" Me tranquiliza que el juez no acuse al alcalde de quedarse con el dinero"
(Mariano dixit refiriéndose a un edil genérico y popular.02.02.07
El caso Gondomar revela que se pidió un millón de euros por recalificar tres fincas
El caso de la supuesta corrupción urbanística destapado la semana pasada en Gondomar afecta a más promociones inmobiliarias que la que dio origen a la denuncia presentada en la fiscalía viguesa el pasado mes de noviembre. Según pudo constatar ayer La Voz de Galicia, parte de los imputados habrían solicitado casi un millón de euros en total a cambio de recalificar tres parcelas del municipio para permitir construir en ellas a través de convenios urbanísticos alcanzados con el Ayuntamiento para tal fin.
Las declaraciones efectuadas por los cuatro imputados ante la jueza, y las pruebas documentales aportadas, principalmente la conocida grabación en vídeo hecha de manera secreta al concejal de Cultura, hacen concluir que parte de los protagonistas del caso habrían mantenido conversaciones con tres grupos de promotores distintos, a los que presuntamente les reclamaron en total el citado millón de euros. Además de los 45 millones de pesetas solicitados al autor de la denuncia (que finalmente fueron rebajados a 35 millones), a los implicados se les imputaría la petición de otros cien millones de pesetas por modificar la calificación de una segunda parcela de grandes dimensiones, y cerca de otros 35 millones de pesetas más por realizar la misma operación en una tercera finca.
Solamente el primer plazo del caso denunciado ante la fiscalía llegó a ser cobrado en una cafetería de Vigo la semana pasada por el edil José Luis Mosquera y su novia Belén Fernández. Las negociaciones y peticiones de fondos por las otras dos parcelas no habían dado fruto hasta el momento a pago alguno, por lo que hasta que se efectúe el escrito de calificaciones por parte del fiscal, tanto sobre Mosquera, como sobre Alejandro Gómez (edil de Urbanismo) y Borja Ramilo (arquitecto privado de Vigo) pesan dos delitos de cohecho en grado de tentativa, además del consumado que dio origen a las cuatro detenciones. Por ese pago deberá responder también la pareja sentimental del edil de Cultura gondomareño, que era quien llevaba consigo los 60.000 euros del pago de la mordida que estaba siendo vigilado por la Guardia Civil. La declaración de José Luis Mosquera ante la jueza ratifica en parte lo dicho en la grabación de vídeo secreta a la que fue sometido ante el empresario que hizo las veces de gancho. El edil independiente en las filas del PP aseguró a la magistrada que el dinero solicitado por realizar las tres operaciones iba a ser destinado a pagar gastos de campañas electorales de las próximas elecciones municipales.Lo curioso del caso es que el PP local había diseñado una operación de renovación total de su lista en Gondomar, en la que sólo se mantendría en el cartel de los próximos comicios de mayo el actual alcalde, Carlos Silva. Mosquera aludió en su declaración que el PP y la formación independiente Move Gondomar serían los destinatarios del dinero. (La voz de Galicia, 22/02/07)
Los dos ediles del PP de Gondomar tenían concertado cobrar otros 150.000 euros
Los dos concejales del PP en Gondomar (Pontevedra) y el arquitecto que fueron detenidos el pasado miércoles cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros habían concertado el pago de otros 150.000. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de incluir convenios para actuaciones urbanísticas en el Plan General del municipio, que entonces estaba tramitándose. El PP decidió ayer marcar distancias y abrir expediente disciplinario al único de los detenidos que milita en sus filas. Además, ha emplazado a ambos concejales a entregar sus actas.
Los dos concejales del PP en Gondomar (Pontevedra) que fueron detenidos el pasado miércoles, junto a un arquitecto, cuando se disponían a cobrar una comisión de casi 60.000 euros, habían concertado el pago de otros 150.000 en dos plazos sucesivos. Los ediles habían exigido el pago de la mordida a cambio de aumentar la edificabilidad de una parcela adquirida en el municipio por una empresa inmobiliaria. La dirección del PP gallego, que en un principio había descartado medidas contra los ediles, rectificó ayer y les exigió que renuncien a sus puestos en la corporación local.
El primer teniente de alcalde de Gondomar (municipio turístico de 13.000 habitantes lindante con Vigo) y responsable del área de urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el concejal de Cultura y portavoz del equipo de gobierno, José Luis Mosquera Veleiro, junto al arquitecto Francisco Javier de Borja Ramilo Méndez, fueron denunciados por el empleado de una empresa para la que gestionaba suelo y licencias urbanísticas.
La operación se gestó hace meses, cuando la inmobiliaria acudió al Ayuntamiento de Gondomar para proponer un convenio urbanístico que le permitiese aumentar la edificabilidad de una parcela. Según fuentes próximas a la investigación, la firma contactó, a través del arquitecto Ramilo Méndez, que actuaba como intermediario, con el concejal de Cultura, Mosquera Veleiro, quien exigió el pago de una cantidad próxima a 300.000 euros para introducir el convenio en el Plan Geneal, que se encontraba en fase de trámite. El edil Mosquera, según las fuentes consultadas, se comprometía a implicar en la operación al concejal de urbanismo.
Un empleado de la empresa pidió a sus superiores que le concedieran plenos poderes para negociar la operación y denunciar a los responsables municipales. La denuncia llegó hasta la Fiscalía de Vigo el pasado 27 de noviembre. Al día siguiente, las diligencias se trasladaron al juzgado, y la Guardia Civil puso en marcha la operación.
A través de intervenciones telefónicas y la constatación de otras pruebas documentales presentadas por el denunciante, la Guardia Civil siguió la pista a los detenidos el miércoles. Para no levantar sospechas, el primer pago de sobornos se concertó para el pasado miércoles por la tarde en la cafetería del hostal Galicia, en pleno centro de Vigo. La juez Eugenia Manzanares, a petición del fiscal del caso, Juan Carlos Aladro, había firmado previamente las órdenes de detención incomunicada para que la Guardia Civil los arrestase al término de la cita.
Agentes del instituto armado prepararon un dispositivo para controlar la entrega de dinero. La reunión estuvo a punto de frustrarse porque Mosquera Veleiro era reacio a acudir en persona. Finalmente, accedió y se presentó con su novia, Belén Fernández. Las fuentes consultadas indicaron que la mujer, aunque estaba al corriente de los pagos, no intervino directamente en la trama.
Después de constatar que los cerca de 60.000 euros que se habían acordado como pago "pasaban a las manos del concejal", ambos fueron detenidos. La Guardia Civil arrestó después en sus domicilios al concejal de urbanismo, Gómez Garrido, y al arquitecto que actuó de intermediario. Los tres, además, habían concertado otras dos entregas de dinero que se iban a realizar en los próximos días, una de 60.000 euros y otra de 90.000.
En un comunicado hecho público ayer, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, recordó que "todos los imputados siguen gozando de la presunción de inocencia que ampara a cualquier ciudadano". Los cuatro detenidos se encuentran en libertad con cargos, acusados de tres delitos de cohecho.El jueves, los principales dirigentes populares consideraban injustificada la detención de los concejales. Ayer, el PP marcó distancias y abrió expediente disciplinario al único de los detenidos que milita en sus filas, y emplazó a los dos a entregar sus actas de concejal. La fiscalía, sobre cuyas intenciones sembró dudas el PP, replicó que le es "absolutamente indiferente" la ideología de los imputados. www.elpais.es 17.02.07
dos ediles del PP detenidos en Pontevedra iban a recibir una comisión de 50.000 euros
Los concejales de Gondomar (Pontevedra) José Luis Mosquera Veleiro y Alejandro Gómez Garrido, del PP, detenidos el miércoles por la Guardia Civil, iban a recibir ese día 50.000 euros de un promotor que se prestó a colaborar con la justicia para desmontar la supuesta trama de corrupción urbanística. A ambos ediles (responsables de Urbanismo y Cultura) y al arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, contratato por el Ayuntamiento, la juez les imputa tres delitos de cohecho a cada uno, y otro a la compañera sentimental de Mosquera, Belén Fernández. Los cuatro han quedado en libertad con cargos.
La comisión de 50.000 euros que Mosquera y Gómez iban a cobrar del promotor demostraría un delito continuado de pagos ilegales a cambio de conceder licencias urbanísticas y otros "favores". La investigación que desencadenó su detención y la del arquitecto Francisco Javier Borja Ramilo, se remonta varios meses atrás, cuando la Fiscalía de Vigo incoó diligencias previas tras una de tantas denuncias que se han presentado por supuestos pagos ilegales en esta localidad turística de 13.000 habitante y cercana a Vigo.
El promotor destapó las presuntas corruptelas y se inició un discreto seguimiento a través de intervenciones telefónicas de los detenidos y de otras personas que estarían en el punto de mira de la investigación. Unas denuncias que pusieron en evidencia a ambos ediles cuando la Guardia Civil montó un dispositivo para realizar la entrega vigilada de más de 50.000 euros que supuestamente iban a percibir los concejales, según confirmaron fuentes de la investigación.
En el momento de interceptar la entrega del dinero se detuvo al responsable municipal de Cultura, Luis Mosquera, concejal independiente y portavoz del equipo de gobierno, y a su novia, Belén Fernández. El concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Alejandro Gómez, no habría acudido a la cita por culpa de un catarro que le mantenía desde días antes recluido en su casa. Belén Fernández declaró ayer por la mañana ante el juez y volvió a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil. A última hora, la juez ordenó libertad condicional para los dos ediles y el arquitecto, a los que imputa tres delitos de cohecho a cada uno. Los tres deberán presentarse en el juzgado cada 15 días. A la mujer también la dejó en libertad provisional tras imputarle un delito de cohecho.
Un portavoz del instituto armado confirmó que los detenidos habían permanecido incomunicados. Por la tarde fueron puestos a disposición judicial. Al encontrarse bajo arresto incomunicado, acordado por la juez Eugenia Manzanares Saavedra, declaraban al mismo tiempo y sólo con la asistencia de abogado de oficio, según estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Durante el tiempo de su detención incomunicada, los arrestados no pudieron entrevistarse ni con sus abogados ni con sus familiares. La juez también decretó el secreto de las actuaciones. Fuentes de la investigación no descartan la detención de más implicados.
La identidad del promotor queda preservada hasta que se levante el secreto de sumario. De confirmarse la imputación a los detenidos, se convertiría en el principal testigo de cargo en el juicio de este caso.
Por su parte, el alcalde de Gondomar, Carlos Silva, pidió ayer prudencia. "Para nosotros cabe la presunción de inocencia", afirmó, y lanzó un "mensaje de tranquilidad: ahora debemos mantener la cabeza fría". Silva criticó el método usado para detener a los dos ediles: "Alejandro estaba en su casa, en pijama, con gripe, su mujer esta mañana [por ayer] aún no sabía si estaba en Pontevedra o en Vigo".
Silva dijo desconocer exactamente lo que se les imputa a los dos concejales, a la compañera sentimental de uno de ellos y al arquitecto Francisco Borja Ramilo, que trabaja habitualmente con uno de los constructores más conocidos de Gondomar, José Fajo. El alcalde afirmó que no tomará ninguna decisión para recomponer su gobierno mientras no haya más datos, e insistió en que seguirán trabajando con total normalidad.
El portavoz del grupo municipal socialista, Carlos Cabaleiro, no se mostró sorprendido por las detenciones: "Siempre sospechamos que había irregularidades urbanísticas, aunque la verdad es que no sabíamos que la cosa llegaba a estos extremos". Cabaleiro acusó al equipo de gobierno de "dar licencias urbanísticas de forma selectiva".
Xosé Antón Araúxo, portavoz nacionalista, se remontó a las presiones que han vivido los ediles del BNG desde que comenzaron a luchar contra el urbanismo irregular: "Quemaron los coches y la casa de un compañero, dieron una paliza a otro...". Araúxo acusó al subdelegado del Gobierno de ignorarles cuando denunciaron las agresiones, alegando que eran problemas entre particulares.
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, consideró las detenciones como "una muestra de que el Estado de derecho funciona y de que las leyes están para ser cumplidas. Lo importante es destacar su eficacia ejemplarizante", añadió.www.elpais.es 16.02.07
La dirección del PP arremete contra la fiscalía y afirma que no tomará medidas
La dirección del Partido Popular de Galicia no adoptará de momento ninguna medida disciplinaria contra sus dos ediles detenidos en Gondomar acusados de cobrar comisiones ilegales. El secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, aseguró que el partido no dispone de información suficiente para adoptar ninguna decisión sobre los dos ediles.
"Tenemos nuestro reglamento, y no me atrevo a decir ahora mismo que haya elementos suficientes para actuar", dijo Rueda, que anunció que en cuanto tenga más datos [el juez ha decretado el secreto de sumario] el partido tomará las decisiones oportunas. Desde el mismo momento en que se produjeron las detenciones, los dirigentes populares optaron por sembrar todas las dudas posibles sobre la actuación de la fiscalía contra delitos urbanísticos. Lo hizo ayer en Santiago de Compostela el propio Rueda, que llegó a señalar: "Hay demasiadas actuaciones de los fiscales contra cargos públicos del PP".
Y poco después, en Silleda, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, añadió: "Me gustaría tener la misma confianza en los fiscales, pero lo cierto es que hay algunos que no están actuando con el rigor que merece el Estado de derecho". Pese a que fuentes de la investigación confirmaron que los dos ediles fueron sorprendidos por la Guardia Civil cuando trataban de efectuar cobros ilegales a un promotor inmobiliario, Feijóo pidió a los fiscales que actúen "con rigor y no por órdenes de sus superiores si no son estrictamente judiciales". Y les recomendó que no consideren como agravante de los delitos la militancia en el PP. Después de las críticas efectuadas, Feijóo aseguró: "Si alguien mete la mano, tiene que tener sus responsabilidades y que caiga sobre ellos el peso de la ley".
El último en censurar la actuación de la fiscalía en el caso de Gondomar fue el presidente del partido en Pontevedra y de la Diputación Provincial, Rafael Louzán. Después de insistir en su "respeto a la justicia", Louzán manifestó sus sospechas de que "puede haber en este caso intenciones de otro tipo más allá de buscar la verdad", y agregó que las formas empleadas por la Guardia Civil "no fueron las más adecuadas".
A pesar de pedir cautela hasta conocer los detalles de la operación, el político pontevedrés denunció que se le ha querido dar "un contexto mediático" a la operación, y añadió: "Una detención camino de las diez de la noche no es la forma más correcta de proceder contra dos personas públicas".www.elpais.es 16.02.07
Urbanismo peligroso
Tres agresiones en menos de dos años. Aunque nadie puede identificar agresión con delitos urbanísticos, lo cierto es que los tres ediles del Bloque Nacionalista Galego que han sido agredidos en la comarca pontevedresa del Val Miñor habían denunciado, de un modo u otro, alguna irregularidad.Manuel Pereiro ni siquiera era ya edil cuando fue agredido. Pero como miembro de la Comunidad de Montes le extrañó encontrar en la parroquia de Vincios un relleno en una zona protegida. Pereiro tuvo tiempo de llamar al Seprona y de encontrarse de frente con el dueño de la empresa que estaba intentando edificar allí, quien, asegura, le dio una paliza. "El hombre que me agredió el 9 de febrero de 2006 ha ido a declarar hace sólo tres días, y, además, asegura que me inventé la paliza".Domingos Solla, concejal independiente por el BNG de Gondomar, a quien hace poco más de un año le quemaron dos coches y parte de su casa, no quiere mezclar el incidente con ningún tema urbanístico. Pide que se deje trabajar a la policía e insiste en que hasta ahora sólo ha tenido problemas y pocos apoyos.Al nacionalista de Nigrán David Giráldez le quemaron su coche a las once de la noche del 19 de noviembre de 2005. "Es la policía la que debe investigar, yo sólo sé que los seis meses anteriores al incendio estuve muy volcado en un par de temas de infracciones sobre el territorio. Uno de ellos fue una tala ilegal en Monteferro, en suelo rústico protegido, que, como yo sospechaba, se recalificó cuatro meses después en el Plan General".www.elpais.es 16.02.07
DETENIDOS DOS EDILES EN GONDOMAR POR PRESUNTO COBRO DE COMISIONES
Efectivos de la Guardia Civil detuvieron ayer a dos concejales del gobierno de Gondomar, ambos del PP, y a la compañera sentimental de uno de ellos por el presunto cobro de comisiones ilegales por favores urbanísticos. El arresto se produjo por sorpresa en el momento en que efectuaban la transacción ilegal, según fuentes próximas a la investigación. Los ediles son el concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, y el de Cultura, José Luis Mosquera de Leiro. La Guardia Civil se disponía anoche a detener a un arquitecto contratado por el Ayuntamiento.
La operación se desarrolló por orden de la Fiscalía contra delitos urbanísticos y medioambientales de Vigo, que imputa a los ediles un delito de cohecho. La Guardia Civil seguía desde hacía días los movimientos de los detenidos, y esperó hasta ayer para intervenir mientras efectuaban presuntamente el intercambio económico. "Los cogieron in fraganti, con las manos en la masa", declaró una fuente conocedora de la operación. La mujer arrestada es la compañera sentimental del edil de Cultura, José Luis Mosquera de Leiro.
Los tres detenidos prestarán declaración en el juzgado número 6 de Vigo, después de pasar por el cuartel del instituto armado en Gondomar. Al cierre de esta edición, la Guardia Civil aún no había logrado localizar al cuarto detenido, un arquitecto que presta habitualmente trabajos para el Ayuntamiento, informaron las citadas fuentes.
La operación cogió por sorpresa a todo el mundo en Gondomar, incluido el alcalde, Carlos Silva, del Partido Popular. Silva aseguró desconocer los detalles de la operación y los motivos por los que fueron arrestados los dos miembros de su equipo de gobierno. A primera hora de la tarde de ayer, el regidor municipal se había reunido con el concejal de Urbanismo, ajenos al seguimiento policial del que ambos Garrido estaban siendo objeto.
Hace sólo diez días que fue aprobado inicialmente el plan de urbanismo de la localidad entre fuertes críticas de los grupos de la oposición, socialistas y nacionalistas, que denunciaban, entre otras operaciones, la recalificación de 300.000 metros cuadrados de suelo rústico.
El urbanismo de Gondomar tiene abundantes frentes abiertos. Uno de ellos, un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que confirmaba la anulación del Plan General de Ordenación Municipal, aprobado en 1997. Y, como consecuencia de éste, la causa abierta por la concesión de 300 licencias con arreglo a ese plan con posterioridad a la anulación del planeamiento. La Dirección General de Urbanismo de la Xunta le dio un plazo de un mes al Ayuntamiento para que anulara las licencias, a lo que se opuso el alcalde.
Para amplios sectores de la localidad, el urbanismo está también en el trasfondo de las agresiones físicas sufridas por concejales de la oposición o la quema del coche del portavoz nacionalista en el ayuntamiento, David Giráldez, y el del representante de la formación nacionalista en la entidad local menor de Morgadáns, Domingos Solla. El ex concejal Manuel Pereiro también denunció haber sufrido una paliza. www.elpais.es 15.02.07
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