Un juez llama a declarar a la regidora de Quijorna por favorecer a un asesor
El Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles ha llamado a declarar como imputados a la alcaldesa de Quijorna, María de las Mercedes García (PP), y a José Núñez Oller, arquitecto y asesor personal de García. La citación se produce después de que los cuatro concejales del Grupo Independiente de Quijorna (GIC) interpusieran una querella criminal contra García y Núñez por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, usurpación de funciones y tráfico de influencias. Los querellantes denuncian que la alcaldesa ha aprobado una segregación ilegal de una finca, que permite construir 19 chalés en una zona donde sólo se podían edificar seis. García se niega a responder a las acusaciones.
La finca en cuestión está situada en la calle de Pérez Galdós, número 2, de Quijorna, con una superficie de 19.231 metros cuadrados. José Núñez Oller es asesor técnico de la alcaldesa, nombrado por decreto de ésta, y ostenta el cargo de "arquitecto honorífico del municipio" (aunque no cobra por su labor).
El PP gobierna en Quijorna (2.325 habitantes) con el apoyo de los dos ediles del PSOE. Los concejales independientes explican en la querella (en fase de diligencias previas) que el 15 de julio de 2003 se presentó ante el Ayuntamiento una solicitud de licencia de segregación para dividir la parcela, propiedad de José Núñez Oller y sus hermanos. En la finca se podían edificar 16 chalés. Sin embargo, la propuesta de segregación admitía 27 casas.
La alcaldesa aprobó finalmente por decreto otorgar licencia para la parcelación de una zona de la finca, que permite edificar 19 viviendas, donde, según los cálculos de los independientes, sólo se podían construir seis chalés. Además, los querellantes denuncian que García no respetó dos documentos de técnicos municipales que se oponían a la segregación. El arquitecto municipal emitió el cinco de junio de 2003 un informe que decía que la parcela P-4 constituía una única unidad registral y que no se podía subdividir en otras parcelas. El secretario del Ayuntamiento también informó desfavorablemente la licencia de segregación el 21 de julio de 2003.
"Los documentos en contra no hicieron mella en la alcaldesa, que aprobó por decreto el 28 de agosto de 2003 la parcelación", dice Florentino Serrano, portavoz del GIC. "Pero antes de firmarlo envió el borrador a Núñez, que rectificó un párrafo para adaptarlo a sus necesidades", recalca. "Es como si quisieran evitar la intervención de los servicios técnicos".
Los independientes aseguran que el documento final firmado por la alcaldesa introduce las modificaciones realizadas a mano por Núñez. Y adjuntan como prueba en la denuncia la copia de un correo electrónico que una empleada del Ayuntamiento envió a otra, en el que dice: "Os mando el decreto de segregación de Pepe [José Núñez], pero falta la liquidación tributaria y los linderos de las parcelas (...) Que Mercedes [la alcaldesa] lo vea y Pepe también, por si consideran necesario cambiar alguna cosa".
Para el portavoz del grupo independiente esta actuación demuestra que estaban elaborando un documento adaptado a las necesidades del arquitecto. "Desaparecen las frases del párrafo 5º donde se hace mención a que los servicios técnicos municipales tienen que intervenir en fijar varias alineaciones", explican.
Por otra parte, los ediles del GIC denuncian que la alcaldesa no puede conceder licencias, porque ella misma delegó esta competencia a la Comisión de Gobierno el 27 de junio de 2003. Además, mantienen que la alcaldesa debería haberse abstenido en el procedimiento porque el querellado es asesor personal y, por lo tanto, persona de confianza. "En la actualidad, Núñez, aprovechando su cargo honorífico, está llevando a cabo más de 20 proyectos particulares en el municipio. Esto es totalmente ilegal, porque es juez y parte", asegura Florentino Serrano.
"Estoy harta"
La regidora declara que está "harta de todas las denuncias que interpone Serrano". "No voy a estar todo el día respondiendo a sus denuncias. Yo me dedico a trabajar para mis vecinos", dice. En cuanto a la segregación aprobada por García sostiene que "es una parcelación como otra cualquiera".
El grupo independiente de Quijorna también ha denunciado ante la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos y contra la Corrupción las recalificaciones y ventas de fincas llevadas a cabo por la alcaldesa y los dos concejales del PSOE, Juan José Cerrato y Fernando Díaz-Guerra, a Sanedi (empresa del grupo San Román, vinculado a la Operación Malaya). El PP gobierna con el apoyo de los dos ediles del PSOE. El Partido Socialista de Madrid (PSM) abrió un expediente a sus dos concejales a finales de septiembre, por votar a favor de unos planes parciales que reducen el número de vivienda protegida en varias zonas.
Los independientes explican en su denuncia que el borrador del Plan General, que prevé convertir Quijona en una ciudad de 60.000 habitantes, pretende recalificar terrenos rústicos de especial protección pertenecientes a los cargos y familiares directos del equipo de gobierno municipal. La empresa Plarquin (de la que era socio el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto) redactó el avance del Plan General www.elpais.es 02.11.06
LA ALCALDESA DE QUIJORNA VENDIÓ UNA ALAMEDA PROTEGIDA A UN CONSTRUCTOR Y LUEGO LA RECALIFICÓ (29/09/06)
La alcaldesa de Quijorna, Mercedes García, del PP,
ha vendido a Sanedi, una empresa del grupo San Román, una alameda de 3.750 m2 calificada por el actual ordenamiento del municipio (aprobado hace cuatro años) como zona protegida por su valor ambiental. Pero en el nuevo avance del plan general, la finca se recalifica y adquiere edificabilidad. La regidora asegura que no ha aprovechado su cargo político para beneficiarse con esta venta y que diferentes personas del pueblo, adscritas a otros grupos políticos, también poseen propiedades que se tratan de la misma forma. El Ayuntamiento adjudicó la redacción del avance del plan a Plarquin, empresa de la que era socio Enrique Porto, director general de Urbanismo.El sabor a pueblo todavía permanece intacto en Quijorna, una localidad de 2.325 habitantes, sita a unos 35 kilómetros de Madrid, rodeada de montes preservados y de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio. El municipio también está próximo a localidades ya desarrolladas urbanísticamente como Majadahonda o Villanueva de la Cañada.
Pero el aspecto de pequeña localidad no le durará mucho. Los planes del actual equipo de gobierno pasan por una enorme expansión urbanística del pueblo. El nuevo avance del plan, todavía en tramitación, pretende llevar al municipio a 60.000 habitantes y declarar urbanizable todo el suelo, excepto las zonas intocables de la ZEPA y los montes preservados. El planeamiento contempla recalificar 1.067 hectáreas, el 40% del término municipal. "Pero en un espacio de entre 20 y 25 años", aclara la alcaldesa de la localidad.
Estos planes multiplican por 11 el suelo declarado urbanizable actualmente, cuyas normas fueron aprobadas hace sólo cuatro años. Dentro de las zonas protegidas que pasarán a computar como suelo edificable, se encuentran varias fincas situadas en medio de una alameda. Están calificadas como espacios singulares, carrizales y espacios catalogados de especial protección de cauces y riberas.
Una de ellas, la parcela número 286, situada en el polígono 3, pertenecía a la actual alcaldesa y a su marido, hasta que decidieron venderla a la promotora Sanedi (perteneciente al grupo de Fidel San Román, vinculado a la Operación Malaya) por 270.455 euros, cuatro veces más de lo que se paga habitualmente en el municipio por un espacio como éste, en el que no se puede construir.
El cuñado de la alcaldesa, Enrique Serrano Pedrazuela, también vendió a la misma empresa tres fincas (dos de ellas con protección ambiental). Según información de la oposición, Sanedi se ha hecho con alrededor de un millón de m2 en el municipio.
¿Qué interés puede tener una empresa constructora en adquirir terrenos en los que no se puede edificar? La respuesta llega con el avance del plan general, donde estos suelos se transforman en redes públicas de zonas verdes y espacios libres. Es decir, los suelos que antes carecían de edificabilidad por su protección ambiental adquieren derechos para construir viviendas. No en la zona de la alameda, que continuará siendo verde, sino en otro lugar del municipio.