CASO CONSELLEIRO HERNÁNDEZ, SA

HERNÁNDEZ: "ACTUÉ EN DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO"

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, trató ayer de restar importancia a la reapertura por el Tribunal Supremo del caso de la certificación en falso de una obra cuando trabajaba para la Diputación de Pontevedra. "No le dedico ni un minuto, me someto a la decisión de los jueces", declaró ayer.

El Supremo decidirá el 15 de noviembre si obliga al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a celebrar juicio oral contra el conselleiro, tras aceptar el recurso del PSOE contra el archivo de la causa que decidió el tribunal gallego. Hernández apeló al "único auto existente", el del TSXG, "que explicita que se actuó en defensa de los intereses de Galicia". "Y por cierto, con la conformidad del ministerio fiscal", añadió. La certificación de la obra pese a que estaba inacabada permitió liberar 331.629 euros del Gobierno a la empresa Sercoysa, en la que Hernández trabajó hasta un mes antes de hacerlo para la Diputación.

www.elpais.es 27.10.11

EL SUPREMO REABRE LA CAUSA CONTRA HERNÁNDEZ POR CERTIFICAR EN FALSO

El tribunal admite el recurso del PSdeG por la validación de una obra inacabada

En diciembre de 2008, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, entonces director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, avaló un certificado de finalización de una obra de la empresa Sercoysa a pesar de que apenas había comenzado. La constructora, de la que Hernández era hasta un año antes apoderado y director de construcción, ingresó así 331.629 euros por un trabajo que no había ejecutado. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) archivó la causa en abril, pero llegan malas noticias para el conselleiro desde el Tribunal Supremo, que ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSdeG para decidir si abre juicio oral contra el conselleiro.

El alto tribunal decidirá el 15 de noviembre si juzga al conselleiro

La firma de Agustín Hernández benefició a una empresa en la que había trabajado

La decisión, adoptada el pasado viernes por la Sala Segunda del alto tribunal, acepta las alegaciones del PSdeG, secundadas por el fiscal del Supremo en un informe en el que reprobaba el "error claro" del TSXG y consideraba los hechos "un delito de falsedad en documento público". El Supremo señala para el 15 de noviembre la deliberación y decisión del caso, para entrar en el fondo del asunto y decidir si juzga a Hernández.

El escrito de la fiscalía demolía los argumentos manejados por el tribunal gallego en el auto de sobreseimiento y archivo. El fiscal sostiene que el ingeniero de la Diputación y director del proyecto, Baltasar Pujales, también denunciado por el PSdeG, certificó que la obra estaba concluida "con pleno conocimiento de la falsedad de tal afirmación". Hernández firmó la conformidad con el certificado emitido por Pujales, y ordenó continuar con los trámites hasta obtener los 331.629 euros -que corresponden a la parte cofinanciada por el Gobierno central- para la concesionaria, en la que el conselleiro trabajó hasta un mes antes de incorporarse al organismo que preside Rafael Louzán. Para el fiscal, Hernández actuó "o bien con el pleno conocimiento de que la obra no se había concluido, o bien sin haber efectuado averiguación alguna". Incluso en este segundo caso, su actuación supondría "un claro incumplimiento de sus obligaciones".

Así las cosas, la fiscalía solo contemplaba dos posibilidades. O Agustín Hernández actuó "con manifiesta e inexcusable negligencia", al firmar un certificado de fin de obra sin hacer las oportunas comprobaciones, o lo hizo "con pleno conocimiento de la falsedad". Pero cualquier averiguación al respecto pasaba por la celebración de un juicio oral al que el TSXG se opuso. Y en cualquiera de los dos casos, para el ministerio público existe una certeza: "Sin duda alguna, los hechos referidos son constitutivos de un delito de falsedad en documento público". "Lo que es indiscutible", abundó el fiscal, es que de las investigaciones practicadas se deduce "la condición de delictivas" de las conductas de Hernández y Baltasar Pujales.

La celebración del juicio que reclaman los socialistas permitiría aclarar si el miembro del Gobierno gallego cometió un delito doloso, en el caso de tener conocimiento de la falsedad, o culposo, si incumplió su obligación de cerciorarse del fin de la obra. Las únicas objeciones fiscales a la petición del abogado del PSdeG consistían en la recurribilidad del auto de sobreseimiento, dudas que quedan disipadas al aceptar el Supremo la petición de los socialistas. Por lo demás, el ministerio público consideraba que el "error jurídico" de la resolución del tribunal gallego "es muy claro".

La admisión del recurso supone un serio varapalo al TSXG, que vio en la actitud de los imputados "irregularidades administrativas", pero no delictivas, al sostener que se desconoce el daño real o potencial causado. "Se conoce perfectamente, y consiste en provocar un error en la Administración por el que esta abonó a una constructora el importe total de unas obras no construidas" y que, en ese momento, "ni siquiera se sabía si algún día serían o no acabadas", según el fiscal.

www.elpais.es 26.10.11

DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO HERNÁNDEZ' SE NIEGAN A RATIFICAR SU TESTIMONIO 

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sigue adelante con la instrucción de la querella presentada por el PSOE contra el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, por dar por acabada y permitir el pago de una carretera en Lira, en el municipio pontevedrés de Salvaterra de Miño, cuando apenas estaba comenzada, pese a las dificultades que supone que los imputados se acojan a su derecho a no contestar a algunos interrogantes. Los encausados son cuatro: el ahora conselleiro Agustín Hernández, responsable de Infraestructuras de la Diputación que realizó esa obra; el ingeniero técnico del organismo provincial, Baltasar Pujales; así como otro funcionario del ente provincial, Pablo Montero Carrera, y el director técnico de Sercoysa, la empresa que realizó el vial, Juan Sánchez González. 

Estos últimos volvieron ayer a comparecer ante el juez del alto tribunal, pero esta vez como imputados al haber admitido en julio pasado, cuando declararon como testigos, que habían certificado como acabada y recibida una obra que no se había finalizado. De sus primeras declaraciones, el juez entendió que podían "existir indicios de criminalidad" y aceptó la ampliación de la querella pedida por los socialistas para convertir en imputados a ambos testigos. 

Pero ayer, al tener que ratificar sus iniciales declaraciones inculpatorias, tanto Montero como Sánchez siguieron el mismo guión que ya habían interpretado en su día Hernández y Pujales: se acogieron a su derecho -que no tenían como testigos- a no contestar a la batería de preguntas de la acusación del PSOE. Y rechazaron ratificar sus primeras declaraciones ante el juez, en las que admitían haber incurrido en una irregularidad. 

El juez de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior seguirá ahora con la práctica de pruebas que dice que le faltan para concluir la instrucción. Rechazó la petición de la defensa de que se archive la causa. Todos los que declararon hasta ahora ante el magistrado, como imputados o como testigos, corroboraron que esa carretera se hizo y se pagó antes de empezar siquiera a construirse. Pero lo justificaron. 

Hernández, que dejó su puesto en la Diputación al convertirse en abril de 2009 en conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, admitió ante el juez que validó el fin de una obra "sin saber su estado real". Su firma permitió a Sercoysa, empresa en la que Hernández estuvo contratado antes de entrar en la Diputación, cobrar 331.000 euros por una obra sin empezar. Pero el conselleiro se escudó en que tampoco era su cometido supervisar todas las infraestructuras y obras del ente provincial bajo su dirección. 

Pujales, por su parte, asumió toda la culpa del certificado en falso, que justificó para no perder una cuantiosa subvención del Estado que obligaba a terminar la carretera de Lira antes de finalizar 2008. Y finalmente el presidente de la Diputación, que compareció ante el juez como testigo, reivindicó "el interés general" para defender que se certifique como acabada y se pague una obra pública cuando aún no existe. 

(www.elpais.com, 22/09/10)

HERNÁNDEZ DENIEGA AL TRIBUNAL EL EXPEDIENTE DE LA AUTOVÍA DE CARBALLO 

La información que la Xunta le ocultó a Dragados se la deniega también al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras atendió ayer al requerimiento del tribunal gallego sobre la adjudicación del tramo Carballo-Berdoias de la autovía de la Costa da Morte. Pero lo hizo parcialmente: sólo remitió "aquello que la consellería considera que no afecta a la confidencialidad" de las distintas ofertas, según informó un portavoz del departamento que dirige Agustín Hernández. El auto del TSXG le instaba a remitir el expediente completo. 

"Se ha enviado lo que entendemos que pide el tribunal", precisó el mismo portavoz. Según Medio Ambiente, se trata de "documentos administrativos relacionados con la decisión de la mesa de contratación" de no compartir con otras empresas concursantes la de la oferta seleccionada, liderada por FCC en unión con Inveravante, del empresario gallego Manuel Jove. La mesa seleccionó a mediados de junio esa propuesta, con un coste para la Xunta de 979 millones de euros, 215 millones más que la Dragados, a través de Iridium y en unión con Puentes y Calzadas. Aquella cantidad supone además un sobrecoste de 395 millones de euros respecto al proyecto adjudicado por el anterior Gobierno, un contrato rescindido por el de Feijóo. 

Pese a que el pasado 23 de junio Agustín Hernández garantizó que la adjudicación se realizaría en el plazo de dos días, casi tres meses después la propuesta de la mesa de contratación sigue en un cajón, debido principalmente al recurso judicial. La Xunta, mientras, ha comunicado verbalmente a las empresas seleccionadas en este segundo concurso público su intención de replantearse el proyecto. 

El recuso ante el TSXG se presentó después de que la mesa de contratación denegase a los representantes de Iridium y Puentes información relacionada con la oferta que obtuvo la mejor puntuación. La unión temporal liderada por esas dos empresas no sólo ofrecía mejores condiciones económicas, sino que obtuvo más puntos que FCC (814 frente a 656 de la finalmente escogida). Sin embargo, una penalización por quedarse a 13 puntos del mínimo de 160 en los criterios de calidad técnica le hizo perder 543 y quedar descartada. 

La información que demandan Iridium y Puentes está relacionada con los motivos que supusieron la penalización de su oferta. Una de las razones de esa sanción es la escasa valoración que, según Iridium y Puentes, se otorgó a la cualificación del personal encargado del proyecto. Ambas empresas quieren comprobar que el personal propuesto por FCC está efectivamente mejor cualificado, pero la Consellería de Medio Ambiente apela a la confidencialidad de esos datos para denegar la documentación. Otra petición rechazada por la mesa de contratación es la de los datos de la oferta económica presentada por FCC. 

Todas estas cuestiones fueron planteadas por la representante de Iridium ante la mesa de contratación el pasado 7 de junio. La portavoz de la empresa denunció las "irregularidades" y se reservó el derecho a acudir a la justicia, como finalmente hizo. 

Los problemas para la adjudicación de la autovía se producen después de que Feijóo, al inicio de su mandato, acusara al bipartito de "ser incapaz" de ejecutar las obras. Cuando el Consello de la Xunta anuló el contrato con Ferrovial, que ofrecía realizar la autovía con un coste sensiblemente inferior, el presidente pidió "perdón" a los gallegos por una decisión de la que culpó al Gobierno anterior, y se comprometió a licitar el contrato cuanto antes. La Xunta no ha aclarado todavía cómo resolverá la situación. 

(www.elpais.com, 21/09/10)

Hernández contrata como asesor a un abogado de infractores urbanísticos

Narbón litigó contra la Xunta para dejar sin efecto órdenes de demolición

De litigante contra la Xunta a contratado por la Consellería de Medio Ambiente. José Luis Narbón, durante muchos años mano derecha del fallecido José Cuiña en la antigua Consellería de Ordenación del Territorio, vuelve a trabajar para la Xunta, después de un período en el que se significó por ejercer como defensor de conocidos infractores urbanísticos. Lo hará en virtud de una resolución del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que el pasado 1 de septiembre le adjudicó un "estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español".

Narbón cobrará por informar sobre "el panorama urbanístico español"

Narbón ingresará 67.260 euros por el trabajo, encargado mediante el procedimiento de contratación negociada sin publicidad y sin mesa. La consellería invitó a tres empresas para participar en el procedimiento. Seleccionó la oferta de Narbón, elaborada a título particular, y no desde su empresa Urbagalex, de gestión integral del proceso inmobiliario. La resolución, que no especifica con qué objeto se encarga el estudio, lleva las firmas de Agustín Hernández y del secretario general de la consellería, José Antonio Fernández Vázquez.

Durante el largo mandato de Cuiña en la Xunta, José Luis Narbón, al frente de la Dirección Xeral de Urbanismo entre 1990 y 1997, ejerció una influencia absoluta en la consellería, hasta el punto de que se le considera el padre de la polémica ley del suelo de 2002. Con Agustín Hernández al frente de Territorio, Narbón reapareció para ejercer como asesor en la reforma de la ley aprobada en marzo pasado. Su responsabilidad en la nueva norma es tal que fue contratado por la Escola Galega de Administracións Públicas (EGAP) para unas jornadas explicativas de la ley, el pasado junio.

Entre la colaboración con los gobiernos de Fraga y con el de Feijóo, el ex director general se dedicó a ejercer la profesión de abogado como experto en urbanismo, una etapa en la que se significó en la defensa de conocidos infractores urbanísticos. Es el caso de la empresa promotora del hotel Talaso Atlántico, en Oia, declarado ilegal por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. También defendió al Ayuntamiento de A Guarda para intentar salvar de la piqueta 21 chalés construidos en suelo no urbanizable de protección paisajística, igualmente ilegalizados por el tribunal gallego tras un procedimiento iniciado por la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). Narbón defendió asimismo al ex concejal de Urbanismo de Oia Manuel Acevedo, imputado por prevaricación por la concesión de licencia para una piscifactoría en suelo rústico de protección de costas, pese a los informes contrarios de la Xunta.

Fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras enmarcaron el estudio adjudicado a Narbón en los "trabajos previos" para la redacción de una nueva Lei do Solo que el Gobierno gallego quiere sacar adelante en esta legislatura.

84.600 euros al año de Sanxenxo

Las administraciones del Partido Popular están resultando un negocio rentable para José Luis Narbón, que el pasado 3 de marzo se hizo con un contrato con el Ayuntamiento de Sanxenxo por 84.600 euros al año. En este caso, el expediente se tramitó por procedimiento abierto, que contó con dos ofertas. Una ofrecía el servicio por 79.600 euros anuales. La alcaldesa, Catalina González, optó por la de Narbón.

En realidad, el ahora asesor de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras ya venía ejerciendo las labores que se le adjudicaron en este nuevo contrato, consistentes en la asistencia jurídica, emisión de dictámenes y asesoría general para la Gerencia de Urbanismo, sólo que hasta 2009 lo realizaba a través de su despacho. La colaboración de José Luis Narbón con el Ayuntamiento de Sanxenxo se remonta al mandato de Telmo Martín. Con este de alcalde también presidió la Gerencia de Urbanismo Encarnación Rivas, en la actualidad secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Los contratos con el Ayuntamiento de Sanxenxo sucedieron a una larga trayectoria en los gobiernos de Manuel Fraga. En ellos, además de director general de Urbanismo, Narbón ejerció como vicepresidente de la Comisión Superior Urbanística de Galicia y del Instituto Galega da Vivenda e Solo, presidente de las cuatro comisiones provinciales de Urbanismo, y consejero de las Sociedades de Xestión Urbanística (Xestur) de Ourense y Pontevedra y de la Sociedade Galega de Desenvolvemento Comarcal. También fue vocal de las comisiones gallegas de Medio Ambiente y de Equipamientos Comerciales.

www.elpais.es 04.09.10

"CONFÍO EN LOS JUECES Y EN HERNÁNDEZ Y GALICIA SE DARÁ CUENTA DE ESTA INJUSTICIA" 

Mientras la oposición, fundamentalmente el PSOE, estrecha el cerco contra el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, imputado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el caso de la certificación falsa de una obra en Salvaterra de Miño cuando estaba en la Diputación de Pontevedra, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, refrenda su confianza en su hombre para las infraestructuras. 

Casi a la misma hora que el secretario general de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, exigía por enésima vez la destitución del conselleiro, Feijóo volvía a defender a Hernández. "La misma confianza que tengo en la Justicia la tengo en Hernández", subrayó antes de culpar al PSOE de su imputación. "Cuanto más tiempo se mantenga abierto este asunto como pretende el PSOE, Galicia se dará más cuenta de la gran injusticia que se está intentando cometer con un miembro del Gobierno". 

Sobre la negativa del juez a dar carpetazo al caso, el presidente explicó que el auto es una respuesta a la defensa que ejerce la Diputación de Pontevedra en esta causa. "No dice nada en relación con la responsabilidad del conselleiro". Cuando se le preguntó si confía igual en la actuación que mantuvo en este caso la Diputación de Pontevedra, Feijóo dijo "no tener información" sobre los técnicos de la Diputación de Pontevedra. Sí aseguró que, al menos en este caso, la obra contaba con un aval de la constructora. E intentó hacer ver que "en la técnica administrativa, cuando por razones de ejecución o trazado hay problemas, se puede avalar la certificación y no perder fondos europeos. Lo hacen funcionarios públicos desde hace décadas, si eso implica responsabilidad administrativa, no se podrá hacer en ninguna institución. No afecta a un miembro de la Xunta, sino que lo hicieron otros funcionarios públicos que prestan declaración en los juzgados", respondió. 

Cuando se le recordó que hace un par de años él mismo había pedido la cabeza de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, cuando se supo de la imputación de cuatro de sus altos cargos que resultaron absueltos, Feijóo se reafirmó en aquella exigencia porque "entonces se adjudicó una obra en contra de un informe de la mesa de contratación y entiendo que tiene una responsabilidad política evidente. Nunca lo aceptaré en mi gobierno". 

También el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, salió ayer a defender que "no hubo mala fe" en la actuación del ente provincial. Louzán tachó de "partidista" la denuncia del PSdeG y expresó su máximo respeto a las decisiones de la Justicia. El portavoz nacional del Bloque, Guillerme Vázquez, abogó por aguardar a que haya una sentencia. 

(www.elpais.com, 23/07/10)

EL TRIBUNAL SUPERIOR AMPLÍA LAS IMPUTACIONES EN EL 'CASO HERNÁNDEZ' 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha descartado cerrar el caso que instruye por la obra de la variante de Lira (Salvaterra) que la Diputación de Pontevedra certificó y dio por acabada cuando apenas habían comenzado los trabajos y que ha llevado al juez a imputar, entre otros, al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, director de infraestructuras en aquel momento en la institución provincial.  

En un auto firmado el pasado 16 de julio, el juez no sólo se niega a cerrar el caso (tal y como pidió la defensa) sino que estima que faltan pruebas por practicar para concluir la instrucción. También decide ampliar la denuncia a dos de las personas a las que había tomado declaración como testigos. Se trata de Pablo Montero Carrera, técnico de la Diputación de Pontevedra, y Juan Sánchez González, director técnico de Sercoysa, adjudicataria de la obra. El tribunal toma esta decisión al entender que "pueden existir indicios de criminalidad" derivados de su actuación en este caso. 

Con este auto, son ya tres los cargos de la Diputación de Pontevedra imputados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tras la denuncia presentada por el PSdeG, que calificó de fraude la certificación de una obra inacabada que el ente provincial había adjudicado a Sercoysa, una de las firmas en las que había trabajado Hernández, cuanto éste era alto cargo de esta institución. 

Además del propio conselleiro, está imputado Baltasar Pujales, ingeniero de la Diputación que, en su declaración ante el juez, exculpó a Hernández y asumió como propia la certificación de la infraestructura. La Consellería de Medio Ambiente evitó hacer comentarios y se limitó a subrayar que respeta la decisión judicial.Desde que denunció el caso de la obra de Salvaterra en los tribunales, la oposición de PSdeG y Bloque ha reclamado insistentemente a Feijóo que destituya a Agustín Hernández, hombre de la máxima confianza del presidente y que dirige tres carteras fundamentales en la Xunta -Medio Ambiente, Territorio, Infraestructuras-, a las que suma las competencias sobre vivienda. Esa petición se convirtió en exigencia, tan pronto como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia imputó al conselleiro. 

El martes durante el debate monográfico sobre la crisis en el Parlamento, el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, además de reclamar su cese, pidió una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de su departamento. No es, en todo caso, la única pieza que pretende cobrarse el jefe de la oposición, que en la misma sesión exigió a Feijóo un cambio de Gobierno. 

Ayer, durante la visita guiada a la Cidade da Cultura, el portavoz parlamentario del PSdeG, Ismael Fernández Leiceaga, recordó que las destituciones que pide su partido son las del titular de Economía, Javier Guerra; Traballo, Beatriz Mato; Sanidade, Pilar Farjas, además de la de Hernández. A este último le acusa este partido de favorecer a la empresa Puentes y Contratas, en la que el conselleiro también trabajó como directivo, adjudicándole la variante de Noia, pese a haber presentado la segunda oferta más cara de las 20 que optaban a hacer la obra. 

Ayer mismo el propio Hernández, en declaraciones a los medios, alegó que todos los concursos que realiza su departamento se ajustan a Derecho y "a los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del sector público". Hernández insistió en que sus adjudicaciónes "persiguen que las obras se hagan". Una velada crítica a la gestión del bipartito que vio como la adjudicataria de la autovía Carballo-Berdoias tuvo que desistir dejando sin empezar la infraestructura. 

El conselleiro explicó que el procedimiento que sigue su departamento es "fruto de una reflexión a petición, entre otros, del sector de la construcción". Hernández argumentó que "lo que no podía producirse [en la obra pública que adjudica la Xunta de Galicia] es que se adjudicaran obras con bajas descomunales y que luego acaban paralizadas" por la incapacidad de la empresa para acometerlas. 

(www.elpais.com, 22/07/10)

LOUZÁN: "JUNCAL HIZO UNA LABOR EXTRAORDINARIA" 

El presidente del PP de Pontevedra, Rafael Louzán, defendió ayer la "labor extraordinaria" del ex jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en la provincia, Evaristo Juncal, que fue destituido después de saberse que tiene un chalé ilegal y que vendió empresas a socios de narcos. 

Louzán le restó importancia al hecho de que Juncal levantase su vivienda de dos plantas con una licencia de galpón y que lleve 24 años sin pagar el IBI en Caldas, el ayuntamiento donde es presidente del PP. Y acusó al líder del PSdeG de tener también una casa ilegal. "Sobre la licencia de su casa, habría que recordar que casos de estos tenemos en Galicia, sin ir más lejos, en el secretario general de los socialistas gallegos, Manuel Pachi Vázquez", afirmó Louzán. 

"Evaristo Juncal, era, es un técnico que hizo una labor extraordinaria como jefe territorial que ahora termina su comisión de servicios, que decidió no renovarla, y que ahora sigue siendo funcionario", explicó. Y agregó: "Cada uno que entienda lo que quiera". 

(www.elpais.com, 13/07/10)

LOUZÁN VE DE "INTERÉS GENERAL" QUE SE CERTIFICARA EN FALSO EL FIN DE UNA OBRA 

Certificar como acabada y pagar una obra pública cuando apenas estaba comenzada responde a "la defensa del interés general". Con esta declaración defendió ayer el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán (PP), el irregular procedimiento seguido para construir una carretera que investiga el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a raíz de una denuncia del PSdeG-PSOE. Están imputados el ahora conselleiro Agustín Hernández, director de Infraestructuras del organismo provincial cuando ocurrieron los hechos, en diciembre de 2008, así como el ingeniero de la Diputación Baltasar Pujales, responsable de esa obra, la variante de Lira en el municipio pontevedrés de Salvaterra do Miño. 

Louzán, que declaró ayer como testigo ante el alto tribunal, defendió con ahínco al conselleiro, cuya labor tachó de "excepcional", y siguió a pies juntillas el guión de defensa de los dos imputados: son los técnicos los que "certifican, supervisan y ven las obras", no sus superiores. "La labor de Agustín Hernández no era otra más que de coordinación y dirección" del área de Infraestructura de la Diputación, ahondó ayer el presidente provincial ante los periodistas al salir de la sala del alto tribunal gallego. 

El ahora responsable de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta había alegado exactamente lo mismo en su declaración el pasado viernes ante el magistrado, y sostuvo que avaló el certificado en falso de la obra sin saber su estado real. Pujales, ante el juez, asumió en solitario toda la responsabilidad por ese irregular proceso, una decisión que dijo haber adoptado sin informar a Hernández cuando le pasó la acta para que la firmarse y se pudiera abonar el importe a la constructora para no perder una subvención del Estado. 

La polémica variante de Lira, adjudicada a Sercoysa, una empresa en la que fue directivo Hernández antes de entrar en la Diputación pontevedresa, se construyó nueve meses después de declararse como terminada y pagada (331.000 euros). Los socialistas presentaron su querella en los tribunales medio año antes de que estuviese lista la carretera, construida en un tiempo récord, entre julio y septiembre de 2009. 

Louzán, en declaraciones a la prensa, insistió no obstante en calificar de "inocuo" todo el procedimiento de esa obra. "Lo único que pretendía era la defensa del interés general porque así lo demandaba la corporación de Salvaterra y los vecinos". Y recordó que se exigió un aval a Sercoysa cuando se certificó en falso como finalizada la obra para garantizar su posterior construcción. "Es una denuncia política", dijo el presidente de la Diputación al acusar a los socialistas de buscar "réditos políticos que no son capaces de ganar en las urnas". 

El alcalde de Salvaterra do Miño, Arturo Grandal (PP), también declaró ayer ante el tribunal en calidad de testigo por una obra "de la Diputación en la que nada tiene que ver el Ayuntamiento", destacó. "Poco puedo aportar", dijo tras quejarse de haber ser citado a declarar. "Si fuera de otro partido, no me llamarían", se quejó. 

(www.elpais.com, 08/07/10)

UN FUNCIONARIO ASUME LA CULPA DEL CERTIFICADO FALSO IMPUTADO A HERNÁNDEZ 

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia continuó ayer la toma de declaraciones por la denuncia del PSdeG, que en su día alertó de que el conselleiro Agustín Hernández había certificado el fin de una obra para la Diputación de Pontevedra que estaba comenzando a construirse. El actual responsable de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras declaró como imputado por este caso, ocurrido en diciembre de 2008, cuatro meses antes de entrar en la Xunta. También lo hizo el ingeniero técnico del organismo provincial Baltasar Pujales. Este último exculpó a Hernández, quien admitió ante el magistrado que certificó la finalización de la obra sin saber su estado real. El veterano funcionario asumió de este modo toda la responsabilidad. 

Ambos imputados, en sus declaraciones el pasado viernes ante el magistrado que instruye las diligencias previas de esta querella, coincidieron en negarse a contestar a todas las preguntas que les planteó el abogado de la acusación, José Luis Prieto. Tanto Hernández, que alardeó de "máxima colaboración con la Justicia", como Pujales se acogieron a su derecho a no responder. 

No tienen esa opción los testigos, como los que comparecieron ayer ante el tribunal. Por el juzgado pasaron el responsable de contratación de la Diputación, Pablo Montero y Juan Sánchez, un directivo de la constructora Sercoysa que firmó la recepción de la obra, una carretera en Salvaterra de Miño. Hoy comparecerán ante el tribunal, también como testigos, el presidente de la Diputación, Rafael Louzán (PP), el alcalde de Salvaterra de Miño y el secretario del organismo provincial. 

Los hechos denunciados por los socialistas hace ya año y medio se refieren a la certificación y pago de la variante de Lira a Sercoysa, empresa en la que estuvo contratado el ahora conselleiro antes de ser director de Infraestructuras de la Diputación. Fue siete meses antes de que realmente fuese construida. Tanto Agustín Hernández como Baltasar Pujales reconocieron sus rúbricas en el acta de finalización de la obra que permitió su pago, por un valor total de 331.000 euros.  

Pero mientras el conselleiro argumentó que no sabía cuál era su estado real y que no entraba en sus funciones, el ingeniero de la Diputación, director de esa obra, admitió que se certificó la carretera como concluida cuando sólo se había realizado una quinta parte. 

Pujales se justificó ante el juez con la misma versión que dio la Diputación cuando el PSdeG presentó su querella. El funcionario alegó haber mentido para no perder la cuantiosa subvención del Estado, concedida bajo la condición de que la carretera estuviese lista antes de terminar 2008. Un plazo imposible de cumplir dado el retraso de la Confederación Hidrográfica del Norte en otorgar los permisos imprescindibles para la tala de árboles y paso de aguas que requería la infraestructura. 

Pujales insistió en que se exigió a Sercoysa un aval por el importe de la obra pendiente para garantizar que procedería a construirla cuando contasen con las autorizaciones pertinentes. Éstas no llegaron hasta la primavera siguiente. La variante de Lira estuvo lista a principios del otoño 2009, nueve meses después de haber sido declarada como terminada. 

El ingeniero técnico, con más de 40 años de carrera en la Diputación de Pontevedra, asumió en solitario la responsabilidad por esta irregularidad y aseguró no haber informado a Hernández cuando le pasó el acta para que éste la avalase y que se procediera a su pago.  

En aquel momento, según archivos fotográficos aportados por los querellantes, apenas se habían realizado movimientos de tierra donde debía transcurrir la carretera. Desde el PP gallego, se calificó esta práctica para evitar perder ayudas oficiales como "habitual" en todas las administraciones públicas. 

Hernández afirmó ante el tribunal que no intervino para nada en esa obra, salvo para dar el conforme, y que no entraba entre sus funciones certificar el estado de actuaciones concretas. 

(www.elpais.com, 07/07/10)

292.000 EUROS POR UNA OBRA SIN HACER 

Agustín Hernández, consejero de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, acudió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Galicia para declarar como imputado por "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración pública". Hernández fue denunciado por el PSOE -la querella fue admitida a trámite el pasado abril-, por avalar con su firma, en su etapa de jefe de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, el certificado que daba por concluida una obra apenas empezada por una empresa en la que él mismo había sido directivo, Serycosa. La empresa, para la que Hernández había estado trabajando entre agosto de 2005 y marzo de 2006, cobró, gracias a su firma, unos 292.000 euros por haber construido una carretera, la variante del Lira, cuando estaba lejos de ser realizada. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2008. 

En su declaración ante el juez, que se prolongó durante hora y cuarto, el consejero reconoció que firmó el visado de la obra y que con esa rúbrica "el expediente se remite a Intervención para su posterior pago". Hernández declaró al juez que no sabía en qué "estado real" se encontraban las obras cuando firmó el certificado que las daba por concluidas. Admitió que entre sus funciones en la corporación provincial no figuraba "la de certificar obras, que son [competencia de] los ingenieros técnicos". Al enseñarle las fotos del estado de esa carretera cuando se dio por terminada, unos documentos aportados por el representante del PSdeG-PSOE, Hernández dijo que debía estar en "la fase de movimientos de tierra". 

Hernández se acogió a su derecho a no responder a ninguna de la veintena de preguntas que le formuló el abogado del querellante. Sin embargo, al salir de la sala del tribunal, en una escueta declaración ante los periodistas, el consejero sostuvo todo lo contrario: "Respondí a las preguntas de los magistrados, el fiscal, la acusación y los demás abogados comparecientes". Y remachó: "Mi máxima colaboración y respeto por la justicia". 

Los socialistas gallegos no tardaron en contestar. "No sólo no colaboró con la justicia sino que más bien la obstruyó al no contestar a la acusación y lo primero que hizo al salir del tribunal es mentir al afirmar que respondió a todas las preguntas de los abogados", acusó la dirigente del PSdeG Beatriz Sestayo, tras recordar el apoyo firme que el presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, expresó hacia su consejero, cuya ética defendió hace unos días. 

Feijóo está convencido de que su hombre de confianza es inocente, aunque su cuestionada actuación como cargo de la Diputación pontevedresa "no fue el episodio más brillante de su vida", admitió. El presidente de la Xunta cerró filas con Hernández y ordenó al PP, pese a que sus estatutos prevén la destitución de todo cargo cuando haya indicios de delito, que haga lo mismo. "Puedo aceptar que alguien meta la pata, lo que no toleraré es que meta la mano y Hernández es una persona competente y honrada", sostuvo Feijóo. 

(www.elpais.com, 03/07/10) 

HERNÁNDEZ ADMITE QUE VALIDÓ EL FIN DE UNA OBRA "SIN SABER SU ESTADO REAL" 

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, se esforzó ayer por aparentar cierta tranquilidad al acudir a su cita ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para declarar como imputado por "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración pública". Pero no logró evitar que se le notase tenso: sonrisa un tanto forzada ante las cámaras, escueta declaración a los periodistas pero sin responder a una sola pregunta. En mayo de 2009, cuando Hernández aún estaba en su primer mes como conselleiro, fue denunciado por el PSdeG por avalar con su firma -durante su etapa como jefe del área de Infraestructuras de la Diptacion de Pontevedra- el certificado que daba por concluida una obra apenas empezada por una empresa en la que él mismo ejerció como directivo. Sucedió en diciembre de 2008. 

En su declaración ante el juez que se prolongó durante hora y cuarto, el conselleiro reconoció que firmó el visado de la obra y que con esa rúbrica "el expediente se remite a Intervención para su posterior pago". La empresa Sercoysa, en la que el ahora conselleiro trabajó entre agosto de 2005 y marzo de 2006, cobró gracias a la certificación firmada por Hernández unos 292.000 euros por construir la variante de Lira cuando aún estaba lejos de ser concluida. 

Hernández tampoco sabía, según afirmó ante el juez, en qué "estado real" se encontraban las obras cuando firmó "el conforme tramítese". Pero también admitió que entre sus funciones, en la corporación, no figuraba "la de certificar obras, que son [competencia de] los ingenieros técnicos". Es el cargo que ocupa en la Diputación pontevedresa Baltasar Pujales, quien también declaró ayer como imputado. 

El responsable de Medio Ambiente de la Xunta se acogió a su derecho a no responder a ninguna de la veintena de preguntas que le formuló el abogado del querellante. Sin embargo, al salir de la sala del tribunal, en una escueta declaración ante los periodistas, el conselleiro sostuvo todo lo contrario: "Respondí a las preguntas de los magistrados, el fiscal, la acusación y los demás abogados comparecientes", aseguró.Ante la prensa, remachó el conselleiro: "Mi máxima colaboración y respeto por la Justicia". "Ahora me voy a trabajar que tengo muchas labores que hacer", añadió en un intento de restar importancia a una imputación que hace días ya advirtió que no le dedicaría "ni un minuto". 

Cuando concluyó la declaración, los socialistas criticaron la actitud de Hernández, al que culparon de "ocultar algo". "No sólo no colaboró con la Justicia sino que más bien la obstruyó al no contestar a la acusación y lo primero que hizo al salir del tribunal es mentir al afirmar que respondió a todas las preguntas de los abogados", acusó la dirigente del PSdeG Beatriz Sestayo. La diputada recordó el apoyo firme que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresó hacia su conselleiro, cuya ética defiende desde que estalló este caso. 

El jefe del Ejecutivo gallego repite en público y en privado que su hombre de confianza "nunca metió la mano" aunque admite que el salto de Hernández de la Xunta de Fraga a la direccion de las empresas a las que él mismo había adjudicado proyectos "no fue el episodio más brillante de su vida". Con todo, Feijóo le mantiene su apoyo y ha ordenado al PP cerrar filas con su conselleiro, pese a que los estatutos y el código ético del partido prevén la destitución de todo cargo cuando un juez vea indicios de delito. "Puedo aceptar que alguien meta la pata, lo que no toleraré es que meta la mano y Hernández es una persona competente y honrada", sostiene cada vez que se le pregunta el presidente gallego. 

A preguntas del fiscal, ante la sala segunda del Tribunal Superior que decidirá si es procesado o no por esta causa, el conselleiro insistió en descargar cualquier responsabilidad en los hechos denunciados y desviarla hacia el otro imputado, el ingeniero del departamento de Vías y Obras de la Diputación de Pontevedra, Baltasar Pujales. Hernández afirmó que su labor, como responsable de Infraestructuras del organismo provincial entre 2008 y 2009 -lo dejó justo antes de ser nombrado conselleiro-, era de "supervisión, coordinación y gestión de una red muy amplia". "Cada zona tiene su responsable y no entraba dentro de los asuntos concretos de cada zona", alegó. Y cuando firmó el conforme de la obra, no examinó los folios del expediente, reconoció. Ni intervino "para nada en la obra", ni sabía su "estado real" cuando avaló con su firma la certificación del ingeniero que la daba por concluida. Al enseñarle las fotos del estado de la carretera que apenas estaba en obras cuando se dio por terminada, unos documentos aportados por el PSdeG, Hernández dijo que debía estar en "fase de movimientos de tierra". 

Más larga fue la declaración ante el juez del otro imputado en la causa, el ingeniero de la Diputación Baltasar Pujales. Durante una hora y 45 minutos, él sí respondió a las preguntas de todas las partes. 

(www.elpais.com, 03/07/10) 

EL PP CALIFICA LA IRREGULARIDAD DE "PRÁCTICA HABITUAL" PARA NO PERDER AYUDAS EUROPEAS 

Cinco testigos, entre ellos el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán (PP), están llamados a declarar entre el martes y el miércoles en la sala segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ésta deberá decidir el procesamiento o archivo de la denuncia contra el conselleiro de Medio Ambiente y un ingeniero del ente provincial por certificar y pagar una obra inacabada. En cuanto el PSdeG formuló la querella que tramita el tribunal dada la condición de aforado de Agustín Hernández, desde el organismo provincial se atribuyeron los hechos denunciados al afán de apurar procesos burocráticos para no perder la subvención de la Unión Europea para la construcción de una carretera denominada variante de Lira. 

En el PP, aseguran que esta irregularidad se comete con frecuencia en las administraciones públicas. Y tacha de política la querella de los socialistas contra el conselleiro por avalar, cuando era director de Infraestructuras del organismo provincial, la certificación de que la obra estaba acabada pese a que su finalización estaba lejos. 

Un portavoz de la Diputación afirmó hace meses que la obra cuestionada sufrió un importante retraso al demorarse los imprescindibles permisos de la Confederación Hidrográfica del Norte para talar los árboles y sortear las aguas que requería la construcción de esa variante situada en el municipio de Salvaterra do Miño. El alcalde de esa localidad y el secretario del ayuntamiento también están citados a declarar el miércoles como testigos. Otros dos cargos de la Diputación comparecerán ante el magistrado del alto tribunal el martes. 

Los socialistas llevan meses exigiendo el cese inmediato del conselleiro Hernández por considerar "intolerable" que siga al frente del departamento de Infraestruturas de la Xunta cuando en su anterior cargo, como responsable de la misma área de la Diputación de Pontevedra, "avaló como terminada una obra inacabada que fue adjudicada a una empresa con la que estuvo vinculado laboralmente". 

(www.elpais.com, 03/07/10)

FEIJÓO APOYARÁ A HERNÁNDEZ HASTA EL FINAL PORQUE "NUNCA HA METIDO LA MANO" 

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, llevará hasta el final su respaldo al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que mañana tendrá que declarar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, imputado por certificar en falso una obra inacabada.  

El presidente está convencido de que su hombre de confianza "nunca metió la mano" y ha dado órdenes a su partido de cerrar filas y defender al conselleiro, una apuesta personal de Feijóo, que hace año y medio dejó en manos de Hernández tres de las carteras del bipartito: medio ambiente, infraestruturas y vivienda. Y eso que por aquel entonces, en vísperas de formar gobierno, ya se sabía del polémico tránsito del sector público al privado de Hernández, que saltó de la Xunta de Fraga a la constructora pontevedresa Sercoysa, a la que había adjudicado obras desde la Consellería de Política Territorial. 

Fue en su regreso a las instituciones, como responsable de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, cuando Hernández certificó el final de obra de una carretera -que debía construir precisamente Sercoysa- que apenas se había comenzado a construir. Esos hechos, denunciados por el BNG de Salvaterra y que los socialistas llevaron a los tribunales, son los que han propiciado la imputación de Hernández. Feijóo ya le mostro el apoyo hace un año, cuando, pese a admitir que "no fue el episodio más brillante de su vida", avaló su nombramiento.  

Tanto entonces como ahora el razonamiento del presidente es el mismo: "Puedo aceptar que alguien meta la pata, lo que no toleraré es que meta la mano y Hernández es una persona competente y honrada". Ese argumento lo repite en público y en privado. Todo el PP sabe que antes, ahora y después de que se pronuncie el tribunal, el conselleiro de Medio Ambiente cuenta con el favor del presidente. 

De ahí que Feijóo haya decidido unir su destino al del hombre que dirige la cartera más inversora de la Xunta. Su discurso tiene poco que ver con el que esgrimía en la oposición. Bastó que el juez decano de Santiago imputase a cuatro altos cargos de la Consellería de Política Territorial del bipartito para que el líder del PP pidiera entonces la dimisión de la mujer que dirigía aquel departamento, la socialista María José Caride, a quien los populares llamaban entonces "becaria" de Emilio Pérez Touriño. Aquel mensaje que repitió en cada mitin durante la campaña de las generales de 2008, llevó a Feijóo a concluir que Caride no podía seguir al frente de una consellería "repleta de imputados". 

Ahora el imputado es el propio conselleiro pero Feijóo ha dedidido dejar en el cajón el código ético del partido, incorporado a los estatutos y que obliga al PP a autoexigirse responsabilidades políticas "cuando de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito". Los mismos que ha observado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en el comportamiento de Hernández y que, según los estatutos del partido, obligarían a Feijóo a apartar temporalmente al conselleiro de sus actuales responsabilidades. 

Ese códido ético es la mayoría de veces papel mojado: el PP gallego nunca se lo ha aplicado a la media docena de alcaldes y cargos públicos imputados o condenados en primera instancia, igual que la dirección nacional obvia cualquier medida contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado por todos los delitos que el Codigo Penal atribuye a un funcionario. 

(www.elpais.com,  01/07/10)

UN CONSELLEIRO DE FEIJÓO, IMPUTADO POR FALSEDAD 

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la Xunta de Galicia, Agustín Hernández, deberá rendir cuentas a la Justicia. El alto cargo de Alberto Núñez Feijóo tendrá que declarar el viernes como imputado por haber certificado la conclusión de unas obras viarias que en realidad no habían sido acabadas. Se trata de trabajos pendientes, por valor de 800.000 euros, en Pontevedra, a los que dio el visto bueno durante su etapa como responsable de Infraestructuras de la Diputación provincial. Las obras fueron adjudicadas a una empresa constructora, a la que Hernández había estado vinculado laboralmente con anterioridad.  

La citación judicial se produce a raíz de la denuncia presentada el año pasado por el PSdeG-PSOE ante la Audiencia de Pontevedra, que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dada la condición de aforado del conselleiro. En abril, el alto tribunal gallego admitió a trámite la querella y acordó incoar un sumario ante los delitos denunciados de "falsedad en documento oficial, estafa y/o fraude a la Administración Pública" de los que ahora deberá dar cuenta. 

"Respetamos la autonomía judicial", se limitó a manifestar ayer un portavoz del departamento que dirige Agustín Hernández. "El juez no le imputa ningún delito. Simplemente ha abierto diligencias previas ante la denuncia presentada por el PSOE", insistieron las mismas fuentes.  

Atrás quedan los tiempos en los que Feijóo pedía "perdón en nombre de la política" por los supuestos actos reprochables del Gobierno bipartito de socialistas y nacionalistas, en la pasada legislatura.  

Aunque el presidente evitó referirse ayer a la imputación de su máximo responsable deInfraestruturas, hace tan sólo unos meses, al saltar la noticia de la falsa certificación de las obras, el mandatario gallego se limitó a aseverar que no se trataba "de la actuación más brillante" de Hernández.  

Ni una sola referencia al código ético del PP, que compromete a sus militantes a "no dedicarse a actividades de gestión, asesoramiento o mediación que puedan tener la más mínima relación con el objeto de las competencias que por su cargo le están encomendadas". Son las mismas normas que exigen "responsabilidades políticas cuando de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".  

En su descargo, Agustín Hernández justificó en su momento que constituye una "práctica habitual" la certificación de obras que todavía no han sido rematadas "para cumplir con el plazo para recibir una subvención". 

Es el mismo argumento empleado entonces por la Diputación de Pontevedra, feudo tradicional del PP. Según el organismo provincial, la obra se había complicado por "problemas burocráticos" y el proceso de certificación ahora en tela de juicio fue realizado para no perder los fondos de la UE con los que se sufragaba la carretera. 

Desde las filas socialistas, el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, exigió a Núñez Feijóo el cese del conselleiro imputado. "Es intolerable que siga al frente de la consellería", aseveró. "Los antecedentes de Hernández [que adjudicó las obras de la llamada autovía de la Costa de A Morte por un sobreprecio de casi 400 millones, según informó Público] deberían obligar al presidente de la Xunta a tomar una decisión lo más contundente posible", reclamó.  

El líder del PP gallego reclamó al Ejecutivo bipartito de Emilio Pérez Touriño que cesase a la entonces responsable de Infraestruturas, la socialista María José Caride, porque un juez había aceptado a trámite una querella del PP.  

Con las elecciones, cambió el Gobierno y la actitud de Feijóo. Sólo en la provincia de Pontevedra, en Gondomar, Tui y Portas, hay al menos tres alcaldes implicados por diferentes delitos. Ni rastro de la "regeneración democrática" tan reiterada antes por Feijóo.  

Carlos Silva, alcalde de Gondomar, está condenado por prevaricación a 18 meses de cárcel y 8 de inhabilitación. Feliciano Fernández, regidor de Tui, está imputado por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. El de Portas, Roberto Vázquez, está inhabilitado por emplear empresas familiares como intermediarias para contratos públicos. Los tres continúan en sus puestos.   

(www.publico.es, 29/06/10)

Feijóo defiende el certificado falso de obras como "práctica administrativa"

Louzán avala a Hernández y dice que sus técnicos atendieron al "interés general"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, siente una "tranquilidad absoluta" ante el anuncio de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) investigará la denuncia del PSdeG contra el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, por estafa, fraude a la Administración y falsificación de documentos. "Lo que se hizo es una práctica administrativa hecha en otras administraciones públicas y avalada por avales y garantías", defendió ayer Feijóo. El presidente de la Diputación de Pontevedra, en la que trabajaba Hernández cuando visó el fin de una obra recién iniciada, defendió la actuación del conselleiro y sus técnicos, de los que asegura que actuaron "siempre atendiendo al interés general", informa Europa Press.

De viaje oficial en León, Hernández únicamente dijo que profesa el "máximo respeto a la justicia", mientras que Feijóo descartó suspender su capacidad para firmar contratos públicos hasta que se resuelva el caso, en contra de lo que reclamó el PSOE. "Es una propuesta que excede cualquier planteamiento coherente de respeto", opinó, e insistió en defender el proceder de su conselleiro: "Las prácticas administrativas que están en cuestión van a ser dilucidadas. Gobiernos del PSOE hicieron las mismas prácticas sin responsabilidad siquiera administrativa", sostuvo. El TSXG analiza ahora si los hechos pueden constituir delito, cuestión sobre la que el fiscal todavía no se ha pronunciado.

Hernández certificó el final de la construcción de la variante de Lira en Salvaterra con el fin de no perder ayudas europeas. El conselleiro había estado con anterioridad a sueldo de la empresa a la que se encargaron los trabajos.

www.elpais.es 17.04.10

Una juez pide al Tribunal Superior que investigue al conselleiro Hernández

El juzgado de Pontevedra aprecia indicios de un delito de falsedad documental

La querella del PSOE contra el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, sigue su curso judicial. Acusado por los socialistas de falsedad documental, estafa y fraude a la Administración por certificar el fin de una obra recién empezada cuando trabajaba en la Diputación de Pontevedra, el Juzgado número 1 de Pontevedra se ha inhibido ahora en favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), encargado de juzgar a los aforados del Gobierno y el Parlamento autónomos.

Hernández certificó el fin de una obra de la empresa Sercoysa -de la que previamente había sido apoderado y director de construcción- cuando era director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra. El trabajo en cuestión, la construcción de la variante de Lira en Salvaterra, apenas había empezado a acometerse cuando el ahora conselleiro lo dio por finalizado.

Aunque el auto dictado el pasado día 12 no entra en consideraciones de fondo sobre los hechos, fuentes judiciales consultadas explican que de él se deduce que la juez Aránzazu Fernández, al elevar el asunto al Tribunal Supeior, ha apreciado indicios de delito, ya que de otro modo debería archivar las diligencias.

La resolución también atañe al otro implicado, el ingeniero y director de la obra en cuestión, Baltasar Pujales. Éste no es aforado, pero la juez lo somete igualmente al TSXG para no romper la unidad de las actuaciones. Esto reforzaría la impresión de que existen indicios de ilícito penal. El auto llega casi cinco meses después de que se rechazase el recurso de Hernández contra la admisión a trámite de la querella del PSOE.La resolución, que ocupa un folio y medio, da cuenta de las leyes -el Estatuto de Autonomía de Galicia y la Ley Orgánica del Poder Judicial- que obligan a remitir el caso al TSXG, ambas relativas al estatuto de aforado del conselleiro. La juez, no obstante, se refiere a Hernández como "miembro del Parlamento", si bien no es diputado.

Además, aunque admite que Pujales no goza de la protección del fuero, entiende, apoyándose en una excepción a la regla general que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que también el TSXG debe encargarse de su caso porque los investigados podrían ser responsables del delito al mismo nivel. "No es obstáculo a este respecto que el co-querellado carezca de la condición de aforado, dado que a ambos se les imputa la coautoría en unos mismos delitos de falsedad en documento público y estafa", explica la juez.

Cuando el caso se hizo público, en mayo de 2009,

tanto el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, salieron en defensa de Hernández. "Se cumplió estrictamente la ley, hablamos de una certificación de obra avalada por la empresa adjudicataria que no produce ningún efecto a la hacienda pública", subrayó entonces Feijóo. Hernández, por su parte, se defendió alegando que su proceder era habitual en los trámites administrativos para no perder una subvención del Estad

o, que cubrió la mitad de los casi 400.000 euros en que estaba presupuestada la obra.

Este "intolerable aire de normalidad", según palabras del secretario general de los socialistas de Pontevedra, Modesto Pose, llevó al partido a presentar la querella. Pose llegó a afirmar que la extensión del comportamiento de Hernández podría acabar con el Estado de Derecho.

Episodio polémico

El caso de la certificación de subvenciones no fue el primer episodio controvertido en que se vio envuelto el conselleiro de Medio Ambiente.Hernández había llegado a Sercoysa escasos meses después de cesar como director general de Obras Públicas, cargo que había ocupado hasta que el bipartito llegó a la Xunta, en 2005. Este rápido paso del sector público al privado y sus implicaciones respecto a la ley de incompatibilidades también fue objeto de polémica cuando se conoció en abril de 2009, en pleno traspaso de poderes entre el bipartito y el Gobierno de Núñez Feijóo.

www.elpais.es 20.02.10

La juez ve indicios de un delito de falsedad en la certificación que avaló Hernández

El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra acaba de asestar el primer revés al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, a quien el PSOE de Pontevedra acusó de certificar a su ex empresa desde la Diputación de Pontevedra el final de una obra apenas empezada. En una providencia firmada el pasado 18 de septiembre, la juez desestima el recurso interpuesto por el propio Hernández y el ingeniero de Obras de la Diputación de Pontevedra Baltasar Pujales, contra el auto de admisión a trámite de la querella que en su día presentaron los socialistas. La magistrada desecha los argumentos de los querellados y señala que los "hechos relatados pueden constituir un delito de falsedad".

Se queda ahí, sin entrar a juzgar en profundidad del asunto, esto es, si ambos cargos entonces de la Diputación de Pontevedra cometieron "dolo falsario" -premeditación y mala fe- en el acto jurídico o "si concurre o no una causa de justificación", ya que ése será el objeto de las diligencias que ahora se abren.

El hecho al que se refiere la denuncia es la certificación del final de obra en la variante de Lira a la empresa Sercoysa, a la que Hernández se incorporó como directivo cuando la Xunta de Fraga perdió el poder en 2005. En la providencia la juez recuerda además que de momento no ha practicado ninguna prueba, ni siquiera ha tomado declaración a los querellados, y defiende su competencia para seguir el caso, si bien deja abierta la puerta a que en el futuro podría inhibirse en favor del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dada la condición de aforado de Hernández, que se deriva del cargo público que ocupa en el Gobierno gallego.

En el recurso que ahora desestima el juzgado, Hernández alegó que se limitó a "visar" el documento, porque él "tenía atribuida la misión de visar certificaciones de Obra en la Diputación de Pontevedra". El ingeniero Pujales que dependía de él, aseguró en su descargo, que la certificación falsa trató de salvar la colisión de intereses y optó por el bien mayor: salvar una ayuda del Gobierno central.

www.elpais.es 24.09.09

Louzán oculta el expediente de la obra certificada en falso

El presidente de la Diputación Provincial de Pontevedra, Rafael Louzán, está impidiendo la consulta del expediente de la obra "variante de acceso a Lira", certificada en falso con las firmas de su director, Baltasar Pujales, y el ex director de Infraestructuras de la Diputación, Agustín Hernández, actual conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. El Grupo Socialista de la Diputación solicitó formalmente el expediente a Louzán la semana pasada. Ayer se cumplieron los cinco días que marca la Ley de Régimen Local para que autorizara o denegara el acceso solicitado: Louzán no se pronunció en ningún sentido, pero el expediente siguió inaccesible para los diputados. El presidente de la Diputación lo mantiene bajo su tutela desde que el BNG denunció las presuntas irregularidades.

"Es un elemento más en los intentos del PP de ocultación de ese expediente concreto y, desde luego, alienta las sospechas de que en él hay gato encerrado", afirmó ayer el secretario provincial del PSdeG, Modesto Pose. Los diputados, recordó, tienen derecho de acceso a todos los expedientes y los socialistas consideran ya la opción de acudir a los tribunales si el presidente de la Diputación persiste en negarles la consulta.

Hernández, como director de Infraestructuras de la Diputación, firmó en diciembre pasado el conforme en la certificación de la obra de la variante de Lira, en Salvaterra de Miño, "para no perder la subvención" (50%) del Ministerio de Administraciones Públicas, que ya había concedido dos prórrogas, hasta 31 de diciembre de 2008, para acabar la obra. Con esa certificación y la presentación de unos avales, la adjudicataria de la obra, Sercoysa, empresa de la que Hernández fue director de construcción y apoderado antes de ocupar su cargo en la Diputación, pudo cobrar 331.000 euros pese a que la obra apenas está iniciada.

Desde el PP se ha insistido en que el procedimiento administrativo fue "correcto" y "habitual" en todas las administraciones para no perder subvenciones. El propio Louzán, para ilustrarlo, señaló dos casos análogos de los ayuntamientos de Cangas y Pontevedra, los cuales, sin embargo, resultan poco afortunados para subrayar la "normalidad" del procedimiento de Salvaterra.

Contradictorio

En Pontevedra, con subvención de la Consellería de Vivenda, el Ayuntamiento adjudicó unas obras en el entorno de Santa María por 2,3 millones de euros y dos días después, en diciembre de 2006, se certificó un acopio de materiales que permitió a la adjudicataria cobrar 801.000 euros. La operación, según fuentes municipales, fue "absolutamente legal" y lo certificado se situó dentro del porcentaje permitido sobre el importe de la obra.

En Cangas, el asunto está judializado por demanda de todos los concejales del PP, lo que contradice el criterio de "práctica habitual" que el partido aplica al caso de Salvaterra. En Cangas se certificó en diciembre pasado la primera fase (movimiento de tierras y canalización: 30.000 euros) de una pista de skate presupuestada en 104.000 euros, con subvención bianual de la Consellería de Cultura. Los concejales del PP no vieron máquinas que hicieran el movimiento de tierras y el 13 de abril la técnica que certificó la obra prestó declaración ante el fiscal. La pista está ya construida del todo.

www.elpais.es 13.05.09

FEIJÓO DEFIENDE COMO "LEGAL" LA CERTIFICACIÓN FALSA DE HERNÁNDEZ 

Es su hombre para las infraestructuras. Así que la estrategia consiste en esperar a que escampen los escándalos que salpican -desde antes incluso de ser nombrado- al conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández. La defensa que hizo Alberto Núñez Feijóo de su mano derecha para obras públicas, fue ayer menos cerrada que cuando estalló el caso de las supuestas incompatibilidades derivadas de su trasiego desde la Xunta a los cuadros directivos de las empresas con las que había contratado. 

El presidente de la Xunta señaló primero al técnico director de obra de la variante de Lira (Salvaterra), cuando se le preguntó por la certificación falsa avalada por Hernández que dio por concluida una obra que la antigua empresa en la que trabajó el conselleiro apenas había comenzado. Luego se escudó en el informe de intervención de la Diputación de Pontevedra. Y al final acabó cargando contra el BNG, autor de la denuncia, por haber certificado "en 48 horas" también infraestructuras sin acabar desde el gobierno local de Pontevedra. 

Sin entrar a juzgar si esta práctica es "habitual", como alegó Hernández en su descargo, Feijóo, conselleiro de Obras Públicas en el último Gobierno de Fraga, apeló al servicio de intervención de la Diputación de Pontevedra para calificar como "legal" la tramitación administrativa de esta obra pública. "Se cumplió estrictamente la ley, hablamos de una certificación de obra avalada por la empresa adjudicataria que no produce ningún efecto a la hacienda pública", subrayó. 

Desde que tomó posesión, Feijóo va aparcando su rigurosa doctrina de campaña sobre la regeneración democrática. Sus contradicciones resultaron ayer evidentes. En el caso de la carretera de la Diputación de Pontevedra, rebajó la responsabilidad hasta el director de obra de la infraestructura en cuestión. Pero cuando se le preguntó acerca del sobreseimiento de la querella del PP contra la Consellería de Política Territorial anterio, por la adjudicación de la autovía del Barbanza, se alegró "profundamente de que los funcionarios fuesen absueltos" y apeló a las responsabilidades de su superior orgánica, la ex conselleira María José Caride, a quien culpó "del encarecimiento de la autovía". 

En su ataque contra Caride, el presidente de la Xunta se valió de otro requiebro dialéctico. Su argumento partió del "máximo respeto a las decisiones judiciales" para concluir que "hay delitos que no se pueden probar". Así justificó la insistencia de las críticas del PP al bipartito, aun después de que el juez que investigó la querella determinase que ésta "no puede estar más huérfana de trascedencia penal".  

Como reza el argumentario del PP, el presidente de la Xunta se aferró a dos términos presentes en el auto, que califican como "chocante y sorprendente" la decisión de la Mesa de Contratación de pedir un segundo informe para valorar las ofertas de las empresas que optaban a construir la vía del Barbanza. Sobre esas dos palabras se asienta la ofensiva póstuma del PP contra el bipartito. 

(www.elpais.com, 06/05/09)

Hernández considera "práctica habitual" los falsos fin de obra

Para el PSdeG es "indefendible" que el conselleiro siga en la Xunta

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, considera una "práctica habitual" de todas las administraciones públicas la certificación de obras inacabadas "cuando es necesario cumplir el plazo para cobrar una subvención", como habría sucedido, según él, en el caso de la variante de Lira, en Salvaterra de Miño, que la Diputación Provincial de Pontevedra certificó como acabada con su firma y la del director de la obra, cuando apenas se ha iniciado el movimiento de tierras. Pese a ello, Sercoysa, empresa en la que trabajó el conselleiro, cobró de la Diputación 331.629 euros por la obra terminada. Hernández insistió ayer en negar que él hubiera certificado nada y desplazó las responsabilidades al director de la obra, Baltasar Pujales Estévez. El PSdeG considera "indefendible" que siga en la Xunta.

"Es un mecanismo habitual para no perder una subvención", reiteró ayer el conselleiro, tras la ceremonia en la que dio posesión de sus cargos a la nueva directora general de Infraestructuras, Isabel Vila, y del Instituto Galego de Vivenda e Solo, Antonio José Boné. "Mi recorrido profesional es conocido, no está escondido por ningún tipo de sombras. Trabajé en Sercoysa, pero la obra

fue adjudicada cuando yo ya no estaba en la empresa ni en la Diputación", afirmó el conselleiro.

La obra, según las fechas que figuran en la propia certificación, fue adjudicada el 27 de octubre de 2006 y Sercoysa ha atribuido a "un error" que Hernández figurara en el Registro Mercantil como su apoderado hasta el 4 de enero de 2008. La construcción del vial tenía que estar concluida en 2007, pero la Diputación de Pontevedra solicitó al Ministerio de Administraciones Públicas una prórroga de un año, que le fue concedida. Podía haber solicitado otra prórroga, según expuso el BNG, denunciante del caso, pero en lugar de hacerlo, liquidó el contrato con Sercoysa falseando el fin de obra. "Yo no firmaba certificaciones, sino el conforme para que pudiera seguir el procedimiento administrativo", precisó.

La certificación de que la obra había sido realizada es una competencia del director de la misma, Baltasar Pujales, quien lo hizo, según Hernández, tras solicitar a la contratista Sercoysa la garantía de un aval por la cantidad que iba a recibir aunque el proyecto no estuviera ejecutado.Agustín Hernández no pudo precisar si en la fecha en que firmó la certificación de la obra como director de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, 19 de diciembre de 2008, ya obraba en la Diputación el aval de Sercoysa. "Entiendo que es así, pero esa verificación le correspondía al director de la obra", señaló.

El conselleiro tampoco aportó más luz sobre los motivos que determinaron a certificar la obra y pagarla en lugar de solicitar una segunda prórroga al Ministerio de Administraciones Públicas, que subvencionaba el 50% de la misma. "Yo entendí que estábamos en un último período y que concluían los plazos. Habrá que preguntar al director de obra si había posibilidad de solicitar otra prórroga y, si la había, por qué no se hizo", adujo Hernández.

La obra se fue retrasando, según expuso el conselleiro, porque faltaba un permiso de la Confederación Hidrográfica para continuarla. Adjudicada en 2006, la certificación señala que fue ejecutada entre el 1 y el 19 de diciembre de 2008 por valor de los citados 331.629 euros, que se suman a otros 60.235 de "obra ejecutada anteriormente" y sin que quede nada de "obra pendiente de ejecutar".

"Este tipo de certificaciones de obras es una práctica habitual, no es ni anómala ni irregular, sino un mecanismo que suele hacerse a finales de año para cumplir anualidades y conseguir que una subvención no se pierda", resumió el conselleiro, que invitó a socialistas y nacionalistas a ir a los tribunales "si piensan que hubo ilegalidad".

Por un caso análogo, certificar en falso la construcción de un camping que había recibido subvención de fondos europeos, están procesados los alcaldes de O Covelo y A Cañiza, José Costa y César Mera, respectivamente, para quienes la Fiscalía de Pontevedra pide cuatro años de prisión por los delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos. Ambos regidores alegaron, igual que ahora el conselleiro, que habían firmado las certificaciones para poder cobrar las ayudas europeas.

Tanto BNG como PSdeG han blandido la posibilidad de llevar a los tribunales el caso de la variante de Lira, aunque por el momento optan por agotar la vía política, singularmente en el seno de una comisión parlamentaria de investigación, para esclarecer las presuntas incompatibilidades en que Hernández pudo incurrir al trabajar en la Administración y posteriormente en empresas a las que adjudicó obras como cargo público.

El portavoz del área institucional del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, consideró ayer "indefendible" que Hernández siga en su puesto. La variante de Lira, dijo, "prueba" su manera de concebir la gestión y "choca frontalmente con los anuncios" de Alberto Núñez Feijóo en su discurso de investidura. Por su parte, el portavoz parlamentario socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, admitió "el valor" del conselleiro al hacer ayer "un reconocimiento expreso de su culpabilidad".

www.elpais.es 03.05.09

La oposición pide al conselleiro que "se marche" por certificar una obra inacabada

Las actuaciones políticas y empresariales del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, que certificó una obra inacabada a favor de la empresa Sercoysa en la que trabajó, podría meter al recién estrenado Gobierno de Núñez Feijóo en su primer problema judicial. El secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, reclamó ayer responsabilidades políticas al conselleiro. "Si es cierto lo último que se ha publicado [que como responsable de Infraestructuras de la Diputación de Pontevedra firmó una certificación falsa a la empresa de la que fue director de construcción y apoderado] se trata, por lo menos, de falsificación; estamos ante un elemento decisivo para que este señor tenga que marcharse", sentenció.

El PSdeG está dispuesto a agotar la vía administrativa y política en la reclamación de responsabilidades al conselleiro, pero advierte que si éste no las asume, recurrirá, como estudia el BNG, a la vía judicial. "Estamos hablando de algo muy serio: el responsable de medio Gobierno gallego tiene un currículo que hace palidecer a cualquiera, así que llevaremos este asunto a las últimas consecuencias", destacó.

"Es difícil acumular en tan poco tiempo tantos problemas", señala Vázquez en alusión a la nueva Xunta. "A lo de Hernández hay que añadir el dato, que contrastaremos rápidamente, de que el también conselleiro Alfonso Rueda ha estado desempeñando el cargo de asesor político del presidente de la Diputación de Pontevedra". El organismo provincial controlado por el PP defiende que fue "correcto" que Agustín Hernández certificara el final de una obra que no se llegó a ejecutar.Aunque Vázquez se muestra dispuesto a "dar un tiempo prudencial para que esto se aclare", destaca ya que el de Feijóo es "un Gobierno débil y que genera gran desconfianza a los gallegos". Los socialistas no tienen ya dudas de que en el PP de Feijóo "todo empieza y acaba en Hernández". Vázquez destaca que fue el conselleiro quien firmó, como técnico independiente, aunque a sueldo de la Diputación de Pontevedra, la querella del PP, archivada ahora por el juez, contra la adjudicación por el bipartito de la autovía del Barbanza. "Él es quien está detrás de la campaña de infamias, acusaciones y calumnias" contra el ex presidente Touriño y la ex conselleira María José Caride.

Respecto a la actuación del conselleiro de Medio Ambiente en relación con la variante de Lira en Ponteareas, fuentes de la Diputación Provincial de Pontevedra precisaron ayer que la certificación del final de los trabajos que firmaron Agustín Hernández Fernández de Rojas como director de Infraestructuras y Baltasar Pujales Estévez como director de la obra responde a un "procedimiento administrativo correcto", pese a que el vial al que se refiere tal certificación -una variante de acceso a la parroquia de Lira, en Salvaterra de Miño- apenas está empezada. Sercoysa, según estas fuentes, habría depositado un aval bancario por el mismo importe que cobró el pasado mes de marzo a la Diputación, 331.629 euros, de manera que si finalmente no realiza la obra, la Diputación podría ejecutar el aval y recuperar las fondos ya librados.

Esta práctica es "habitual en otras administraciones", según las mismas fuentes, que aseguran que el citado aval está incorporado al expediente de la obra,contra lo que afirma Gabriel Martínez, diputado del BNG, que no halló rastro del aval en su consulta del expediente.

Tras conocer el caso de la certificación falsa firmada por el conselleiro de Medio Ambiente hace apenas un mes, los socialistas gallegos aprovecharon ayer para alertar contra las "continuas mentiras" del nuevo Gobierno gallego y su pretendido ahorro de 15 millones de euros en la legislatura por la supresión de los delegados provinciales. "Feijóo coloca comisarios políticos para hacer contrapoder y control social como en otras épocas, algo que no pensamos consentirle y, además, mantiene el mismo gasto de delegados, ya que cada delegación provincial tendrá personas con rango de subdirector general, nivel 30 y los mismos coches oficiales: no se ahorra un solo duro".

El recién elegido secretario general de los socialistas gallegos sostiene, además, que "donde quitaron consellerías pusieron directores generales, que cobran apenas 500 euros menos y tienen las mismas prerrogativas de gabinetes y coches oficiales". "Todo es una gran mentira", afirma Vázquez, que arremete además contra "la demagogia electoral" de Feijóo respecto a la política lingüística. "Ahora Feijóo es presidente y tiene que cuadrar en el mismo círculo la legalidad y la demagogia y eso no le cabe en el mismo saco", apostilla.

Certificación ordinaria que falsea el fin de obra

La variante de acceso a la parroquia de Lira, en Salvaterra de Miño, adjudicada a Sercoysa en 2006, cuando Agustín Hernández figuraba como su apoderado y dos meses antes de que se incorporara a la Diputación de Pontevedra, se habría construido entre el 1 y el 19 de diciembre de 2008, según certifica el director de la obra, Baltasar Pujales Estévez con el conforme de Hernández. "El importe de las obras ejecutadas" entre esas fechas, "de acuerdo con el proyecto y el contrato formalizado", asciende a 331.629 euros, que es la cantidad que se certifica para su abono a Sercoysa.

No obstante, en la misma certificación el comienzo de la obra se data el 30 de septiembre de 2008 y la finalización el 30 de diciembre. Las obras teóricamente ejecutadas antes del 1 de diciembre se valoran en 60.235 euros, una cantidad que completa el total del presupuesto de adjudicación (391.864 euros) pero que no consta como pagada. Unicamente aparece el pago de los 331.629 euros financiados por el Ministerio de Administraciones Públicas y la propia Diputación, al 50%. La misma certificación asegura que no hay obra pendiente de ejecutar, pese a la clamorosa evidencia de que apenas hay obra ejecutada.

www.elpais.es 02.05.09

Hernández firmó una certificación falsa a favor de su antigua empresa

El conselleiro dio por concluidas unas obras que apenas si han comenzado

Agustín Hernández, conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, certificó como responsable de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Pontevedra el final de obra de una carretera de acceso a Lira, una parroquia de Salvaterra de Miño, que apenas si ha comenzado a construirse. No obstante, la Diputación de Pontevedra pagó el pasado 17 de marzo 331.629 euros a Sercoysa, adjudicataria de la obra y empresa de la que Hernández fue director de construcción y apoderado. El diputado provincial del BNG, Gabriel Martínez, lo presentó ayer como un caso de "grave falsedad" en documento público que implica, además de al conselleiro, al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, y al alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, como los anteriores, del PP.

La dirección del BNG se plantea presentar denuncia en el juzgado

La obra, con la denominación oficial E.P. 4102 Variante de acceso a Lira (Salvaterra de Miño), fue solicitada por el Ayuntamiento de Salvaterra e incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2006, con financiación del Estado. Fue licitada por 458.000 euros y adjudicada a Sercoysa por 391.864 euros. El plazo para concluirla acabó en diciembre de 2007, pero la Diputación solicitó una prórroga de un año que le fue concedida.

Un año después, la obra seguía paralizada: tan sólo se han ejecutado unos desmontes y allanamiento de tierras. Pese a ello, desde la Diputación Provincial, con el visto bueno de su presidente, Rafael Louzán; de Agustín Hernández, en tanto que jefe de Infraestructuras del organismo provincial, y de Baltasar Pujales Estévez como director de la obra, el 19 de diciembre de 2008 se certificó el final de la obra "para engañar al Estado y pagar a la empresa Sercoysa", apuntó ayer Gabriel Martínez.

Consecuentemente con esa certificación, la Diputación Provincial pagó el pasado 17 de marzo 331.629,24 euros a Sercoysa.

Fuentes próximas al conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras precisaron ayer a este periódico, en relación con el asunto, que a Hernández, en su condición de director de Infraestructuras de la Diputación, no le correspondía "certificar" el final de ninguna obra -competencia del director, Baltasar Pujales-, sino que "meramente daba el conforme como un trámite de control administrativo".

La obra no pudo hacerse antes, desde que fue aprobada en 2006, porque estaba pendiente de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Noroeste, según las mismas fuentes, que también señalaron que "hubo que certificar" el final de la obra porque se acababa el plazo y se perdía la financiación del Estado comprometida.

Los diputados Henrique Viéitez, autonómico, y Olaia Fernández Davila, en el Congreso, que acompañaron ayer a Gabriel Martínez, señalaron, sin embargo, que la Diputación Provincial pudo solicitar una segunda prórroga para ejecutar la construcción de la variante, antes que certificar en falso su conclusión.

Este asunto, según Viéitez, refuerza la necesidad de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre las actividades del conselleiro Hernández en la Administración y en las empresas que le dieron empleo. Olaia Fernández también interpelará al Gobierno sobre este tema. La posibilidad de llevarlo al juzgado, por los presuntos delitos que implica, será una decisión del BNG como organización, según indicaron.

www.elpais.es 01.05.09

El conselleiro fue director de construcción y apoderado de la empresa beneficiada

Agustín Hernández fue director general de Obras Públicas de la Xunta entre 1998 y 2005, primero a las órdenes del fallecido Xosé Cuiña, y durante los dos últimos años, bajo el mando de Alberto Núñez Feijóo. Unas semanas después de abandonar la Xunta -cuando el PP perdió el poder- en octubre de 2005, Hernández se colocó como director de construcción de Sercoysa, a la que había adjudicado obras desde la Xunta por 1,2 millones de euros.

En septiembre de 2006, ficha como consejero por Prethor, SL, filial de Puentes y Calzadas, a la que también otorgó contratos millonarios en la Xunta. Ya con Hernández en el consejo directivo, Prethor vende los prefabricados para dos autovías cuya concesión había fallado su departamento. En esa sociedad continuó hasta enero de 2008, cuando se incorporó como director de Infraestructuras a la Diputación de Pontevedra. El 15 de enero fue presentado por Rafael Louzán, como "el hombre que potenciará la humanización de las carreteras". Seis meses más tarde, la Diputación adjudica a la unión temporal de empresas Sercoysa-Traima la construcción de un puente sobre el Lérez, con un presupuesto de 6,7 millones de euros. Hernández avaló públicamente la solución constructiva que Sercoysa había diseñado cuando aún figuraba como apoderado de la empresa. El tránsito de la empresa a las instituciones motivó que el bipartito le abriera un expediente por supuestas incompatibilidades. Hernández encargó un informe a un abogado que le exime de cualquier responsabilidad.

www.elpais.es 01.05.09

El informe que pidió Hernández alega que adjudicó por delegación de Feijóo

El documento considera prescrita cualquier incompatibilidad en Sercoysa

Frente al expediente abierto por la Consellería de Presidencia durante el mandato del bipartito, un informe encargado por el nuevo conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, sostiene que no incurrió en incompatibilidades. Pero si lo hubiese hecho, interpreta que cualquier incompatiblidad cometida con anterioridad al día 16 de abril de 2006 está ya prescrita. En contra de lo sostenido por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el informe reconoce que Hernández "adjudicó" obras, entre ellas las correspondientes a Autoestradas de Galicia a empresas para las que después trabajó. Pero en ese caso, el ex director general de Obras Públicas actuaba "por delegación del conselleiro, y nunca como competencia propia". Por lo tanto, la responsabilidad de las resoluciones adoptadas legalmente "debe atribuirse" al conselleiro, que entonces era el propio Feijóo.

• La responsabilidad de la adjudicación "debe atribuirse al conselleiro"

• La Xunta paraliza el enlace de Curro promovido por el Gobierno bipartito

Agustín Hernández fue director general en la Consellería de Política Territorial entre septiembre de 1998 y agosto de 2005. Con posterioridad fue contratado como director de construcción en Sercoysa y como consejero de Puentes y Calzadas, dos empresas que se beneficiaron de contratos adjudicados por su Dirección Xeral, lo que, según el expediente abierto, puede vulnerar la ley de incompatibilidades de Galicia. Respecto a la primera empresa, el informe encargado por el hombre fuerte del Gobierno de Feijóo sostiene que el plazo de prescripción de las infracciones ya ha sido superado, al considerar que es de tres años desde el día en que se hubieran cometido.

El estudio, elaborado por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Miguez Macho, advierte que las competencias de Hernández en relación con las empresas para las que trabajó "se limitaban a gestión y tramitación" y no incluían la adjudicación, que correspondía al conselleiro. Con la excepción de Autoestradas de Galicia, donde el director general "sí actuaba como órgano de contratación".

La relación de Hernández con la Autovía del Salnés, cuya construcción y explotación fue adjudicada precisamente por Autoestradas de Galicia, es doble. En el capital de la adjudicataria participa Puentes y Calzadas. Entre julio de 2006 y febrero de 2007, además, Hernández ocupó en representación de esta empresa un puesto de vocal en el consejo de Inversiones Prethor, que obtuvo a su vez un contrato de suministro de vigas de hormigón para la Autovía del Salnés por parte de la unión temporal de empresas Puentes y Copasa. El contratista en este caso no era una Administración pública, sino una entidad privada, resalta Miguez. Agustín Hernández, en cualquier caso, "había presidido, en su calidad de director general de Obras Públicas, la mesa de contratación que intervino en el procedimiento de adjudicación de la mencionada concesión", admite el informe.

Por lo demás, indica que "no consta que el interesado haya realizado después de su cese actividades privadas relacionadas con expedientes" de los que entraban en sus competencias. Y añade que "tampoco cabrá exigir la incompatibilidad con el mismo rigor en los casos en que el cese se haya debido a un cambio político", ya que ello "reducirá o eliminará las posibilidades de utilizar conocimientos o influencias indebidas para obtener un beneficio privado". Agustín Hernández "no presentó ninguna oferta ni firmó contrato alguno en nombre de las empresas para las que trabajó después de su cese", sostiene Luis Miguez.

Agustín Hernández, que fue una de las voces más críticas contra los acuerdos adoptados por Política Territorial en funciones, tomó ayer una decisión que afecta a uno de esos trámites: el que iniciaba las expropiaciones de terrenos para la construcción del enlace de Curro Grande, en la nueva autovía que conectará Pontevedra y Vilagarcía. La nueva Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras anunció la paralización del proceso, para llevar a cabo un "reestudio del diseño" del enlace, y analizar una "minimización del impacto" del actual trazado sobre los polígonos industriales proyectados en el entorno. El enlace, en el que confluyen tres autovías, fue muy criticado por el PP en la oposición.

www.elpais.es 25-04-09

DEFENSA CERRADA DEL PP DE SU DIPUTADO HERNÁNDEZ 

Mucho más que un mensaje de apoyo a un compañero en dificultades. El PP hizo ayer una defensa cerrada de su diputado Agustín Hernández. Y arruinó en el trámite toda la doctrina de campaña sobre la regeneración democrática. Anxo Quintana debía dimitir por ser fotografiado en un yate con un constructor que años después recibió megavatios eólicos. Así lo reclamó insistentemente el PP hace mes y medio. 

Que su principal candidato a la cartera de Obras Públicas entre y salga del equipo directivo en las constructoras a las que adjudicó contratos millonarios primero en la Xunta y luego en la Diputación de Pontevedra, es ahora, según su portavoz parlamentario, Manuel Ruiz, una muestra de "ética, integridad y honradez". Y quienes lo critican practican la "insidia y la ofensa" a Hernández "y a Galicia". 

Socialistas y nacionalistas preguntaron a Feijóo sobre la doctrina Carrera -el candidato del PP despedido antes de las elecciones por evasión fiscal- y demandaron su aplicación también fuera de campaña. Tres minutos tardó el portavoz parlametario del BNG en mentar el polémico periplo profesional de Agustín Hernández. Opta, todavía con mucha fuerza, a la Consellería de Obras Públicas, pero Aymerich reclamó su cese como parlamentario. "Oblíguelo a abandonar el escaño que indignamente ocupa en el Parlamento", reclamó. "Hágalo si de verdad quiere que creamos en sus promesas de regeneración democrática". 

"Mal comenzamos", insistió luego el socialista Leiceaga, " si empleamos unos principios para la campaña y otra para el Gobierno". "Convénzanos de que su partido practica y no sólo predica la máxima de Gracián de no hacer negocio del no negocio". No hubo respuesta. Feijóo ni citó el tema. Puso la encendida defensa de su hombre de confianza en manos del portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, que se empleó a fondo, y advirtió de que criticar a Hernández es injuriarle a él y también a Galicia. 

Entretanto, la Consellería de Presidencia, que abrió un expediente al diputado por vulnerar, supuestamente, la ley de incompabilidades, envió ayer la comunicación al grupo parlamentario popular. 

(www.elpais.com, 17/04/09)

Caride tacha a Hernández de "colmo de la inmoralidad"

María José Caride, conselleira de Política Territorial en funciones, tachó ayer de "colmo de la inmoralidad" que el diputado del PP Agustín Hernández redactase el informe que sirvió de base a la querella presentada en contra de la adjudicación de la autovía del Barbanza cuando ya cobraba de la Diputación de Pontevedra, controladas por el partido de Alberto Núñez Feijóo. "El PP lo premió en la Diputación, no sé si sigue con la estrategia de premios varios", argumentó en referencia a la posibilidad de que se convierta en conselleiro en la nueva Xunta.

Es una prueba más de su "falta de ética", subrayó la conselleira, en alusión a la violación de la ley de incompatibilidades que supuestamente habría cometido Hernández al haber aceptado un empleo en una empresa que previamente se había beneficiado de adjudicaciones decididas por la Xunta en la época en que él era responsable de obras públicas. El informe incorporado a aquella querella, subrayó, era además "falso y falto de rigor".

La conselleira aseguró que, al margen de lo que dice la ley y que está siendo sometido a un expediente informativo, es "políticamente cuestionable" que Hernández haya aceptado un empleo en una empresa beneficiaria de contratos de la Xunta habiendo formado parte de las mesas de contratación que decidían las adjudicaciones. Casos como éste, precisó, son los que hacen que los ciudadanos "duden de la honorabilidad de los políticos". "Todo indica" que incurrió en una incompatibilidad susceptible de dar lugar a una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, por lo que el PP debería "tomar medidas".

"Primera prueba"

En la misma línea se refirió la secretaria de Organización del PSdeG, Mar Barcón, quien pidió a Feijóo que exija esponsabilidades políticas a Hernández. Según Barcón, esta actuación es "cuestionable desde todos los puntos de vista de la ética y de las buenas prácticas políticas", por lo que concluyó que "el destino ha puesto a Feijóo su primera prueba". "Veremos si lo que se llamaba a sí mismo, defensor de la transparencia y garante de la ética, respondía a sus principios políticos o era sólo palabrería".

Desde su partido, fue el portavoz parlamentario, Manuel Ruiz Rivas, compañero de grupo de Hernández, quien salió a echarle una mano. Ruiz Rivas atribuyó en la Cadena SER a una "campaña de insidias" las acusaciones del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño y de los cargos socialistas contra el diputado del PP.

www.elpais.es 14.04.09

HERNÁNDEZ FIRMÓ DESDE LA DIPUTACIÓN UN INFORME TÉCNICO PARA UNA QUERELLA DEL PP 

En su periplo profesional desde la Xunta a los consejos directivos de las empresas que habían recibido obras de su consellería el diputado del PP Agustín Hernández no se olvidó del partido. El hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo en el traspaso de poderes y candidato a ocupar la cartera de Obras Públicas en la futura Xunta prestó importantes servicios a la formación conservadora durante la anterior legislatura. 

Corría enero de 2008. Hernández acababa de abandonar sus cargos en las constructoras Sercoysa y Puentes y Calzadas para incorporarse como director de infraestructuras a la Diputación de Pontevedra. Su presidente, Rafael Louzán, lo presentó en rueda de prensa el 15 de enero. Sólo dos semanas más tarde, el 29, Hernández firmó el informe técnico sobre el que el PP basó toda la argumentación jurídica para presentar una querella criminal contra la Consellería de Política Territorial por la adjudicación de la autovía del Barbanza. 

En su denuncia el PP censuraba el cambio de criterio de la Xunta para "beneficiar" en la concesión de la obra a una constructora del grupo Sacyr en detrimento de San José. En la querella, los populares acusaban de "prevaricación, tráfico de influencias, maquinación para alterar las cosas y negociaciones prohibidas" a dos altos cargos y a dos funcionarios de la Xunta, todos del departamento que presidía María José Caride. El juez decano de Santiago, Francisco José Míguez Poza, pronto admitió a trámite la querella e hizo declarar a los cuatro trabajadores de la administración bipartita en la semana previa a las elecciones generales de marzo. Desde hace más de un año, el juez mantiene imputados a los cuatro cargos desoyendo las peticiones del ministerio fiscal, que ya ha solicitado el archivo del caso. 

El dictamen que Hernández firmó cuando ya estaba a sueldo de la Diputación de Pontevedra concluye que la decisión de la Consellería de Política Territorial encarecerá en "cerca de 28 millones de euros" el coste que, bajo la fórmula de peaje en la sombra, la Xunta deberá abonar a la adjudicataria durante el plazo de la concesión. El razonamiento y la imputación todavía no rectificada por el juez de los cuatro trabajadores de Política Territorial sirvió al PP para lanzar una dura campaña contra Caride y Touriño, a quienes acusaron de urdir prácticas corruptas.Con su número de colegiado, 9.154, encabezó el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Agustín Hernández en enero de 2008 el informe técnico que avaló la querella criminal del Partido Popular contra la Xunta. Su dictamen es una prolija explicación de la tramitación administrativa que la conselleira de Política Territorial, María José Caride, siguió, al llegar al cargo, para adjudicar la autovía del Barbanza a la constructora Itínere, del grupo Sacyr. 

En seis páginas, Hernández concluye que el bipartito no respetó las condiciones de la licitación y que, como consecuencia, su decisión de encargar la obra a Sacyr -en perjuicio del Grupo San José- la infraestructura se encarecerá en "cerca de 28 millones de euros" hasta 2038. Todo esto lo argumentó Hernández en su condición de ingeniero de Caminos. Lo que no detalló en el dictamen que su partido envío al juez fue su determinante participación en los inicios del expediente. Ni su cargo en el momento de emitir su diagnóstico, al frente de la dirección de infraestructuras de la Diputación de Pontevedra, gobernada por el PP. 

El escrito sí subraya, por ejemplo, que la Administración [anterior, del Partido Popular] especificaba que los "licitantes no podrían introducir modificaciones en el proyecto". Pero Hernández evita mencionar en el capítulo dedicado a los "antecedentes" del concurso que todo eso lo sabe porque él mismo había redactado el anteproyecto de la obra y presidido después la primera mesa de contratación como director general de Obras Públicas en el último Gobierno de Manuel Fraga. "Para el técnico que suscribe", continúa la explicación de Hernández, "la ejecución de la obra en condiciones diferentes a las establecidas en la licitación supone un grave perjuicio al ciudadano y un notable beneficio al adjudicatario". Esa conclusión es la que el PP quería escuchar en el juzgado y lo que le llevó a pedir en la querella la citación como testigo del propio Hernández. El caso sigue en manos del juez decano de Santiago que desde hace meses desoye los requerimientos del fiscal para decretar el archivo.  

A raíz de la denuncia, dos subordinados de Hernández durante su época como alto cargo en la Xunta permanecen todavía imputados. Ayer, como durante toda la semana pasada, este diario intentó sin éxito contactar con el parlamentario para conocer su versión. El diputado prefirió explicarse a través de un comunicado del PP. Anunció que encargará un informe a un "abogado independiente" para demostrar que cumplió la Lei de Incompatibilidades de 1996, cuando dio el salto desde la Xunta al equipo directivo de dos constructoras a las que su consellería había adjudicado infraestructuras por más de 30 millones de euros. Las conclusiones de su letrado se comprometió a enviarlas a la Consellería de Presidencia, que es la que "en teoría abrió la investigación". La nota la facilitó el PP con el objetivo de "responder a diversas informaciones aparecidas en los medios de comunicación". 

Las explicaciones no convencieron al presidente de la gestora del PSdeG. En una entrevista en la Cadena SER, Ricardo Varela apeló directamente al futuro presidente de la Xunta y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien le pidió que exija la renuncia de Hérnandez al escaño. El dirigente socialista pronosticó que, si no lo hace, entonces será Feijóo el que acudirá "bajo sospecha" al debate de investidura. 

(www.elpais.com, 13/04/09)

Hernández avaló una adjudicación de 5,7 millones a su antigua empresa

El parlamentario fue apoderado de la firma hasta la víspera de fichar por la Diputación

El extenso currículum del aspirante a conselleiro de Obras Públicas y representante de Alberto Núñez Feijóo en el traspaso de poderes, Agustín Hernández, ha mezclado durante cuatro años la gestión de lo público y su actividad privada en el sector de la construcción. Hernández, ingeniero y funcionario de carrera de la Administración autonómica, abandonó en agosto de 2005 -cuando el PP perdió el poder- la Dirección Xeral de Obras Públicas y también la Xunta para fichar por dos constructoras a las que su departamento había otorgado contratos millonarios. Y dos años más tarde, en junio de 2008, de regreso en una institución, como director de infraestructuras en la Diputación de Pontevedra (también controlada por el PP), avaló la adjudicación de un puente por 5,7 millones de euros a la constructora Sercoysa, en la que figuró como apoderado hasta la misma víspera de incorporarse para desempeñar el alto cargo en el organismo que preside Rafael Louzán.

Las fechas que figuran en el Registro Mercantil son elocuentes. Agustín Hernández Fernández de Rojas cesó como apoderado de la sociedad Sercoysa, Proyectos y Obras SA, el 14 de enero de 2008. Al día siguiente, Louzán y Xosé Crespo, presidente y vicepresidente de la Diputación, lo presentaron en rueda de prensa como el hombre "que potenciará la humanización de la red de carreteras". No fue el único anuncio trascendente que salió de la institución provincial aquella mañana de enero. También se supo que tres empresas optarían finalmente a diseñar y ejecutar un puente sobre el río Lérez para mejorar el acceso oeste a Pontevedra por Montecelo. Entre las finalistas para diseñar y construir el viaducto estaba, junto a las firmas Atesvi y Taboada y Ramos, una unión temporal de empresas integrada por Sercoysa y Traima SL.

Apenas cinco meses más tarde, el 4 de junio de 2008, el Gobierno de la Diputación de Pontevedra emitió su veredicto: Sercoysa y Traima levantarían el sexto puente sobre el Lérez a cambio de 5,7 millones de euros. Aunque el fallo correspondió a la Junta de Gobierno, fue el propio Hernández quien acreditó ante la prensa las características técnicas del proyecto ganador. El director de infraestructuras avaló "la solución constructiva" que Sercoysa había diseñado durante la etapa en que Hernández figuraba como apoderado de la firma. Defendió su "menor agresividad" con el medio ambiente, puesto que el diseño de Sercoysa evitaba "los rellenos en el cauce del Lérez gracias a un viaducto de 110 metros de luz que salva el ancho del río" y coloca los pilares en la orilla. Hernández, que dos años antes había ejercido como director de Construcción de Sercoysa, también subrayó la "técnica de ingeniería elegida" que, a su juicio, permitiría concluir la infraestructura en sólo doce meses.

Fuentes de la empresa aseguraron ayer a este diario que Hernández dejó de trabajar para Sercoysa en 2006, cuando se incorporó al grupo Puentes y Calzadas. "No tiene lógica que esté al mismo tiempo en dos empresas que son competencia", subrayan estas fuentes. Sercoysa atribuye su demora -de más de un año- en dar de baja a Hernández en el Registro Mercantil como apoderado de la sociedad, a "un error ", puesto que nadie en la empresa se acordó hasta entonces de realizar la comunicación al registro.

En dos firmas a la vez

En lugar de truncarse con la llegada del bipartito y su salida de la Xunta, la trayectoria profesional de Agustín Hernández siguió creciendo desde 2005 en la empresa privada. El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con buen nombre en el sector, evitó regresar a su plaza de funcionario en la Administración autonómica y optó por hacer carrera en las constructoras a las que su departamento había adjudicado contratos millonarios. En octubre de ese mismo año Sercoysa ya lo nombra director de construcción. En septiembre de 2006 otra concesionaria de obra pública, Puentes y Calzadas, lo ficha como consejero de su filial de prefabricados, Prethor SL. Sorprendentemente, Hernández compatibiliza su labor en este grupo constructor con el cargo de apoderado en Sercoysa, en el que no cesa hasta el 14 de enero de 2008, la víspera de incorporarse a la Diputación de Pontevedra como director de infraestructuras.

Según figura en el Registro Mercantil, Hernández deja de ser consejero de Prethor el 28 de marzo de 2008. Desde entonces, no consta en el citado Registro que haya participado en ninguna otra empresa privada.

www.elpais.es 12.04.09

El diputado trabajó desde otra empresa en obras adjudicadas por su consellería

Lo anuncia la propia empresa, Prethor SL, en su página web. El currículum de la firma "especializada en prefabricados para obra civil y edificación" -en la que Agustín Hernández fue consejero hasta marzo de 2008- cita las vigas que construyó para dos autovías, Santiago-Brión y el desdoblamiento de la vía del Salnés, adjudicadas por la Consellería de Política Territorial cuando Hernández era director xeral de Obras Públicas. Según consta en el Registro Mercantil, Hernández entró como consejero en Prethor, la filial de Puentes y Calzadas, el mismo día en que se creó, el 12 de septiembre de 2006. Desempeñó el cargo hasta el 28 de marzo de 2008, fecha en que se incorporó como alto cargo a la Diputación de Pontevedra, de la mano de su presidente, Rafael Louzán.

Durante la estancia de Hernández en Prethor SL, la firma suministró los prefabricados a las concesionarias de la vía del Salnés y de la autovía Santiago-Brión, dos adjudicaciones que el Gobierno de Fraga dejó cerradas antes de perder el poder, cuando Hernández presidía la Dirección Xeral de Obras Públicas en la Consellería de Política Territorial de Alberto Núñez Feijóo. Según ha comprobado este periódico, en las obras de desdoblamiento de la vía del Salnés -acometidas por una UTE (unión temporal de empresas) integrada por Copasa, Puentes y Calzadas y Caixanova- Prethor vendió las vigas para los puentes en los enlaces de la vía con las localidades de Mosteiro, Meis, Ribadumia, Meaño, Sanxenxo y también con la AP-9.

Prohibición de dos años

Desde que la Consellería de Presidencia decidió abrir un expediente a Hernández la pasada semana por considerar que su actividad privada vulneró la ley de incompatibilidades para los altos cargos de la Xunta, Hernández siempre ha negado que tuviese alguna relación desde las empresas con los expedientes que había tramitado en el Gobierno. Esa era precisamente la limitación que la ley de 1996 establecía para los representantes del Ejecutivo y que regía hasta que en 2008, el bipartito aprobó un decreto más restrictivo. La norma vigente en el caso de Hernández no impedía su marcha desde la Administración a sociedades con intereses en el mismo sector. El texto legal sí prohíbe a conselleiros y directores generales, entre otros altos cargos de la Administración autonómica, "realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hubieran dictado resolución en el ejercicio del cargo durante los dos años siguientes a la fecha de su cese". Este diario intentó ayer sin éxito recabar la versión de Hernández.

www.elpais.es 12.04.09

EL SELLO DE LA EMPRESA DE HERNÁNDEZ, EN LA AUTOVÍA DEL SALNÉS

En su etapa como director general de Obras Públicas, Agustín Hernández adjudicó el desdoblamiento de la autovía del Salnés, cuando el Ejecutivo de Fraga estaba en funciones, en junio de 2005. Año y medio después, la sociedad Prethor SL, de la que Hernández era consejero, vendió a la concesionaria las vigas, como se observa en la imagen

www.elpais.es 12.04.09

Agustín Hernández trabajó para otra firma tras darle una obra en funciones

Feijóo justifica el comportamiento de su ex alto cargo y aspirante a conselleiro

El diputado del PP Agustín Hernández, hombre de confianza de Alberto Núñez Feijóo, a quien representa en el traspaso de poderes y favorito para dirigir infraestructuras y medio ambiente en la futura Xunta, fue contratado al abandonar el Gobierno gallego por dos empresas que habían recibido adjudicaciones millonarias de su departamento, la Dirección Xeral de Obras Públicas en el último Ejecutivo de Fraga. Antes de fichar, en septiembre de 2006, como consejero de Puentes y Calzadas -concesionaria del 30% de la autovía del Salnés, en virtud del contrato adjudicado por Obras Públicas en junio de 2005-, Hernández desempeñó durante diez meses el cargo de director de construcción en Sercoysa, un grupo al que Política Territorial también había otorgado entre 2003 y 2005 obras por un importe superior a 1,5 millones de euros.

El último de los encargos lo obtuvo esta constructora pontevedresa en un concurso público que la Consellería de Política Territorial -que presidía Feijóo y en la que Hernández ejercía de número tres- falló semanas después de las elecciones autonómicas, cuando el PP ya había perdido el Gobierno. El 29 de julio de 2005, el Ejecutivo en funciones de Manuel Fraga adjudicó a Sercoysa la urbanización de una carretera entre Darbo y Aldán en el municipio de Cangas por 530.112 euros. El contrato fue hecho público la víspera de la toma de posesión del bipartito. Un par de meses antes, en junio, el departamento de Hernández había encargado también a Sercoysa la urbanización de una vía alternativa en Ponte da Barca, en Pontevedra, por 106.514 euros. En los dos ejercicios anteriores, los de 2003 y 2004, Obras Públicas había reservado partidas para la misma firma por más de 1,2 millones de euros en dos infraestructuras distintas.

Tras perder el poder y abandonar la Xunta, en agosto de 2005, el ex alto cargo de Política Territorial tardó apenas dos meses en dar el salto al sector privado. Según consta en el Registro Mercantil, Hernández se convirtió en director de construcción y apoderado de Sercoysa el 14 de octubre de 2005. La legislación autonómica no impedía entonces que los altos cargos del Gobierno gallego se incorporasen a empresas con las que trabajaron desde la Administración, una incompatibilidad que sí figuraba en la normativa estatal y que el bipartito estableció a través de un decreto sin efectos retroactivos en 2008.

Al ser consultado por EL PAÍS, Hernández, que estos días ha atacado al Gobierno de Touriño por adjudicar obras estando en funciones, defendió su trayectoria amparándose en la ausencia de un marco legal que limitase las actividades privadas de los altos cargos. Su superior en la Xunta hace cuatro años y próximo presidente, Alberto Núñez Feijóo, avaló ayer ese argumento. "Lo importante es que se cumpla la ley, eso es lo fundamental", dijo a los periodistas.

El futuro jefe del Ejecutivo defendió como "bueno" que "haya profesionales reconocidos que trabajen en el sector público y después en el privado". "Lo que me preocuparía es que no diesen el perfil", sentenció. Feijóo evitó aludir al papel de Hernández en el gabinete que está configurando, pero insistió en que los miembros de su Gobierno "cumplirán la ley". El presidente electo rebajó así uno de sus principales compromisos de campaña, el de "formar un Gobierno irreprochable también desde el punto de vista ético", repetido hasta la saciedad en sus mítines, y dejó claro que los límites para el comportamiento de sus conselleiros los fijará la ley.

La responsable de Organización de los socialistas, Mar Barcón, fue menos comprensiva con las actividades de Hernández, a quien exigió la devolución del acta de diputado. Barcón aseguró que "la legalidad varía en función del legislador" y apeló a "la forma de estar en política". La dirigente socialista atacó a Hernández "por su falta de ética, política y personal".

El PSOE lleva al fiscal el 'carrexo' de Baltar

La secretaria de Organización del PSdeG, Mar Barcón, anunció ayer que pedirá a la Fiscalía que investigue si el presidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, cometió un delito al persuadir a una pareja a "cambiar el voto" el pasado 1 de marzo, día de las elecciones. Barcón instó a Núñez Feijóo a "aclarar si respalda este modo de entender la política". En una entrevista en Xornal de Galicia, Baltar admite que pidió a una pareja que le causó "dudas" si le daba su sobre y, una vez que aceptó, le cambió las papeletas "por unas del PP". "Luego comprobé que le iban a votar al PSOE", relató.

Un antiguo peón de Cuiña

Ahora asesor del círculo más próximo al presidente electo, Alberto Núñez Feijóo, hubo un tiempo en que Agustín Hernández Fernández de Rojas intimó con el llamado sector de la boina. De hecho, fue el todopoderoso conselleiro de Obras Públicas y delfín de Fraga, el fallecido Xosé Cuiña, quien le abrió las puertas de la Administración hace una década. El 24 de septiembre de 1998 este ingeniero de caminos, canales y puertos, con buena reputación en el sector, sustituyó a Emilio García Gallego, uno de los peones del cuiñisimo, al frente de la Dirección Xeral de Obras Públicas. Tras la crisis del Prestige y la remodelación del Gobierno que supuso el ocaso político del barón de Lalín, en invierno de 2003, su sustituto y rival, Alberto Núñez Feijóo, entonces vicepresidente primero de la Xunta, mantuvo a Hernández durante dos años, hasta que perdió el poder, en el mismo puesto que había ocupado con su precedesor, al frente del departamento con más presupuesto.

En los últimos dos gabinetes de Fraga, Hernández desempeñó importantes responsabilidades al frente de organismos autónomos como Portos y Augas de Galicia. En junio de 2003, Feijóo lo convirtió en delegado de la Xunta en las Sociedades Galegas de Autopistas de Peaxe. En agosto de 2005 salió del Gobierno y en unos meses entró en nomina de la constructora pontevedresa Sercoysa. En septiembre de 2006, la empresa Puentes y Calzadas, una de las tres concesionarias de la Autovía del Salnés, lo recupera como consejero para su filial de prefabricados, Prethor SL, y para asesorar el grupo "en cuestiones inmobiliarias". Tras un par de años en el sector privado, Rafael Louzán lo fichó en enero de 2008 como director de infraestructuras en el departamento de Vías y Obras de la Diputación de Pontevedra. Feijóo lo tiene en mente para la consellería que fusionará las competencias de medio ambiente y política territorial.

www.elpais.es 07.04.09

FEIJÓO Y SU favorito para Obras Públicas fue fichado por la firma a la que adjudicó

Agustín Hernández encargó a Puentes trabajos por 30 millones de euros

El diputado popular Agustín Hernández, uno de los dos representantes del futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, en la comisión que negocia el traspaso de poderes, y principal candidato a conselleiro de Obras Públicas en la nueva Xunta, fue fichado como consejero en 2006 por una sociedad integrada en el grupo constructor Puentes y Calzadas. Sólo un año antes, Hernández había adjudicado a esa empresa infraestructuras por más de 30 millones de euros, desde la Dirección Xeral de Obras Públicas, en el último Gobierno de Manuel Fraga.

La autovía del Salnés se adjudicó a cinco días de las elecciones de 2005

Un decreto prohíbe ahora a los altos cargos trabajar en el mismo sector

Según consta en el Registro Mercantil, Hernández fue fichado por el grupo constructor Puentes y Calzadas en septiembre de 2006, 13 meses después de que el bipartito lo removiese de su cargo el 18 de agosto de 2005. Ese mismo año, el departamento de Obras Públicas que dirigía Hernández había otorgado al menos dos contratos a Puentes y Calzadas. Tal y como figura en el informe de licitación pública, la Consellería de Política Territorial que entonces presidía Feijóo, también vicepresidente primero de aquel Gobierno, adjudicó al grupo constructor una infraestructura por 19,6 millones de euros.

Además, cinco días antes de que se celebraran las elecciones que desalojaron al PP del poder, el 14 de junio de 2005, Política Territorial falló el concurso por el que encomendaba a Puentes y Calzadas, en UTE (unión temporal de empresas) junto a Copasa y Caixanova, el desdoblamiento de la polémica vía rápida del Salnés, a cambio de 40,2 millones de euros. La ejecución de la obra correspondió ya al bipartito, que la inauguró en julio del año pasado. Durante las próximas tres décadas, la Xunta deberá abonar a la unión temporal de empresas -en la que Puentes tiene un 30%- un canon proporcional al tráfico de la vía, siguiendo la fórmula de peaje en la sombra, para financiar la infraestructura.

Ya fuera del Gobierno gallego, a finales de 2005, Agustín Hernández pasó primero por la constructora de Pontevedra Sercoysa, en la que ejerció durante algunos meses como "director de construcción", según él mismo confirmó ayer a este periódico. Un año después de abandonar la Xunta, se incorporó como consejero a Inversiones Prethor SL, una filial recién constituida de Puentes y Calzadas [propietaria del 75% de las acciones y con el mismo domicilio social] dedicada a la "fabricación, distribución y venta de elementos prefabricados, vigas, bancadas, utillajes, así como a la financiación de empresas".

De acuerdo con la documentación que figura en el Registro Mercantil, el ex director general de Obras Públicas en el Gobierno de Fraga permaneció como cargo directivo en el grupo constructor desde el 12 de septiembre de 2006 hasta el 28 de marzo de 2008. En esa fecha regresó a la vida pública de la mano del presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, quien lo rescató como director de infraestructuras en el departamento de vías y obras de la institución provincial.

Hernández seguía en ese cometido hasta que, en enero de este año, Feijóo se volvió a acordar de él y lo incorporó a la candidatura por Pontevedra en el puesto número 11. Durante la campaña electoral, Hernández representó al PP en los debates sobre infraestructuras programados por distintos medios de comunicación.

Tras la victoria el 1 de marzo, se ha convertido en látigo del ejecutivo saliente sometiendo a un riguroso marcaje a la conselleira de Política Territorial, María José Caride, a quien acusó en múltiples ocasiones, la última ayer, de "vaciar las arcas de la Xunta para atar de pies y manos" al futuro gobierno de Feijóo.

Al contrario de lo que sucede en la actualidad, la ley autonómica de incompatibilidades no establecía en 2006 -cuando Hernández dio el salto al sector privado y fichó por el grupo Puentes- ninguna limitación para que los altos cargos de la Administración se incorporasen a las empresas con las que habían tenido tratos en el Gobierno. La normativa estatal sí prohíbe expresamente desde 1995 a ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, delegados del Gobierno y a otros cargos institucionales realizar, "durante los dos años siguientes a su cese, actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo". El texto legal no establece restricciones a los responsables de las administraciones autonómicas. El vacío vino a cubrirlo el bipartito con un decreto aprobado el 4 de septiembre de 2008, que prácticamente calca la ley estatal y obliga a los altos cargos de la Xunta a esperar al menos 24 meses para incorporarse a empresas del mismo sector en el que trabajaron desde las instituciones. El decreto no tiene efectos retroactivos, pero sí impide a los altos cargos que están a punto de abandonar la Administración tomar el camino de vuelta al sector privado que siguió Hernández hace tres años.

"En aquel momento la ley lo permitía"

Todas las quinielas lo sitúan al frente de la macroconsellería que fusionará las de Política Territorial y Medio Ambiente. De momento, Feijóo, que sigue fiel a su costumbre de no soltar prenda, ya lo ha señalado como uno de sus hombres de confianza, al encargarle, junto a Pedro Puy, que negocie con el Gobierno en funciones el traspaso de poderes. Desde el 1 de marzo acude y opina en todas las reuniones importantes donde el PP traza el futuro Ejecutivo. Agustín Hernández Fernández de Rojas se aferró ayer a la literalidad de la ley autonómica de incompatibilidades de 1996 para justificar su incorporación al grupo Puentes y Calzadas. Subrayó que ninguna norma le impedía "en aquel momento" trabajar en la constructora y aclaró que su tarea como "director de desarrollo" de la matriz y consejero de su filial Prethor "no tuvo ninguna relación con los expedientes administrativos en los que había participado" desde la Xunta. "Trabajé en la división inmobiliaria", apuntó.

En conversación con este diario, el diputado del PP insistió en que "el órgano de contratación que adjudicó los contratos no era la Dirección Xeral de Obras Públicas, sino la consellería"

[en la que el propio Hernández figuraba como número 3]. Hernández no encuentra tampoco ningún reparo ético a su tránsito desde la Xunta al sector privado. "Si actúas con lealtad al cargo, sin interés profesional y sin beneficiar a ninguna sociedad, no hay incompatibilidad ética, un profesional puede desarrollar su actividad en la administración o la empresa privada", asegura. No obstante, admite que hoy vulneraría el decreto de incompatibilidades aprobado en 2008.

www.elpais.es 06.04.09

VOLVER

© Copyright. 1998 - 2011. www.losgenoveses.net . Ningún derecho reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para ver con Explorer 8 o superior  a 1024 x 768 píxeles )