CASO MERCALICANTE
El susodicho de visita en el juzgado
DATE UNA VUELTA POR EL AUTO DE LA JUEZ EN PDF
RESUMEN RESUMIDO DEL CASO EN CUESTIÓNEl escándalo por el presunto desfalco de Mercalicante estalló en 2002, cuando una auditoría reveló irregularidades en la contabilidad de la firma pública. Entre los ejercicios de 1999 y 2001 la entidad supuestamente utilizó diferentes proyectos como tapadera para llevar a cabo los movimientos económicos.Entre los imputados en esta causa figuran el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi; el edil de Hacienda, Juan Zaragoza; el director general de Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant -estos dos últimos miembros del comité ejecutivo de la firma-; dos representantes de Mercasa y el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero, que figura como principal acusado. El desfalco asciende a 6 millones de euros. La investigación la ha llevado a cabo la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante. El caso se abrió tras una denuncia del representante vecinal José Luis Valdés.
El ex alcalde de Alicante responderá por un presunto delito de desfalco de 6 millones de euros
El ex alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, imputado en varias causas, dejó el Ayuntamiento sin explicar las razones hace unos meses, pero no hizo lo propio respecto a las Cortes valencianas y mantuvo su condición de diputado regional. Esa circunstancia de aforado ha provocado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) asumiera ayer una causa en la que se juzga la participación de Alperi y otros imputados en el presunto desfalco de hasta seis millones de euros de la empresa mixta Mercalicante, participada por el consistorio alicantino.
La causa abierta contra el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi y otros imputados, por su presunta responsabilidad en las irregularidades cometidas en la empresa mixta Mercalicante entre los años 2000 y 2002 por el ex gerente de la mercantil, José Emilio Clavero, ha sido asumida por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat, Juan Montero. Según la oposición socialista, el agujero en la empresa participada por el consistorio supera los seis millones de euros.
El TSJCV asume la causa
Las diligencias previas sobre este posible desfalco se iniciaron hace más de seis años por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, y ahora el TSJ valenciano se ha declarado competente para continuar la tramitación de este asunto dada la condición de aforado de Díaz Alperi por ser diputado regional, como informa el diario Las Provincias.
Posible delito societario y de malversación
El Juzgado de Instrucción había advertido en noviembre que como alcalde Alperi pudo cometer supuestamente un delito societario, sin descartar otro de malversación de caudales públicos. Ante los indicios de que el ex alcalde y todos o parte de los otros cuatro miembros de la ejecutiva de Mercalicante tenían conocimiento de la actuación del ex gerente de la empresa, el Juzgado remitió la causa al TSJCV por la condición de aforado de Alperi.
Otros ediles populares imputados
Entre los imputados por esta causa también figuran, además del ex alcalde, el ex concejal de Comercio y actual edil de Hacienda, Juan Zaragoza, el ex edil y actual director general de Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant -que también asesoró a Zaplana como ministro de Trabajo-, y el ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero. Por su parte, Alperi está imputado en otras causas, como una presunta concesión irregular de la construcción y explotación de tres aparcamientos al empresario Enrique Ortiz. .
www.elplural.com 17.02.09El PSOE cree que si Díaz Alperi no fuera aforado ya habría sido condenado
El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Roque Moreno, afirmó ayer que el ex alcalde y diputado autonómico del PP Luis Díaz Alperi ya habría sido condenado "y además con sentencia firme" por el desfalco del "caso Mercalicante" si no fuera aforado por Les Corts Valencianes. Moreno hizo estas declaraciones tras conocerse que la juez instructora del caso ha imputado a Díaz Alperi y ha elevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) ya que, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía, sólo el alto tribunal puede enjuiciar a un diputado autonómico. La juez ha trasladado la causa informando que Díaz Alperi pudo cometer, presuntamente, un delito societario, "sin descartar" también otro de malversación de caudales públicos.
Moreno manifestó que las investigaciones han dado "un salto cualitativo realmente trascendente" al apreciar la juez los supuestos delitos cometidos por Díaz Alperi. "Habría que recordar las palabras de Alperi de que él no se iba a Valencia para estar aforado y que, si en algún momento este aforamiento fuera obstáculo para que un proceso se parase o no, él pediría que no se tuviera en cuenta", recordó. "Ahora tiene el momento y la oportunidad para cumplir con su palabra y pida no estar aforado", señaló, antes de decir que "si para eso es necesario dimitir [de diputado], que lo haga, y que la Justicia siga los cauces".
Por su parte, la alcaldesa de Alicante, la popular Sonia Castedo, indicó que no le sorprende que de los juzgados salgan noticias que perjudiquen la imagen de su antecesor en el cargo y añadió que ella misma ha sido víctima de esta situación en el pasado.www.levante-emv.com 26.11.08
La juez envía al TSJ el caso Mercalicante al ver indicios de delito en la gestión de Alperi
La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, Cristina Costa, ha decidido trasladar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunudad el "caso Mercalicante" al hallar indicios de delito en la actuación del ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, -diputado autonómico y por lo tanto aforado- en la gestión de la empresa mixta. La juez ha descartado archivar la denuncia contra los políticos, como pedían sus defensas, y adopta con esta decisión lo que reclamaban tanto el fiscal como las acusaciones particulares. Al igual que se hizo en su día con el "caso de los aparcamientos", se ha mandado una exposición razonada al TSJ para que la instrucción continúe en ese foro.
Se trata de una decisión que estaba pendiente desde hace más de un año, pero que no había podido adoptar hasta que no se han recibido las conclusiones del informe pericial sobre la gestión de la empresa. En dicho informe se alerta de la falta de mecanismos de control sobre la gestión de Clavero y se dice que algunas de las irregularidades las tendría que haber detectado la comisión ejecutiva.
De las diligencias efectuadas, la juez argumenta que no procede el archivo de la causa para Alperi ni para ninguno de los imputados y que la investigación debe continuar. La condición de aforado del ex primer edil ha motivado que la causa se eleve a un órgano judicial superior tras más de seis años de investigación en la provincia. Entre los argumentos esgrimidos por la juez para remitir los hechos al TSJCV y no sobreseer el caso, como solicitaba la defensa de los imputados, se hace referencia a la necesidad de seguir profundizando en la investigación para esclarecer su grado de participación en los hechos.
Junto a Díaz Alperi, se encuentran también imputados en esta causa el ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero -que figura como principal acusado-, el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, el director general del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz, José María Rodríguez Galant, así como dos representantes de la sociedad estatal Mercasa. Todos menos Clavero formaban parte de la comisión ejecutiva de la mercantil en la etapa en la que se registró el desfalcó por valor de unos 6 millones de euros.
La juez ha remitido al Tribunal Superior de Justicia una exposición razonada en la que detalla los motivos por los que considera que la investigación debe continuar allí. Esta exposicion no se ha notificado a las partes y ha sido trasladada directamente a la Sala de lo Penal del TSJ. Allí se debe decidir si se acepta la competencia del caso o no y, si es así, designar a un magistrado para que se haga cargo de la instrucción.
En un auto firmado por la magistrada en el año 2003, la juez ya establecía que el entonces alcalde y los miembros de la comisión ejecutiva ratificaron contratos y actuaciones de Clavero presuntamente delictivas. "Los delitos imputados al ex gerente bien pudieron cometerse por aquéllos ante quienes rendía cuentas", señalaba la juez en su resolución.
Idénticos argumentos son los que utiliza el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, así como las acusaciones particulares ejercidas por el dirigente vecinal José Luis Valdés y el PSOE para pedir que la causa siga abierta, además de para Clavero, para los políticos. El fiscal considera que hay indicios de delito en la actuación de la comisión ejecutiva aunque sea como cooperadora necesaria de los presuntos delitos cometidos por Clavero.
Por su parte, el abogado Joaquín Galant, que representa a los tres políticos imputados, solicitó hace un año que la causa se archivara para los miembros de la comisión ejecutiva por considerar que ninguno de ellos podía ser considerado responsable de delitos societarios y de apropiación indebida. Esta petición no fue contestada por el juzgado en su día, motivo por el que hace menos de un mes se volvió a reiterar ante el juzgado. La magistrada ha resuelto ahora que no procede el archivo de la causa para ninguno de los imputados.
El escándalo financiero de Mercalicante saltó a la luz pública en el año 2002, cuando tras los resultados de una auditoría efectuada a la firma se detectaron "graves irregularidades" contables. Una situación que provocó la inmediata destitución del gerente de la empresa y principal imputado en la causa, José Emilio Clavero, por parte del Consejo de Administración de la empresa pública presidida en aquel momento por Luis Díaz Alperi.
La instrucción del caso Mercalicante ha cumplido ya seis años, motivo que ha hecho que tanto desde la Fiscalía como desde las acusaciones particulares se alerte de que ya existe una atenuante por dilaciones indebidas, que podría suponer una rebaja en la pena para los acusados en caso de que finalmente fueran condenados.Díaz Alperi trató de tapar el agujero de Mercalicante antes del escándalo
La comisión ejecutiva de Mercalicante, presidida por el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, intentó tapar el agujero económico en la empresa de capital público, antes de que saltara el escándalo del desfalco, a través de una fallida operación con Correos. Mercalicante, para aliviar su contabilidad, llegó a computar como ingreso una previsión de compra por parte del Ayuntamiento de una parcela de la sociedad agroalimentaria.
En el verano de 2001, mucho antes de que saltara el escándalo de Mercalicante, los máximos responsables de la empresa -Luis Díaz Alperi, dos ediles del PP y dos directivos de la sociedad estatal Mercasa-, imputados ahora por presunta apropiación indebida y delito societario, ya conocían la agónica situación económica de la firma agroalimentaria de capital público. E idearon un plan, que llegaron a llevar a un consejo de administración, para obtener recursos y tapar el agujero que por entonces ya afectaba a la marcha de la empresa.
Según consta en actas públicas a las que ha tenido acceso EL PAÍS, la fórmula para obtener fondos consistió en un rocambolesco trueque inmobiliario: el Ayuntamiento compraba a Mercalicante una parcela de 15.000 metros cuadrados que luego el Consistorio permutaría con Correos para la construcción de un centro de clasificación postal.
Díaz Alperi pretendía con esa operación matar dos pájaros de un tiro: inyectar fondos en Mercalicante y dar salida al abandonado edificio histórico de Correos en la ciudad, ya que el preacuerdo con el ente autónomo establecía la permuta del solar de Mercalicante por el emblemático inmueble de la Plaza de Gabriel Miró. El 4 de septiembre de 2001, el consejo de administración de Mercalicante autorizó a la sociedad mixta la venta al Ayuntamiento de una parcela de 15.000 metros cuadrados.
La operación presentaba inconvenientes de gran calado -prueba de ello es que no ha llegado a materializarse- pero sirvió para que los asientos contables de Mercalicante computaran como ingreso la enajenación de la parcela. La parcela que el alcalde ofreció a Correos ni siquiera era edificable y, además, ese suelo se había expropiado para uso agroalimentario, no para servicio postal. Además, el Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar a Mercalicante por unos terrenos que dentro de 22 años revertirán en el municipio.
El autor material de la propuesta fue el concejal popular Juan Zaragoza, vicepresidente de Mercalicante y miembro de la comisión ejecutiva de la firma agroalimentaria, imputado junto a Díaz Alperi y José María Rodríguez Galant, ex concejal y actual asesor de Eduardo Zaplana en el Ministerio de Asuntos Sociales.
Correos y Telégrafos había intentado sin éxito desprenderse en dos ocasiones de su sede histórica en Alicante por la vía de la subasta pública. Primero tasó el edificio en 524 millones de pesetas, pero nadie pujó por el inmueble, cuya rehabilitación se estimó entonces en unos 500 millones. Luego, en su segundo intento, rebajó el precio de salida a 454 millones, pero la subasta quedó igualmente desierta. El edificio, protegido por la Ley de Patrimonio, lleva clausurado desde 1999, lo que ha acelerado su deterioro. La oposición municipal ha presentado diversas iniciativas para frenar el deterioro del inmueble, aunque ninguna de ellas ha prosperado frente a la mayoría absoluta del PP en el gobierno local.El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, avaló en el Senado la operación urbanística a varias bandas para construir el centro de clasificación postal de Alicante y Murcia en una parcela de Mercalicante, la empresa mixta objeto de un desfalco de unos seis millones de euros. Pero esa operación, planteada por Alperi para inyectar fondos a Mercalicante y salvar el edificio histórico de Correos, ha resultado un fiasco: Correos sigue sin su centro de clasificación postal previsto en Alicante para cubrir esta provincia y la de Murcia, el edificio histórico del ente autónomo sigue deshabitado y deteriorándose, y Mercalicante continúa en la ruina. Además, la demora en la construcción ha hecho perder a Correos cientos de miles de euros en alquileres. La parcela de Mercalicante se ha vendido finalmente a una firma privada.
Justo hace un año, Álvarez Cascos aseguró en el Senado: "El presidente de Correos tiene intención de cerrar el acuerdo de la permuta antes de final de año". Pero esa operación era más complicada de lo que explicó el titular de Fomento. Primero, porque la parcela de Mercalicante aún no era propiedad del Ayuntamiento, sino de la sociedad mixta dedicada al abastecimiento y comercialización agroalimentaria; y segundo, porque el terreno en cuestión aún permanecía sin recalificar para el uso postal. Para Cascos, ese segundo inconveniente tenía rápida solución, porque el Ayuntamiento de Alicante ya había solicitado al Consell autorización para recalificar la parcela.
El ministro había sido interpelado por el ex senador socialista y secretario general del PSPV de Alicante, Ángel Franco, y éste trasladó una versión radicalmente distinta a la de aquél. Ya por entonces, Ángel Franco sostenía que el gobierno local que preside el popular Luis Díaz Alperi intentaba utilizar la operación con Correos para tapar parte del agujero económico de Mercalicante. Para llegar a esa conclusión, explicó que Correos, en enero de 2001, convocó un concurso buscando terrenos en Alicante para construir el centro. "Misteriosamente nada se supo de ese concurso hasta que Díaz Alperi entró en la operación y propuso que el Ayuntamiento comprara una parcela a Mercalicante, para luego permutarla con Correos a cambio del edificio histórico del centro de la ciudad". Para Franco, lo que intentaba el alcalde con esa operación era inyectar fondos a Mercalicante que evitaran la quiebra de la empresa. Esta complicada operación, en opinión de Franco, ya ha causado un grave quebranto económico al erario público. Porque el retraso en la construcción del centro postal, dijo, ya ha encarecido el proyecto inicial -Cascos habló ayer de una inversión de nueve millones de euros-.
Mientras Correos sigue sin poder construir su centro postal, todas las gestiones de Díaz Alperi para buscar una salida a la antigua sede del ente autónomo han fracasado. El último intento se ha realizado con la Universidad de Alicante, interesada en instalar ahí su sede en la ciudad.
Díaz Alperi, después de descartar con la Consejería de Sanidad que el inmueble se rehabilitara como centro de especialidades, negoció infructuosamente con El Corte Inglés y con el constructor Enrique Ortiz, que se interesó por instalar allí la sede de su grupo empresarial.
www.elpais.es 17.11.08
La imputación de Alperi atasca el 'caso Mercalicante'
La juez sopesa si exculpa al alcalde desde hace medio año
La investigación judicial del caso Mercalicante (supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la contabilidad de la firma pública) acumula un nuevo retraso de seis meses, en este caso motivado por el recurso de uno de los imputados, el alcalde de Alicante, Luis Díaz, del PP. El parón judicial de la causa no es baladí. El alcalde espera como agua de mayo una resolución final sobre si tiene o no responsabilidad penal en el desfalco para dejar el cargo, como anunció nada más revalidar la alcaldía en mayo de 2007.
El regidor espera a estar 'limpio' de imputaciones para dejar el cargo
La titular del Juzgado número 1 Alicante, Cristina Costa, que dirige una cansina instrucción del sumario abierto en septiembre de 2002, sopesa desde el pasado mes de noviembre si exculpa o no al regidor y otros dos políticos imputados, el concejal Juan Zaragoza y el ex edil José María Rodríguez Galán. En el supuesto de que la magistrada considere que hay indicios de delitos en la actuación del alcalde en la empresa pública, debe remitir el sumario al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, por la condición de aforado del Alperi.
La imputación de los tres cargos del PP en el sumario de Mercalicante se produjo a raíz de una querella del Grupo Socialista Municipal, petición a la que se sumó, más tarde, el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en contra del criterio del fiscal jefe de la Audiencia, José Antonio Romero. Inicialmente, la magistrada rechazó la querella de los socialistas. Pero se vio obligada a unirla a las actuaciones de orden de la Audiencia de Alicante.
Luis Díaz Alperi mantuvo desde el principio su inocencia en este caso. El regidor alega en su defensa que fue él quien destituyó al primer imputado en el sumario, el ex gerente de Mercalicante José Emilio Clavero, nada más tener conocimiento de las irregulares contables en la empresa reflejadas en una auditoria. Pese a ello, Clavero, en sus tres comparencias ante la juez, ha sostenido que Alperi estaba al tanto de su gestión.
Díaz Alperi concurrió con su doble imputación (Mercalicante y supuesto favor al promotor Enrique Ortiz) a los comicios de mayo de 2007. Revalidó el cargo por cuarta vez y, acto seguido anunció, que no agotaría el mandato. El regidor espera a salir limpio de su paso por los juzgados para materializar su compromiso. Fuentes de su entorno señalan que nada más se produzca ese extremo, "y se apruebe el nuevo planeamiento", dejará la alcaldía en favor de su heredera, la edil de Urbanismo, Sonia Castedo.
www.elpais.es 27.03.08
El Supremo obliga a Alperi a convocar un pleno extraordinario sobre el desfalco en Mercalicante
El Tribunal Supremo ha dictado un auto que obliga al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, del PP, a convocar un pleno extraordinario para debatir las conclusiones de la comisión de investigación municipal sobre el desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante. La resolución del alto Tribunal se produce a raíz de un recurso del Ayuntamiento a una anterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que aceptó un recurso del grupo municipal socialista contra la negativa del Alperi a celebrar la sesión plenaria.
En enero de 2003, el grupo municipal del PSPV llevó al TSJ la negativa de Alperi a debatir en el pleno las conclusiones de la comisión municipal, cuyos trabajos se desarrollaron a lo largo del otoño del año anterior. El PSPV sostenía que si la creación de la comisión la acordó el pleno, sus conclusiones también debían ser ratificadas por el mismo órgano de la corporación. El TSJ falló a favor de la pretensión de los socialistas. Alperi recurrió al Supremo, que ahora ha validado la sentencia del TSJ y, además, condena al Ayuntamiento alicantino al pago de las costas.
La creación de la comisión municipal se acordó a los tres meses de conocerse el agujero contable en las cuentas de Mercalicante, en julio de 2002, correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000 y 2001.
Después de tres meses de debates e interrogatorios, cada uno de los grupos municipales (PP, PSPV y EU) presentaron su escrito de conclusiones. El documento del grupo popular, en el gobierno local con mayoría absoluta, descartó cualquier responsabilidad política en las irregularidades de la firma. Mientras, los grupos de la oposición, concluyeron que sí había responsabilidades políticas, "por acción u omisión" del alcalde, a su vez, presidente de los dos máximos órganos de control de la empresa, el consejo de administración y la comisión ejecutiva.
El entonces portavoz del grupo municipal del PSPV, Blas Bernal, solicitó un pleno extraordinario para debatir y aprobar las conclusiones. El alcalde rechazó la propuesta y aludió a un informe jurídico de los técnicos que le liberaba de acceder a la petición socialista. Según el PP, la comisión municipal de investigación acordó dar por terminados sus trabajos en su seno interno y no trasladar sus conclusiones al pleno de la corporación.
El ex portavoz del PSPV subrayó ayer que el auto del Tribunal Supremo "restituye el derecho de los ciudadanos a conocer desde el primer foro político de la ciudad las conclusiones de los grupos sobre el mayor escándalo financiero en el que se ha visto implicado el Ayuntamiento".
En paralelo a la investigación de la comisión municipal sobre Mercalicante, se activó la vía judicial a raíz de una denuncia de un vecino. El fiscal ordenó en septiembre de 2002 el arresto del hasta ahora principal imputado, el ex gerente de la empresa, José Emilio Clavero.
La instrucción del caso Mercalicante, que dirige Cristina Costa, titular del Juzgado número 1 de Alicante, sigue abierta cuatro años después. La lista de imputados ha engordado hasta los 19, entre ellos, el alcalde, el concejal del PP Juan Zaragoza, y el ex edil del PP, José María Rodríguez Galant, en la actualidad director del complejo audiovisual de la Ciudad de la Luz.
Fiscalía Anticorrupción
La acusación pública en este caso la ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. Este departamento del ministerio público remitió hace dos semanas al juzgado otra denuncia contra Alperi por supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos. Además de Alperi y el empresario, el fiscal ha denunciado a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, al de Tráfico, Luis Concepción, y a un funcionario municipal.
Briones aprecia que los hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El fiscal ha evaluado en 2,2 millones de euros el quebranto económico para el Ayuntamiento derivado de las variaciones en el contrato inicial de los aparcamientos. www.elpais.es 03.09.06
Más noticias sobre este Alcalde tan PPopular
www.losgenoveses.net - La noticia del día 04.11.05
www.losgenoveses.net - La noticia del día 11.07.06
www.losgenoveses.net - La noticia del día 11.03.06
www.losgenoveses.net - La noticia del día 07.06.05
www.losgenoveses.net - La noticia del día 02.05.05
www.losgenoveses.net - La noticia del día 19.03.06
www.losgenoveses.net - La noticia del día 30.03.05
www.losgenoveses.net - La noticia del día 11.12.04
© Copyright. 1998 - 2008. www.losgenoveses.net. Ningún derecho
reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 5 o
superior a 1024 x 768 píxeles )
