formato periodístico en el que sólo se aceptan y responden las cuestiones que interesan al PP. De ese modo quedaban, una vez más, guardadas bajo llave, aquellas palabras de Mariano Rajoy afirmando que su partido iba a ser "implacable en la lucha contra la corrupción".

Pons tenía un objetivo claro: acusar al Ejecutivo de estar detrás de la operación. "La decisión se tomó en Madrid, en Interior", dijo de forma tajante sin ningún tipo de prueba.  Aunque para él había una serie de indicios que venían a demostrarlo. "Las detenciones, el día y el modo tan espectacular y cinematográfico en que se iban a producir se decidieron en Madrid", insistió.

Y subrayó que se habían "mandado 80 policías a Alicante, como si no hubiera, se cortaron calles y se ubicaron furgonetas como si pudiera haber algún tipo de riesgo para los miembros que participaban".

Para el diputado por Valencia lo ocurrido "echa tufo" a un arresto "publicitario y político" para allanar el camino de Zapatero "de cara al debate del estado de la nación más difícil de su vida".

Esperanza Aguirre lamentó el despliegue policial "como si fuera un zulo de ETA o una nave con ilegales"

Para probar sus denuncias, Pons exhibió además una nota del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la contrapuso con la citación y el comunicado emitido hoy por la policía.

"No había resolución judicial por la que se ordenara la detención de persona alguna", leyó Pons del documento emitido por el TSJCV. "No se ha acordado la citación judicial, ni imputación", resaltó. Por lo que el PP concluyó que la policía había "suplantado" al Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela de forma "gravísima".

Además, acusó a los agentes de "mentir". Teniendo en cuenta que en la nota de prensa policial se sostenía que se había incautado dinero en efectivo del domicilio de Ripoll y que él mismo lo había negado. Por si fuera poco, el diputado del PP aseguró que el TSJCV había "llamado la atención" de la policía porque consideraba que se había "roto el secreto de sumario".

El PP prefirió ignorar la segunda nota que emitió por la tarde el tribunal valenciano en la que señalaba que en cualquier caso la policía podía "practicar una detención en cualquier momento" si lo consideraba "oportuno" en el transcurso de una investigación".

Los conservadores no se movieron un ápice de su posición. "Podrían hacerlo si hubiera motivos legales, pero sino, no", opinaban fuentes del PP. Las mismas insistían en que los arrestos se podrían haber producido si se estuviera cometiendo un flagrante delito, si era para evitar la destrucción de pruebas o por miedo a riesgo de fuga. Y, mantenían que, en este caso, con una investigación que lleva más de tres años en marcha, no les parecía que fuera el caso.

González Pons, que no se atrevió a calificar la detención de ilegal, señaló su principal blanco: "Con Rubalcaba al frente de Interior, están en riesgo las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y la certeza de que el Estado de derecho impera en la calle, en España, cuando alguien se cruza con alguien que está bajo su mando".

Se le interrogó hasta en tres ocasiones si Mariano Rajoy respaldaba a Ripoll. Pons dio una respuesta sujeta al guión: "Todos los miembros del PP cuentan con el apoyo del partido". Tampoco quiso confirmar si Rubalcaba había advertido o no a su formación de lo que iba a suceder. Reconociéndolo se podía desmoronar por completo su tesis de que todo estaba planeado para dañar la imagen del PP. "En cualquier caso, demostraría que quien tomó la decisión fue el ministro del Interior y no el juez de Orihuela", defendió.

Las reacciones en el PP se sucedieron. También la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró hoy en declaraciones a Europa Press que lo producido en Alicante responde a "una auténtica persecución" contra su partido "orquestada desde Interior" y recalcó que al enmarcar en la legalidad esta forma de proceder "se estaría legitimando las detenciones preventivas al margen de controles judiciales, propias de las dictaduras". La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría se quejó, en una entrevista en RNE, de que en España se use mucho "la pena del telediario".

El tema también lo trató la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien censuró "las formas" que se habían empleado. Así, Esperanza Aguirre lamentó el despliegue "como si fuera un zulo de ETA o una nave con ilegales o un centro de fabricación de droga". El portavoz de Justicia del PP en el Senado, Agustín Conde, también lamentó que se monten unos dispositivos policiales "dignos" de la detención de un comando de la banda terrorista ETA".

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, endureció hoy su discurso contra el PP y exigió a Rajoy "la disolución de todos los órganos de dirección del PP y que nombre una gestora con carácter de urgencia".

A su juicio, "el PP en la Comunitat Valenciana es, en sí mismo, una organización política en la que se consiente, se ampara o se elude desde el punto de vista político la lucha contra la corrupción". Además, volvió a pedir al presidente Camps que disuelva las Cortes y convoque elecciones ya que "en toda Europa no hay una región con tantos casos de corrupción como la valenciana, lo que hace que las instituciones estén paralizadas, informa Toni García de Dios.

Por su parte, Cayo Lara dibujó un PP que acumula "más presunciones de culpabilidad que de inocencia". Para el coordinador federal de IU, el último caso hace de la Comunitat Valenciana "el parque temático de Alí Babá y los 40 ladrones". "Lo que tiene que hacer Rajoy es limpiar su partido", pidió Lara, según informa Juanma Romero.

(www.publico.es, 08/07/10)

LA JUSTICIA AVALA LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA

Los argumentos del PP para acusar a la policía de haber suplantado al juez en la detención del presidente de su partido en Alicante y a cuatro concejales de Orihuela se sostuvieron hoy durante ocho horas. Ese es el tiempo que transcurrió entre una primera nota de la prensa del Tribunal Superior de Justicia de Comunitat Valenciana (TSJCV), que los conservadores utilizaron para cargar contra el Ministerio del Interior, y una segunda del mismo órgano, en la que el mismo tribunal avala la competencia de los agentes en todas las actuaciones practicadas.

La policía está capacitada para detener a personas objeto de una investigación judicial sin necesidad de que el juez instructor haya dictado la orden de arresto. Y no sólo es una práctica legal sino habitual siendo los arrestados personas que no tienen la relevancia del presidente de la Diputación de Alicante. Este es el argumento con el que el Ministerio del Interior defendió hoy todas las actuaciones practicadas el miércoles por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y que ratificó el Juzgado número 3 de Orihuela por la tarde en la segunda nota del TSJCV.

La mecha la había encendido el propio TSJCV por la mañana con una nota a los medios en la que remarcaba en mayúsculas que el juez de Orihuela "NO" había ordenado detenciones, ni había dictado citaciones y que, mucho menos, había declarado nuevas imputaciones. Esos tres extremos eran verdad, pero el TSJCV ocultaba otras cuestiones fundamentales.

El juez no había citado a declarar en el Juzgado a Ripoll, ni al resto de detenidos, pero sí la policía que, según admitió el juzgado por la tarde, tiene "potestad" para ello. En la misma nota, el tribunal niega que el juez dictara órdenes de detención, pero igualmente reconoce que los agentes pueden practicar arrestos "en cualquier momento, si lo consideran oportuno", aunque se trate de un caso judicializado.

En la segunda nota, el problema ya quedaba reducido a que los agentes habían tardado demasiado en comunicar al juez las detenciones y el momento que habían elegido para que prestaran declaración en el juzgado. Sin embargo, en la misma nota se reconoce que la policía había consultado al juez antes de las detenciones "sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial" en los días posteriores a la operación.

Hasta media tarde de hoy, el juez no fue informado por la policía, de forma verbal, de los arrestos y las citaciones, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Más de una hora después de la difusión de la primera nota pública del TSJCV, a media mañana, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, había ofrecido una rueda de prensa mostrando la citación que le había entregado la policía para que declarara.

El TSJCV sólo mantenía en su segunda nota que el juez no ha ordenado citaciones, ni detenciones y tampoco ha imputado a los nuevos implicados. Una nota difundida la noche del martes por Interior apuntaba a que los once detenidos "se les imputan" varios delitos relacionados con la corrupción.

Las diligencias 851/07 sobre varios delitos relacionados con la gestión de los residuos de Orihuela y el resto de la comarca de la Vega Baja llevan bajo secreto más de tres años, algo poco usual. Uno de los motivos de que no pudiera trascender su contenido, al menos en los últimos meses, ha sido la irrupción de un nuevo sospechoso, nada menos que el presidente de la Diputación de Alicante y uno de los hombres fuertes del PP valenciano, José Joaquín Ripoll.

Una conversación telefónica intervenida a uno de los investigados en el último tramo de la investigación vinculaba al presidente del PP alicantino en la red, lo que provocó que se ampliara la investigación, informaron a ‘Público' fuentes del caso. La Fiscalía Anticorrupción y la policía investigan distintas concesiones para la gestión de los residuos de la zona a empresarios que habrían sobornado a políticos y cometido prácticas irregulares, como el cambio de ubicación de un vertedero.  

(www.publico.es, 08/07/10)

EL PP DENUNCIA QUE LA POLICÍA ´SUPLANTÓ´ AL JUEZ  

Pons reclama a Rubalcaba una aclaración porque las detenciones en Alicante "echan tufo a operación publicitaria" antes del Debate de la Nación - Interior afirma que la Policía tiene autoridad para detener en una investigación sin la autorización previa del juez

El vicesecretario de Comunicación del PP y diputado nacional por Valencia, Esteban González Pons, ha denunciado este mediodía que la orden de detención al presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, "se tomó" en el Ministerio del Interior y ha acusado a la Policía de haber "suplantado" al juez en al menos tres actuaciones. Por ello, ha exigido "una aclaración inmediata" al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP en Madrid, González Pons ha afirmado que los arrestos "echan tufo a operación publicitaria y política para allanarle el camino" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, antes del "complicado" Debate sobre el estado de la Nación que tiene que afrontar la próxima semana en el Congreso.

El diputado del PP ha hecho hincapié en las contradicciones que recogen los comunicados emitidos por la Policía, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) y cédula de citación que se ha enviado a Ripoll para que preste mañana declaración. En particular, ha destacado que la nota emitida hoy por el TSJCV dice que el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela no ordenó la detención ni tampoco la citación o imputación judicial. "No había orden de detención", ha asegurado González Pons, para insistir en que "alguien está suplantando la función de alguien de una manera gravísima".

Igualmente, González Pons ha señalado que la Policía "mintió" ayer en su nota de prensa por sostener que se había incautado dinero en efectivo en el domicilio de Ripoll cuando él mismo ha aclarado que no había, así como decir que había imputaciones cuando el TSJCV rechaza ese extremo en su comunicado. Igualmente ha recordado que la Policía habla de citaciones y el juzgado dice que "no hay ninguna persona citada". Sin embargo, en la nota de prensa de Interior se admitía el decomiso de dinero en metálico, pero no especificaba dónde.

En este sentido, ha incidido en que esta orden de detener a Ripoll "se tomó" en el Ministerio del Interior, así como la "forma espectacular y cinematográfica de cómo iba a producirse". "Se enviaron 80 policías a Alicante como si en Alicante no hubiera un policía que le pudiera decir que fuera a declarar. Se cortaron calles y de colocaron furgonetas de la Policía como si pudiera haber algún tipo de riesgo para los miembros que participaban", ha denunciado.

Es más, ha destacado que en el PP ha "crecido la alarma" ante la posibilidad de que Interior "esté utilizando los recursos de la Policía nacional para que, a costa de los derechos fundamentales de algunas personas, hacer publicidad el Gobierno socialista".

Según el responsable de Comunicación del PP, en este caso "no da ninguno de los casos" en que la Policía puede practicar una detención, que sería para evitar un flagrante delito, la destrucción de pruebas o el riesgo de fuga. Igualmente ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que las detenciones se deben producir de la forma que "menos perjudique la reputación del detenido", algo que a su juicio, no se ha cumplido. "Se produjo en la forma en que más perjudicaba la reputación del detenido, se decidió en Madrid, fue espectacular y no tenía orden judicial", ha resaltado.

Además, ha subrayado el hecho de que las detenciones se produjeran ayer martes cuando la investigación lleva más de tres años abierta. "Llama la atención que los mandos políticos de la Policía haya fijado como fecha una semana antes del Debate de la Nación, el más complicado al que se enfrenta Zapatero", ha aseverado.

Por todo ello, ha demandado una "aclaración inmediata" a Interior porque, en su opinión, ayer se "se practicaron detenciones en Alicante con la clara intención de hacer publicidad política a favor del Gobierno y en contra de la oposición, a costa de derechos fundamentales que deberían ser sagrados para las personas". En su opinión, con Rubalcaba al frente de este Ministerio "están en riesgo" las garantías de los derechos fundamentales. El PP se da de plazo el día de hoy para dar esa explicación antes de exigir responsabilidades políticas.

NO VALORA EL MOTIVO DE LA DETENCIÓN

Al ser preguntado si el presidente del PP, Mariano Rajoy, apoya a Ripoll y si el partido va a tomar alguna medida contra él ante los presuntos delitos de los que se le acusa, el diputado del PP ha respondido que éste no era el asunto de su comparecencia, sino la "gravedad" de los derechos fundamentales que se están vulnerando y la necesidad de que se aclaren las circunstancias en que se han producido las detenciones.

"Hoy no es éste el asunto, pero nosotros estamos preocupados por los hechos que sucedieron ayer", ha insistido, para añadir después que "todos los miembros del Partido Popular cuentan con el apoyo del partido". Además, ha subrayado que "hoy el señor Ripoll no está imputado" y en la citación que ha recibido no se le ruega que "lo haga acompañado de abogado".

Con respecto a si Rubalcaba informó a Rajoy el pasado lunes de que iba a ser detenido el presidente de la Diputación, el responsable de Comunicación del PP ha indicado que él no tenía noticia de que esa llamada se produjera pero ha agregado que "en ese caso demostraría que la decisión la tomó Interior" y no el juzgado de Orihuela.

INTERIOR DICE QUE LA POLICÍA TIENE AUTORIDAD

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press aclararon hoy que la detención ayer del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, se enmarca en la autoridad y en la competencia que atesora siempre la Policía Nacional para proceder al arresto de algún sospechoso en el marco de una investigación judicial sin la necesidad de una autorización previa del juez que dirige las pesquisas.

Así, estas mismas fuentes precisaron que las detenciones practicadas ayer por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía son "perfectamente legales" y añadieron que son "habituales" en este tipo de operativos. Asimismo, recuerdan que todas las entradas de registro realizadas ayer se hicieron a partir de una autorización judicial, lo que a su juicio, "evidencia" que es un juez quien dirige la operación en contra de las sospechas vertidas hoy por el secretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, quien acusó a la Policía de suplantar la función del juez en este caso.

Asimismo, las fuentes consultadas aseguraron que no hay ninguna diferencia de criterio entre el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la Policía después de que el tribunal autonómico negase que hubiese ordenado la detención de ninguno de los implicados al tiempo que aclaró que ninguno de ellos se encuentra imputado por ningún delito.

La razón de esta aclaración es que ayer por la noche, el Ministerio del Interior difundió un comunicado de prensa en el que anunciaba la detención de nueve personas y añadía que "se les imputan los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento".

Otro de los puntos sometidos a debate hoy es el hecho de que Ripoll asegurase hoy en rueda de prensa que ha sido citado a declarar por el Juzgado de Orihuela, si bien la citación que mostró ante los medios de comunicación portaba el sello de la Policía y el Ministerio del Interior.

En este caso, las fuentes consultadas explicaron que el Juzgado puede cursar la citación bien por medio de uno de sus agentes judiciales o por la Policía y de ahí que en este caso el documento llevase la firma de un funcionario policial. Estas fuentes no precisaron si Ripoll ha sido citado a declarar como imputado o en calidad de testigo, si bien, según comunicó hoy Pons, en el oficio no se comunica la necesidad de acudir con abogado, requisito obligatorio en el caso de los imputados.

EL JUEZ HA SIDO INFORMADO ESTA TARDE

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha señalado que "a media tarde" de hoy el juez que investiga el caso "Brugal" ha sido informado "verbalmente aunque no de manera oficial" de las detenciones de ayer y de las comparecencias previstas para mañana en el juzgado.

El alto tribunal ha emitido un comunicado ante la "confusión" suscitada en relación con el anuncio que han hecho dos de los detenidos, el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y el empresario Enrique Ortiz, en el sentido de que han sido citados mañana para declarar ante el juez.

"El juzgado no disponía al término de la mañana de hoy de ninguna comunicación directa u oficial por parte de la Policía sobre el número de personas que hubieran sido detenidas en el transcurso de la operación ni de su posterior puesta en libertad ni de las fechas en que hubieran sido emplazadas para comparecer", señala la nota.

"Con anterioridad a la operación únicamente se recibió consulta sobre horarios y disponibilidad del órgano judicial", ha indicado antes de insistir en que "una vez concluida la mañana el juzgado no tenía constancia oficial de comparecencia alguna prevista para mañana o próximas días", excepto "lo conocido por los medios de comunicación".

"Sin embargo, a media tarde, el juez (del número 3) ha sido informado, verbalmente, aunque no de manera oficial al respecto", dice el comunicado.

Esta información se produce horas después de que Ripoll leyera en una rueda de prensa una supuesta "cédula de citación" en la que se le requería para declarar mañana a las 14 horas en el juzgado número 3 de Orihuela, en relación al procedimiento del caso "Brugal".

El TSJCV ha reiterado que no se ha acordado hasta ahora citación ni imputación judicial alguna, a excepción de las que datan de mayo de 2007.

"Por tanto, no existe cédula de citación alguna expedida por la oficina judicial, es decir, firmada por el juez o el secretario, ni entregada por personal del juzgado sino que la citación aludida obedecería, en todo caso, a la fuerza instructora del atestado policial", señala el alto tribunal.

A este respecto, recuerda que la Policía tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones para que comparezcan y aclaren los extremos que se requieran.

El TSJCV insiste en que no hay resolución judicial "expresa ni aún tácita" por la que se haya ordenado la detención de persona alguna, "independientemente de que la Policía pueda practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación".

Sí confirma que el titular del juzgado número 3 autorizó las entradas y registros practicados ayer como consecuencia de las peticiones formuladas por la Policía, y que dichas resoluciones fueron notificadas a los interesados en tiempo y forma.

www.levante-emv.com 07.07.10

EL PP RECHAZA ENTRAR AL FONDO DEL ESCÁNDALO Y DENUNCIA QUE LAS DETENCIONES NO ESTÁN AUTORIZADAS POR EL JUEZ

El presidente de la Diputación de Alicante dice que no sabe de qué se le acusa y asegura que Mariano Rajoy le llamó ayer para darle su apoyo.- González Pons: "No había ni pruebas ni orden judicial para las detenciones".- Los arrestos fueron ordenados por la Fiscalía Anticorrupción

El PP ha rechazado esta mañana entrar en el fondo del escándalo por las detenciones practicadas por la policía ayer en Alicante -entre ellas la del presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll- por una presunta trama de corrupción vinculada al partido, pero sí ha mostrado su indignación por el momento y la forma de realizarlas. Su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha acusado al Gobierno de haber puesto en marcha la operación sin tener autorización del juez, aunque obvió que los arrestos habían sido ordenados por la Fiscalía Anticorrupción.

"Las detenciones de ayer fueron confusas están rodeadas de misterio y echan tufo de detención publicitaria y política para echar una mano a Zapatero ante su debate sobre el estado de la nación más difícil", ha subrayado el dirigente popular durante una comparecencia ante la prensa, en la que acusó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y al departamento que dirige de conculcar derechos fundamentales. Gonzáñez Pons llegó a decir que con Rubalcaba al frente de Interior "las garantías constitucionales, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho están en riesgo".

González Pons ha añadido que "la policía mintió" y que "no había ni pruebas ni orden judicial para las detenciones, que", ha dicho, "se decidieron desde Madrid". "Alguien está suplantando la función de alguien de forma gravísima", ha acusado.

Sereno, pero preocupado

Poco antes de la intervención de González Pons, compareció ante los medios de comunicación el propio Ripoll, que ha dado detalles de su arresto de 12 horas, sereno, aunque con cara de preocupación: "Se presentó en mi domicilio una unidad de policía, y me comunicó que estaba detenido. (...) Me cogieron en mi casa a las ocho de la mañana en pijama, con corrección absoluta, pero ya sabe que en el ámbito familiar estas cosas son distintas. Me hicieron unas 10 o 12 preguntas, y yo las respondí. Se me llevó a comisaría, y se me dio la cédula de citación para ir a declarar ante el juzgado de primera instancia número tres de Orihuela. (...) [Además,] se registró mi domicilio, mi despacho y el de mi secretaria, y se me requirió el plan zonal XVII, de Orihuela".

"Desconozco de qué se me acusa", ha asegurado Ripoll antes de advertir de que sólo iba a "contar lo que se puede contar", porque el caso está bajo secreto sumarial. Mañana debe comparecer ante el juzgado a las dos de la tarde por el sumario 651/07. Ripoll ha explicado que la Policía no se llevó ninguna documentación de su domicilio, pero sí de la Diputación de Alicante, donde los agentes pidieron el expediente de la adjudicación de las instalaciones de tratamiento de basuras de la comarca de la Vega Baja, en el sur de Alicante. Esa adjudicación es el centro de la investigación por supuesta corrupción.

Y poco más ha contado el dirigente popular: que su estado de ánimo es "bueno", y que ayer habló por teléfono desde su casa con el presidente valenciano, Francisco Camps, y con el líder del PP, Mariano Rajoy. Preguntado sobre esta última conversación, dijo antes de prorrumpir en carcajadas: "Si yo le contara todo lo que me cuenta Rajoy cuando me llama". En cualquier caso, sí aclaró que el presidente popular le "transmitió todo su ánimo y apoyo".

Ripoll, que ha regresado hoy al trabajo en la Diputación, ha leído textualmente la citación que mañana le llevará ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Sorprendentemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha emitido una nota esta mañana en la que indica que las detenciones realizadas ayer por la Policía Nacional no fueron ordenadas por el juzgado. Según han aclarado fuentes judiciales, los arrestos se produjeron por orden de la Fiscalía Anticorrupción, que acordó ayer por la tarde que los detenidos quedaran en libertad tras prestar declaración en la comisaría. La Policía acusa a los 11 detenidos en la operación, según los casos, de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación fraude y encubrimiento.

La nota del TSJ añade que "no se ha acordado la citación judicial ni imputación judicial respecto de ninguna de las personas, salvo las que en el mes de mayo de 2007 fueron objeto de detención policial y puesta a disposición judicial". El presidente de la Diputación de Alicante, sin embargo, tiene una citación y esta mañana la ha leído ante los periodistas. Fuentes del TSJ no han podido aclarar de momento la contradicción.

Las detenciones de 2007 a las que hace referencia el comunicado se produjeron al inicio de la investigación. Fueron arrestados el empresario Ángel Fenoll, varios familiares y responsables de su empresa.

www.elpais,es 07.07.10

UN EMPRESARIO DE LA AUTOMOCIÓN Y EL GERENTE DE SUFI, ENTRE LOS 11 DETENIDOS POR SUPUESTA CORRUPCIÓN EN ALICANTE.

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, acude a trabajar tras quedar ayer en libertad

El empresario Rafael Gregori, dedicado a la compraventa de vehículos pesados; el gerente de la firma Sufi; un empleado de mercantil Inusa, y otro empresario de Valencia también fueron detenidos ayer, junto a otras siete personas cuya identidad ya se conocía, en el marco de la operación contra una trama de corrupción político empresarial en el sur de Alicante vinculada al negocio de la basura. El principal arrestado por estos hechos ha sido el presidente de la Diputación de Alicante, José José Joaquín Ripoll, del PP, que salió de comisaría en libertada última hora de la tarde de ayer. El resto de arrestados -los empresarios Enrique Ortiz, Ángel Fenoll, un hijo de este y tres concejales de Orihuela- también han quedado en libertad. Todos comparecerán ante el juez instructor del caso, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, a partir de mañana, según avanzó ayer un comunicado del Ministerio del Interior.

El juzgado dirige desde 2007 una investigación, denominada caso Brugal, por los supuestos delitos de cohecho y extorsión. No obstante, la policía atribuye, según los casos, a los arrestados los supuestos delitos de cohecho tráfico de influencias, prevariación, fraude y encubrimiento.

La empresa Inusa explota el servicio de limpieza de la ciudad de Alicante y pertenece al grupo del empresario Enrique Ortiz, también arrestado por estos hechos. Mientras, la sociedad Sufi es la adjudicataria de la basura del municipio de Orihuela.

José Joaquín Ripoll, a su vez presidente provincial del PP en Alicante, tras quedar en libertad ayer, mantuvo una reunión con sus afines en su chalé, a las afueras de la capital alicantina.

"Una operación digna de la detención de un comando de ETA"

El portavoz de Justicia del PP en el Senado, Agustín Conde, ha calificado de "operación puramenta propagandística por parte del PSOE" la detención ayer del presidente de la Diputación Alicantina, José Joaquín Ripoll, que encuentra "digna de la detención de un comando de ETA".

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha señalado que la detención de Ripoll ha sido uno de los temas tratados hoy en la reunión de la dirección regional del PP madrileño. Aguirre, quien ha asegurado que no quería "entrar en el fondo del asunto, sino en la forma", ha criticado la "utilización partidista de las instituciones del Estado". "Seis camiones de la policía rodearon el Ayuntamiento de Orihuela como su fuera un zulo etarra, una nave de ilegales o un centro de fabricación de droga", ha asegurado. La presidenta madrileña ha concluido que "una detención de 12 horas para un interrogatorio de 10 minutos debe ser expliada", informa Pablo de Llano.

En un curso de verano de la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez (Madrid), Conde ha explicado: "Nos resulta extraordinariamente extraño que se hiciese la operación policial que ayer se hizo para terminar con 10 minutos de declaración ante el juez y para ser puestos en libertad sin cargos".

En una entrevista en RNE, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha respondido a las preguntas sobre la operación policial con críticas al Ministerio de Interior por el supuesto acoso a cargos de su partido (que además, según dijo, deben sufrir el escarnio público de la conocida como pena del telediario); a la justicia por no actuar presuntamente de igual forma en todos los casos; y a los medios de comunicación por centrarse sólo en algunos escándalos.

www.elpais,es 07.07.10

LA MAFIA DE LA BASURA PASA FACTURA AL PP

La contrata de recogida de Orihuela, de la que Fenoll esgrimió un intento de soborno, y el plan zonal de La Vega Baja, en el centro de la investigación a Ripoll

o admite discusión alguna: unos ingresos de 19 millones de euros anuales para una contrata garantizada durante dos décadas. La adjudicación del tratamiento de la basura de la comarca de La Vega Baja supone un suculento bocado de 380 millones de euros, más de 63.000 millones de las antiguas pesetas. En enero de 2008, el Consorcio del Plan de Residuos de la Zona XVII, que preside el jefe de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, adjudicó la contrata a Cespa-Ortiz, del empresario alicantino Enrique Ortiz. Tanto Ripoll como Ortiz fueron detenidos ayer en el marco de una investigación judicial contra la corrupción política relacionada con esa contrata. También fue detenido Ángel Fenoll, que había presentado una de las seis ofertas rechazadas.

Las instalaciones de Ortiz en Orihuela deberían construirse en terrenos de Fenoll

Fenoll, un viejo conocido del PP de La Vega Baja (fue condenado por comprar votos para el partido y también por intentar encubrir con facturas falsas al ex alcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena, condenado por apropiarse de una donación de 49.000 euros de unas monjas, hecho que le llevó a la cárcel), tampoco conseguiría unos meses después, en octubre de 2008, el contrato de la recogida de la basura de Orihuela, que alcanza los 190 millones de euros en un plazo de 20 años.

Caído en desgracia por la presión del sector campista del PP, que lo consideraba un hombre demasiado próximo a la gente de Eduardo Zaplana, Fenoll rompió la baraja dos años antes, en marzo de 2006, al difundir una grabación con un concejal en la que se hablaba de un intento de soborno al alcalde, José Manuel Medina, y otros regidores de Orihuela por parte de la empresa Urbaser, que competía con él en la adjudicación. Tras el escándalo, el concurso quedó en suspenso hasta que en 2008, ya con Mónica Lorente de alcaldesa, se otorgó la contrata a la tercera empresa en concurso, una UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. Urbaser y Fenoll quedaron descartados.

El escándalo que levantó Fenoll, un hombre que ha construido su fortuna sobre el negocio de la basura, llevó a su detención en junio de 2007, junto a su hijo y otros empleados, a instancias del fiscal anticorrupción, en una operación en la que se le requisaron documentos y grabaciones. Todo indica que las consecuencias de aquel escándalo han llevado a los registros y detenciones de ayer en Alicante.

La caída en desgracia de Fenoll, un hombre sin pelos en la lengua, que presumía de haber grabado muchas conversaciones comprometedoras con políticos y empresarios, le ha acabado pasando factura al PP de Alicante. Lo que queda por aclarar es por qué razones lo ha hecho y con qué alcance.

Fenoll pasó de hacer negocio con los residuos a esgrimir públicamente la basura de la corrupción política contra sus antiguos compadres, que consumaron su "traición" al dejarle, no sólo sin el contrato de recogida en Orihuela, sino también sin la concesión de la gestión de la Zona XVII. El basurero de Fenoll, que tiene un zoológico en su recinto, ubicado en el límite de las comunidades valenciana y murciana, entre la pedanía oriolona de La Murada y el municipio de Abanilla, y cuya legalidad es un puro enredo, porque siempre alega su propietario ante las autoridades valencianas que tiene la licencia en Murcia, quedó al margen de la nueva política de gestión de residuos.

Sin embargo, el oscuro funcionamiento de los negocios de la basura permitió algo realmente curioso. Ripoll, al otorgar, desde el Consorcio del Plan Zonal la gestión de residuos de La Vega Baja, con el apoyo de la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, también del PP, a una oferta que preveía tratar 300.000 toneladas de basura al año (con una compensación para el municipio de 0,6 euros por tonelada tratada en la planta de valorización, más 1,2 euros por tonelada destruida en la instalación de eliminación), aprobó la construcción de un nuevo vertedero y planta de tratamiento de residuos en la pedanía oriolana de Torremendo. Los terrenos sobre los que debía construirse la instalación, todavía pendiente, son propiedad, ni más ni menos, que del mismísimo Ángel Fenoll.

Por otra parte, la adjudicataria de esa zona XVII, colocada en el centro del terremoto de registros, detenciones y declaraciones que se desencadenó ayer en Alicante y Orihuela, pertenece a Enrique Ortiz, un empresario muy conocido, constructor y contratista de las Administraciones públicas. Ortiz es uno de los seis empresarios valencianos implicados en el sumario del caso Gürtel por participar supuestamente en la financiación ilegal del PP que preside Francisco Camps.

Concesiones de plantas y vertederos

El Plan Integral de Residuos (PIR) de la Comunidad Valenciana, aprobado en 1997, y actualmente en revisión, intentaba resolver el caos y la falta de infraestructuras para tratar las basuras. En su desarrollo se establecieron 18 zonas, que en algunos casos engloban varias comarcas, para su aplicación. Seis de esas zonas corresponden a la provincia de Alicante.

El desarrollo de esos planes es competencia de consorcios zonales específicos en los que están representados los municipios, las mancomunidades, las diputaciones y la Generalitat. El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, preside las comisiones de gobierno de los consorcios de las zonas XIII a XVIII.

Entre las empresas adjudicatarias de las plantas de tratamiento y los vertederos figuran en la provincia de Alicante al menos dos empresas de las seis que la investigación del caso Gürtel vincula a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. Se trata de Enrique Ortiz e Hijos, en la polémica zona XVII de La Vega Baja, y de Hormigones Martínez, sociedad del presidente de la patronal alicantina, Rafael Martínez, que tiene adjudicada la zona XVIII del Baix Vinalopó y Vinalopó Mitjà, junto a Urbaser, la firma que, según la denuncia de Ángel Fenoll, habría intentado un soborno para hacerse con el contrato de recogida del Ayuntamiento de Orihuela.

Las zonas XIII (correspondiente a las comarcas del Alto Vinalopó, Vinalopó Mitjà y L'Alcoià) y XIV (de L'Alcoià y El Comtat) son gestionadas por la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamientos Energético de Residuos), con plantas de tratamiento en Villena y Xixona en funcionamiento desde 2006 y 2003, respectivamente.

La zona XV, de las comarcas de La Marina Alta y La Marina Baixa, tiene una planta y vertedero en funcionamiento desde el año pasado, que gestiona la empresa FCC. Finalmente, la zona XVI, que corresponde a la ciudad de Alicante, dispone desde 2005 de un nuevo vertedero y desde el año pasado de una nueva planta que gestiona la empresa Inusa. El traslado de basura procedente de Castellón y Valencia a vertederos y plantas de Alicante ha levantado polémica estos últimos meses.

www.elpais,es 07.07.10

LA POLICÍA DETIENE 12 HORAS AL LÍDER DEL PP DE ALICANTE POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Junto al presidente de la Diputación fueron arrestados tres ediles y siete empresarios, y hechos 19 registros en Alicante, Valencia

La presunta trama de corrupción político-empresarial de la Vega Baja (sur de Alicante) vinculada con la adjudicación de las basuras arrojó ayer 11 detenidos. El arrestado de mayor calado fue José Joaquín Ripoll, presidente del PP de Alicante y, a su vez, titular de la Diputación provincial. Ripoll quedó en libertad con cargos a últimas horas de la tarde, tras declarar en la comisaría de Alicante. Junto a Ripoll, los agentes arrestaron a otras 10 personas, entre ellas tres ediles del PP de Orihuela y siete empresarios. La policía, según los casos, les acusa de cohecho, tráfico de influencias, prevariación, fraude y encubrimiento, según una nota oficial del Ministerio del Interior. La investigación sigue abierta, según la nota, y los detenidos tendrán que comparecer ante la juez del caso, en Orihuela, los próximos días. Durante la operación, los agentes realizaron 19 registros en Alicante, Orihuela y Valencia.

La policía realizó ocho registros, entre ellos el del chalé de Ripoll

Ripoll permaneció arrestado desde primeras horas de la mañana, cuando la policía llegó a su domicilio (un chalé en las afueras de Alicante) para realizar un registro. El dirigente del PP fue conducido luego hasta la Diputación, donde los agentes completaron la inspección en marcha de las dependencias de la institución provincial.

Fuentes del caso apuntan también que el objetivo primero de la intervención en el domicilio del presidente del PP provincial era la búsqueda de pruebas relacionadas con un supuesto soborno. Los agentes revisaron el patrimonio del dirigente popular. A la salida de la comisaría, los abogados de Ripoll señalaron que la policía no se ha incautado de "dinero en metálico".

La detención de Ripoll se enmarcó en la denominada operación Brugal, que investiga supuestos casos de soborno y extorsión y tráfico de influencias en la Vega Baja, relacionados con adjudicaciones públicas. Según fuentes jurídicas del caso, Ripoll está implicado en la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de basuras de esa comarca. Este sumario se abrió en mayo de 2007 y desde entonces ha estado bajo secreto.

En Alicante, junto al líder de los populares alicantinos -máximo oponente dentro del partido a las tesis del presidente regional, Francisco Camps-, los agentes arrestaron a otras seis personas: a Enrique Ortiz, contratista y empresario de la construcción; a Ángel Fenoll, empresario afín al PP, del sector de las basuras; al hijo de este, Antonio Ángel Fenoll, y a tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela, los también populares Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez.

Los tres ediles oriolanos también quedaron en libertad con cargos tras ser interrogados por la policía. Al cierre de esta edición, la policía no había concluido la toma de declaración a Ángel Fenoll y su Hijo. En cuanto al empresario Ortiz, ni tan siquiera había llegado a la comisaría, ya que el contratista aún se encontraba con los agentes en registro de las oficinas de la sede de su grupo empresarial.

En paralelo a los arrestos, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial efectuaron ocho registros desde primeras horas de la mañana solo en la provincia de Alicante. La policía revisó el Ayuntamiento de Orihuela y la Diputación de Alicante y los domicilios de Ripoll, del empresario Ortiz y del industrial Fenoll. Los registros se completaron con inspecciones en la sede central del grupo de Ortiz, en el despacho de un empleado de la firma de limpieza Inusa, ubicada en un polígono industrial de la ciudad y de la que también es dueño el promotor, y en la sede de la empresa de Fenoll.

La investigación judicial para esclarecer la supuesta trama de corrupción político-empresarial en la Vega Baja se remonta a marzo de 2006, cuando Fenoll denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, un supuesto cohecho por la contrata de la basura de Orihuela. Un año después de recibir la grabación, el fiscal, en coordinación con la titular del juzgado número 3 de Orihuela, puso en marcha la denominada operación Brugal. El 2 de mayo de 2007, los agentes arrestaron al industrial denunciante del supuesto cohecho de la basura de Orihuela y a su cúpula empresarial (entre ellos, su dos hijos, su hermano, el gerente de la empresa, Javier Bru, concejal del PP de Albatera, y un detective privado).

Con motivo de estas detenciones, los agentes de la UDEF también se incautaron de decenas de grabaciones de Fenoll. Una de las cintas revelaba un supuesto soborno por la contrata de la planta de basuras del Plan Zonal XVII (correspondiente a la comarca de la Vega Baja). Esta adjudicación dependía directamente de la Diputación de Alicante. Tras saltar a la opinión pública la posible implicación del citado plan zonal en el caso Brugal, Ripoll paralizó el proceso de adjudicación. Medio año después, en enero de 2008, el presidente de la Diputación retomó el expediente y adjudicó el concurso a una UTE integrada por la firma Cespa y una de las empresas de Enrique Ortiz. La planta no está aún construida y se prevé levantar en una finca propiedad de Fenoll, en la partida oriolana de Torremendo.

Catarata de acusados

- Francisco Camps. El presidente de la Generalitat está imputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por un delito de cohecho pasivo impropio. A Camps y a otros tres ex altos cargos del PP se les acusa de haber recibido trajes regalados por las empresas de la trama corrupta del caso Gürtel y valorados en varios miles de euros. El TSJ archivó la causa y el Supremo obligó el pasado mes de mayo, por unanimidad, a reabrirla.

- Ricardo Costa. La mano derecha de Camps hasta su defenestración política en octubre pasado está imputado en la misma causa que Camps, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, por un delito de cohecho pasivo impropio. El ex secretario regional del PP y ex portavoz en las Cortes podría ver complicada su situación procesal tras la decisión del juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, de inhibirse en favor de Valencia de la mayor parte de la instrucción del caso Gürtel relacionada con la Comunidad Valenciana. Pedreira observa indicios de delito en varios cargos aforados del PP valenciano, incluida la financiación irregular del PP y delito electoral. El auto cita al actual vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla; al vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra; y a la tesorera, Yolanda García.

- Carlos Fabra. El todopoderoso presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial está a un paso de sentarse en el banquillo para ser juzgado por cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. El proceso, que se abrió hace seis años, se acerca a su tramo final. Según la Agencia Tributaria, entre 1999 y 2004 Fabra y su mujer ingresaron 8 millones de euros de los que 3,6 millones correspondieron a ganancias no justificadas.

- José Joaquín Ripoll. El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial se convirtió ayer en el primer alto cargo popular en la Comunidad Valenciana detenido por la policía. La detención está relacionada con su actuación como presidente de los consorcios encargados de adjudicar el servicio de tratamiento y eliminación de la basura.

- Milagrosa Martínez. La actual presidenta de las Cortes recibió un regalo de la trama Gürtel que, según la fiscalía, pudo suponer un delito de cohecho que estaría ya prescrito. La policía quiere ahora tomar declaración a Martínez por la adjudicación de contratos a la trama corrupta en 2005 cuando era consejera de Turismo.

- Vicent Aparici. La fiscalía pide siete años por un presunto delito de prevaricación medioambiental y contra los recursos naturales para el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón. Los hechos datan de 1998. Aparici era alcalde de La Vall d'Uixó y autorizó al empresario que hacía la recogida y tratamiento de residuos a depositarlos en un vertedero ilegal.

www.elpais,es 07.07.10

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL . EL HOMBRE ENFRENTADO A CAMPS

José Joaquín Ripoll (Alicante, 1957) es el hombre que ha impedido que el presidente valenciano, Francisco Camps, se hiciese con el control de toda la estructura del PP en la Comunidad Valenciana. Referente del zaplanismo tras la retirada política de su mentor, Eduardo Zaplana -con quien fue vicepresidente de la Generalitat-, Ripoll ha aglutinado desde la Diputación de Alicante a los cargos populares críticos con la gestión de Camps.

Ripoll parecía inmune a los escándalos relacionados con la corrupción hasta que fue detenido ayer. De hecho, el presidente provincial del PP de Alicante ha abanderado las posiciones más críticas con la actuación de Camps en el escándalo del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. A lo largo del último año, Ripoll ha pedido, sin éxito, que Camps diese explicaciones públicas de su gestión, tanto al frente de la dirección regional del PP como en el Gobierno valenciano. No solo eso, sino que Ripoll ha instado a los cargos salpicados por los escándalos a ceñirse al código ético del PP y a "actuar en consecuencia". José Joaquín Ripoll ha sido, de hecho, el único de los tres barones provinciales que se negó a dar su respaldo a Camps en la Junta Directiva Regional celebrada el pasado mes de mayo tras reabrirse el caso de los trajes regalados por la trama corrupta.

El dirigente alicantino ha demostrado ser un político correoso. Pese a los intentos de Camps de enviarlo al destierro, Ripoll logró ser reelegido presidente provincial en 2008 por 556 votos frente al candidato oficial, que logró 551. Desde entonces, el presidente provincial ha aprovechado la debilidad de Camps en el caso Gürtel para reforzar su poder con los congresos locales.

www.elpais,es 07.07.10

RAJOY GUARDA SILENCIO PESE A LA ALARMA DEL PP POR EL 'AGUJERO NEGRO' VALENCIANO

El caso de Ripoll, que se vio hace poco con el líder, llega tras los de Camps y Fabra

Da igual lo que pase. Mariano Rajoy ha decidido seguir fiel a su libro, y ese libro incluye trabajar como si los casos de corrupción en su partido no existiesen, con la idea, repetida en su entorno, de que a los ciudadanos les interesa la crisis económica y nada más. La Comunidad Valenciana, hasta hace bien poco un ejemplo de gobierno del PP que Rajoy citaba en todos sus mítines, escenario de sus mejores baños de masas, tiene a Francisco Camps, su presidente regional, imputado por cohecho impropio e implicado en posible financiación ilegal; a su líder en Castellón, Carlos Fabra, a punto de sentarse en el banquillo, y ahora a su líder en Alicante detenido por presunta corrupción, aunque anoche fue puesto en libertad. Y en el PP, a todos los niveles, se extiende una enorme preocupación de fondo sobre el agujero negro del partido en esta comunidad. Nadie lo ocultaba ayer en privado.

"Qué calorcillo", fue lo único que dijo ante las preguntas de la prensa

Pero Rajoy no tiene nada que decir sobre el asunto, al menos de momento. El líder obvió el escándalo en un discurso en Torrijos (Toledo), en el que sin embargo pidió al PSOE explicaciones por la crisis de Caja Castilla La Mancha. Tanto antes como a la salida se negó de nuevo a contestar las preguntas de los medios. "Qué calorcillo", se limitó a comentar a los periodistas que trataban, entre empujones, de buscar una reacción al escándalo, según relataron varios de ellos.

El líder, según fuentes del PP, tenía noticias de que esto podía suceder, pero de momento no ha pensado una respuesta. Sus portavoces remiten a las declaraciones de Camps, como si el asunto fuera una cuestión local. Sin embargo, tras la liberación de Ripoll, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, exigió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "explicaciones inmediatas" sobre una operación "de resultado desastroso".

Ripoll no es solo un líder local. Es un todopoderoso barón provincial que para la dirección nacional cuenta mucho. Tanto Dolores de Cospedal como Ana Mato han tratado de apoyarse en él en los últimos meses para gestionar la crisis del PP valenciano y pedirle que no hiciera sangre con Camps, su gran rival.

El propio Rajoy lo ha recibido en su despacho hace poco, según fuentes de la dirección, precisamente para tratar la crisis del PP valenciano. Esto es, Ripoll, aunque para el gran público del resto de España no sea un personaje conocido, es un dirigente clave para Rajoy, pese a que están distanciados por el enfrentamiento de este último con Camps.

El líder, Cospedal y Mato también han hablado mucho en estos meses con Fabra, del que Rajoy llegó a decir que es un "ciudadano y un político ejemplar", pese a que un informe detalla que movió en seis años 5,3 millones de euros, 73 veces su sueldo oficial, en sus 94 cuentas bancarias, y defraudó a Hacienda 1,7 millones.

El entorno de Camps, más preocupado de la guerra interna que de la imagen del PP valenciano, estaba ayer satisfecho porque veía a un enemigo en apuros. Y algunos empezaban ya a pedir la cabeza de Ripoll. Sin embargo, como sucede con el caso Fabra, Camps no puede echar a nadie por el hecho de estar imputado, porque él mismo lo está.

www.elpais,es 07.07.10

LA JUEZ TAMBIÉN INDAGA FINANCIACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

El fiscal cree que Fenoll es el eje de la corrupción en el sur de Alicante

La juez encargada del caso Brugal, la titular del Juzgado número 3 de Orihuela, investiga también, como consecuencia de las decenas de grabaciones incautadas durante el proceso, si el industrial Ángel Fenoll, afín al PP, colaboró en las campañas de los partidos políticos de Orihuela y otras poblaciones de la comarca. Sobre este capítulo de las diligencias no ha trascendido nada, ya que el caso está bajo secreto del sumario desde mayo de 2007.

Y es que Ángel Fenoll es considerado por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones, como la punta de lanza de la trama de corrupción político-empresarial de Orihuela. Natural de Santomera (Murcia), Fenoll inició su andadura a principios de la década de los 80 de la mano del ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat valenciana Luis Fernando Cartagena, entonces alcalde de Orihuela. Eran tiempos en los que todo el PP valenciano era una piña alrededor de Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat valenciana. Y cuando eso cambió, el industrial se mantuvo afín al sector zaplanista.

Fenoll ha levantado un imperio empresarial al sur de la provincia de Alicante y en Murcia. Fernando Cartagena le adjudicó a dedo la contrata de basuras en la costa y el empresario, después, fue obteniendo las de otros 19 municipios de la provincia y un vertedero ilegal en Torremendo.

Fenoll niega su militancia conservadora, pero el empresario fue condenado por comprar votos para el PP con motivo de las elecciones municipales de 1991. Tiempo después, también fue condenado junto a Cartagena por falsedad en el conocido como caso de las monjas, la apropiación de una donación de 49.000 euros realizada por unas religiosas al Ayuntamiento de Orihuela. Este caso llevó a Cartagena a la prisión, aunque su paso fue breve. Y Fenoll acumula una tercera condena por tenencia ilícita de armas.

Al margen del caso Brugal, la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha realizado otras sonadas operaciones. En octubre de 2008, el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela decretó la detención del entonces alcalde de Bigastro, el socialista José Joaquín Moya, que terminó convirtiéndose en el primer regidor valenciano preso preventivo de la democracia por delincuencia urbanística.

Y un día después, la alcaldesa de San Fulgencio, la socialista Trinidad Martínez, fue detenida junto con cuatro concejales más por urdir un falso soborno a un edil independiente de la corporación.

www.elpais,es 07.07.10

UN PARTIDO DESBORDADO POR LA CORRUPCIÓN

El PP valenciano se refugia en la teoría de la conspiración para mantener la cohesión interna

Los populares valencianos sufrieron ayer una nueva réplica del seísmo de la corrupción. Con las estructuras ya debilitadas por el caso Fabra y los sucesivos escándalos del caso Gürtel, la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, acabó por deprimir el precario estado de ánimo de la militancia popular.

  • El jefe del Consell reclama que se preserve la unidad del partido
  • González Pons alimenta la teoría conspiratoria contra el PP
  • La Diputación dice, pese a los hechos, que no hay cargos contra Ripoll

La principal preocupación del PP fue la de intentar mantener la imagen de unidad del partido por encima de reproches y enfrentamientos internos. Y ello, pese a que algunos cargos campistas no pudieron reprimirse a lo largo de la jornada y llegaron a solicitar, en privado, medidas disciplinarias contra su principal enemigo, el zaplanista José Joaquín Ripoll.

Fuentes del PP indicaron que el propio presidente de la Generalitat se esforzó por mantener la imagen de unidad y evitar declaraciones altisonantes. Las mismas fuentes indicaron que Camps argumentó en privado que lo sucedido con Ripoll demuestra que se trata de una causa general contra el PP.

En ese contexto, el vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, criticó a última hora de ayer "la acción propagandística" desarrollada por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Da la sensación de que, más que ante una operación de la policía, estamos ante una acción propagandística de Rubalcaba", dijo González Pons. El dirigente popular indicó que al ministro "le ha salido el tiro por la culata porque ha intentado que el PP se pase la semana previa al debate sobre el Estado de la nación dando explicaciones sobre la Diputación de Alicante y al final se pasará la semana explicando cómo se hace un despliegue policial tan exagerado para nada".

Para sustentar la teoría de la conspiración, González Pons recurrió a un comunicado de la propia Diputación de Alicante que anoche aseguraba, en contra de las evidencias, que Ripoll había sido puesto en libertad sin cargos por el juez.

En ese contexto, la prioridad de los populares, que hoy analizarán el impacto de la detención en la opinión pública, es evitar que las discrepancias sobre la situación interna del partido empiecen a aflorar en público. El presidente de la Generalitat no tiene hoy agenda pública prevista y personas de su confianza, como el vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, y el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, anularon sus actos previstos para hoy, presumiblemente con la intención de evaluar los daños y reconducir su estrategia. Especialmente en la provincia de Alicante, donde el PP está fracturado entre zaplanistas y campistas. Sin embargo, la situación judicial de los principales dirigentes del PP valenciano no deja mucho espacio para tomar aire. Los populares están pendientes de los recursos interpuestos contra el auto del magistrado Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Madrid, que ha decidido inhibirse en favor del TSJCV en la mayor parte del caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana. Un auto que puede traducirse en la imputación por varios supuestos delitos, como financiación irregular o delito electoral, de nuevos aforados del PP.

Además, Presidencia de la Generalitat está muy pendiente de la imputación por cohecho pasivo impropio que instruye el juez José Flors del Superior de Valencia contra el propio Camps, el ex secretario regional del PP Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos.

En Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, se enfrenta a la imputación por tres delitos, tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, que están a punto de sentarle en el banquillo frente a un tribunal de jurado. De momento, el titular del juzgado número 1 de Nules ha rechazado todos los intentos de Fabra de archivar la causa y el juez mantiene que hay indicios suficientes de su mediación ante los Ministerios de Sanidad y Agricultura para tratar de agilizar las licencias de los productos fitosanitarios que fabricaba su entonces amigo Vicente Vilar, que fue quien le denunció por cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos. Carlos Fabra, probablemente, se sentará también en el banquillo, acusado de cinco fraudes fiscales. En Castellón, el vicepresidente segundo de la Diputación de Castellón también está imputado, Vicent Aparici, para el que la fiscalía pide siete años de cárcel por un presunto delito de prevaricación medioambiental.

Y por si fuera poco, la detención de Ripoll acabó por salpicar el reducto zaplanista que parecía ajeno a la corrupción.

www.elpais,es 07.07.10

LAS DIMENSIONES DEL NEGOCIO DE LA BASURA 

El Ayuntamiento de Orihuela, dirigido por la conservadora Mónica Lorente -en la imagen-, firmó en 2009 un contrato con la UTE formada por Sufi, Liasur y Gobancast para 10 años por un importe de 9.5 millones de euros anuales. Los servicios de la nueva contrata , que dan cobertura a casi 80.000 habitantes, empezaron a funcionar el 1 de mayo de 2009. 

Las tasas de basuras en la localidad por cada vivienda oscilan entre los 53 y los 70 euros al año. Los establecimientos comerciales pagan entre 150 y 800 euros anuales. 

El nuevo servicio de limpieza cuenta con más de 65 vehículos, con moderna tecnología, con cámaras de vigilancia, y da trabajo a 150 personas. Para la recogida de basura se destinan 40 personas y para la limpieza otras 80. 

El contrato establece la instalación de más de 300 puntos para la recogida y reciclaje de papel, cartón, envases y vidrios. La mayoría se instalarían en la costa; y en el casco urbano, estarían soterrados. 

(www.publico.es, 07/07/10)

ENRIQUE ORTIZ , VINCULADO AL 'CASO GÜRTEL' 

«Voto en cada momento lo que más me interesa». Lo dijo en mayo de 2007, antes de las elecciones municipales y autonómicas. Podría ser su declaración de principios. Y es que si algo caracteriza a Enrique Ortiz Selfa es su capacidad para llevarse bien con todo el mundo: populares, socialistas, comunistas o medio pensionistas. Su perfil dicharachero y socarrón, casi infantil, contrasta con un afilado olfato que le ha valido para ser uno de los pocos constructores que no ha sido laminado por la crisis. El dueño del Hércules, que por fin ha cumplido su sueño de ver a su equipo en Primera, no deja de ser un visionario. Las más de 13.000 casas que planea en Rabasa y la llegada de Ikea a terrenos de su propiedad son su penúltima visión. Con todo, no ha podido evitar verse salpicado por diversos escándalos. Entre ellos, los sobrecostes de los aparcamientos adjudicados por el Ayuntamiento de Alicante (archivado) o el más reciente, el caso Gürtel. Se le vincula con la supuesta trama de financiación irregular del PP valenciano. Según un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, Ortiz y otros empresarios se hacían cargo de parte de la deuda que los populares mantenían con empresas de Francisco Correa por actos electorales. 

(www.elmundo.es, 07/07/10)

FENOLL: NEGOCIOS Y POLÍTICA

Empezó empujando el carro de su padre para recoger la basura y ha acabado convertido en un empresario que cabalga el escándalo político. Ángel Fenoll, que en los últimos tiempos ha adquirido al menos tres emisoras locales de televisión en La Vega Baja, Alicante y Alcoi, lleva varias décadas observando la política desde su basurero en La Murada con la lógica de quien ve en los políticos unos colaboradores necesarios del negocio.

Condenado tres veces, una por tenencia ilícita de armas, otra por comprar votos por correo para el PP a familias gitanas a cambio de trabajo y una tercera por falsificación de facturas (con las que intentó sin éxito fabricar una coartada al ex alcalde de Orihuela y ex consejero de la Generalitat Luis Fernando Cartagena), Fenoll hace ostentación de tener grabado a todo el mundo. Una costumbre, la de grabar conversaciones, que ha protagonizado varios de los escándalos políticos más sonados de La Vega Baja.

www.elpais,es 07.07.10

AGUIRRE CRITICA LA DETENCIÓN DE RIPOLL  

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha denunciado este miércoles la "utilización partidista" de la Policía y la Fiscalía contra su partido, especialmente en la detención del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, en la que, ocho agentes entraron a registrar su vivienda particular y "seis camiones rodearon el Ayuntamiento de Orihuela como si fuera un zulo etarra". 

"Al parecer, ayer entraron ocho policías a registrar la vivienda particular del presidente de la Diputación, hubo seis camiones que rodearon el Ayuntamiento de Orihuela como si fuera un zulo etarra, una nave con ilegales, o un centro de fabricación de drogas o de venta, cuando a un Ayuntamiento se le piden los expedientes y tiene que darlos. Al parecer, lo que pedían ya estaba en los juzgados", ha manifestado en rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid. 

Sin querer entrar en el fondo del asunto porque dice desconocerlo, la dirigente regional ha denunciado la "utilización partidista de los poderes del Estado, como son la Policía y la Fiscalía", en este caso, por lo que ha exigido "que se aclare la cuestión". 

También se quejó de la "doble vara de medir" del Ministerio público, ya que, a su juicio, "hay casos para los que no encuentra tiempo o ningún tipo de razón", mientras que siempre actúa "cuando es el PP". En este punto, ha puesto como ejemplo los casos de Palma, "con detenciones con televisión" o el del vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, imputado dos años y medio "por un asunto del que es absolutamente inocente". 

Tras remarcar que la policía ha llevado a cabo detenciones de 12 horas para "interrogatorios de 10 minutos", Aguirre ha reclamado que se aclare por qué "siempre" se actúa así contra el PP. "¡Qué casualidad!", ha exclamado, al tiempo que ha recordado que el que se busca en el caso Ripoll relacionado con la eliminación de basuras, "fue votado por unanimidad". "En ese sumario hay miembros de todos los partidos. Qué casualidad que sólo es al PP (al que acusa)", ha concluido. 

(www.cadenaser.com, 07/07/10)

LA POLICÍA DETIENE AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE Y AL EMPRESARIO ENRIQUE ORTIZ 

La amplia operación contra la corrupción que lleva a cabo la policía judicial en Alicante se salda, de momento, con cinco detenidos: el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll; el conocido empresario Enrique Ortiz, y tres concejales de Orihuela. 

Los agentes han registrado a primera hora el domicilio particular de Ripoll, del PP, por la investigación judicial que intenta esclarecer una trama de corrupción en la Vega Baja vinculada con la contrata de basuras de esa comarca, en el sur de Alicante. Finalmente, el presidente provincial ha sido detenido. Además de la vivienda de Ripoll, los agentes registran la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela y los domicilios particulares de dos importantes empresarios alicantinos, Ángel Fenoll y Enrique Ortiz, que ha sido localizado en Pamplona y también ha quedado detenido. Los agentes, además, han arrestado, de momento, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales, y a otros dos ediles del consistorio cuya identidad no ha trascendido. 

La investigación de esta supuesta trama de corrupción comenzó en 2006 cuando el empresario Ángel Fenoll denunció un supuesto soborno por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela. El industrial entregó las pruebas (una grabación en DVD) a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, que dirige Felipe Briones. 

De resultas de esta denuncia, el propio empresario fue detenido en 2007 y acusado de cohecho y extorsión y la policía se incautó de decenas de grabaciones donde se observaban supuestos sobornos realizados en casa del industrial. Fenoll quedó en libertad unas semanas después tras pagar una fianza.

Con el material incautado, el juez abrió una nueva investigación para determinar si el empresario había colaborado en la financiación de las campañas electorales de algún partido político. En estas nuevas pesquisas, el juez se interesó también por la adjudicación de una planta de basuras en la comarca de La Vega Baja. El concurso para construir esta planta de tratamiento de residuos, dependiente de la Diputación de Alicante, se paralizó tras la detención del empresario Ángel Fenoll y otros responsables de su empresa. 

El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, decidió el año pasado retomar el proyecto de la planta de basuras y adjudicó la obra al empresario Enrique Ortiz, que también aparece en las investigaciones del caso Gürtel por su supuesta vinculación a la financiación irregular del PP. La investigación judicial ha estado bajo secreto de sumario desde junio de 2007. 

Ripoll lidera en Alicante el antiguo sector zaplanista del PP, enfrentado a Camps, y ha sido muy crítico con el actual presidente autonómico y su actuación ante el caso Gürtel. De hecho no ha asistido a ninguna de los actos en los que el líder valenciano ha intentado lavarse la cara ante los casos de corrupción que lo salpican. 

(www.elpais.com, 06/07/10) 

LA POLICÍA DETIENE AL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

La Policía Nacional está realizando registros en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Orihuela desde primera hora de la mañana, en una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número tres de Orihuela. 

Fuentes policiales y locales no han facilitado información sobre la operación en ambas instituciones públicas dirigidas por el PP, aunque otras fuentes próximas a los partidos de la oposición han apuntado que "podría estar relacionada con un Plan de Residuos Zonal". 

Las mismas fuentes señalaron que la Policía Nacional también se ha personado en el domicilio de José Joaquín Ripoll, presidente del PP de la provincia. En la Diputación Provincial de Alicante, los agentes permanecen ante la entrada del despacho del Área de Presidencia como de la Secretaría General, han informado fuentes de la propia institución provincial. Ripoll ha sido detenido tras el registro y conducido a dependencias policiales para declarar. 

Ripoll permanece, pasadas las 14.00 horas, en el interior del palacio provincial, mientras los agentes continúan registrando y requisando numerosa documentación de las dependencias de la Presidencia. Esa documentación ha sido trasladada alrededor de las 14.30 horas en furgones a las dependencias de la Comisaría Provincial de Alicante. 

Vehículos y agentes policiales permanecen en el exterior tanto del edificio consistorial de Orihuela, dirigido por la también conservadora Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina. Los agentes han entrado en el consistorio acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía.   

Del interior del Ayuntamiento de Orihuela los agentes han retirado numerosos archivadores con documentación que han introducido en varios coches policiales. Testigos presenciales también han podido observar al secretario municipal, Virgilio Entremera, acompañando a los agentes de Policía Nacional en sus pesquisas, que se están realizando en la puerta situada en la parte posterior del edificio municipal.  

La investigación de la Fiscalía gira en torno a la adjudicación del llamado Plan Zona de Residuos Zona XVII, aprobado en enero del año 2008. La aprobación se produjo por unanimidad por los miembros del Consorcio del citado Plan Zonal, presidido por Ripoll y que recayó sobre la empresa Cespa-Ortiz.  

Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial acudieron primero a la vivienda particular del edil, quien alrededor de las ocho de esta mañana les acompañó al Consistorio, donde la Policía ha iniciado la inspección de las oficinas de las Concejalías de Urbanismo y Fomento, así como las dependencias municipales ubicadas en el edificio Prop, que han quedado precintadas. 

Además, se están realizando registros en las oficinas centrales de la empresa Ortiz e Hijos Construcciones y Contratas en Alicante, lo que ha obligado a gran parte de la plantilla a abandonar el edificio y esperar a las puertas de las oficinas, situadas en el número 36 de la avenida Alfonso X El Sabio de la ciudad.  

Enrique Ortiz está vinculado a la investigación del caso Gürtel, dado que la Brigada de Blanqueo de Capitales relaciona su empresa con la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.   

También se ha registrado el domicilio de Ángel Fenoll, empresario oriolano al que se le ha requisado diversa documentación relativa a la actividad de sus empresas, entre las que se cuenta la adjudicataria del servicio de residuos del Ayuntamiento de Orihuela.   

José Joaquín Ripoll, cuyo domicilio está siendo registrado, pertenece al sector crítico del PPV con el president de la Generalitat Valenciana e imputado por el caso Gürtel, Francisco Camps. 

Precisamente, su ausencia fue muy sonada durante la última Junta Directiva Regional, organizada tras la decisión del Supremo de reabrir la causa de los trajes contra Camps. Ripoll forma parte de la cuerda de Zaplana en el PP valenciano, aunque en su momento llegó a pedir apoyos "sin fisuras, del partido y de Mariano Rajoy" para el presidente regional. 

(www.publico.es, 06/07/10) 

RIPOLL, DETENIDO POR CORRUPCIÓN EN ALICANTE 

La Policía ha detenido al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del Partido Popular, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, y a tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela. La detención se produce en el marco de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la Diputación y municipios de la provincia de Alicante, entre ellos Orihuela. 

Así, efectivos de la Policía Nacional de Madrid, Valencia y Alicante registran desde primera hora de esta mañana las dependencias de la corporación provincial. Además, los agentes se han desplazado hasta el domicilio del presidente de la institución provincial, José Joaquín Ripoll. La policía ha detenido a Ripoll y lo ha conducido a la sede de la Diputación. Posteriormente será trasladado a dependencias policiales para prestar declaración. 

La operación policial parte de una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el juzgado de instrucción número 3 de Orihuela para esclarecer una trama de corrupción vinculada con la contrata de basuras en el sur de Alicante. 

Los efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Judicial de la Comisaría Central y de la Comisaría Provincial han entrado también esta mañana en el Ayuntamiento de Orihuela acompañados por el concejal de Servicios Urbanos, Manuel Abadía, y han procedido a precintar diversas dependencias municipales. 

La Policía Nacional también se ha personado en el domicilio de José Joaquín Ripoll, presidente del PP de la provincia, así como en el del empresario afín al PP, Ángel Fenoll.  Vehículos y agentes policiales permanecen en el exterior tanto del edificio consistorial, dirigido por la popular Mónica Lorente, como del Palacio de la Diputación, ubicado en el centro de la capital alicantina. Los agentes han detenido, además, al concejal de Infraestructuras de Orihuela, Manuel Abadía, tras precintar varias dependencias municipales. 

La Policía ha ordenado a los funcionarios del Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por la popular Mónica Lorente, abandonar sus puestos de trabajo mientras se efectúa el registro, centrado fundamentalmente, al parecer, en las áreas de Intervención y Contratación Municipal. Además, la policía judicial se ha personado en las instalaciones de la empresa INUSA (Ingeniería Urbana, S.A.) para registrar "exclusivamente" uno de los despachos correspondiente a un empleado "con responsabilidades", han informado fuentes próximas a esta mercantil. 

La empresa, formada por Cespa, FCC y el Grupo Cívica -esta última liderada por el empresario Enrique Ortiz-, sostiene que "desconoce el motivo por el que se ha efectuado esta actuación policial. El constructor y máximo accionista del Hércules se encontraba en Pamplona con motivo de los sanfermines y viaja ahora a Alicante para ponerse a disposición de la policía. Todo apunta a que la operación está relacionada con el llamado caso Brugal, que investiga supuestas extorsiones y sobornos en adjudicaciones de servicios de recogida de basura en la Vega Baja. 

La agenda de la Diputación se ha visto, lógicamente, trastocada por los registros policiales. Así, la recepción a la delegación de la Diputación de la provincia italiana de Taranto en un primer momento se había decidido trasladar a la sede del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca, pero una nota posterior ha informado de que quedaba anulada. 

(www.levante-emv.com, 06/07/10) 

LOS PROTAGONISTAS DE LA OPERACIÓN POLICIAL 

La investigación judicial contra la corrupción en Alicante alcanza de momento al presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll y a dos destacados empresarios. La Policía Nacional registra por orden de un juez la institución provincial, el Ayuntamiento de Orihuela y los domicilios particulares de Ripoll y los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz. 

José Joaquín Ripoll. El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial fue vicepresidente de Eduardo Zaplana en el Gobierno valenciano. Hostigado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras perder los zaplanistas el control de la dirección regional del PP en 2004, Ripoll se refugió en la provincia de Alicante, donde ha conseguido mantener la dirección provincial.  Durante los escándalos del caso Gürtel, que han afectado a Camps y a la cúpula regional del PP, Ripoll ha sido quien ha mantenido las posiciones más críticas y ha reclamado la asunción de responsabilidades políticas más alla de la baja de militancia del ex secretario regional Ricardo Costa. 

Ángel Fenoll. Este empresario nacido en Santomera (Murcia) comenzó su fortuna con la explotación del servicio de basuras de la costa de Orihuela en 1987 gracias a sus buenas relaciones con el PP. Fenoll acumula ya tres condenas firmes. Una por comprar votos por correo para el PP en las elecciones municipales de 1991, una segunda por tenencia ilícita de armas y una tercera por falsificar facturas para proteger a Luis Fernando Cartagena, ex consejero del Gobierno valenciano, que se apropió de una donación de unas monjas al Ayuntamiento cuando era alcalde de Orihuela. Los registros efectuados hoy tienen su origen en una denuncia presentada por el propio Fenoll en la primavera de 2006 después de que el Ayuntamiento de Orihuela decidiese adjudicar la contrata de basuras municipal a la firma Urbaser y dejase la oferta del empresario oriolano en tercer lugar. 

Enrique Ortiz. El más reciente de los negocios de Enrique Ortiz en Alicante, cuyas empresas aparecen en cualquier proyecto o contrata, se cerraba el pasado lunes, con la decisión del Ayuntamiento que preside Sonia Castedo, del PP, de que el nuevo campo del Hércules CF se construya sobre el antiguo, con un coste de 55 millones de euros y financiación a base de plusvalías. Ortiz es propietario del campo desde que lo compró al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 millones de euros. Uno de los contratistas más importantes de las Administraciones valencianas, Enrique Ortiz es el promotor del polémico Plan Rabassa, en Alicante, que prevé construir 13.500 viviendas al norte de la ciudad. También fue quien compró la reserva de suelo de Terra Mítica por 85 millones de euros que permitió levantar la suspensión de pagos del parque temático. Ortiz es uno de los seis empresarios implicados en el sumario del caso Gürtel por participar supuestamente en la financiación ilegal del PP valenciano. 

(www.elpais.com, 06/07/10) 

CAMPS PIDE "PRUDENCIA Y RESPONSABILIDAD" 

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha reclamado "prudencia y responsabilidad" ante la operación abierta por la Fiscalía Anticorrupción en la provincia de Alicante y ha vaticinado que a lo  

El presidente del Consell ha realizado estas declaraciones en la localidad de Guadassuar (Valencia), donde ha visitado una empresa. "En estos momentos del día yo pido prudencia y responsabilidad, a lo largo del día sabremos más cosas, y yo creo que este es un momento de prudencia y responsabilidad", ha reiterado Camps. 

La operación policial parte de una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, en colaboración con el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, y afecta a la Diputación de Alicante, a su presidente, José Joaquín Ripoll, del PP, al Ayuntamiento de Orihuela y a dos conocidos empresario, Ángel Fenoll y Enrique Ortiz. 

El PP valenciano, al igual que su presidente, pide en un comunicado "máxima prudencia y responsabilidad hasta conocer el alcance de las actuaciones que se están llevando a cabo". Además, pide "respeto por la presunción de inocencia y los derechos de los ciudadanos". Fuentes del partido, no obstante, añaden que se baraja la creación de una gestora en Alicante. 

Frente a la petición de "prudencia" del presidente valenciano y del PP, la coordinadora de Esquerra Unida (EUPV), Marga Sanz, considera que la operación policial debe tener consecuencias inmediatas. Para Sanz, se trata de un hecho "gravísimo" que "merece la dimisión fulminante" de José Joaquín Ripoll. 

"No se puede permitir ni un segundo más esta vorágine de casos de corrupción protagonizados por el PP, sin que no se tomen medidas de depuración de inmediato", ha censurado la también diputada autonómica. En este sentido, ha responsabilizado al PP valenciano del "desprestigio" que a su juicio ha alcanzado la política valenciana al permitir que cargos "de primera línea" se mantengan en su puesto pese a su implicación en "graves casos de corrupción". 

Según EUPV, los populares valencianos "ya no pueden ofrecer a los ciudadanos una imagen de transparencia y honradez", porque "todo" es "concesiones a dedo, malversaciones, sobornos" y supuestos delitos de financiación irregular. Sanz confía en que Ripoll no copie "el modelo instaurado" por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos y a un paso de ser juzgado, y que "abandone ya su cargo como medida de responsabilidad política". 

(www.elpais.com, 06/07/10)

El análisis de las grabaciones frena el avance judicial del 'caso Fenoll'

La policía lleva cinco meses trabajando y aún no ha clasificado todo el material

Hace cinco meses el Juzgado de Instrucción Número 3 de Orihuela ordenó el encarcelamiento del empresario Ángel Fenoll, de su hijo, que tiene su mismo nombre, y del gerente de su firma matriz y concejal del PP en Albatera, Javier Bru. Los tres fueron puestos en libertad 26 días después, pese a los cargos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias que pesan sobre ellos. Cinco meses después el caso no avanza. ¿Por qué?

  • Existen decenas de conversaciones interrelacionadas todas ellas entre sí

  • Ordenar y clasificar todo el material resulta muy difícil para la policía

Fuentes judiciales aseguran que la aparente paralización del caso Fenoll se debe a la ingente cantidad de grabaciones ilícitas presuntamente realizadas a instancias del industrial. La Brigada de Delitos Económicos de la comisaría de Alicante incautó en el domicilio del empresario y en la sede de su firma Colsur, SL, en Orihuela, decenas de conversaciones grabadas que todavía no han sido transcritas en su totalidad ni, en consecuencia, remitidas a la juez instructora del caso. "Hay mucho material, con múltiples interrelaciones", señalan estas fuentes, que justifican el retraso con que avanza el caso por "la dificultad que entraña ordenar y clasificar todo el material para encauzar la investigación".

El caso Fenoll es la operación más espectacular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante para desentrañar la trama de corrupción político-empresarial existente en la comarca de La Vega Baja. En la punta de la pirámide se sitúa el industrial murciano Ángel Fenoll, rey del monopolio de las contratas de basuras en la zona, y primer imputado en la investigación que dirige la magistrada Nuria Soler, titular del Juzgado Número 3 de Orihuela, con el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, empujando. Pese a ello, la causa está blindada bajo la losa del secreto del sumario. Nada ha trascendido, salvo los dos episodios más mediáticos de la operación: El encarcelamiento del empresario, su hijo y el gerente de la empresa, y su puesta en libertad. Después de eso, el silencio.

La investigación judicial comenzó a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. El representante del Ministerio Público apreció presuntos delitos de extorsión, cohecho y tráfico de influencias en una conversación grabada entre el industrial Fenoll y el portavoz del Centro Liberal en el Ayuntamiento de Orihuela, Jesús Ferrández.

En la cinta, difundida por el empresario en marzo de 2006, el concejal revela a Fenoll un supuesto intento de soborno de una de las empresas aspirantes a la contrata de la basura de Orihuela, la mercantil Urbaser. Ferrández comenta en la cinta que los intermediarios de los supuestos pagos ilegales por la adjudicación son el Papeles, alías del empresario José Antonio Rodríguez Belmonte, dueño de la promotora San Antonio, y su abogado, el urbanista José Vicente Escudero.

La grabación también recoge alusiones al plan zonal de residuos sólidos para la comarca de La Vega Baja, proyecto dependiente de la Diputación de Alicante. El concejal refiere al industrial que lo que verdaderamente "interesa" a Urbaser es el plan zonal.

La juez también investiga, como consecuencia del interrogatorio a los detenidos, la financiación de la campaña electoral del PP u otros partidos. En determinados pasajes de la comparecencia de Fenoll y Bru ante la magistrada el fiscal formuló preguntas directas al empresario sobre si éste había ayudado económicamente a la campaña electoral y si había ofrecido cantidades de dinero por la adjudicación de las dos plantas de basuras que la Diputación de Alicante prevé ubicar en La Vega Baja, donde Fenoll explota ya de manera irregular dos vertederos.

Aparte de las declaraciones de los detenidos, la única diligencia que ha practicado el juzgado ha sido la solicitud al Ayuntamiento de Orihuela de la declaración de bienes del ex portavoz del Centro Liberal, Jesús Fernández.

Bloqueada la contrata de las basuras

El mismo bloqueo que atenaza a la investigación judicial, en este caso por las dificultades técnicas para peinar las grabaciones, atraviesa en Orihuela el trámite para la adjudicación de la nueva contrata de basura del municipio, que motivó el inicio de las diligencias. La anterior corporación, presidida por el ex alcalde José Manuel Medina, del PP, aparcó el proceso a raíz del escándalo del supuesto soborno. El ex regidor, debido a la presión política y, sobre todo, a la escisión de su grupo, fue incapaz de sacar adelante la primera propuesta de la mesa de contratación municipal que otorgaba la mejor puntuación a la oferta de Urbaser. La de Fenoll quedó en tercer lugar.

La nueva corporación surgida de las urnas el 27 de mayo tampoco ha desbloqueado el proceso. La actual alcaldesa, Mónica Lorente, también del PP, que se opuso a la iniciativa de Medina de dar la contrata a Urbaser, pugna ahora por declarar desierto el concurso y redactar un nuevo pliego de condiciones. En su decisión, la regidora se ha topado con el boicot de la oposición que ha pedido un pleno extraordinario para adjudicar la contrata a Urbaser. No obstante, Lorente sorteará la demanda de la oposición, gracias a la mayoría absoluta que dispone. El grupo popular está más cohesionado alrededor de la alcaldesa, que en el caso del ex primer edil José Manuel Medina, salvo las excepciones de las concejales Araceli Vilella y Eva Ortiz. Pero podría permitirse la fuga esas dos ediles y aún sacar adelante su propuesta merced a su voto de calidad. La alcaldesa no ha fijado fecha para la celebración del pleno.

www.elpais.es 22.10.07

El alcalde de Orihuela niega a la juez que haya pagado facturas falsas, pero no aporta pruebas documentales

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, negó ayer ante la juez que haya pagado facturas falsas por supuestos trabajos no realizados por la firma Necso (concesionaria del servicio de basura del municipio), y también rechazó "cualquier ilegalidad" en el abono de una paga extra a los empleados de esa empresa para evitar una huelga. No obstante, según fuentes judiciales, el primer edil no aportó en su comparencia pruebas documentales. Medina, según esas fuentes, se comprometió ante la magistrada a remitirle en breve toda la documentación para probar la legalidad de la gestión municipal en ambos casos.

El regidor compareció en calidad de imputado por los delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos ante la titular del Juzgado número 3 de Orihuela. Esa oficina judicial instruye tres de las 15 causas en las que la Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha desglosado su denuncia general por ilegalidades en la gestión urbanística y contable en el Consistorio oriolano. Medina está, además, imputado en la causa principal de la denuncia que investiga el uso por parte del primer edil de bienes -entre ellos un chalé y un Rolls Royce- propiedad de promotores beneficiados con adjudicaciones urbanísticas.

El Juzgado número 3 investiga las facturas por valor de 240.000 euros presentadas a cobro por parte de la mercantil Necso, por un supuesto lucro cesante, y también el abono, mediante decreto de la alcaldía, de un extra de 180.000 euros a la plantilla de esa empresa en la Navidad de 2004 para evitar una huelga.

El fiscal anticorrupción de Alicante basa sendas acusaciones en la denuncia del ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. El funcionario, testigo de cargo del ministerio público, asegura que "vio las facturas falsas", y que el alcalde abonó la paga extra, con los informes en contra de los técnicos.A la salida del juzgado, Medina dijo que las "facturas de Necso corresponden a trabajos realizados" y que abonó la extra "porque la obligación del alcalde es procurar que la basura no esté en la calle molestando". www.elpais.es 24.01.07

El juez imputa al alcalde de Orihuela por el caso de las facturas falsas

Los juzgados de Orihuela han acordado dos nuevas imputaciones al alcalde de la localidad, José Manuel Medina, del PP, derivadas de la denuncia general de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante al Consistorio por corrupción urbanística y contable. El titular del Juzgado número 3 ha citado al regidor, como imputado por los supuestos delitos de falsedad y prevaricación, relacionados con el caso de las facturas falsas presentadas a cobro por la firma Necso (adjudicataria del servicio de basuras del municipio) por un importe de 240.000 euros y por el pago de un extra de 180.000 euros a los operarios de esa empresa para evitar una huelga en la Navidad de 2004.

José Manuel Medina está, además, imputado en la causa principal de la denuncia de la fiscalía que investiga el uso por parte del primer edil de bienes -un Rolls Royce y un chalé- propiedad de promotores locales beneficiados con adjudicaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Medina ya declaró en este sumario el pasado mes de agosto y admitió ante la juez, la titular del Juzgado número 4, que vivía en el chalé del promotor y que conducía el lujoso turismo del empresario.

A los pocos días de su paso por el juzgado, Medina, en la alcaldía de Orihuela desde 1996, anunció que no optaba a la reelección al cargo en los comicios municipales del próximo mes de mayo. Además del acoso judicial, en la actitud del regidor pesó la decisión del presidente regional del PP, Francisco Camps, de retirarle su apoyo.

Las dos nuevas imputaciones a Medina -el juez está pendiente de la agenda del fiscal para fijar la fecha de la comparecencia en el juzgado del alcalde- forman parte de las 15 causas en el las que el fiscal anticorrupción desglosó su denuncia general contra el Ayuntamiento. El juez ya ha interrogado por estos supuestos hechos delictivos al ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. El funcionario es el testigo de cargo en la denuncia de la Fiscalía.

En su declaración ante el magistrado José Manuel Espinosa aseguró que la firma Necso presentó a cobro, basándose en un supuesto lucro cesante, tres facturas por un importe de unos 240.000 euros. "Yo vi las facturas", aseveró el ex interventor. Según el funcionario, la sociedad presentó las facturas en mayo de 2002, cuando el Ayuntamiento se planteó la retirada de la adjudicación de la contrata para unificar el servicio de basuras del casco urbano y la playa.El funcionario también declaro ante el juez que el alcalde pagó, mediante decreto, en diciembre de 2004, un extra de 180.000 euros a la plantilla de Necso para evitar una huelga.El ex interventor mantiene que Medina ejecutó el abono de las cantidades, pese a que los beneficiados no guardaban ninguna relación laboral con la corporación y en contra del criterio de los técnicos del área económica. www.elpais.es  09.01.07

EL ALCALDE DE ORIHUELA, ACUSADO DE CORRUPCIÓN, NO OPTARÁ AL CARGO  

José Manuel Medina, alcalde de Orihuela, del PP, anunció que no optará a revalidar el cargo en los comicios municipales de mayo de 2007. La decisión del regidor, en el puesto desde 1996 y en la actualidad imputado por corrupción, se produce tras constatar que ya no cuenta con el respaldo del presidente regional del PP, Francisco Camps. Éste cuestionó su apoyo a Medina a raíz de que el alcalde admitiese ante la juez que vive en un lujoso chalé y conduce un Rolls Royce propiedad de un contratista local beneficiado con adjudicaciones urbanísticas.

El uso de bienes particulares de promotores por parte del alcalde es una de las 16 causas en las que el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha desglosado la denuncia general por otros tantos supuestos hechos delictivos derivados de la gestión urbanística y contable en el consistorio oriolano.

José Manuel Medina anunció ayer en conferencia de prensa su decisión de no optar a la reelección, justo una jornada después de que otro juzgado iniciase las diligencias por dos de las denuncias subsidiarias del fiscal: el sobrecoste de 3,5 millones en las obras de una plaza y la ausencia de justificantes de la recaudación por taquilla de los eventos municipales. En ambos sumarios, el testigo de cargo del fiscal, el ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, se ratificó en sus denuncias.

El alcalde de Orihuela justificó su renuncia a presentarse a la reelección como candidato del PP a la alcaldía en el, en su opinión, empeño del fiscal por mantener abiertas las causas judiciales, "al menos hasta el mes de mayo", puntualizó. "Va a llegar el mes de mayo con 160 causas más, porque éste [el fiscal] no va a consentir que se sobresea o archive ninguna de las denuncias", argumentó el regidor. El alcalde lamentó que el ministerio público haya recurrido el archivo de unas de las denuncias decretado por el juez el pasado julio.

"Ante esta evidencia", prosiguió Medina, "y con independencia de lo que decidiera el partido, no estoy disponible para ser candidato". El alcalde subrayó que a partir de mayo se va a dedicar con todas sus posibilidades a limpiar su nombre.

Aparte del acoso judicial, Medina también ha perdido el respaldo del presidente regional del PP y jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps. El alcalde se había alineado con este sector interno de los populares valencianos que pugna con el colectivo zaplanista [afines al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana] por el control de la organización. El cambio de actitud de Camps se produjo el 30 de agosto, un día después de la comparencia de Medina ante la juez. "Tomaré la decisión que habrá que tomar y seguro que coincide con lo que ustedes [los periodistas] piensan", dijo Camps al ser preguntado por la imputación de Medina.www.elpais.es 23.09.06

El edil Ferrández sugirió a la oposición de Orihuela sustraer papeles del consistorio

El concejal de Centro Liberal Jesús Ferrández habló en una reunión con los portavoces de la oposición de entrar a «robar» en el Ayuntamiento pruebas que avalaran las acusaciones del ex interventor José Manuel Espinosa Fenoll sobre irregularidades en la gestión municipal. El edil Francisco García Ortuño avanzó ayer en rueda de prensa que llevará la grabación donde aparecen estos comentarios a la Fiscalía Anticorrupción la semana próxima.

Jesús Ferrández (CL), Francisco García Ortuño (grupo municipal socialista) y Monserrate Guillén (Los Verdes) mantuvieron una reunión con el entonces interventor municipal, José Manuel Espinosa Fenoll el 22 de febrero de 2005. Tras una hora de revelaciones sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento, ahora investigadas en los juzgados, se desarrolló la siguiente secuencia a la que ha tenido acceso el periódico. y sobre la que uno de los protagonistas, Jesús Ferrández, rehusó pronunciarse ayer:


Jesús Ferrández (J.F) : (Tras una hora de conversación) Estrategia a seguir. Silencio absoluto sobre esto. Discretamente tenemos que conseguir las facturas de este...

García Ortuño (G.O) : No ha habido reunión. (Risas)

J.F: Mañana mismo empiezo yo a trabajar en el tema. Hay que conseguir lo que tenga este..., Fernando García Molina (funcionario de Contratación). Que consigamos copia, o si es posible los originales. Fíjate lo que te digo...

Monserrate Guillén (M.G): ¿ Cómo?

J.F. : Si pudiéramos robarlo lo robamos. Pues hay que entrar....

M.G. : Hay que entrar allí...

J.F : ¿Dónde guardan las llaves de Fernando...? Tú tienes copias de esas llaves ¿No?

Espinosa Fenoll (E.F.) : No. Si está abierto...

J.F. : No, cierran con llave, cierran con llave. (...).

E. F.: Nadie tiene acceso

G.O.: De quién te puedes fiar...

J.F.: ...para robar las facturas. ("Para robar nooo", se oye de fondo). Para un juzgado no valen las fotocopias. Nooo, espérate. Tenemos que sacarlas, ir a un notario, hacer copias compulsadas y devolverlas. Tiene que ser en una tarde.

G.O. : ¿Y en quién podemos confiar? ¿Confías en alguien?

J.F.: Y el soporte contable que pudiera haber...

G.O. : ¿Confías en alguien?

E. F.: Ahora mismo...

G.O: La chica de (...)

(Descartan varios nombres de funcionarios que se citan) .

J.F.: ¿Y el soporte contable que pudiéramos tener para asegurarnos de que no rompen lo otro? ¿Algo que tengamos, que no nos lo quiten?. Lo que tú has manejado.

E.F.: Yaaa...

J.F. ¿Eso quién lo tiene?

E.F: No sé si está metido en el ordenador, eh! (...)

J.F: Déjate de historias. Espérate. Del ordenador de arriba sí se puede entrar ¿No?

E.F.: Claro. (...)

E.F . El problema es que sepas acceder. (....).

J.F.: Vamos a analizar cómo entramos, copón. En el (área) de Personal, ¿de quién nos podemos fiar?

E.F. : Es que aparte del ordenador hay que saber quien tiene el programa de contabilidad.

M.G: ¿Y tú no has hecho nada para entrar desde tu casa al ordenador?

E.F.: No

J.F. : ¿Qué terminales se puede entrar?

E.F .: Estoy pensando. Se puede entrar Tesorería, Intervención lógicamente, Cultura...

M.G. : Cultura se puede entrar...

J.F.: Cultura se puede entrar... ¿Y qué claves hay que hacen falta?, Anótame las claves en un papel, que desde Cultura puedo entrar yo. ¿Qué es lo que hay que hacer?

E.F. : Sicalsical

J.F .: Solo eso. Sicalsical, tal cual y entras, ¿Hay que hacer algo raro?

E.F.: Mi clave Espinosaespinosa, que supongo la habrán borrado (...)

J.F.: Bien, vamos a ver, entramos en eso. Ya conseguimos los soportes fiscales y luego... ¿Las facturas de Necso estarán en el bajo... en el sótano?.

E.F.: Tengo que hacer memoria.

J.F.: Haz memoria (...)

G.O.: ¿Y el registro?

E.F.: Olvídate del registro.

J.F: Entramos una tarde. Yo he entrado varias veces. Vamos, despistamos al guardia y nos metemos. Montamos cuatro o cinco una reunión. Además, podemos entrar hasta el despacho de García Molina, montándonos una reunión... Unos vigilando y otros tal...(Al fondo se percibe otra conversación sobre las facturas de Necso). Vamos a intentarlo. El día mejor para hacer esto es viernes por la tarde. Y de improviso, tenemos que montar una reunión que nadie sepa nada, nuestra de grupo allí. Yo me traigo lo que tenga que traerme, a los amigos que tengo que traerme, que me hacen esas cosas....(se oye "Isidro" y algunas risas) Con tiempo despistamos al guardia, hay que llevárselo, nos lo llevaremos y controlado. Si es posible tarde de siete en adelante. Viernes por la tarde no hay nadie. Con paciencia y calma. Entrar a recoger esa documentación. Es vital, es vital (...). www.diarioinformacion.com  16.09.06

" El alcalde de Orihuela y concejales se han llevado millones "

José Manuel Espinosa (Orihuela, 1953) fue interventor del Ayuntamiento de Orihuela entre 1979 y 2005. Tras apoderarse de 30.000 euros, huyó a Zaragoza, donde se encontró con el ex alcalde y ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena, condenado a cuatro años de cárcel por apropiarse de 49.000 euros donados por una congregación religiosa al Ayuntamiento e investigado por el caso de las primas únicas. A su regreso, fue destituido por el alcalde, José Manuel Medina, del PP, y decidió levantar la tapa de la alcantarilla de un Ayuntamiento que está bajo el foco judicial. Desde entonces está de baja por depresión y ha visto entorpecido "por presiones municipales" su activismo cultural como director de los Cantores de la Pasión y otras asociaciones de la Semana Santa de Orihuela en las que siempre tuvo una vivaz participación.

Pregunta. Es testigo en 16 causas abiertas por ilegalidades urbanísticas y contables del Ayuntamiento de Orihuela. ¿No teme por su seguridad?

Respuesta. No, sé que me han estado espiando. Quién iba a mi casa, quién salía de mi casa. Y que lo están haciendo actualmente, pero nunca he llegado a pensar que me pudieran pegar un tiro o una paliza.

P. ¿Ha vivido situaciones incómodas en estos años?

R. No, digamos que yo he sido un olvidado de la Corporación. Y no sé por qué. Sabiendo lo que yo sé de ellos y lo que ellos saben de mí, es muy extraño que ni siquiera haya habido un mínimo contacto para negociar. Lo achaco a que yo tengo mi parte de responsabilidad como interventor y eso les puede salvar en ese aspecto. Deben pensar: tú lo has hecho, pues tú apechuga con las consecuencias. Pero ellos también tienen su culpa y responsabilidad política.

P. ¿Cuál es la suya?

R. Yo puedo estar inmerso en un problema penal por haber consentido todas y cada una de las mangonerías que ha hecho la Corporación. Yo, que soy una persona muy flexible, he tratado de blanquear todos los temas oscuros que ha proporcionado la Corporación.

P. El caso saltó porque usted cogió dinero, 30.000 euros, de las arcas municipales.

R. Hay que demostrarlo, pero jurídicamente y penalmente sí lo cogí, aunque no del Ayuntamiento.

P. ¿Por qué lo hizo?

R. Por necesidades económicas. Me divorcié de mi mujer, las pensiones a las hijas, una nueva vida, un nuevo piso... No es que lo cogí: me lo ofreció una empresa. Me dijeron que luego se traducía en facturas falsas al Ayuntamiento y quedaba compensado. Pero ese dinero yo lo había tomado como un préstamo.

P. Desapareció de Orihuela y se fue a Zaragoza.

R. Como pude irme a Japón. Perdí la cabeza totalmente. Mi error fue no haberme confesado con alguien. Si lo hubiese hecho, estoy convencido de que no hubiese pasado nada. Me hubiesen calmado y ayudado. Y todo este lío que hay de 2005 para acá no se hubiese producido.

P. En la basílica del Pilar de Zaragoza se encontró con el ex alcalde Luis Fernando Cartagena. ¿Fue causal?

R. Eso fue una mera casualidad. Él estaba con una bufanda del Pamesa, que estaba jugando la final de la Copa del Rey.

P. ¿Hablaron del asunto?

R. No, yo sé que él lo sabía. Porque Cartagena es punto y aparte. Cuando me pidió que le buscara el indulto a través de mis asociaciones culturales de Orihuela, lo busqué. Pero cuando ocurre mi caso no se le ocurre ni llamarme para nada. No sé de él desde la basílica. Eso en Orihuela se llama clasismo puro y duro. El señorito se sirve de sus lacayos, pero los lacayos no se pueden servir del señorito.

P. ¿El Ayuntamiento se embruteció después de la salida de Luis Fernando Cartagena o ya lo estaba?

R. Cartagena ha hecho auténticas barbaridades. Y si no, que me explique lo de las primas únicas. ¿Cómo puede tener 300 millones de pesetas en el banco de Santander con el sueldo que tenía? Ya saldrá todo.

P. ¿Cuál es su situación judicial?

R. Ahora lo mío está paralizado. Mi juicio sería para 2008.

P. ¿Tiene algún beneficio por colaborar en las causas abiertas por las irregularidades del Consistorio?

R. El fiscal me ha dicho que tengo concedida una eximente incompleta.

P. ¿Por qué levantó la tapa de la alcantarilla?

R. Jesús Ferrández [ex concejal de Urbanismo del PP y ahora portavoz del Centro Liberal], el traidor, invitó a los portavoces municipales a ir a mi casa. Mi intención limpia era explicar a los portavoces qué me había pasado. Pero me graban y a raíz de eso estalla el caso. Yo no quería hacer daño a nadie. Quería salvarme yo. Pero la grabación se publica en EL PAÍS y yo me meto en el carro de las denuncias. Y voy a seguir porque ya no tengo nada que perder. Como lo tengo todo perdido, me da lo mismo so que arre.

P. ¿Qué estaba pasando en el Ayuntamiento?

R. Había un clientelismo total y absoluto sobre determinadas empresas. Los contratos de obra no existían, eran verbales, que está prohibido por la ley, y sin concurso. El Ayuntamiento cogía a las empresas: haz esto, haz lo otro. Y luego llegaban las facturas de los contratistas, todas sin superar los cinco millones de pesetas.

P. ¿Qué ocurrió con los sobrecostes de la Glorieta?

R. El alcalde dice ahora que los informes de la Glorieta están avalados por el interventor. En diciembre de 2002 se inaugura la glorieta con un coste inicial de 282 millones que luego se traducen en 1.200. Y al interventor le llegan los datos económicos y las certificaciones de obra cinco o seis meses después de inauguradas las obras. ¿Va a ser que la culpa es mía? Todos los cambios de la fuente, las farolas y bancos los ha hecho el alcalde a pie de obra. Y prevaricando, porque oralmente ya estaba transgrediendo la legalidad, ya que la ley sólo admite una ampliación del 20%. Hay informes del ingeniero que decían que con ese dinero hacía cuatro glorietas y mejores que la que se hizo.

P. También están las facturas de Necso.

R. Eso tiene tarea. Las tuve en mi despacho más de un año y pico. Necso firma un contrato de rescisión del contrato de basura en el que no se habla del lucro cesante. Y Luego, el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Antonio Rodríguez Barberá, negocia al margen del alcalde que con unas facturitas le pagan el lucro cesante. Qué casualidad que ese año fue embajador cristiano Antonio Rodríguez Barberá. No te digo más.

P. Había unas facturas del yerno del secretario del Ayuntamiento...

R. Eso lo descubrí yo. Al final no se han tramitado. Eran unas facturas de vuelos fotogramétricos que, qué casualidad, ninguna superaba los dos millones de pesetas, que es el límite de la ley. Cuando las vi llame a la concejal y le dije que no me gustaba un pelo. A dos millones por pedanía se iba a llevar el payo 60 millones de pesetas.

P. También había irregularidades en la contratación del asesor de personal.

R. Ahí tuve yo una pelea con el alcalde. Por cojones tenía que entrar ése de asesor de personal. Le dije que estaba cobrando del Gobierno de la Región de Murcia y que estaba prohibido que una persona cobrase dos sueldos de la Administración, pero al final, como siempre, a firmar. Y ahí estuvo, cobrando del Ayuntamiento a través de una empresa de asesoría de Murcia.

P. ¿Con qué objeto se cometían estas irregularidades?

R. Es la forma de gobernar el PP. Aquí, en Torrevieja y en todos los sitios. Mantener estómagos agradecidos.

P. ¿Ha habido enriquecimientos personales?

R. Digamos que ha habido una estabilidad económica para cada uno de los casos. Y una seguridad de cara al futuro.

P. Usted fue interventor accidental. ¿El Ayuntamiento no quería uno de carrera?

R. Dijéramos que yo era el menos malo de los funcionarios. Me costó trabajo en el sentido que soy bachiller superior y no licenciado, pero a base de ser autodidacta lo conseguí. Otros interventores quisieron venir, pero el Ayuntamiento estaba muy contento conmigo por mi flexibilidad. Y ahora no quiere venir nadie. Han sacado la plaza y han salido todos volando.

P. En las cintas dice que recibía presiones para apañar el desbarajuste. En el informe del fiscal dice que no era presión directa. ¿Le presionó Medina o no?

R. Digamos que era una presión que subyacía en el ambiente. Como eres interventor accidental, te puedo quitar y poner a otro. Nunca me lo dijeron así, pero se notaba en la expresión, la mirada, la forma de hablar... Si no hacía caso a sus intenciones, me fumigaban.

P. El actual interventor ha hecho un informe...

R. Un informe carroñero y vengativo. No tiene capacidad gramatical para hacer el informe que hizo. Si yo cierro el año contable de 2005 con los números reales, había un déficit bastante importante. Pero aprovechan la venta de las subastas de la costa para paliarlo. Antes nunca se me había permitido dar de baja ingresos pendientes de cobro, pero ahora no hay nada escrito.

P. ¿De cuánto es el déficit?

R. De unos doce millones de euros, pero eso ya lo sabían todos antes. Los acontecimientos han venido por sí solos y ya va siendo hora de que Orihuela conozca cómo gobierna el PP: intereses propios, clientelismo, funcionarios vinculados al partido,...

P. ¿Lo que le está ocurriendo en este momento al alcalde se parece a sí mismo?

R. Es un reflejo de lo que es. Una persona que va a salto de mata, que le importan un capullo los programas presupuestarios y el presupuesto...

P. ¿No le sorprende que el empresario Ángel Fenoll, no esté imputado en ninguna de las causas?

R. No porque no le afectan. Fenoll tiene un problema importante con el contrato irregular de la costa. Contrato que hizo Jesus Ferrández, el de la grabación.

P. ¿Queda mucha basura por sacar?

R. Mucha y gorda. La estructura de alguna empresa muy importante puede temblar.

P. ¿Le queda munición?

R. La recámara la tengo llena, pero voy por dosis. Voy a morir matando.

P. ¿Cómo vive su situación?

R. Mi futuro no lo veo muy claro. Tengo una mujer y un hijo que son los que me sacan a flote, apoyo de amigos y familiares, pero tengo bastante incertidumbre sobre el futuro. Se me acaba el año y medio de baja por enfermedad y no sé qué va a pasar. Otros se han llevado los millones y yo no me he llevado nada.

P. ¿Quién se los ha llevado?

R. El alcalde y concejales se han llevado millones. Algunos pueden vivir tranquilos toda su vida y yo sólo me he llevado el cepillo de la iglesia. He sido el cabeza de turco. El emblema negativo del Ayuntamiento de Orihuela. Aquí nadie quiere dar la cara: todo el mundo es bueno y honrado. Pero tienen la moral en la boca. Yo he reconocido mis culpas y las que vengan, pero ellos son unos cobardes.www.elpais.es 04.09.06

“ Yo quiero mangonear por detrás , que es lo que me gusta… yo alcalde , no ”

La Cadena SER ha tenido acceso en exclusiva a unas grabaciones que demuestran la implicación del alcalde de Orihuela, Manuel Medina (PP) y varios concejales de este ayuntamiento en irregularidades en la adjudicación de la concesión del servicio de limpieza, que se quería hacer a cambio del pago de comisiones ilegales.

Estas grabaciones a las que ha accedido la Cadena SER recogen las conversaciones entre un empresario que quería conseguir el servicio de limpieza de la ciudad y un concejal del Ayuntamiento de Orihuela. En ellas, el edil pedía el pago de una cierta cantidad de dinero a cambio de la concesión del servicio de basuras.

En las grabaciones se escucha al empresario Ángel Fenoll, de la empresa UTE COSUL, que también quería optar a la concesión, y el concejal Jesús Ferrández, del Centro Liberal.

En la primera de las grabaciones, el concejal Jesús Ferrández reprocha al empresario Angel Fenoll (autor de las grabaciones) que hubiera grabado la conversación en la que hablan del reparto de comisiones. En la grabación a la que hace referencia Ferrández, el concejal afirma que su grupo, el alcalde, otro concejal del PP y un tránsfuga se iban a repartir casi dos millones de euros por adjudicar la contrata a Urbaser: “25 se podían quedar ellos para gestiones, 200 irían a Medina y Franco y 100 serían para Isidro y para nosotros”.

En otro momento de esta conversación, el edil del Centro Liberal reconoce que él no quiere ser alcalde y que prefiere “mangonear en la sombra”: “Yo quiero mangonear por detrás, que es lo que me gusta… yo alcalde, no. A mí eso de los discursitos me suda el capullo”.

El alcalde niega cualquier relación con el escándalo

El alcalde de Orihuela, Manuel Medina (PP), ha negado tener relación alguna con cualquiera de las empresas candidatas a una contrata que supondría 300 millones de euros en 25 años para la adjudicataria. "No quiero saber nada del señor Fenoll ni de las cintas", ha asegurado el alcalde, que no tiene intención de pedir la dimisión del concejal Ferrández.

Preguntado por un periodista de la Cadena SER por los "200 millones para Medina y Franco" de los que se habla en una de las grabaciones, el alcalde ironiza: "Pues que me los manden por cuenta corriente".

La concesión de las basuras, paralizada

En medio de toda la polémica, el pasado miércoles, los miembros de la Comisión de Contratación de Hacienda del Ayuntamiento de Orihuela acordaron aplazar el dictamen de esta polémica adjudicación hasta contra con nuevos informes independientes.

El escándalo en la contrata de basuras sólo es una más de las irregularidades que están salpicando al ayuntamiento de Orihuela. La justicia investiga ya hasta 30 actuaciones de este consistorio por indicios de delitos de malversación, prevaricación, falsedad y tráfico de influencias.

Las declaraciones de los susodichos

El concejal de Orihuela afirma que su grupo, el alcalde, otro concejal del PP y un tránsfuga se iban a repartir casi dos millones de euros por adjudicar la contrata a Urbaser- “25 se podían quedar ellos para gestiones, 200 irían a Medina y Franco y 100 serían para Isidro y para nosotros "

El edil de Orihuela reconoce que él no quiere ser alcalde- “ Yo quiero mangonear por detrás, que es lo que me gusta… yo alcalde, no"

El fiscal acusa de corrupción al alcalde de Orihuela y a cinco de sus concejales, todos ellos del PP  

El fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha pedido al juez que abra diligencias por las denuncias de corrupción, relacionadas con la gestión urbanística y contable del Ayuntamiento de Orihuela, que preside José Manuel Medina, del PP. El ministerio público aprecia "indicios de delito" por malversación, falsedad, tráfico de influencias y prevaricación en una treintena de casos. En su escrito, el fiscal asegura que los denunciados, además del alcalde, son los responsables de diversos negociados, como los concejales Mónica Lorente, José Antonio Rodríguez Barberá, Antonio Franco, y Eva Ortiz, más la ex edil Encarna Galiano, ahora asesora. Los empresarios implicados por posible tráfico de influencias son cuatro promotores locales y la firma Necso, por falsedad.

La delegación de la Fiscalía Anticorrupción en Alicante abrió la investigación por supuesta corrupción en el Ayuntamiento oriolano en septiembre de 2005 a instancias de la Fiscalía General del Estado. El máximo órgano del ministerio público ordenó la investigación tras recibir sendas denuncias de dos particulares. Seis meses más tarde, Briones, con el visto bueno de la Fiscalía de Alicante, remitió ayer las diligencias (61 folios) a los juzgados de Orihuela.

El fiscal justifica la acusación en cuatro pilares: la denuncia sobre supuestas irregularidades contables del ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa, el testimonio y pruebas documentales aportadas por los portavoces de los tres grupos de la oposición (PSPV, Centro Liberal y Esquerra Verda), un informe pericial de la policía judicial y dos plenos en los que se aprobaron adjudicaciones de urbanizaciones a promotores locales en suelo no urbanizable y protegido.

El grueso de las denuncias (y también del escrito del fiscal) sobre presuntas corruptelas en el Ayuntamiento de Orihuela fue realizado en febrero de 2005 por el hasta entonces interventor, José Manuel Espinosa. El funcionario fue destituido tras autoinculparse de haberse apropiado de 30.000 euros de las arcas municipales. Dos días más tarde, Espinosa convocó a los portavoces de la oposición y desveló una serie de irregularidades contables de las que responsabilizó directamente al alcalde y los ediles de su equipo de gobierno. La conversación fue grabada en dos cintas. En su comparecencia ante el fiscal, el ex interventor ratificó el contenido de la grabación y añadió: "He sido el blanqueador de facturas del alcalde".

Los casos de corrupción más relevantes denunciados por el funcionario, supuestamente delictivos a juicio del fiscal, son los siguientes: pago de facturas falsas a la firma Necso -adjudicataria del servicio de recogida de basuras en el casco urbano- por supuesto lucro cesante, por valor de 7 millones de euros; sobrecoste de unos 3 millones de euros sin consignación presupuestaria y por expreso mandato del alcalde en las obras de la plaza de la Glorieta de Gabriel Miró, ejecutadas por la constructora Doalco, del promotor Domingo Alcocer; falta de presentación de facturas de mandamientos de pagos por valor de 22.000 euros por parte de Encarna Galiano, concejal entre 1999 y 2003 y actual asesora de Medina, cuando dejó el cargo; falta de ingreso en caja por parte de Mónica Lorente, hasta hace poco primer teniente de alcalde, de las recaudaciones de los conciertos municipales durante su etapa al frente de la concejalía de fiestas; no presentación en cuatro años por parte de Antonio Franco, concejal de Personal, de las facturas de las subvenciones a una entidad local festera de Moros y Cristianos; y un supuesto cobro de comisiones en el proyecto de rehabilitación del casco histórico.

El fiscal anticorrupción ha completado la listas de supuestos casos de corrupción con las denuncias vertidas por los grupos de la oposición, relacionadas con adjudicaciones ilegales de planes urbanísticos. Los promotores que supuestamente se han beneficiado de las adjudicaciones irregulares han sido José Antonio Rodríguez y Joaquín Antonio Grau Pomares.

Una de las adjudicaciones más polémicas, que acarreó la división del grupo popular, fue la aprobación de dos planes urbanísticos en la costa de Orihuela a la promotora del empresario José Antonio Rodríguez. Tras la autorización, el empresario se convirtió en accionista mayoritario de la televisión local canal 34, afín al PP. El fiscal también incluye a este promotor en otro caso de supuesta corrupción a raíz de la denuncia del portavoz del PSPV sobre un supuesto intento de soborno del empresario a los concejales de la corporación.

El ministerio público, igualmente, ha llevado al juez la denuncia del portavoz del grupo socialista, Francisco García Ortuño, relativa a la vivienda de Medina, un chalé propiedad del promotor Grau, y dos lujosos turismos de que disfruta el alcalde: un Rolls Royce, propiedad del promotor Grau, y un Audi A8, del promotor Francisco Marco.

La lista de casos denunciados incluía la contratación en exclusiva de Luis Alberto Prieto, como jefe de personal de la Corporación pese a su condición de profesor interino de la Consejería de Educación de Murcia. Prieto dimitió como jefe de personal al trascender que cobraba dos sueldos públicos. García Ortuño denunció, además, que el Ayuntamiento, mediante decretos de la alcaldía, paga ocho plazas en un aparcamiento privado, propiedad del promotor Alcocer, para uso exclusivo de los jueces.

El alcalde de Orihuela declinó comentar el escrito de acusación del fiscal. "No tengo ni la más remota idea. A mí, el fiscal no me ha comunicado nada", señaló. El primer edil rechazó, una vez más, cualquier ilegalidad en su gestión. "No sólo digo que no ha habido ninguna irregularidad, sino que lo probaré cuando se me dé la oportunidad", remarcó.

La Vega Baja ha acuñado en los tres últimos lustros dos distintivos característicos: es un feudo inexpugnable del PP, en el plano político, y una comarca de incontrolado desarrollo urbanístico, que prácticamente ha agotado el suelo urbano. Ambas variables han puesto en la picota y llevado a los tribunales a los alcaldes del PP de los dos primeros ayuntamientos de la comarca por supuestos casos de corrupción en connivencia con promotores locales: Pedro Ángel Hernández Mateo, de Torrevieja, y su homónimo en Orihuela, José Manuel Medina.

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante, creada a finales de 2005, no ha hecho oídos sordos a las constantes denuncias de la oposición en ese ámbito. Su titular, Felipe Briones, prácticamente estrenó el cargo con sendas investigaciones, cuyo eje central es la gestión de Hernández Mateo y Medina.

El primer edil de Torrevieja esta imputado en una investigación judicial por la millonaria plusvalía (5,2 millones de euros) que ganó con la compra- venta de una finca.

Medina podría seguir los pasos de Hernández Mateo, si el juzgado acuerda abrir diligencias por la denuncia que ayer remitió el fiscal Anticorrupción. En el caso de Orihuela, la acusación del ministerio público es más amplia e, inicialmente, afecta a un mayor número de personas. En su denuncia, el fiscal no sólo persigue supuestos casos de tráfico de influencias derivados de programas urbanísticos, sino que afecta de lleno a la gestión de las arcas públicas.

Fue precisamente este segundo aspecto el que desencadenó la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía. El ministerio público se hizo eco de dos denuncias de particulares y de la creciente presión ciudadana en demanda de una investigación de oficio. El colectivo local Ciudadanos por la Transparencia recogió más de 2.000 firmas para avalar su petición al fiscal de abrir diligencias.

El grupo vecinal surgió ante la avalancha de denuncias que volvían a enturbiar la transparencia en la gestión económica de un Consistorio, el oriolano, que no cuenta, precisamente, con antecedentes penales favorables en ese campo. En junio de 2002, la Audiencia de Alicante condenó a cuatro años de cárcel por apropiarse de la donación de unas religiosas al ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, que presidió la alcaldía de Orihuela entre 1987 y 1996. Cartagena, que ha pedido el indulto, está pendiente de su ingreso en prisión.

Publicado en El País.14.03.06

La adjudicación de la gestión de las basuras de Orihuela vuelve a dividir al PP de Alicante  

Zaplanistas y campistas de Alicante volvieron a enfrentarse ayer a cuenta de la adjudicación de la contrata de basuras de Orihuela, sin importarles la supuesta corrupción que rodea tan espinoso tema. Los primeros, encabezados por la presidenta del partido en la capital de La Vega Baja, diputada y concejal Mónica Lorente, a quien apoyaba el presidente provincial, José Joaquín Ripoll, llegaron a implicar a Francisco Camps en tan turbio asunto, afirmando que este apostaba por dejar sobre la mesa la adjudicación, cosa a la que el alcalde, el campista Medina, se negó.

El enfrentamiento entre ambos sectores fue ayer especialmente virulento. Los zaplanistas intentaron que la adjudicación quedara sobre la mesa, a lo que se opusieron los campistas, quienes decidieron adjudicar la contrata. En el centro de la bronca, la diputada Mónica Lorente situó al presidente Camps. Los argumentos de unos y otros no ocultan una realidad: Los zaplanistas controlan la ejecutiva local y provincial y, previsiblemente, impondrán su candidata en las próximas elecciones municipales. Si la contrata de la basura no se adjudicara en este mandato municipal, este sector tendría mucho que decir sobre esta cuestión.

La adjudicación de los servicios de limpieza para los próximos 25 años podría alcanzar los 300 millones de euros, -y no 550 como por error se ha informado- con las actualizaciones y previsiones de aumento de población.

Antes de que la comisión de Hacienda se reuniera ayer, en la que el alcalde, José Manuel Medina, y el grupo que lo sustenta (cinco ediles del PP, seis del Centro Liberal y un tránsfuga del PSOE) tenían previsto avanzar en los trámites para la adjudicación a Urbaser, compareció Mónica Lorente en rueda de prensa como máxima autoridad del PP en Orihuela para asegurar que el jueves por la tarde había hablado con el presidente Camps y que este le había indicado que la contrata debería dejarse sobre la mesa; luego, exigió que los 14 ediles del PP se posicionaran a favor de aplazar la adjudicación hasta que se aclararan todos los puntos oscuros del proceso.

"Orihuela, dijo, necesita estar limpia porque necesita un servicio de limpieza diaria impecable, pero necesita estar limpia en todos los sentidos", comentó antes de señalar que la adjudicación es "un escándalo en el que el PP de Orihuela no tiene nada que ver". La presidenta local insistió en que se aplicará la "disciplina de voto" en última instancia, y advirtió: "Si se tienen que abrir expedientes informativos, se abrirán".

Poco después, desde Alicante, el presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, reclamaba a Medina que se pusiera "a disposición de la ejecutiva local del partido", y pidió que no se adoptara "ninguna decisión" en torno al concurso de limpieza "hasta que no se disipen las dudas". Ripoll argumentó que Medina no fue elegido para ser alcalde de Orihuela por los ciudadanos, sino por los catorce concejales del PP, "que no le nombraron para este cargo para que apoyara su gobierno en los votos del Centro Liberal (CL) o de concejales tránsfugas". Eso quiere decir, proclamó Ripoll, que Medina "se debe a la disciplina del PP" y expresó su respaldo "al cien por cien" a Mónica Lorente. Sobre la contrata, afirmó que "hay serias dudas de lo que se está intentando aprobar". Ripoll realizó una advertencia a Medina si para aprobar la contrata se apoya en la oposición en contra del criterio mayoritario de su grupo. "Si decide buscar apoyos fuera, intentaremos tomar alguna medida, porque así me lo piden los ciudadanos de esta provincia".

Después de Mónica Lorente compareció el alcalde para anunciar que el proceso de adjudicación, que "es limpio" y está avalado por los técnicos, "en ningún caso" quedará sobre la mesa. Al mismo tiempo, desde Valencia, el portavoz del Consell, Esteban González Pons, desmentía a la presidenta de su partido en Orihuela: "No es competencia del Gobierno valenciano recomendar que se paralice o se otorgue una concesión municipal". "Si alguien piensa que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha podido hacer eso alguna vez, es simplemente que no conoce a Francisco Camps". Sobre una grabación realizada por el empresario Ángel Fenoll -uno de los aspirantes a la contrata- a un edil según la cual este le desveló a aquel que otra de las empresas estaba ofreciendo comisiones al alcalde y otros ediles si resultaba ganadora del concurso, el portavoz del Consell señaló: "No me gustan las cintas grabadas sin garantías judiciales, porque perjudican a terceras personas que igual no tiene nada que ver con la historia que se está narrando". Y comentó que no le gusta "determinado tipo de ambientes pestilentes".

Medina da por hecha la concesión del servicio a la empresa Urbaser  

El alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, aseguró ayer, antes de la comisión de Hacienda que avanzó en el proceso de adjudicación de la contrata de la basura, que esta se va a adjudicar a la que ha obtenido la mejor puntuación del concurso, es decir Urbaser. Probablemente la adjudicación se realice el viernes, en un pleno extraordinario tras el dictamen de la comisión de Hacienda, que volverá a reunirse el martes.

"Por muchas amenazas del señor Fenoll [el empresario de otra de las ofertas que ha advertido de que se querellará contra todos los ediles que voten a Urbaser], y por muchas cintas [grabaciones con supuestas ofertas de comisiones], la contrata será para la mejor oferta".

Colsur, la empresa de Fenoll, ha quedado en tercera posición y en la actualidad es la concesionaria del servicio de basuras en la zona costera del municipio. Medina explicó que "desde hace muchos años" existe una situación "irregular" de la concesión, sin procedimiento de licitación, que ha permitido que Colsur-Proambient haya atendido la recogida a partir de "prórroga tras prórroga".

Según el alcalde, el informe del ingeniero municipal que otorga la máxima puntuación a Urbaser es "exhaustivo" y demuestra "una gran profesionalidad y seriedad". No obstante, insistió en que dará "el tiempo que haga falta" para llevar a cabo la adjudicación.

"Si alguien cree que mediante el chantaje, la extorsión, la calumnia y la amenaza puede parar este proceso, está equivocado", sentenció.

Sobre las dudas que acababa de arrojar la presidenta de su partido, quien denunció que el proceso está "bajo sospecha", el alcalde le pidió que arroje "luces en lugar de sombras". En cuanto al presidente regional del PP, Medina aseguró que Camps "no se dedica a adjudicar contratos de basuras y obras", y reveló que la única indicación que le ha hecho el presidente es que "haga las cosas bien para que obtenga el máximo beneficio para Orihuela y que el PP no se vea envuelto en asuntos turbios".

Publicado en www.elpais.es.25.03.06

volver

© Copyright. 1998 - 2016. www.losgenoveses.net. Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
 ( Página diseñada para ver con Explorer 8 o superior  a 1024 x 768 píxeles )