AGUIRRE, GONZÁLEZ Y GRANADOS CITADOS A DECLARAR POR EL ‘CASO DE LOS ESPÍAS’

Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, y su entonces vicepresidente, Ignacio González, y Francisco Granados, consejero de Justicia, han sido citados a declarar en calidad de testigos en la Audiencia de Madrid por el caso de espionaje que salpicó al gobierno regional.

OKDIARIO ha podido saber que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el ex vicepresidente, Ignacio González; y el ex consejero de Interior, Francisco Granados, entre otros, han sido citados a declarar en calidad de testigos ante el tribunal de la Audiencia de Madrid que juzgará el ‘caso de los espías’.

El juicio por el conocido como caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, un escándalo que estalló hace diez años en el que se acusaba de llevar a cabo una trama de espionaje orientada a seguir los pasos de adversarios políticos de la ex presidente de la comunidad, Esperanza Aguirre, dentro del propio Partido Popular, arrancará el próximo 4 de febrero y finalizará el día 22 de ese mismo mes y se celebrará con un jurado popular.

En el banquillo de los acusados se sentarán tres guardias civiles, un funcionario público, y dos agentes de la policía nacional -entre ellos se encuentra el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón-, acusados todos ellos por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Las fuentes consultadas por OKDIARIO cuentan que entre los citados a declarar también se encuentra Salvador Victoria, el que fuera consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Aguirre y portavoz de la comunidad y consejero de Presidencia y Justicia durante la etapa de Ignacio González.

Después de que la juez de Plaza de Castilla Carmen Valcarce archivara estas investigaciones que se iniciaron en 2009 y tres veces la Audiencia de Madrid ordenara reabrirlas estimando los recursos del abogado del PSOE, Wilfredo Jurado, finalmente la juez tuvo que dictar un auto de apertura de juicio oral en contra del criterio de la fiscalía.

Ahora la Audiencia de Madrid determina que sí existen hechos enjuiciables que culpen a los acusados de “proceder durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008 a realizar seguimientos a terceras personas, actividad que no estaba dentro de su trabajo, utilizando para ello y dentro de su jornada laboral medios que la Comunidad de Madrid ponía a su disposición destinando en consecuencia esos medios y el coste que suponían a una actividad ajena a su trabajo”.

https://okdiario.com/espana/2019/01/16/aguirre-gonzalez-granados-citados-declarar-caso-espias-3582622

EL JUICIO POR EL ESPIONAJE A CIFUENTES, COBO Y PRADA SE CELEBRARÁ DESPUÉS DEL VERANO

La causa será juzgada por un jurado popular, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa al director de Seguridad en la época de Aguirre y a otras cinco personas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechaza el recurso de apelación de tres de los acusados, en el que pedían investigar a Granados y a González por formar parte de una presunta "organización criminal"

El juicio a los presuntos espías que habrían realizado en 2008 seguimientos al que fuera vicealcalde de Madrid Manuel Cobo, al exconsejero de Justicia Alfredo Prada y a otros políticos madrileños, entre ellos a la que entonces era diputada regional Cristina Cifuentes, se celebrará antes de las próximas elecciones autonómicas de 2019, en plena batalla por la disputa de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, informa Europa Press.

El nombre de Cifuentes como posible espiada surgió en el transcurso de la declaración ante una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid de dos guardias civiles acusados en esta causa, quienes revelaron el 4 de marzo de 2016 que por orden de Ignacio González se había espiado a Cifuentes cuando era vicepresidenta de la Cámara autonómica, así como a otros políticos como Alberto Ruiz Gallardón y a los socialistas Manuel Robles y Pedro Castro.

La causa instruida por la jueza Carmen Valcarce será juzgada por un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid, cuyos miembros tendrán que decidir sobre los hechos de los que se acusa al director de Seguridad en la época de Esperanza Aguirre, Sergio Gamón, y a otras cinco personas, tres de ellos guardias civiles.

Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que rechaza la pretensión de tres de los procesados para no celebrar la vista por un tribunal compuesto por ciudadanos. Ahora la causa que se sigue por un delito de malversación de caudales públicos será devuelta a la Audiencia para el señalamiento de la vista, que tendrá lugar previsiblemente después del verano.

En concreto, el Alto Tribunal madrileño rechaza el recurso de apelación presentado por el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado. En el banquillo de los acusados también se sientan el entonces número dos de Gamón, Miguel Castaño Grande, y el guardia civil Luis Caro.

En la citada Comisión de Investigación, el acusado Antonio Coronado aseguró que el expresidente regional Ignacio González había sido el que le había ordenado seguir a Cristina Cifuentes y al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

Precisamente en el recurso se pedía sin éxito investigar al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y a González por formar parte de una presunta "organización criminal", que "operó con funcionarios de distintas administraciones públicas" y que utilizó a los acusados como "escudos para ocultar sus presuntas actividades delictivas".

Fue Manuel Cobo, exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, quien abrió la caja de pandora al denunciar que había sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el exconsejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

La causa de los presuntos espías llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo. La Fiscalía no ejercerá acusación. Sí lo hará el PSOE, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Previsiblemente Granados, exsecretario general del PP de Madrid, comparecerá en la vista como testigo. Ya lo hizo en la instrucción para explicar una reunión en la que los guardias civiles acusados le comentaron que les estaban obligando a realizar los seguimientos.

Hace unas semanas, Granados, en la sede de la Audiencia Nacional, y en el marco de la trama Púnica, aludía a una relación personal entre González y Cifuentes, que la habría hecho conocedora de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Aseguró entonces el exsecretario popular el distanciamiento entre ambos se produjo tras una "ruptura sentimental".

También podría testificar la propia Cifuentes, quien este mismo miércoles aseguró en la rueda de prensa en la que anunció su renuncia que había sido vigilada. Dentro de esa mafia que la espió, Cifuentes enmarcó el vídeo en la que se la ve robando unas cremas, unos hechos que precipitaron su dimisión tras estar varias semanas bajo el foco de atención por el asunto del máster.

Abogacía de la Comunidad

Con Cifuentes como presidenta, la Abogacía de la Comunidad de Madrid solicitó en su día la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Abogacía de la Comunidad entendía, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/04/26/el_juicio_los_espias_cifuentes_otros_cargos_comunidad_madrid_celebrara_despues_del_verano_82201_1012.html

EL HOMBRE DE CONFIANZA DE IGNACIO GONZÁLEZ GUARDABA UN MANUSCRITO SOBRE LOS ESPIADOS DEL PP DE MADRID Y SUS LLAMADAS Y MENSAJES

La UCO encontró en las oficinas de Ildefonso de Miguel un esquema sobre las relaciones de quienes fueron objeto de espionaje en el PP de Madrid: Gallardón, Cobo, Prada y Carmen Rodríguez Florez, amiga íntima del extesorero Lapuerta

El gráfico, al que ha tenido acceso infoLibre, subraya el círculo que envuelve el nombre de la actual presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, y la cita tres veces

El exgerente del Canal de Isabel II, en declaraciones a este periódico, niega ser el autor del documento, aunque admite que estaba en su poder

Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II entre 2004 y 2009 y hombre de máxima confianza de Ignacio González, guardaba un manuscrito al que ha tenido acceso infoLibre y que describe las relaciones y el tráfico de llamadas y mensajes telefónicos que entre sí y con terceros mantenían los principales dirigentes del PP madrileño que a finales de la pasada década fueron objeto de espionaje en el PP de Madrid: Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Alfredo Prada y Carmen Rodríguez Flores, en aquel momento persona muy próxima a Álvaro Lapuerta, hoy extesorero del PP y exonerado en el caso Gürtel por "demencia sobrevenida". Elaborado a modo de esquema, el manuscrito incluye otros nombres de relevancia. Entre ellos, el de Cristina Cifuentes, hoy presidenta de la Comunidad de Madrid. De Miguel niega haber sido el redactor del manuscrito: "Esa no es mi letra", se limitó a decir a preguntas de este periódico, aunque admitió que el documento estaba en sus oficinas y que fue incautado en el registro de la Guardia Civil.

En una de las esquinas del texto figuran dentro un rectángulo las iniciales "MR" junto a una flecha lateral que acaba junto al siguiente texto: "Mensajes móviles". De ahí parte na nueva línea que, previa parada en "mujer de Juan José Lucas" –expresidente de Castilla y León– eso último escrito junto al apellido del leonés "Prada", desemboca en su paisano "Cobo". Este diario no ha logrado saber si la anotación "MR" se refiere a Mariano Rajoy.

En marzo de 2017, y tras varios intentos de dar cerrojazo a la causa a lo largo de ocho años, la juez encargada de investigar la denuncia de los espiados del PP se vio forzada a ordenar la apertura de juicio contra seis procesados, aunque todavía no hay fecha para la vista. Los seis, presuntos responsables del espionaje, habían sido subordinados de Francisco Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño hasta 2011 a la par que consejero de Presidencia e Interior, principal investigado por corrupción a gran escala en la Operación Púnica y enemigo acérrimo de Ignacio González. Dos de los inculpados habían sostenido tanto en sus declaraciones judiciales como en sus respectivas comparecencias ante la Asamblea de Madrid que quien realmente ordenó los seguimientos fue Ignacio González.

En el esquema, un gran círculo envuelve una elipse que encierra el apellido "Gallardón". En posición subordinada, otro círculo menor contiene el apellido "Cobo", su mano derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Es de ahí de donde parten las flechas principales. "Llamada??", se lee junto a una de ellas, que conduce a un grupo de iniciales y palabras cuyo significado son una incógnita y que a su vez derivan en un rectángulo: el de "M.R.". Otra de las flechas termina en el círculo correspondiente a "Prada", por el exconsejero de Justicia Alfredo Prada, otro de los espiados y a quien Aguirre defenestró en 2009 para asignar su departamento a Francisco Granados. Una tercera flecha, acotada por la palabra "mensajean" lleva de Cobo a Cifuentes. En 2009, la ahora presidenta dirigía el Comité de Garantías del PP de Madrid, que en el otoño de ese año propugnó la suspensión de Manuel Cobo después de que este acusara a Aguirre y los suyos de haber montado "una gestapillo".

Las referencias a Cifuentes

El nombre de Cristina Cifuentes es el único que en el gráfico aparece rodeado por una línea de trazo remarcado. El texto cita a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid tres veces. La primera emerge en el espacio central del árbol bajo una flecha de trayectoria ascendente que conduce a "Cobo" y junto a la que se lee una sola palabra –"mensajean"–; otra flecha, esta lateral, lleva hasta "Paloma Adrados", hoy presidenta de la Asamblea de Madrid, y en medio se interpone "Sañudo", apellido del diseñador Rafael Sañudo, amigo de la presidenta desde hace años y director del vídeo de campaña de Esperanza Aguirre en 2007; y una tercera flecha descendente que, interrumpida por el vocablo "llamadas", conduce a una leyenda dividida en dos por una línea horizontal: "Anónimos/I. Gallego". Es decir, Isabel Gallego, durante años directora de comunicación del Gobierno de Madrid y figura clave en el equipo de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

La segunda referencia a Cifuentes es una críptica anotación donde bajo el texto "F. Anticorrupción. 8.000 folios" aparecen tres palabras en la misma línea: "Moñoplasta", "tesorero" y "Montealina". Moñoplasta era el apodo despectivo con que algunos aguirristas aludían a Carmen Rodríguez Flores, amiga íntima del histórico tesorero del PP Álvaro Lapuerta. Y "Montealina" –en realidad es Monte Alina– es el nombre de una urbanización de lujo del municipio de Pozuelo de Alarcón donde José María Aznar y Ana Mato fueron vecinos a la vez que el de un señero restaurante de esa zona. Este "tesorero" conduce con una flecha a "Antonio Vileda", presumiblemente el empresario Antonio Vilela, que estuvo imputado en los papeles de Bárcenas, y a quien el gráfico conecta, flecha mediante, con Cifuentes. Debajo, Ricardo Romero de Tejada, que fue secretario general del PP y adquirió máxima relevancia tras el tamayazo que en 2003 aupó al PP al Gobierno de Madrid. Y en medio, dos empresas: "Sando y Azvi". Ambas aparecen también en los papeles de Bárcenas.

El contexto de la tercera mención a Cifuentes es otra lista de nombres: "Prada, Cifuentes, Nieves" son los tres primeros, este último seguido de un número de móvil y la palabra "ordenadores". Le siguen "Cobo/Berzal", este segundo un estrecho colaborador durante su etapa municipal del vicealcalde. Después, "Pablo Sebastián, tesorero, Román Cendoya". El primero y el tercero son periodistas. Pablo Sebastián aparece –"Pablo Sebast"– también en el espacio central del gráfico en un rectángulo vinculado a Cifuentes por dos flechas: en una, la etapa intermedia es lo que parece ser "Blas Herrero", empresario radiofónico, la otra es directa. Sobre el nombre de Pablo Sebastián se lee esto: "Mujer Pablo EMV/ Partido Isabel Pinilla". Esposa del periodista, Pinilla fue directiva de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid en los gobiernos de Gallardón y su sucesora, Ana Botella. Actualmente, es la directora gerente de la Agencia Social de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, el antiguo Ivima. En ocasiones usuario del seudónimo Marcelo, Pablo Sebastián dedicó algunos artículos a atacar a Ignacio González y su entorno.

"Un esquema de inteligencia de relaciones"

Contactado este martes, De Miguel reconoció que la Unidad Central Operativa (UCO) encontró el documento en sus oficinas pero negó su autoría y rehusó hacer ningún otro comentario. Personas de su entorno definieron en cambio el manuscrito como un simple "esquema de inteligencia de relaciones" confeccionado por alguien en un momento de máxima tensión interna: el bienio final de la pasada década, cuando Aguirre se propuso desbancar a Mariano Rajoy como líder del partido, librarse definitivamente de Gallardón y su grupo y hacerse con el control de Caja Madrid, en cuya cúpula estuvo a punto de colocar a Ignacio González.

¿Cómo podía nadie saber quién había llamado a quién o quiénes cruzaban mensajes telefónicos entre sí, que es lo que sugiere el manuscrito? Las fuentes del entorno de De Miguel aventuraron la siguiente hipótesis: que en un ámbito político tan cerrado como el de un partido –en este caso el PP de Madrid– todo el mundo termina sabiendo esas cosas. Cuando este diario insistió en que el supuesto control telefónico constituye por definición una pieza básica en cualquier modelo de espionaje, las mismas fuentes subrayaron su incapacidad para ofrecer una explicación certera dado q ue desconocen quién hizo el gráfico. Muy posiblemente –es su versión– algún participante de alguna reunión celebrada en casa de Ildefonso de Miguel y que dejó allí el papel.

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/02/07/el_hombre_confianza_ignacio_gonzalez_guardaba_manuscrito_sobre_los_espiados_del_madrid_sus_llamadas_mensajes_74963_1012.html

A JUICIO EL CASO DEL ESPIONAJE A MANUEL COBO Y ALFREDO PRADA

Tres funcionarios y otros tres guardias civiles, acusados de espiar a varios políticos madrileños

Un juzgado de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra tres funcionarios y otros tres guardias civiles por el espionaje presuntamente cometido en 2008 sobre Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de la Comunidad de Madrid. A través de un auto, la magistrada de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha ordenado que el caso sea juzgado, en contra del criterio de la Fiscalía, después de que se haya archivado y reabierto otras tantas veces por orden de la Audiencia de Madrid.

Los seis procesados están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar en 2008 a Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid Manuel, y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños. Un jurado popular se encargará de valorar si los seis acusados cometieron un delito de malversación de caudales públicos.

Entre los procesados se encuentra Sergio Gamón, ex director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, y el guardia civil Francisco Careo Vinagre, que se encuentra investigado en la trama Púnica por el supuesto chivatazo a Francisco Granados. También se sentarán en el banquillo los funcionarios y guardias civiles Miguel Castaño Grande, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez.

De acuerdo con el criterio de las acusaciones que ejercen el PSOE, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad, la Audiencia cree que procede juzgar a los seis acusados, que prestaban sus servicios en la Dirección General de Seguridad de Madrid, por los seguimientos en marzo, abril y mayo de 2008 sin tenerlos encomendados.

Varios de los acusados han comparecido en la comisión de investigación abierta en la Asamblea de Madrid. Uno de ellos, Antonio Coronado, aseguró que el expresidente regional Ignacio González ordenó seguir a la actual presidenta, Cristina Cifuentes, y al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón

https://elpais.com/politica/2017/03/24/actualidad/1490368814_062942.html

GONZÁLEZ DESMIENTE A COBO EN EL CASO DEL ESPIONAJE

El vicepresidente, Ignacio González, asegura que el espionaje no existió, mientras que el vicealcalde, Manuel Cobo, afirma que hubo trama

Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, ha negado hoy de forma tajante e insistente la existencia de seguimientos a miembros del Gobierno regional en 2008, y por lo tanto, haberlos ordenado. “Es absolutamente falso”, ha insistido una y otra vez durante la comparecencia ante la comisión de investigación de la corrupción de la Asamblea de Madrid. Los diputados le llamaron hace un año, pero alegó un viaje y no acudió a la cita. González ha argumentado que los parlamentarios estaban intentando hacer de la “mentira, verdad”, porque el “jamás” ha tenido responsabilidades en el ámbito de seguridad o interior y el juzgado ha archivado la causa “por tres veces y la fiscalía ha vuelto a solicitarlo”.

Su declaración se ha producido tras la de Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid y presunta víctima del espionaje, que ha manifestado lo contrario y ha asegurado que el seguimiento existió. Otro de los presuntos afectados, el exconsejero Alfredo Prada, manifestó ante la misma comisión en abril del año pasado que había sido objeto de seguimiento.

González respeta la opinión de Cobo, pero lo que se ha demostrado es que eso no se produjo “nadie ordenó espiar a nadie”. Como prueba el expresidente ha esgrimido que “la mayor parte de las personas que han declarado al respecto lo han negado”. Entre ellos, el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, exsenador y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, que declaró desde la cárcel de Estremera.

En cuanto al informe de los abogados de la Comunidad de Madrid en el que se reconoce que existieron labores de seguimiento, González dice desconocerlo, por lo que para él tampoco es una prueba a tener en cuenta.

El único caso de espionaje que González asegura que está documentado es el suyo cuando viajó a Colombia a finales de agosto de 2008. El expresidente ha explicado que se desplazaron allí por cuenta del Canal de Isabel II y que la agenda incluía una entrevista con el presidente Álvaro Uribe. Además, aprovecharon para comprobar el estado en el que se encontraban las sociedades del Canal. De ese viaje se elaboraron dos dosieres que posteriormente se filtraron a la prensa. González ha respondido a los parlamentarios que no conoce quien encargó el seguimiento. “Ya me gustaría, llevo ocho años con la denuncia interpuesta”.

González también ha rechazado la acusación de uno de los guardias civiles, que presuntamente participó en la trama, y que expuso ante la comisión parlamentaria que su jefe Sergio Gamón le había comunicado que las órdenes partían del entonces vicepresidente. El seguimiento habría partido de la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Comunidad de Madrid, creada en 2006. Alfredo Prada, entonces consejero de Presidencia, puso al frente de ella al inspector de policía nacional Sergio Gamón.

https://elpais.com/ccaa/2017/03/10/madrid/1489152243_194964.html

COBO CREE QUE “PROBABLEMENTE” LE ESPIÓ ALGUIEN DEL GOBIERNO DE AGUIRRE

El exvicealcalde ha declarado hoy ante la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid sobre el caso de los espías

Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid, y una de las personas que fue sometida a un supuesto seguimiento en 2008, sigue pensando que fue “espiado” y, aunque no sabe quién lo ordenó, está convencido de que “fue un cargo de la Comunidad de Madrid”. En cuanto a si podría provenir de su partido, ha mantenido que “probablemente” estaría dentro del Gobierno de la región (en aquel momento de Esperanza Aguirre), pero ha exculpado al PP en su conjunto, porque él también formaba parte del partido.

“Podría ser Francisco Granados o Sergio Gamón [exdirector de Seguridad de la Comunidad], que yo no sé si estaba en el PP”, ha dicho ante la comisión de investigación sobre la corrupción política de la Asamblea de Madrid. Esta “gestapillo”, como Cobo calificó hace tiempo al caso de los espías, “fue bastante casposa y cutre, siendo muy grave que se utilicen instrumentos públicos para seguir a un adversario”.

Cobo, que no ocupa ningún cargo público en este momento, ha asegurado a los diputados que tras publicar el diario EL PAÍS la información, preguntó sobre ello a la cúpula del partido de entonces: Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Alberto Ruiz-Gallardón. Habló “con todo el mundo”, ha puntualizado. En ese momento, le respondieron que lo desconocían, para más tarde, y según iban avanzando las investigaciones, asegurar que “era mentira y que tenía que pedir perdón”. Ha recordado que Granados dijo que era una invención del diario.

“Desde el primer día queremos que se aclare, pero no tenemos los medios”, ha asegurado. Tampoco cree que puedan existir muchos más elementos de investigación. En ese contexto, ha indicado que “no hay interés por parte de nadie en tapar esta historia”. Cobo ha arremetido contra el Gobierno encabezado por Esperanza Aguirre, que “negaba” el espionaje, mientras que el actual “no tiene nada en contra de que se descubra la verdad”, como demuestra que encargara a sus servicios jurídicos la elaboración de un informe.

El Ejecutivo de Cristina Cifuentes admitió ante el juez que investiga el caso que empleados a sueldo del Gobierno de Aguirre participaron en el caso de espionaje a políticos regionales. Los abogados de la Comunidad de Madrid emitieron un informe en el que queda acreditado que, “durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”. Los abogados afirman que los guardias civiles y policías implicados en el caso "cumplieron las órdenes dadas por su superior" (Sergio Gamón, de la confianza de Esperanza Aguirre) y emplearon "vehículos y móviles corporativos" para llevar a cabo "una operativa antijurídica".

El supuesto espionaje a Alfredo Prada (entonces consejero de Justicia) y Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) se produjo entre abril y mayo de 2008, en plena batalla por el poder dentro del PP tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Prada y Cobo se habían alineado con Rajoy en la disputa silenciosa que mantenía el presidente del PP con Esperanza Aguirre, que pensaba entonces en la posibilidad de presentar su candidatura para liderar el partido. Cobo ha restado importancia a esa circunstancia, e incluso la ha negado. El procedimiento judicial por el caso de los espías continúa abierto, a pesar de que la fiscalía pidió en noviembre de 2016 el sobreseimiento provisional del caso, debido a que no apreciaba suficientes indicios que acrediten un delito de malversación de caudales públicos.

https://elpais.com/ccaa/2017/03/10/madrid/1489143863_468347.html

LA JUEZA DEL ESPIONAJE DEL PP DEJÓ INDEFENSOS A LOS 'CABEZAS DE TURCO' DE MOIX Y OLIVERA

La magistrada Valcarce rechazó todos los testigos, pruebas e interrogatorios solicitados por las víctimas del montaje para encubrir a los líderes del PP de la Comunidad de Madrid dirigido por Aguirre, implicados en el escándalo del espionaje interno del partido. El sargento de la Guardia Civil José Oreja presentó numerosas alegaciones, escritos y denuncias para demostrar su inocencia que fueron denegados. El fiscal Manuel Moix siguió acusándole mientras exculpaba a los políticos

Se llama "indefensión" y la padece un investigado cuando se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento judicial. Eso es lo que padecieron varios de los acusados en el caso del espionaje interno del PP en la Comunidad de Madrid, auténticos cabezas de turco del montaje policial y fiscal diseñado para encubrir, a partir de 2009, a los dirigentes políticos que ordenaron seguimientos ilegales de altos cargos de ese partido un año antes.

En el artículo anterior de esta serie se explicó cómo el entonces jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera –después ascendido a director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)–, y el fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix –después ascendido al Tribunal Supremo y a fiscal jefe de Anticorrupción, cargo del que tuvo que dimitir en poco tiempo–, se saltaron las leyes y violaron los derechos constitucionales de varios investigados, por lo que incluso recibieron una reprimenda de la magistrada del Juzgado de Instrucción Nº5 de Madrid, Carmen Valcarce.

Sin embargo, después de ese auto –en el que la jueza amonestaba severamente al fiscal Moix por reclamar a Movistar información sobre teléfonos de encausados sin previa autorización judicial– la magistrada se limitó a cumplir todas y cada una de las propuestas de ese mismo Ministerio Público, sin revisar hechos evidentes en la causa. Para empezar, los dos principales denunciados por las víctimas del espionaje, Sergio Gamón y Miguel Castaño –director y subdirector de la Dirección de Seguridad de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) desde la que se ordenaron los seguimientos–, no fueron investigados en ningún momento, pese a que todos los indicios les apuntaban.

Todo el montaje se hizo para encubrir a Gamón y Castaño, hombres de confianza de Esperanza Aguirre

Pero además, en su celo por ceñirse exclusivamente a la instrucción diseñada por el fiscal Moix –con la manifiesta intención de encubrir a Gamón y Castaño, ambos hombres de confianza de la líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre–, la jueza Valcarce rechazó todos y cada uno de los escritos, estudios, alegaciones y propuestas de testimonios y de toma de declaraciones presentados por algunos de los injustamente acusados, sobre todo del sargento de la Guardia Civil, José Oreja. Y específicamente las pruebas que demostraban que Castaño había mentido en su declaración en el juzgado:

Escrito de Oreja al Juzgado 5 con las pruebas de que Castaño ha mentido en su declaración sobre el caso espionaje del PP.

En esas "Manifestaciones de hechos" y sus anexos, Oreja –y el funcionario José Manuel Pinto, falsamente acusado de haber escrito los partes de los seguimientos–, solicitaron a la jueza que practicase una serie de diligencias de puro sentido común y que habrían demostrado su inocencia. Pero, como el fiscal Moix se oponía a todo lo que pudiera estropear el montaje de encubrimiento, la magistrada no ordenó efectuar ninguna de ellas. ¡Ni siquiera un peritaje caligráfico de Pinto, supuesto autor de los partes!

Ni se solicitaron los posicionamientos de los jefes del operativo ni se tomó declaración a los policías asesores

Ni se solicitaron a Telefónica los posicionamientos de los móviles de Gamón y Castaño, pese a que eran los jefes del equipo al que se atribuía el espionaje; ni se tomó declaración a los tres policías asesores del operativo, empezando por José Manuel Rodríguez González –otros de los denunciados del que tampoco se solicitó información a Hacienda ni a Movistar–; ni se citó a declarar a la ex cónyuge de Gamón, Yolanda Laviana, pese a que declaró a El País que su marido dirigió el espionaje...

Sobre todo ello llamaron los acusados la atención a la jueza una y otra vez, sin resultado. Igual que la alertaron de que en el sumario no figuraba el escrito de respuesta de Telefónica al mandamiento inicial que libró el fiscal Moix –sin autorización ni conocimiento de la magistrada–, a pesar de que en la siguiente respuesta al despacho cursado por la jueza, Telefónica constata que envió dicho escrito, como se puede leer en este fragmento:

Respuesta de Telefónica al despacho de la jueza Valcarce.

Más aún, en el escrito a la jueza, se solicita una diligencia con Telefónica que debería haber alertado a la magistrada de que algo raro estaba ocurriendo:

"II.-Como consecuencia de esta última actuación por parte de la Fiscalía, se produjo una reunión entre la Dirección de Telefónica España, con el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior [Francisco Granados] y los servicios Jurídicos de la CAM, solicito de Su Señoría que pida a Telefónica España, el acta de dicha reunión, o los términos en que se produjo la misma y los nombres de los asistentes".

Tampoco hace caso la jueza del hecho de que en uno de los partes de los seguimientos (efectuado en la Consejería de Interior de la CAM), tal como se expone en el escrito dirigido a ella:

"...se hace referencia a la llegada del conductor de "nuestro director (Sergio)", que estaciona en la Calle Miguel Ángel, de lo que puede deducirse que se está refiriendo al Director General de Seguridad de dicha Consejería en dicha época Sergio Gamón. Además en otro parte se manifiesta que "nosotros nos dirigimos a la reunión que tenemos en la D.G.", de lo que se interpreta que tienen una reunión en la Dirección General".

"Finalmente, en otro parte se señala que "nos desplazamos a la Dirección con requerimiento de Miguel", lo que puede interpretarse que se dirigen a la Dirección General a requerimiento de Miguel Castaño, que era el Subdirector de Seguridad en esa época".

Castaño testificó en el juzgado que no conocía a acusados con lo que había cruzado 128 llamadas de teléfono en 18 días

"Amén de lo anterior [continúa el escrito], el Sr. Gamón y el Sr. Castaño figuran en el procedimiento como denunciados. A pesar de todo esto la UDEF, les excluye de la investigación sobre sus teléfonos, así como de la investigación de sus datos económicos ante la Agencia Tributaria. A esto hay que sumar que la UDEF, elabore el informe sobre los posicionamientos exclusivamente focalizado en los tres Guardias Civiles, eludiendo los datos de vital importancia que figuran en los Anexos I y II que acompañan a este escrito y permitiendo, por tanto:

1º que no se les llame a declarar

2º cuando tienen que ir de manera forzada, puedan alegar que NO NOS CONOCEN y tener responsabilidad jerárquica sobre nosotros".

Porque en su declaración en el juzgado como testigo, y con obligación de decir verdad, Castaño asegura que no conoce ni tiene ninguna relación con los acusados, pese a que en los partes figuran 124 llamadas con ellos en 18 días, de las que 63 son llamadas entrantes desde el teléfono oficial de Castaño.

Se hizo callar al comisario que desentrañó la trama

Por si todo esto no fuera suficiente como para que la jueza se aperciba de que la instrucción está omitiendo premeditadamente a los principales sospechosos, en este escrito se subraya algo que ya se había puesto de manifiesto en otro escrito anterior:

"La desconfianza de los sres. Gamón y Castaño llegó a tal extremo que a mediados del mes de mayo de 2008, nos mandan como supervisor a uno de los Policías de su total confianza, en concreto D. José Manuel Rodríguez González. Los días en los que permanece con nosotros, le obligamos a elaborar las notas diarias y a entregárselas al Director o Subdirector...". Es un error grave, que la Policía haya eludido esta realidad, porque además, sus posicionamientos coinciden con siete partes (base fundamental de la investigación)".

De todo esto quedaba más que claro que en realidad no se estaba investigando lo realmente ocurrido, ni se pretendía desvelar la verdadera trama del espionaje interno en el PP. Por tanto, ¿cómo era en realidad aquella trama?

Para explicar semejante enredo, desentrañado por el comisario que lo investigó a fondo pero fue obligado a callar, será necesario un nuevo artículo.

http://m.publico.es/politica/2010064/la-jueza-del-espionaje-del-pp-dejo-indefensos-a-los-cabezas-de-turco-de-moix-y-olivera

MOIX Y OLIVERA SE SALTARON LAS LEYES PARA TAPAR EL ESPIONAJE ENTRE LÍDERES DEL PP EN MADRID

El ex fiscal jefe Anticorrupción y el hoy director del Centro de Inteligencia sobre Terrorismo y Crimen Organizado requirieron a Telefónica, saltándose a la jueza, datos personales de funcionarios y guardias civiles para acusarlos falsamente y así encubrir a altos dirigentes del PP de la Comunidad de Madrid como Ignacio González y Francisco Granados. Moix era el fiscal superior de Madrid; Olivera dirigía la UDEF y tres años después pondría en marcha la 'brigada política' de Interior

Quizá sea el caso más vergonzoso y delictivo de los ideados en las cloacas del Estado, ya que no sólo se encubrió a políticos corruptos sino que para ello se destruyó a funcionarios inocentes.

Los dos máximos responsables de combatir la delincuencia económica, en la Policía y en la Fiscalía de Madrid, actuaron fuera de la Ley –según ha podido verificar Público al obtener los documentos originales– para encubrir a los líderes del PP mediante un montaje jurídico-policial que provocó el encausamiento de varios inocentes; funcionarios y guardias civiles cuyas carreras quedaron arruinadas mientras se iban de rositas los verdaderos cabecillas del escándalo del espionaje interno en el Partido Popular que estalló en 2009.

La maniobra ilícita fue posible porque el entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix Blázquez, cumplió las instrucciones del comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera Serrano, para investigar selectivamente a esos guardias –que precisamente se habían negado a participar en la trama– y dejar fuera de las pesquisas a los jefes de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, quienes ordenaron los seguimientos. Además estos últimos, Sergio Gamón Serrano y Miguel Castaño Grande, encabezaban la lista de denunciados –como se puede ver en el documento que se muestra en el margen izquierdo [clicando en el extremo superior izquierdo, se amplía]– por dos de las víctimas del espionaje: el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo Vega y el consejero de Justicia Alfredo Prada Presa.

A pesar de que en la denuncia que origina la causa queda claro que los dos principales denunciados son Gamón (director general de Seguridad de la CAM y hombre de confianza de la líder del PP de Madrid, Esperanza Aguirre) y Castaño (policía procedente del Canal de Isabel II que fue nombrado subdirector cuando Prada estaba de vacaciones), ninguno de los dos aparece en la propuesta de investigación que dirige Olivera a la Fiscalía para "para tratar de esclarecer la identidad de las personas que pudieran haber participado en los seguimientos a los que habían sido sometidos D. Alfredo PRADA y D. Manuel COBO":

Más aún, en su propuesta Olivera incluye un solicitud a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de datos fiscales confidenciales (de 2007 y 2008) de los siete cabezas de turco que ha escogido para que carguen con el mochuelo, incluido el asesor Marcos Peña Díaz, un comisario que acababa de ser trasladado desde la Policía a Protección Ciudadana de la Comunidad de Madrid pero que ni siquiera había entrada en funciones –por lo que no contaba con despacho ni con teléfono móvil– en las fechas investigadas (mayo de 2008). Como su designación sí se rubricó el día 7 de ese mes, Olivera creyó que podía incluirlo en el paquete de inculpados, al tiempo que excluía cuidadosamente a los jefes de la Dirección General de Seguridad, Gamón y Castaño, porque sabía que actuaban directamente a las órdenes de González y de Aguirre.

Moix también era plenamente consciente de todo ello, puesto que el propio denunciante Prada se había dirigido directamente a él una semana antes, solicitándole que interrogara a Gamón, y al funcionario José Manuel Pinto, al que una filtración interesada a El País identificaba como el que escribió los partes de los seguimientos: otra maniobra de intoxicación, puesto que el que los escribió fue Castaño, como pudieron observar varios testigos en esa Dirección de Seguridad. Éste es el fragmento final de la petición de "Justicia" que hace Prada a Moix el 11 de febrero de 2009:

Pero Moix desoyó todas las peticiones del denunciante, siguió al dedillo el plan de Olivera y, al hacerlo, cometió una gravísima irregularidad jurídica, que constituye un presunto delito de prevaricación, como veremos más adelante. Al día siguiente de recibir la propuesta del jefe de la UDEF, decreta rechazar la petición de interrogatorio de Gamon –a sabiendas de que es el jefe máximo de la Dirección desde la que se ordenó el espionaje– y emite otro decreto instando a Hacienda a entregar los datos fiscales confidenciales de los siete escogidos por Olivera [véase, en el margen izquierdo]. Tres días más tarde remite a la UDEF un "mandamiento dirigido a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria", que será respondido por esta última cuatro días después con "volcados de pantalla de nuestra Base de Datos".

Fragmento del envío a la UDEF del 'mandamiento' del fiscal Moix a la Agencia Tributaria solicitando datos confidenciales de investigados. La UDEF informó al fiscal de "los números de teléfono, obtenidos de forma confidencial y usados por los asesores de seguridad"

Poco más de una semana después, Moix recibe un nuevo escrito de la UDEF, en el que se le informa de "...los números de teléfono, obtenidos de forma confidencial y usados por los asesores de seguridad, que según dato publicado por el diario El País, son los principales sospechosos de los seguimientos". Quedan sólo seis cabezas de turco, puesto que Marcos Peña ha tenido que ser excluido porque ni siquiera tenía todavía móvil de la Dirección de Seguridad de la CAM en las fechas investigadas. Y es bien extraño que la UDEF decida a quién investigar según lo que pone una información periodística, y que tenga que recurrir a fuentes confidenciales para obtener los números de teléfono de agentes y guardias civiles.

Anuncio del fiscal Moix a la UDEF de que ha enviado un 'mandamiento' al director general de Movistar.

Moix anuncia que envía un "mandamiento" al director general de Movistar.

Sin embargo, ese mismo día 3 de abril el fiscal superior de Madrid reacciona fulgurantemente al informe de la UDEF y decreta solicitar al director general de Movistar los "posicionamientos durante los meses de marzo, abril y mayo del 2008, y singularmente durante el día 13 de mayo de 2008, de los siguientes números de teléfono"... También decreta: "Expídase el mandamiento solicitado haciéndose entrega del mismo a los funcionarios de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial para su diligenciamiento". Y aquí radica el presunto delito de prevaricación, puesto que ningún fiscal puede hacer "mandamiento" alguno solicitando datos en violación del secreto de las comunicaciones sin previa autorización judicial, tal como les recordará airadamente poco después la magistrada encargada del caso, Carmen Valcarce Codes, del Juzgado de Instrucción Nº5 de Madrid. En un durísimo auto, que se puede consultar íntegro al final de este artículo, la magistrada-juez constata:

La jueza pone por escrito una dura reprimenda al fiscal superior de Madrid por lesionar un derecho constitucional de los investigados

"El articulo 18.3 de la CE reconoce y garantiza el secreto de las comunicaciones; derecho fundamental que también se encuentra protegido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por los Convenios suscritos por España, entre otros por el Pacto Internacional de Nueva York de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Roma para la Protección de los Derecho Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950".

Y más adelante pone por escrito una dura reprimenda al fiscal superior de Madrid, al recordarle:

"En este sentido el Tribunal constitucional en Sentencias 49/96 de 26 de marzo, 54/96 de 26 de marzo, 86/95, etc, y recogiendo la doctrina sentada en esta materia por el TEDH establece "el derecho al secreto de las comunicaciones sólo puede ser limitado mediante una resolución suficientemente motivada. La existencia de un mandamiento judicial autorizando la intervención junto con la estricta observancia del principio de proporcionalidad en la ejecución de esta diligencia de investigación, constituyen exigencias constitucionales inexcusables que afectan al núcleo esencial del derecho al secreto de las comunicaciones, de tal modo que la ausencia de autorización judicial o la falta de motivación determinan, irremediablemente, la lesión del derecho constitucional"... [las negritas son mías]

En román paladino, la magistrada está advirtiéndole severamente al fiscal Manuel Moix que ha conculcado los derechos constitucionales de los investigados al ordenar la intervención de sus comunicaciones sin la autorización expresa de un juez. Gravísima violación de los derechos fundamentales por la que Moix tendrá que responder, ya que varios de los investigados han presentado una querella por ese motivo contra el que ha sido brevemente fiscal jefe de Anticorrupción.

Entonces, ¿por qué la jueza decide seguir adelante con unas actuaciones que claramente excluyen a los principales sospechosos del espionaje que se investiga? La respuesta es larga de explicar y habrá que darla en un nuevo artículo.

http://m.publico.es/politica/2009698/moix-y-olivera-se-saltaron-las-leyes-para-tapar-el-espionaje-entre-lideres-del-pp-en-madrid

MAZA TIENE UNA DENUNCIA CONTRA MOIX POR NO INVESTIGAR A GONZÁLEZ EN EL 'CASO ESPIONAJE'

Imputados en el proceso por el espionaje entre dirigentes del PP en la Comunidad de Madrid denuncian al fiscal general del Estado que el actual fiscal Anticorrupción encubrió al entonces vicepresidente de Esperanza Aguirre al omitir su deber de investigar a los responsables de la Dirección General de Seguridad de la CAM, que hubieran conducido a Ignacio González

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, va a tener que mojarse definitivamente sobre su –hasta ahora– cerrada defensa del que nombró fiscal Anticorrupción tal como deseaba el hoy encarcelado expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Porque Maza acaba de recibir una denuncia contra su protegido Manuel Moix, al que varios imputados en el caso espionaje (el seguimiento con detectives entre altos dirigentes del PP madrileño) acusan de haber protegido a González durante la instrucción de esa causa, al omitir su deber –cuando era fiscal superior de Madrid– de investigar a los responsables de la Dirección General de Seguridad de la comunidad, que hubieran conducido hasta quien en aquel entonces (2009) era el vicepresidente de Esperanza Aguirre.

Los denunciantes –los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, y el técnico en seguridad José Manuel Pinto– explican en su exhaustiva denuncia, de 21 páginas (que se puede ver íntegra al final de esta información) y varios anexos documentales probatorios, que deberían haberla presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, "pero como quiera que en la actualidad ostenta el cargo superior en esta institución D. Manuel Moix Blázquez, aquí denunciado, nos dirigimos ante la Fiscalía General del Estado" que encabeza Maza.

Moix consiguió que ni González ni ningún otro político del PP fuera encausado por el escándalo del espionaje entre ellos

Lo innegable es que, tras encargarse como fiscal superior de las diligencias sobre el caso espionaje, Moix consiguió no sólo que ni González ni ningún otro político del PP fueran encausados –a pesar de que se trataba precisamente de un escándalo de espionaje entre ellos– sino también que no se investigara a los responsables de ordenar esos seguimientos, empezando por Sergio Gamón, quien fue designado director general de Seguridad por voluntad personal de Aguirre.

Fue el propio consejero de Interior, Alfredo Prada, quien reconoció en su declaración ante la Fiscalía Superior de Madrid (el 23 de marzo de 2009) que creó aquella Dirección General de Seguridad y puso a Gamón al frente, "por petición expresa de la presidenta" de la Comunidad de Madrid. Y Prada –quien también sería víctima del espionaje– subrayó sus "tensas relaciones que acabaron siendo nulas con Sergio Gamón, debido a que éste, alardeando ante los alcaldes de sus buenas relaciones con la presidenta (Esperanza Aguirre) y con el vicepresidente primero (Ignacio González), ninguneaba y obstaculizaba el desarrollo del proyecto BESCAM” (Brigadas Especiales de Seguridad de la comunidad).

Así que Moix era plenamente consciente de que Gamón y su segundo (Miguel Castaño, policía procedente del Canal de Isabel II que fue nombrado subdirector cuando Prada estaba de vacaciones) actuaban directamente a las órdenes de González y de Aguirre. Hace sólo un mes, Prada corroboró esa declaración –que hizo ante la Fiscalía que dirigía Moix– en su comparecencia ante la Comisión Contra la Corrupción Política en la Asamblea de Madrid, a la que ratificó que no tuvo ningún trato con Castaño, al que recomendó Gamón. Así se expone en la denuncia:

"Las funciones que asumió la nueva Dirección General de Seguridad, ya existían y se desarrollaban en el Departamento de Seguridad dependiente de la Dirección General de Protección Ciudadana. Para mayor aberración, se creó sólo con las figuras del Director General y del Subdirector General. Los Consejeros D. Alfredo Prada Presa y su sustituto D. Francisco Granados Lerena, responsables directos del señor Gamón, ni decidieron su nombramiento, ni fueron capaces de controlar sus actuaciones, que obedecían a órdenes del entonces Vicepresidente Primero D. Ignacio González o de la Presidenta de la Comunidad Madrid Doña Esperanza Aguirre Gil de Biedma".

"A este respecto, hay que reseñar las reiteradas denuncias ante el Consejero D. Francisco Granados Lerena, de las actividades irregulares ordenadas por D. Sergio Gamón Serrano a los asesores de seguridad procedentes de la Guardia Civil", prosigue la denuncia.

Los denunciantes subrayan que Moix sabía perfectamente que los que habían ordenado el espionaje eran Gamón y Castaño y que sólo obedecían a González y Aguirre

Los denunciantes contra Moix subrayan que el hoy fiscal jefe Anticorrupción sabía perfectamente que los que habían ordenado el espionaje de dirigentes políticos del PP eran Gamón y Castaño –y que obedecían únicamente a González y Aguirre–, pero que no efectuó indagación ninguna sobre ellos, centrándose en cambio en perseguir a guardias civiles (como Oreja y Coronado) que precisamente se habían negado a seguir las órdenes de Gamón de espiar a diversos políticos conservadores.

Oreja y Coronado declararon eso mismo en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid –donde alertaron de que Gamón les había indicado que el espionaje se hacía por instrucciones directas de González–, pero el fiscal decidió investigarles sólo a ellos, a un técnico como Pinto –al que achacaban haber escrito los partes, sin que el Ministerio Público hiciese las pruebas periciales caligráficas oportunas– y a un asesor como Marcos Peña, quien ni siquiera estaba en la Comunidad de Madrid cuando se produjeron los hechos. Así logró que no apareciese imputado ninguno de los políticos ni responsables jerárquicos que ordenaron esos seguimientos.

En cambio, el fiscal superior ni siquiera investigó a los tres policías nacionales que figuraban como asesores y que estaban en los lugares de los seguimientos, según reveló el posicionamiento de sus teléfonos, pese a que fueron denunciados por las víctimas del espionaje. Tiempo después, dos de esos policías pasaron de vacaciones más de tres años disponiendo de medios públicos de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, como coches, teléfonos, etc., cuando ya era director de Seguridad Enrique Barón, quien ahora es es el comisario general de Información y puede optar a la Dirección Adjunta Operativa cuando se jubile en otoño Florentino Villabona.

Además, en ese presunto encubrimiento del espionaje en la Comunidad de Madrid participó la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), cuyo comisario jefe era José Luis Olivera y quien también obvió investigar a los responsables de todo ese operativo ilegal. Como se expone en la denuncia:

"La UDEF, no incluyó en su instancia a la Instructora, los nombres, ni los teléfonos del Director General de Seguridad, D. Sergio Gamón Serrano, ni del Subdirector General , D. Miguel Castaño Grande. Los señores Gamón y Castaño, figuraban denunciados en el proceso penal por los señores Prada y Cobo [Manuel, en aquel entonces vicealcalde de Madrid]. Sus nombres figuraban en los controvertidos “partes de seguimiento” y además eran los responsables funcionales de todas las personas que figuraban en el escrito remitido a la Compañía Telefónica España".

Todos los altos cargos que aparentemente participaron en maniobras para proteger a González han impartido cursos Schola Iuris, del excomisario Villarejo

Y aquí llegamos a una coincidencia francamente notable: todos estos altos responsables de la Fiscalía y la Policía que aparentemente participaron en maniobras para proteger a Ignacio González han impartido cursos –bien remunerados– en el instituto jurídico Schola Iuris, que controla (a través de las empresas Cenyt Consultoría y Cenyt & Argo) el excomisario José Manuel Villarejo, uno de los más destacados integrantes de la brigada política montada en Interior durante el mandato del exministro Jorge Fernández Díaz.

Tanto el fiscal general Maza como el fiscal Anticorrupción Moix pasaron por Schola Iuris, igual que Olivera, y los tres han actuado claramente en defensa de los intereses judiciales de Ignacio González, principal cabecilla del caso Lezo: el saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II en beneficio de unos cuantos dirigentes del PP y técnicos empleados por ellos.

Por tanto, ¿tienen relación todas estas maniobras con la corrupción política en la Comunidad de Madrid? Pues todo indica que sí, puesto que estos tres mencionados no son los únicos que han trabajado en favor de Ignacio González... como revelaremos próximamente.

http://www.publico.es/politica/espionaje-politico-madrid-maza-recibe.html

EL ESPIONAJE EN EL PP DE AGUIRRE LLEVA A SEIS PERSONAS AL BANQUILLO POR MALVERSACIÓN

El auto de apertura de juicio oral resalta que durante marzo, abril y mayo de 2008 los acusados utilizaron medios públicos que tenían asignados por la Comunidad para "seguir a terceras personas"

Un jurado popular se encargará de determinar si los procesados cometieron un delito al utilizar los teléfonos y vehículos de la Dirección General de Seguridad del Ejecutivo madrileño

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha acordado enviar al banquillo de los acusados por malversación a los espías a sueldo del Gobierno de la Comunidad liderado por Esperanza Aguirre, según un auto del pasado 13 de marzo.

En concreto, la magistrada ha dictado la apertura de juicio oral contra el que entre marzo y mayo de 2008 fue director general de Seguridad madrileño, Sergio Gamón Serrano, y el hombre de confianza del anterior, el subdirector general, Miguel Castaño Grande.

Los otros procesados son los exagentes José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, que están acusados de ser los autores del espionaje.

Los seguimientos, según ha confirmado la instrucción, tuvieron como objetivo a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González: el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

Un jurado popular

El auto, que especifica que serán juzgados por un jurado popular, considera probado que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008, "los acusados, funcionarios públicos, que prestaban sus servicios en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, con el fin de seguir a terceras personas, lo que no tenían encomendado, utilizaron medios públicos que tenían asignados por la Comunidad para el ejercicio de sus cargos, generando gastos indebidos".

La magistrada recuerda también que la Audiencia Provincial destacó que existen "indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos" respecto a los procesados, "los cuales realizaron seguimientos a terceras personas, actividad que no estaba dentro de su trabajo, utilizando para ello, y dentro de su jornada laboral, medios (coches, teléfonos..) que la Comunidad de Madrid ponía a su disposición para el ejercicio de sus cargos, destinando en consecuencia esos medios, y el coste que suponían, a actividades ajenas a sus respectivos trabajos".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/24/la_jueza_envia_banquillo_los_acusados_los_espias_del_gobierno_aguirre_62957_1012.html

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ACUSA DE MALVERSACIÓN A EXCARGOS DEL GOBIERNO AGUIRRE POR EL 'CASO ESPIONAJE'

El Ayuntamiento de Madrid, que está en la causa en nombre del exvicealcalde Manuel Cobo, asegura que éste fue espiado para saber "las personas con las que se reunía, los actos a los que acudía y quién le acompañaba"

La magistrada Carmen Valcarce acuerda la expulsión del PP como acusación popular al no haber formulado escrito de acusación: "Su presencia carece de finalidad jurídica"

El Ayuntamiento de Madrid, en representación del exvicealdalde del PP Manuel Cobo, presentó un escrito de conclusiones ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Carmen Valcarce, en el que acusa a seis excargos y exempleados de la Comunidad de Madrid de un delito de malversación de caudales públicos, según el documento al que ha tenido a acceso infoLibre.

El Consistorio madrileño, ahora gobernado por Ahora Madrid pero que ejerce la acusación en nombre del denunciante Manuel Cobo, responsabiliza en concreto al que entre marzo y mayo de 2008 fue director general de Seguridad del Ejecutivo encabezado por Esperanza Aguirre, Sergio Gamón Serrano, y que "impartió las órdenes", al mismo tiempo que dirigió las investigaciones y los seguimientos. Pero también contra el que fuera el hombre de confianza del anterior, el subdirector general, Miguel Castaño Grande, al considerar que también se aprovechó de sus cargos, por lo que les califica a ambos como cooperadores necesarios del espionaje.

El Consistorio, que no reclama penas de cárcel para ninguno de los acusados, solicita también el procesamiento de los exagentes José Luis Caro Vinagre, José Manuel Pinto Serrano, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, como autores del espionaje.

En nombre de Manuel Cobo

En concreto, la representación de Manuel Cobo asegura que los seguimientos se realizaron "por motivos ajenos a la finalidad de la Administración autonómica". Y en concreto, "estaban dirigidos a la investigación de las personas con las que se reunía, los actos a los que acudía y quién le acompañaba". Todo ello, según el escrito del Consistorio, "con un marcado fondo relacionado con la actividad en el aspecto de la política, no de la seguridad ni de sus funciones en el Ayuntamiento de Madrid".

Los acusados, personal al servicio de la administración de la Comunidad de Madrid, fueron destinados, según el escrito, "a las labores del servicio de vigilancia y seguimiento del vicealcalde de Madrid y otros cargos públicos, encargos que ocupaban sus jornadas laborales por completo y por las que se remuneraba con un salario mensual y dietas, y para las que se le facilitaba un material específico, que sin bien era compartido (excepto los teléfonos móviles), no era utilizado por otras personas de la administración".

Y las funciones que los excargos de Aguirre asignaron a los investigados, completa el escrito de acusación, "no forman parte de las previstas para la Comunidad de Madrid en materia de seguridad, por lo que tanto el dinero destinado a su salario como el que se utiliza para la compra y mantenimiento de material, que ha sido cuantificado, fue incorrectamente utilizado. Este dinero formaba parte de los fondos de la Comunidad de Madrid".

"Penalmente responsables"

La acusación de la Comunidad de Madrid también ha solicitado la apertura de juicio oral contra los acusados, al considerarlos "penalmente responsables" de un delito de malversación de caudales públicos de la Administración regional, entonces encabezada por Esperanza Aguirre, cuyo número dos era Francisco Granados, en prisión incondicional sin fianza desde hace más de dos años.

Presuntamente efectuados en 2008, los seguimientos tuvieron como objeto a algunos de los políticos más destacados del PP madrileño por su oposición interna a Esperanza Aguirre y a su entonces delfín y luego sucesor, Ignacio González; el exconsejero Alfredo Prada y el exvicealcalde de la capital, Manuel Cobo. En enero de 2013, uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, declaró por escrito que también Alberto Ruiz-Gallardón figuraba entre los espiados.

"Una gestapillo"

Esta accidentada causa provocó en 2009 un verdadero cisma en el PP madrileño y llevó al entonces número dos de Gallardón en la alcaldía madrileña, Manuel Cobo, a acusar al equipo de Aguirre de haber montado "una gestapillo".

Un portavoz oficial del Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena ha explicado a este periódico que el Ayuntamiento mantiene la acusación del caso de los espías habida cuenta de que la persona afectada era entonces vicealcalde del Consistorio. Además, en el Consistorio madrileño relatan que Cobo no ha renunciado por escrito a esta acusación popular.

Por otra parte, la magistrada Carmen Valcarce ha acordado la expulsión del PP como acusación popular del caso de los espías, según un auto al que ha tenido acceso infoLibre. La jueza acuerda la salida del PP al no haber formulado la formación política un escrito de acusación, por lo que su presencia en el proceso "carece de finalidad jurídica".

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/20/el_exvicealcalde_madrid_asegura_que_comunidad_madrid_espio_para_conocer_sus_actividades_politicas_58959_1012.html

LA FISCALÍA SOLICITA ARCHIVAR EL CASO DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

El Ministerio Público considera que las investigaciones llevadas a cabo no desprenden "suficientes" indicios que acrediten la comisión de un delito de malversación de caudales públicos

Esta postura contrasta con la de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que solicita la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias

La Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional en el presunto caso del Espionaje a políticos en la Comunidad de Madrid al considerar que las investigaciones llevadas a cabo no desprenden "suficientes" indicios que acrediten la comisión de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, según apuntaron este jueves fuentes jurídicas, recogidas por Europa Press.

Esta postura contrasta con el escrito presentado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que se solicitaba la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Se formulaba así escrito de acusación contra los seis investigados, entre ellos el entonces director de Seguridad de Madrid Sergio Gamón, y su número dos, Miguel Castaño Grande. Además, formula acusación contra tres guardias civiles implicados en el caso y un funcionario regional.

La Abogacía de la Comunidad entiende, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral. La Audiencia de Madrid ordenó hasta en tres ocasiones la reapertura del proceso a instancias del PSOE.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/11/17/la_fiscalia_solicita_archivar_caso_espionaje_politicos_comunidad_madrid_57720_1012.html

CUANDO CIFUENTES DECÍA QUE EL CASO DE LOS ESPÍAS ERA "UN ROLLO REPOLLO"

Ahora Cifuentes admite que la llamada "gestapillo" espió a colaboradores de Gallardón usando dinero y medios de la Administración pero en el pasado lo negaba enérgicamente

En 2009, Cifuentes calificaba el caso de los espías de "montaje" del PSOE

Esta semana hemos sabido que Cristina Cifuentes y su gobierno ha admitido que la llamada "gestapillo" espió a colaboradores de Gallardón usando dinero y medios de la Administración pero en el pasado lo negaba enérgicamente.

En 2009, Cifuentes calificaba el caso de los espías de "montaje" del PSOE. Decía que era "falso" y que "los ciudadanos se dan cuenta perfectamente cuando un tema es real y cuando es un montaje político".

A lo largo de los años ha seguido negando la existencia del espionaje. Para Cifuentes en el pasado el caso de los espías era "un rollo repollo" y "un cortinón de humo" para tapar "la vergüenza" de los casos de corrupción y mala gestión que afectaban al PSOE.

¡Ay, la Maldita hemeroteca!

http://www.eldiario.es/malditahemeroteca/Cifuentes-espias-parecia-rollo-repollo_6_580651944.html

EL GOBIERNO DE CIFUENTES RECONOCE UN ESPIONAJE POLÍTICO PAGADO CON DINERO PÚBLICO DURANTE LA ETAPA DE AGUIRRE

La representación legal del gobierno regional pide abrir juicio contra los acusados del ‘caso Espías’ y una multa de 18.000 euros para el que fue Director de Seguridad con Esperanza Aguirre

El exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, conversa con el exconsejero madrileño de Justicia Alfredo Prada, a la izquierda, en presencia del entonces vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, en una imagen de archivo.

En marzo de 2009, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, celebraba que el supuesto espionaje político en el seno de su gobierno se había quedado en un “montaje”. Más de siete años después, la misma Comunidad de Madrid ha enviado al juzgado que investiga los seguimientos su escrito de calificación de cara al hipotético juicio: un escrito al que ha tenido acceso la Cadena SER en el que los letrados del gobierno regional que ahora dirige Cristina Cifuentes dan por cierta la existencia de estas labores de vigilancia y también que fueron llevadas a cabo con dinero y medios públicos.

Un escrito en el que pide que los seis imputados sean llevados al banquillo de los acusados por un delito de malversación de fondos públicos, por supuestamente haber realizado estos seguimientos con medios y dinero de la Comunidad: pide 18.000 euros de multa y tres años de suspensión de empleo para Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad, y 9.000 euros y la misma suspensión para el entonces subdirector, Miguel Castaño. Para los tres agentes de la Guardia Civil y un empleado público que supuestamente habrían realizado los seguimientos pide 1.800 euros de multa y un año de suspensión.

Los abogados de la Comunidad de Madrid son contundentes al asumir la existencia de estas vigilancias: “Tal y como ha quedado acreditado, durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”. Una actividad que, según reconoce el escrito, fueron “tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Administraciones”. Las víctimas de estos supuestos seguimientos fueron Manuel Cobo, en ese momento vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia y diputado regional del PP, todo en el marco de una guerra abierta en el seno de la formación conservadora por el liderato del partido a nivel nacional.

Para la Comunidad de Madrid, los guardias civiles y policías encausados “cumplieron las órdenes dadas por su superior”, empleando medios públicos como “vehículos y móviles corporativos, desvirtuando así su legítimo uso”. El escrito hace máximo responsable del dispositivo de vigilancia a Sergio Gamón, hombre de confianza de Esperanza Aguirre: consideran que se le debe aplicar un agravante ya que “como director general de Seguridad impartió las órdenes, dirigió de forma determinante la operativa antijurídica y fue el artífice de la disposición de los medios de la Administración Regional para sus subordinados”. Además, explica la Comunidad, los agentes que llevaban a cabo los seguimientos lo hacían “dando a continuación cuenta de los resultados de sus pesquisas a Miguel Ángel Castaño”, subdirector de Seguridad con Gamón.

Tres archivos y tres reaperturas
El escrito de calificación provisional de la Comunidad de Madrid, que ejerce la acusación en este caso espías, llega después de que la jueza instructora haya decidido archivar hasta en tres ocasiones la investigación, y también de que la Audiencia Provincial haya obligado hasta tres veces a reabrirla.

Una investigación que se ha centrado en el uso de medios y fondos públicos para pagar estos seguimientos, y no en las propias vigilancias o en las órdenes que se pudieron impartir desde escalafones más altos en la administración regional que dirigía en ese momento Esperanza Aguirre.

http://cadenaser.com/ser/2016/11/10/tribunales/1478797130_406619.html

SIETE AÑOS Y MEDIO DEL ‘CASO ESPÍAS’

La investigación del supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid concluye después de tres archivos provisionales, dos comisiones parlamentarias y una investigación en el PP

Hace siete años y seis meses nacían en el juzgado de instrucción nº 5 de Madrid las diligencias previas 1891/2009, que con el tiempo serían más conocidas como el caso espías o el supuesto espionaje político en el seno de la Comunidad de Madrid y una lucha fratricida entre los ejes de poder del Partido Popular madrileño. Una investigación abrupta, intermitente y que ha dejado por el camino tres archivos judiciales con sus correspondientes reaperturas, dos comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid, una interna del Partido Popular e innumerables elucubraciones sobre quién pidió a policías y guardias civiles que investigasen a adversarios políticos de Esperanza Aguirre usando medios y fondos públicos.

El pistoletazo de salida llegaba el 21 de enero de 2009: el diario El País destapó la existencia de la ‘gestapillo’ madrileña: varios policías y guardias civiles habían elaborado informes sobre Manuel Cobo (vicealcalde con Alberto Ruiz-Gallardón) y Alfredo Prada (consejero de Justicia), a la sazón adversarios políticos de la presidenta regional Esperanza Aguirre.

Las informaciones rápidamente se convirtieron en denuncias y causas judiciales: en mayo de 2009 nacía la instrucción que ahora va camino de su conclusión: el juzgado número cinco de la capital acumulaba la denuncia de Cobo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía y arrancaba el denominado caso espías bajo la batuta de la magistrada Carmen Valcárcel.

Malversación, no espionaje

Años de accidentada investigación judicial han hecho un dibujo de cómo funcionaba lo que Manuel Cobo llegó a definir como la ‘gestapillo’: Sergio Gamón, director general de Seguridad fichado por Esperanza Aguirre, ordena supuestamente un grupo de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado a su cargo para que sigan a varios enemigos políticos de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Para cuando la investigación judicial arranca en mayo de 2015, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) maneja un informe que es contundente: los partes de seguimientos publicados por El País coinciden en lugares, fechas y horas exactas con la ubicación de los teléfonos de los supuestos ‘espías’. Teléfonos de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid usados por los que, siete años después, tiene todas las papeletas de componer el grueso del banquillo de los acusados.

Desde un primer momento, la jueza instructora tuvo claro que la causa debía investigar sólo si los seguimientos se llevaron a cabo utilizando medios y fondos públicos, restringiendo el caso a un posible delito de malversación y dejando fuera, entre otros aspectos, el contenido concreto de los seguimientos y los responsables políticos que, en última instancia, pudieron ordenar estas vigilancias a enemigos políticos de Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid. Los imputados entonces son los que van camino del banquillo de los acusados: Sergio Gamón (director general de Seguridad con Aguirre), Miguel Castaño (subdirector) y tres agentes de Guardia Civil y un empleado de la Comunidad.

Después de unos primeros compases en los que los imputados los negaron, algunos imputados terminaron reconociendo algunos seguimientos aunque negando que se tratase de un espionaje que vulnerase la intimidad de los afectados y alegando que, en cualquier caso, se limitaban a poner en práctica las órdenes que les daban sus superiores. Declaró también como testigo Manuel Cobo en febrero de 2010 para constatar que su agenda coincidía punto por punto con los seguimientos.

En septiembre de 2014 lo hizo también el ya exconsejero Francisco Granados, apenas un mes antes de ser detenido por su implicación en la trama Púnica.

Tres archivos, tres reaperturas

Desde entonces y hasta ahora la causa ha experimentado tres archivos con sus consecuentes órdenes de reapertura. La primera fue en julio de 2010, cuando la jueza dictó el sobreseimiento provisional asegurando que “no se ha acreditado que los imputados destinaran estos bienes a actividades ajenas a la función pública”. La segunda, en febrero de 2012, cuando repitió que “no es posible concluir que los vehículos o teléfonos hayan sido utilizados en los presuntos seguimientos”. La tercera fue en febrero de 2015 cuando la magistrada explicó que “es imposible determinar una cantidad concreta que haya sido desviada de su función pública”.

Cada archivo vino acompañado por un auto de la sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid ordenando la reapertura de la causa. En los tres autos ha dejado argumentos como que “la supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado no puede querer decir impunidad” o la necesidad de interrogar a la exmujer de Sergio Gamón. Tras el último de esos autos, fechado en enero de 2014, la magistrada reabrió la causa de forma definitiva y terminó llevando el procedimiento camino de un juicio ante un Tribunal del Jurado.

Por el camino también hizo aguas el intento de varios imputados de apartar del caso a la jueza instructora, después de que las investigaciones sobre la trama Púnica revelasen que Francisco Granados dijo que la magistrada le había asegurado que estaba “para servirle” tras declarar como testigo.

Terremoto judicial… y político

El caso del supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid explotaba en plena guerra entre distintos sectores del Partido Popular madrileño a cuenta del control de la formación a nivel nacional, con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón y sus afines más cercanos a Mariano Rajoy y opuestos, por tanto, a un posible paso adelante de Esperanza Aguirre. Pero el caso del supuesto espionaje político no sólo sacó a la superficie la parte más cruda de estos ajustes de cuentas: también se tradujo en dos comisiones parlamentarias y una investigación interna en el Partido Popular.

La primera comisión de investigación en la Asamblea de Madrid arrancó el 6 de febrero de 2009 y concluyó el 16 de marzo de ese mismo año: nueve sesiones en las que comparecieron la mayoría de los protagonistas conocidos. El último en comparecer fue Francisco Granados, entonces hombre fuerte de Aguirre, pero antes lo hicieron varios de los hoy imputados, como Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad en la Comunidad de Madrid, bastante enfadado con las acusaciones vertidas en ese momento.

También Miguel Castaño, subdirector del ramo, ahora también imputado como otro de los supuestos máximos responsables de estas vigilancias.

El sucesor de Gamón como director general de Seguridad, Enrique Barón –en la actualidad comisario de Policía Nacional– dejó para la posteridad la comparación de este caso con los personajes de Ibáñez, Mortadelo y Filemón.

La comisión echó el cierre merced del rodillo que ejercía en ese momento la mayoría absoluta del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Las conclusiones finales aprobadas por la comisión negaban en siete puntos la existencia de un espionaje político o seguimientos, y dedicaban el primero párrafo a exculpar al ejecutivo de Esperanza Aguirre: “El Gobierno de la Comunidad de Madrid ni ha ordenado, ni ha amparado, ni ha conocido ningún tipo de seguimiento o espionaje a cargos públicos o a cualquier otra persona”. Un dictamen – diametralmente opuesto a las conclusiones extraídas por los letrados de la Comunidad, ahora bajo gobierno de Cristina Cifuentes – que dio alas a Esperanza Aguirre para hablar de “montajes” y “tretas”, hablando también de una trama Gürtel que daba sus primeros pasos en la Audiencia Nacional.

Mientras tanto, la oposición regional consideraba que la comisión se había cerrado en falso sin hacer ninguna averiguación útil para dirimir responsabilidades políticas. La socialista Maru Menéndez anunciaba que el PSOE llevaría el caso hasta el Tribunal Constitucional si era necesario, mientras que Inés Sabanés, entonces en Izquierda Unida, explicaba que “esto no va a acabar así” y que era “el principio del fin de la impunidad de Esperanza Aguirre”.

La comisión parlamentaria se cerró, como también bajó la persiana rápidamente la investigación interna que decidió abrir el Partido Popular para detectar cualquier irregularidad. Se anunció su apertura el 23 de enero de 2009, poco después de publicar El País las primeras informaciones, y María Dolores de Cospedal anunció su cierre dos meses después.

Pasados unos meses el Partido Popular suspendía cautelarmente de militancia a Manuel Cobo por criticar abiertamente a Esperanza Aguirre, y ya en 2010 Sergio Gamón abandonó su puesto como director general de Seguridad de Madrid. En julio de 2010 el partido obligaba a Cobo y Prada, supuestas víctimas de los seguimientos, a no recurrir el primer archivo dictado por la jueza.

Con las investigaciones parlamentarias en el cajón y la causa judicial avanzando a trompicones, el caso del supuesto espionaje político entró en estado de hibernación hasta que en 2015 la nueva Asamblea de Madrid dio luz verde a una nueva comisión de investigación.

El “especial interés” de Ignacio González

Las urnas del 25 de mayo de 2015 configuraron una Asamblea de Madrid inédita: el Partido Popular de Cristina Cifuentes gobernaba con mayoría simple pero el ábaco permitía a PSOE, Podemos y Ciudadanos tomar decisiones por sí mismos. El 21 de julio de ese año la Diputación Permanente daba luz verde a la creación de una comisión de investigación “sobre corrupción política”, que entre otros asuntos trataría el supuesto espionaje político que la anterior mayoría absoluta ‘popular’ había conseguido enterrar.

Los portavoces de la nueva oposición celebraron la apertura de la comisión. El Partido Popular votó en contra tanto de la formación de esta comisión como otra para estudiar la deuda de la Comunidad surgida de proyecto como, por ejemplo, la Ciudad de la Justicia. La presidenta Cristina Cifuentes pedía esperar a ver cómo se desarrollaban las sesiones de ambas sesiones.

La comisión arrancaba y el tres de junio de 2016 caía la bomba: Francisco Granados comparecía por videoconferencia desde la cárcel de Estremera para explicar los pormenores de un sistema de seguimientos que se habría desarrollado con él como Consejero de Interior. Deseoso de hablar de una trama Púnica que le mantiene en prisión, y después de que la presidenta de la comisión le llegase incluso a cortar el micrófono, Granados se refirió al espionaje: no era espionaje sino contravigilancia y escolta, y nació a petición de Ignacio González.

La muy esperada comparecencia de Francisco Granados no fue la que más información aportó a la nueva comisión, ni tampoco la única en la que salió a relucir el nombre de Ignacio González. En marzo, unos meses antes, comparecían los imputados. Era el exguardia civil Antonio Coronado el que explicaba el nacimiento de las vigilancias: “A principios de marzo de 2008 el director general de Seguridad nos reúne en su despacho y nos dice que por especial interés del vicepresidente primero, Ignacio González, hay que recabar información, unos seguimientos, de unas personas, unos objetivos".

Entre otros objetivos que no llegaron a ser seguidos, según Coronado, estaban la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, o el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Después de siete años, los detalles resonaban en los oídos de hasta siete diputados socialistas de aquella octava legislatura en la que todo quedó en un “montaje” y una “treta” según Esperanza Aguirre. José Manuel Pinto, otro imputado, reveló que Sergio Gamón fue a su casa para decirle que "no eches mierda sobre el señor Francisco Granados ni sobre el señor Castaño" antes de su declaración judicial.

Unos días antes de las comparecencias, La Ventana de Madrid ofrecía en exclusiva una entrevista con otro de los imputados, José Oreja, en la que reveló que la entonces diputada Cristina Cifuentes estaba en la lista de objetivos, aunque también aseguró que se negaron a efectuar estos seguimientos.

La nueva comisión todavía no ha emitido sus conclusiones, y la celebración de un juicio por este caso todavía depende de varios factores, entre ellos los recursos que todavía se pueden interponer. Una hipotética sentencia sólo resolverá, en cualquier caso, si los seguimientos se financiaron con dinero público y si se hicieron con medios públicos, como los coches o teléfonos de la Dirección General de Seguridad o los propios funcionarios involucrados. Salvo sorpresa en el apartado de hechos probados, la primera orden de seguir a cargos políticos de la Comunidad de Madrid quedará en el limbo judicial.

http://cadenaser.com/ser/2016/11/10/tribunales/1478797838_329358.html

GRANADOS, DISPUESTO A COMPARECER EN LA ASAMBLEA POR EL CASO ESPÍAS

El juez de la Audiencia Nacional le permite asistir al parlamento regional

El exconsejero de Presidencia Francisco Granados, en prisión desde octubre de 2014 por su presunta implicación en el caso Púnica (compra de políticos y funcionarios para conseguir contratos públicos), se muestra dispuesto a comparecer en la Asamblea de Madrid, según fuentes cercanas al político consultadas por EL PAÍS. Granados ha sido llamado a la comisión de investigación parlamentaria que está investigando el llamado caso de los espías (espionaje entre políticos utilizando fondos públicos). Se da el caso de que, además, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le permite salir, siempre que existan las debidas condiciones de seguridad, según ha adelantado la Cadena SER. Granados, que ya ha pedido que se le lleve a prisión ropa adecuada para comparecer ante los parlamentarios. La comisión no le podrá preguntar sobre el caso Púnica, solo sobre el de los espías.

El exsecretario del PP madrileño coincidirá con Alfredo Prada, consejero de Justicia hasta 2008, también llamado a declarar el viernes en el mismo foro. Varios comparecientes anteriores han implicado directamente a Granados en la red. El presunto espionaje surgió en un marco de dura lucha política, Granados e Ignacio González –que hoy declara en Estepona por el caso del ático- competían por el control del partido.

Tres exagentes de la Guardia Civil acusados por el espionaje, que acudieron en marzo a la misma comisión, apuntaron a Aguirre, González y Granados como responsables de la trama. La Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid se creó en 2006 con Alfredo Prada (también llamado a declarar el viernes) era consejero de Presidencia. Según uno de los exagentes, fue en ese momento cuando se institucionalizó un espionaje que venía de lejos.

La cámara autonómica todavía no ha recibido confirmación oficial de la decisión de Eloy Velasco. Hasta ese momento los políticos prefieren ser cautos. La portavoz del PSOE en la comisión, Encarnación Moya, dice que la decisión del juez le parece “perfecta”, porque podría arrojar alguna luz sobre el turbio tema del espionaje. Recuerda que ha habido en otras ocasiones, como cuando llamaron a declarar al juez Ángel Carretero, en las que se “han atenido al privilegio de los jueces” para no acudir a la Asamblea. Moya no tiene ninguna duda de que Granados “lo tiene que saber todo”.

César Zafra de Ciudadanos aclara que “en principio” a la comisión de investigación “todo el mundo está obligado a venir” porque no se trata de una comparecencia voluntaria. El portavoz de Podemos, José Manuel López recuerda que es la segunda vez que se le reclama para que acuda a participar en una comisión. "La primera ocasión declinó venir y ahora tiene la obligación, al menos, de declarar", ha aclarado. En todo caso, desde Podemos celebran que el juez lo haya permitido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/18/madrid/1460982163_210578.html

EL PODER JUDICIAL IMPIDE QUE UN JUEZ DECLARE SOBRE LOS ESPÍAS

El Consejo General no autoriza la comparecencia de Agustín Carretero, que afirma que las autoridades civiles no pueden requerir a un magistrado

La comisión anticorrupción de la Asamblea, que investiga el caso de los espías de Madrid, acabó con sorpresa: el Consejo General del Poder Judicial no autorizó la comparecencia del juez Agustín Carretero, a quien los diputados habían llamado a declarar sobre su etapa como director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad. “Las autoridades civiles no pueden requerir a un magistrado, según un artículo de la Ley del Poder Judicial”, informó Carretero por escrito a la Asamblea.

Quien sí compareció fue Enrique Barón, exdirector de la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Comunidad y actual comisario de Información de la Policía Nacional. Barón se desvinculó de la trama de espionaje político entre altos cargos del PP cuando era presidenta Esperanza Aguirre. Declaró que “si hubiera detectado alguna ilegalidad [durante su mandato], la hubiera denunciado al fiscal o al juzgado, pese a quien pese”. Tampoco vio, según dijo, ningún dossier, escrito o papel que se pueda vincular al entramado de los espías.

Barón negó además tener nada que ver con la filtración de documentos que dio lugar al caso. Como prueba esgrimió una carta que recibió del periodista Francisco Mercado, que destapó la trama en 2009 en EL PAÍS. Según leyó, el periodista le dijo que los partes y documentos que probarían el supuesto espionaje no le llegaron de su mano [en referencia a Barón] ni del Gobierno de Aguirre.

Barón se hizo cargo de la DGS en septiembre de 2008, tras la salida de Sergio Gamón, imputado, junto con otros cinco acusados, en el caso. La DGS nació en 2006 con Aguirre al frente del Gobierno regional y Alfredo Prada como consejero de Presidencia. Gamón fue destituido al ser considerado responsable del robo de un ordenador en el Campus de la Justicia que podría contener información sensible. Barón subrayó que Francisco Granados, hombre de confianza de Aguirre encarcelado por la trama Púnica y responsable de su nombramiento, nunca le comentó la razón de la destitución de su antecesor en el cargo.

Gamón contaba con seis asesores: tres guardias civiles —ahora imputados en el caso junto a un empleado autonómico, el propio Gamón y Miguel Castaño, segundo de Gamón en la DGS— y tres policías nacionales. Estos últimos eran “hombres de confianza de Gamón” y, según él, del expresidente madrileño Ignacio González. Los tres guardias civiles eran leales a Granados. González y Granados mantenían una guerra por el control de los conservadores en Madrid. De hecho, el presunto espionaje, del que se investiga si se financió con dinero público, surgió en plena batalla por el poder dentro del PP. No solo a nivel regional sino también a escala nacional: el consejero Alfredo Prada y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Gallardón, se pusieron al lado de Rajoy en su disputa con Aguirre. Ambos fueron espiados en base a los partes que dieron pie al caso.

El exdirector del organismo relató que Granados le ofreció el cargo cuando era Jefe Superior de Policía. “Me comentaron que tenían un problema con un asunto de escoltas, de rotación de personal”, testificó Barón, “pero nunca me informaron de que existiera un problema entre los guardias civiles y los policías, de los que se estaba completamente separado”. Tanto es así, que dijo no conocer ni las funciones que cumplían: “Habría que preguntárselo al consejero, porque eran sus asesores, no míos”. También señaló a Granados al ser cuestionado sobre la razón por la que se continuó pagando a los policías durante dos años, a pesar de que ya no realizaban ningún trabajo dentro de la DGS.

Una reunión en 2009

La única reunión que recuerda relativa a los guardias civiles data de septiembre de 2009, cuando le llamó el jefe del gabinete del consejero. Allí le comunicaron que habían decidido que los agentes se trasladaran. También le pidieron que los recibiera porque “lo estaban pasando muy mal”, debido a su supuesta vinculación con el espionaje que había aparecido en los medios. El ex guardia civil José Oreja, que declaró hace un mes ante la misma comisión, señaló que sus problemas comenzaron cuando se negaron a acatar las órdenes de Gamón, que les pidió que espiaran a Granados y a otros dirigentes.

Belén Espartero Rodríguez, una de las policías que formó parte del equipo de asesores de seguridad de la Consejería de Presidencia, mantuvo ante los parlamentarios que “nunca nadie la ordenó realizar ningún seguimiento a políticos”. Aseguró también que gozaban de plena autonomía y que no tenían contacto con los guardias civiles, que “iban por libre”. Describió el complejo entramado como “un montaje algo surrealista”. Espartero recordó a los parlamentarios que ella no está imputada y que no entiende la razón por la que los guardias civiles están tratando de implicarla tanto a ella como a sus compañeros.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/08/madrid/1460137304_827927.html

EL DUEÑO DE MÉTODO 3: “IGNACIO GONZÁLEZ ME ENVIÓ INTERMEDIARIOS PARA OFRECERME CONTRATOS CON CAJA MADRID”

El director de la empresa de detectives Método 3, Francisco Marco, explicó en la Asamblea de Madrid que González quería contratarlo para que averiguase qué compañeros del PP le espiaban

El director general de la empresa de detectives Método 3, Francisco Marco, aseguró este viernes en su comparecencia en la Comisión de investigación contra la corrupción de la Asamblea de Madrid, que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le presionó para que investigara a la persona de su partido, el PP, que encargó dos informes sobre su persona.

El diario Público desveló, en enero de 2009, la existencia de un informe de 69 páginas en el que se analizaba el patrimonio del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid y las presuntas irregularidades que cometió al realizar adjudicaciones públicas. Posteriormente, en abril de 2009, la Cadena Ser informó de que unos espías habían seguido y grabado a González en un viaje a Colombia.

En su comparecencia ante la Asamblea, Francisco Marco explicó que González pretendía que la agencia de detectives determinara quién estaba detrás de esos informes difundidos por Público y la Cadena Ser. "Y dio una lista de personas de su propio partido que lo podrían haber encargado".

Según el testimonio de este empresario catalán, González pensó en un primer momento que la empresa Método 3 había sido la que había investigado su patrimonio. "Pero no fue así, y al final me negué a realizar el trabajo". Y esta negativa tuvo consecuencias para Marco Fernández, que se sintió "perseguido" por González.

En concreto, habló de estas coacciones al responder a una pregunta del diputado de Ciudadanos César Zafra, que aludía al libro El Método, escrito por el propio Marco, en el que este empresario hablaba de la persecución del entonces número dos de Esperanza Aguirre.

"Me presionó"

"¿Le presionó para hacerle cambiar de opinión?", le interpeló Zafra, que se encontró con una respuesta clara de Marco: "Puede decirlo claramente. No es que me sintiera presionado, es que me presionó. Me envió intermediarios a ofrecerme contratos con Caja Madrid".

Pero estas supuestas coacciones, según el dueño de Método 3, no acabaron ahí. Al no tener éxito por las buenas, González cambió de estrategia, siempre según la versión ofrecida por Francisco Marco: "Me envió intermediarios a decirme que dejaban de trabajar conmigo por orden del señor González. Me envió la Policía a mi despacho con la excusa de realizar una inspección rutinaria y a llevarse mi libro de registro, a lo que me negué".

Francisco Marco también aludió al juez de Madrid Adolfo Carretero, al que llegó a calificar de "pequeño Hitler". Este magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, se encargó de investigar tanto el informe de 69 páginas como el espionaje realizado a González en Colombia: "González ha puesto a su servicio todo un procedimiento judicial, en el Juzgado número 47, donde se ha imputado periodistas, se ha investigado a periodistas porque hay informes sobre los periodistas que han solicitado las propiedades del señor González. Ha intentado imputar a policías, ha abierto piezas separadas".

Hermes de Dios

En este último punto, Marco Fernández se refería a la imputación del comisario de Marbella que realizó la investigación inicial del ático de lujo de Estepona del expresidente madrileño: Agapito Hermes de Dios. La denuncia de González contra este agente acabó siendo archivada "al no quedar acreditada la revelación de secretos denunciada, por no tratarse de una investigación delictiva ni tampoco que fuese divulgada por el imputado”, asegura el auto.

"Y mi petición de sobreseimiento tiene un año, y el juez ha necesitado que el señor González se fuese de la política para entonces enviar testimonio a la Audiencia Provincial de Madrid para que resuelva. No es que me haya sentido presionado, es que me ha presionado de todas las maneras posibles que ha podido", completó este detective.

El diputado de Ciudadanos César Zafra también preguntó a Marco si González le había pedido que investigara los "trapos sucios de estas personas", en referencia a los cargos del PP que identificó el expresidente como las personas que encargaron su dossier.

"Los trapos sucios"

Y Francisco Marco contestó al parlamentario: "Si usted me pregunta si me lo dijo directamente, le contesto, no. Obviamente, yo sobreentiendo que si hubiese encontrado a la persona que hubiese encontrado me hubieran pedido que investigara trapos sucios, pero nadie me lo pidió, porque me negué de inicio. Por mi experiencia, si me pregunta si eso hubiese ocurrido, desde luego que sí que hubiese ocurrido".

Oficinas de Cinfa
El exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel

En otro momento del interrogatorio, el diputado de Podemos Miguel Ongil aludió a las declaraciones efectuadas por el propio dueño de Método 3 en el Juzgado número 47 de Madrid, en las que reconoció haber realizado un informe patrimonial de varios exdirigentes de la empresa pública madrileña del Canal de Isabel II.

Y fue entonces cuando Marco reconoció que sí hizo una investigación en relación a una posible venta de la división internacional de esta empresa pública madrileña, denominada Triple A: "Yo le dije a la Policía que en 2005 un bufete de abogados americano, para un cliente americano, estaba interesado en comprar la [empresa del canal en Colombia] Triple A, y alguien les pidió una comisión".

Once personas

Según el dueño de Método 3, fue entonces cuando el bufete americano le encargó que investigara a las personas que negociaban, "que eran como once. Las personas que integraban la negociación por parte española, incluidos los abogados, con la parte latinoamericana. Y nosotros le dimos un informe que dice quién es cada uno, a qué se dedica, dónde trabaja, y eso es lo que consta en mi declaración".

Entre las personas a las que Método 3 hizo estas investigación patrimonial se encontraba el entonces gerente del Canal de Isabel II y persona de confianza de González, Ildefonso de Miguel: "La Policía me investigó y me preguntaron por qué hice una petición al Registro de la Propiedad de varias personas, entre las que se encontraba Ildefonso de Miguel, pero no Ignacio González".

Precisamente, un informe del comisario José Manuel Villarejo, fechado el 11 de julio de 2011 y aportado recientemente al caso del ático de González en Estepona, analiza la filial del Canal en el exterior denominada Extensia, cuyo presidente era Edmundo R. Sobrino, que participó en el viaje a Colombia junto al propio Ildefonso de Miguel.

Canal Extensia

"El Canal, sin razón empresarial lógica, extendió su infraestructura económica en América Latina, adquiriendo el 75% de Canal Extensia, de la que es propietaria junto con la firma valenciana Tecvasa (consorcio de firmas valencianas y la Caja de Ahorros del Mediterráneo), que posee el 25% restante. Toda una estructura con vocación offshore, controlada por sociedades públicas, todas ellas vinculadas al mismo partido político, sin razón aparente de existir, salvo el de manejar importantes sumas de dinero en un continente muy alejado y con claras dificultades de control", indica la nota policial.

Y el comisario aseguraba en ese informe que convendría indagar sobre la atípica estructura exterior del Canal: "Todas y cada una de las fuentes del entorno del PP contactadas señalan que es la herramienta perfecta de corrupción, que los responsables políticos de la Comunidad de Madrid utilizan hasta el día de hoy con total impunidad".

En su comparecencia en la comisión de investigación del Endeudamiento, el propio De Miguel aseguró que su papel en la división internacional era velar por la inversión del Canal en el exterior, llegando a especificar que el valor de estas empresas se ha triplicado.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/19/el_dueno_metodo_quot_ignacio_gonzalez_envio_intermediarios_para_ofrecerme_contratos_caja_madrid_quot_46612_1012.html

UN EXASESOR DE GRANADOS ACUSA AL COMISARIO ENRIQUE BARÓN DE ORQUESTAR EL CASO DE LOS ESPÍAS

Mantiene que la investigación fue una cortina de humo para culpar de los seguimientos a quienes se negaron a realizarlos.

“El caso espías -publicado por El País en 2009- fue un montaje para ocultar el verdadero espionaje que existía” en el seno del último gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Así de tajante se ha mostrado Marcos Peña, exasesor de Seguridad de la consejería de Interior de Francisco Granados y uno de los imputados en el espionaje a Manuel Cobos y Alfredo Prada, ambos cercanos al ex ministro de Justicia y ex alcalde de Madrid Alberto Ruíz Gallardón.

Requerido por la comisión parlamentaria que investiga la corrupción en Madrid, Peña se ha mostrado perplejo y ha calificado el 'caso espías' de “barbaridad”. El antiguo asesor de Granados ha reiterado que los partes que publicó el diario de Prisa en 2009 según los cuales Interior habría encargado el seguimiento de Prada -consejero autonómico- y Cobo -vicealcalde- “es un montaje que organizaron desde dentro para ocultar lo que verdaderamente ocurría”.

GUERRA SUCIA

Peña ha insinuado que quien filtró la información a El País y organizó todo para cortar su cabeza y la de los tres guardias civiles fue Enrique Barón, actual Comisario General de Información de la Policía Nacional. “Querían quitarnos de en medio para que no acabáramos con su negocio y encubrir el verdadero espionaje”, ha deslizado el ex Guardia Civil de Valdemoro.

El asesor de Granados ha relatado que los partes publicados en prensa son “absurdos” porque sólo se trata de “una copia de la agenda pública de Cobo y Prada”. Con el objeto de desmontar “la mentira” de aquella información, ha dicho: “Incluso las fechas están mal. Me mencionan y yo ni siquiera estaba en la Comunidad de Madrid por aquel entonces”.

“El mono se les cae desde el principio. ¿Cómo iban a hacer espionaje esos guardias civiles? Es como si dijeran que el culpable de la quiebra de Bankia fuera el ordenanza de la puerta”, ha afirmado Peña.

Aunque después de negar la veracidad del 'caso espías' publicado en los medios de comunicación, ha reconocido la existencia del seguimiento en el seno del Gobierno de la Comunidad: “Evidentemente, se hacía. Pero no ocurrió lo que se publicó. Eso, lo dice Granados, fue un montaje de Barón”.

Marcos Peña, cargo de confianza de Granados, ha tratado de desvincular al exconsejero de la trama, pero no ha dado más detalles de ese “negocio” o “verdadero espionaje” que, según ha explicado, se producía.

http://www.elespanol.com/espana/20160318/110489030_0.html

TRES EXAGENTES APUNTAN A AGUIRRE Y A GONZÁLEZ EN EL ‘CASO DE LOS ESPÍAS’

Declaran José Manuel Pinto, Antonio Coronado y José Oreja, acusados del espionaje político que

Tres de los acusados por el espionaje a políticos regionales, que ayer declararon en la Asamblea, acusaron a los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González de estar detrás de la trama. También apuntaron al exconsejero de Presidencia, Francisco Granados, actualmente en prisión por el caso Púnica. En sus declaraciones, en ocasiones muy confusas y en la que algunos espiados eran, a su vez, los jefes de los espías, vincularon el caso con el del ático de González, el robo de un ordenador en la Ciudad de la Justicia, las pugnas en el PP y las tramas Púnica y Gürtel. La oposición tildó todo de “estructura mafiosa de Mortadelo y Filemón”.

La Dirección General de Seguridad (DGS) de la Comunidad de Madrid, de la que parte toda la supuesta trama, se creó en 2006. Alfredo Prada, entonces consejero de Presidencia, puso al frente de ella al inspector de policía nacional Sergio Gamón. “Fue ideada a su medida”, denunció ayer el ex guardia civil Antonio Coronado, que fue asesor de Gamón. Acudió a la Asamblea junto al también exagente José Oreja (guardia civil) y el técnico de seguridad José Manuel Pinto. Los tres, junto a varias personas más, están acusados de espionaje político en la región, el conocido como caso de los espías, que EL PAÍS destapó en 2009 y que ha sido tres veces archivado por diferentes jueces y reabierto por la Audiencia Provincial otras tantas.

Coronado afirmó que los espionajes vienen de lejos, pero se institucionalizaron con la creación de la DGS. “Ya se estaba espiando [antes] y todo lo organizaba gente que daba cuentas a Esperanza Aguirre [presidenta regional]”, añadió. Los comparecientes afirmaron que Gamón conoció a Aguirre a través de su mujer, Yolanda Laviana, que fue secretaria de la expresidenta del PP. Gamón, luego, se convirtió en su escolta.

José Manuel Pinto también apuntó a la dirección del PP: “Los que han dicho que esto era mentira, como Granados, González o Lucía Figar [todos del PP], están imputados [en otros casos]”. Por su parte, el ex guardia civil José Oreja se enzarzó en su declaración con los diputados del PP que defendían la honorabilidad del partido. Pero Oreja no se amedrentó: “Mientras esto pasaba, nadie investigaba ni investiga a Método 3 y yo he pasado un calvario”. Método 3 es la agencia de detectives que, según las explicaciones de los tres comparecientes, utilizó Granados para espiar a González. Lo hizo, supuestamente, a través del imputado por la Púnica David Marjaliza, constructor amigo de Granados. Los exagentes aseguraron que González, a su vez, contrató a la misma agencia para espiar a otros políticos. Oreja sostuvo que la dirección del PP lo sabía todo y que, incluso, espiaba a González y a Granados: “Álvaro Lapuerta [extesorero del PP] tenía informes contra ambos. Cuando todo salió a la luz, nos dieron la patada”.

Coronado y Oreja entraron en la Dirección General de Seguridad en 2007. Al poco, se incorporaron otros tres consultores provenientes de la Policía Nacional. Todos estaban a cargo de Gamón, dependiente jerárquicamente de Granados, pero afín a González. “Cuando el director nos pidió que espiáramos a Granados y a otros dirigentes, nos negamos. Ahí empezaron nuestros problemas. Nos dirigimos directamente al consejero [Granados]”, dijo Oreja. Pero este no hizo, hipotéticamente, nada y los acusados tampoco acudieron a instancias superiores.

Cuando Gamón fue destituido, al ser supuesto responsable del robo de un ordenador en el Campus de la Justicia [donde presuntamente había información sensible], Enrique Bárón lo sustituyó. Barón está conectado, a su vez, con los comisarios Villarejo y García Castaños, con los que el expresidente González se reunió cuando estos le llamaron para hablar sobre el caso ático.

“Más que la mafia, esto parece de Mortadelo y Filemón”, dijo Encarnación Moya, representante de los socialistas en la comisión. Los tres acusados insistieron en que los partes de seguimiento de los políticos con su letra, clave en la acusación, son falsos. Afirmaron que los partes fueron manipulados por Miguel Castaño, segundo de Gamón. Castaño fue, además, jefe de seguridad en el Canal de Isabel II. “Parece que el Canal ha sido clave en la corrupción de la Comunidad”, concluyó Miguel Ongil, el vocal de Podemos.

Malversación de caudales

Desde la bancada popular se criticó ayer que se volviera a abrir el tema en la Asamblea. El caso de los espías ha sido archivado tres veces en los juzgados —a los acusados no se les juzga por espionaje, sino por una supuesta malversación al utilizar dinero público para otros menesteres—. Sin embargo, en otras tantas ocasiones ha sido reabierto por la Audiencia Provincial. Actualmente, hay seis acusados, tres de ellos los que ayer declararon en el Parlamento regional.
El tema también se trató en la Cámara en la anterior legislatura. Pero los tres acusados no pudieron hablar; el PP, con mayoría absoluta en ese momento, cerró la comisión vetando a gran parte de los testigos citados por la oposición y concluyendo que no había responsabilidades políticas en el caso.

GUERRA INTESTINA ENTRE LOS POPULARES

El origen de la Dirección General de Seguridad data de 2006, cuando Alfredo Prada era vicepresidente segundo y consejero de Interior. Al frente del organismo fue colocado Sergio Gamón, afín a González y Aguirre.

En 2007 se incorporan a la DGS los tres asesores de la Guardia Civil, dos de ellos acusados en el caso de los espías. Poco después, también como asesores, se unen tres policías.

Prada sale del Gobierno regional en 2008, supuestamente por su afinidad con Rajoy. En ese momento, Aguirre peleaba por el control del PP nacional.

Granados sustituye a Prada. Conoce la fidelidad de Gamón a González, con quien tiene una guerra particular, y comienza a recabar información sobre este. En 2011 sale del Gobierno. Un año después, González es investido presidente regional.

“EL PP PUSO LAS INSTITUCIONES A SU SERVICIO”

“Queda bastante claro que la Dirección General de Seguridad se creó para espiar y que el PP usó las instituciones para su utilidad con el dinero de los madrileños”, dijo César Zafra, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Corrupción de la Asamblea. Por su parte, el PSOE “no se asombra de nada”: “Creemos que hay una responsabilidad política de la señora Aguirre y ella todavía tiene un cargo público”, resumió la socialista Encarnación Moya. Y añadió: “Deberíamos recordar que cargos como Cifuentes [que, según los declarantes, también fue espiada] defendió la honorabilidad de Granados en esta Cámara”.

Desde Podemos se habló de “mafia” y se comparó la trama con el guion de El padrino. El PP mantuvo la teoría persecutoria a sus exlíderes y que la Asamblea no era el lugar idóneo para exponer estos hechos: “El tema está agotado”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/04/madrid/1457090354_001495.html

LA VERSIÓN DE LOS 'ASESORES DE SEGURIDAD IMPUTADOS' POR EL CASO DE LOS ESPÍAS

Te mostramos el informe de parte, en el que acusan a Aguirre, Granados y González de montar todo el entramado

José Manuel Pinto, Antonio Coronado y José Oreja, los tres "asesores de seguridad" de la Comunidad de Madrid en la época de Francisco Granados imputados en el escándalo del espionaje comparecen esta mañana en la Asamblea de Madrid para explicar su actuación en el llamado caso. Previamente han distribuido a los diputados un informe que sus abogados habían presentado ante la juez que instruye el caso, Carmen Valcarce, en el que explican su versión de este asunto. Pese a tratarse de un documento de parte, tiene el valor de ofrecer un relato verosímil de lo que sucedió.

Durante su declaración de este jueves, los tres guardia civiles han ratificado su versión y ha relatado cómo les ordenaron todo tipo de seguimientos a ciertos dirigentes del PP y otros rivales políticos.

Las "cloacas" de la Comunidad de Madrid

Los tres asesores se sienten los chivos expiatorios de esta trama. En los prolegómenos del informe argumentan cómo, ya en los tiempos del franquismo se crearon unos servicios de inteligencia oficiosos para "desarrollar investigaciones de caracter confidencial" que no podían realizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según su relato, con el tiempo, estos servicios especiales "se han convertido en un referente para resolver los problemas de los presuntos corruptos". Añaden que cuando Esperanza Aguirre llegó a la Comunidad de Madrid adoptó este modelo de funcionamiento y dan todo tipo de detalles del entramado, controlado por Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y de Justicia, e Ignacio González, entonces vicepresidente de Aguirre.

El primer trabajo de estas "cloacas" de la Comunidad de Madrid fue para investigar a Noelia del Val, la secretaria que había denunciado al entonces presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, por acoso sexual. También actuaron en el escándalo del Tamayazo y los casos Gürtel y Púnica.

Aseguran que la cúpula del gobierno madrileño organizó una estructura formada por policías en activo que trabajaban a sus órdenes a espaldas de los mandos de la Policía Nacional. En el entramado, añaden, participaron tambien agencias de detectives como Método 3 y periodistas.

Caso de los espías

El caso de los espías estalló en 2009 cuando el diario El País publicó los seguimientos hechos por parte de empleados de la Comunidad de Madrid al entonces vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y al exvicepresidente y consejero Alfredo Prada. Más tarde también se supo que se había espiado también a Ignacio González. Recientemente, José Oreja aseguró que también se había espiado a Cristina Cifuentes. Todas estas causas están siendo investigadas en el juzgado número 5 de Madrid cuya titular es Carmen Valcarce, que archivó el caso y, posteriormente, fue obligada a reabrirlo por la Audiencia Provincial de Madrid. Con el cambio de Gobierno, se ha abierto una nueva Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid.

Si quieres saber todos los detalles de este caso, pincha aquí donde encontrarás información pormenorizada de nuestro colaborador Los Genoveses.

http://www.elplural.com/2016/03/04/documento-la-versión-de-los-asesores-de-seguridad-imputados-por-el-caso-de-los-esp%C3%ADas

GUARDIAS CIVILES SEÑALAN A GONZÁLEZ COMO EL QUE DIÓ LA ORDEN DE ESPIAR A GALLARDÓN, CIFUENTES, COBO Y PRADA

Un tercer acusado por los seguimientos ha asegurado en la Asamblea de Madrid: “Me dijeron que querían cazar a Aguirre, González y Granados porque eran unos chorizos”

Uno de los procesados ha contado que dos agentes "se permitieron el lujo de irse de vacaciones y desaparecieron durante más de tres años con coches de la propia Dirección de Seguridad"

Los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, exasesores de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad e imputados en el caso de presunto espionaje a políticos madrileños, han asegurado este viernes en la Asamblea de Madrid que en 2008 el exdirector regional de Seguridad Sergio Gamón les pidió, por orden del entonces vicepresidente primero Ignacio González, que espiaran e hicieran seguimientos a varios políticos y cargos públicos.

Así, además de los conocidos exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo, y el exvicepresidente segundo Alfredo Prada, también mandaron espiar a la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Cristina Cifuentes, al presidente delegado del Arpegio y a los primeros ediles de Madrid, Getafe y Fuenlabrada, Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Castro y Manuel Robles, respectivamente, informa Europa Press.

"En 2008 Gamón nos cita en su despacho en la calle Gobelas y en esa reunión participa él y también su subdirector, Miguel Castaño, los tres asesores de la Policía y los tres de la Guardia Civil y nos dice que por especial interés de González tenían que hacer unos objetivos, como Prada, Gallardón, Cifuentes, Cobo, Cabezas, Núñez y el presidente de Arpegio. Nosotros nos encomendamos a Prada", ha dicho Oreja.

Entrevista con Granados

Pero, según han alegado, en el momento en el que recibieron esas órdenes los tres asesores de Guardia Civil se entrevistaron con Francisco Granados y denunciaron los hechos, sin embargo, aseguran que el entonces consejero de Justicia no hizo nada.

"Le advertimos de que eso podía ser un delito. Desde entonces comienza el periplo de adversidades hacia nosotros hasta hoy. En el momento que nosotros denunciamos los hechos ante el consejero, la relación con Castaño y Gamón era tensa, pero desde entonces fue insoportable e infernal", ha añadido Oreja.

Pero este compareciente ha relatado, "basándose en las publicaciones", que la cúpula de la Dirección de Seguridad estaba funcionando "incluso antes de haberse constituido" al servicio de Esperanza Aguirre y de su sucesor.

De hecho, ha indicado que en 2005 Gamón y un grupo "se dedicaron a actuaciones e investigaciones opacas e ilícitas al margen de la Ley por y para Ignacio González". "Lo que realmente pasó es que se instrumentalizó la cúpula de la Dirección. En este caso parece ser de don Ignacio González al servicio de la presunta corrupción", ha añadido.

"Guerra sucia" entre Granados y González

El guardia civil ahora en excedencia cree que todo se enmarca "en mitad de una guerra sucia" de supuesto espionaje entre el sector de Francisco Granados e Ignacio González y ha citado para ello las publicaciones periodísticas y el libro sobre Método 3 conocidos mucho tiempo después.

"El amigo de Granados, el empresario Marjaliza, a través de dos empresas, contrata los servicios de Método 3 para hacer un dossier patrimonial en contra de Ignacio González, que contrata la misma empresa de seguridad para investigar a personas de su propio partido, según el libro 'El Método'", ha indicado.

José Oreja ha reconocido que entró como asesor en aquella época recomendado por el entonces concejal de Valdemoro Manuel Salguero, en septiembre 2007. "En ese momento aparecemos los tres asesores de la Guardia Civil y con esa realidad se atreven a mandarnos esa barbaridad y esa guarrería. No necesitaban de nosotros nada de eso y la única relación que saco es para implicarnos en un montaje y encubrir sus actuaciones y que después se filtrara a la prensa, como así sucedió", ha esgrimido.

Oreja ha revelado que tanto Prada como Granados no controlaban a sus directores de Seguridad, primero Sergio Gamón y luego Enrique Barón, que llegó tras la dimisión del primero tras la desaparición de un ordenador del Campus de la Justicia. "Alfredo Prada estaba en contra de ese nombramiento de Gamón porque le ninguneaba en los ayuntamientos. Por eso creo que fueron impuestos por Ignacio González", ha dicho.

Tres años de vacaciones

El exasesor de Seguridad también ha contado que cuando se fue Gamón, uno de los asesores de la Policía Nacional volvió al Cuerpo mientras los otros dos, José Manuel Rodríguez González y Belén Espartero Rodríguez, "se permitieron el lujo de irse de vacaciones y desaparecieron durante más de tres años con medios de la propia Dirección de Seguridad como coche y teléfonos".

El exasesor entiende que todo esto "no se puede llamar de otra manera que presunta corrupción política" y ha aludido, entre otras cuestiones, a la conversación que mantuvo "gracias a la intermediación de Barón" Ignacio González con dos comisarios en la pastelería La Mallorquina supuestamente por el caso del ático de Estepona.

Por su parte, Coronado ha contado que mantuvieron una reunión en una finca de Valdemoro con Francisco Granados en la que les dijo que lo de los espionajes "era un montaje, que Barón había filtrado los documentos a la prensa y que a González le interesaba" si iban "a cantar o no porque él quería ser presidente". "Vimos que el montaje iba encarrilado hacia nosotros, un montaje para comernos todo eso y salvarse de penas todos", ha explicado.

"Gamón preconstituyó pruebas"

En resumen, los dos guardias civiles que han comparecido en la comisión han asegurado que fueron Gamón y Castaño, después de negarse a los seguimientos, los que "preconstituyeron pruebas" contra ellos obligándoles a que fueran a determinados lugares y que así quedara reflejado en los posicionamientos de sus móviles. "Era insufrible la presión que sufríamos por parte de ellos", ha afirmado Oreja.

"En vergonzoso y aberrante que tres personas honradas estemos aquí condenados anticipadamente por toda la sociedad gracias a la guerra de presuntos corruptos políticos. Vamos a llegar hasta el final caiga quien caiga. Removeré las instituciones y si tengo la más mínima oportunidad tanto estatales como supranacionales y voy a llegar hasta el final", ha concluido el guardia civil.

José Manuel Pinto

Por su parte, el técnico de la Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto, el tercero de los imputados en el caso del espionaje a políticos del PP de Madrid y acusado en un primer momento de anotar partes de seguimiento, ha afirmado que la mano derecha del entonces director regional de Seguridad Enrique Barón le dijo literalmente que "querían cazar a Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados porque eran unos chorizos".

Pinto, que trabaja como empleado público en la Dirección de Seguridad, ha aseverado que "no tiene conocimiento de ningún tipo de espionaje, seguimientos o de algo que vaya en contra de la ley".

"Mi trabajo es para ayudar a los ciudadanos y no para delinquir. La cuestión se basa en descubrir lo que estaba sucediendo. No hubo forma en ningún momento de cualquier espionaje o seguimiento. Lo que se me achaca es totalmente falso. Está cotejado de que hay unos partes que son falsos y no son muy letra", ha indicado.

Prada y Cobo

El técnico de Seguridad ha relacionado el asunto del supuesto espionaje al exvicepresidente regional Alfredo Prada y al exvicealcade de la capital Manuel Cobo, entre otros, con el robo de un ordenador en 2009 a una de las personas de confianza de Prada en la Ciudad de la Justicia y con la pretensión de que Ignacio González fuera "sí o sí" presidente de Caja Madrid.

De hecho, Pinto señala que todo empezó cuando el jefe del despacho de Enrique Barón, Pedro Agudo, le acusó a él y a su jefe, José Palomo, de robar dicho computador.

"A mí me sorprendió cuando me dijo eso en un despacho oficial. Pensé que me estaba buscando un lío. Intentaba hacerme partícipe a un hecho delictivo. El bote que pegamos fue significativo. Él esperaba que le dijera que fuéramos a por ellos, pero a mí se me pusieron los pelos como escarpias. Yo amenacé con llevarle a los tribunales y le dije que le iba a partir la cara. Tras el enfrentamiento, tardó 20 días en irse de la Consejería", ha indicado.

Contravigilancias a políticos

Pinto ha asegurado que los partes que aparecieron en la prensa con matrículas sobre contravigilancias a políticos fueron realizados por el subdirector de Seguridad de la Comunidad, Miguel Castaño, "que era el policía de la Comunidad en el Canal de Isabel II" y filtradas a la prensa por Barón, ya que los partes "estaban en su despacho y era custodio de la documentación". "También hay una cinta en la que se oye a Granados reconocer que fue Gamón", ha agregado.

"Dichas anotaciones salen en un periódico de la noche a la mañana, diciendo que los partes son míos, que lo he hecho yo. Desde el minuto cero yo digo que son mentira porque hay letras de diferentes personas. Pero la Policía Nacional sorprendentemente dice que son mías las letras", ha añadido. El técnico de Seguridad pidió hablar con Granados y le solicitó que le sacara de la Dirección General porque "iba a pasar algo muy grave".

"Me citó a su despacho y entré llorando de rabia porque estaban destrozando la vida de la familia. Granados me dijo delante de otras personas que no me preocupara, que Castaño había reconocido que la letra es de él. Luego en la sede judicial dijeron que no. Uno de los testigos era el asesor Marcos Peña, otro el señor Oreja y otro Ignacio Palacios", ha apuntado.

Reunión con Granados

Pinto recuerda que en esa reunión Granados le pidió que no fuera a trabajar y que quedara en su casa. "Yo iba todas las semanas a Pontejos un par de veces. Yo aguanté un año y medio y al final intenté hablar con la presidenta para que tuviera conocimiento de lo que estuviera ocurriendo. Llegó un momento que denuncié. En primera instancia su señoría no me dio la razón al final el Supremo me dio la razón de que se me habían vulnerado los derecho a la presunción de inocencia y derecho al trabajo, por lo que obtuve una indemnización", ha manifestado.

José Manuel Pinto también ha denunciado que luego mantuvo cinco o seis reuniones con el viceconsejero de Interior Luis Armada en su despacho, en el que también participó el entonces gerente de la Academia de la Policía Local de la Comunidad, el juez Agustín Carretero.

Una plaza en la Academia

"Se me ofreció no hacer ningún tipo de alegato a cambio de darme una plaza en la Academia de Policía. Yo ya era profesor colaborador de dicha Academia pero luego dijeron que me puso Granados en la Academia para pagarme todos estos hechos delictivos. Pero no me puso Granados en la Academia, sino Prada", ha dicho.

A preguntas del portavoz de Ciudadanos en la comisión César Zafra, Pinto cree que lo que quería con esa reunión Carretero era que no declarara en el juicio. "Es un hecho grave que un juez intente que mi abogado me diga que no declare. Fue un hecho que me resultó traumático", ha dicho.

Además, ha revelado que día anterior al juicio el técnico de Seguridad recibió la visita de Sergio Gamón, el exdirector de Seguridad imputado en el caso y que supuestamente mandó espiar a políticos. "Me dijo que no echara mierda sobre Granados y Castaño. Y yo le dije que no tengo ningún interés de hacer nada mal contra nadie, sino decir la verdad", ha precisado.

Niega que siguiera a Prada

El técnico regional de Seguridad ha negado rotundamente que siguiera a Prada porque él tenía encomendado protegerle. "Yo estaba todos los días en la puerta de su casa porque hubo un tiempo que sufrió amenazas. Yo era parte del dispositivo de vigilancia de su calle. Me conocía y montó conmigo en el coche más de una vez. Y el día que se robó el ordenador de la Ciudad de la Justicia yo estaba librando", ha alegado.

También ha arremetido contra el exconsejero de Justicia, Salvador Victoria. "Dijo que habíamos cambiado la declaración, lo que es falso. Y dijo también que me iban a dar un puesto en la Academia por encargarme el espionaje que me había encargado Granados, cuestión que es falso porque yo no soy nadie", ha indicado.

Después de todo esto, José Manuel Pinto entiende que todo este asunto es "una cortina de humo". "Querían a toda costa que González fuera presidente de Caja Madrid. Intentaron que nadie se diera cuenta de ello y tenían que buscar algo que distrajera porque era muy curioso. Necesitaban sacar algo nuevo para incriminarnos. Es una lucha entre poderes políticos y económico", ha sostenido.

"Lucha de poder"

"Aquí hay muchos actores. Están Aguirre, González y Granados. No sé si se espiaban entre ellos porque no era mi trabajo. No tengo nada que ver con los temas de espionaje y sería ilusorio y ridículo que un técnico especialista fuera el capo de esta película que desde el primer día han pretendido que fuera. Yo pienso que fue una lucha de poder entre diferentes frentes políticos por diferentes situaciones como el Congreso Nacional del PP, la Presidencia de Caja Madrid y entonces creo que de aquellos lodos, aquellos barros", ha resumido.

Tras la declaración, la portavoz de Podemos ha aludido a la "mafia" y a la película El Padrino para hablar de lo ocurrido, mientras que la portavoz socialista en la Comisión, Encarnación Moya, ha rebajado la trama a un asunto de 'Mortadelo y Filemón' a no ser "por lo peligroso, lo contrario a la legalidad y el atentado a los derechos de los ciudadanos" que ha significado para ella este asunto.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/03/04/los_guardias_apuntan_ignacio_gonzalez_como_responsable_del_espionaje_45911_1012.html

VALCARCE CONTINUARÁ INSTRUYENDO EL CASO DEL ESPIONAJE A POLÍTICOS TRAS SER DESESTIMADA LA RECUSACIÓN

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la petición de recusación de la jueza encargada del caso de los supuestos espionajes a políticos en la Comunidad de Madrid, Carmen Valcarce, que seguirá instruyendo la causa.

Se rechaza así la recusación que había interpuesto la defensa de varios imputados contra la magistrada por su supuesta relación con el exconsejero de Justicia, Francisco Granados, según ha adelantado la Cadena Ser. Tal y como indicó Granados en conversaciones telefónicas recogidas por la Guardia Civil en la 'Operación Púnica', la jueza le dijo que estaba "para servirle" después de tomarle declaración como testigo en este caso.

José Manuel Pinto, José Oreja y Antonio Coronado pidieron recusar a la jueza por circunstancias que, a su juicio, "cuestionan su imparcialidad" en el procedimiento, poniendo por ejemplo que la magistrada saludara con dos besos en los pasillos de los Juzgados de Instrucción a Francisco Granados cuando compareció para declarar como testigo. También apuntan a "diversas irregularidades y vulneración de derechos fundamentales en la tramitación de la causa".

Sin embargo, la Audiencia asegura que "no resulta procedente" porque la magistrada explicó que saludó con un beso a Granados porque le había "conocido con anterioridad en su condición de consejero de Justicia". Además, señala que la parte no aporta "ningún dato que acredite la existencia de tal amistad".

Esta decisión coincide con la reapertura de la investigación política por el caso de los presuntos espionajes, que se reabre esta semana y que ya fue protagonista de una comisión de investigación en 2009.

http://m.madridiario.es/noticia/431241/politica/valcarce-continuara-instruyendo-el-caso-del-espionaje-a-politicos-tras-ser-desestimada-la-recusacion.html

CIFUENTES TAMBIÉN ESTABA ENTRE LOS OBJETIVOS DE LOS ESPÍAS DE LA COMUNIDAD

José Oreja, imputado en el caso 'espías', asegura en la SER que en la lista de seguimientos a políticos figuraba también la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Oreja insiste en que fueron víctimas de un montaje. Las órdenes procedían, según sus superiores, de Ignacio González

José Oreja es uno de los tres guardias civiles imputados por los seguimientos realizados en 2008 (antes de la celebración del congreso nacional del PP en el que Aguirre amagó con disputarle el liderazgo a Rajoy) a diferentes políticos de la Comunidad de Madrid. Labores que habrían sido encargadas por la Puerta del Sol y pagadas con dinero público. Oreja trabajaba entonces como asesor en la Dirección General de Seguridad y según detalla en su relato, recibía órdenes directas de su jefe, Sergio Gamón y el subdirector Miguel Castaño.

La lista de personas a las que deberían seguir era amplia e incluía al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada; al alcalde de la capital, Alberto Ruíz-Gallardón y a su número 2, Manuel Cobo; algunos alcaldes del PSOE como Pedro Castro y Manuel Robles o la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por aquel entonces diputada en la Asamblea de Madrid. Oreja afirma en la entrevista concedida a la SER -y que se emitirá íntegramente esta tarde (19:20h) en La Ventana de Madrid- que en cuanto recibieron las órdenes de seguimiento, denunciaron los hechos ante el entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados.

Oreja no aclara durante la conversación mantenida con la SER qué llevó a sus superiores a ordenar el seguimiento a Cifuentes. Sí explica, por ejemplo, cómo los agentes acudían a los actos públicos del exconsejero de Justicia Alfredo Prada y tomaban notas. "No hacíamos seguimientos a nadie. Acudíamos a los sitios donde nos mandaban Gamón y Castaño. Hacíamos una copia pública de la agenda de Prada". Según su relato, esas notas sirvieron como excusa para la implicarles en un montaje en el que ellos no tenían nada que ver. "La misma tarde que nos enviaron esas barbaridades fuimos al consejero [Granados] a denunciar los hechos. A partir de ese momento comenzó nuestro periplo de adversidades".

Preguntado por el origen de las órdenes y por qué existía tal interés en realizar estos trabajos de seguimiento, José Oreja admite que sus superiores les hicieron saber que ese "interés" procedía del entonces vicepresidente regional, Ignacio González. El encargo, entiende Oreja, era un elemento más en las "guerras internas" que mantenían en el seno del PP y del gobierno regional, González, Granados o Gallardón.Unos implicados en una lucha de poder en el seno del gobierno regional y otros por hacerse con el control del partido.

Sobre la capacidad de Granados para paralizar estos trabajos, Oreja insiste en que se comprometió a tomar medidas pero "no hizo nada", fruto seguramente de su debilidad frente al poder emergente del vicepresidente Ignacio González.

Oreja en la Asamblea de Madrid

José Oreja comparece este viernes 4 de marzo en la comisión sobre la corrupción de la Asamblea de Madrid. Lo hará junto a los otros dos imputados: Antonio Coronado y José Manuel Pinto. La declaración se produce a petición propia y se espera que puedan aportar nuevos detalles sobre los objetivos marcados y la procedencia de las órdenes. Oreja siempre ha negado que tuviera algún interés en las personalidades políticas señaladas en esas órdenes verbales y en la entrevista concedida a la SER, asegura que su único interés ahora "es esclarecer toda la verdad".

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/28/radio_madrid/1456680471_091226.html

UNA DENUNCIA DE UNA FELACIÓN "PISTOLA EN MANO" COMPLICA EL 'CASO ESPÍAS' EN MADRID

Yolanda Lavinia, exmujer del jefe de los 'espías' y exsecretaria de Esperanza Aguirre, declara a finales de mes. Dos imputados del caso presentaron una denuncia asegurando que fue amenazada y vejada

El 'caso de los espías' se complica, se enreda en una compleja madeja que ahora suma tintes sexuales, como toda novela negra que se precie. "Que ha sido amenazada por su marido para que contra su voluntad y pistola en mano, realice el acto sexual”. Así reza el punto siete de una denuncia que obra en poder del juzgado número 5 de Madrid, que instruye los presuntos seguimientos ilegales que asesores policiales de la Comunidad de Madrid hicieron a políticos rivales de Esperanza Aguirre. La denuncia la firman dos de los imputados del caso, después de haberse reunido con Yolanda Lavinia Díaz, la mujer amenazada. La frase, redactada finamente para presentarla ante el juez, esconde una vejación más burda. “Ella nos contó que su ex le puso una pistola en la cabeza y le obligó a hacerle una felación”, explican fuentes presentes en la reunión.

Yolanda Lavinia es la exmujer de Sergio Gamón, un tercer imputado en el caso y en teoría el jefe directo de los 'espías'. El matrimonio estuvo muy unido a Esperanza Aguirre. Ella fue secretaria de la dirigente del PP cuando esta fue senadora, y Gamón (policía nacional) pasó de ser su escolta a director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid cuando 'la lideresa' ocupó la sede del Gobierno regional. La hija de ambos fue concejala del PP en Fuenlabrada. Yolanda Lavinia está citada a declarar el 29 de septiembre de 2015 para que ratifique delante de la juez Carmen Valcarce, titular del 5, lo dicho en esa reunión de la que partió la denuncia.

Yolanda Lavinia está citada para declarar el 29 de septiembre, pero antes la juez debe decidir sobre la recusación que le han presentado varios imputados

Los denunciantes afirman que fue Lavinia la que pidió reunirse con ellos, en presencia de los letrados de ambas partes, para contarles que “desde que empezó todo esto se encuentra aterrorizada, arruinada económicamente, moralmente hundida y sola”. La denuncia presentada señala que Lavinia "está siendo seguida, y que una ocasión, las personas que la seguían han intentado provocar un accidente, sacándola fuera de la carretera por donde circulaba". La denuncia asegura que su exmarido tiene una orden de alejamiento y que ella presentó una denuncia por malos tratos en el cuartel de la Guardia Civil en Santa Olalla (Toledo).

Por último, y según la denuncia, Yolanda Lavinia “está dispuesta a ratificar delante de su señoría toda la información publicada en su día por el diario El País y a aportar más información de relevancia”. Se refiere a la entrevista que Lavinia concedió a este diario en junio de 2010, y en la que aseguró que el espionaje a cargos políticos de la Comunidad de Madrid había existido y que su ex empezó a investigar a Alfredo Prada (entonces consejero de Justicia e Interior) desde el año 2006. Unas labores de espionaje de las que se encargaba Gamón y otro policía nacional, Miguel Castaño, también imputado en la causa.

La Audiencia Provincial forzó su declaración

La denuncia de las amenazas y el supuesto abuso sexual la pusieron en junio de 2013 el guardia civil José Oreja y un trabajador de la Comunidad, José Manuel Pinto. El primero está imputado acusado de hacer los seguimientos a los políticos; el segundo por rellenar los partes de esos seguimientos. La Audiencia Provincial de Madrid ya forzó la declaración de Lavinia en febrero de 2014 "a la vista de que se había ofrecido a relevar datos de relevancia para la causa". Pero ella se negó a declarar. Ahora tendrá una nueva oportunidad a finales de septiembre, cuando ha sido citada.

Que finalmente se produzca o no su declaración depende de la juez Carmen Valcarce. Como ya publicó El Confidencial, la magistrada, que ya lleva seis años y medio instruyendo el caso, ha ralentizado aún más el procedimiento al no haber enviado a la Audiencia el incidente de su recusación. Tres de los imputados (Oreja, Pinto, y otro guardia civil, Antonio Coronado) la recusaron en julio al entender que era amiga de Francisco Granados, implicado también en el espionaje. Hasta que se decida la recusación, el resto de diligencias y declaraciones quedan en suspenso, por lo que aún no es seguro que Lavinia pueda testificar a finales de mes.

La entrevista de Lavinia en junio de 2010 provocó todo un terremoto. Ella fue despedida fulminantemente de Telemadrid donde era secretaria del presidente, Manuel Soriano (este había sido exjefe de prensa de Aguirre). Ni siquiera la ayudó que hubiera declarado a favor de Soriano cuando este fue denunciado por acoso sexual por una trabajadora. Su mentora Aguirre la defenestró. Gamón, por su parte, tuvo que dimitir en junio de 2010, el mismo día que fue despedida Yolanda. Ambos ya estaban en proceso de separación.
Seis imputados

Los seguimientos a Alfredo Prada (exconsejero de Justicia) y a Manuel Cobo (cuando era vicealcalde de Madrid), enemigos políticos de Aguirre, han dejado de momento seis imputados. Se trata de tres guardias civiles en excedencia: Antonio Coronado Martínez, José Oreja Sánchez y José Luis Caro Vinagre (este último amigo personal de Francisco Granados, que aparece incluso en el sumario del caso 'Púnica'); de José Manuel Pinto Serrano, personal laboral de la consejería de Interior acusado de escribir los partes de seguimiento; y los dos jefes de todos ellos, Sergio Gamón Serrano (director general de Seguridad) y Miguel Castaño Grande, policía nacional en excedencia y subdirector de seguridad.

Todos están acusados de malversación de fondos públicos, ya que el delito de espionaje político no está tipificado en el Código Penal. Coronado, Oreja y Pinto han pedido la imputación de Ignacio González, al que acusan de ordenar los seguimientos; y de Francisco Granados, por conocerlos y no evitarlos.

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-09-15/una-denuncia-de-una-felacion-pistola-en-mano-complica-el-caso-espias-en-madrid_1009869/

Imputados del 'caso espías' recusan a la juez por amistad con Granados

El abogado de los guardias civiles se basa en las grabaciones de la operación Púnica

Los implicados piden conocer la conversación entre Esperanza Aguirre y su exconsejero

Tres de los seis imputados en el caso del espionaje político ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre y financiado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid han presentado escrito de recusación ante la Audiencia Provincial contra la juez Carmen Valcarce, que instruye esta causa desde hace seis años y ha intentado archivarla en tres ocasiones.

Los imputados justifican la recusación en la supuesta amistad de la juez con Francisco Granados, exconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, y en la falta de imparcialidad de la instructora en este proceso.

Entre abril y mayo de 2008, asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid siguieron supuestamente desde la mañana a la noche al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Ambos eran adversarios de Esperanza Aguirre en la lucha por el poder dentro del PP tras la segunda derrota electoral consecutiva de Mariano Rajoy.

Los asesores de seguridad, según la investigación judicial y los testimonios de algunos implicados, habrían recibido la orden de seguir a estos políticos de su inmediato superior, el entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, a quien había fichado personalmente para el cargo Esperanza Aguirre. Los tres imputados que han recusado a la juez, los guardias civiles José Oreja y Antonio Coronado, y el empleado autonómico José Manuel Pinto niegan haber realizado los seguimientos que les ordenaron.

El abogado Ramón González Bosch, que defiende a los tres imputados, fundamenta la recusación en el contenido del sumario de la Operación Púnica, que incluye conversaciones grabadas a Francisco Granados, que fue consejero de Justicia e Interior y jefe político de los implicados en el caso del espionaje.

En esas conversaciones, Granados comenta con políticos, periodistas y amigos, su citación en el juzgado para que declare como testigo en el caso.

El abogado de los imputados recuerda que en una de las conversaciones que mantiene Granados con José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro y exdiputado autonómico, el ex consejero comenta que la citación no le preocupa: "Esas cosas las hace [la juez] para archivar". Unas semanas después de interrogar a Granados, en septiembre de 2014, la juez archivo por tercera vez la causa aunque la Audiencia Provincial corrigió a la instructora y la obligó a continuar con el procedimiento.

El abogado de los imputados cita en su escrito de recusación algunos diálogos de Granados en los que apunta un trato de favor hacia él de la juez instructora del caso.

Conversación con su mujer: "Le dije a la jueza que se cortara un poco". Granados habla con su esposa Nieves Alarcón, momentos después de terminar su declaración ante la juez Carmen Valcarce. "La jueza se ha acercado a mí en el pasillo antes de tomarme declaración. Delante de los ocho abogados personados en la causa ha dicho: "Paco Granados ha sido el mejor consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid" y me ha dicho que allí me tenía para lo que quisiera y que allí estaba para servirme. Yo le dije que se cortara un poco delante de esas personas".

La juez rechaza grabar la declaración. Granados habla con una excolaboradora y le cuenta su experiencia en el juzgado. "He hablado con la jueza de la despedida de José Luis Sánchez Armengol [antiguo decano de los juzgados de Plaza de Castilla]. La jueza me recomendó que mi abogado pidiera que no se grabara la declaración y que ella lo apoyaría". Y así se hizo.

Esperanza Aguirre llama a Granados. No hay transcripción. El abogado de los imputados recuerda que horas después de hacerse pública la citación de Granados por el caso del espionaje, éste recibe una llamada de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Pero en el sumario del caso Púnica no aparece el contenido de esa conversación, tan sólo una frase: "Hablan sobre varios temas, sin ser ninguno de interés para la investigación". El abogado de los imputados reclama a la Audiencia Provincial que reclame al instructor del caso Púnica la grabación de esa conversación.

Los tres imputados que piden la recusación entienden que la juez, en función de estas pruebas del sumario del caso Púnica, "es parcial en su actuación ante el exconsejero Granados". El abogado de los implicados en el caso recuerda que solicitó la imputación de Granados el 27 de diciembre de 2012 y la instructora ni le contestó. Y que ahora ha solicitado nuevas pruebas antes de que se juzgue el caso por el tribunal del jurado y la instructora ha rechazado todas.

El escrito se basa en dos causas tasadas en la Ley para que prospere una recusación: "Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes; y tener interés directo o indirecto en el pleito o causa".

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/31/actualidad/1438358901_126047.html

Un tercer agente confiesa el espionaje político en Madrid

El guardia civil denuncia que Ignacio González dio la orden y dos consejeros lo conocían

La juez se niega a citar a los miembros del Gobierno de Aguirre para aclarar los hechos

Antonio Coronado, uno de los tres guardias civiles imputados desde 2009 en el caso del presunto espionaje pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, confesó ayer por escrito a la juez que la orden de los seguimientos ilegales a políticos partió del entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Tres de los seis imputados en la causa han reconocido ya la existencia del espionaje ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre contra los adversarios de la presidenta dentro del propio PP.

La juez de esta causa tiene encima de su mesa una nueva confesión del presunto delito que apunta a la responsabilidad directa de varios políticos del PP que gobernaban en la Comunidad de Madrid cuando se produjo el espionaje político. Ninguno de esos políticos está imputado. La instructora se negó ayer durante la vista previa a la celebración del juicio con jurado a investigar las nuevas denuncias y a citar a los señalados por el guardia civil Antonio Coronado.

"Por especial interés del vicepresidente primero..."

El guardia civil Antonio Coronado, imputado como autor de los seguimientos ilegales, entregó la siguiente confesión a la juez: “El señor Gamón (director general de Seguridad en el momento de los hechos) y el señor Castaño (subdirector de Seguridad) nos reúnen en su despacho a tres guardias civiles y tres policías, de lo que fueron testigos las secretarias del señor Gamón, y nos dicen que, por especial interés del vicepresidente primero Ignacio González, hay que realizar unas tareas que consisten en recabar información sobre una serie de personas (...) Decidimos hablar con el consejero de Presidencia Francisco Granados para denunciarle los términos de la misma y expresarle nuestra repulsa porque no nos parecían ni éticas ni profesionales tales instrucciones”.

El supuesto espionaje a Alfredo Prada (entonces consejero de Justicia) y Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) se produjo hace siete años, entre abril y mayo de 2008, en plena batalla por el poder dentro del PP tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Prada y Cobo se habían alineado con Rajoy en la disputa silenciosa que mantenía el presidente del PP con Esperanza Aguirre, quien coqueteaba entonces con la idea de presentar su candidatura a liderar el partido.

En ese contexto de tensión política máxima en el seno del PP se produjo el presunto espionaje: tres guardias civiles y un policía nacional, todos ellos fichados a dedo como asesores por el Gobierno de Madrid presidido por Aguirre, realizaron decenas de seguimientos a Prada y Cobo. De esos seguimientos quedó constancia por escrito en unos partes mecanografiados que hizo públicos EL PAÍS. Como consecuencia de aquellas informaciones, la juez abrió una causa en marzo de 2009 e imputó a los supuestos autores de los seguimientos ilegales. La Asamblea del Madrid creó una comisión de investigación sobre el escándalo y el PP nacional abrió una información interna. El Parlamento regional madrileño apenas trabajó unas semanas: el grupo popular bloqueó la mayoría de comparecencias pedidas por la oposición y la comisión se cerró sin resultados. El PP nacional también abandonó su investigación interna tras interrogar a miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre sin consecuencias políticas.

Tres intentos de archivo

La juez instructora, Carmen Valcarce, intentó archivar la causa en tres ocasiones. La Audiencia Provincial de Madrid halló suficientes indicios de malversación de fondos públicos en lo investigado como para rectificar a la instructora y ordenar que continuara la causa.

La juez encara ahora el final de la instrucción para someter el caso a juicio con jurado. Hay seis imputados: los tres guardias civiles que participaron en los seguimientos; un empleado autonómico al que se atribuye la letra manuscrita que aparece en los partes del espionaje, y los dos jefes en el departamento de Seguridad. Dos de los imputados han denunciado ahora a la juez que fueron presionados y amenazados para guardar silencio.

Durante los cuatro primeros años de instrucción, los tres guardias civiles negaron haber hecho los seguimientos ilegales a Prada y Cobo. En 2013, el guardia civil José Oreja Sánchez y el empleado autonómico José Manuel Pinto declararon ante la juez que Sergio Gamón ordenó el espionaje ilegal a políticos. Otro guardia civil, Antonio Coronado, ha confesado ahora lo mismo.

La juez se niega a citar al Gobierno de Aguirre

El abogado de los tres imputados en el caso del presunto espionaje político en Madrid que han reconocido los hechos ante la juez solicitó ayer que sean llamados como testigos varios miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre que según ellos ordenaron el espionaje o lo conocieron sin hacer nada para evitarlo. La juez se negó a practicar esta prueba.

Las partes ya han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Provincial para que se cite al expresidente Ignacio González, los exconsejeros Salvador Victoria y Francisco Granados, y el exdirector general Agustín Carretero. Sostienen que esa es la única forma de conocer quién dio la orden y determinar quién debe asumir la responsabilidad.

Según los tres imputados que han confesado, el entonces presidente Ignacio González fue la persona que ordenó los seguimientos ilegales: transmitió la orden, afirman, a Sergio Gamón cuando este era director general de Seguridad Ciudadana de Madrid.

Gamón había sido contratado personalmente por Esperanza Aguirre cuando estaba casado con una de las secretarias de la presidenta. La defensa de los tres imputados pidió ayer, y la juez aceptó, citar como testigo a la exesposa de Gamón, quien declaró a EL PAÍS que su exmarido hablaba por teléfono con Ignacio González sobre el espionaje a adversarios de Aguirre.

Granados era el consejero de Interior de Madrid cuando ocurrieron los hechos. Los guardias civiles aseguran que le avisaron de que Gamón les había ordenado seguir a políticos. En una conversación grabada en el chalé de Granados en 2012 y publicada por el diario El Mundo se escucha al exconsejero asumir que el espionaje se produjo.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/10/actualidad/1436553223_626013.html

GRANADOS AVISA: “LOS IMPUTADOS DEL ESPIONAJE PUEDEN DECIR LA VERDAD”

Un guardia civil revela a la juez lo que el consejero de Interior les contó en una reunión y pide incorporar una grabación a la causa

José Oreja Sánchez, guardia civil imputado en el caso del espionaje político pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, ha pedido a la juez que incorpore al sumario la grabación de la reunión que mantuvo en 2012 con el que fue consejero de Interior, Francisco Granados, hoy encarcelado por el escándalo de corrupción conocido como caso Púnica.

En aquella cita, según relata Oreja, el dirigente del PP intentó tranquilizar a los tres guardias civiles con los que se reunió, todos imputados desde 2009 por el supuesto espionaje político a adversarios dentro del PP de la presidenta Esperanza Aguirre. "Nos dijo que el tema judicial no iba a ir a ningún sitio. Que la juez sabía perfectamente lo que pasaba aquí, que a él no le podía imputar y que en su caso le llamaría como testigo", señala Oreja."Granados también nos dijo que cuando se fue de la Comunidad de Madrid [no renovó como consejero y fue destituido como secretario general del PP-Madrid] le dijo a Esperanza Aguirre que los tres guardias civiles [imputados por el espionaje político] podían decir la verdad".

La juez tardó todavía dos años en citar a Granados como testigo. Lo hizo porque José Oreja pidió declarar por segunda vez para confesar que su jefe directo, Sergio Gamón, director general de Seguridad Ciudadana, le ordenó a el y a otros dos guardias civiles hacer seguimientos ilegales a políticos y que Granados lo sabía. El exconsejero lo negó cuando declaró como testigo en el juzgado.

Entre abril y mayo de 2008, tres guardias civiles, fichados a dedo por Granados, a las órdenes de un policía, Sergio Gamón, contratado por Esperanza Aguirre pues era marido de una de sus secretarias, siguieron de la mañana a la noche al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, en sus actividades públicas y en su vida privada, según un informe policial encargado por la juez.

De esos seguimientos dejaron constancia los supuestos espías en unos partes mecanografiados que daban cuenta de los lugares que habían visitado o de las personas con las que habían estado ambos políticos. En aquellos meses, tanto Cobo como Prada apoyaban la continuidad de Rajoy al frente del PP mientas que Aguirre coqueteaba con la posibilidad de disputar el liderazgo del partido.

En su escrito, el guardia civil José Oreja detalla a la juez otras afirmaciones del exconsejero Granados: "Nos dijo que Salvador Victoria, que en aquel momento era el jefe de la asesoría jurídica de la Comunidad de Madrid, sabía todo lo que pasaba aquí, y que a efectos de continuar en el trabajo no iba a tener ningún problema con Victoria porque era el mejor que se lo sabía". Oreja también asegura que la grabación demostrará como Granados culpa a Enrique Barón, nombrado director general de Seguridad en sustitución de Gamón, de filtrar el escándalo del espionaje político al diario EL PAÍS.

En el mismo escrito dirigido a la juez, el abogado de José Oreja señala que tiene pruebas de que su cliente fue amenazado antes de que prestase declaración ante la juez el 18 de diciembre de 2012: "Sufrí presiones para no declarar o declarar que no recordaba nada. De lo anterior ostento prueba para su demostración si fuera necesario".

El empleado de la Comunidad de Madrid José Manuel Pinto, también imputado como presunto autor de la letra manuscrita que aparece en los partes del espionaje, no participó en los seguimientos pero asegura que también fue amenazado por quien era su jefe Sergio Gamón. "Se presentó en mi domicilio para convencerme de que no declarase negativamente en contra del señor Castaño o del señor Granados porque desde la Comunidad de Madrid me iban a ayudar".

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la instructora del caso que siga con el procedimiento. La juez, que ha querido archivar tres veces la causa, ha citado a todos los imputados el próximo viernes en el juzgado para una audiencia preliminar antes de dictar el auto de apertura del juicio oral con jurado en el que habrá seis imputados, ninguno de ellos cargo político de la Comunidad de Madrid.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/03/actualidad/1435939028_256654.html

LA JUEZ LLEVA EL ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE A JUICIO CON JURADO

La instructora cita a los seis imputados por malversación a una audiencia preliminar

Seis años después de abierta la causa judicial por el supuesto espionaje político pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, la juez Carmen Valcarce ha citado para el próximo 10 de julio a los seis imputados por malversación a una audiencia preliminar, antesala de la celebración del juicio con jurado.

Los hechos que se juzgarán ocurrieron entre abril y mayo de 2008. Tres guardias civiles a las órdenes de un policía nacional, todos ellos fichados a dedo por el Gobierno de Esperanza Aguirre, siguieron de la mañana a la noche en sus actividades públicas y privadas a dos políticos del PP, Manuel Cobo y Alfredo Prada, supuestos adversarios de la presidenta autonómica en su batalla por el poder interno del partido. Los agentes elaboraron unos partes escritos del resultado del supuesto espionaje, según la investigación basada en el posicionamiento de los teléfonos móviles de los guardias civiles y en el testimonio de uno de ellos, quién confeso a la juez los hechos. Este guardia civil declaró que había alertado al consejero de Interior, Francisco Granados, de que su jefe directo, el director general de Seguridad Ciudadana, Sergio Gamón, les había ordenado hacer seguimientos ilegales a políticos.

Cobo era vicealcalde de Madrid y Prada, consejero de Justicia en el Gobierno de Aguirre cuando se produjeron los seguimientos. Ambos políticos apoyaban a Mariano Rajoy para liderar el partido, cargo al que aspiraba Aguirre tras la derrota electoral del PP en 2008.

La juez ha intentado tres veces en estos seis años archivar la causa con la excusa, entre otras, de que no se podía calcular el monto de la malversación cometida por los agentes. Pero la Audiencia Provincial de Madrid revocó los tres autos de archivo y ordenó seguir con el procedimiento.

La instructora ha citado a los imputados y a la acusación popular en la audiencia preliminar para que presenten las alegaciones o soliciten nuevas pruebas antes de decidir la fecha del juicio.

El diario El Mundo difundió en febrero pasado grabaciones de conversaciones mantenidas por el exconsejero de Interior, Francisco Granados —hoy encarcelado por el caso Púnica— con los tres guardias civiles que hicieron los seguimientos en octubre de 2012. Uno de los agentes le contaba a Granados: “Yo tendré que decir que me lo mandó él [Sergio Gamón, ex director general de Seguridad] por especial interés del señor presidente actual [Ignacio González]. La verdad es esa”.

Los tres guardias civiles negaron los hechos durante los interrogatorios en los primeros años de la investigación judicial. Uno de ellos, en la conversación grabada con Granados en 2012, recordaba esa circunstancia: “A mí me dijo Halffter [viceconsejero de Interior]: 'Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas'”.

Esos testimonios, que apuntan directamente al expresidente Ignacio González e implicarían indirectamente a Esperanza Aguirre, que fichó a Sergio Gamón como director general de Seguridad, no están incorporados a la causa.

Los espiados Cobo y Prada denunciaron los hechos. “Se montó una gestapillo. Ojalá sepamos quién lo hizo”, declaró Cobo. Rajoy llegó a ordenar una investigación interna dentro del partido que cerró en unas semanas sin resultados. Y la secretaria general, Dolores de Cospedal, obligó a Cobo y Prada a retirarse de la causa, en la que sólo sigue el PSOE como acusación popular.

http://politica.elpais.com/politica/2015/07/02/actualidad/1435858495_881573.html

LA JUEZA INICIA LOS TRÁMITES PARA SENTAR EN EL BANQUILLO A LOS ESPÍAS A SUELDO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La instructora del caso considera “verosímil” la atribución de un delito de malversación y convoca a los imputados antes de seguir adelante hacia la vista oral con jurado

Dos imputados clave piden protección para la exmujer de su antiguo jefe, Sergio Gamón, reclaman a la magistrada que la cite a declarar y trazan un relato aterrador sobre su calvario personal

La jueza que desde 2009 investiga el presunto espionaje a cargos del PP contrarios a Esperanza Aguirre por parte de funcionarios a sueldo de la Comunidad de Madrid ha ordenado iniciar los trámites para juzgar en un juicio con jurado a los seis imputados. Titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, la magistrada Carmen Valcarce considera “verosímil” atribuirles la comisión de los hechos investigados, que “revisten por ahora [...] los caracteres de delito de malversación de caudales públicos”. Así lo escribe en una resolución fechada el 26 de junio y a la que ha tenido acceso infoLibre.

Tras el durísimo auto adelantado por este diario y con el que, por tercera vez, la Audiencia de Madrid le obligó el 1 de junio a reabrir el caso, Valcarce ha convocado a todas las partes a una comparecencia –vistilla, en el argot jurídico- para que el viernes 10 de julio a las cinco y media de la tarde pidan el sobreseimiento, lo que en teoría sigue siendo posible, o la continuación del procedimiento. A esa comparecencia no acudirán sólo los abogados. También los imputados han de estar presentes.

De momento, y antes de que llegue ese momento, ya hay otra solicitud. Y de calado: el abogado que representa a dos imputados clave, José Manuel Pinto y José Oreja, reclama que se ponga bajo protección a Yolanda Laviana, exesposa del exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid, el también imputado Sergio Gamón, y que se la cite a declarar.

En junio de 2010, Laviana afirmó en declaraciones al diario El País que su marido ya investigaba en 2006 al entonces consejero Alfredo Prada para Ignacio González, en aquel momento delfín de Esperanza Aguirre. En septiembre de 2012, y tras la inesperada dimisión de Aguirre, González tomó el relevo de su mentora al frente del Gobierno madrileño.

Dos años y medio después de aquellas primeras declaraciones de Yolanda Laviana, el guardia civil imputado José Oreja dio una vuelta de tuerca al caso al enviar a la jueza una confesión escrita en la que reconocía exactamente lo que la exmujer de Gamón había dicho. Y más.

En su escrito, Oreja relataba cómo había espiado a Alfredo Prada pero también a Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde y a su mano derecha, Manuel Cobo, porque Ignacio González tenía “especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”. Aquello no conmovió a la jueza Valcarce, que al poco volvió a dar cerrojazo al caso.

“Aterrorizada, arruinada, moralmente hundida y sola”

Obligada de nuevo por la Audiencia de Madrid a reabrir la causa, la jueza ya citó a declarar a Yolanda Laviana el año pasado. Pero, una vez ante ella, le concedió la potestad de no declarar contra Sergio Gamón porque había estado casada con él. Ese argumento, concluyó la Audiencia de Madrid en su auto del 1 de junio, no vale: porque en el momento de colocarse ante la magistrada, a la testigo ya no le unía ninguna relación afectiva ni de lealtad conyugal con su exmarido.

Al solicitar que Yolanda Laviana sea llamada de nuevo a testificar, la defensa de Oreja y Pinto subraya cómo recibió con “perplejidad” que se acogiese a un hipotético derecho de silencio. ¿Por qué? Porque Laviana se había reunido “por petición propia con esta parte manifestándonos todo lo contrario el día 10 de mayo de 2013”.

Según el letrado de Oreja y Pinto, Ramón González Bosch, en aquella reunión la exmujer de Gamón le transmitió, entre otras cosas, lo siguiente: “Desde que empezó todo esto se encuentra aterrorizada, arruinada económicamente, moralmente hundida y sola”. Además, ratificó “todo lo manifestado por ella y publicado por el periódico El País” y dio “como verídicas estas informaciones en todos sus extremos”.

El abogado agrega que quien luego se convirtió en una testigo refractaria le desveló entonces cómo “continuamente está siendo seguida”. Y que “estaba dispuesta a ratificar delante de su señoría toda la información publicada por El País y a aportar más información de relevancia a favor de la verdad”.

No era posible calcular el daño hecho

Si en la vistilla del viernes de la próxima semana la jueza descarta el sobreseimiento, podrá practicar nuevas diligencias y tendrá que dar luego traslado a las partes para que presenten los escritos de acusación y defensa.

En esta causa, la Fiscalía no acusa. Se mantiene abierta porque la acusación popular, ejercida por los socialistas madrileños a través del abogado Wilfredo Jurado, recurrió los tres intentos de carpetazo de la magistrada. Y en sus tres recursos obtuvo el respaldo de la Audiencia de Madrid.

Reacia desde el primer momento a investigar más allá del primer nivel –el de los agentes directamente involucrados en los seguimientos, en favor de cuya existencia hablan distintos informes caligráficos y de posicionamiento de teléfonos móviles-, la jueza Valcarce se aferró a que no era posible cuantificar el daño causado a las arcas públicas.

Y que como eso no era factible, tampoco lo era atribuir a los imputados un delito de malversación. Ocasión tras ocasión, la Audiencia de Madrid tumbó sus razonamientos y forzó la reapertura de la causa.

Ahora, la gran incógnita radica en si, por cuarta vez, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid desoye el mandato de la Audiencia Provincial e intenta, tras la vistilla del 10 de julio, volver a archivar el caso.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/07/03/la_juez_inicia_los_tramites_para_juzgar_los_espias_sueldo_comunidad_madrid_34771_1012.html

Audiencia de Madrid obliga por tercera vez a reabrir el caso de los espías a sueldo de la Comunidad

El tribunal de apelación acepta el recurso de los socialistas madrileños y recuerda a la instructora del caso que ya en 2011 dejó sentado que hay "indicios suficientes" de malversación

Los seguimientos a cargos del PP enfrentados a Esperanza Aguirre, como Gallardón, Alfredo Prada y Manuel Cobo, seguirán investigándose pese a la actitud refractaria de la juez instructora

Por tercera vez en seis años, la Audiencia de Madrid ha forzado la reapertura del caso de los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, que la jueza instructora, Carmen Valcarce, había archivado de nuevo pese a los informes que acreditan la existencia de seguimientos a enemigos políticos internos de Esperanza Aguirre y su sucesor al frente del Gobierno regional, Ignacio González.

En su resolución, la Audiencia remarca que la jueza del caso, Carmen Valcarce, titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, debe obedecer su decisión. Y recuerda que, aunque la Fiscalía no ha recurrido el archivo de la causa, esta debe seguir adelante aunque solo tenga el impulso de la acusación popular, ejercida por los socialistas madrileños (PSM).

La Audiencia acepta así el recurso del PSM contra el carpetazo dictado por la juez el pasado 23 de febrero en una causa que estalló en mayo de 2009 después de que el diario El País revelase que altos cargos del PP madrileños enfrentados a Esperanza Aguirre habían sido sometidos a vigilancia por empleados de la Comunidad de Madrid. Entre los espiados figuraban el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y un exvicepresidente del Gobierno regional, Alfredo Prada.

Como en las dos ocasiones anteriores, y en todas ellas a instancias del abogado Wilfredo Jurado, que representa a los socialistas madrileños (PSM) como acusación popular, la Audiencia obliga a la magistrada a reabrir el caso con un auto de gran contundencia.

La resolución recuerda a la magistrada que la misma sección que ahora se pronuncia, la 16, ya dejó sentado en marzo de 2011 "que existen indicios suficientes acerca de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".

El auto de reapertura pone en evidencia a la juez al enumerar los indicios que ya en marzo de 2011, es decir, hace cuatro años, quedaron recogidos en sendas resoluciones de la Audiencia.

Y entre esos indicios destacan el de "que los informes policiales llegan a determinar la autoría de los partes de seguimiento", el resultado de la pericial que señaló a uno de los cinco imputados como autor de los partes de seguimiento y la "vaguedad" y "ausencia de credibilidad" de las declaraciones prestadas por los subordinados del principal implicado, Sergio Gamón, exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

"La resolución que ahora se recurre -señala la Audiencia en relación al auto de sobreseimiento dictado en febrero por la juez Valcarce- no recoge ninguna circunstancia que, acaecida posteriormente al precitado pronunciamiento sobre existencia de indicios hubiera podido provocar una decisión diferente". Es decir, no ha pasado nada que pudiera explicar la decisión de archivar el caso.

La Audiencia subraya que la juez debe obedecer

El tercer intento de cerrojazo de la juez Valcarce se produjo, en efecto, el 23 de febrero. Para entonces, Pedro Sánchez ya había fulminado a Tomás Gómez como líder de los socialistas madrileños. Que el recurso contra el auto de Valcarce se presentara con posterioridad a esa fecha indica, por tanto, que la nueva dirección del PSM mantiene sobre el caso del espionaje la misma línea que el equipo anterior.

En su recurso, el PSM censuraba que una y otra vez la juez hubiese desoído el mandato de la Audiencia de Madrid. El tribunal de apelación hace suyo ese reproche a tenor de la escueta pero inequívoca orden que transmite a la instructora del caso: "El juzgado de instrucción debe cumplir con lo resuelto por el órgano jurisdiccional superior y proceder por lo tanto en el sentido que ya fue acordado por esta sección de continuación del procedimiento".

Los socialistas entienden que la instrucción ha de darse ya por finalizada para que comience la cuenta atrás hacia el juicio oral. Y eso es lo que, en teoría, debe ocurrir ahora salvo que la juez articule alguna nueva maniobra para cerrar el caso.

Ni la juez ni la Fiscalía quieren que el caso siga adelante. En defensa de su posición, la juez argumenta prácticamente lo mismo que el primer año de instrucción: que no es posible cuantificar la presunta malversación, es decir, el desvío de fondos públicos utilizados para vigilar -supuestamente tambiénh- a los enemigos políticos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

"Fines ajeno a la causa pública"

Pero la Audiencia vuelve a marcar a hierro su doctrina tanto sobre la ausencia de acusación pública como sobre la malversación: basta que haya acusación popular, dice el auto, para el caso siga adelante. Y sí es posible evaluar el desvío y, por tanto, los "perjuicios" derivados de destinar a varios funcionarios "a fines ajenos a la causa pública", tarea para la que se destinaron "jornadas enteras durante muchos días al mes, al menos durante tres meses".

Y todo eso, razona el auto de reapertura, es susceptible de cuantificación "a través de las nóminas correspondientes, los vehículos usados, el combustible repostado y los consumos de móviles".

La exmujer de Gamón, sin derecho al silencio

El auto aborda también uno de los hitos más importantes de la instrucción en los últimos meses: la citación de la exmujer de Sergio Gamón, Yolanda Laviana, como testigo y la posterior dispensa para declarar que le ofreció la juez Valcarce. Esa dispensa, sostiene la Audiencia, no cabe aquí porque solo resulta aplicable al cónyuge o análogo y no a alguien que ya ha roto con la persona sobre la que debe declarar, que es lo que ocurre aquí.

La citación de Laviana, igualmente rechazada por la instructora y forzada por la Audiencia, se produjo a raíz de unas declaraciones al diario El País en las que aseguró que su exmarido "ya investigaba desde 2006 a Alfredo Prada para Ignacio González".

Laviana no ha llegado a declarar aún. Pero la causa dio un salto cualitativo en enero de 2013 cuando uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, lanzó la misma acusación: pero por escrito y en un texto dirigido a la juez.

Según Oreja, se les ordenó espiar no solo a Manuel Cobo y Alfredo Prada sino también a Alberto Ruiz-Gallardón porque el entonces vicepresidente y ahora presidente regional en funciones, Ignacio González, tenía "especial interés"en ellos. En otras palabras, Oreja vino a confirmar las declaraciones de Laviana, aunque la juez Valcarce no hizo nada: se limitó a concluir que su confesión carecía de crédito.

Valcarce ya había intentado en julio de 2010 cerrar la investigación con el siguiente razonamiento: dado que era imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos, no hay causa que investigar. Nueve meses después, marzo de 2011, la Audiencia de Madrid forzó la reapertura: los hechos –adujo el tribunal– ofrecen claros indicios de un posible delito de malversación.

Durante un año, la jueza mantuvo abiertas las diligencias pero, a efectos prácticos, en estado de hibernación. Y en febrero de 2012 archivó por segunda vez el caso. De nuevo, pero ahora solo tres meses después, la Audiencia de Madrid impuso la reapertura

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/06/12/la_audiencia_madrid_obliga_por_tercera_vez_reabrir_caso_los_espias_sueldo_comunidad_33928_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias

EL PSOE RECURRE PARA REABRIR EL CASO DEL ESPIONAJE POLÍTICO EN MADRID

Los socialistas recuerdan que la Audiencia ya determinó que se había producido una malversación de dinero público de la Comunidad de Madrid

El grupo socialista de la Asamblea de Madrid, personado como acusación popular en el caso del espionaje político ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre, ha recurrido la decision de la juez instructora de archivar el procedimiento, en el que estaban imputados tres guardias civiles, un empleado autonómico y un polícía nacional, todos ellos a sueldo de la Comunidad de Madrid.

La juez Carmen Valcarce, que instruye el caso desde 2009, decretó por tercera vez su archivo por no hallar suficientes indicios de delito. En otras dos ocasiones anteriores, la Audiencia Provincial ordenó a la juez reabrir el caso al entender que de lo investigado se deducían suficientes indicios de una malversación de fondos públicos. Los magistrados de la Audiencia Nacional entendían que el Gobierno de la Comunidad de Madrid habían dedicado fondos a fines ajenos al servicio público. Entre los meses de abril y mayo de 2008, tres guardias civiles a las órdenes de un policía nacional, todos ellos fichados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, habían seguido día, tarde y noche al entonces consejero de Justicia, Alfredo Prada, y al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Ambos eran dirigentes del PP que apoyaban la continuidad de Mariano Rajoy al frente del partido durante la batalla interna abierta por el poder en la que Esperanza Aguirre amagó con presentar su candidatura a liderar la formación conservadora.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/06/actualidad/1425661515_082135.html

La juez archiva por tercera vez el caso del espionaje político en Madrid

Tres guardias civiles a sueldo de la Comunidad siguieron día, tarde y noche a adversarios de Esperanza Aguirre dentro del Partido Popular

La juez Carmen Valcarce, que instruye desde hace seis años el caso del supuesto espionaje político a adversarios de la ex presidenta regional Esperanza Aguirre que fue pagado con fondos públicos de la Comunidad de Madrid, decidió ayer archivar por tercera vez esta causa.

La Audiencia Provincial de Madrid rectificó en dos ocasiones anteriores a la juez al considerar que había suficientes indicios de un delito de malversación de caudales públicos en la causa como para continuar con la instrucción y obligó a reabrir el procedimiento.

La juez Carmen Valcarce, en un auto firmado el pasado octubre, resolvió abrir juicio oral por malversación contra cinco imputados: tres guardias civiles -que hicieron los seguimientos-, un policía nacional -jefe directo de los supuestos espías- y un empleado autonómico -supuesto autor de notas manuscritas en los partes del espionaje-. Valcarce recordaba en su auto del pasado octubre que tomaba la decisión de abrir juicio oral obligada por el criterio superior de la Audiencia Provincial.

En sólo cinco meses, la juez ha vuelto a cambiar de opinión. Para ello, se ha basado en el recurso de reforma presentado por la fiscalía y, compartiendo sus argumentos, la instructora decide el archivo provisional de las actuaciones contra los cinco imputados.

Para razonar su última decisión, la juez señala que le resulta imposible discriminar "con un mínimo de base" qué parte de los recursos utilizados por los supuestos espías (coches, teléfonos móviles, jornada laboral...) fueron dedicados a los seguimientos a políticos.

La Audiencia Provincial ya resolvió en su día que la complejidad para determinar la parte del gasto público dedicado a un fin ajeno, como el espionaje político, no podía significar en ningún caso impunidad.

Además, la juez recuerda un párrafo de un amplio informe policial en el que apuntaban la posibilidad de que hubiera errores en la localización de los teléfonos de los guardias civiles que hacían los seguimientos dado que la ciudad de Madrid está plagada de antenas repetidoras que hacen muy complicado precisar con exactitud el lugar desde el que se hacen las llamadas. El informe policial sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de los tres guardias civiles que hicieron los seguimientos trata cientos de llamadas y decenas de lugares, y en todo momento la situación de los espías coincide con domicilios particulares, o restaurantes donde acudieron los dos supuestos espiados: Alfredo Prada, ex consejero autonómico madrileño; y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid.

Pese a que dos de los imputados reconocieron ante la juez Carmen Valcarce en 2014 que los seguimientos existieron, indicaron quienes los habían ordenado y explicaron cómo se hicieron, la instructora no concede validez a estos testimonios al no verse "refrendados por otras pruebas".

La juez ha dictado el auto de sobreseimiento provisional de la causa sólo una semana después de que el diario El Mundo hiciera pública la grabación de unas conversaciones entre los tres guardias civiles que hicieron supuestamente los seguimientos a los adversarios de Esperanza Aguirre y quien fue su jefe político, el ex consejero de Interior Francisco Granados. Esa grabación, según El Mundo, correspondía a una reunión celebrada en casa de Granados en octubre de 2012. En ella, los guardias civiles explicaban con claridad quién les ordenó los seguimientos: Sergio Gamón, ex director general de Seguridad y hombre de confianza de Aguirre; y quién estaba especialmente interesado en los mismos: Ignacio González, entonces vicepresidente del Gobierno autónomo. En la misma conversación, los agentes señalaban que los dirigentes del Gobierno regional estaban encantados con la declaración que habían hecho ante la juez, donde habían negado los seguimientos.

La juez Carmen Valcarce, que duda todavía del supuesto espionaje, no hace referencia en su auto de archiva a esas cintas donde los supuestos espías reconocen que hicieron un trabajo ajeno a la función pública con medios de la administración regional. Una conducta que la Audiencia Provincial enmarca dentro del delito de malversación de fondos públicos.

http://politica.elpais.com/politica/2015/02/24/actualidad/1424788124_265434.html

EL ESPIONAJE POLÍTICO DE LA 'GESTAPILLO' EN MADRID LLEVA SEIS AÑOS DORMIDO EN UN JUZGADO

Las grabaciones de Granados difundidas por El Mundo abren un nuevo escenario que puede afectar a las aspiraciones de Esperanza Aguirre e Ignacio González

El futuro del caso depende de que la Fiscalía, la jueza o el PSOE, personado en la causa, pidan nuevas diligencias tras las revelaciones que apuntan a Granados

El espionaje a los rivales políticos de Aguirre coincidió con su intento por arrebatar a Rajoy el poder en el PP tras la derrota electoral de 2008

El espionaje de la 'gestapillo' a políticos en Madrid puede estallar al Partido Popular en plena campaña tras las grabaciones que ha publicado El Mundo, que no solo involucran a Francisco Granados sino que señalan directamente a Salvador Victoria, número dos de Ignacio González en el Gobierno regional. Estas revelaciones pueden dar un vuelco a la causa judicial, que dormita en un juzgado desde hace seis años, después de que la jueza que instruye el caso lo haya archivado dos veces contra el criterio de la Audiencia Provincial, que le obligó a abrirlo en las dos ocasiones.

Ahora está en manos de la jueza Carmen Valcarce, el fiscal o el PSOE -que ejerce como acusación popular en la causa- solicitar que se incorporen las nuevas pruebas que apuntan a Granados, en prisión por la Operación Púnica. Los principales afectados por el espionaje, el exvicealcalde de Madrid, Manuel Cobo y el exvicepresidente autonómico, Alfredo Prada, se apartaron como acusación del caso después de que se lo pidiera María Dolores de Cospedal.

La número dos del PP les exigió que retiraran el recurso que habían presentado contra la decisión de la jueza de archivar el caso en 2010. Lo hicieron por lealtad con el partido, pese a que la dirección había llegado a suspender de militancia a Cobo por criticar a Aguirre en una entrevista. El vicealcalde llegó a decir que tenía "miedo" ante lo que pudieran hacer quienes habían ordenado el espionaje. La diputada Carmen Rodríguez Flores desistió años después al ver que la causa no avanzaba.

Cobo y Prada esperan que el fiscal actúe de oficio tras las revelaciones que confirman que Granados era el encargado de ordenar los seguimientos. Fuentes de la acusación socialista han informado a eldiario.es de que pretenden hacer movimientos pero que deben esperar a que el fiscal se pronuncie definitivamente sobre el sobreseimiento que solicitó. El PSOE se opuso a esa medida y la Fiscalía tiene que resolver el recurso.

En el PP de Madrid hay sumergido un nuevo enfrentamiento después de que El Mundo publicara las grabaciones en las que revela que un miembro del Gobierno regional intentó sobornar a uno de los imputados por el espionaje a cambio de su silencio. La conversación apunta a Salvador Victoria, el hombre de confianza del presidente de la Comunidad: "¿Tú crees que si lo llama Salvador Victoria lo puede parar?", le dijo el actual director general de Justicia al abogado de uno de los implicados en la trama.

Ignacio González señala a Esperanza Aguirre como responsable última del espionaje al recordar que se produjo en su etapa como presidenta regional. Las grabaciones dejan claro que fue Granados, entonces consejero de Interior y Justicia del Gobierno de Aguirre, el que encargó los seguimientos a sus adversarios políticos. "El tema judicial no va a ningún sitio mientras que no llegue Sergio Gamón y diga: a mí me lo ordenó Francisco Granados", expresó el exdirigente del PP en una conversación con los exguardias civiles que se encargaron de espiar a Cobo y Prada.

Gamón, que entonces era director de Seguridad, era un hombre de la máxima confianza de la presidenta. Fuentes del partido señalan que es imposible que Aguirre desconociera el espionaje si él lo llevaba a cabo por mucho que Granados fuera el que lo encargara directamente.

La sombra de la sospecha sobrevuela a los dos líderes madrileños en plena puja por encabezar las listas del PP en la Comunidad y en el Ayuntamiento. Los pasos que den la jueza y la Fiscalía pueden ser determinantes para el futuro de Aguirre y González y, en el caso de que se amplíe la investigación, puede estallar al PP en plena campaña electoral.

Espionaje en plena batalla por el poder

El País reveló en enero de 2009 que el Gobierno madrileño tenía un servicio secreto para espiar a políticos. Entre ellos se encargó de hacer seguimientos a Prada y Cobo, que fueron los principales adversarios de Aguirre en la batalla por liderar el PP tras la derrota electoral de Mariano Rajoy en 2008.

La derecha mediática comenzó en ese momento a impulsar a Aguirre como sucesora de Rajoy en Génova. La presidenta madrileña también se movió para intentar arrebatar el cargo al presidente del partido en el congreso de julio de ese año. Cobo, que era el número dos de Alberto Ruiz Gallardón en el Ayuntamiento de la capital, aseguró que Aguirre no se presentaría finalmente porque no tenía apoyos. Esas declaraciones las hizo en abril de 2008. En esa misma fecha hay partes de seguimientos efectuados por los agentes de contravigilancia próximos a Granados en los que apuntaron los movimientos de Cobo y los diputados Alfredo Prada y Carmen Rodríguez.

Al conocerse el contenido de los partes, los hombres próximos a Gallardón presentaron sendas denuncias al considerar que se habían malversado fondos públicos para espiar a los rivales de Aguirre. Los escritos recayeron en el juzgado número 5 de instrucción. La titular de ese juzgado, a quien fuentes próximas a la investigación describen como partidaria de Aguirre, ha intentado archivar la causa dos veces.

El primer intento fue en el verano de 2010, cuando aseguró que había falta de pruebas y de indicios de delito en los hechos denunciados. La jueza consideraba que los partes no acreditaban que se hubieran producido los seguimientos y, además, defendía que si se hubieran acreditado, no serían constitutivos de delito. La Audiencia Provincial de Madrid rebatió a la magistrada y le obligó a seguir la investigación al entender que había "indicios suficientes de la comisión del delito de malversación de caudales públicos".

Tras algunas diligencias, entre ellas el análisis de las llamadas de los agentes, la jueza volvió a archivar la causa. A pesar de que los informes policiales y periciales apuntaban a que los teléfonos coincidían con los seguimientos, la jueza argumentó que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos. Fuentes próximas a la investigación explican que la ubicación de los teléfonos de los espías no coincidían con la de los políticos porque no se ofrece la localización exacta sino la de la torre de telefonía más cercana.

La Audiencia volvió a rechazar la postura de la jueza y le obligó a abrir la causa por segunda vez. "Existen indicios suficientes de delito (...) basados en las declaraciones de los tres asesores imputados, por su ausencia de credibilidad, en que los seguimientos no se compadecen con la idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria, en la pericial caligráfica que considera a José Manuel Pinto (empleado autonómico) autor de las anotaciones manuscritas que aparecen en algunos de los partes de seguimiento, en las declaraciones de los asesores que ponen de relieve que recibían instrucciones de Sergio Gamón, y en que los cinco imputados son funcionarios teniendo a su disposición teléfonos móviles, vehículos, combustible además de gozar de una nómina mensual durante el tiempo que se realizaron los seguimientos", decía el escrito del tribunal.

Desde entonces -mayo de 2012- el caso ha reposado en ese juzgado. Una de las últimas actuaciones fue la declaración como testigo de Granados, que negó cualquier conocimiento del espionaje en la Comunidad de Madrid. Las grabaciones en las que el exdirigente del PP se destapa a sí mismo como ordenante de las vigilancias han dado un vuelco a la causa en una nueva guerra interna por liderar las candidaturas en Madrid.

Génova no quiere que Aguirre y González sean un tándem por lo que es posible que uno de los dos caiga. La investigación, por su parte, depende de los movimientos de la Fiscalía -que recientemente había pedido el sobreseimiento-, la jueza y el PSOE madrileño, personado en el caso.

http://www.eldiario.es/politica/Caso-espionaje_0_358714786.html

LA JUEZ ABRIRÁ JUICIO POR MALVERSACIÓN EN EL CASO DEL ESPIONAJE POLÍTICO

La instructora procesa a cinco agentes y a un empleado de la Comunidad de Madrid

La juez Carmen Valcarce ha rechazado archivar la causa abierta contra dos policías nacionales, tres guardias civiles y un empleado de la Comunidad de Madrid por el caso del supuesto espionaje político a adversarios de Esperanza Aguirre pagado con dinero público. La juez resuelve continuar el procedimiento contra los seis imputados por un delito de malversación que será juzgado por un Tribunal del Jurado. Al menos tres guardias civiles, fichados como asesores de Seguridad por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, hoy encarcelado por el caso Púnica, siguieron entre abril y mayo de 2008 en sus actividades privadas y públicas a Alfredo Prada, consejero de Justicia, y a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, según las pruebas aportadas por la policía.

El resultado de esos seguimientos quedó reflejado en unos partes mecanografiados donde los supuestos espías apuntaban las personas con las que se veían los espiados. A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando salía de restaurantes en los que había cenado con familiares.

La etapa de los seguimientos coincide con la batalla política por el poder dentro del PP tras la primera derrota electoral de Mariano Rajoy, el 14 de marzo de 2004. Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amagó con plantear una disputa por la presidencia del partido. La presidenta sacó de su Gobierno a Alfredo Prada unos meses después.

A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando salía de restaurantes en los que había cenado con familiares

El jefe de los tres guardias civiles era el policía Sergio Gamón, entonces casado con la secretaria de Aguirre y fichado por la presidenta como director general de Seguridad Ciudadana.

Cinco años después de abrir la causa, la juez resuelve “continuar el procedimiento por los trámites adecuados y que en el presente [caso] es el Tribunal del Jurado dado el delito de malversación imputado”. En el auto, la juez recuerda que la Audiencia Provincial denegó en dos ocasiones el archivo del procedimiento que ella misma había decretado y ordenó continuar con las diligencias.

“Siempre a título indiciario”, señaló la Audiencia, “se han utilizado varios funcionarios, a los que se estaba pagando su nómina, para destinarlos a fines ajenos a la causa pública. Dichos funcionarios habrían destinado jornadas enteras durante muchos días al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la función encomendada estatutariamente. La supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado no puede querer decir impunidad (...). Además, el bien jurídico de estos delitos no tiene sólo un contenido económico, sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administración pública y en la legalidad de su actuación”. La juez no ha imputado al jefe político de los supuestos espías, Francisco Granados, citado como testigo hace cuatro meses. “Ni ordené ni amparé los seguimientos”, declaró.

Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amagó con plantear una disputa por la presidencia del partido

Granados está encarcelado desde hace 25 días por decisión del juez Eloy Velasco, que le imputa graves delitos de corrupción durante su etapa de consejero autonómico. Granados recibió un chivatazo sobre la investigación que la Guardia Civil estaba llevando a cabo en la Operación Púnica por parte del agente José Luis Caro Vinagre, imputado en el caso del espionaje político. Otro de los imputados, el guardia civil José Oreja, explicó que cuando les ordenaron los seguimientos le pareció “una locura, por las personalidades de las que se trataba, autoridades legalmente constituidas o designadas, y porque para conseguir cualquier información relevante habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”.

Oreja relató a la juez que se dirigió junto a los otros dos guardias civiles al entonces consejero Granados para expresarle su repulsa a realizar los seguimientos. Reiteró las quejas, según su versión, en tres ocasiones, “sin que se tomaran medidas al respecto”. “La actitud de Granados nos demostró lo que ya empezábamos a tener claro, que no era capaz de imponerse al director de Seguridad, quien a su vez ejecutaba órdenes directas del vicepresidente”. Los partes de los seguimientos “se elaboraban en la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas, 33, en los ordenadores que teníamos asignados. Se entregaban en mano al director o subdirector en sus respectivos despachos. Sobre una de esas notas vimos escribir a Castaño [subdirector general de Seguridad Ciudadanal, también imputado]”. La juez no ha imputado ni a Granados ni a González.

“No concuerdan con el perfil”

El auto en el que la juez Carmen Valcarce resuelve continuar con el procedimiento para que un Tribunal del Jurado decida si hubo malversación de caudales públicos en el seguimiento a políticos adversarios de Esperanza Aguirre ha sido recurrido en reforma por Ramón González Bosch, abogado de dos de los imputados, el empleado autonómico José Manuel Pinto, y el guardia civil José Oreja.

González Bosch señala que la juez en su auto admite que “efectivamente existieron los seguimientos, pero sus representados no concuerdan con el perfil para realizarlos”. “Si esto es así”, señala el recurso de reforma, “lo que coincide con nuestras teorías, es evidente que mis representados no pueden seguir siendo imputados por el delito de malversación de fondos públicos por los que venían siendo acusados”.

Los principales perjudicados por el supuesto espionaje político, Alfredo Prada y Manuel Cobo, denunciaron los hechos en un primer momento, pero decidieron retirarse de la causa por orden expresa de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que quería evitar una guerra interna en el partido, dado que el caso afectaba al corazón del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Cobo llegó a denunciar públicamente que Aguirre había montado “una gestapillo” para espiarle, mientras que Prada consideró los hechos “de una gravedad inmensa. [Lo ocurrido] no sólo vulnera mi derecho a la privacidad, sino que vulnera los derechos de mis hijos”. Uno de los seguimientos recogía la salida de Prada de un restaurante junto a miembros de su familia.

Otra persona que aparecía reflejada en los partes de seguimiento, María del Carmen Rodríguez Flores, diputada nacional del PP, decidió retirarse como acusación particular en el caso hace sólo unos meses.

Sólo queda en la causa la acusación representada por el abogado Wilfredo Jurado, que representa los intereses del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid.

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/26/actualidad/1417034177_057197.html

La jueza del espionaje en el PP de Madrid cita como testigo al exconsejero Francisco Granados

La jueza que investiga el presunto espionaje a altos cargos del PP madrileño por parte de agentes a sueldo del Gobierno autonómico, interrogará el 16 de septiembre como testigo a Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, ex secretario general del PP madrileño con Esperanza Aguirre, desde febrero senador dimisionario tras desvelarse que tenía una cuenta en Suiza y enemigo acérrimo del presidente Ignacio González. Su citación, a la que ha tenido acceso infoLibre, se produce a petición de la concejala y diputada al Congreso por el PP Carmen Rodríguez Flores, que también fue objeto de seguimientos.

Como consejero de Presidencia, Granados era el jefe orgánico de los supuestos espías imputados. Uno de ellos, el guardia civil José Oreja, envió en enero un escrito a la jueza en la que aseguraba que en realidad vigilaban a aquellos políticos en cuyos movimientos y actuaciones tenía “especial interés” el hoy presidente de Madrid y entonces vicepresidente primero con Esperanza Aguirre, Ignacio González.

Antes de la confesión de Oreja, en la causa ya constaban partes de seguimiento a destacados políticos del momento como el vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo –“se montó una gestapillo”, acusó públicamente– y el entonces vicepresidente regional Alfredo Prada, ambos internamente alineados contra Esperanza Aguirre.

Pero el guardia civil imputado amplió en esa declaración la lista de “objetivos” en las tareas de espionaje. Y lo hizo incorporando, entre otros, dos nombres de máxima relevancia: Alberto Ruiz-Gallardón, ahora ministro de Justicia, y Cristina Cifuentes, actual delegada del Gobierno en Madrid.

Ignacio González ha negado de modo tajante y en distintas ocasiones cualquier nexo directo o indirecto con los hechos investigados. Cuando el guardia civil José Oreja hizo llegar a la jueza Carmen Valcarce la declaración que le señalaba como beneficiario último de los seguimientos, el jefe del Ejecutivo regional se pronunció en los siguientes términos: “Se archivó el caso dos veces y ahora cambian las declaraciones”, dijo durante una entrevista en la Cadena Ser.

infoLibre contactó ayer jueves con portavoces oficiales de la Comunidad de Madrid en busca de un pronunciamiento sobre la citación de Granados como testigo, así como sobre el papel que desempeñará en la causa la Comunidad de Madrid, ahora personada como acusación particular. No hubo respuesta.

El primer cargo político

La citación de Granados, el primer político de la etapa examinada que desfilará ante la jueza excluidos los denunciantes Cobo y Prada, llega a instancias de otra acusación particular de muy distinto tenor: la que ejerce Carmen Rodríguez Flores, la matrícula de cuyo coche apareció en los partes de seguimiento.

Flores pertenece al círculo del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, imputado en la pieza separada del caso Gürtel que investiga si el partido se financió ilegalmente y quien en 2008 alertó a Mariano Rajoy de que estaba siendo vigilado tras sus críticas a ciertas adjudicaciones del Gobierno de Madrid.

La declaración del antiguo hombre fuerte del PP madrileño, quien en febrero tuvo que dimitir como senador y diputado autonómico tras desvelar el diario El Mundo que había tenido una cuenta en Suiza con 1,5 millones de euros, marcará un hito.

Sujeto a la obligación legal de contar como testigo todo lo que sepa y considerado en el PP como enemigo frontal del presidente madrileño, Ignacio González, su declaración subirá de forma automática el listón de un caso que avanza a trompicones en el juzgado de instrucción número 5 de Madrid desde hace cinco años.

La Comunidad ejerce la acusación... cinco años después

Fue el pasado 27 de marzo, y así consta en la causa, cuando la Comunidad de Madrid solicitó a la jueza Valcarce personarse como acusación en calidad de “perjudicada”.

En su solicitud, la Comunidad alega que "ha tenido conocimiento" de que el juzgado de instrucción 5 tramita esas diligencias y reclama ejercer la acusación bajo el razonamiento de que hay en liza una presunta malversación: la del dinero público empleado para seguir física o telefónicamente a los cargos políticos del PP espiados por quienes trabajaban a sueldo de la propia Comunidad de Madrid .

La juez Valcarce accedió a la pretensión del Gobierno de Ignacio González el pasado 18 de julio: dio por personado a su letrado en la misma providencia por la que ordenó tomar declaración a Francisco Granados. Pese al mazazo que las revelaciones sobre su cuenta suiza infligieron a su prestigio –dimitió como senador y como diputado autonómico–, el cercano interrogatorio del exconsejero ha generado máxima expectación entre quienes siguen el caso de cerca.

Deportado de la política desde su doble dimisión, Granados ya sufrió una verdadera metamorfosis política en noviembre de 2011: de ser hombre clave en el PP y el Gobierno madrileños pasó a caer derribado de un golpe. Su antigua mentora y jefa, que en junio de ese año ya había prescindido de él para su nuevo Gobierno, lo destituyó por sorpresa como número dos de la organización regional del PP.

Su cese fue interpretado como un auténtico pulso de Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy, entonces recién vencedor de las elecciones generales y a quien Granados había iniciado un acercamiento. Al fulminar a Granados, Aguirre ungió como delfín único a Ignacio González, a quien cedió la Presidencia del Ejecutivo poco después, en septiembre de 2012.

Doble carpetazo fallido

Sea del tenor que sea y salvo que algún nuevo viraje del caso impida su declaración, lo que Francisco Granados responda a partir de las seis de la tarde del 16 de septiembre ante la jueza Carmen Valcarce actuará como revulsivo en el caso.

Con diligencias abiertas en mayo de 2009, la magistrada Valcarce ya intentó en julio de 2010 dar carpetazo a la investigación con el siguiente razonamiento: dado que era imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos, no hay causa que investigar. Nueve meses después, marzo de 2011, la Audiencia de Madrid forzó la reapertura: los hechos –adujo el tribunal– ofrecen claros indicios de un posible delito de malversación.

Durante un año, la jueza mantuvo abiertas las diligencias pero, a efectos prácticos, en estado de hibernación. Y en febrero de 2012 archivó por segunda vez el caso. De nuevo, pero ahora solo tres meses después, la Audiencia de Madrid impuso la reapertura.

Hubo una tercera enmienda de la Audiencia a los pasos dados por la jueza: en enero de este año, ordenó a Valcarce tomar declaración a Yolanda Laviana, exesposa del principal imputado, Sergio Gamón y quien, finalmente, logró esquivar su comparecencia judicial. En junio de 2010, Laviana le había dicho al diario El País que Gamón ya espiaba a Alfredo Prada desde 2006 por orden de Ignacio González. El hoy presidente madrileño desacreditó entonces el relato de Laviana presentándolo como fruto de “un conflicto familiar”, pese a que fueron las palabras de su exmujer las que precipitaron la dimisión de Gamón.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/07/25/la_juez_del_caso_del_espionaje_llama_granados_como_testigo_19959_1012.html

La Audiencia de Madrid impone que declare la testigo que denunció que detrás del espionaje en el PP estaba Ignacio González

La Audiencia de Madrid impone que declare la testigo que denunció que detrás del espionaje en el PP estaba Ignacio González

La Audiencia de Madrid impone que declare la testigo que denunció que detrás del espionaje en el PP estaba Ignacio González

El tribunal corrige de nuevo a la juez instructora del caso, que intentó darle carpetazo en 2010 después de que la exmujer del antiguo director de Seguridad destapara en una entrevista la caja de los truenos

La testigo fue despedida de inmediato por Telemadrid una vez publicadas sus declaraciones

La Audiencia considera necesario que declare Yolanda Laviana, exesposa de Sergio Gamón, "a la vista de que se habría ofrecido a manifestar datos de relevancia para la causa"

Yolanda Laviana, testigo clave en la investigación sobre los presuntos espías a sueldo de la Comunidad de Madrid y cuya citación había denegado la juez del caso, declarará finalmente por orden de la Audiencia de Madrid, que ya en 2011 impidió el cierre en falso de la investigación. Exesposa del antiguo director general de Seguridad del Gobierno madrileño y principal imputado en el caso, Sergio Gamón, Yolanda Laviana aseguró en junio de 2010 que su exmarido ya espiaba desde cuatro años antes al dirigente del PP Alfredo Prada por orden de Ignacio González, entonces vicepresidente en el Gobierno de Esperanza Aguirre y hoy jefe del Ejecutivo regional.

La Audiencia considera que el testimonio de Laviana resulta pertinente "a la vista de que se habría ofrecido a manifestar datos de relevancia para la causa". La juez del caso, Carmen Valcarce, ya intentó hace tres años y medio evitar que Laviana le contase lo que ya le había dicho a los periodistas. Sencillamente, dio carpetazo a las diligencias después de que la exmujer de Gamón hubiera abierto la caja de los truenos. Ahora, y tras anular ese archivo en marzo de 2011, el tribunal corrige de nuevo a Valcarce.

A los dos días de que el diario El País publicase la entrevista en que vertía tales acusaciones, Laviana fue despedida de Telemadrid, para cuyo presidente trabajaba como secretaria. El terremoto que provocaron sus declaraciones, las primeras que señalaban a Ignacio González como destinatario último de los informes de espionaje y no al entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados, forzaron la dimisión de Gamón: la segunda, porque, como director regional de Seguridad, Gamón ya había sido destituido en julio de 2008 y de inmediato recolocado en otro cargo de libre designación.

En la entrevista, Laviana había afirmado lo siguiente: "Ignacio González era con quien hablaba mi ex marido de sus averiguaciones sobre Prada”. Según la exmujer de Gamón, esas averiguaciones comenzaron en 2006: "Sergio [Gamón] empezó a investigar a Prada [entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia] casi desde su nombramiento [como director general de Seguridad], en 2006. No tenía la infraestructura, pero estaba espiando desde el principio. Ignacio González [entonces vicepresidente de la Comunidad y luego sucesor de Esperanza Aguirre] recibía anónimos, y como había enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a investigar a Prada”.

"Conflicto familiar"

El hoy presidente de la Comunidad de Madrid, que niega tajante cualquier vinculación con ningún espionaje, despachó las palabras de Laviana calificándolas como propias de un “conflicto familiar”, el derivado del divorcio de la pareja. Pero la exmujer de Gamón no es la única que ha señalado al presidente como destinatario final de los informes de seguimiento que Gamón y sus subordinados elaboraron sobre Prada pero, también, sobre Alberto Ruiz-Gallardón y su mano derecha durante su etapa como alcalde de Madrid, Manuel Cobo, autor de la más célebre definición sobre la presunta trama interna de espionaje: “Se montó una gestapillo”.

En enero de 2013, un guardia civil imputado en el caso, José Oreja, envió a la juez una declaración que corregía la prestada un mes antes por él mismo. Y en esa segunda declaración escrita, Oreja señaló directamente a González como el beneficiario de los espionajes a rivales internos del PP. “A principios de 2008 –escribió Oreja- los señores Gamón y Castaño (director y subdirector de Seguridad), nos trasladan, de forma verbal tanto a los tres policías como a los tres guardias civiles una relación de personas a las que denominan objetivos, de las cuales el vicepresidente D. Ignacio González tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”.

Entre esos “objetivos”, Oreja mencionó de forma expresa a los siguientes: “Los señores Cobo, Prada, Gallardón, presidente de Arpegio, la señora [Cristina] Cifuentes y los señores Cabezas y Fernández”. A esos, todos del PP, “hay que sumar otros tres objetivos más de especial interés para el señor Gamón y Castaño”. Y esos eran dos socialistas, en aquel momento alcaldes de Getafe y Fuenlabrada. La lista se completaba con el jefe de la Policía municipal de ese segundo municipio del cinturón madrileño.

La orden para que la juez que instruye el caso, Carmen Valcarce, titular del juzgado de instrucción número cinco de Madrid, cite a Yolanda Laviana consta en un auto dictado el pasado 21 de enero por la Sección 16 de la Audiencia de Madrid. Esa sección es la que ya en marzo de 2011 tumbó el archivo decretado por Valcarce en el verano de 2010. Cuando aún no había transcurrido un mes desde que la exmujer de Gamón lanzase el misil, la magistrada eligió el día 15 de julio para dar carpetazo a la investigación.

Tanto la Comunidad de Madrid como el Partido Popular se opusieron a que la Audiencia estimase el recurso formulado por las defensas del guardia civil José Oreja y el funcionario José Manuel Pinto para que Yolanda Laviana declare como testigo.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha desvinculado del caso de los espías en una entrevista en la cadena SER: “Se archivó el caso dos veces y ahora cambian las declaraciones”, ha dicho para desautorizar al agente de la guardia civil que ha confesado los hechos y que le ha señalado a él como instigador. González ha insistido en el argumento del archivo judicial del caso, pero ha olvidado recordar que la Audiencia Provincial ha reabierto la causa también dos veces arguyendo que "de lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".

Este periódico hizo pública ayer la declaración del agente que confesó a la juez el espionaje político en la Comunidad de Madrid, e Ignacio González está directamente implicado, según las acusaciones. “Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías como a los tres guardias civiles [fichados como asesores de seguridad] una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, señala el guardia civil José Oreja en el escrito firmado que su abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero.

"El Guardia Civil dice que a él le decían que el vicepresidente [el propio González en aquella época] tenía interés, no que a él se lo dijera el vicepresidente", se ha escudado en la SER el que fue durante años número dos de Aguirre. Ha puesto énfasis, así, en que él, directa y personalmente, no ordenó nada al agente.

El alcalde Fuenlabrada, Manuel Robles (PSOE), ha mostrado su "indignación" después de que EL PAÍS hiciera público que él había sido uno de los espiados. "Se trata de un caso muy grave de espionaje, utilizando métodos ilegales, a responsables regionales, alcaldes y funcionarios dirigido por el entonces director de Seguridad, Sergio Gamón, que es el padre de una concejala del PP en Fuenlabrada", ha señalado en un comunicado en su página de Facebook. "El parentesco del exdirector de Seguridad con la concejala del principal partido de la oposición en Fuenlabrada, pudo llevar a incluir en el caso de los seguimientos ilegales al alcalde socialista de la ciudad, para así favorecer la estrategia del PP de acoso al Gobierno municipal".

Tanto Robles como el exalcalde de Getafe, Pedro Castro, esperan a que el partido socialista de Madrid tenga acceso a esta documentación del caso para personarse en la causa.

El líder del PSOE en Madrid, Tomás Gómez, ha asegurado que “es muy grave” lo que se ha conocido sobre el espionaje en la comunidad de Madrid y que hay “responsabilidades penales y judiciales”. Supone, ha dicho, que el presidente de la Comunidad, Ignacio González, “ha utilizado dinero público para espiar a miembros de su partido y del PSOE”. Si se confirmara, Gómez pedirá que González dimita de su cargo.

La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, también se ha pronunciado sobre el caso del espionaje: "La justicia de momento nos ha dado la razón”. Preguntada sobre si el presidente regional, Ignacio González, debe dimitir tras los nuevos datos que señalan su supuesto interés por seguir a Alberto Ruiz Gallardón, Figar considera que “bajo ningún concepto. “Lo que ha declarado” el guardia civil José Oreja “carece de credibilidad”, ha asegurado.

Gómez ha recordado en el Congreso que el PSOE está personado en el caso en los juzgados y allí “se pondrán las cosas en su sitio” y, además, exigirán las responsabilidades políticas porque entre los espiados hay alcaldes socialistas.

El agente que confesó a la juez el espionaje político en Madrid revela que hubo más “objetivos”

Los alcaldes de Getafe y Fuenlabrada, y la delegada del Gobierno, entre las supuestas víctimas

El guardia civil José Oreja, fichado como asesor de Seguridad en la Comunidad de Madrid e imputado en el caso del espionaje político ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre, ha remitido una declaración a la juez reconociendo los seguimientos al exvicealcalde madrileño Manuel Cobo y al exvicepresidente segundo y exconsejero de Justicia Alfredo Prada, y ampliando la nómina de los ilegalmente investigados en 2008 al exalcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; a la actual delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; al presidente de Arpegio (empresa pública de venta de suelo), a dos subalternos de Prada, Fernández y Cabezas, y a los entonces alcaldes de Getafe y Fuenlabrada (los socialistas Pedro Castro y Manuel Robles), junto con el jefe de policía municipal de Fuenlabrada.

“Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad] nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres policías [fichados también como asesores de seguridad] como a los tres guardias civiles una relación de personas a las que denominan objetivos, de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y movimientos”, señala el guardia civil en el escrito firmado que su abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de enero.

Los partes del espionaje que reveló EL PAÍS a principios de 2009 detallaban los movimientos de Prada y Cobo, incluso a medianoche, en actos privados y fuera del alcance de ninguna agenda. Por ejemplo, se describía la célula de seguridad del vicealcalde o cenas particulares del consejero.

Las “notas” se hacían en Gobelas y también se vigiló a Cristina Cifuentes

Tanto este guardia civil como José Manuel Pinto, empleado de la Comunidad identificado pericialmente por el juzgado como autor de notas manuscritas en los partes del espionaje, extremo que ambos niegan, han solicitado al unísono a la juez que eleve la causa al Supremo, dado que consideran que Francisco Granados, consejero de Interior cuando ocurrieron los hechos, pudo cometer el delito de “omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución”, e Ignacio González, como posible responsable de malversación de fondos públicos al ordenar a los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid una actividad ilegal.

En su exposición, el guardia civil cita las declaraciones de la exmujer de Gamón, Yolanda Laviana, en las que denunciaba que su exmarido solo reportaba a Ignacio González sobre los seguimientos ilegales.

El agente explica a la juez que cuando les ordenaron los seguimientos a los políticos por el interés que supuestamente tenía el vicepresidente Ignacio González les pareció “una locura”. “Por dos razones: la primera, por las personalidades de que se trata, autoridades legalmente constituidas o designadas. Y la segunda porque, para conseguir cualquier información relevante, habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”.

El agente señala que los tres guardias civiles se dirigieron al entonces consejero de Interior, Francisco Granados, que les había fichado, para expresarle su “repulsa” a realizar los seguimientos. Y que este les dijo que no hicieran “ni caso”.

“Respondemos: si quieres, no le hacemos caso, pero es el que manda en la dirección (...) Las quejas ante el consejero se vuelven a repetir hasta en tres ocasiones, sin que se tomen medidas al respecto”, señala. Y saca su conclusión: “La actitud del consejero nos demuestra, lo que ya empezábamos a tener claro, que no era capaz de imponerse al director, quien a su vez recibía y ejecutaba órdenes directas del vicepresidente”. Ante su intento de resistirse a las órdenes ilegales, Oreja asegura que se vieron obligados a escribir notas sobre sus actuaciones, en alusión a los partes del espionaje. Aclara que algunas veces los rellenaban con datos de agenda, pero otras veces se veían obligados a estar físicamente donde estaba el objeto del espionaje.

“Las notas se elaboraban en la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas 33, en los ordenadores que teníamos asignados. Se entregaban en mano al director o al subdirector en sus respectivos despachos. Sobre una de esas notas vimos escribir a Castaño”.

¿Qué ocurrió con esas notas de seguimientos ilegales cuando Gamón fue sustituido en la dirección de la seguridad madrileña por el hoy comisario general de Información, Enrique Barón? “Cuando se cesa a Gamón, las notas quedan en su despacho a disposición y custodia del nuevo director general de seguridad, Enrique Barón, teniendo constancia de que era conocedor de su existencia”.

El guardia civil José Oreja ya testificó ante la juez en diciembre pasado confirmando la existencia de los seguimientos ilegales. Hasta ahora, según su confesión, había ocultado lo ocurrido en el departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid por miedo a represalias físicas a él o a su familia.

El año en que se inicia este espionaje a rivales de Esperanza Aguirre dentro y fuera del PP es 2008, cuando desde el equipo de confianza de la presidenta autonómica se cuestionaba el liderazgo de Mariano Rajoy al frente del PP, tras su segunda derrota electoral de marzo. En junio de dicho año se celebró un congreso del PP en Valencia, donde Rajoy revalidó su poder. Pero hasta ese momento, Aguirre había amagado con intentar arrebatarle el puesto e Ignacio González era ya su mano derecha. Y en ese plan se hacía imprescindible conocer los pasos de quienes dentro del partido en Madrid eran claramente afectos a Rajoy, como Ruiz-Gallardón, Cobo o Prada.

La juez que investiga el espionaje político ha archivado dos veces la causa, pero la Audiencia Provincial la ha reabierto y ordenado que se siga investigando para determinar la cantidad malversada por ordenar actividades ilegales a personal autonómico. En el sumario se incluyen informes periciales que acreditan, por la localización de sus teléfonos móviles, que tres guardias civiles y un policía nacional siguieron a los políticos Cobo y Prada. Hay partes mecanografiados de los seguimientos durante abril y mayo de 2008 con notas manuscritas con datos de las personas que se relacionaban con los espiados. De momento, la investigación no ha encontrado partes relacionados con los seguimientos a Gallardón y los demás supuestos “objetivos”.

La investigación judicial del supuesto espionaje político a dos dirigentes del PP, Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid; y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad, ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre y pagado con dinero público, ha dado un giro crucial para conocer quienes fueron los miembros del Ejecutivo autónomo del PP que idearon esa actuación ilegal aprovechando los recursos de la Administración pública.

José Oreja, uno de los guardias civiles contratado como asesor de seguridad por el Gobierno autónomo y que según los informes periciales de la policía estuvo haciendo los seguimientos a los dos políticos del PP, ha confesado a la juez, casi tres años después de que estallara el escándalo, que hizo los partes obedeciendo la ordenes del director general de Seguridad, Sergio Gamón, y que su jefe político directo, el entonces consejero de Interior y hoy senador, Francisco Granados, estaba al tanto de lo que sucedía.

En su declaración, el guardia civil declara a la juez que hasta ahora no había confesado por “miedo”, porque temía “quedarse sin trabajo” y porque tenía que “estar dos años y un día de excedencia en la Guardia Civil”.

Oreja detalla a la juez cómo entre enero y junio de 2008 —en los meses previos al congreso nacional del PP donde Esperanza Aguirre amagaba con disputarle el poder a Mariano Rajoy— “Gamón [director general de Seguridad] y Castaño [número dos del departamento] nos mandaron cometer esas barbaridades”, en relación al espionaje a Cobo y a Prada.

“Nosotros nos quejamos al consejero de Interior, señor Granados, que nos dijo que nos negáramos a hacer lo que nos habían mandado y que no nos preocupáramos. Nos negamos y no lo hicimos pero Castaño y Gamón continuaron ordenándonos lo mismo”, declaró Oreja. “Yo sólo iba a los sitios en que sabía que iban a ir también Castaño y Gamón, y si sabía que no iban a ir, yo no iba tampoco. Nos pidieron que informáramos por escrito, hicimos los informes a máquina, sin membrete y no los firmamos. Esas notas se las entregábamos a Gamón y a Castaño”.

Los informes de la policía basados en la posición de los teléfonos móviles de este guardia civil y de otros dos compañeros, guardias civiles también contratados como asesores de Seguridad en la Comunidad de Madrid, sostuvieron que al menos en abril y mayo de 2008 —únicos meses de los que se pidieron datos a Telefónica—, Oreja y los otros dos agentes siguieron a Prada y Cobo no solamente en sus actos públicos sino también en sus actividades privadas. Había seguimientos pasada la medianoche, cuando Prada cenaba con su mujer y su hija en un restaurante determinado. De ese espionaje quedó constancia por escrito en unos partes mecanografiados. Prada y Cobo eran entonces adversarios políticos de Aguirre dentro del propio PP. Meses después del espionaje, Aguirre destituyó a Prada como consejero.

La fiscalía mostró al guardia civil Oreja una fotocopia de los partes del espionaje y este reconoció ante la juez: “Tienen la misma forma que los reales. Yo identificaba a Prada como "P" entrecomillado. En los partes a veces copiaba la agenda y otras veces ponía lo que era indispensable. Aunque dudo de la realidad de los mismos dado que he visto a Castaño escribir sobre ellos”.

El guardia civil que ha confesado ahora que sus jefes de la Consejería de Interior le ordenaron espiar a los políticos Cobo y Prada defiende que la letra manuscrita que aparece en algunos partes, donde se identificaban matrículas de vehículos y se identificaba a sus propietarios, no es de José Manuel Pinto, funcionario de la Comunidad de Madrid imputado en la causa por que hay una pericial caligráfica que asegura que escribió en esos partes aunque él no estuvo en los seguimientos, sino de Castaño, el número dos de la dirección general de Seguridad.

Los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid llegaron a justificar el seguimiento a Prada en que los agentes hacían contravigilancias. El guardia civil niega haber hecho “ni vigilancia ni contravigilancia a nadie” para a continuación recordar que pese a que el consejero Granados les decía que no obedecieran al director general, Sergio Gamón, “el que mandaba era el señor Gamón”.

“Pregunté al señor Gamón si existían órdenes de otras personas y me respondió que tenía especial interés el actual presidente de la Comunidad de Madrid [Ignacio González]”. Yo no pregunté más porque me parecía que era una locura”, declaró el guardia civil José Oreja a la juez.

Esta confesión que apunta a González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, coincide con la que hizo la exmujer de Sergio Gamón: “Mi exmarido ya investigaba desde 2006 a Prada para Ignacio González”.

A raíz de aquella declaración, la exmujer de Gamón fue despedida como secretaria de Telemadrid y Gamón fue apartado de un cargo en la Comunidad de Madrid en el que cobraba 90.000 euros.

Las declaraciones del guardia civil José Oreja así como las distintas pruebas recabadas en el sumario sitúan a dos altos dirigentes del PP en el punto de mira de la investigación judicial como responsables últimos del espionaje ilegal pagado con fondos públicos. Uno de ellos, Granados, es actualmente senador, con lo que cualquier imputación pasa por el Tribunal Supremo y la juez debería inhibirse en el caso.

“Granados nos dijo en su despacho que los partes de seguimiento los hizo el subdirector de Seguridad”, declara un funcionario de la Consejería de Interior

La supuesta trama de espionaje político pagada con fondos públicos de la Comunidad de Madrid para seguir a dos cargos del PP, ambos adversarios de la entonces presidenta Esperanza Aguirre dentro de su propio partido —Alfredo Prada (su consejero de Justicia, al que acabó destituyendo) y Manuel Cobo (ex vicealcalde de Madrid)— fue montada desde la consejería de Interior, según la denuncia presentada ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional por el funcionario autonómico José Manuel Pinto, imputado en el caso.

Es la primera vez desde que estalló el escándalo que uno de los implicados en el mismo, trabajador del departamento autonómico donde supuestamente se organizó la trama ilegal de espionaje, detalla a la policía —y el próximo miércoles lo hará ante la juez que lleva el caso—, cómo ocurrieron los hechos. La denuncia de Pinto, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, fue incorporada el pasado 25 de junio al sumario que se instruye desde 2009 en el juzgado de instrucción 5 de Madrid, cuya titular ha archivado la causa en dos ocasiones, las mismas que ha sido reabierta por la Audiencia Provincial al considerar que existen indicios de delito en la actuación de los supuestos espías.

José Manuel Pinto es el único de los cinco imputados —hay tres ex guardias civiles y un ex policía nacional— que no fue contratado a dedo por los gobernantes del PP ni tenía categoría de alto cargo o asesor cuando ocurrieron los hechos, sino que ganó su plaza por oposición en la dirección general de seguridad ciudadana hace más de 25 años.

Pinto, según la investigación policial y judicial basada en el posicionamiento de los teléfonos móviles de los supuestos espías, nunca estuvo en las labores de seguimiento a Prada y Cobo —como sí lo hicieron tres ex guardias civiles y un ex policía nacional— aunque se le atribuye en un informe pericial caligráfico que fue él quien escribió de su puño y letra diversos datos de vehículos y sus propietarios. Lo hizo sobre los partes mecanografiados (véase una copia de tres de esos escritos en esta página), supuestamente elaborados por los ex guardias civiles que recogían la actividad y los encuentros de los dos políticos del PP, las personas con las que se reunían y, cuando los agentes no podían identificarlas, las características físicas de las mismas.

Pinto negó hace dos años a la juez esos hechos y ahora, en su denuncia contra los peritos calígrafos de la policía que le atribuyeron la autoría de la letra, apunta por primera vez quién fue, según él, “la persona que realizó los partes de seguimiento de varias personalidades de la Comunidad de Madrid”. Pinto señala a Miguel Castaño, número dos del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid, un cargo de confianza de quien era entonces el jefe del área, Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.

Para apoyar su denuncia, Pinto detalla un encuentro en el despacho del entonces consejero de Interior con al menos tres testigos. Su confesión es la que sigue:

“Yo trabajaba en la Comunidad de Madrid con el cargo de Técnico Especial de Seguridad de Nivel II, a las órdenes de José Palomo Gallego, supervisor de Servicios. Ambos estábamos a las órdenes del Subdirector General de Seguridad, Don Miguel Castaño, que entonces era Subdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid...”.

“El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, llamó a su asesor de Seguridad Marcos Peña al objeto de determinar el presunto autor de los escritos y habiendo comparecido este, se llamó al señor Castaño a los pocos días...”.

“El día de la entrevista de Castaño con Francisco Granados, en el despacho del consejero situado en la calle de Pontejos sobre las nueve de la mañana, yo me encontraba en una antesala de ese despacho junto a otras tres personas: Ignacio Palacio, jefe del despacho del consejero Granados; y los asesores de seguridad del señor Granados, Marcos Peña y José Oreja...”. “Vimos salir del despacho al señor Castaño y posteriormente entramos los cuatro al despacho del consejero Granados porque nos había citado antes. El señor Granados me comunicó a mí y a las otras tres personas que el señor Castaño se había confesado culpable de la confección de los partes de seguimiento presuntamente realizados en la consejería de Interior y nos comunicó que buscaría un perito de prestigio para confirmarlo”.

Pinto declaró a la policía que nunca antes había hecho estas declaraciones ante la juez que instruye el caso porque nunca le habían preguntado por esos hechos en concreto. La juez le ha citado para el próximo miércoles, donde supuestamente ratificará esta versión de los hechos.

El director general de Seguridad, Sergio Gamón, jefe de Castaño y supuesto ejecutor de la orden de espionaje a Prada y Cobo, fue destituido en 2010 cuando su ex mujer denunció que él espiaba a Prada desde 2006 por orden del entonces vicepresidente Ignacio González, que se convertía así en sospechoso de haber urdido el plan ilegal.

Antiguos asesores de Francisco Granados han señalado a este periódico que Castaño nunca reconoció ser el autor de los partes de seguimiento aunque reconocen que Pinto culpó a Castaño y le responsabilizó de las anotaciones. Granados, que fichó como asesores a tres ex guardias civiles que luego efectuaron el espionaje a Prada y Cobo, según la policía, no repitió en 2011 como consejero, fue despedido como secretario general del Partido Popular de Madrid y apartado de la primera línea de la política autonómica.

José Manuel Pinto estuvo de baja un año y medio a raíz del estallido del caso, al verse señalado como una de las piezas claves de la trama de espionaje. Pinto pidió en 2010, ya con el alta médica, volver a su puesto de trabajo, pero desde la consejería de Interior se le impidió regresar durante al menos otro año y medio, según denuncia su abogado Ramón González Bosch. Por ello, Pinto ha demandado en un juzgado de lo social a la Comunidad de Madrid por atentar contra su derecho al trabajo.

Los dos espiados, Prada y Cobo, denunciaron los hechos al juez, pero renunciaron a continuar en la causa por orden expresa de la dirección nacional del Partido Popular.

LA AUDIENCIA REABRE POR SEGUNDA VEZ EL CASO DEL ESPIONAJE DEL GOBIERNO AGUIRRE

Empleados autonómicos siguieron día y noche a dos adversarios de la presidenta dentro del PP

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por segunda vez la causa contra agentes de la Comunidad de Madrid que espiaron a dos cargos del PP —Alfredo Prada, entonces vicepresidente autonómico, y Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid—, ambos adversarios de Esperanza Aguirre dentro del partido en la época en que fueron seguidos por al menos tres ex guardias civiles y un ex policía nacional. Las tareas de espionaje se reflejaron en unos partes mecanografiados sobre los que escribió distintas anotaciones un empleado público de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. El espionaje tuvo lugar, al menos, entre abril y mayo de 2008, cuando el PP nacional dirimía si el liderazgo seguía en manos de Mariano Rajoy o pasaba a Esperanza Aguirre.

Pese a que durante la investigación judicial los informes periciales de la policía demostraron que se habían producido seguimientos a Prada y Cobo durante dos meses y que los partes del espionaje recogían notas manuscritas de un empleado público de la Comunidad de Madrid, la juez del caso, Carmen Valcarce, decidió archivar la causa, en la que estaban imputados hasta trex ex guardias civiles fichados por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, un empleado público de la dirección de Seguridad y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón.

La Audiencia de Madrid ordenó en marzo de 2011 a la juez reabrir el caso al encontrar “indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos”. Con los presupuestos autonómicos, según los argumentos de la Audiencia Provincial, se pagaron servicios de espionaje a dos cargos políticos del PP. La juez consideraba imposible calcular el dinero malversado mientras la Audiencia le explicaba cómo podía descubrir la cifra.

Pese a ello, la juez volvió a archivar en febrero de 2012 la causa, tras algunas diligencias menores, con el argumento de que no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos seguimientos, pese a que todos los informes policiales y periciales así lo concluían de manera determinante.

Desde que estalló el escándalo del espionaje político en la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Esperanza Aguirre, que negó los hechos desde el primer momento, ha defenestrado a algunos de los principales sospechosos.

Sergio Gamón, al que Aguirre fichó como director general de Seguridad Ciudadana cuando estaba casado con la secretaria de la presidente autonómica, dimitió de su cargo un año y medio después de estallar el escándalo. Aguirre tomó esa decisión cuando la exmujer de Gamón denunció que su marido hablaba con Ignacio González, vicepresidente autonómico, sobre los seguimientos a los cargos del PP. La mujer también fue despedida como secretaria de Telemadrid.

Francisco Granados, consejero de Interior que fichó a los tres ex guardias civiles que se encargaron de seguir día y noche a Prada, y en menor medida a Cobo, durante al menos dos meses, también fue defenestrado de su cargo en la Comunidad de Madrid y, posteriormente, de la secretaría general del PP de Madrid.

Ignacio González, el único de los sospechosos citado por la mujer de Gamón, permanece en el cargo y muy reforzado tras ser elegido secretario general del PP de Madrid. Al igual que Esperanza Aguirre, la responsable del fichaje de Sergio Gamón como director general de Seguridad Ciudadana, el departamento bajo sospecha de espionaje político.

http://politica.elpais.com/politica/2012/05/24/actualidad/1337876999_402693.html

La juez que instruye el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid pagado con fondos públicos ha archivado este martes por segunda vez el caso. La Audiencia Provincial de Madrid había ordenado en marzo de 2011 reabrir la causa de los seguimientos a rivales políticos de la presidenta Esperanza Aguirre dentro de su propio partido. Durante dos meses (abril y mayo de 2008), tres ex guardias civiles y un ex policía nacional siguieron al vicepresidente, Alfredo Prada, al que Aguirre destituyó solo unos meses después de esos seguimientos; y al entonces vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

Las llamadas telefónicas de los tres ex guardias civiles y del ex policía probaron que desde primera hora de la mañana hasta última de la tarde seguían a Prada a todos lados. Además, unos partes mecanografiados con anotaciones manuscritas obra de un empleado de la dirección general de Seguridad, según un peritaje de la propia policía, apuntalaba que se había producido espionaje político pagado con fondos públicos.

La juez que instruyó este caso entendió que no había quedado suficientemente probado que los espías autonómicos, todos ellos fichados a dedo por los dirigentes del PP con un sueldo que doblaba el de los trabajadores de la dirección general de Seguridad, destinaran bienes públicos (teléfonos, coches, gasolinas, sus propios salarios) “de forma principal a actividades ajenas a la función pública”, ni que se hubieran lucrado con ello. Y además, añadía la juez en el auto donde archivaba el caso tras más de un año de instrucción, era “imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente”. La Audiencia Provincial, tras estudiar la causa, entendió que “a título indiciario se habían utilizado varios funcionarios a los que se estaba pagando una nómina a fines ajenos a la causa pública. Esos funcionarios habrían destinado jornadas enteras durante muchos días al mes, los especificados en los partes, y al menos durante tres meses a fines ajenos a la función encomendada estatutariamente”. La Audiencia Provincial afeó también a la juez que dijera en su auto que no era posible fijar el importe de lo defraudado. “Con los datos que venimos adelantando”, señalaron los tres magistrados que firmaron la resolución, “no es en absoluto descartable el grave perjuicio para la causa pública, como tampoco es descartable hacer evaluación del perjuicio a través de las nóminas abonadas en los días acreditados de los seguimientos, los vehículos usados en esos días, el combustible reportado, los consumos de móviles con sus correspondientes facturas”. “La complejidad”, concluyó la Audiencia Provincial, “no puede ser sinónimo de impunidad. Además, el bien jurídico de estos delitos no tiene solo un contenido puramente económico, sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administración pública y en la legalidad de su actuación”.

La juez reabrió el caso, pidió los datos sobre coches (los cuatro espías usaron tres vehículos propiedad de la Comunidad), teléfonos, gasolina y otros gastos de los espías autonómicos, pero volvió a archivar con la excusa de que, pese a tener los datos de lo supuestamente malversado, “no era posible concluir que los vehículos o teléfonos relacionados hayan sido utilizados en los presuntos seguimientos objeto de las actuaciones, ni por tanto consumos telefónicos o de combustible puedan estar vinculados con los hechos imputados, ni como consecuencia de lo anterior se haya producido un destino de los mismos ajeno a la función pública. Tampoco la prueba practicada ha permitido concretar el importe de la defraudación y, por ella, si ha existido”. La juez mantiene los mismos argumentos que ya fueron tumbados por tres jueces de la Audiencia Provincial.

En la instrucción del caso, los propios agentes autonómicos reconocieron en los interrogatorios que habían estado varios meses siguiendo a todos los sitios al entonces vicepresidente Alfredo Prada, aunque alegaron que lo hacían para prestarle un servicio de contravigilancia para el que carecían de competencias.

La juez ha desestimado la petición del PSOE, que ejerce de acusación popular en el caso, para que se identifiquen algunas de las llamadas hechas por el supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón, ex director general de Seguridad al que fichó Esperanza Aguirre.

El Partido Socialista de Madrid (PSM) recurrirá la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid de archivar el caso de los espías, según anunció este martes la diputada regional socialista, Maru Menéndez, nueva vocal de la ejecutiva federal del PSOE. “El auto no dice nada nuevo y lo vamos a recurrir”, explicó la parlamentaria, que recordó que el caso “tiene su origen en los miembros del PP madrileño. Tanto el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo como el exvicepresidente regional Alfredo Prada llegaron a plantear que habían temido por la seguridad de sus familias. No es algo inventado por los socialistas”, aseguró ayer Menéndez. Asimismo, recordó que la investigación iniciada en la Asamblea madrileña fue “cerrada en falso” tras conocerse que el primer presidente de la misma, el exdiputado del PP Benjamín Martín Vasco, hombre de confianza de Aguirre, había sido imputado por su presunta implicación en el caso Gürtel.

Fuentes socialistas indicaron que el recurso podría ser presentado directamente ante la Audiencia Provincial de Madrid, saltándose de esta forma la apelación ante la magistrada Carmen Valcarce. Esta decisión, considerada poco habitual, sería una muestra del malestar generado en las filas socialistas tras el auto de la magistrada.

Por su parte, la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, manifestó este martes que el sobreseimiento del caso “ratifica que ese montaje de los espías ha sido absolutamente inexistente”.

Plañiol recalcó que “de nuevo” la Justicia ha sobreseído el caso. “Por lo tanto, esto demuestra una vez más que ese montaje de los espías que supuestamente algunos quisieron ver, no ha existido jamás”, aseveró.

En similares términos se expresó el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna: “Siempre hemos defendido que no había caso y al final los tribunales nos han dado la razón”, indicó el parlamentario, que continuó: “Nos congratulamos y siempre respetamos las resoluciones judiciales, nos sean favorables o no”.

La sala ve "suficientes indicios" de malversación y pide a la juez que evalúe los gastos de los cinco agentes que siguieron a Cobo y Prada

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso del supuesto espionaje político perpetrado por ex guardias civiles y expolicías, contratados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, a los dirigentes del PP, Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, ambos adversarios de la presidenta en la pugna por el liderazgo del partido ante el congreso en el que Mariano Rajoy revalidó su cargo. La Audiencia estima un recurso presentado por el PSOE contra el archivo del caso. Prada y Cobo, que también tenían intención de recurrir el archivo, recibieron una llamada de Rajoy para que renunciaran a hacerlo y acataron esa orden.

El presunto espionaje político se centró, a lo largo de los meses de abril y mayo de 2008, en dirigentes del PP contrarios a la línea de Aguirre dentro de su propio partido, que se alineaban con Mariano Rajoy ante el vital congreso que iba a celebrar el partido tras la derrota electoral de marzo de ese año.

La sección 16 de la Audiencia Provincial entiende que existen pruebas suficientes de ese espionaje político a los adversarios de Aguirre: "Los informes policiales han llegado a determinar la autoría, a nivel indiciario de los partes de seguimiento. A dicha conclusión se ha llegado tras una laboriosa tarea de investigación y cruce de datos, entre los datos suministrados por la compañía telefónica Movistar de los teléfonos de los tres asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid, José Luis Caro, Antonio Coronado y José Oreja, sus posicionamientos y el texto de cada uno de los partes. (...) De dicho trabajo se ha conseguido establecer la correlación de posicionamientos de los tres asesores con el contenido de los seguimientos reflejados en los partes. Los posicionamientos son coincidentes en todos y cada uno de los días, incluidos aquellos en los que las personas objeto de seguimiento se han ausentado de Madrid, visitando poblaciones cercanas". Los agentes Caro, Coronado y Oreja fueron contratados a dedo por el consejero de Interior de la Comunidad y secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados.

La Audiencia Provincial hace un análisis del testimonio de estos tres agentes que supuestamente espiaron a Cobo y a Prada a lo largo del tiempo: "Las declaraciones de los tres asesores imputados en la causa por su imprecisión, vaguedad y ausencia de credibilidad juegan como indicio en su contra. Así, lo tres asesores negaron rotundamente cualquier relación con los hechos investigados en su declaración en sede policial. Una vez identificados sus teléfonos y sus posicionamientos coincidentes con los partes del seguimiento, pasaron a tratar de justificar su presencia casual en dichos lugares. Así, alegaron su presencia en los alrededores de Cibeles por la existencia de varias consejerías, dato que, obviamente, no explicaría ni su presencia sistemática en la zona, ni, mucho menos, cuando se trata de localidades de fuera de Madrid".

En Cibeles tenía su despacho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Todas las anotaciones de los partes de seguimiento relacionadas con Cobo coinciden con la presencia de los agentes en los alrededores de su despacho que certifican los posicionamientos de sus teléfonos móviles.

Los tres magistrados de la Audiencia Provincial desmontan las coartadas de los supuestos espías: "En los seguimientos a localidades de Madrid, explicados tras la inicial negativa como reforzamiento de la seguridad de esas personalidades o esos actos, son incompatibles con que dichos movimientos permanecieran ocultos a la seguridad de los mismos y, sobre todo, son incompatibles con el hecho de que en numerosos partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto, así pues, no sabían adónde se dirigían. Es más, en algunos de los partes, se manifiesta que han perdido el objetivo por parte de medios, pues solo tenían cubiertas dos calles de las tres posibles, por ejemplo. Lo cual se aparta de cualquier idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria".

La Audiencia Provincial también señala que otro agente, José Manuel Pinto, empleado de la Comunidad de Madrid, hizo anotaciones en los partes de seguimiento. Pinto fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada por este periódico y por una tercera pericial que la juez ordenó realizar a la policía: "Los indicios existentes contra José Manuel Pinto", señala la Audiencia Provincial, "son igualmente contundentes, existe una pericial caligráfica que le considera autor de las anotaciones manuscritas que aparecen sobre algunos de los partes de seguimiento. A la causa se ha aportado pericial contradictoria que niega su autoría en dichas anotaciones. Esta sala no debe pronunciarse sobre la credibilidad de una u otra pericial. Ese es un tema propio de enjuiciamiento, cuando los peritos sean sometidos a contradicción y evaluada su pericia con el resto de las pruebas y pueda llegarse a una conclusión. Pero en este momento la prueba pericial del gabinete de la policía es indicio suficiente".

¿Y sobre Sergio Gamón, ex director general de Seguridad y que continuó en su puesto, protegido por Esperanza Aguirre, hasta que la exesposa de Gamón y exsecretaria de la propia Aguirre relató a este diario que su exmarido era el jefe del equipo de espionaje a las órdenes del vicepresidente Ignacio González? La juez nunca citó a esa testigo, que fue despedida de Telemadrid tras ser durante años persona de confianza de cargos del PP. El tribunal también ve suficientes indicios de delito contra Gamón en la causa. "Los indicios existentes contra Sergio vienen de las propias declaraciones de los asesores que reciben de él las instrucciones, así como de su dependencia orgánica del mismo, son sus subordinados directos".

La Audiencia Provincial entiende que "las cinco personas imputadas tienen carácter de funcionarios", algunos como asesores del consejero de Interior y otros como empleados en ese departamento. "Y en virtud de esa condición tenían la disponibilidad sobre sus teléfonos móviles, vehículos, combustible y demás efectos necesarios para su labor como funcionarios. (...) Así pues, los indicios existen y son suficientes para la continuación de las diligencia".

La defensa de los imputados, que ejerce el letrado Enrique Molina, reclamó durante el procedimiento que el periodista de este diario que destapó los seguimientos debería revelar sus fuentes en el sumario para probar su veracidad. El tribunal considera que el trabajo periodístico está harto probado y no debe revelar fuente alguna. "Su testimonio ha servido como nottia criminis, que se ha visto refrendado por la profusión de diligencias que han ido confirmando la credibilidad de su testimonio. El derecho al secreto de sus fuentes es un derecho constitucional necesario al derecho de información y al derecho de la opinión pública a tener una información veraz, artículo 20 de la Constitución, es una garantía de la democracia". Y, por añadidura, "no es es el único indicio, no estamos en fase de juicio, ni de dictar una sentencia con ese único testimonio, ni es ilegítima la no revelación de la fuente por el periodista".

La Audiencia Provincial pide a la juez que recabe datos sobre los gastos de los supuestos espías para poder cuantificar la malversación de caudales públicos antes de abrir el juicio contra los mismos.

COBO DICE SOBRE EL ESPIONAJE QUE FUE OBJETO DE "UNA ACTUACIÓN"

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, insistió ayer en una entrevista en Los desayunos de TVE que fue objeto de seguimientos irregulares. El edil, que fue suspendido de militancia por unas declaraciones a este periódico en las que arremetía contra Esperanza Aguirre y otros cargos de la Comunidad por la vigilancia de la que fue objeto, aseguró: "Yo no soy el que montó nada, nosotros [en referencia a él mismo y al ex consejero Alfredo Prada] somos objeto de una actuación de determinadas personas".

Cobo aseguró que la relación que mantiene con Aguirre no es "ni buena ni mala" y añadió: "No he tenido una relación personal con Esperanza Aguirre anterior a esa entrevista o a ese espionaje" a diferencia del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

El caso de los espías fue destapado por EL PAÍS en enero de 2009 sobre una serie de partes, con anotaciones manuscritas de empleados de la Consejería de Interior de la Comunidad, en plena primavera de 2008 y en vísperas del conflictivo congreso nacional del PP de Valencia.

Preguntado por las declaraciones del 2 de febrero de 2010 en las que dijo: "Se montó una gestapillo. Ojalá en este procedimiento se sepa quién lo hizo", Cobo aseguró: "Cuando hay dos personas que no tienen ninguna responsabilidad para proteger a otra y están hasta la una de la mañana dando vueltas alrededor de un restaurante, yo opino, sigo opinando, sigo creyendo que esas personas están realizando una actuación que no corresponde con lo que tiene que hacer un funcionario". Cobo explicó, no obstante, que retiró el recurso contra la decisión de la juez de archivar la causa porque así se lo pidió su partido.

La Sección XVI de la Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias del caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid, perpetrado por agentes a sueldo del Gobierno regional de Esperanza Aguirre, para que se acumule e investigue la denuncia presentada por el ex jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Giménez, por hechos similares que supuestamente habrían cometido contra él los mismos implicados en los seguimientos al vicealcalde Manuel Cobo y al ex vicepresidente autonómico Alfredo Prada, ambos adversarios de la presidenta autonómica dentro del PP.

Poco después del estallido del caso espías, Giménez denunció que él también pudo ser objeto de seguimientos, pero la juez instructora, Carmen Valcarce, desgajó su denuncia de la causa principal y terminó archivando tanto una como otra. La causa principal es la relacionada con los supuestos seguimientos sufridos por Cobo y Prada por parte de ex policías y ex guardias civiles adscritos como empleados y asesores a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, que dirige Francisco Granados. El tribunal considera que la decisión de Valcarce de abrir una pieza separada al margen de las diligencias centrales de la trama del espionaje ha podido originar "inseguridad jurídica" a Giménez. Y entiende que no debió desgajarse de la causa principal su denuncia. Por eso le ordena que acumule su escrito a la citada pieza principal y, hecho eso, que tome la decisión que crea oportuna, pero "en el marco de las diligencias previas registradas con el número 1891/2009". Es decir, la referida, según la Audiencia, al "llamado espionaje político en la Comunidad de Madrid".

La juez tendrá dos opciones tras reabrir la causa principal: investigar la denuncia de Giménez o no hacer nada y archivarla nuevamente, aunque en este último caso el tribunal le pide que le dé una explicación "judicial razonada". El ex jefe policial de Coslada ha pedido a Valcarce, para no causarle indefensión, que tome declaración a los ex policías implicados y al consejero Granados.

Valcarce archivó el caso espías, pendiente en este momento de un recurso del PSOE ante la Audiencia de Madrid, en julio pasado. La Audiencia aún no se ha pronunciado sobre el archivo de la causa principal; esto es, los seguimientos a Cobo y Prada, acreditados en las diligencias con informes policiales basados en los posicionamientos de los móviles de los imputados, que coinciden con los partes que hicieron los espías sobre la ubicación real de los investigados, y del informe pericial encargado por la juez que acreditaba que uno de los empleados de la Consejería de Interior era el autor de las notas manuscritas en los partes. Como apelante del archivo de la causa, solo figura el PSOE, pese a ser del PP las víctimas, Cobo y Prada. Ambos fueron forzados por Mariano Rajoy a retirar los recursos que presentaron tras el archivo del asunto para evitar dañar la imagen del partido.

Lo que en puridad ha ordenado ahora la Sección XVI de la Audiencia de Madrid es que no se desgajen de ese procedimiento principal (pendiente del recurso del PSOE) las supuestas investigaciones hechas por ex policías a las órdenes de Granados al ex jefe policial de Coslada.

Giménez denunció que él también había sido objeto de seguimientos, basándose en declaraciones hechas a este periódico por Marcos Peña. Este ex inspector de policía, fichado por Granados, manifestó que hizo trabajos de inteligencia para la elaboración de informes sobre escándalos en Ayuntamientos socialistas, como Ciempozuelos y Coslada. Y citó entre sus investigaciones la supuesta trama que condujo a la detención de Giménez en la llamada Operación Bloque. Giménez ha mantenido que su detención fue fruto "de una novela sin base redactada por la policía".

Valcarce archivó la causa central del espionaje sin haber tomado declaración a la ex esposa de principal imputado, Sergio Gamón, jefe de los agentes que efectuaron supuestamente los seguimientos. La esposa de Gamón afirmó a EL PAÍS que este le había hablado sobre investigaciones encargadas por el vicepresidente primero del Gobierno de Aguirre, Ignacio González. Valcarce archivó el caso por entender que no estaba acreditado el delito de malversación de caudales públicos que investigaba (utilizar a empleados pagados con dinero público para fines distintos de su cometido) y que, en todo caso, "sería imposible determinar la cuantía que se habría destinado indebidamente...".

La Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid, que dirige Manuel Moix, también ha acordado no presentar ningún recurso contra la decisión de la juez Carmen Valcarce de archivar el caso de los espías. La magistrada ha argumentado que los seguimientos a altos cargos del PP carecen de encaje en el Código Penal y que además no es posible cuantificar el dinero malversado por los empleados y ex agentes de la Comunidad de Madrid a los que se atribuyen los seguimientos al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada.

La decisión de la fiscalía de no recurrir fue adoptada en una reunión que mantuvieron hace unos días Moix, el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, y varios fiscales más de los juzgados de plaza de Castilla; entre ellos, la fiscal que ha llevado el asunto ante el Juzgado instructor número 5 de Madrid. Los fiscales comparten los argumentos que esgrime la juez en el sentido de que tales seguimientos no tienen encaje penal. Además, coincidieron en que el delito de malversación perseguido en este caso es difícil de probar y creen que cualquier otra prueba que se practicase conduciría a la posición actual: es decir, que no hay delito.

Entienden que, jurídicamente, tampoco aportaría datos relevantes a la causa citar, por ejemplo, a la ex esposa de Sergio Gamón, supuesto jefe de los espías. Gamón dimitió recientemente como director de Seguridad de la Comunidad tras las declaraciones que hizo su ex esposa a EL PAÍS en las que confirmó y detalló los espionajes que hacía su ex marido y de los que informaba, según explicó, al actual vicepresidente primero del Gobierno de Aguirre, Ignacio González. "Ella podría venir al juzgado y decir que su ex marido dijo o hizo tal cosa, y luego el ex marido negarlo, con lo que no se conseguiría nada", dijeron fuentes fiscales. "Se están divorciando", añadieron.

Aunque la juez ha decretado el archivo y Cobo, Prada y la fiscalía han desistido de sus recursos, el asunto de los espías seguirá vivo en la vía judicial: los socialistas madrileños actúan como acusación popular y mantiene su intención de que la Audiencia Provincial revise y reabra el caso para practicar otras pruebas que la Comunidad no ha querido facilitar a la justicia o que la juez ha rechazado pedir.

La decisión de la dirección del Partido Popular de obligar al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, a retirar el recurso contra el archivo de la investigación judicial sobre el supuesto espionaje de que fue objeto desde la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid constituye un hecho gravísimo. No solo revela el autoritarismo arrogante con que las ejecutivas de los partidos suelen ejercer su dominio sobre la vida de sus militantes. Esa acción coactiva constituye una intromisión arbitraria y abusiva en un ámbito que trasciende la vida partidaria y que se confunde con el de los derechos fundamentales de la persona, lo que las ejecutivas de los partidos también están obligadas a respetar.

A Cobo se le ha impedido acogerse a un derecho fundamental reconocido en la Constitución: el de la tutela judicial efectiva. Pero el PP acaricia una próxima victoria electoral en las autonómicas y municipales y su líder, con la vista puesta en La Moncloa, ha hecho valer el interés del partido por encima de otras consideraciones de carácter ético. Así, la dirección nacional del PP, siempre complaciente con Esperanza Aguirre, ha querido sin duda congraciarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid en un asunto, el del espionaje, en el que su Gobierno ha estado bajo sospecha.

En este enjuague, poco han importado los derechos de un militante que hasta hace dos días esgrimía su derecho a protegerse de esa gestapillo, según sus propias palabras, que siguió sus pasos para debilitarle a él y a los suyos dentro del partido. Pero la sensación incómoda de seguimiento de Cobo, como la de Alfredo Prada, el otro dirigente del PP que también ha retirado su recurso, no ha desaparecido tras la investigación judicial del caso.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y Francisco Granados, responsable de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, han justificado su estrategia por el perjuicio que causaría al partido y a su imagen mantener en su seno una batalla judicial. Sin embargo, un posible caso de corrupción institucional, en el que hay sospechas de actuaciones de funcionarios que vulneran derechos de la persona y uso indebido de fondos públicos, nunca puede ser un asunto interno de un partido. Sobre todo, si es para echar tierra al asunto y no para esclarecerlo.

La dirección del PP nunca estuvo interesada en aclarar el posible espionaje a Cobo y a Prada. Queda en manos de la Fiscalía de Madrid que la acción de la justicia siga adelante. El archivo provisional ha dejado demasiados cabos sueltos, muchas pruebas sin practicar y otras obstaculizadas por la Comunidad de Madrid. Lo que ha quedado claro, de momento, es que Cobo y Prada se han plegado a las demandas de la cúpula del partido a cambio de los beneficios electorales que las autonómicas y después las generales pueden reportar a unos y otros. No es un ejemplo edificante de hacer política.

La dirección nacional del PP no quiere, a nueve meses de las próximas elecciones autonómicas y locales, dejar abierto el avispero judicial del caso de los espías que afecta al Gobierno de Esperanza Aguirre. Por eso, ha forzado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente del Gobierno regional, Alfredo Prada, a retirar los recursos que hace tan solo unos días interpusieron ambos contra el archivo que decretó la juez Carmen Valcarce por los seguimientos que les efectuaron ex policías y ex guardias civiles adscritos como empleados y asesores a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

El caso de los espías fue destapado por EL PAÍS en enero de 2009 sobre una serie de partes, con anotaciones manuscritas, por parte de empleados de la Consejería de Interior de la Comunidad, en plena primavera de 2008 y en vísperas del conflictivo y complicado congreso nacional del PP de Valencia. Ni Cobo ni Prada, que denunciaron haber sido objeto de ese espionaje por empleados de la consejería que dirige su compañero de partido Francisco Granados, querían retirar esos recursos presentados ante la Audiencia de Madrid contra el archivo decretado por la juez Valcarce. Finalmente, ambos optaron por disciplinarse a las instrucciones dadas por la cúpula del partido.

La fiscalía de Madrid también ha decidido aceptar la decisión de la juez Valcarce y no recurrirá el archivo del caso ante la Audiencia madrileña. No obstante, la vía judicial de este caso quedará abierta, ya que el Partido Socialista de Madrid (PSM) también es parte en este proceso y mantiene su recurso.

El PP ha obligado a ambos a retirar los recursos porque está convencido de que puede ganar los próximos comicios en Madrid y quiere cortar cualquier enfrentamiento judicial entre altos cargos del mismo partido por un asunto tan grave como el del espionaje. La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, habló personalmente con Cobo en la tarde del pasado lunes para pedirle que retirase el recurso en bien del partido, por razones electorales, pero el vicealcalde de Madrid se negó.

Finalmente, ayer, Cobo decidió hacerlo. Pero aceptó tras una conversación que tuvo que mantener el propio Mariano Rajoy ayer mismo, antes de la última ejecutiva del curso político, con el jefe de Cobo y alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. En esa charla privada Rajoy sugirió la conveniencia de que tanto el vicealcalde Cobo como el ex vicepresidente Prada -que ahora trabaja en su equipo- retirasen sus recursos para no dañar al partido con vistas a las próximas elecciones autonómicas y locales. Rajoy también apuntó que este tipo de polémicas internas puede perjudicarle a él en su intención de ganar las elecciones generales para llegar a La Moncloa.

Cospedal, en una rueda de prensa posterior a la última ejecutiva nacional del PP antes de las vacaciones del verano, confirmó ayer que ha sido el partido quien ha solicitado a Cobo y Prada que desistan de sus recursos contra el sobreseimiento de la causa. "Como partido, se lo agradezco", dijo Cospedal, tras conocer que Cobo había decidido acatar las instrucciones y retirar, al igual que Prada, el recurso.

Cospedal justificó esa petición en una teórica "sentencia" de la juez que determinaba que no había ningún delito. Lo que hizo la juez fue un auto de archivo al no observar suficientes indicios de delito de malversación.

La dirigente del PP añadió que no estaba previsto celebrar una reunión del Comité de Derechos y Garantías para, a cambio, levantar el año de suspensión de militancia que pesa sobre Cobo por unas declaraciones a este periódico en las que arremetía contra Aguirre y otros cargos de la Comunidad por, entre otras cosas, los seguimientos que había sufrido.

Pero Cospedal sí había llegado a ofrecer a Cobo, en su charla del lunes, que el PP podría retirarle la sanción de suspensión de militancia que tiene en vigor en menos de una semana si accedía al acuerdo. Rajoy también le comentó al alcalde ese aspecto del trato. Gallardón y Cobo se negaron a ese enjuague. Creen que podría ser contraproducente para su imagen de firmeza y de respeto a los principios.

Aún así, cedieron en un punto. Accedieron a retirar el recurso presentado hace apenas cuatro días. Cobo exigió, y así se lo explicitó Gallardón a Rajoy, que iba a evidenciar públicamente su malestar y comunicaría que solo retiraba sus acciones judiciales por órdenes expresas de la dirección nacional del PP.

El responsable de la consejería a la que pertenecen los ex policías y guardias civiles que efectuaron los seguimientos, Francisco Granados, agradeció ayer las gestiones de la dirección nacional del PP para disuadir a Cobo y Prada de que retirasen los recursos. Hace tan solo unos días, cuando la juez archivó el caso, llegó a exigir al espiado Cobo que pidiese perdón y le amenazó con los tribunales. Su jefa, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, no suscribió esas "opiniones personales" de Granados. Y ayer optó por no avivar esta polémica.

Granados, consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid, mostró ayer abiertamente su "satisfacción" con la decisión y manifestó su agradecimiento a la dirección nacional del partido, a su presidente, Mariano Rajoy, y a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, por recuperar "la normalidad y el sentido común".

Pero también aprovechó para indicar que es "normal" que los adversarios políticos, como el PSOE, recurran el archivo, "pero lo normal también es que los compañeros de partido, una vez que se ha demostrado que ese supuesto espionaje no se ha producido, no lo recurran". Y añadió: "Con este gesto es evidente que los órganos del partido funcionan y han tomado una decisión correcta".

Cobo, en el recurso que ahora ha decidido retirar, esgrimía ante la Audiencia de Madrid que en el Ejecutivo regional de Aguirre hubo "carta blanca, aparentemente", para los seguimientos a su persona. Y sostenía que, en contra de lo que dictó la juez en el sobreseimiento, tales seguimientos sí son constitutivos de delitos.

El vicealcalde se quejaba en el recurso de que la juez hubiera obviado practicar diferentes pruebas pedidas por los abogados de las partes y otras reclamadas por la Fiscalía de Madrid a las que el Gobierno de Aguirre no dio cumplimiento. Siete de las 10 pruebas vetadas por la juez las pidió el propio fiscal en 2009.

Entre las pruebas vetadas por la juez figuran datos sobre el coste y el uso de teléfonos móviles y vehículos oficiales por parte de los empleados de la Comunidad imputados en este asunto del espionaje a Cobo y Prada.

- Cobo: "Existen indicios más que suficientes para determinar que los imputados han tenido una participación activa, tanto en los seguimientos como en la confección de los partes, sin que en la instrucción se hayan realizado las investigaciones".

- PSOE: "El fundamento que se da al archivo del caso es la imposibilidad de cuantificar lo utilizado y la dificultad de encaje en el tipo penal, aunque se da por hecho que esos usos [encaminados al espionaje] ocurrieron. Lo que hacían está alejado de los fines públicos".

- Cobo: "En la instrucción falta la práctica de pruebas propuestas por las partes; hubo diligencias pedidas por el fiscal que no se practicaron por no dar cumplimiento a las mismas la Comunidad de Madrid".

- PSOE: "Ni siquiera ha habido resoluciones de inadmisión, las solicitudes han sido aparcadas, sin que se diera traslado a las partes y al ministerio fiscal para que se pronunciara sobre su validez".

- Cobo: "Hubo carta blanca para tales actuaciones ilegales. El que impartió las órdenes como alto cargo de la Comunidad de Madrid estaba ordenándolo a sabiendas de su ilicitud; la contravigilancia no corresponde a funcionarios de la Comunidad".

- PSOE: El sobreseimiento de la causa se produce "de forma precipitada e intempestiva" y supone "la obstrucción y vulneración del derecho a la defensa. Repele al derecho y al más mínimo sentido común que una conducta de este tipo y gravedad quede impune".

La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha obligado al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, a retirar el recurso contra el archivo que decretó la juez en el juicio que investiga los seguimientos que empleados de la Comunidad de Madrid, dirigida por Esperanza Aguirre, realizaron sobre él mismo y otros miembros de su propio partido, entre ellos el ex vicepresidente del mismo Gobierno regional, Alfredo Prada, que ni siquiera llegó a presentar su propio recurso.

Cobo está suspendido temporalmente de militancia en el PP después de criticar duramente en EL PAÍS a Aguirre.

En su recurso, Cobo aseguraba que que en el Ejecutivo regional hubo "carta blanca, aparentemente" para esa actuación ilegal. Y apuntaba que, en contra de lo que dictó la jueza en su auto de sobreseimiento, los hechos sí constituían delito. Precisamente, la mano derecha de Gallardón echaba en cara a la juez que no investigara más a fondo ya que no se realizó "la práctica de pruebas que, propuestas por las partes, no han sido proveídas; además hubo diligencias pedidas por el fiscal que no se practicaron por no dar cumplimiento a las mismas la Comunidad de Madrid".

Entre las pruebas vetadas por la juez figuran los datos sobre el uso de teléfonos móviles y vehículos oficiales por parte de los sospechosos en los meses del espionaje, y el coste que supuso para el erario público, elemento clave para valorar el posible delito de malversación. Pero el escrito también echa en falta en la investigación judicial otros muchos elementos.

Pese a que Cobo y Prada han decidido retirarse del proceso por indicación de la dirección de su partido, el caso seguirá vivo al menos de momento. El PSOE, que ejerce la acusación popular, mantiene el recurso que presentó poco después del sobreseimiento al entender que supone "la obstrucción y vulneración del derecho a la defensa" y recuerda las diez pruebas solicitadas reiteradamente a la juez y que esta nunca atendió, sin motivar siquiera su rechazo. Entre otras, el testimonio de Yolanda Laviana, ex esposa de uno de los implicados, Sergio Gamón.

Por otro lado, la Fiscalía ha esperado a los recursos de las partes y, una vez que todos estén o no presentados, decidirá qué hacer. Siete de las 10 pruebas vetadas por la juez las pidió el propio fiscal en 2009.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal ha confirmado este martes que el PP presionó -aunque no ha dicho que haya sido ella- al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, para que retirara el recurso contra el archivo del 'caso de los espìas', como así ha sucedido. Sin embargo, el PP cree que con esto no da la sensación de querer ocultar algo, pese a que la sentencia considerara probado que se habían producido seguimientos, aunque la misma no los considerara constitutivos de delito.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se ha pronunciado este martes sobre el recurso retirado por Cobo por el 'caso de los espías', tras la reunión del comité ejecutivo.

"No seré yo la que tape una sentencia de un tribunal. La sentencia judicial dice que no se ha producido delito", ha asegurado la 'número dos' de los conservadores.

Es cierto que la sentencia consideraba que seguir a otra persona no era delito, de la misma manera que confirmaba que estos seguimientos se habían producido."Lo han realizado tras esa petición del partido y como partido yo se lo agradezco a los dos"

Lo que el juez no puedo corroborar es que ninguno de los imputados destinaran los bienes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior "de forma principal a actividades ajenas a la función pública". Además, decía que no concurren "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en los tipos penales de malversación".

De Cospedal ha agradecido a Cobo y Prada -uno de los hombres de confianza de Rajoy- que hayan dado marcha atrás con los recursos por el cierre del 'caso de los espías' (Prada no llegó a presentarlo), y ha confirmado que les presionó para ello.

"Ellos han entendido que era perjudicar al PP seguir abundando en esa vía. Lo han realizado tras esa petición del partido y como partido yo se lo agradezco a los dos", ha sentenciado.

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