LOS AGENTES ESPIARON UNA COMIDA CON LA CÚPULA JUDICIAL Y ERRARON EN LA FECHA

Los espías trabajaban de lunes a viernes en los seguimientos a altos cargos del PP. Y lo hicieron intensamente durante los meses de abril y mayo, cuando el Gobierno de Esperanza Aguirre se hallaba embarcado en su aventura por desbancar a Mariano Rajoy tras la derrota electoral. Eran meses en los que algunos dirigentes del Ejecutivo regional sospechaban, y así se lo contaban a los periodistas, que Alfredo Prada se había vuelto hostil, apoyaba a Rajoy y mantenía encuentros donde contaba cosas contra Esperanza Aguirre.

En el listado de 33 partes extraído de la Dirección General de Seguridad, hay dos que se salen de ese guión y que podrían corresponder a un error de transcripción. Los dos son de marzo (9 y 15); son los únicos de ese mes. El resto, 31, son de abril y mayo. Y curiosamente, los dos partes de marzo se refieren a días que supuestamente no eran hábiles para el espionaje (domingo y sábado, respectivamente). En el caso del domingo 9 de marzo, día de elecciones generales, el parte señala que no se localiza al consejero en su puesto de trabajo habitual. Es difícil que espías de la Comunidad de Madrid busquen al consejero un domingo en su despacho. Salvo que el día en cuestión sea el 9, pero de abril (miércoles). En el parte correspondiente al 15 de marzo (sábado), el espía que sigue a Prada hasta un restaurante anota tres matrículas a mano y señala en su parte que podrían corresponder a vehículos oficiales. Una de ellas, efectivamente, corresponde a un coche que la Dirección General de Tráfico asegura que tiene matrícula reservada correspondiente a vehículos oficiales.

El parte de ese supuesto 15 de marzo -cuando Prada volaba hacia Tailandia- hace referencia a una comida que el alto cargo del PP mantuvo en un restaurante de la calle de Fernando el Santo de Madrid. El almuerzo existió. Prada mantuvo un día 15, pero de abril (martes), una comida con altos cargos de la Administración de Justicia (el presidente del Tribunal Superior y un vocal del Consejo General del Poder Judicial elegido a propuesta del PP, que fue alto cargo de la Administración autonómica). En el parte de seguimiento, los policías incluyen todos los datos de los coches que realmente estaban allí, aunque en el encabezamiento escriben una fecha errónea, 15 de marzo.

En el grupo de partes correspondientes a abril no existe ninguno con fecha 9 o 15 de abril, pese a que eran días laborables, lo que abona la teoría de que lo que señalaron en sus partes correspondientes a marzo correspondía en realidad al siguiente mes.

Cuando los espías no localizan a Prada, intentan hacer su trabajo en Internet para justificar por qué han fracasado en su seguimiento. Así, en uno de los partes se da cuenta de que el consejero no acude a su despacho ni se le localiza en las proximidades de su vivienda. A continuación, el espía adjunta una noticia sacada de Internet que sitúa a Prada en Costa Rica, presentando un proyecto de Campus de la Justicia en el XVII Congreso de la Unión Iberoamericana.

EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID. "AQUÍ SI NO TE ESPÍAN NO ERES NADIE"

Los seguimientos que se investigan a dos políticos del PP críticos con Esperanza Aguirre (Manuel Cobo y Alfredo Prada) tuvieron otras víctimas colaterales: dirigentes que habían quedado a comer con Prada, o que simplemente se encontraban por la zona cuando los espías vigilaban, y cuyos datos pasaban a engrosar, por si acaso, los partes de seguimiento. Una de esas víctimas fue la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores. La matrícula de su coche aparece apuntada en uno de los partes.

Francisco Granados sostuvo ayer -negando con gestos las afirmaciones de IU- que Rodríguez nunca ha dicho que se sintiera espiada. Sin embargo, la diputada mostró desde el principio su disgusto con lo sucedido, llegó a pedir explicaciones Aguirre en el seno del Grupo Popular y, el 6 de febrero, dejó clara su postura en la Comisión de Transportes, que preside.

Durante esa sesión, según consta en el Diario de Sesiones, el socialista Modesto Nolla expresó su "solidaridad" con Rodríguez Flores por los "seguimientos ilícitos" que había sufrido. Ella se lo agradeció vivamente y añadió con ironía: "No sé si es bueno o malo lo que me ha pasado [...] Un periodista dijo con mucha gracia: 'aquí si no te espían no eres nadie'; así que, mire usted por dónde, soy alguien".

Tomó la palabra el diputado del PP José Cabrera para pedir a la presidenta que estuviera "muy tranquila" porque vive "en un Estado de derecho". A lo que ella respondió: "Las razones que me da no me dejan nada tranquila, qué quiere que le diga. Aparte de eso, el que puede estar intranquilo es quien me tenga que pagar el coche nuevo". Y es que Rodríguez Flores tuvo que cambiar de vehículo tras conocer que su matrícula estaba en un parte de seguimiento.

El Gobierno de Esperanza Aguirre y el Grupo Parlamentario Popular han deslizado múltiples mentiras durante las cuatro sesiones de la comisión de investigación sobre el espionaje a altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid. Lo que sigue sólo es una muestra de las recurrentes falsedades, o errores, con los que los dirigentes populares han intentado machacar a la oposición en el Parlamento regional.

- "Muchos partes no se corresponden con la agenda. Es incompatible estar en Chinchón y en León a la vez". El consejero de Interior, Francisco Granados, descalificó ayer alguno de los 33 partes de seguimiento porque supuestamente no coincidían con las agendas de los espiados. Para ello, se apoyó en el diario El Mundo y su resbalón -basado en un error de este periódico- respecto a una fecha. Granados aseguró que mientras los espías situaban al ex consejero Alfredo Prada en Chinchón, estaba en León. Pero, en realidad, el parte de seguimiento no ofrece dudas: el 13 de mayo cuentan los espías que Prada estaba en Chinchón. EL PAÍS publicó incluso una fotografía de aquel día que acreditaba que Prada estuvo allí. El propio Prada lo confirmó, aunque Granados no se dio por enterado para mantener su mentira.

- "El diario EL PAÍS ya ha dicho que nunca ha mantenido que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya espiado". Los partes de seguimiento y los informes de los peritos calígrafos encargados por EL PAÍS acreditan que el espionaje se hizo desde el Gobierno regional a través de agentes de la Dirección General de Seguridad y así lo ha mantenido este periódico en todo momento. EL PAÍS informa a través de lo que se publica en sus páginas. Granados usó torticeramente unas declaraciones a la prensa de un periodista de este diario sacadas de contexto.

- "Casualmente el parte falso (del 15 de marzo) es el que tiene las anotaciones manuscritas". El consejero Granados intentó colar en la comisión que las letras manuscritas aparecidas en los partes correspondían a un solo día que, supuestamente, se ha demostrado erróneo en su fecha aunque acertado en los hechos que describe. Pero hay al menos otros dos partes donde aparecen textos manuscritos con nombres y números.

Granados se enfadó mucho cuando la oposición le habló de los 33 partes de seguimientos a cargos públicos del PP que obran en poder de la Fiscalía. Aseguró, en tono amenazante, que la oposición no podía tener los partes porque sería ilegal. EL PAÍS puso a disposición de la Justicia una documentación que ha venido publicando desde hace semanas. Cualquier grupo parlamentario que la hubiera solicitado a este periódico habría tenido una copia. Y no hubiera cometido ninguna ilegalidad. Ninguna autoridad judicial ha decretado el secreto de sumario ni ha ordenado que no se hagan públicos los partes de seguimiento a los cargos del PP.

- "Alguien ha mentido a EL PAÍS cuando dice que la agenda coincidía punto por punto con esos partes". El consejero Granados acusó ayer a su ex compañero de Gobierno Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, de mentiroso por responder a EL PAÍS que los hechos relatados por los espías correspondían "punto por punto" a sus actividades públicas y privadas.

En su última entrevista concedida a este periódico, el pasado domingo, Prada lo dejó claro: "De mi vida pública y de mi vida privada se han publicado una serie de hechos que en su mayor parte coinciden con la realidad". Prada y personas que almorzaron o se vieron con él durante los dos meses que, al menos, duró el espionaje, han declarado que los seguimientos son veraces porque los hechos relatados ocurrieron realmente.

- "Las agendas públicas y privadas están a disposición de los escoltas, por supuesto". Para intentar justificar de dónde pueden proceder los datos aparecidos en los partes de seguimiento, algunos pertenecientes a la vida privada de los espiados, el consejero de Interior aseguró que todos los escoltas manejan esa información.

El subdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Miguel Castaño, llegó a decir ante los diputados, sin mostrar síntomas de alarma, que esa documentación delicada y confidencial aparecía tirada al día siguiente en los coches de los escoltas. Distintos cargos públicos aseguraron ayer a EL PAÍS que sus agendas privadas no están a disposición de los escoltas. "Por supuesto que no", señalaron.

- "La piedra angular de esta acusación eran los supuestos partes, que a día de hoy no se sostienen". El portavoz del PP, David Pérez, que cargó de falsedades su discurso en las distintas sesiones de la comisión, llegó a asegurar que los partes eran falsos, aunque el PP admitió que no los conocen en su totalidad y que tenerlos sería una "ilegalidad" porque están a disposición de la Fiscalía. De la veracidad de los partes han dado cuenta Alfredo Prada, ex consejero de Justicia y diputado del PP; Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid; Álvaro Renedo, ex diputado del PP y ex presidente de Telemadrid; y Carmen Rodríguez Flores, diputada del PP.

- "Han tenido todos los medios a su alcance para investigar". Probablemente sea la mentira más gruesa de cuantas ha pronunciado el grupo popular. La dijo ayer David Pérez. El PP, con su mayoría absoluta, ha impedido que comparezcan 18 de las personas que se admitieron en un principio en el seno de la comisión, entre ellos, las espiadas, y ha vetado numerosa documentación clave para investigar. Incluso la documentación que han remitido llegó cuando estaba compareciendo la persona que había elaborado la misma, con lo que se tuvo que hacer un receso para que los diputados la estudiaran.

- "Los presuntos espiados no existen". Lo dijo otra vez David Pérez. Pero existen. Se llaman Manuel Cobo, Alfredo Prada, Álvaro Renedo, Carmen Rodríguez Flores, Juan Carlos Fernández...

El consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, compareció ayer en la comisión de investigación sobre espionaje. Y se encargó de cerrarla ya que, su jefa, Esperanza Aguirre, ha decidido que ya no hay nada que investigar. Su consejero resumió la tesis oficial en una frase: "no existen ni espías ni espiados".

A su entender, dicha tesis ha quedado acreditada por los trabajos de la comisión, durante la cual también se han destapado, dijo, "mentiras" de algunos compañeros de su partido, aludiendo a Pedro Calvo, concejal de Seguridad de Alberto Ruiz-Gallardón, y el exconsejero Alfredo Prada.

Granados se ensañó especialmente con Prada, que fue cesado por Aguirre tras respaldar la candidatura de Mariano Rajoy a liderar el PP. Precisamente Prada fue uno de los políticos que fue objeto de un supuesto espionaje, ya que El País ha publicado partes de seguimiento a él y a su familia durante el año pasado. No obstante, El Mundo ha cotejado algunos de esos partes con las agendas de Prada y ha concluido que el mismo día que los espías le situaban en un restaurante él estaba volando a Tailandia. ¿Quién tiene razón?. Granados aseveró que no quería entrar en polémicas mediáticas, aunque acusó a Prada de mentir a El País cuando confirmó que su parte de seguimiento coincidía "punto por punto" con su agenda.

"Es evidente que alguien ha mentido y que alguien mintió a un periódico cuando le dijo que su agenda coincidía, punto por punto, con los partes de seguimiento. Alguien miente, y no soy yo", sentenció Granados.

También tuvo tiempo para rebatir a Calvo, el edil del Ayuntamiento de Madrid que hace años fue responsable de Interior en la Comunidad bajo el mando de Gallardón. Calvo aseguró la pasada semana en la comisión que en su época "nunca" se realizaron labores de contravigilancia. "Como mucho, de apoyo en actos concretos; por ejemplo, los que se celebraban en la sede de la Presidencia", apostilló el concejal.

Ayer, Granados se presentó en la Asamblea con 15 documentos (incluidas fotografías) para tratar de demostrar que el Gobierno de Gallardón sí tenía servicio de escoltas propios y vigilancia. "Si alguien mintió en esta comisión... ustedes sabrán", espetó a las portavoces de PSOE e IU, que han amenazado con llevar a los tribunales los testimonios contradictorios que se produjeran en el órgano de investigación.

Además, el responsable de Interior negó que tenga estructuras parapoliciales o de espionaje en su consejería. Y explicó que había realizado varias pruebas caligráficas para comprobar que entre los exguardias civiles que colaboran con él no había caligrafías coincidentes con la que se observa en los partes de seguimiento publicados.

Dicho todo eso, se cebó con la oposición. Reprochó al PSM que haya intentado "desprestigiar y acabar" con el Gobierno de Aguirre por la vía rápida. Sobre su portavoz, Maru Menéndez, dijo que hacía el ridículo y que no tenía nivel para ser parlamentaria, por sentirse más cómoda "en el lodazal". A la diputada de IU Inés Sabanés le afeó que se sumase a una estrategia de "derribo".

La socialista Menéndez, por su lado, tachó a Granados de "mentiroso compulsivo" y recalcó: "en la comunidad de Madrid ha habido espionaje, como se ha probado, y usted ha sido el único al que no se ha espiado. Usted lo ha tapado". Tras hacer hincapié en que en la comisión ha habido versiones contradictorias que serán estudiadas por su grupo, se preguntó por qué se cierra la comisión sin dejar que se expliquen Prada o Manuel Cobo, ambos del PP y supuestos espiados.

Esa misma pregunta se la hizo Sabanés (IU), que demandó la dimisión de Granados. "Usted es un peligro, un provocador y manipulador que impone el veto y la censura en esta comisión". Tanto Sabanés como Menéndez coinciden en que el cierre es una "barbaridad democrática" y avisaron que no callarán. El portavoz del PP, David Pérez, las situó en la "teoría-ficción".

GRANADOS CIERRA LA COMISIÓN ACUSANDO DE MENTIR A SU COMPAÑERO ESPIADO PRADA

El PP de Esperanza Aguirre culminó ayer su anunciado golpe de mano y decretó el cierre anticipado de la comisión de investigación sobre la existencia de una trama de espionaje político en Madrid; pero antes tuvo tiempo para deslizar un mandoble nuevo, e inesperado: el consejero de Interior del Gobierno regional, Francisco Granados (PP), acusó a Alfredo Prada -su antecesor en el cargo, compañero de partido y miembro actual de la dirección nacional del PP- de mentir y dar aire con su mentira a un supuesto montaje contra Aguirre.

"Es evidente que alguien mintió a EL PAÍS si le dijo que su agenda coincidía punto por punto con lo que figura en los partes [de seguimiento]. Y yo estoy seguro de que se lo dijo", afirmó Granados, último compareciente, en la sesión más bronca de las únicas cuatro que la comisión ha podido celebrar desde el 4 de marzo.

Ese "alguien" es el ex consejero Alfredo Prada, quien efectivamente confirmó a este periódico que los partes recogían sus movimientos en los días de abril y mayo de 2008 en los que le habrían seguido. Y Granados sostiene que Prada mintió -lo repitió tres veces, sin citarlo- porque El Mundo ha publicado que algunos partes del seguimiento a Prada contienen incongruencias que desmontarían el caso. Incongruencias que responden a un error en la transcripción de las fechas

Todos los altos cargos que habían desfilado antes que Granados por la comisión negaron con solemnidad haber ordenado, amparado, conocido o participado en el espionaje a políticos. Él no lo hizo: se limitó a decir que "en muchos casos" los partes de seguimiento que probarían el espionaje "son erróneos, cuando no falsos", y que las acusaciones de la oposición son "calumnias".

Más adelante precisó: "Yo no he dicho que los partes sean falsos: lo que digo es que muchos de ellos no se corresponden con la agenda de la persona supuestamente espiada [...] Si tienen alguna prueba, llévenla a los tribunales. Si no, dejen de insidiar".

Como casi no le hicieron preguntas, el consejero se concentró en atacar a la oposición. "Llevan dos meses de acoso y derribo. Han insidiado, mentido, calumniado. Y no han podido probar nada. ¡Ni una sola responsabilidad! ¡Ni una sola contradicción de los comparecientes! [...] Yo no miento nunca. ¡Pídanme disculpas!", clamó. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) le respondieron que contradicciones han encontrado varias, y repitieron que, a su juicio, sí ha habido espionaje y el consejero es responsable. El tono era tan bronco que, ya en los pasillos, el socialista Adolfo Navarro tachó a Granados de "neofascista", "chulo" y "matón".

El consejero de Interior subrayó, por otro lado, que es "falso" que en su departamento haya tres estructuras de seguridad paralelas. "Un señor sin gente a su cargo ni presupuesto no es una estructura", protestó, en referencia al asesor Marcos Peña y al director del Área de Seguridad, Sergio Gamón. Acusó igualmente de mentir a los ex tres ex consejeros (dos de ellos, del PP) que declararon antes que él. Y pasó de puntillas por el episodio del robo de un ordenador en un despacho de un alto cargo de Prada, con este argumento: "No es muy raro que cuando se produce el cese de gente desaparezca un ordenador".

Después de escuchar a Granados, el PP empleó su mayoría absoluta y anunció el cierre de la comisión. Las conclusiones se aprobarán en el pleno del día 18, probablemente a última hora y en víspera de puente. "El caso que nos ha ocupado ya no existe. Era todo una falsedad", sentenció el portavoz del PP, David Pérez. Sabanés habló de "atentado a la democracia". Menéndez anunció que seguirán investigando, por otros cauces, este "turbio asunto".

CRUCE DE INSULTOS PARA REMATAR LA COMISIÓN SOBRE EL ESPIONAJE A ALTOS CARGOS DEL PP EN MADRID

- "Estos días han insidiado, mentido, calumniado. [...] No han podido probar nada. ¡Pídanme disculpas!".

- "[A Menéndez] No está legitimada moralmente para ofenderme [...] Se podría haber quedado en UGT".

- "Ustedes no están cómodos en el Parlamento: prefieren el lodazal, prefieren rebozarse en el barro".

- "Sus altos cargos se contradicen porque tiene usted tres estructuras de seguridad y un lío monumental en su consejería".

- "[Fuera de la comisión] El señor Granados es el encargado por su partido de taparlo todo".

- "[A Granados] Usted es un peligro, un provocador y un manipulador. Es parte de todo esto, y sigue estando bajo sospecha".

- "Le responsabilizo a usted de ocultar información, de diseñar una estrategia para tapar los hechos".

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ha manifestado esta mañana que "hay que llegar hasta las últimas consecuencias" en la investigación de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid de la que él mismo ha sido víctima, informa Daniel Verdú. Tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, el número dos del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón ha insistido con documentación en su poder que los partes de espionaje publicadas por EL PAÍS coinciden con su agenda de trabajo.

El vicealcalde ha insistido en que él ha acudido a la jueza para saber si se le ha investigado con dinero público y ha animado al portavoz de los populares en la Asamblea, David Pérez, a que haga lo mismo se cree que ha habido un delito de falsificación documental.

Cobo, que no ha entrado a valorar el cierre ayer de la comisión de investigación tras tan sólo cuatro sesiones, tampoco ha querido responder a lo dicho ayer por el titular de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, respecto a quienes confirmaron la veracidad de unos partes que el consejero considera "erróneos, cuando no falsos", aunque sí ha afirmado que tanto Pedro Calvo como Carlos Mayor Oreja dijeron en la Asamblea "absolutamente la verdad".

Sobre la investigación, Rajoy ha dicho esta mañana que esperará a las conclusiones del Parlamento madrileño para valorarla.

Esperanza Aguirre no quiere más investigación sobre la supuesta red de espionaje ligada a su Gobierno. Eso atañe a la Asamblea de Madrid --donde hoy se dispone a echar el cierre a la comisión de investigación allí creada--, y al PP, por si tuviera tentaciones de reabrir su propia investigación interna sobre el asunto.

Poniendo la venda antes de la herida, Aguirre mandó ayer un mensaje a Mariano Rajoy. Y lo hizo a través de su portavoz en la Cámara regional, David Pérez, que defendió que no cabe seguir dándole vueltas al asunto. "La demostración de que no ha habido espionaje a partir de la falsedad de los partes es tan manifiesta que, en mi opinión, nadie se planteará una investigación, porque la investigación se ha producido ya en el seno de la Asamblea", apuntó.

El caso es que la número dos del PP, Dolores de Cospedal, puso en marcha hace semanas una investigación interna, ya que se hicieron públicos seguimientos a compañeros de partido como Alfredo Prada o Manuel Cobo, entre otros. A Aguirre no le gustó aquello, por entender que se daba la razón a los que decían que los espías eran de la Comunidad.

Entonces, la presidenta aceptó crear una comisión de investigación en la Asamblea, decisión que agradeció Rajoy y que supuso que quedaran "suspendidas" las pesquisas de Cospedal. Aguirre aún tuvo otro gesto con su jefe: retrasar, con su mayoría absoluta, los trabajos de ese órgano hasta después de las elecciones gallegas y vascas. Pasados los comicios, arrancó la efímera comisión: 10 comparecencias en tres días.

Y en medio de todo eso, El Mundo publicó que algunos de los partes de seguimiento que dieron origen a la investigación --concretamente los del exconsejero Alfredo Prada, ahora hombre de Rajoy-- eran falsos o erróneos. El equipo de Aguirre se aferró a esa información para cerrar la comisión. Prada, que hizo valoraciones contradictorias sobre el tema en la prensa, insistió en comparecer en la Asamblea para aclarar las cosas. Esa misma solicitud la había hecho Cobo (mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón), para hablar de sus seguimientos. Pero ninguno de los dos podrá hacerlo ya.

Queda por ver si Rajoy asume la tesis de Aguirre de que el escándalo del espionaje ha resultado ser "un montaje". Ayer, un grupo de periodistas le planteó a Rajoy esta cuestión. "No tengo nada que decir sobre el asunto", se limitó a responder. Tampoco Cospedal quiso dar muchas explicaciones, aunque supeditó el reabrir su investigación interna a que le satisfagan las conclusiones de la comisión, que se conocerán el 18 de marzo. Y en el entorno de Gallardón, según parece, no ha caído bien la noticia. ¿Es posible que Aguirre tomara tan polémica decisión sin consultar a Rajoy? "La presidenta habla muy a menudo con Mariano Rajoy", contesta, sin más detalles, algún colaborador.

Vistos los pasos de los últimos días, al PP de Madrid, y a su líder, Esperanza Aguirre, ya sólo le restaba rematar . Ayer, diligentemente, lo hizo. Utilizando a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, impuso el día de clausura definitiva de la investigación del presunto espionaje en la Comunidad. El miércoles 18 de marzo, el pleno de la Cámara discutirá –y aprobará– el dictamen de conclusiones. Éstas se basarán en el relato de sólo 11 comparecientes y cuatro días de trabajos.

Una vez que la comisión de los espías cierre a cal y canto, habrá que comprobar si Mariano Rajoy queda satisfecho y si se atreve a encargar a su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que reabra las pesquisas internas. El PP de Madrid ya le previno ayer. Le presionó. “En este momento, la demostración de que no ha habido espionaje a partir de la falsedad de los partes es tan manifiesta, es tan clara y tan meridiana que, en mi opinión, nadie se plantearía una investigación, porque la investigación se ha producido ya en el seno de la Asamblea, con luz y taquígrafos”. Eso dijo en rueda de prensa, de forma alambicada, el hombre de Aguirre en la Cámara, David Pérez.

Después, un alto cargo del Gobierno regional y miembro de la cúpula del PP madrileño, aclaró a Público la posición de su partido: “No tendría sentido”, dijo, que De Cospedal reabriese la investigación interna que suspendió el 2 de febrero, en cuanto Aguirre accedió a crear la comisión en la Asamblea. “Es una hipótesis que el PP de Madrid no contempla. No tendría ni pies ni cabeza”.

La consigna en Génova, la dirección nacional, es nítida: Rajoy no quiere pronunciarse sobre el cierre de la comisión del espionaje hasta que haya dictamen. Entonces, decidirá si reabre la investigación interna. No obstante, De Cospedal, en conversación informal con los periodistas, apuntó ayer que “personalmente” no le disgustaba que se dieran por liquidados los trabajos. “No me disgusta, personalmente no me disgusta”, destacó. Y matizó: “A mí, ni me tiene que gustar ni me tiene que disgustar”.

Para Maru Menéndez e Inés Sabanés, las portavoces de PSOE e IU en la Asamblea, no caben las vacilaciones de Génova. Ambas sostuvieron que “en coherencia” con lo que dijo De Cospedal en su día, el PP debería reabrir el proceso interno. “Espero que Rajoy no avale el golpe de mano de Aguirre”, apuntó Sabanés. Las dos portavoces comparecieron juntas ayer tras encontrarse con una decisión precocinada: Rodríguez planteó a la Junta de Portavoces que el 18 se hiciese un hueco en el pleno para votar el dictamen. Casaba con la estrategia desplegada por el PP, que se aferró a la información que El Mundo publicó el domingo, dando por “falsos” los partes de seguimiento al ex consejero de Aguirre Alfredo Prada.

Menéndez y Sabanés denunciaron el “atropello” del PP, y le acusaron de instalar la “excepcionalidad democrática” en Madrid. “No ha tenido ninguna voluntad de transparencia. Aguirre tiene mucho que ocultar”. Fue la sentencia de la socialista, que rubricó Sabanés: “Esto no va a acabar así. Es el principio del fin de la impunidad de la presidenta”. PSOE e IU apurarán “todas las vías parlamentarias” para presionar a Aguirre, y pedirán amparo al Tribunal Constitucional si es necesario. Los socialistas dejarán de ir a los actos institucionales de la Comunidad.

Pérez insistió en que la “comisión ha perdido su base” pues las acusaciones de espionaje “son falsas”. Atacó a PSOE e IU por su “fingido agravio”, fruto del “monumental fiasco” que les produjo descubrir “la verdad”. Amenaza final: “Exigiremos responsabilidades políticas de este montaje”.

Granados, el último // Adiós de la comisión de los espías. A las 10.30 comparecerá el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad, Francisco Granados. Después, se reunirá la Mesa de la comisión, que previsiblemente fijará el día de presentación de las conclusiones, las cuales refrendará el pleno el 18. David Pérez se negó a hablar de “cierre” de la comisión, pero tampoco pudo desmentirlo. La fecha del 18, dijo, es una “previsión”, un “automatismo”.

Sin Prada, sin Cobo... // Menéndez y Sabanés advirtieron de que la comisión muere con sólo 11 comparecencias –las que pidió el PP, menos el vicepresidente, Ignacio González— y sin que hablen los que “desean” hablar: los presuntos espiados (el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; la diputada Carmen Rodríguez o Alfredo Prada). A Pérez no le pareció raro: “Si no ha habido espionaje, no puede haber espiados”, subrayó.

EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AGUIRRE ECHA EL CERROJO A LA INVESTIGACIÓN

El PP expidió ayer el certificado de defunción de la comisión parlamentaria recién nacida que debía investigar la trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. No lo firmó, porque se niega a decir abiertamente que la comisión se ha terminado, pero el certificado está escrito gracias a este último gesto: los populares habilitaron el pleno del día 18 en el Parlamento madrileño para que éste pueda aprobar el dictamen de conclusiones de la comisión -que echó a andar hace apenas una semana- si para esa fecha está redactado.

Aunque, en teoría, las sesiones se iban a extender hasta el 31 de marzo -el PP se había comprometido a ello en pro de la "transparencia"-, los populares han determinado que todo el caso es "una falsedad" y que no hace falta seguir investigando. Las víctimas del supuesto espionaje -políticos del PP críticos con Esperanza Aguirre- ni siquiera han sido escuchadas antes de que sus colegas de partido dictaran sentencia.

Después de ensayarlo durante días, el cerrojazo terminó de escenificarse ayer, en la reunión semanal de la junta de portavoces de la Asamblea de Madrid: ante la estupefacción de los diputados de PSOE e IU, la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez (PP), propuso habilitar un hueco en el orden del día del pleno del 18 de marzo para aprobar el dictamen final de la comisión de investigación. Los populares, que tienen mayoría absoluta, respaldaron encantados la propuesta.

El dictamen se aprobará ese día sólo si para ese entonces está redactado, pero el hecho es que no hay más comparecencias previstas -el PP se niega desde el viernes a llamar a más gente- y los populares llevan 48 horas repitiendo que "la comisión ha perdido su objeto". Así que todo apunta a que la comparecencia, hoy, del consejero de Interior, Francisco Granados, será la última.

"Ésta es la mejor prueba de que el espionaje ha existido: el miedo que tiene el PP a mantener viva la comisión. Nos pusieron mil trabas: vetaron comparecencias, vetaron documentación, todo para hacer que abandonáramos... Y al final quienes se han levantado de la comisión han sido ellos", subrayó la portavoz socialista, Maru Menéndez, que no descarta pedir amparo al Tribunal Constitucional. Además, el PSOE va a dejar de acudir a los actos institucionales organizados por la Comunidad de Madrid, empezando por el de hoy en recuerdo del 11-M (aunque los socialistas sí participarán en otros homenajes a las víctimas de aquel atentado).

Medidas similares estudia Inés Sabanés, portavoz de IU, que clamó contra el "engaño" del PP y el "cierre violento" de la investigación: "O recomponemos la normalidad o la crisis institucional está servida; esto es una agresión en toda regla. Desde luego, conmigo a partir de ahora que no cuenten".

Los populares afirman que el caso del espionaje es "una farsa" y "una gran falsedad" porque el diario El Mundo publicó el pasado domingo que tres de los 33 partes de seguimiento -que obran en poder de la fiscalía- son "falsos". "La acusación ya no se sostiene. Ha quedado demostrado que los hechos que dieron lugar a la comisión no son ciertos", repitió el portavoz del PP, David Pérez. Eludió confirmar que ya no habrá más sesiones, pero sí se permitió lanzar un aviso a la dirección nacional del PP por si se le ocurre reabrir la investigación interna sobre el caso: "Nadie se plantearía una investigación porque la investigación se ha producido ya en esta Asamblea y se ha puesto de manifiesto que no había base alguna para las acusaciones", opinó.

Preguntado por las razones que llevan a su partido a no querer escuchar a "los espiados" -el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero Alfredo Prada, ambos del PP, que han denunciado ante un juez los seguimientos-, David Pérez respondió convirtiendo en invisibles a sus compañeros de partido: "No existen espiados, porque nunca ha existido espionaje".

GRANADOS ACUSA A PRADA DE MENTIR AL DECIR QUE LOS PARTES DE SEGUIMIENTO COINCIDÍAN CON SU AGENDA

Cargado de documentos para intentar acreditar su ausencia de responsabilidad en la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha comparecido en la última sesión de la comisión de investigación en la Asamblea y que se ha convertido en la más bronca de todas las celebradas. Granados ha acusado directamente a uno de los espiados, Alfredo Prada, de faltar a la verdad cuando aseguró al diario EL PAÍS que su agenda es la misma que la reflejada en los partes de seguimiento. "Cuando alguien dice que su agenda coincide con los partes ha mentido y lo podrá acreditar", ha afirmado el consejero, para quien estos informes no coinciden "ni con la agenda publica ni con la privada, ni desde el punto de vista documental, ni del sentido común".

Granados ha acusado a PSOE e IU de cometer "una ilegalidad" si obran en su poder los 33 partes que demuestran las labores de contravigilancia del equipo de espías. "Me acusan de no pedir papeles a la Fiscalía; si ustedes los tienen, nosotros no; sería importante que lo aclararan porque es ilegal", ha afirmado. En la misma línea de los responsables de Seguridad que han comparecido en las jornadas anteriores, Granados ha cuestionado la veracidad de los partes: "Esos papeles en muchos casos son erróneos, cuando no falsos". Sin embargo, en su segundo turno ha puntualizado que lo que ha dicho es que los partes "no se corresponden" con la identidad de las personas supuestamente espiadas.

Con una batería de papeles y carpetas, Granados ha pretendido demostrar que la creación de los servicios de seguridad procede a épocas anteriores a la del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. "Ni hemos creado esos servicios, lo que ocurrió en la época de Leguina, ni los hemos impulsado, como pasó en la de Gallardón". "Yo no miento nunca y aquí tienen 15 documentos", ha afirmado Granados tras exponer las supuestas pruebas, entre las que se encontraban facturas de compras de pistolas y cámaras fotográficas de la etapa del Gobierno socialista de Joaquín Leguina, el Convenio Colectivo de 1988 sobre personal laboral que incluye una referencia a las "labores de vigilancia de personas", o una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2005 que indica que ya entonces se realizaban labores de escolta.

"Yo no vengo aquí a dar una sola opinión, pero ustedes han dado muchas sin acreditar, han mentido y han insidiado mucho", ha dicho refiriéndose a los grupos de la oposición. El consejero ha proseguido con su ofensiva: "Ustedes han amedrentado y se han mofado de algunos comparecientes; creen que les ha tocado la lotería, que los 7.000 parados diarios el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se pueden esconder detrás de una moto, aunque sea roja", ha insistido para referirse a la información publicada por EL PAÍS que demostraba la compra del Área de Seguridad de potentes vehículos y cámaras.

PSOE e IU han reprochado a Granados que su actitud "no ha sido la de un compareciente" y que únicamente ha acudido a la Asamblea a acusar a la oposición. La portavoz del PSOE, Maru Menéndez, ha calificado a Granados de "mentiroso compulsivo". Previamente ha comenzado su intervención acusando duramente al PP por dar cerrojazo a la investigación. "Podrán cerrarla, pero no nos van a callar", según Menéndez, que ha señalado a Granados como el encargado de organizar la red de espías destinando recursos públicos. "Hoy esta comparecencia no la estamos celebrando en régimen de normalidad porque debería haber cuatro comparecientes", ha indicado la portavoz de IU, Inés Sabanés, quien ha dado por demostrado que en la Consejería de Granados funcionaban tres estructuras de seguridad.

La bronca entre los portavoces parlamentarios ha continuado con la intervención del popular David Pérez, que ha iniciado su turno acusando a los socialistas de no acudir a los actos de homenaje a las víctimas del 11-M en protesta por el cierre a la investigación."El PSOE ha cometido un error al boicotear el acto oficial", ha afirmado. "Hace falta mucha desfachatez para seguir manteniendo lo que ustedes mantienen", ha proseguido Pérez, que ha negado la veracidad de los partes de seguimiento y el resto de pruebas aportadas por los grupos. Granados también ha arremetido contra el PSOE por no haber acudido al homenaje a las víctimas del 11-M. "No han fallado a un acto de Esperanza Aguirre, sino a un acto de seis millones y medio de madrileños". Menéndez ha replicado que la decisión de no acudir a los actos de homenaje a las víctimas del 11-M se debe a que no van a hacer "de comparsa" de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

Sin llegar hasta el momento a ninguna conclusión y con la sola presencia de 11 de 30 de los comparecientes la comisión se cierra tras un inicio que fue dilatado por el PP al retrasar la lista de comparecientes, y posteriormente vetar la presencia de documentos y personas claves, incluidas las propias víctimas del espionaje. Entre quienes han pasado por la Asamblea destacan Marcos Peña, asesor de seguridad de Granados, y Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad. Ambos negaron haber participado en el seguimiento a cargos públicos. Los primeros en someterse a las preguntas fueron el ex consejero socialista del Gobierno de Joaquín Leguina, Virgilio Cano, y dos consejeros del PP en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, ahora concejal. Estas comparecencias fueron calificadas de "despropósito" por Calvo, que acusó a su propio partido de intentar desviar la atención, lo que refrendó el alcalde Alberto Ruiz Gallardón. Al menos tres altos cargos populares fueron vigilados: el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, el ex presidente de Telemadrid y ex diputado autonómico, Álvaro Renedo, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reconoció ayer en conversación informal que no le disgustaba el cierre de la comisión aunque después precisó sus palabras y puntualizó que esperarán a las conclusiones para emitir valoraciones. Sin embargo, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se inclina por no reabrir la investigación interna que quedó aparcada cuando comenzaron los trabajos en la Asamblea.

EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID. EL GOBIERNO REGIONAL PREPARA UNA QUERELLA CRIMINAL CONTRA EL PAÍS

El secretario de Comunicación del Partido Popular de Madrid, Juan José Güemes, anunció ayer que todos los miembros del Gobierno madrileño -presidido por Esperanza Aguirre- presentaron hace 10 días, a título individual, una demanda de conciliación contra Javier Moreno, director de EL PAÍS, por las informaciones sobre la supuesta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid.

Tras calificar de "falsas" esas informaciones, Güemes aclaró que la demanda de conciliación es "el paso previo, si no se rectifica en sede judicial, a la presentación de una querella criminal".

El portavoz del Partido Popular madrileño llegó a decir el pasado lunes que, en su opinión, los partes de seguimiento a políticos "se han fabricado en la propia redacción de EL PAÍS o los han comprado".

Respecto al probable cierre de la comisión de investigación sobre el caso, el secretario de Comunicación se limitó a afirmar que ya es tiempo de que la Asamblea de Madrid se dedique a "cuestiones más cercanas a las necesidades de la gente y no a dar pábulo a una enorme falsedad". Y se preguntó si la Cámara regional "debe seguir derrochando energías y recursos en una comisión que responde exclusivamente a un enorme bulo y a una gran mentira".

El Gobierno de Esperanza Aguirre barajaba desde hace semanas la presentación de la querella, a la que se oponían algunos de los consejeros. Finalmente, en el Consejo de Gobierno de hace dos semanas, Aguirre y sus consejeros firmaron la presentación de la demanda.

Durante todas las sesiones de la comisión de investigación sobre el espionaje a altos cargos del PP en Madrid, los portavoces parlamentarios populares han insultado al diario EL PAÍS para quitar valor a los partes de seguimiento elaborados por los espías que supuestamente trabajaban en la Consejería de Interior.

Altos cargos del PP, como el ex consejero de Justicia Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, denunciaron los seguimientos de que fueron objeto al considerar que los partes del espionaje respondían a lo que hicieron aquellos días. El juzgado todavía no ha dado traslado a EL PAÍS de la demanda de conciliación.

En la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid trabajan 40 personas. Pero Francisco Granados, consejero de Interior, encargó una "información reservada" para aclarar lo ocurrido que se limitaba a hacer dos preguntas a 10 trabajadores: si habían hecho espionajes y si tenían algo que decir. Los diez son personal de confianza, sin plaza fija (dependen de la voluntad del jefe que los nombró). Todos contestaron con un monosílabo: "No".

Sólo cuando EL PAÍS publicó las conclusiones de dos peritos calígrafos, la consejería hizo las dos preguntas al agente José Manuel Pinto -este sí con plaza fija- que, supuestamente, había escrito los partes, según el informe grafológico. La investigación oficial de Granados, sin aportar ni un dato, concluyó que no se habían pagado dietas, horas extra o cosas similares para el espionaje. No señaló cómo concluía que las horas extra, dietas y cosas similares pagadas en la Dirección General no habían sido para esas labores.

Para rematar su investigación parcial, Granados encargó un informe grafológico. Uno solo, no dos como hizo EL PAÍS para que hubiera contraste. Y, para hacer ese informe, Granados usó fotocopias de este periódico y no escritos oficiales con la letra de Pinto. Los peritos señalan que para hacer un trabajo en condiciones necesitan documentos originales. Así pueden comprobar incluso la presión ejercida por la mano para escribir determinadas letras.

EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID LOS CARGOS DEL PP VÍCTIMAS DE LOS SEGUIMIENTOS RECLAMAN LA VERDAD. "¿QUIÉN NOS ESPIÓ Y QUIÉN LO ORDENÓ?"

Las pruebas del espionaje contra altos cargos del PP por agentes de la Consejería de Interior del Gobierno de Aguirre tienen como mayor exponente documental los 33 partes originales de seguimiento elaborados supuestamente por algunos de la decena de asesores del responsable de dicho departamento, Francisco Granados, y aportados hace más de un mes al fiscal jefe del Tribunal Superior de Madrid, Manuel Moix. Su validez viene avalada por diversas vías:

1. Origen. Proceden de documentación original de la Dirección General de Seguridad de la etapa de Sergio Gamón, según varias fuentes intervinientes.

2. Confirmación. Un muy alto cargo de la Consejería de Interior, entre otros, confirmó en privado la validez de los partes como documentos internos, si bien exculpó del asunto al asesor Marcos Peña y a sus guardias civiles subordinados; no así al equipo del ex director general de Seguridad Sergio Gamón y sus ex policías, así como a los funcionarios José Palomo y José Manuel Pinto. Los documentos eran tan reales que en la consejería se desató una auténtica caza de brujas para atemorizar a los funcionarios y lograr evitar nuevas fugas. Desde entonces se han cerrado despachos a cal y canto. Todos callan.

3. Coincidencia. Los partes reflejan la vida pública y privada de los personajes espiados, singularmente, el vicealcalde, Manuel Cobo, y el consejero Alfredo Prada. Este diario cotejó ambas esferas con los partes: coincidían sustancialmente en lo que podían recordar o documentar. ¿Cómo recordar si un espiado tomó una caña hace un año con un hombre de edad avanzada, calvo y con gafas? ¿En qué agenda se busca ese dato? A veces la memoria del espiado colateralmente funciona y, da una clave: Álvaro Renedo, ex presidente de Telemadrid, era ese personaje que fue fotografiado por los agentes de Granados sólo horas después de entrevistarse con dicho consejero. Otras veces, el nombre de las víctimas del espionaje directo o colateral sale de las matrículas de coche e identidades escritas en los partes: Clara Reynolds, presidenta de una fundación, o la diputada regional del PP Carmen Rodríguez Flores. Los partes reflejan personajes por precisar, búsquedas afanosas, matrículas sin identificar, incluso errores que han podido deslizar los espías. Son la mejor prueba de su factura. Si fueran prefabricados no contendrían errores o incógnitas. Calcarían agendas. Pero los agentes han podido cambiar horas o datos por error o por fingir que han perdido de vista a la víctima.

Sus fallos, acaso debido a que los partes son hechos por distintas manos y horas o días después del espionaje, no evitan un hecho: ¿en qué agenda figura a qué hora vuelve Prada a casa o que cena con una "joven" que es su hija? Lo temible no son sus errores, sino sus aciertos. Y hay fallos que no lo son: algunos espiados rehúsan confirmar que lo fueron para ocultar sus citas comprometidas. Es lo que tiene hurgar con descaro en la vida ajena: a las víctimas se les exige desnudarse ante los verdugos para probar que son víctimas. Los espiados quieren saber: "¿Quién nos espió y quién lo ordenó?".

- "Que me llamen a declarar". El ex consejero de Justicia Alfredo Prada reclama que la comisión le llame a declarar para "verificar lo ocurrido". Prada afirma que los partes de seguimiento corresponden a su actividad pública y privada de aquellos días. "La investigación empezó por el tejado y no por los cimientos, como debería".

- "Ése soy yo". El ex presidente de Telemadrid y ex diputado autonómico del PP Álvaro Renedo fue espiado porque se citó en un hotel con Prada. "Ese hombre de edad avanzada, calvo y con gafas que se entrevistó en el hotel Hesperia con Prada [del que hablaban los espías en sus partes] soy yo. Alguien debe tener mis fotos".

- "Quiero saber quién lo hizo". "Quién lo encargó y con qué fines", declaró el vicealcalde de Madrid al comprobar que los partes de seguimiento publicados en EL PAÍS correspondían fielmente con su actividad. "Espero que se esclarezca hasta las últimas consecuencias y que se depuren las responsabilidades que existan".

- "Bajo y barriobajero". La matrícula del coche de esta diputada del PP aparece en un parte. Carmen Rodríguez ha exigido a Esperanza Aguirre que aclare quién la espió y por qué. "Soy amiga de Prada porque es un hombre honesto. ¿Eso bastaba? Puede ser. Y soy de Mariano Rajoy. Todo esto me parece bajo y barriobajero".

- "Avisé a Rajoy de que me espiaban". El ex tesorero nacional del PP también se sintió espiado, aunque no aparezca en los partes de seguimiento. "Avisé a Rajoy en mayo de 2008 que estaba siendo espiado". Sus sospechas recayeron sobre algún consejero de la Comunidad de Madrid porque había cuestionado sus adjudicaciones.

- "No son rumores, los documentos existen".El líder del PP, que ordenó una investigación interna en el partido sobre los espionajes en Madrid, declaró: "No son rumores, esos documentos [en referencia a los partes de seguimiento] existen. Lo que no sabemos es quién lo ha ordenado. Yo lo que quiero es transparencia".

La mayoría de los dirigentes cercanos a Mariano Rajoy consultados ayer coincidían en el análisis: a nadie le gusta la manera en la que Esperanza Aguirre va a dar carpetazo a la comisión del espionaje, sin escuchar siquiera a los dos compañeros y miembros de la dirección del PP espiados, Alfredo Prada y Manuel Cobo, pero nadie cree que el líder vaya a tomar medidas drásticas como reabrir la comisión interna.

Públicamente, Dolores de Cospedal no lo ha descartado y ha pedido que se sepa "la verdad". La versión oficial es que se esperará a ver las conclusiones que se aprueban en la Asamblea de Madrid, pero en privado ya se difunde la idea de que, aunque Rajoy se lo está pensando, finalmente, no pasará nada.

Algunos de estos dirigentes, hace pocas semanas, pensaban que la victoria del PP en las gallegas reforzaría al líder, quien podría así pensar en forzar decisiones drásticas para aclarar el espionaje. Sin embargo, ahora sostienen que este momento en el que Rajoy está buscando un poco de calma interna para enfrentarse a la campaña de las elecciones europeas, no se puede recrudecer la guerra, ya muy evidente, entre el líder y la presidenta madrileña.

De hecho, la propia Cospedal, en conversación informal con periodistas, dejó claro cuál era el ambiente en la dirección al conocer la noticia del carpetazo a la comisión. "No me disgusta" que se cierre, llegó a decir, aunque después, cuando se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, corrigió: "No me gusta ni me disgusta, no voy a hacer juicios de valor".

Al menos cuatro miembros de la dirección aseguraron ayer a EL PAÍS que, aunque la decisión no está tomada, lo más probable es que no se reabra la comisión interna que dirigió la propia Cospedal y, esa sí, interrogó tanto a los supuestos jefes de los espías -Aguirre y Francisco Granados- como a los espiados -Cobo, Prada e Ignacio González, víctima de otro seguimiento distinto-.

Los marianistas creen que, a la vista de que Aguirre no piensa aclarar el espionaje, sólo queda confiar en que sea la fiscalía, o el juez, quienes hagan pruebas caligráficas y confirmen que quien espió es, entre otros, José Manuel Pinto, el agente identificado por las pruebas caligráficas presentadas por EL PAÍS.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, dará cerrojazo a la comisión de investigación de la trama de espionaje político destapada por EL PAÍS sin escuchar los principales testimonios, los de las víctimas de los espías. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid ha decidido esta mañana, gracias a la mayoría absoluta que detenta el PP, fijar para el próximo 18 de marzo la aprobación del dictamen de la comisión, lo que en la práctica implica que mañana será el último día de vida útil del organismo. El final de las pesquisas, que estaba previsto que duraran hasta el 31 de marzo, se adelanta 13 días tras apenas cuatro sesiones. Francisco Granados, máximo responsable de la Consejería de Interior, de la que dependen los presuntos responsables de la red, cerrará mañana las comparecencias.

Así lo ha decidido la mayoría del PP en la Junta de Portavoces, a propuesta de la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, con los votos en contra del PSOE e IU. Maru Menéndez e Inés Sabanés, portavoces de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, han comparecido juntas en rueda de prensa para denunciar la maniobra del PP, que han calificado de "atropello democrático". Ambos partidos han advertido de que agotarán todas las vías "parlamentarias", "jurídicas" e "institucionales" para seguir investigando la supuesta trama. Entre otras medidas, PSOE e IU estudian llevar al Tribunal Constitucional lo que consideran la vulneración de los "derechos de los grupos parlamentarios". Además, Menéndez ha anunciado que los socialistas "no asistirán a actos instituciones organizados por Esperanza Aguirre" en señal de protesta.

De este modo, el PP da carpetazo a los trabajos de la comisión, tal y como han venido denunciando PSM e IU desde el día en el que se aprobó el orden de comparecientes, sin que por ella hayan pasado sus protagonistas. Al menos tres altos cargos populares fueron vigilados, según ha publicado este periódico: el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, el ex presidente de Telemadrid y ex diputado autonómico, Álvaro Renedo, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Así las cosas, desfilarán por la comisión apenas diez de los 29 comparecientes previstos.

Entre ellos, Marcos Peña, asesor de seguridad de Granados, y Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad. Los dos negaron haber participado o tenido conocimiento de ningún espionaje o seguimiento a cargos públicos. También han pasado por la comisión un ex consejero socialista del Gobierno de Joaquín Leguina, Virgilio Cano, y dos consejeros del PP en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón, Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, que ahora es concejal en el Ayuntamiento. Todos negaron que en sus etapas se realizaran labores de contravigilancia. Estas comparecencias fueron tildadas de "despropósito" por Alberto Ruiz-Gallardón y por Pedro Calvo, que acusó a su propio partido de querer desviar la atención.

La comisión elaborará su dictamen de conclusiones después de la comparecencia mañana miércoles de Francisco Granados, a pesar de que la comisión tenía tiempo para trabajar hasta el 31 de marzo. En la comisión se someterá a votación antes de pasar a pleno. En el hemiciclo, en el que el PP tiene mayoría absoluta, también pasará la votación.

A pesar de alardear de ella a posteriori, Aguirre dio luz verde a la comisión a regañadientes y presionada por la dirección del PP, que encargó a María Dolores de Cospedal una investigación interna en vista de la postura de la presidenta, que negaba la existencia de la trama y se negaba a mover un dedo para esclarecer los hechos. Sin embargo, el PP le ha puesto piedras en las ruedas desde el principio. La comisión se constituyó el 6 de febrero pero tardó casi un mes en arrancar de hecho por la tardanza del PP en detallar su lista de comparecientes.

El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, ha anunciado hoy que todos los miembros del Gobierno regional presentaron hace 10 días, a título individual, una demanda de conciliación contra el director de EL PAÍS, por las informaciones sobre la supuesta trama de espionaje que calificó de "falsas". Güemes ha aclarado, en declaraciones a los medios de comunicación, que esta demanda de conciliación, es "el paso previo, si no se rectifica en sede judicial, a la presentación de una querella criminal". Una acto de conciliación prevé un arreglo de la controversia en un Juzgado de Primera Instancia o de Paz con la asistencia de la parte demandada y demandante. Este tipo de demanda pretende evitar el juicio.

Respecto a la continuidad de la comisión de Investigación en el Parlamento madrileño, el secretario de Comunicación del PP de Madrid ha indicado que es ya es tiempo de que la Asamblea de Madrid se dedique a "cuestiones más cercanas a las necesidades de la gente y no a dar pábulo a una enorme falsedad". Así, se preguntó si el parlamento regional "debe seguir derrochando energías y recursos en una comisión que responde exclusivamente a un enorme bulo y a una gran mentira".

AGUIRRE QUIERE CERRAR LA COMISIÓN DE LOS ESPÍAS PERO RAJOY SE PLANTEA REABRIR LA SUYA

Esperanza Aguirre ha forzado la máquina para cerrar cuanto antes la comisión que investiga el espionaje dentro de la administración regional que preside. Pero Mariano Rajoy no parece dispuesto a seguir esa estrategia y, a través de su secretaria general, Dolores de Cospedal, defendió ayer que la comisión debe investigar para conocer la verdad y, después, el PP decidirá si su propia investigación, que está suspendida, continúa.

El PP de Madrid, que preside Aguirre, lanzó su ofensiva final para enterrar con su mayoría absoluta la comisión que investiga desde hace apenas una semana el espionaje que sufrieron, al menos, tres altos cargos populares: el ex consejero de Justicia Alfredo Prada, el ex presidente de Telemadrid y ex diputado autonómico, Álvaro Renedo, y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.

El equipo de Aguirre, a través de tres de sus portavoces en el PP de Madrid y en la Asamblea de Madrid, descalificó desde primera hora de la mañana a EL PAÍS. El consejero de Sanidad y secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, llegó incluso a atribuir delitos a este periódico, ya que sostuvo que los partes de espionaje publicados "se han fabricado en la propia redacción del EL PAÍS o los han comprado, sin el más mínimo contraste con la realidad".

Los portavoces del PP se basaban en una información del diario El Mundo según la cual los partes de seguimiento contenían errores de bulto como situar a Prada en Chinchón cuando en realidad estaba en León. Para demostrarlo, el periódico rescató las dietas de un escolta de Prada el 13 de abril, fecha que por error transcribió EL PAÍS al hablar de uno de los partes de seguimiento. La fecha real, que consta en los partes de seguimiento que desde hace un mes están depositados en la Fiscalía de Madrid, es del 13 de mayo. Ese día, Prada estuvo en Chinchón, como reflejan los partes y como queda probado por una fotografía que se tomó de aquel acto. En la fotografía aparece Pablo Casado, entonces asesor de Prada.

Casado, diputado autonómico del PP, intervino ayer en la comisión sobre el espionaje para descalificar con saña a EL PAÍS, al igual que su compañero Juan Soler, que lo calificó de "diario sensacionalista con problemas económicos". Casado, sin embargo, ocultó que él mismo estaba en Chinchón el día que los agentes autonómicos espiaron a Prada.

Esta hostilidad con EL PAÍS y sus periodistas -que en el caso de Güemes no es nueva y que provocó hace tres semanas una nota pública de rechazo de la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) porque insultó al periodista de este diario Francisco Mercado-, contrasta claramente con la prudencia de la dirección nacional del PP.

El enfrentamiento entre Aguirre y Mariano Rajoy por este asunto llegó a su máximo nivel cuando el líder del PP ordenó a Cospedal que abriera una investigación interna, a la vista de que la presidenta de Madrid se negaba a hacer nada. Después de una gran tensión y varios ataques indirectos entre Aguirre y Rajoy, la presidenta aceptó abrir la comisión de investigación que ahora quiere liquidar rápidamente. El líder respondió concediendo una tregua: dejó en suspenso la comisión interna hasta ver qué salía de la investigación parlamentaria.

Pero el entorno de Rajoy, muy molesto por la actitud agresiva de los aguirristas y sobre todo porque todo parece indicar que los dos principales espiados, Alfredo Prada y Manuel Cobo, miembros de la dirección y cercanos al líder, ni siquiera van a ser escuchados en la comisión, a pesar de que lo han pedido en público y en privado, está esperando para ver qué hace.

Miembros de la dirección aseguran que aún no se ha tomado ninguna decisión, y se esperará a ver cómo acaba la comisión, pero nadie descarta del todo que se reabra la investigación interna para aclarar el espionaje si Aguirre no es capaz de ofrecer una explicación razonable sobre lo que pasó con Prada y Cobo.

De hecho, Cospedal dejó ayer muy claro, aunque no en tono de aviso sino más bien de recordatorio, que su partido no descarta reabrir la investigación. Preguntada por los periodistas, Cospedal dejó claro que los ataques contra la información de EL PAÍS sobre el espionaje, a la que Génova siempre ha concedido credibilidad, no han cambiado la posición de la dirección.

La secretaria general evitó cualquier ataque a los medios, al contrario que sus compañeros de Madrid, no quiso opinar sobre el rechazo de la comisión a que comparezcan Alfredo Prada y Manuel Cobo -"no voy a valorar lo que debe hacer la comisión", dijo- pero sobre todo dejó muy claro que Rajoy quiere que se aclare cuanto antes lo que pasó y no considera resuelto el asunto.

"La dirección nacional del PP tiene que decir que, si al final resultara que es verdad [el espionaje a dirigentes del PP], y si no es verdad mejor, nos parece absolutamente escandaloso e indignante que pudiera haber espionaje por el hecho de militar en un partido político. La dirección nacional tiene que decir que cuanto antes se sepa la verdad de todo, pues muchísimo mejor para todos", señaló Cospedal.

Cospedal no descartó ni mucho menos reabrir la investigación interna que, recordó, está suspendida y no cerrada. "Cuando termine la comisión de la Asamblea de Madrid, entonces el partido tomará su decisión". Cospedal regaló al micrófono un poético lapsus cuando dijo que el PP nacional opina lo mismo que el PP de Madrid. Lo dijo en un tono que le obligó a aclarar a continuación que "son el mismo partido, lógicamente".

Los distintos responsables de la seguridad en la Comunidad de Madrid demostraron ayer que el departamento es "un galimatías" en el que algunos "van por libre". Ésa es la conclusión de PSOE e IU tras escuchar, en la tercera jornada de la comisión de investigación sobre la trama de espionaje, a varios jefes de seguridad que no se coordinan entre sí. El director general de Seguridad, Enrique Barón -teóricamente el máximo responsable, aunque no estaba en el Gobierno regional cuando sucedieron los hechos investigados- admitió que Sergio Gamón y Marcos Peña no responden ante él. Pero los tres tienen competencias similares. Una "tricefalia" que sólo puede "propiciar actividades irregulares", según la oposición.

"No hay duplicidad de funciones. Me gustará más o menos la organización, pero es la que hay", dijo Barón antes de admitir que "no existe relación jerárquica" entre él y los otros dos altos cargos: Peña, asesor de seguridad; y Gamón, ex director general de Seguridad y hoy director del Área de Seguridad, sin competencias claras pero con un sueldo anual de casi 91.000 euros brutos. "Ni Peña ni Gamón dependen de mí. Dependemos del viceconsejero, él nos coordina. En los cinco meses que llevo aquí, con Peña y Gamón habré hablado alguna vez, pero no hemos despachado. Si hubiera alguna disfunción, supongo que el superior común la resolvería", afirmó el director general.

El "superior común", el viceconsejero de Interior Alejandro Halffter, aseguró: "Aquí no hay tres estructuras, sólo una. Lo que pasa es que Gamón no tiene de momento una estructura, aunque hace una función primordial: un estudio sobre la seguridad en los edificios", señaló. En realidad, la seguridad de los edificios es la única competencia en seguridad que tiene el Gobierno madrileño (junto a la coordinación de las policías locales).

Barón y Halffter fueron los últimos en comparecer. Por la mañana había declarado Gamón, personaje central de la investigación porque era el director general cuando se produjeron los seguimientos a políticos del PP críticos con Esperanza Aguirre. Gamón dijo que no sabía nada de eso, tachó los partes de espionaje de "panfletos sin ninguna veracidad" y denunció que ha sido "objeto de linchamiento público" por algo que "nunca existió".

A continuación, contó su versión de uno de los episodios investigados, el supuesto asalto a un despacho en el Campus de la Justicia en junio de 2008. Una versión, la del director general, que se contradice con la explicación dada el pasado viernes por Miguel Castaño, quien era por aquel entonces número dos de Gamón.

Gamón contó que al Campus de la Justicia acudió sólo con el subdirector Miguel Castaño, cuando éste había asegurado que a ellos dos los acompañaban dos asesores de seguridad, y dio sus nombres. Además, dijo el director general que sólo se entrevistó con el administrador del Campus, mientras Castaño explicó que habían dejado montado un dispositivo de seguridad durante tres días, con "un agente en la puerta y otro en la salida". Ambos coincidieron, eso sí, en asegurar que "nadie se llevó ningún ordenador". "Salí de allí igual que entré: con nada en las manos", afirmó Gamón.

También conoció la comisión el informe de la secretaria general técnica de Interior, Mar Pérez Merino, sobre los seguimientos. Pérez Merino preguntó a los presuntos implicados si habían participado en espionaje, y todos contestaron que no. "Eso, más que una investigación, es una encuesta", ironizó Fausto Fernández (IU). Sobre el supuesto robo del ordenador del Campus, en el informe un funcionario explica que el alto cargo Juan Carlos Fernández denunció que el ordenador faltaba de su mesa, "y efectivamente no estaba". Otros dos ordenadores han sido robados en un año, y el ex consejero Alfredo Prada se llevó dos más, aunque ha mostrado su deseo de pagarlos.

COMPARECENCIAS EN LA COMISIÓN DE LA ASAMBLEA DE MADRID QUE INVESTIGA EL ESPIONAJE A ALTOS CARGOS DEL PP

- "Esos partes son panfletos sin veracidad ninguna. Nunca he ordenado, amparado o tenido conocimiento de ningún espionaje o seguimiento. Mis equipos jamás se dedicaron a esas actuaciones".

- "¿Para qué iban a referirse a mí en los partes, si los partes supuestamente eran para mí?".

MAR PÉREZ MERINO (Secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior)

- "Hice un examen detallado de los gastos y no encontré ni horas extras pagadas, ni dietas, ni viajes... nada relacionado con lo que se denunciaba en los medios de comunicación".

- "La inocencia se presupone, la culpabilidad hay que demostrarla. Del examen de los gastos no hallé indicio alguno de culpa, por eso sólo les pregunté [a los supuestos implicados] si tenían algo que ver o no".

- "Si por contravigilancia entendemos que se hace integrado en un dispositivo de protección a personas, yo no lo he conocido".

- "No he visto ninguna anotación similar a las que aparecieron en un diario. No es riguroso llamar parte a notas sin firma ni membrete. Si hay un documento donde policialmente interesa identificar al que lo hace, es cuando se hace una vigilancia".

- "Los seguimientos son un invento, nunca existieron (...) la comisión ha perdido su objetivo".

- "No he visto ni conozco ninguno de los famosos partes. Las anotaciones en que está basado este proceso son falsas y resultan hasta ridículas".

- "Es falso que se haya creado ningún departamento para espiar a nadie. La Comunidad de Madrid no ha ordenado, ni impulsado ni amparado esas actividades".

Esperanza Aguirre, su Gobierno y el partido que preside en Madrid se han cansado de indagar el presunto espionaje a políticos en la Comunidad. Salvo sorpresas, la presidenta dará cerrojazo esta semana a la comisión de investigación de la Asamblea regional, que comenzó sus trabajos el 4 de marzo. Antes incluso de que ayer terminara su intervención el décimo compareciente el viceconsejero Alejandro Halffter, los conservadores habían emitido su sentencia de muerte: "Ni yo ni mi grupo participaremos en esa tomadura de pelo". Es el entrecomillado, bien elocuente, de David Pérez, el portavoz del PP en la Cámara autonómica. Si finalmente oficializa hoy la condena a la comisión, el PP habrá liquidado con cuatro sesiones, once comparecientes (mañana desfilará el consejero de Interior, Francisco Granados) y sin haber escuchado a las víctimas de los seguimientos, el caso que más ha horadado la solidez del Ejecutivo de Aguirre, al que ya se ha solapado la trama de corrupción del caso Gürtel.

Ya desde finales de la semana pasada había asomado la intención del PP. El arranque de la comisión, el miércoles 4, había deparado a Aguirre fuertes críticas de ex consejeros de la Comunidad, especialmente de Pedro Calvo, hoy concejal de Seguridad de Alberto Ruiz-Gallardón. El viernes, el Grupo Popular programó sólo una nueva comparecencia para mañana, la de Granados.

El diputado hiló sus declaraciones en pasado, evidenciando que el tiempo de la investigación agonizaba. "Todo se ha esclarecido", afirmó, así que "es la hora de pedir disculpas". Halffter, cerca de las 21 horas, ya avanzó la versión oficial del Gobierno: "Esta comisión ha perdido su objeto". Él, y el resto de cargos del Ejecutivo que acudieron ayer a la Asamblea, negaron cualquier relación con los seguimientos.

Si con la comparecencia de mañana de Granados se cierra la investigación, significará que no explicarán su versión los supuestos espiados: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo; la diputada regional Carmen Rodríguez Flores, o el propio Prada. Éste ha marcado distancias con Aguirre desde que fue cesado como consejero de Justicia en junio de 2008. El PP no ha hecho amago de querer llamarle, pero ayer sí aprovechó para culparle de haberse llevado dos ordenadores portátiles tras su destitución. Quien lanzó la sospecha fue la secretaria general técnica, encargada de comandar las pesquisas dentro de la Consejería de Granados. El Gobierno regional mostró la prueba de cargo: enseñó un burofax que Prada envió a Granados, donde le exige que le diga "de una vez por todas" cuánto debe pagar para quedarse con los dos equipos, que contienen "información personal y profesional".

Inés Sabanés (IU) denunció la "estrategia brutal de cierre de la comisión". Maru Menéndez (PSOE) mentó el "relato" tejido por Aguirre "para justificar el cerrojazo" de la investigación. Los socialistas verán si ir a los tribunales por "las mentiras y contradicciones" de algunos comparecientes.

Sergio Gamón, hoy director del Área de Seguridad de la Comunidad, resumió cómo concebía él los partes de seguimiento a políticos difundidos por la prensa: “Panfletos que no tienen veracidad alguna”. Después, se desmarcó de toda sospecha. Era obligado, pues en algunas notas los supuestos espías aludían a “nuestro director, Sergio”. “Yo nunca he visto esos panfletos, ni me han ordenado ningún seguimiento a políticos”, subrayó. Lamentó haber sido objeto de un “linchamiento público” por parte de PSOE e IU. Añadió que su cese como director general de Seguridad se debió a “problemas personales”, y no por haber dirigido el “asalto” al despacho del que era número dos de Prada, Juan Carlos Fernández.

A finales de enero, Granados encargó a la secretaria general técnica de la Consejería, Mar Pérez Merino, una investigación interna, de la que ésta dio cuenta ayer. Dijo que no se halló “ningún gasto extraordinario”, lo que impediría probar, deslizó, los trabajos de los espías. Luego, entrevistó a trece miembros de la Consejería, a los que formuló las mismas dos preguntas: “¿Ha realizado alguna actividad que confirme los hechos que se le han imputado?” y “¿Tiene algo que decir?”. Las respuestas de todos los afectados fue “no”. Pérez Merino sí comentó que desaparecieron cinco ordenadores de la Consejería. Dos se los llevó Alfredo Prada, según le informó Alicio de las Heras, director financiero del Campus de la Justicia.

La comparecencia de Enrique Barón, director general de Seguridad, evidenció cómo en la Consejería funcionan estructuras paralelas. Barón recalcó que de él “no dependen” ni Gamón (su antecesor en el cargo) ni tampoco Marcos Peña, asesor de seguridad fichado por Granados. Afirmó rotundo que “pone la mano en el fuego” por todo lo que él “supervisa, ordena y dirige”. Desacreditó los partes, que él no ha “visto”, y que son anotaciones “de Mortadelo y Filemón”. Sí aclaró sus competencias: “No dispongo ni de competencias, ni de amparo judicial o fiscal, ni de medios tecnológicos adecuados, ni de personal capacitado ni arbitrado para realizar funciones de vigilancia, espionaje o inteligencia”.

Expresó el deseo del Gobierno regional: que se cierre la comisión. Negó que hubiera una triple estructura en la Consejería: sólo hay una, la dirigida por Barón, porque Peña es un asesor y Gamón “está elaborando un informe sobre seguridad, y puede que se le cree una estructura para él”. Halffter se contradijo con el director general, al asumir que sí realizan labores de vigilancia avanzada. La oposición le recriminó que saque “conclusiones” de la comisión. “No tenemos la culpa de que ustedes se espíen unos a otros”, le atizó el PSOE. El diputado del PP, Juan Soler, le contestó: “No diga que nos llevamos mal en el PP”.

EL ESPIONAJE EN LA COMUNIDAD DE MADRID "PARECE MENTIRA QUE LOS ESPIADOS SEAN DE SU PARTIDO"

La jornada de ayer en la Asamblea de Madrid fue un extraño intercambio de dardos en el que los diputados populares y altos cargos de la Comunidad se empeñaban en zanjar la investigación y en dar por "rotundamente falsos" los seguimientos a políticos del PP, mientras la oposición pedía seguir investigando en defensa de los supuestamente espiados, que son del PP.

"Oiga, como mínimo debería estar usted preocupadísimo, ¿no? Era director general de Seguridad cuando se produjeron los seguimientos y no manifiesta ni asomo de interés. Es una frivolidad", le soltó la socialista Maru Menéndez a Sergio Gamón. "Parece mentira que Alfredo Prada sea del PP, viendo cómo le tratan. ¿Por qué nadie le llama?", preguntó Inés Sabanés (IU) a David Pérez (PP). Fuera, un diputado de la oposición comentaba: "Es que parece que los espiados son compañeros nuestros, no suyos".

La oposición consideró "un escándalo sin precedentes" la decisión de los populares de dar cerrojazo a la comisión de investigación cuando acaba de echar a andar, y sus portavoces señalaron que el PP ni siquiera ha querido escuchar a las víctimas del supuesto espionaje. El vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero Alfredo Prada han denunciado el asunto ante los tribunales y mostrado su interés en comparecer en la Asamblea, pero su partido no considera que sus testimonios sean necesarios.

"Está meridianamente claro que ha habido espionaje político en la Comunidad de Madrid. Haberlo, lo ha habido. Y tenemos derecho a saber quién lo ordenó", dijo Adolfo Navarro (PSOE), a modo de improvisada conclusión, cuando ya todo apuntaba a que el PP no permitirá que se produzcan más comparecencias. La única que está fijada es la del consejero Francisco Granados, mañana. Después, nadie sabe qué será de la comisión.

La sesión en la Asamblea se tensó especialmente con el informe de la secretaria técnica de la Consejería de Interior, Mar Pérez Merino, sobre su investigación interna. Del mismo se deduce que no hubo gastos extras por "espionaje" y que Prada se llevó dos ordenadores que aún no ha abonado. Él ha preguntado (recientemente por burofax) el precio de los mismos. Son unos 4.100 euros, según las facturas. La Comunidad quiere que los devuelva. Él, de momento, ni los ha entregado ni ha pagado.

El director del área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, calificó de "panfletos" los partes de seguimientos a políticos de la región publicados en los medios de comunicación, y negó que tuviese relación con ellos. Esta actitud le costó una fuerte reprimenda de los portavoces de la oposición, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), que tacharon de "frívola" y poco responsable para un alto cargo de la administración pública.

"Yo nunca he visto esos panfletos, ni me han ordenado ningún seguimiento a políticos", dijo Gamón en el marco de la comisión de investigación sobre el presunto espionaje en la Comunidad de Madrid que se desarrolla en la Asamblea regional.

Se mostró sorprendido por el hecho de que hayan relacionado su cese, en junio de 2008, con el supuesto robo de un ordenador de un colaborador del ex consejero Alfredo Prada en el Campus de la Justicia pues, según aseguró, él mismo llevaba pidiendo al consejero de Presidencia, Francisco Granados, desde abril su cese "por cuestiones personales".

En una comparecencia en la que criticó abiertamente a la oposición, rectificó la declaración del subdirector de Seguridad, Miguel Castaño, sobre quiénes fueron las personas que fueron al Campus de la Justicia, concretamente, al despacho de Juan Carlos Fernández.

"Quiero corregir una de las cosas que he contrastado. Dijo que habían ido dos personas, pues no, ninguna de las dos, es un error de él... Entiendan que acordarse de no sé qué fecha en el mes de julio... no tiene la menor importancia, ninguno de los dos me acompañó", dijo Gamón, que aclaró que salió de allí con las manos vacías.

De hecho, destacó que tampoco tiene nada que ver con el borrado de las cámaras de seguridad que grabaron esa polémica visita, pues la seguridad de ese edificio no está controlada por la Comunidad.

Gamón resaltó que ha tenido múltiples responsabilidades durante su vida con importantes cargos (Jordi Sevilla, Rafael Vera, Casa Real...) y sólo se ha interesado por los servicios de protección, no de sus actividades, al tiempo que dijo no tener ninguna relación con la presidenta Esperanza Aguirre diferente a sus cometidos laborales. Destacó que incluso la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, le concedió la Cruz al mérito civil.

"Mi relación con Aguirre [...] es única y exclusivamente laboral, fui su jefe de escoltas", manifestó, y añadió: "Mi relación con Aguirre es trabajo, trabajo, trabajo, lo que hace ella". "Nunca he recibido ninguna instrucción de Granados ni de ningún otro miembro del Gobierno", manifestó.

El director del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Sergio Gamón, ha afirmado este lunes que los partes de seguimiento a políticos publicados por El País son "panfletos" sin "ninguna veracidad", y ha explicado que su cese, en julio de 2008, se debió a un "problema muy personal".

Sergio Gamón, que ha abierto la sesión de hoy de la Comisión de Investigación sobre la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, ha asegurado que "nunca" ha "visto esos panfletos" y que "nunca" se le ha "ordenado un seguimiento a nadie".

"Nunca pensé que se me pudiera involucrar en estos temas. He cometido muchos errores, pero éste que me quieren imputar, no", les ha dicho a los parlamentarios regionales, a los que ha explicado cómo este asunto le ha "perjudicado".

Gamón ha denunciado que se ha "indagado" entre sus vecinos sobre su vida y sobre si va a visitarle a su casa la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, aunque ha dicho que lo que más siente es haber visto "llorar" a su padre de 80 años.

"Ir a comer a casa de tus padres y ver a tu padre llorar es jodido y es lo que más siento de verdad, que mi padre con ochenta años viendo unas noticias en televisión salga su hijo por esto", ha protestado.

EL EX DIRECTOR DE SEGURIDAD APELA SU CESE A "PROBLEMA PERSONAL" Y NO A QUE ESPIARA A PRADA

El que fuera director General de Seguridad, Sergio Gamón, que fue cesado tras saberse que había requisado un ordenador del ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, justo después de ser destituido por Esperanza Aguirre, ha negado esta mañana en la comisión del espionaje de la Asamblea de Madrid que le hubieran obligado a dimitir por ello. Gamón apeló a un "problema personal".

El PP sigue empeñado en echar el cierre cuanto ante de esta "farsa", en palabras del portavoz popular, David Pérez, y para ello está contando con la complicidad de los comparecientes a sueldo de la consejería. Es el caso de Sergio Gamón, que pese a haber sido cesado tras el escándalo del espionaje al ex consejero Prada, sigue cobrando de la Comunidad de Madrid, ya que fue nombrado posteriormente como director del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia,

"Nunca he ordenado, consentido ni amparado ningún tipo de espionaje ni seguimiento a cargos públicos, ni he conocido jamás una acción de este tipo dentro de la Dirección General. Mis equipos no se dedicaron jamás a esas actividades, que hoy están absolutamente descalificadas", aseguró en la comisión, donde ha insistido en que ha sido "objeto de linchamiento publico por parte de la oposición y de algún medio".

Panfletos
Gamón lo ha negado todo y ha tachado los partes de seguimiento denunciados por El País de "panfletos”. El ex responsble del área de Seguridad ha apelado a la sensibilidad de los diputados -al igual que Marcos Peña, que casi se echó a llorar el viernes-, al comentar que lleva muy mal cómo está afectando esto a su familia. “Se ha indagado a mis vecinos, han ido a preguntar quién soy, si Esperanza Aguirre va a visitarme. Tengo hijos y unos padres. Ir a casa de tus padres y verles llorar es jodido”.

La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, se ha dirigido a Gamón para refutarle lo del cese voluntario: “Eso no se lo cree nadie -ha afirmado- Si uno por razones personales quiere dimitir, dimite. Además del cese, existe la dimisión, y eso lo sabe cualquier ciudadano. Esa historia que nos ha contado es falsa”. Y le ha dicho, levantando la duda entre todos los aquí presentes, que no será ella quien le pregunte por sus “temas personales”, que están incluidos en algún dossier, según ha mencionado la diputada

El PP se dispone a dar carpetazo a la comisión del espionaje recién creada

Los populares no garantizan que las sesiones continúen después del miércoles

Tras sólo dos jornadas de sesiones y después de escuchar a seis de los 29 comparecientes previstos, el PP está dispuesto a dar carpetazo a la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje en Madrid. Los populares se negaron ayer a convocar a nuevos comparecientes más allá del próximo miércoles -ese día declarará el consejero Francisco Granados- y eludieron responder cuando se les preguntó si la comisión seguirá trabajando hasta el 31 de marzo, que es a lo que se habían comprometido.

El equipo de Aguirre se mofa de los partes del seguimiento a sus colegas de partido

"Nuestro compromiso con la transparencia culmina con la comparecencia de Granados. A ese calendario me voy a referir", se limitó a decir David Pérez, portavoz del PP. Su compañero Juan Soler añadió: "Nuestra voluntad política es llegar a la verdad, y eso no depende del número de comparecientes. Hoy se ha visto que la única verdad es que no se puede probar ningún espionaje".

El día en que se constituyó la comisión, el 6 de febrero -luego tardó casi un mes en arrancar de hecho-, el portavoz del PP trató de despejar los temores de la oposición asegurando que por parte de su partido no iba a haber "problema con los tiempos".

Ayer ya no era tan tajante. La mesa de la comisión se reunió por la mañana para fijar las siguientes diez comparecencias a celebrar a partir del miércoles; y la sorpresa de PSOE e IU llegó cuando los populares, haciendo uso de su mayoría absoluta, aprobaron sólo una comparecencia: la del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados. Del resto, ni mención. Antes de Granados comparecerán, el lunes, cuatro cargos medios de la Comunidad que ya habían sido llamados anteriormente.

"Es un escándalo sin precedentes. Van a hacer una voladura controlada de la comisión. Esto responde a la mano de hierro de Aguirre: son órdenes explícitas de la presidenta, no me cabe duda", protestó indignada la portavoz de IU, Inés Sabanés, aún sin creerse lo sucedido. Maru Menéndez (PSOE) denunció que el PP "quiere echar el cierre a la comisión cuando ni siquiera han podido comparecer las víctimas del espionaje". "Van a dar carpetazo porque tienen mucho que ocultar".

Ayer todavía pudieron hablar dos personas en la comisión: Marcos Peña, asesor de seguridad de Granados, y Miguel Castaño, subdirector general de Seguridad (quien subrayó que nunca ha cesado en ese cargo, en el que lleva desde 2006). Los dos negaron haber participado o tenido conocimiento de ningún espionaje o seguimiento a cargos públicos.

Castaño, además -y con él, los diputados populares-, restó credibilidad a los partes del supuesto espionaje publicados por EL PAÍS. En esos partes figura con detalle el seguimiento realizado durante varios días, entre marzo y mayo de 2008, a dos políticos del PP críticos con Aguirre: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero Alfredo Prada. De forma colateral también fueron espiados la diputada regional Carmen Rodríguez Flores y un alto cargo de Prada: Juan Carlos Fernández.

"Esos partes... Mire, si se tiene la agenda del alto cargo se pueden ir rellenando tres meses después. Y, por desgracia, las agendas de cada día están tiradas en los coches de los escoltas y en todos sitios al día siguiente. Se le da una copia a la policía... En fin, eso está a la orden del día", afirmó el subdirector sugiriendo que todo responde a un montaje.

A esa tesis se habían apuntado ya los populares Pérez y Soler. El primero dijo que los partes son meras "notas sin membrete"; el segundo hizo bromas: "Son folios con datos sueltos [...] Unas hojillas así con cosas... bueno, como de risa... ¡Si ni siquiera se acusa de nada a nadie en esos partes! ¡Más que un espionaje parece un cotilleo de portería!".

En esos partes no sólo se recogen datos de agenda como a qué hora acude al trabajo el alto cargo, sino también con quién almuerza, qué coches aparecen por la zona cuando se está vigilando el restaurante -y se toman las matrículas-, los atascos de tráfico con los que se encuentran, cómo el alto cargo va a cenar con su familia de madrugada o cómo un día sale de casa con dos grandes maletas. Todos los extremos de los partes han sido comprobados -y denunciados ante los tribunales- por Cobo y Prada.

www.elpais.es 07.03.09

PEÑA NIEGA LOS SEGUIMIENTOS PORQUE FUERON "ANTERIORES" A SU LLEGADA AL GOBIERNO REGIONAL

La comisión de investigación sobre el espionaje en Madrid ha dejado atrás el pasado, tras las comparecencias de la primera sesión de ex consejeros de gobiernos anteriores, y se ha centrado en el supuesto responsable del equipo que efectuaba seguimientos a cargos del PP. Marcos Peña, asesor de seguridad del consejero de Presidencia Justicia e Interior, Francisco Granados, ha negado haber realizado informes porque aún no había sido contratado por la comunidad en las fecha en que se produjeron los hechos. "Ha quedado demostrado que son anteriores a mi entrada", ha indicado Peña, que ha subrayado que fue en junio de 2008 cuando el consejero Granados le propuso ingresar en el puesto.

Peña también ha negado haber elaborado dossiers en ayuntamientos gobernados por el PSOE. "Rechazo este tipo de prácticas y afirmo que nunca ha sido así y que no he participado nunca en este tipo de actividades dentro o fuera de la Consejería; mi actividad se concreta exclusivamente en labores de asesoría para facilitar la toma de decisiones de los responsables", ha añadido Peña, quien ha cerrado su primera intervención nervioso y a punto de llorar.

Sobre la conversación con el periodista de EL PAIS Francisco Mercado, Peña ha asegurado que accedió a hablar porque no tenía nada que ocultar. "Interpreté que la situación era grave por las acusaciones que me atribuía". "La conversación fue informal e incómoda y en ella me atribuyó informaciones ilegales, en todo caso anteriores a mi llegada a la Consejería; aún no había iniciado mi relación con la comunidad", ha subrayado Peña, que se ha quejado de haber enviado una carta de rectificación que sólo fue publicada parcialmente.

El PAIS publicó exclusivamente la información que la ofreció Marcos Peña en una entrevista producida en una cafetería, en la que en ningún momento invocó que fuera off the record, y por tanto era consciente de que sería publicada. En dicho encuentro, tras negar que él participara en seguimientos de políticos del PP, sí detalló cuáles eran sus tareas reales como asesor: realizar informes para su consejero, Francisco Granados, de cualquier asunto que fuera relevante. Y, en este contexto, dio varios ejemplos: informe sobre el caso de corrupción de Ciempozuelos; mafia policial de Coslada, y mafia de las discotecas de Madrid, a raíz de la muerte de un joven. Todos estos asuntos estaban vivos judicialmente cuando él realizó tales labores, apoyadas en sus "enlaces" en Policía y Guardia Civil. La conversación, lejos de ser incómoda, resultó tan cordial que el propio Peña se ofreció a enseñar más adelante a este diario algunos de sus informes, por ejemplo, el de Ciempozuelos. Al día siguiente de publicarse la información, este diario le llamó para comunicarle que su jefe, Granados, le había desmentido. Peña no desmintió nada entonces. Se limito a expresar: "Estoy jodido, ¿cómo voy a estar?". Peña, en todo caso, contradijo a Granados al mantener que nunca realizó contravigilancias, actividad ilegal para los agentes dependientes de la Comunidad.

El asesor de seguridad ha explicado sobre sus funciones que no dispone de "estructura orgánica" ni de "programa presupuestario", pero sí ha admitido que ha colaborado puntualmente con el trabajo del director general de seguridad entrere 2006 y 2008, Sergio Gamón, en protección de edificios y eventualmente en actos públicos del Gobierno, para revisar protocolos de seguridad.

Peña fue contratado por Granados a petición de dirigentes nacionales del PP por los "grandes servicios" prestados durante la investigación del 11-M, en la supuesta búsqueda de una relación entre ETA y los atentados. En una conversación con EL PAÍS, Peña llegó a insinuar que antes de colaborar con Granados había realizado otros trabajos para el partido que no llegó a precisar.

Comparecencia de Castaño

El siguiente compareciente será Miguel Castaño, uno de los colaboradores de Sergio Gamón, presuntamente implicado en la entrada de varias personas en el Campus de la Justicia y en el despacho de uno de los colaboradores del ex consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada. Castaño es hoy asesor del vicepresidente regional. Ignacio González.

La comparecencia de Gamón se espera para el próximo lunes, junto con la de Mar Pérez, secretaria general técnica de interior y autora de una investigación interna sobre la trama. Además, la Mesa de la Asamblea ha fijado hoy el calendario de las nuevas declaraciones en la comisión, entre las que se ha concretado la de Granados el próximo miércoles, 11 de marzo.

Con casi un mes de retraso desde que se constituyera, la comisión arrancó el pasado miércoles con las comparecencias de los ex consejeros Virgilio Cano -con competencias en seguridad durante el Ejecutivo del socialista Joaquín Leguina- y las de Carlos Mayor Oreja y Pedro Calvo, que estaban al frente de los servicios de seguridad con los gobiernos de Alberto Ruiz Gallardón. La declaración de Calvo sorprendió a la bancada popular, al acusar al PP de Aguirre de tratar de desviar la atención al solicitar su comparecencia y no apuntar a la organización de la red de espías.

En un tenso debate celebrado ayer en la Asamblea, Granados acusó de mentir a los tres ex consejeros que acudieron el miércoles a la comisión. Pese a centrar sus críticas en Cano y asegurar que podía acreditar que bajo el gobierno de Leguina se prestaban servicios de vigilancia por parte de los técnicos de seguridad, Granados extendió las acusaciones a Mayor Oreja y Calvo.

(www.elpais.com, 06/032/09)

Tres ex consejeros de Madrid niegan que hubiera espionaje en sus etapas

Mayor Oreja, Cano y Pedro Calvo, cuyas comparecencias fueron solicitadas por el PP, abren la comisión de la Asamblea de Madrid.- El PSOE pide la dimisión de Granados por comprar cámaras y motos para el Área de Seguridad

Casi un mes después de que se constituyera en la Asamblea de Madrid, los trabajos de la comisión de investigación sobre la supuesta trama de espías han arrancado hoy con la vista puesta en el pasado. Tres ex consejeros con competencias en Interior y Seguridad han negado que en sus respectivas épocas se ejerciera con sus funcionarios labores de contravigilancia.

El ex consejero del PP Pedro Calvo, consejero con Gallardón cuando éste presidía la Comunidad, ha dicho que los técnicos de seguridad "nunca hicieron contravigilancia ni vigilancia avanzada, entre otras cosas porque no son legalmente competentes para hacerlas". El concejal del PP, que dirigió las competencias regionales de seguridad desde el año 2000 hasta 2003 como consejero de Medio Ambiente ha dicho que le ha parecido ridículo que el PP haya llamado a declarar a ex consejeros para averiguar la estructura del servicio de seguridad porque "el problema no está en las estructuras, el problema es que se le encargue aquello que no se debe hacer y además es ilegal, si eso es lo que ha sucedido", informa Vera Gutiérrez Esto es como si cuando pasó lo de Luis Roldán se hubiera llamado a declarar al duque de Ahumada y a todos los directores de la Guardia Civil desde entonces.

El también ex consejero del PP con Gallardón Carlos Mayor Oreja, que estuvo al frente de Medio Ambiente aunque con competencias en Seguridad entre junio de 1999 y mayo de 2000, ha asegurado que los funcionarios de su departamento se limitaban "exclusivamente a vigilar edificios", y que la contravigilancia las realizaba "la Policía Nacional, que para eso estaba", i "No me hicieron dossiers; sólo en casos muy puntuales se ha podido colaborar con Interior", ha afirmado. El diputado de IU Fausto Fernández ha llamado "canalla" al PP por solicitar la comparecencia de Mayor Oreja, puesto que la comisión aborda "un hecho ajeno" al ex consejero.

Cano niega los informes

Previamente, Virgilio Cano, ex consejero de Gobernación en época del Ejecutivo socialista de Joaquín Leguina (1983-1995), cuya comparecencia fue también solicitada por el PP, ha inaugurado las sesiones y ha asegurado no saber cuál es su papel en la investigación. Cano ha afirmado que durante su etapa de gobierno "no se hacía contravigilancia, ni seguimiento de personas, ni ningún tipo de espionaje", y que el "único cargo" que tenía seguridad y escolta era el presidente Leguina. "Jamás hubo un informe, parte o nota que no tuviera que ver con las competencias de la Comunidad".

El PP ha citado a los tres ex consejeros porque en su día tuvieron "competencias en materia de seguridad", al igual que el resto de comparecientes de hoy. Cano ha garantizado que en la etapa de gobierno de Leguina no hubo "voluntad política de hacer ningún desarrollo de Policía Autonómica ni nada que se le pareciera", y que existía "bastante consenso" respecto a las competencias de seguridad a las que se ceñía el Gobierno regional. En ese sentido, las únicas competencias eran las de "vigilancia y control de acceso a los edificios", según Cano.

Vigilancia desde 1988

El PP ha negado que bajo el gobierno del PP se hayan creado los servicios de espionaje y ha apuntado que las competencias de los servicios de seguridad corresponden a ejecutivos anteriores, como el de Leguina, que posteriormente heredaron Gallardón y Esperanza Aguirre. El portavoz del PP en la Comisión, David Pérez, ha repartido unos documentos que reflejan supuestamente que el personal del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid está autorizado a realizar tareas de "vigilancia de personas" desde 1988.

El diputado de IU Fausto Fernández ha asegurado que hay "casos de espionaje" en el actual Gobierno y que están "empeñados" en esclarecerlos. Los grupos de la oposición no cuestionan la existencia de la estructura de seguridad sino "las labores de estos servicios", según la portavoz del PSOE, Maru Menéndez. Para el portavoz del PP, Juan Soler, los servicios de seguridad existen desde la época de Leguina y ha señalado que si que en algún momento han podido realizarse seguimientos es un hecho que "carece de importancia".

El PSOE pide la dimisión de Granados

Menéndez ha pedido la dimisión del consejero de Interior Francisco Granados tras conocerse la información publicada hoy por EL PAÍS en la que se apunta que el Área de Seguridad del Gobierno regional compró dos potentes motos y cuatro cámaras fotográficas tan sólo unos meses antes de que se produjeran los seguimientos. Sin embargo, Granados afirmó ayer que las motos se adquirieron por el traslado de correspondencia y las cámaras para poder hacer fotografías desde los helicópteros de la Comunidad.

Antes de la comparecencia de Cano, el Grupo Socialista e Izquierda Unida se han quejado porque la información sobre la sesión la han recibido sólo media hora antes del inicio. Durante las últimas semanas, ambas formaciones han acusado al PP de demorar intencionadamente el arranque de la investigación. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, ha vuelto hoy a acusar al PP de "vetar" a los comparecientes y de "poner trabas" a la hora de facilitar la documentación solicitada por los grupos parlamentarios.

Hasta el 31 de marzo podrían comparecer 29 invitados en sesiones de mañana y tarde los lunes y miércoles, y tan solo en sesión de mañana los viernes, para tratar de dilucidar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de la existencia de un equipo de espías.

www.elpais.es 04.03.09

El primer mes de la comisión de investigación sobre la trama de espionaje en Madrid -fue constituida en el Parlamento autónomo el 6 de febrero- se ha perdido en los trámites previos: el PP esperó a que pasaran tres semanas para presentar su lista de comparecientes, y eso lo atascó todo. Hoy empiezan por fin las sesiones, pero ya sólo quedan 12 días hábiles -los lunes, miércoles y viernes- hasta el 31 de marzo, cuando se echará el cierre, y en ese tiempo los diputados deben escuchar a 29 comparecientes.

Ésa es la primera traba con la que nace la comisión, aunque hay más: la Mesa de la Asamblea, con mayoría absoluta del PP, vetó la mitad de los documentos solicitados por PSOE e IU -también vetó documentación ajena al caso pedida por los populares-. Además, fue rechazada la comparecencia de 18 personas, y a quienes sí sean llamados no se les podrá hacer repreguntas; por último, las sesiones comienzan cuando la documentación aún no ha llegado.

- La primera sesión mira al pasado. La primera jornada está copada por comparecientes que, aparentemente, nada tienen que ver con la trama: dos ex consejeros que dejaron el cargo en los años noventa -el socialista Virgilio Cano y el popular Carlos Mayor Oreja-, otro ex consejero y hoy concejal de Alberto Ruiz-Gallardón, Pedro Calvo; y un cargo policial de éste, Juan Carlos Durán. El PP los llama porque tuvieron en su día o tienen ahora "competencias de seguridad".

- Policías y políticos. Los siguientes en acudir serán policías o responsables de Seguridad de la Consejería de Interior desde cuyos departamentos se sospecha que pudieron realizarse los seguimientos ilegales. Entre ellos, Sergio Gamón, ex director general de Seguridad -que entró en 2008 en un despacho de un alto cargo y se llevó un ordenador-; y el asesor Marcos Peña. La comparecencia de los principales dirigentes políticos -Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados- se deja para más adelante.

- ¿Podrán hablar las víctimas? Dos políticos del PP fueron sometidos a seguimientos en 2008: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero -defenestrado por Aguirre- Alfredo Prada. De forma colateral, también fueron víctimas del espionaje la diputada Carmen Rodríguez y el alto cargo Juan Carlos Fernández. El PP no ha pedido su comparecencia aunque ha aceptado, en principio, que los llame la oposición. Puede revisar su decisión en cualquier momento, así que la presencia de las víctimas no está garantizada. Ignacio González, también espiado, está llamado "sólo en calidad de vicepresidente", subraya el PP.

EL PP NO QUIERE OÍR A LAS VÍCTIMAS EN LA COMISIÓN SOBRE LOS ESPÍAS DE MADRID

Los presuntos seguimientos a políticos del PP en la Comunidad de Madrid se produjeron entre marzo y junio de 2008, según consta en los partes del espionaje. Pero el PP cree que para aclarar quién los ordenó y con qué fines es muy relevante lo que tenga que decir un político del PSOE que dejó el Gobierno autonómico en 1995: Virgilio Cano, consejero de Gobernación con Joaquín Leguina. Él figura en la lista de 12 comparecientes para la comisión de investigación que por fin presentó ayer el portavoz popular en la Asamblea de Madrid, David Pérez. Una lista en la que no están las víctimas de los seguimientos: el vicealcalde Manuel Cobo, el ex consejero Alfredo Prada y, de forma colateral, la diputada regional Carmen Rodríguez Flores y el que fue segundo de Prada, Juan Carlos Fernández.

"Llamamos a quienes pueden contribuir a esclarecer si hubo espionajes; nosotros estamos convencidos de que no los hubo", explicó Pérez. Ignacio González -que fue sometido a seguimiento durante un viaje a Colombia- ha sido incluido en la lista "pero en su calidad de vicepresidente". Cobo, Prada y las otras víctimas sí han sido llamadas por PSOE e IU.

El PP llama a Virgilio Cano por lo mismo que a Carlos Mayor Oreja (ex consejero de Justicia con Ruiz-Gallardón): porque tuvo "competencias en materia de seguridad" y puede ayudar a "trazar el escenario correcto" y llegar "al fondo de la cuestión". Además, en la lista de los populares figuran el consejero de Interior, Francisco Granados; su viceconsejero, Alejandro Halffter; la secretaria técnica Mar Pérez; el director general de Seguridad, Enrique Barón; los responsables de seguridad Sergio Gamón, Miguel Castaño y Marcos Peña; el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Calvo; y un alto cargo de éste, Juan Carlos Durán.

Por otro lado, Ignacio González compareció ayer ante la comisión de Vigilancia de las Contrataciones para responder a las acusaciones vertidas contra él por tres supuestas adjudicaciones irregulares. Dos de los contratos se adjudicaron a una empresa cuyo dueño viajó con González en 2008 a Johannesburgo, algo que él ayer ni mencionó. "Aquí se habla del contenido de los contratos, y éstos son impecables", zanjó. Sobre el tercer contrato, adjudicado a una empresa cuyo dueño era socio de familiares de González en otra, negó cualquier irregularidad: "¿Hay familiares míos entre los adjudicatarios? No. Jamás he adjudicado nada a un familiar".

EL PP PRESENTA UNA LISTA DE 12 COMPARECIENTES PARA LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL ESPIONAJE

El listado está compuesta por 12 nombres de los que tan solo el ex consejero de Gobernación de la Comunidad en época del socialista Joaquín Leguina, Virgilio Cano de Lope, no ha sido reclamado por los grupos de la oposición.

- El director de la oficina de Seguridad corporativa del Consistorio que dirige Alberto Ruiz Gallardón, Juan Carlos Durán.

- El director del área de seguridad de la Consejería de Granados, Sergio Gamón.

La lista está repleta de técnicos y sobresale la ausencia de los espiados en la trama, como Alfredo Prada a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid. De igual forma, y pese a que Esperanza Aguirre le sacó varias veces a la palestra para demostrar "que el PSOE también espiaba", se ha descartado al diputado Manuel Pizarro.

Fueron cuatro horas de comparecencia del vicepresidente madrileño, Ignacio González, en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas de la Cámara regional. Cuatro horas en las que PSOE e IU intentaron desentrañar las concesiones sospechosas que ha hecho como presidente del Canal de Isabel II. Cuatro horas en las que evitó explicar por qué empresas vinculadas a familiares suyos han resultado beneficiadas. Se defendió recalcando que los contratos firmados por el Canal son "impecables", que se ajustan "escrupulosamente a la legalidad, con total transparencia y objetividad".

De todos, el caso que más dudas plantea es la mutación de los antiguos depósitos del Canal en un campo de golf. Quien se llevó la explotación y gestión de las instalaciones fue Green Canal Golf, una Unión Temporal de Empresas formada por Iridium (Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. Esta última era propiedad de José Antonio Clemente, socio del hermano del vicepresidente (Pablo González) y de un cuñado (José Juan Caballero) en otra compañía, Tamanaco 07 Consulting. "No hay ni una sola empresa, ni ahora, ni antes, ni durante, que haya tenido nada que ver con la Administración en la que estén familiares míos", recalcó. El vicepresidente no desmintió ninguno de los datos desvelados por Público.

El vicepresidente puso el acento en dos puntos. Uno, que Green Canal Golf era la segunda empresa de las que compitieron en concurso con mejor oferta económica: proponía un canon de 3,2 millones, frente a los 1,5 millones de la licitación. "Es la empresa la que paga el canon, no al revés". La sociedad que ofertó un canon mayor fue descartada "por poca solvencia".

Segundo punto de defensa: que en enero de 2008 Tecnoconcret vendió todas sus acciones a Iridium, que pasó a ser la dueña del 100% de Green Canal. No aludió a que el pasado noviembre, en una ampliación de capital, se hicieron con la mayoría de Tecnoconcret su hermano y su cuñado. Tampoco que Clemente y Caballero ya aparecían en 2006 como promotores del proyecto del campo de golf en la fase de construcción del mismo.

González debía dar cuentas de la concesión de contratos de limpieza y seguridad a Saminsa y Segurisa. Pero soslayó el ataque de PSOE e IU: por qué viajó a Suráfrica en 2008 con el propietario de ambas compañías, Enrique Sánchez, viaje en el que los dos fueron presuntamente espiados.

La oposición quedó indignada. "No ha respondido a lo que le planteamos, tira balones fuera", dijo Livia Castillo (PSOE). Reyes Montiel, de IU, exigió su dimisión.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid y persona de máxima confianza de Esperanza Aguirre comparece hoy en la Asamblea para explicar tres adjudicaciones suyas que están bajo sospecha . A la vista de cómo está actuando el PP en la comisión de investigación, donde ha censurado de forma reiterada las peticiones de PSOE e IU, ambos partidos temen que Ignacio González no aporte ninguna información relevante. Si sus temores se confirman, al menos IU reclamará su dimisión.

El caso que mayores sospechas acumula es la transformación de los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II –empresa pública que preside González– en una zona deportiva con campo de golf incluido. La explotación del recinto fue adjudicada, a finales de 2006, a un consorcio formado por las empresas Iridium (Grupo ACS), Soto Once y Tecnoconcret. El dueño de esta última era José Antonio Clemente, quien seis meses antes se había convertido en socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado de vicepresidente. Clemente, González y Caballero habían creado la firma Tamanaco 07 Consulting, el 21 de junio de 2006, precisamente para dedicarse a explotar instalaciones deportivas. El domicilio social de Tecnoconcret y de Tamanaco 07 Consulting es, además, el mismo.

Pero no sólo está bajo sospecha la concesión para explotar las instalaciones deportivas del Canal, sino también la fase previa de construcción. El Canal adjudicó las obras al Grupo ACS, que a su vez subcontrató parte de los trabajos con la sociedad Only Golf. Y los promotores de proyectos de Only Golf eran precisamente Clemente y Caballero.

Y hay más. El Canal de Isabel II sostiene que, a principios de 2008, el Grupo ACS le compró sus acciones a Tecnoconcret. Ello plantea una pregunta evidente: ¿por qué formó parte del consorcio una empresa que pocos meses después vendió sus acciones? El círculo de la sospecha se cerró el 10 de noviembre de 2008, cuando el hermano y el cuñado del vicepresidente se convirtieron en accionistas de Tecnoconcret, cada uno con un porcentaje por encima del 30% del capital.

En resumen, ACS recibe primero una adjudicación pública y subcontrata para las obras a una empresa vinculada a la familia de González. Después, ACS recibe también la explotación de las instalaciones deportivas, pero en un consorcio junto a otra sociedad vinculada a la familia de González. Y, por último, ACS facilita a esta última empresa un pelotazo al comprarle sus acciones.

Ignacio González también hablará en la Asamblea sobre las adjudicaciones del Canal a las sociedades Segurisa y Saminsa, cuyo dueño es Enrique Sánchez. El vicepresidente viajó con este empresario a Suráfrica y, según un dossier, fue Sánchez quien corrió con los gastos de la expedición. González mintió inicialmente al asegurar que nunca había adjudicado nada a las empresas de Sánchez.

1. ¿Es José Antonio Clemente socio desde junio de 2006 de un hermano (Pablo González) y un cuñado (José Juan Caballero) del vicepresidente?

3. ¿Participaron las empresas Only Golf y Tecnoconcret en las obras del campo de golf del Canal?

5. ¿Por qué adjudicó González la explotación de las instalaciones del Canal a Tecnoconcret, empresa del socio de su hermano y de su cuñado?

6. ¿Por qué no se abstuvo González en el consejo del Canal que decidió dicha adjudicación?

7. ¿Por qué no informó en el consejo sobre los vínculos entre Clemente y su familia?

8. ¿Autorizó el Canal que Tecnoconcret vendiera sus acciones al Grupo ACS pocos meses después de recibir la concesión?

11. ¿Son el hermano y el cuñado de González los actuales socios mayoritarios de Tecnoconcret?

Con casi tres semanas de retraso, el PP ha presentado hoy su lista de comparecientes en la comisión de la Asamblea que investiga la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Los populares se han remontado a épocas pasadas y han incluido a Virgilio Cano, quien fue consejero de Gobernación con Joaquín Leguina -presidente del Gobierno regional entre 1983 y 1995-, porque consideran que puede ayudar a esclarecer cómo trabajan los servicios de seguridad. Por contra, el PP ha dejado fuera de sus peticiones a algunas de las víctimas de la trama, como el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y la diputada autonómica del PP Maria del Carmen Rodríguez Flores.

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, está también incluido en la lista de comparecientes -de los que 11 coinciden con los solicitados por el PSOE e IU- si bien lo hará en calidad del cargo que desempeña y no por haber sufrido supuestamente el espionaje. Además ha convocado al consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados; el viceconsejero de Presidencia e Interior, Alejandro Halffter, la secretaria general de los servicios de Interior, Mar Pérez Merino; el director general de Seguridad e Interior, Enrique Barón; el director del Área de Seguridad, Sergio Gamón; el subdirector general de Seguridad Operativa, Miguel Castaño; el asesor de Protección Ciudadana, Marcos Peña; el director de la Oficina de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento de Madrid, Marcos Durán; el consejero de Seguridad municipal, Pedro Calvo y Carlos Mayor Oreja, ex consejero de Medio Ambiente.

El portavoz del PP en la Asamblea David Pérez ha afirmado que aunque pueda parecer "reducida", la lista de comparecientes es "una buena base para trabajar", y ha recordado que el plazo para presentar más nombres "sigue abierto". Según Pérez, aunque en principio no hay mucha coincidencia entre sus solicitudes de comparecientes y la documentación que ha solicitado para trabajar, en su opinión sí que existe relación.

El inicio de los trabajos de la comisión continúa aún sin conocerse con precisión, puesto que tras presentarse las listas de comparecientes todavía se deben realizar algunos trámites, por lo que probablemente hasta la próxima semana no echará a rodar. Fue hace tres semanas cuando se inició la constitución de la comisión con el nombramiento de Benjamín Martín Vasco como presidente, cargo al que tuvo que renunciar posteriormente al aparecer su nombre entre los implicados en la trama corrupta de empresas vinculados al PP dirigida por Francisco Correa. La veterana diputada del PP Rosa Posada salió elegida con los votos de su grupo para sustituir a Martín Vasco, lo que provocó las críticas de la oposición, que proponían a la diputa de IU Inés Sabanés para presidir la comisión.

El PP censuró de nuevo el pasado lunes la lista de comparecientes del PSOE pero sí aceptó algunas como la de José Manuel Pinto, técnico de la Dirección General de Seguridad. Su caligrafía, de acuerdo con el examen de dos peritos, aparece en los partes de espionaje de Cobo y Prada. Pinto trabajó en una red paralela de escolta a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, en sus actos electorales.

El PP es, según sus dirigentes nacionales y madrileños, "el principal interesado" en que se descubra la verdad sobre la presunta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid. Pero es también el partido que está bloqueando de facto la comisión de investigación creada en el Parlamento autónomo para desentrañar el caso.

La comisión entra hoy en su tercera semana y aún no tiene calendario de sesiones, porque el Grupo Popular está retrasando lo máximo posible el plazo para presentar su lista de comparecientes y, además, ha negado a la oposición más de la mitad de la documentación reclamada. A este ritmo, lo más probable es que los interrogatorios a los implicados -víctimas o presuntos responsables de los seguimientos- no empiecen hasta pasadas las elecciones vascas y gallegas del 1 de marzo, en las que el PP se juega mucho.

- Retraso en las comparecencias. Según las normas pactadas por los tres grupos, éstos pueden solicitar comparecencias hasta cinco días después de recibir la documentación del caso (que podría empezar a llegar esta semana). PSOE e IU no han apurado ese plazo: presentaron su lista de comparecientes el día en que se constituyó la comisión, el 6 de febrero. Pero el PP aún no ha dicho esta boca es mía, y eso tiene bloqueadas las sesiones.

- Veto a las personas. Socialistas e IU pidieron la comparecencia de 37 personas con nombres y apellidos, y el PP ya les ha tumbado 13. Entre ellas, las de Mariano Rajoy, el ex tesorero y los actuales tesoreros del PP y varios empresarios relacionados con adjudicaciones sospechosas del Gobierno regional.

- Criba en la documentación. El principal palo en la rueda que han puesto los populares tiene que ver con la documentación del caso. El PP, haciendo uso de su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ha rechazado más de la mitad de las solicitudes de PSOE e IU, incluidos documentos fundamentales para investigar. Por ejemplo: el Gobierno de Esperanza Aguirre no entregará a la comisión la "relación nominativa de todo el personal relacionado con el ámbito de la seguridad" en la Comunidad, ni el "organigrama del gabinete y relación de personal de confianza" de la Consejería de Interior, ni los informes internos sobre el asalto a un despacho ajeno por parte de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad. Tampoco dará documentación sobre facturas de móviles, material fotográfico o vales de gasolina autorizados por la consejería a sus empleados, que PSOE e IU reclamaban para seguir el rastro de los autores del espionaje.

Tomás Gómez: "Aguirre se parece a Alí Babá"

El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, aseguró ayer que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, "cada día se parece más a Alí Babá, por aquello de los 40 ladrones", en referencia a los miembros del PP que han resultado imputados en la trama de corrupción urbanística destapada en la Operación Gürtel que investiga la Audiencia Nacional.

Durante un acto en apoyo a la candidatura del socialista Patxi López a lehendakari de cara a las elecciones vascas del 1 de marzo, Gómez afirmó que Aguirre "cada día se convierte en una persona más sospechosa de encubrir asuntos oscuros, sucios y presuntas corrupciones en el Gobierno" de la Comunidad.

Respecto a la bronca del jueves en la Asamblea de Madrid cuando la portavoz socialista, Maru Menéndez, preguntó a la presidenta regional por las causas que la llevaron a aceptar la dimisión Alberto López Viejo como consejero de Deportes, el líder del PSM señaló que Aguirre "no supo estar a altura" porque en sede parlamentaria "no quiso dar ninguna explicación y lanzó una cortina de humo".

Gómez reclamó la reprobación de López Viejo por "decencia democrática" y destacó que aunque Aguirre no quiso explicarlo ayer, el ex consejero ha dejado su cargo porque "está hasta las cejas metido en la trama de corrupción que afecta al Partido Popular".

www.elpais.es 21.02.09

La red de corrupción vinculada al PP tumba al presidente de la comisión del espionaje

El popular Benjamín Martín Vasco, "voluntariamente apartado" del organismo para querellarse contra una de las imputadas.- La presidencia en funciones queda en manos del PSOE

El diputado autonómico del PP Benjamín Martín Vasco ha solicitado esta mañana dejar la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid, de la además de miembro es presidente, para querellarse contra Isabel Jordán, imputada en la otra gran trama que salpica al PP, el caso Gürtel que investiga la Audiencia Nacional. En las grabaciones en poder del juez Baltasar Garzón, Jordán le había relacionado con la trama corrupta y de tráfico de influencias, razón por la cual PSOE e IU habían exigido la recusación de Martín Vasco como presidente de la comisión sobre espionaje. El PP rechazó el pasado lunes esta petición. El diputado no está imputado en el caso.

El propio afectado ha explicado EL PAÍS que hoy queda "voluntariamente apartado" de la comisión porque hoy mismo ha emprendido un procedimiento penal contra Isabel Jordán y no quiere que los trabajos de la comisión se vean "perjudicados por este procedimiento". "He pedido a mi grupo que me retire de la comisión para que nadie pueda decir que uso el cargo de presidente para reforzar mi querella contra Isabel Jordán", ha subrayado. Tras sostener que su decisión "irrevocable" no es una "dimisión", ha apuntado que ha esperado hasta hoy para hacer lo que la oposición lleva días exigiendo porque hoy ha presentado la querella. Se trata, según Martín Vasco, de una "decisión personal" y no se lo ha pedido "ni el PP ni la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre". Preguntado por el fondo de la cuestión, es decir, si recibió sobornos de la trama a cambio de su silencio, se ha remitido a lo que sostiene en la querella, un documento que no ha facilitado. Eso sí, ha añadido que él "nunca tuvo conocimiento de irregularidades".

Tras conocer la noticia, Aguirre ha dicho que "entiende" que haya dimitido "para dedicarse a querellarse contra quienes le imputan delitos gravísimos". "Eso no quiere decir -ha continuado Aguirre- que olvidemos que es una absoluta irregularidad que un sumario declarado secreto se esté llenando de filtraciones a los medios de comunicación, y además, siempre a los mismos". Ha insistido en que "el hecho de que el juez Garzón permita las filtraciones del sumario en donde las personas cualesquiera profieren, dicen e imputan delitos gravísimos a cualquier ciudadano" les coloca "ante una tremenda indefensión". El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha manifestado que Martín Vasco ha cesado de su cargo en la comisión de investigación para "defenderse mejor", informa Carlos E. Cué. Rajoy ha aclarado que esa es la información que el diputado madrileño, quien ha interpuesto una querella contra una de las imputadas en la causa de Garzón, le ha trasladado y ha añadido que "tiene todo el derecho" a hacerlo.

De llamadas anónimas y pagos por silencios

Preguntado por la apertura de nuevos expedientes o la suspensión cautelar de alguno de sus miembros, el presidente del PP, desde El Barco de Valdeorras (Ourense), ha afirmado que "este asunto lo lleva el comité de conflictos" y se ceñirá a lo que él diga. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, ha celebrado la "dimisión" y ha dicho que demuestra que la presidenta de Madrid "sólo da su brazo a torcer cuando se ve con el agua al cuello". Menéndez, que ha repescado su propuesta de que la portavoz de IU, Inés Sabanés, presida esta comisión, ha recordado que el grupo socialista ha venido defendiendo que Benjamín Martín "no podía ejercer el cargo de presidente" una vez conocida su presunta vinculación con la trama de empresas que han podido cometer irregularidades en la contratación administrativa con la Comunidad de Madrid.

A través de una nota, Sabanés asegura que "esa dimisión (de Martín) debería ser una oportunidad para que realmente la Comisión se convierta en un instrumento útil para llegar hasta el fondo". La renuncia de Martín dejará la presidencia en funciones en manos de la vicepresidenta socialista Encarnación Moya, quien tendrá la facultad de promover una convocatoria de la comisión previsiblemente la próxima semana. Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto del Grupo Popular y miembro de la dirección de grupo, denunció la semana pasada que el lunes sufrió un intento de chantaje telefónico a cuenta de la trama de corrupción. Alguien llamó a su móvil y le dijo: "Si no quieres que te pase lo que a tu amigo Correa [Francisco Correa, el principal imputado en la trama de corrupción] , tienes que llevar 50.000 euros esta tarde a un bar de la Casa de Campo".

Martín Vasco ha admitido que mantiene una relación de amistad con el presunto cabecilla de la trama, aunque subraya que desde 2005 ya no lo frecuenta tanto porque él dejó de veranear en Marbella, donde ambos solían coincidir. La cadena SER informó al estallar el escándalo que Martín Vasco estaba siendo investigado y que Isabel Jordán sostiene en una grabación que al diputado madrileño le pagaron 30.000 euros para que callara sobre operaciones urbanísticas irregulares en el municipio de Arganda del Rey. Pero Martín Vasco no ha sido imputado por el juez Garzón.

Este periódico ha detallado que en otra conversación grabada, Correa y sus colaboradores implican a Benjamín Martín Vasco, ex alto cargo de Arganda: "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".

La sustituta: Rosa Posada

La veterana diputada del PP Rosa Posada, miembro de la Mesa de la Asamblea de Madrid, sustituirá a Benjamín Martín como miembro de la comisión una vez que éste formalice la renuncia que ha anunciado hoy. Rosa Posada, de 69 años, fue presidenta de la Asamblea en la II Legislatura y consejera de Sanidad y Servicios Sociales entre 1995 y 1999, con el primer Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón. El grupo popular no ha confirmado de momento si Posada va a presidir la comisión, que deberá reunirse para aprobar el cambio de miembros en lo que será la primera reunión que celebra tras su sesión constitutiva del pasado 6 de febrero.

www.elpais.es 18.02.09

EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY ANTE LA 'COMISIÓN DE LOS ESPÍAS'

Apelando de nuevo a su compromiso con la "transparencia" y a su afán por "llegar al fondo de la verdad", el PP impuso ayer su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para vetar comparecencias y documentos clave en la comisión de investigación sobre la presunta trama de espionaje. Lo hizo aplicando un doble rodillo, pues ya el pasado día 11 tumbó la mitad de la documentación solicitada por la oposición. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) calificaron lo sucedido de "censura" y "burla" a la Cámara.

Si los populares mantienen el veto, no acudirá a la comisión Mariano Rajoy, presidente del PP, ni el ex tesorero del partido Álvaro Lapuerta -a pesar de que él mismo confesó sentirse espiado y de que la presidenta Esperanza Aguirre lo vinculó con supuestos dossiers-, ni el actual tesorero, Luis Bárcenas, ni empresarios relacionados con el vicepresidente Ignacio González. Tampoco Luis Vicente Moro, el alto cargo del Gobierno de Aznar que en 2008 diseñó un borrador de servicio secreto para el Ejecutivo de Aguirre.

Ninguna de esas comparecencias se ajusta "al objeto de la comisión" -o requieren "precisiones"-, alegó el portavoz popular, David Pérez, que quiso resaltar el "ejemplo de transparencia" que supone que sí hayan sido aceptadas otras "45 comparecencias". En realidad son 22, porque la mayoría están repetidas. Entre las aceptadas, las de Aguirre; Ignacio González; el consejero de Interior, Francisco Granados, los altos cargos de distintos departamentos de seguridad Enrique Barón, Sergio Gamón y Marcos Peña; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, y los espiados Manuel Cobo (vicealcalde) y Alfredo Prada (ex consejero de Aguirre). Todos ellos acudirán a la Asamblea -aún no se sabe cuándo- para someterse al interrogatorio de los diputados.

Eso al menos decidió la Mesa de la Asamblea. Pero la lista de comparecientes debe pasar ahora por la mesa de la comisión de investigación y ésta volverá a "analizar" las peticiones, señaló Pérez, así que podría haber una segunda criba. No sorprendería porque eso es exactamente lo que sucedió ayer con otro asunto fundamental: las solicitudes de documentación. La Mesa había escandalizado a PSOE e IU el pasado miércoles al tumbar más de la mitad de los documentos que pedían, pero ayer la mesa de la comisión los escandalizó aún más al rechazar algunos de los que habían sido aceptados entonces.

Entre los pedidos por el PSOE, el PP impidió que se reclame la "relación nominativa de todo el personal relacionado con el ámbito de la seguridad" en la Comunidad; el "organigrama del gabinete y relación de personal de confianza" de la Consejería de Interior; la "documentación completa" sobre la seguridad regional; y los documentos que manejó Cospedal cuando el PP abrió la investigación interna que luego interrumpió. El "inventario de vehículos" de la Consejería de Interior sí fue autorizado, pero a condición de que no se faciliten las matrículas.

A IU se le vetaron otros tres documentos: dos sobre los "servicios de contravigilancia" realizados por la Dirección General de Seguridad desde 2007 y otro referido a los informes de la Comunidad sobre el asalto a un despacho ajeno por parte de Sergio Gamón (el PP reclamó más precisión).

La criba del PP ha dado lugar a situaciones paradójicas: no podrá ser interrogado Luis Vicente Moro, pero los diputados sí dispondrán de la documentación relacionada con él; y viceversa: comparecerá Cospedal, pero su informe no podrá verlo la comisión.

Los populares impidieron la recusación del presidente de la comisión, Benjamín Martín Vasco -la oposición lo vincula con otro asunto: la trama de corrupción destapada por Baltasar Garzón-, y no aclaró cuándo empezarán las sesiones de la comisión. Al ritmo que el PP impone en los trámites previos -aún no ha anunciado su lista de comparecientes-, no parece que pueda ser antes del próximo lunes. Como pronto.

(www.elpais.com, 17/02/09)

AGUIRRE BLINDA AL CÍRCULO DE IGNACIO GONZÁLEZ Y PROTEGE A RAJOY

Paso a paso, Esperanza Aguirre va perfilando qué entiende por investigar el presunto espionaje en la Comunidad de Madrid. El lunes ofreció a la oposición, PSOE e IU, otra valiosa pista. Investigar, "llegar hasta el fondo y esclarecer los hechos" -como se cansó de repetir el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez-, significa blindar el círculo del vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y proteger al líder nacional del partido, Mariano Rajoy.

El PP madrileño ejecutó su plan en tres horas y sin costes, gracias a su mayoría absoluta. La Mesa de la Cámara autonómica vetó 13 peticiones de comparecencia de PSOE e IU. No eran nombres vacuos. Aguirre impidió que den la cara los dos empresarios que viajaron a Suráfrica con González en 2008, Enrique Sánchez y Pedro Antonio Martín Marín. El número dos de la presidenta fue supuestamente espiado en esa ocasión, y de hecho él mismo ha denunciado los hechos. Sánchez es además el principal accionista de Segurisa, sociedad a la que el Canal de Isabel II -que preside González- adjudicó en 2005 un contrato de 33 millones.

Tampoco irá Fidel San Román, uno de los empresarios que explota el coso de Las Ventas e implicado en la operación Malaya.

La Mesa rechazó también las comparecencias del ex tesorero nacional del PP Álvaro Lapuerta -otro de los presuntamente espiados-, de su sucesor, Luis Bárcenas, y del actual gerente, Cristóbal Páez. Descartado quedó Luis Vicente Moro, delegado del Gobierno en Ceuta con José María Aznar y autor del proyecto de creación de una agencia "legal" de espionaje en la Comunidad.

La criba no la superó, finalmente, Rajoy , reclamado por IU. El argumento esgrimido por el PP fue siempre el mismo: "No se ajusta al objeto de estudio de la comisión". ¿Quiénes comparecerán? El PP no ha entregado su lista, pero permitió que la Asamblea llame a Aguirre, González y el consejero de Interior, Francisco Granados; a Alberto Ruiz-Gallardón y su mano derecha, Manuel Cobo, y a Alfredo Prada. Está prevista la comparecencia igualmente de María Dolores de Cospedal.

De momento, claro, porque la Mesa de la comisión denegó a los socialistas su solicitud de que la secretaria general del PP les enviase su informe interno. La semana pasada los conservadores habían decidido justo lo contrario. Maru Menéndez (PSOE) e Inés Sabanés (IU) calificaron la actitud del PP de "censura y bloqueo". Pérez, como un "ejercicio de transparencia".

(www.publico.es, 17/02/09)

EL PP IMPIDE QUE RAJOY DECLARE EN LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE

El PP impidió ayer que Mariano Rajoy tenga que comparecer en la comisión de investigación sobre el espionaje político en el Gobierno autonómico por considerar que "no se ajusta al objeto de la comisión". También vetaron las comparecencias de los tesoreros del PP Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, y del extesorero Álvaro Puerta, entre otras.

Los conservadores tampoco cedieron en la demanda de PSOE e Izquierda Unida para quitar de la presidencia de la comisión a Benjamín Martín Vasco, por estar relacionado, según informaciones periodísticas, con la supuesta trama de corrupción en el seno del PP, el otro caso intrigante que los populares tienen abierto. "No es lógico que una persona que aparece relacionada en un sumario presida una comisión de investigación", denunció sin éxito Inés Sabanés, portavoz de IU.El PP la desestimó con el argumento de que dichas informaciones "le relacionan con asuntos que nada tienen que ver con el objeto de esta comisión", dijo David Pérez, portavoz del grupo Popular. Pérez aprovechó para destacar la "incoherencia" del PSOE por pedir esta recusación mientras mantiene al frente de la alcaldía de Pinto a un "imputado".

En tiempos de cacerías, cazados y empresarios que se pasean como caciques por los despachos de los políticos, era fácil caer en la metáfora: "¿Pero qué se ha creído Esperanza Aguirre que es esto? Esto no es su cortijo ni su finca", se quejó Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista Madrileño. Gómez advirtió de que su partido no abandonará la comisión, como considera que está intentando provocar el PP. El dirigente socialista asegura que, si es necesario, pedirá amparo al Tribunal Constitucional. "Ya no tengo ninguna duda. Estamos ante una trama de corrupción en el seno del PP", declaró.

(www.elperiodico.com, 17/02/09)

AGUIRRE, GALLARDÓN Y DE COSPEDAL IRÁN A LA COMISIÓN DEL ESPIONAJE

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid que estudiará el presunto espionaje político producido en la Comunidad de Madrid tendrá muchos y muy insignes comparecientes. La Mesa de la Cámara aprobó ayer una primera lista de 38 personas, que no es definitiva y a la que se podrán sumar otros nombres, entre los que destacan la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Del total de 56 nombres que propusieron el PSOE e IU para que se sometan a los interrogatorios de los tres grupos, el PP rechazó 18 (10 del PSOE y ocho de IU). Entre ellos destaca Mariano Rajoy, al que había propuesto IU. Los populares tampoco aceptaron que pasen por el Parlamento de Madrid el actual tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas y ni el ex tesorero, Alvaro Lapuerta.

El Grupo Popular, que dirige David Pérez, todavía no ha propuesto su propia lista de comparecientes. Pero como el PSOE e IU lo hicieron hace ya más de una semana, la Mesa decidió estudiar estas peticiones antes de que el PP haga las suyas.

La comisión de la Asamblea no sólo investigará los presuntos espionajes al vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González; al primer teniente de alcalde de la capital, Manuel Cobo, o al dirigente nacional del PP Alfredo Prada. También indagará sobre la supuesta «unidad parapolicial» que ha creado Ruiz-Gallardón, según denunció el principal sindicato de la Policía Municipal.

Por eso, entre los comparecientes aprobados ayer está Ruiz-Gallardón; su concejal de Seguridad, Pedro Calvo, y el director de Seguridad Corporativa del Ayuntamiento, Juan Carlos Durán Bezanilla.

Además, la comisión de investigación revisó la documentación que la Mesa de la Cámara aprobó pedir hace una semana. En el transcurso de esa revisión, el PP dio marcha atrás en algunas de sus peticiones y decidió no solicitar a De Cospedal sus informes sobre la investigación interna que se inició por orden de Rajoy.A pesar de que hace una semana los populares votaron favorablemente a esa petición, ayer consideraron que los papeles de la número dos del PP no son de interés para el órgano parlamentario. Los vetos del PP no sentaron bien en la oposición.

(www.elmundo.es, 17/02/09

EL PP IMPIDE LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN LA COMISIÓN SOBRE LA TRAMA DE ESPIONAJE

Primeras peticiones de comparecencia para la comisión de investigación de la supuesta trama de espionaje en Madrid. El PP ha rechazado que comparezcan el presidente del partido, Mariano Rajoy, el tesorero y el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, varios empresarios relacionados con adjudicaciones de la comunidad de Madrid y con el seguimiento al vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Asimismo, Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta y quien hizo el borrador del 'CNI madrileño'. El PP sí ha aceptado que comparezcan la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el alcalde madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, entre otros. Además, han tirado más documentación que había solicitado la oposición, que asegura que todo esto es un escándalo.

PSOE e IU habían requerido 56 comparecencias. Las portavoces del PSOE en IU en la Asamblea, Maru Menéndez e Inés Sabanés, han denunciado el "veto" y la "censura" que, a su juicio, ha ejercido el PP sobre comparecientes que consideran "esenciales" para la investigación de la supuesta trama. La Mesa ha rechazado asimismo las peticiones de compareencia del secretario general técnico de la Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno regional, Borja Sarasola; y de los empresarios Enrique Sánchez (accionista de Segurisa), Fernando Ruano (administrador único de Secuenzia Pixels) y Fidel San Román (adjudicatario de la plaza de toros de Las Ventas).

El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha destacado, sin embargo, que la Mesa ha aprobado la mayoría de las comparecencias solicitadas por la oposición y lo ha considerado un "ejercicio de compromiso con la transparencia".-

(www.elpais.com, 16/02/09)

EL PP PIDE INVESTIGAR LAS ENTRADAS Y SALIDAS EN LA MONCLOA, EL CNI E INTERIOR

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid parece decidido a convertir la comisión de investigación sobre el espionaje a cargos del PP en algo así como un juicio a todo tipo de presuntos casos de seguimientos y vigilancias. Los populares han solicitado 33 documentos, que incluyen las averiguaciones del Gobierno en la trama e incluso el registro de entrada y salida de personal y visitas a la Moncloa, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y al Ministerio de Interior.

El PP quiere además datos sobre la estructura de las consejerías de Interior de autonomías gobernadas por el PSOE. Entre la documentación solicitada, el grupo popular también incluye el estado procesal de la denuncia sobre un supuesto espionaje al diputado popular Manuel Pizarro. El grupo socialista considera una "tomadura de pelo" esta actitud de los populares, que atribuye a la falta de interés del PP por investigar el fondo del asunto del presunto espionaje interno.

(www.elperiodico.com, 12/02/09)

EL PP NIEGA DOCUMENTACIÓN IMPRESCINDIBLE PARA INVESTIGAR EL ESPIONAJE EN MADRID

La comisión parlamentaria creada en la Asamblea de Madrid para investigar la presunta trama de espionaje político no podrá acceder a los expedientes del personal de seguridad de la Consejería de Interior o a los partes de los servicios realizados por éstos, ni a facturas de material fotográfico, ni a la información sobre los viajes al extranjero del vicepresidente Ignacio González, ni a los datos sobre adjudicaciones supuestamente irregulares realizadas por la Comunidad.

El Partido Popular impuso ayer su mayoría absoluta en la Mesa de la Asamblea para rechazar más de la mitad de la documentación que PSOE e Izquierda Unida habían solicitado. Además, se negó a estudiar -hasta, como pronto, el lunes- la relación de comparecencias, lo que vuelve a retrasar el arranque de la comisión. "Esto es inquisitorial, indigno. El PP ha puesto a este Parlamento en excepción democrática", protestó la portavoz de IU, Inés Sabanés. La socialista Maru Menéndez calificó de "burla" y "vergüenza" la actitud de los populares. "Está claro que el PP tiene mucho que ocultar", dijo.

El argumento empleado por el PP para guardar bajo llave todos esos documentos fue que "no tienen relación con el objeto de la comisión". Con ese mismo criterio fueron rechazadas igualmente varias peticiones del propio grupo popular, que había reclamado cosas tan peregrinas como la relación de entradas y salidas del complejo gubernamental de La Moncloa, los dictámenes sobre presuntos casos de espionaje en Andalucía y Galicia, o la relación de actividades de una fundación de Pinto (municipio madrileño donde el PP fue desbancado de la alcaldía mediante una polémica moción de censura), sin explicar qué podrían tener que ver con los presuntos seguimientos a cargos públicos en Madrid.

Sí admitió la Mesa otro de los asuntos que pedía el PP: analizar el "estado procesal de la denuncia presentada por Manuel Pizarro contra dos agentes de la Guardia Civil y dos agentes del CNI por supuestos seguimientos a su persona", un caso denunciado hace dos años. También pasó la criba su solicitud de aportar a la comisión el organigrama de seguridad de comunidades gobernadas por el PSOE como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia; así como el organigrama de la Consejería de Interior madrileña "en todas las legislaturas", es decir, desde los gobiernos de Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón.

Tras conocer a media mañana la "extravagante" relación de documentación registrada por los populares, PSOE e IU habían decidido votar a favor para no sentar el precedente de un veto. "Sólo les falta pedir que venga a declarar el toro que mató a Manolete para desviar la atención, pero ni aun así conseguirán cargarse esta comisión", había dicho Sabanés. Sin embargo, no les sirvió de nada: la oposición votó a favor de las solicitudes del PP, pero el PP tiró abajo 28 de los 45 documentos pedidos por Izquierda Unida y 38 de los 60 planteados por el PSOE. Este periódico intentó, en vano, recabar la explicación del portavoz popular, David Pérez.

Y si mal le fue a la oposición con la petición de documentación, peor resultó su intento de que la Mesa se pronunciara ya sobre las comparecencias: el PP alegó que hasta el lunes, como pronto, no empezará a estudiar ese asunto, lo cual retrasa de nuevo todo el proceso. En principio, las sesiones deben finalizar el 31 de marzo.

(www.elpais.com, 12/02/09)

NI MÓVILES PREPAGO NI DATOS DE LOS AGENTES

La Mesa de la Asamblea, con mayoría absoluta del PP, consideró que no tienen "relación con el objeto de la comisión de investigación" los "expedientes administrativos personales de todos aquellos empleados públicos que realicen tareas de seguridad" en la Comunidad de Madrid. Tampoco aportará documentación sobre facturas de móviles, material fotográfico o vales de gasolina autorizados por la Consejería de Interior a sus empleados, que PSOE e IU pedían para seguir el rastro de los autores del espionaje a cargos públicos. Y no permitirá que se analice la red de tarjetas de móviles prepago que utilizan varios consejeros del Gobierno de Esperanza Aguirre.

La comisión tampoco podrá estudiar la información referida a los viajes del vicepresidente Ignacio González al extranjero (en uno de ellos fue seguido y grabado con cámara oculta). Las adjudicaciones sospechosas del Ejecutivo de Aguirre no formarán parte de la investigación. La Mesa ha denegado al PP el registro de entradas y salidas del CNI, el Ministerio del Interior y La Moncloa, y lo referido a presuntos casos de espionaje en Galicia, Andalucía y Fuenlabrada (Madrid).

(www.elpais.com, 12/02/09)

EL INFORME DE COSPEDAL SOBRE LOS SEGUIMIENTOS

Entre los documentos reclamados por PSOE e IU que la Mesa de la Asamblea aceptó ayer tramitar está todo lo referido a la investigación interna encargada por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, tras destaparse el espionaje a cargos públicos en Madrid. También figura la "relación nominativa del personal, cualquiera que sea su relación, en el ámbito de seguridad de la Administración autonómica" y la "descripción pormenorizada" de sus funciones.

La comisión podrá acceder igualmente a las denuncias presentadas por los políticos que sufrieron los seguimientos, y al "estudio sobre el modelo de seguridad" que supuestamente está elaborando desde hace un año Sergio Gamón, ex director general de Seguridad y destituido en 2008 (aunque sigue en nómina de la Comunidad) tras llevarse información confidencial del despacho del ex consejero Alfredo Prada.

En cuanto a la documentación reclamada por el PP, además del presunto seguimiento del CNI a Manuel Pizarro, la Mesa admitió lo referido a la estructura de la Consejería de Interior pero también la de cuatro comunidades del PSOE y la del Ayuntamiento de Madrid.

(www.elpais.com, 12/02/09)

www.elpais.es 12.02.09

(www.levante-emv.com, 12/02/09)

Bartolomé Molina, secretario general del PP en Torres (Jaén), quien organizó la cacería en la que participaron el ministro Bermejo y el juez Garzón: "No

El entramado de relaciones con los implicados en el escándalo se extiende por multitud de ayuntamientos de Madrid, distintos organismos de la Comunidad y hasta el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Por ejemplo, Benjamín Martín Vasco, el diputado del PP en la Asamblea que ha sido designado presidente de la comisión de investigación del espionaje en la Comunidad de Madrid, es amigo personal de Francisco Correa, el empresario detenido.

Martín Vasco está siendo investigado y que una de las detenidas, Isabel Jordán, asegura en una grabación que a Martín Vasco le pagaron para que callara sobre operaciones urbanísticas en Arganda. Fuentes de la Audiencia aseguran que, por el momento, no está imputado en este sumario. El diputado autonómico admite su relación de amistad con Correa. De hecho, explica que antes de 2005 coincidía con él en Marbella, mientras pasaban las vacaciones de verano. Según su versión, salían y asistían a fiestas con grupos de amigos. Niega que fuera de vacaciones a su casa en Marbella y asegura que desde 2005 viaja a Estepona y ya no coincide con Correa. Pero admite su relación de amistad.

El empresario detenido está casado con Carmen Rodríguez, hija de un constructor recientemente fallecido que estuvo implicado en la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. Algunas fuentes aseguran que Martín Vasco coincidió en Marbella con Emilio Rodríguez Buallo, el suegro constructor de Correa.

Otra relación llamativa es la de la jefa de gabinete del todavía alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, que está casada con David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.

Elena Cerezo Rodero ocupa ese cargo de confianza del alcalde desde hace seis años. Fuentes del PP en la Asamblea aseguran que se trata de un cargo técnico y que la esposa del portavoz es especialista en comunicación.

Por el cargo de jefa de Gabinete, Elena Cerezo, de 36 años, tiene acceso a la agenda del alcalde de Boadilla, que, entre otras cosas, viajó a Miami con Correa. También se ha asegurado en algunos medios que adquirió un apartamento en Estados Unidos.

Fuentes del PP aseguran que cuando fue designada por González Panero para el cargo, hace seis años, David Pérez no era ni diputado autonómico. El actual portavoz del PP obtuvo el escaño en 2003. Correa es también amigo personal de Jesús Sepúlveda, actual alcalde de Pozuelo y anterior responsable de acción electoral de su partido. Cuando organizaba los actos del PP tenía también estrecha relación con Francisco Álvarez-Cascos, entonces secretario general del partido. Personas vinculadas a Correa han tenido relación con el concejal de Madrid Álvaro Ballarín.

El Partido Popular mantiene el suspense sobre las comparecencias que va a pedir, si pide alguna, en la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid el pasado viernes para investigar la trama de espionaje político en la región que afecta a altos cargos de la Comunidad de Madrid y miembros de ese partido. El PP maneja los tiempos con su mayoría en la Cámara y la comisión no va a arrancar hasta que ese partido no decida exactamente qué quiere que ocurra en la misma.

Tras un fin de semana de mutismo absoluto (la comisión se constituyó el jueves pasado), y con las listas de comparecencias de la oposición ya presentadas (en las que aparecen desde el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad y la cúpula del PP, hasta los consejeros más cercanos a Esperanza Aguirre y los policías implicados), la Mesa de la Asamblea, el órgano de Gobierno de la Cámara, decidió ayer en su reunión ordinaria volver a reunirse el miércoles para tratar todos los asuntos referidos a la comisión de investigación.

La Mesa es el órgano que debe dar trámite a las peticiones de comparecencias o la solicitud de documentación por parte de los grupos. El miércoles es la fecha tope para solicitar documentación, por lo que la oposición esperaba que parte se resolviera en la reunión de ayer. Al no producirse ningún avance, la comisión no puede echar a andar, como mínimo, hasta el lunes que viene. El PP incluso tiene cinco días de plazo desde el día que reciba la documentación para presentar su lista de comparecientes. Los populares impusieron que el 28 de febrero sea la fecha tope para finalizar los trabajos, con posibilidad de prórroga de un mes.

Una vez presentada la petición de documentación y, previsiblemente, las peticiones de comparecencias de todos los grupos, incluido el PP, tras la calificación de la Mesa de la Asamblea aún queda el trámite de que el presidente de la comisión convoque la misma para organizar el calendario. El primer compareciente no podría acudir a la Asamblea hasta por lo menos tres días después de recibir la comunicación. Es decir, si el PP quisiera, cumpliendo estrictamente el reglamento la comisión tampoco empezaría la semana que viene, lo que condiciona gravemente los trabajos.

"En la comisión de investigación estamos aceptando las máximas garantías", dijo ayer la presidenta, Esperanza Aguirre, en la misma rueda de prensa en la que anunciaba la dimisión de tres cargos del PP madrileño.

Cinco casos para una comisión

La presunta trama de espionaje tiene escenarios distintos que se entremezclan

El objeto de la comisión de investigación creada en el Parlamento madrileño es uno: "Analizar y evaluar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse en relación con el supuesto espionaje político en la Comunidad de Madrid". Pero los caminos para llegar a ese objetivo pueden ser varios, porque el escándalo tiene frentes distintos que se entremezclan. Para tratar de esclarecerlos, PSOE e IU registraron ayer mismo su solicitud de comparecencias: una lista con 56 nombres que aún debe pasar el filtro del PP. Éstos son algunos de los asuntos sobre los que la comisión tratará de arrojar luz:

- Seguimientos parapoliciales a adversarios de Aguirre. En abril de 2008, el vicealcalde, Manuel Cobo, y el ex consejero Alfredo Prada -enfrentados políticamente a Esperanza Aguirre- fueron sometidos a seguimiento por un grupo de agentes que trabajaban supuestamente en la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid. Eso se deduce de los partes de seguimiento, publicados por EL PAÍS, donde los espías hablan de "nuestro director, Sergio" -supuestamente Sergio Gamón, entonces director general de Seguridad- y de "Miguel" -supuestamente el ex subdirector Miguel Castaño-. Los agentes se encaminan a veces a la "D. G.", identificada con la Dirección General de Seguridad. El máximo responsable de la consejería es Francisco Granados, aunque fuentes cercanas a él y a Prada aseguran que Gamón no respondía ante Granados sino ante el vicepresidente Ignacio González (el número dos de Esperanza Aguirre) y el viceconsejero Alejandro Halffter, un hombre de González.

- Asalto al despacho de un alto cargo. El 27 de junio de 2008, Sergio Gamón, director general de Seguridad, se presenta con varios agentes en un organismo de la Consejería de Justicia, entra en un despacho y requisa un ordenador. El despacho es de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza de quien ha sido destituido como consejero de Justicia la víspera: Alfredo Prada (después de colocarse del lado de Rajoy en la batalla de poder en el PP). El ordenador contiene supuestamente informes confidenciales (algunas fuentes aseguran que es un dossier contra Granados; otras, que se trata de información contra González). El asunto ya salió a la luz pública entonces (Gamón fue destituido por el asalto al despacho, aunque permaneció en nómina de la Comunidad), pero ahora vuelve a cobrar relevancia porque otro de los altos cargos que ha sido espiado es Juan Carlos Fernández. En los dossiers aparece con el apodo de "el cabezón": así es como era llamado en la consejería según confirman distintos responsables de ésta.

- Espionaje al vicepresidente. Ignacio González fue grabado con cámara oculta durante un viaje oficial a Colombia en agosto de 2008, según figura en uno de los dossiers publicados por EL PAÍS. Un segundo dossier informaba de un viaje privado del vicepresidente a Suráfrica cuatro meses antes, y denunciaba adjudicaciones presuntamente irregulares de la Comunidad a empresas (como un tercer dossier, divulgado por Público). Uno de los empresarios iba en el avión con González; en otros casos las empresas están ligadas a familiares del vicepresidente. PSOE e IU llaman a declarar a varios empresarios.

Éste es uno de los episodios más confusos del escándalo, porque González aparece a la vez como víctima de espionaje y acusado de irregularidades en el ejercicio de su cargo. Y también porque algunos de los sospechosos de ordenar el resto de seguimientos eran hombres de confianza del vicepresidente.

- Las denuncias ante la dirección nacional del PP. El ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, comunicó en mayo de 2008 a su presidente, Mariano Rajoy, que creía estar siendo espiado por gente relacionada con la Comunidad de Madrid, según ha explicado el propio Lapuerta y confirmado el PP. Esperanza Aguirre, por otro lado, asegura que Lapuerta había tenido acceso a informes que atentaban contra el honor de Ignacio González y Francisco Granados, y que avisó a Rajoy en 2006; éste se limita a decir que él no vio ningún dossier.

- Un 'CNI' autonómico. En junio de 2008 y ante la creciente sensación de que altos cargos del Gobierno regional, él incluido, estaban siendo espiados, González barajó crear un servicio secreto similar al CNI. Encargó un borrador del proyecto a Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta, pero finalmente el plan quedó aparcado. La Comunidad de Madrid carece de competencias para tener un CNI.

El PSOE mira a Gallardón

Los comisionados socialistas

Entre las 33 personas con nombre y apellidos que el PSOE quiere llamar a la comisión de investigación (además de un número indeterminado de asesores) hay cuatro altos cargos que no lo son de la Comunidad sino del Ayuntamiento de Madrid: el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón; su concejal de Seguridad, Pedro Calvo; Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal; y Juan Carlos Durán, director de Seguridad Corporativa.

El PSOE los llama porque, en los días en que salió a la luz el escándalo del espionaje en la Comunidad, el diario El Mundo publicó que el Ayuntamiento tiene una unidad "parapolicial" con competencias supuestamente fuera del control de la Policía Municipal. Aunque no ha surgido ninguna información sobre espionaje realizado por esta unidad, el PSOE cree que "hay que abordar todo lo que ha ido saliendo", explica su portavoz, Maru Menéndez. Una estrategia de la que disiente IU, que en sus 23 solicitudes de comparecencia sólo ha incluido a Gallardón y que prefiere centrarse en la Comunidad de Madrid.

También figura en la lista de ambos partidos el vicealcalde Manuel Cobo, pero él sí como víctima de la supuesta trama de espionaje político en la Comunidad.

CONCLUSIONES PSOE ( PDF )
CONCLUSIONES IU ( PDF )
CONCLUSIONES PP ( PDF )
SOLICITUD DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. PSOE/IU
LISTADO DE COMPARECIENTES PSOE
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL PSOE
DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR PP

El PP se dispone a dar carpetazo a la comisión del espionaje recién creada

Los populares no garantizan que las sesiones continúen después del miércoles

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Mayor Oreja, Cano y Pedro Calvo, cuyas comparecencias fueron solicitadas por el PP, abren la comisión de la Asamblea de Madrid.- El PSOE pide la dimisión de Granados por comprar cámaras y motos para el Área de Seguridad

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Cambio en la comisión

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La sustituta: Rosa Posada

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