CASO PALOMA : EL PP A LO SUYO Y CON LOS SUYOS
CIGÜEÑAS CONTRA EXCAVADORAS
Fue un gran sueño urbanístico justo donde viven las últimas cigüeñas negras y águilas imperiales. Viviendas, hoteles, campos de golf… El lujoso complejo que administraciones y constructores pretendían levantar en Las Navas del Marqués (Ávila) ha terminado en un largo proceso judicial que atraviesa sus horas claves. La Fiscalía cree que la trama, en la que participaron funcionarios y cargos del PP, se benefició de sus puestos para agilizar los expedientes.
Los amantes de las aves dicen que es un sitio para enamorarse. A menos de una hora de Madrid y con un entorno natural deslumbrante, Las Navas del Marqués –Ávila, 6.000 habitantes– es refugio para varias especies en peligro de extinción. El alcalde, Gerardo Pérez García (PP), le vio otro filón: la cercanía con la capital, sumado a su espectacular paisaje, podía atraer a constructores ávidos de levantar macrourbanizaciones. Sin embargo, la polémica Ciudad del Golf –la iniciativa empresarial que pretendía edificar 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama– no solo no llegó a plasmarse, sino que terminó convertida en un voluminoso expediente judicial.
La investigación iniciada por la Fiscalía en 2008 parece que llega a su fin. El juez de primera instancia de Ávila ha concluido la mayoría de la instrucción y considera que hay indicios de que al menos 14 políticos y técnicos de Castilla y León cometieron prevaricación de manera continuada en la planificación de esta urbanización. En la misma causa también están acusados varios empresarios.
Hasta el momento, 19 personas están imputadas en este caso. Cargos públicos como el alcalde de Las Navas y su secretario municipal, Carlos de la Vega Bermejo; el ex delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila y ex presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de esta provincia, Félix San Segundo Nieto, y Mariano Torre Antón, ex director general del Medio Natural. También se imputa a ocho miembros de la Comisión Territorial de Urbanismo que votaron a favor de las recalificaciones, como la jefa del Servicio Territorial de Fomento, Yolanda Lorenzo, el Jefe del Servicio Territorial de Cultura, José Cubillo, y el vocal de la Cámara de Comercio e Industria de Ávila, Miguel Ángel Jiménez Herrero. La lista se completa con otros seis funcionarios de las consejerías de Medio Ambiente y Fomento y con Francisco Gómez Hernández, alias el Paloma, quien oficiaba como representante legal de Residencial Aguas Nuevas, la empresa de Murcia a la que se adjudicó la Ciudad del Golf.
(www.interviu.es, 28/06/10)
EL 'CASO NAVAS DEL MARQUÉS' LLEVARÁ A JUICIO A 14 POLÍTICOS Y TÉCNICOS
El juez de Ávila que investiga el plan para construir una urbanización con 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf en un pinar protegido en Las Navas del Marqués (Ávila) ha concluido buena parte de la instrucción y ha actuado contra 14 políticos y técnicos por prevaricación. El juez considera que hay indicios de delito en el ex presidente de la diputación, Félix San Segundo, y el alcalde de la ciudad, Gerardo Pérez, ambos del PP, y en el promotor Francisco Gómez, El Paloma, entre otros.
El juez recoge el trámite de aprobación de la urbanización, desde que la comisión territorial de urbanismo dio su visto bueno en 1999 pese a que "la ponencia propuso que se informara desfavorablemente", ya que "no se justificaba la necesidad de dicha reclasificación dado el elevado valor forestal y paisajístico del terreno". El terreno es un pinar maduro protegido como lugar de importancia para la cigüeña negra desde 1995.
En otra pieza, el juzgado investigó las relaciones entre una empresa pública dueña del pinar y El Paloma, ya que años antes de aprobar la urbanización se comprometieron a que los trámites ambientales no paralizaran el proyecto. "Se obviaron exigencias legales para acceder a las exigencias del promotor", afirma el juez.
(www.elpais.com, 12/06/10)
LA AUDIENCIA DE ÁVILA DIVIDE EN CUATRO PARTES LA INSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DEL GOLF
La Audiencia Provincial ha ratificado las resoluciones del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, al dividir en cuatro piezas separadas la instrucción del caso de la 'Ciudad del golf', de Las Navas del Marqués (Ávila), tal y como solicitó en una providencia el pasado 16 de octubre el fiscal jefe, Juan Miguel Gómez.
Se trata de dos autos dictados los días 16 y 21 de abril por la Audiencia abulense a los que ha tenido acceso Efe, resolviendo los recursos formulados por las defensas de los diecinueve imputados contra las dos resoluciones del Juzgado número 2 de Ávila, por las que se acordó en su día la apertura de cuatro piezas separadas.
Estas piezas separadas fueron solicitadas por el fiscal por razones de economía procesal para investigar por separado cada uno de los grupos de delitos que tras la investigación que se ha realizado se han puesto de manifiesto.
Los grupos son: Declaración de Impacto Ambiental; aprobación de diferentes instrumentos de planeamiento por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo; inicio de la tala de árboles y Sociedad Montes de Las Navas, S.A. y Ayuntamiento.
El proceso estaba paralizado a la espera de un pronunciamiento de la Audiencia sobre el recurso de apelación planteado en este sentido por las defensas de los imputados en esta causa iniciada en octubre de 2006, después de que el juez aceptara la petición de la Fiscalía.
En aquel momento, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) paralizó este proyecto urbanístico que incluía la construcción de 1.600 viviendas, un campo de golf y dos hoteles de lujo con 300 plazas.
Todo ello en un espacio protegido a menos de cinco kilómetros del casco urbano de esta localidad de 5.500 habitantes próxima a Madrid, en el paraje 'Cuerda de la Estación', entre miles de pinos.
Este proceso que comenzó con cuatro imputados suma ya diecinueve, a los que podría sumarse uno más, si prospera la petición del fiscal, que plantea la incorporación del técnico director que planificó la tala, contratado por Residencial Aguas Nuevas.
Entre los imputados figuran el anterior director general del Medio Natural, Mariano Torre, y el actual, José Ángel Arranz, que cuando se produjeron los hechos era jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas.
Asimismo, se encuentran el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, del PP, el ex delegado territorial de la Junta en Ávila, Félix San Segundo, y el secretario del Consistorio navero, Carlos de la Vega.
La Fiscalía pidió la imputación de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, pero el TSJCyL archivó esta petición en diciembre, al considerar que no había lugar a incoar procedimiento criminal contra Ruiz.
Ahora, el proceso entra en una nueva fase, después de que la Audiencia haya rechazado el recurso de apelación de las defensas.
Esta situación ha mantenido en suspenso las diligencias previas que quedan por practicar, como la declaración como testigo en Ávila de la ex funcionaria del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Elia Mardones, así como de los peritos o el informe pericial sobre la Evaluación de Impacto Ambiental.
Juan Miguel Gómez explicó en su día que la división en cuatro piezas "simplificaría" el proceso, de manera que cada causa contaría con "menos imputados y testigos".
El propio Gómez se ha mostrado en varias ocasiones partidario de que haya juicio, porque considera que existen pruebas suficientes para ello y espera que sea en 2009.
(www.nortedecastilla.es, 29/04/09)
Castilla y León asciende a un imputado en el 'caso Navas del Marqués'
La Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha ascendido al principal imputado por la urbanización de Las Navas del Marqués, Mariano Torre Antón, al que ha nombrado delegado territorial de Medio Ambiente en León, según fuentes próximas a la Comunidad. Torre Antón fue director general de Medio Natural hasta 2007 y ocupaba el cargo cuando en 2002 se aprobó una urbanización en un pinar protegido de Ávila. La obra fue declarada ilegal y Torre Antón está imputado junto a una decena de técnicos y responsables de la Junta.
El juez que instruye el caso intentó imputar a la vicepresidenta autonómica, María Jesús Ruiz, pero el Tribunal Superior rechazó la imputación al considerar que no había pruebas. Torre, que es funcionario, dejó el cargo de director general en 2007 y desde entonces ocupa su puesto de funcionario autonómico en León.
Torre fue clave en la aprobación del plan. El 5 de noviembre de 2003 el director de Especies Amenazadas de Ávila, Sabas Yagüe, afirmó en un informe que parte de la finca en la que estaban previstos 1.600 chalés con campo de golf era zona crítica para la cigüeña negra, lo que impedía la recalificación. Pese a ello, ocho días después, Torre autorizó la urbanización citando el informe aludido como si hubiera sido positivo y autorizó a talar más de 35.000 pinos.
www.elpais.es 18.04.09
Desde el 'caso de la Minería' en el año 1995, en el que un consejero de Economía del Gobierno de Aznar en la Junta fue condenado por prevaricación por el Supremo, el Ejecutivo de Castilla y León no se había enfrentado a un proceso judicial de estas características.
Dos directores generales imputados, un ex delegado Territorial de la Junta encausado, más de una decena de altos funcionarios a los que el fiscal les inculpa de prevaricación, el alcalde y secretario municipal de Las Navas del Marqués, que presuntamente favorecieron a un promotor de Alicante en su proyecto de Ciudad del Golf, donde se pretendía edificar 1.600 chalés, dos campos de golf y un hotel de 500 plazas, son los 'actores' de este causa promovida por grupos ecologistas que se han convertido en defensores del hábitat de la cigüeña negra y el águila imperial, que anidan en una zona de pinares abulenses que hasta el día de hoy está protegida por la Junta.
Todos estos inculpados han declarado ya después de dos años de instrucción por parte de un Juzgado de Ávila y miran ahora expectantes a que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León decida si llama a declarar a la consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta Primera de la Junta, María Jesús Ruiz, a quien el fiscal jefe de Ávila sitúa a la cabeza de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que autorizó la urbanización a sólo 50 kilómetros de la Comunidad de Madrid.
La decisión en los próximos días de la Sala de lo Penal del TSJ, que preside José Luis Concepción, no sólo supone la posibilidad de declaración de la consejera, sino que en caso de que vea indicios racionales de presunta prevaricación los 20 tomos de esta instrucción pasarían al Alto Tribunal que debería de enjuiciar los hechos.
¿De qué responsabiliza el fiscal jefe de Ávila a la consejera? La clave está en el acta de un pleno municipal del 2004 de Las Navas, en donde se recoge literalmente que su alcalde, Gerardo Pérez (PP) asegura que «después de muchos avatares (...) se ha mantenido una reunión con la consejera de Medio Ambiente, aprovechando una visita a nuestra localidad el pasado 10 de febrero, en la que se comprometió a resolver el expediente inmediatamente. En el día de ayer se ha recibido, vía fax, la Declaración favorable de Impacto Ambiental firmada por la consejera el día 20 de febrero».
En diez días, Ruiz «desbloqueó a toda prisa», según el fiscal, un proyecto de urbanización cuyas objeciones ambientales, respecto a que se trataba de un área crítica para la supervivencia de la cigüeña negra, habían resaltado los funcionarios de Medio Ambiente y que «fueron aparcadas» luego.
Unos informes favorables, suscritos entre septiembre del 2003 y enero del 2004, por los que se imputa también al ex director general de Medio Natural, Mariano Torre, y a su sucesor actual José Ángel Arranz.
«La finalidad de este ir y venir de informes entre órganos centrales y periféricos de la Consejería de Medio Ambiente no fue garantizar la adopción de una resolución justa, sino proporcionar una coartada a la decisión final ya adoptada de dar vía libre al proyecto» de urbanización de 1.600 chalés en la Ciudad del Golf, asegura el fiscal jefe de Ávila.
El desarrollo urbanístico de Las Navas, que a finales de los años 90 tenía algo más de cuatro mil habitantes (ahora con el proceso de inmigración ha llegado a los 5.600), ha estado vinculado a la ampliación de una presa de agua con un volumen de dos hectómetros cúbicos que permitía abastecer a una población estival, residente en Madrid, de hasta 12.000 habitantes.
La construcción de la presa se aprobó siendo ministra de Medio Ambiente Isabel Tocino, y consejero del mismo ramo en la Junta, el abulense José Manuel Fernández de Santiago, que fue quien nombró en 1999 a Mariano Torre, director de Medio Natural.
Nunca un ave que huye de la presencia humana «ha dado de comer» a tanto despacho jurídico de prestigio. Otras de las 'cuestiones colaterales' de este proceso judicial está en la contratación de los servicios de despachos de abogados en la capital madrileña con minutas millonarias. Los inculpados han optado por defensas independientes, en algunos casos pagadas por las administraciones y en otro por los particulares.
En el caso del alcalde y secretario municipal de Las Navas, es la sociedad pública Montes de Las Navas (MNSA), que vendió las 215 hectáreas al promotor alicantino, la que se hace cargo de la minuta correspondiente al bufete madrileño de Gonzalo Rodríguez Mourullo. Catedrático de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid, y uno del inspiradores del Código Penal de 1995, Mourullo ha sido defensor de Mariano Rubio, ex Gobernador del Banco de España, y de Emilio Botín, en el caso de las prejubilaciones millonarias en el Banco Santander.
El despacho de Garrigues defiende en este pleito al ex director general, Mariano Torre, al ex delegado de la Junta en Ávila, Félix San Segundo, y dos altos funcionarios más. Su letrado es Florentino Ortí, ex fiscal de la Audiencia Nacional que llevó los casos Banesto (con el encarcelamiento de Mario Conde en 1994) y KIO. Actualmente es el defensor del presidente de Fórum Filatélico.
(www.nortedecastilla.es, 10/11/08)
EL JUEZ SOSTIENE QUE LA VICEPRESIDENTA DE CASTILLA Y LEÓN PREVARICÓ AL RECALIFICAR UN PINAR
El juez de Ávila que desde hace dos años instruye el caso por la tala de un pinar protegido en Las Navas del Marqués lo tiene tan claro como el fiscal: "Hay indicios racionales de la comisión de un delito de prevaricación" por la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, del PP, que firmó en 2004 la declaración de impacto ambiental que permitía talar más de 35.000 pinos protegidos para que el promotor Francisco Gómez, alias El Paloma, construyera 1.600 viviendas, hoteles y campos de golf. El juez Miguel Ángel Pérez califica ese dictamen como "ilegal y arbritrario" y apoya la petición del fiscal de que el Tribunal Superior de Justicia impute a Ruiz. En un escrito de 16 folios fechado el viernes pasado, el juez considera que la Junta de Castilla y León incumplió sus propias normas de protección de la naturaleza.
El juez coincide con el ministerio público en que toda la actuación de la Consejería de Medio Ambiente que dirigía Ruiz estuvo destinada a recalificar el pinar. Ruiz prometió al alcalde de Las navas, Gerardo Pérez, del PP y también imputado, que aporbaría la declaración. El alcalde y altos cargos de la Junta y la Diputación de Ávila habían firmado con el promotor de antemano que recalificarían el pinar y que si se retrasaba el trámite le indemnizarían con 1,5 millones de dinero público. La urbanización ya fue declarada ilegal en 2006 por el Tribunal Superior y ahora la justicia investiga si hubo delito en la aprobación del plan.
Miguel Ángel Pérez destaca que "las leyes no permitían" recalificar el pinar, que tiene una parte clasificada como área crítica para la cigüeña negra, en peligro de extinción. "Cuando se concibió y planificó el proyecto Ciudad del Golf y se realizaron las autorizaciones administrativas para llevarlo a cabo existín suficientes instrumentos legales para defender las áreas naturales más valiosas de las agresiones urbanísticas, de modo que sólo la frontal oposición de la Administración a aplicar sus propias normas hizo posible que se produjera la agresión al medio ambiente determinante de la presenta causa penal", afirma el escrito del juez.
El auto añade: "Aquellos informes técnicos de Medio Ambiente que podían cuestionar la legalidad de la urbanización, unas veces, directamente se omitieron (...) en otro caso no se hizo caso a lo informado por ellos (...) y, como caso más extremo, en determinados expedientes se exigió la colaboración a los técnicos para que los informes fueran favorables (esto ocurrió en el expediente de la declaración de impacto ambiental con la polémica exclusión del área crítica para la cigüeña negra".
El fiscal pidió, y el juez acepta, separar el caso en cuatro piezas y que el Tribuanl Superior investigue la aprobación ambiental (ya que Ruiz es aforada) y el juzgado de Ávila seguiría con el resto. También están imputados los miembros de la comisión de urbanismo que aprobaron la recalificación urbanística; el alcalde, el secretario municipal y el promotor por pactar de antemano la recalificación, y el promotor por talar 2.243 pinos cuando la urbanziación ya era ilegal con el argumento de que la sentencia no era firme.
(www.elpais.com, 21/10/08)El fiscal acusa a la vicepresidenta de Castilla y León de prevaricación
Pide su imputación por aprobar una gran urbanización en un pinar refugio de cigüeñas en Las Navas del Marqués
La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y la Diputación de Ávila, del PP, decidieron en 1999 urbanizar un pinar de máxima protección. "Sus responsables consideraron los trámites legales que había que cumplir como obstáculos que había que remover". El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, resume así la aprobación de la Ciudad del Golf -1.600 chalés, dos hoteles y cuatro campos de golf- en un refugio de cigüeñas negras.
Ruiz es el cargo político de mayor rango contra el que actúa la fiscalía
Por eso, ayer pidió al Tribunal Superior de Castilla y León que impute por prevaricación a la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, que firmó la declaración de impacto ambiental. Ruiz se convierte así en el cargo político de mayor rango contra el que actúa el fiscal por un escándalo urbanístico. La vicepresidenta se suma a los 19 imputados en este caso, desde los técnicos que dieron el visto bueno a la obra hasta el alcalde o el ex director de Medio Natural, Mariano Torre.
Para pedir la imputación al tribunal -Ruiz es aforada- el fiscal ha presentado un detallado escrito de 31 folios que reconstruye la génesis de la urbanización desde 1999. Entonces, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta compraron a Unión Resinera 7.600 hectáreas de pinar. Lo hicieron mediante una sociedad pública creada para "proteger el monte" aunque decidió recalificar una parte de pinar para pagar el suelo. La composición de la empresa es "reveladora", ya que estaban como consejeros los altos cargos que luego debían recalificar el terreno.
Pactaron con el promotor, Francisco Gómez, El Paloma, que en 200 hectáreas de pinar maduro protegido por albergar algunas de las pocas cigüeñas negras que quedan en España, construyera una urbanización. Incluso pactaron por escrito con él que si en dos años no estaba recalificado le indemnizarían con 1,5 millones.
Como era previsible, la urbanización salió adelante. El 10 de febrero de 2004, María Jesús Ruiz, entonces consejera de Medio Ambiente, se reunió con el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez, y "se comprometió a resolver la declaración de impacto ambiental inmediatamente". Sólo 10 días después, al límite del plazo, la declaración fue aprobada con la firma de Ruiz. Ayer, sin embargo, Ruiz declaró: "Mi única participación es la firma, yo no participo en ninguna otra fase" y declaró que volvería a rubricar la declaración de impacto ambiental, que permitía al promotor talar 35.000 pinos. La urbanización ya fue declarada ilegal por el Tribunal Superior pero la Junta recurrió al Supremo para proseguir la tala. La obra, por el momento, está parada.
"Sólo la frontal oposición de la Administración a aplicar sus propias normas hizo posible un desaguisado de tal magnitud", señala el fiscal, que pormenoriza una larga serie de procedimientos infringidos. El fiscal explicó ayer a este diario que "Ruiz firmó la declaración en contra de los censos de cigüeña negra en la zona", y en su escrito apunta que todo estuvo orquestado desde la consejería que ella dirigía. Pese a que los cargos que avalaron la urbanización han declarado en el juzgado que no había cigüeña negra o que la tala no afectaría a la especie, un informe interno de 2003 denunciaba que la urbanización suponía "una grave modificación dentro del área crítica que compromete la potencialidad del área" para la cigüeña negra.
El fiscal considera que Ruiz cometió un delito de prevaricación, al igual que otros cinco cargos de su consejería que colaboraron en la aprobación. En su escrito pide separar en cuatro piezas el caso para facilitar la instrucción. Además del de prevaricación contra la vicepresidenta y los suyos, quiere abrir otra por prevaricación contra los ocho miembros de la comisión de urbanismo que dieron luz verde al proyecto pese a carecer de informe ambiental e incumplir "la legislación de urbanismo"; otra contra el alcalde, el secretario municipal y El Paloma por el pacto previo a los trámites en el que se comprometían a recalificar el pinar, y una cuarta pieza contra el promotor y la empresa que comenzó la tala del pinar pese a que el tribunal ya había declarado ilegal la urbanización.
Carlos Bravo, de la asociación ecologista Centaurea, aplaudió la decisión del fiscal: "Demuestra que la consejera actuó en contra de sus informes técnicos".
www.elpais.es 18.10.08
El juez imputa al promotor y a 14 técnicos por la tala en Las Navas del Marqués
El juez de Ávila que investiga la Ciudad del Golf -1.600 chalés, hotel y cuatro campos de golf- en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila) ha multiplicado el número de imputados.
Tras declarar cuatro altos cargos que impulsaron la recalificación, el magistrado ha llamado como imputados, como pidió la asociación ecologista Centaurea, al promotor de la urbanización, Francisco Gómez, El Paloma, y a 14 técnicos que firmaron informes favorables o apoyaron la recalificación en la comisión de urbanismo.
El Tribunal Superior de Castilla y León ya declaró ilegal el plan y paralizó la obra en 2006. Ahora, el juzgado investiga si hubo prevaricación en la tramitación, ya que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, del PP, pactaron con el promotor la recalificación antes de iniciar los trámites ambientales.
Luego, cumpliendo lo pactado por escrito, le autorizaron la tala de más de 35.000 pinos maduros en una zona que incluía un área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. El promotor incluyó una cláusula por la que sería indemnizado si los técnicos frenaban el plan.
Ante el juez ya han pasado el alcalde, Gerardo Pérez; el entonces director de Medio Natural de la Junta, Mariano Torre; el ex presidente de la Diputación Félix San Segundo y el secretario municipal. Todos se han escudado en los técnicos.
En un auto del pasado día 12, el juez imputa a los ocho miembros de la comisión de urbanismo por los "acuerdos por unanimidad tendentes a conseguir la urbanización en suelo especialmente protegido desde la perspectiva de los delitos relativos a la ordenación del territorio", a seis técnicos autores de informes y a El Paloma, que taló 3.000 pinos cuando el tribunal había vetado la urbanización.
www.elpais.es 18.11.07
SEGÚN EL FISCAL, EL ALCALDE LAS NAVAS CONOCÍA LA SENTENCIA CUANDO COMENZÓ LA TALA
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ávila, Juan Miguel Gómez Cortés, entiende que el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués tuvo conocimiento de la sentencia del TSJ que anulaba la Ciudad del Golf antes de se iniciara la tala de pinos.
Considera, además, que el secretario municipal, Carlos de la Vega, pudo emitir un certificado falso de la reunión de una Comisión de Gobierno de la que no se ha presentado el acta, y anunció que en su opinión deberá seguir imputado por el escándalo urbanístico de la Ciudad del Golf.
Así lo manifestó Gómez Cortés ayer, después de que el secretario prestara declaración. Es por estas dos razones por las que pidió que volviera a aplazarse la comparecencia del alcalde, Gerardo Pérez, que estaba fijada para ayer a las 12 horas, al entender que faltan documentos clave.
El regidor, cuya declaración ya se había aplazado el 25 de abril por la presentación en el último momento de una documentación que venía requiriéndose durante cinco meses, comparecerá de nuevo el 25 de junio.
Uno de los principales motivos para pedir que se aplazara la comparecencia de Gerardo Pérez, que era también el presidente de Montes de Las Navas y vocal en la Comisión Territorial de Urbanismo, fue, según explicó Gómez Cortés, “un acta de un pleno de octubre del año pasado donde el alcalde dio una serie de explicaciones que demuestran que cuando empezó la tala de árboles ya conocía la sentencia” del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la que se anulaba la clasificación como suelo urbano de los terrenos de la Ciudad del Golf.
Se trata, sin embargo, de un documento extraído de internet que la Fiscalía quiere comparar con el original. También destacó que faltan actas de la Comisión Territorial de Urbanismo que han sido docilitadas desde el mes de noviembre y que volverán a requerirse.
Certificación de una Comisión de Gobierno sin acta
Además, “hay una certificación del secretario en relación con una reunión de la Comisión de Gobierno que se ha aportado a la escritura de segregación y necesitamos saber si la Comisión de Gobierno se ha reunido y para ello necesitamos pedir el acta porque el secretario no ha sabido explicarlo”.
“Hay que ver si se ha celebrado y qué es lo que se ha acordado, porque es un documento necesario para la segregación que a su vez es necesario para la permuta de los terrenos del Área Crítica”, manifestó el fiscal, quien argumentó que “es uno de los documentos clave” y que “es el origen de los males de este mundo para ellos”.
En este sentido, indicó que “si se emite un certificado falso, es delito” y que si no pueden aportar el acta de la Comisión, es que “se certifica que se ha celebrado una comisión que no se ha celebrado”. Detalló, además, que “en el certificado se ven algunas cosas que no cuadran”.
Sobre la posibilidad de que sean llamados a declarar nuevos imputados, dijo que “tengo ya una opinión formada, pero se lo tendré que exponer a los superiores”.
(www.aviladigital.com, 13/06/07)
MONTES DE LAS NAVAS PERMUTÓ TERRENOS CON EL AYUNTAMIENTO VALORADOS EN 225.000 EUROS MENOS
La sociedad Montes de Las Navas permutó un terreno forestal valorado en 125.000 euros con otro del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila), valorado en 300.000 y considerado área crítica para la cigüeña negra, para construir la Ciudad del Golf.
Esta superficie se adjudicó, además, sin concurso, a pesar de tratarse de una sociedad pública, a Residencial Aguas Nuevas, la promotora de la Ciudad del Golf, a la que se vendieron los terrenos a precio de suelo rústico, cuando ya se conocía que allí iba a construirse una urbanización. Para la asociación ecologista Centáurea, podría tratarse de un delito de malversación de caudales públicos, dado que “con la permuta se rompe el principio de salvaguardar el interés general frente al particular”. La parcela que se intercambia, concretamente, es en la que se pretendían plantar los pinos que se talaran en la zona protegida, por lo que, a juicio de los ecologistas, “no tendría valor ecológico hasta dentro de 40 ó 50 años”.
Aplazada la declaración de tres imputados
Así lo explicó Carlos Bravo, miembro de la asociación ecologista Centáurea, después de que los abogados analizaran el contrato de la permuta entre la sociedad y el Ayuntamiento, presentado en el último momento después de numerosos requerimientos. Se trata de uno de los documentos que se han estado solicitando desde el mes de noviembre y que no se presentaron hasta este martes, a última hora del mediodía, junto con el contrato de compraventa suscrito entre Montes de Las Navas y la Unión Resinera para la adquisición de los terrenos. Como consecuencia de esta demora en la presentación de la documentación solicitada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, tres de los imputados –el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario municipal, Carlos de la Vega; y el ex delegado de la Junta, Félix San Segundo-, no declararon finalmente, al entender el magistrado que no se les podía interrogar sin analizar esta nueva documentación. Aunque todavía no se ha fijado fecha para que comparezcan, se espera que lo hagan después de las elecciones. Para los ecologistas, se trata de una “maniobra” que han utilizado para “ganar tiempo”. Tampoco se han presentado las actas solicitadas de la Comisión de Urbanismo y, de las que se han presentado, según Bravo, “se deduce que el alcalde de Las Navas y el secretario participaron en votaciones en las que debían abstenerse”.
(www.aviladigital.com, 13/06/07)
NUEVO VARAPALO JUDICIAL A LA CIUDAD DEL GOLF DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso de súplica presentado por la Junta y la promotora de la Ciudad del Golf, Residencial Aguas Nuevas, contra la ejecución de la sentencia que anuló el proyecto en septiembre de 2006.
Fue en el mes de marzo cuando aquella sentencia, que consideraba “no urbanizable de protección natural” el suelo donde pretendían construirse las 1.700 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles, se hizo firme, al aceptar el TSJ la ejecución de la sentencia, como solicitaron las asociaciones ecologistas Centaurea y Ecologistas en Acción al personarse en el proceso en ejercicio de la acción pública.
El TSJ anuló en septiembre de 2006 la recalificación de los terrenos de la Ciudad del Golf, pero, a pesar de ello, el promotor de la Ciudad del Golf inició la tala de miles de pinos a principios de octubre pasado.
Los trabajos fueron paralizados entonces por la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, y posteriormente por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, que determinó la adopción de medidas cautelares, después de que nueve organizaciones ecologistas presentaron una denuncia por las presuntas ilegalidades.
Sin embargo, el promotor ya argumentó entonces que las obras podían continuarse porque la sentencia no era firme. Fue por ello por lo que Centaurea y Ecologistas en Acción pidieron personarse en el proceso judicial, en ejercicio de la acción pública, y pedir la ejecución de la sentencia, de forma que esta se hiciera firme.
A juicio de Carlos Bravo, portavoz de Centaurea, es una “nueva derrota legal del promotor”, aunque contra esta decisión judicial podrá presentarse un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de diez días.
En todo caso, tanto la Junta, como el Ayuntamiento de Las Navas y el promotor ya recurrieron en casación la sentencia de septiembre de 2006 que anulaba la clasificación como suelo urbano de los terrenos donde pretendía levantarse la Ciudad del Golf, por lo que el Supremo tendrá que pronunciarse previamente sobre la ratificación de la sentencia o su anulación.
www.aviladigital.com, 06/06/07
Castilla y León omitió el trámite legal para talar el refugio de aves de Navas del Marqués
Los dos técnicos de la Junta de Castilla y León que abrieron ayer las declaraciones por el caso Navas del Marqués (Ávila) admitieron que la Junta de Castilla y León ignoró el trámite imprescindible para urbanizar en un área crítica para la cigüeña negra, ya que modificaron los límites de protección para la especie sin justificación y para satisfacer al constructor. Aun así, el entonces jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe, y el técnico de Impacto Ambiental, Alfredo Martín Ramírez, defendieron la construcción de 1.600 chalés y cuatro campos de golf a costa de 35.000 pinos. El Tribunal Superior de Castilla y León ya ha declarado ilegal ese plan por afectar a la cigüeña negra.
El caso Navas del Marqués comenzó ayer su andadura en el juzgado número 2 de Ávila. El Tribunal de superior de Justicia de Castilla y León sentenció en octubre pasado que no se podía construir la Ciudad del Golf porque violaba la normativa urbanística. La urbanización estaba impulsada por el Ayuntamiento de Las Navas, la Junta de Castilla y León y la Diputación, todas del PP, que crearon una empresa pública con el fin de "proteger el monte" y se dedicaron a recalificarlo. El juzgado intenta ahora ver si los que impulsaron la urbanización en 210 hectáreas de pinar cometieron un delito, como ocurre en Marbella con los concejales que aprueban las licencias declaradas ilegales.
Hoy declararán como imputados por corrupción al director general del Medio Natural, alcalde, Gerardo Pérez, y el ex delegado territorial de la Junta en Ávila, Félix San Segundo.
Los dos técnicos que declararon ayer en calidad de testigos dejaron claro que la Junta decidió urbanizar 12 hectáreas de área crítica para la cigüeña negra -una especie en extinción-. Para urbanizar ese terreno, la Junta debió haber emitido una orden con un periodo de alegaciones, algo que habría recibido oposición ecologista y científica. En su lugar, la Junta optó por desprotegerla "de hecho" con un documento interno firmado por el director de Medio Natural, Mariano Torre, que hoy declarará como imputado por corrupción. Esa zona ocupa sólo el 5% del total de la urbanización pero era imprescindible para el promotor.
Alfredo Martín Ramírez afirmó que cuando el plan llegó a la ponencia técnica "no quedaba claro la afección al área crítica [para la cigüeña] si quedaba o no excluida" y que por eso "se solicitaron informes a la dirección de Medio natural". El técnico añadió: "La Ley establece que si se quiere excluir, y que si lo que querían es que se hiciera, se debería hacer mediante una orden". Y concluyó que estaba "a favor del proyecto, pero que consideraba que la forma de excluir el área crítica no era la correcta". En su declaración, Martín Ramírez minimizó el impacto del proyecto, y afirmó que nadie le presionó.
Tras él, declaró Sabas Yagüe, entonces jefe de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente en Ávila. A preguntas del abogado de la asociación Ecologista Centaurea, Yagüe afirmó "que varios vocales de la ponencia técnica, entre ellos él, tenían dudas sobre si esa parcela estaba en área crítica o no", en cuyo caso no se podría urbanizar. Esa duda se la transmitieron al director de Medio Natural, que a su vez le pidió un informe al propio Yagüe sobre el tema. Este emitió entonces, noviembre de 2003, un informe en el que "implícitamente sostiene que la parcela está en área crítica", según declaró ayer.
El director de Medio Natural, Mariano Torre, eligió las partes en las que Yagüe minimiza el impacto de la urbanización y dio luz verde a la Ciudad del Golf.
Yagüe reconoció ante el juez que esa parcela "no había perdido su valor y que no había razón objetiva" para que fuera excluida y admitió que "se recalificaron los terrenos del área crítica" y que en la evaluación "no se valoró" que el terreno es Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.
A preguntas de la defensa, Yagüe restó valor a la pérdida de las 12 hectáreas. Las defensas de los imputado no intentaron defender el trámite de la recalificación, sino destacar que las 12 hectáreas suponen una parte muy pequeña de la zona de protección para las aves y que no es vital para la especie.
El Tribunal Superior declaró que el pinar no se podía urbanizar y que la legislación al respecto "lleva necesaria y regladamente a tener que clasificar dicho terreno como suelo no urbanizable con protección natural".www.elpais.es 25.04.07
El juez pide más informes sobre la tala en Las Navas del Marqués
El juez que investiga la urbanización en el refugio de cigüeñas de Las Navas del Marqués (Ávila) ha pedido a la Junta de Castilla y León nuevos informes sobre la aprobación de 1.600 chalés en un pinar protegido. El juez tramita la petición de la asociación ecologista Centaurea y reclama a la Junta que informe con claridad si ha modificado la zona delimitada, área crítica para la cigüeña negra, que en teoría es intocable, y donde proyectó parte del plan.El juez ha citado como imputados por seis delitos al director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre; al alcalde de las Navas, Gerardo Pérez; y al ex delegado de la Junta en Ávila, Félix San Segundo, todos del PP.El magistrado pide también a la Junta que diga si 11,6 hectáreas de las 210 que pretendía urbanizar son aún área crítica para la cigüeña negra. La pregunta parece sencilla, pero la respuesta no lo es. Por un lado, la Junta no ha publicado la modificación del área crítica, como es preceptivo. Así que no puede decir que la zona no es área crítica. Y siendo así podrá difícilmente defender la urbanización. El director de Medio Natural ahora imputado modificó "de hecho" los límites del área crítica en un informe interno. www.elpais.es 17.03.07
EL FISCAL IMPUTA A CUATRO ALTOS CARGOS DEL PP QUE IMPULSARON LA TALA EN LAS NAVAS DEL MARQUÉS
El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, pidió al juez que declaren como imputados cuatro altos cargos del PP que impulsaron la urbanización en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila), según fuentes del caso. Entre los cargos implicados están el alcalde de Las Navas y el director general del Medio Natural de Castilla y León. El fiscal cree que en su actuación hay indicios de delito contra el medio ambiente y el territorio, prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias, ya que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento pactaron con el promotor la recalificación del pinar antes de pedir informes, y luego citaron como positivo el dictamen contrario a la recalificación.
En el escrito remitido al juzgado, el fiscal pide que declaren como imputados el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario municipal, Carlos de la Vega; el director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre Antón, y el ex delegado de la Junta en Ávila, ex presidente de la Comisión de urbanismo y ex senador Félix San Segundo, todos del PP.
No están todos los que son, pero, con este escrito, la fiscalía da el primer paso para depurar las responsabilidades por la Ciudad del Golf, la urbanización de 1.600 chalés, hotel y campos de golf en un pinar especialmente protegido. El Ayuntamiento de Las Navas, la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León impulsaron la urbanización en contra de los informes técnicos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentenció en octubre pasado que la recalificación era ilegal y "vulneraba frontalmente" el decreto de protección de la cigüeña negra. Tras la sentencia y a petición de ecologistas y la fiscalía se abrió la vía penal para buscar a los responsables, como ocurre con las licencias ilegales de Marbella.
El fiscal, tras analizar el expediente e informar al fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, actúa contra estos cargos. "Éste es el primer paso porque este proceso será largo y puede haber más imputaciones", explican fuentes de la fiscalía.
Estas fuentes apuntan al ex presidente de la Diputación de Ávila Sebastián González, actual secretario de Organización del PP y mano derecha de Ángel Acebes. González es diputado y para pedir su imputación hay que lograr el visto bueno del Congreso. El escrito ecologista que abrió el caso incluía a González entre los denunciados y ahora es el único de ellos que no aparece en el escrito del fiscal.
Una de las claves de la acusación es que el director de Medio Natural, Mariano Torre, firmó el 13 de noviembre de 2003 un informe por el que desprotegía 11,6 hectáreas declaradas "área crítica para la cigüeña negra" y por lo tanto intocables, Torre firmó la desprotección citando como positivo un informe del jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe, firmado una semana antes y contrario a la desprotección. Yagüe había rubricado 10 días antes otro dictamen contrario y reiteró su oposición en 2004. Luego fue trasladado. Fuentes del caso explican que esa manipulación es una de las principales pruebas en contra de Torre. Además, para desproteger esa parte del suelo era necesaria una orden publicada en el boletín de la comunidad, algo que nunca se hizo. Torre evitó el trámite y desprotegió el área crítica.
El segundo punto por el que incidirá la acusación es que los altos cargos eran juez y parte. Torre, González, San Segundo, el alcalde de Las Navas y el secretario eran consejeros de la empresa pública Montes de Las Navas, creada oficialmente para proteger el monte que acababa de comprar. La empresa era del ayuntamiento (70%), la Junta (20%) y la Diputación (10%).
En noviembre de 2001, antes de que el terreno saliera a subasta, la empresa ya había encargado al constructor alicantino Francisco Gómez, alias El Paloma, "los estudios topográficos y anteproyectos" de la urbanización. El acta del consejo de administración de 26 de noviembre de 2001 demuestra que ya entonces el constructor había pactado la adquisición de "95 hectáreas por 9,157 millones de euros". En 2002 el terreno salió a subasta y El Paloma fue el único en concursar. Ya no eran 95 hectáreas sino 215, aunque el precio apenas varió. El promotor, presidente del club de fútbol de Cartagena, se comprometió a pagar 9.953.971 euros en siete años. El 14 de agosto de 2002 se firmó la escritura de compraventa y los altos cargos de Castilla y León firmaron que en dos años todo el terreno sería urbanizable o indemnizarían al promotor con 2.953.943 € más IVA.
Con este escrito, el fiscal asume las tesis de la denuncia de los ecologistas que abrieron el caso y que pidieron investigar los delitos de falsedad (por la manipulación) contra la ordenación del territorio y la fauna (al aprobar la recalificación pese a los informes negativos), prevaricación (al permutar un monte público por otra parcela sin árboles), tráfico de influencias (por pactar la recalificación años antes de los trámites) y malversación de caudales públicos (al crear con dinero público una sociedad que impulsó la urbanización). La denuncia partió de las asociaciones ecologistas Centaurea, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Cantueso y Grama.
33.000 pinos a la espera
El pinar de Las Navas del Marqués está casi salvado. Pero no del todo. El Tribunal Superior de Castilla y León declaró en octubre ilegal la recalificación tras el recurso del constructor Francisco Correal, que se sintió perjudicado. Pese a que Correal estaba decidido a hacer cumplir la sentencia, cambió de opinión y no pidió ejecutar del fallo.
Por eso el constructor Francisco Gómez taló 2.243 pinos sin que la Guardia Civil le detuviera. El juzgado investiga ahora a petición de los ecologistas si esa tala fue delito ecológico. Además, los ecologistas han logrado personarse en el Tribunal Superior y han pedido la ejecución de la primera sentencia en lugar de Correal. Si el tribunal prohíbe definitivamente la tala, se habrán salvado los más de 33.000 pinos que aún podía cortar el promotor Francisco Gómez, El Paloma
www.elpais.es 09.03.07
UN TRIBUNAL PIDE ACCIONES CONTRA EL PROMOTOR QUE TALÓ EL PINAR DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha pedido al fiscal que actúe contra el constructor Francisco Gómez, El Paloma, que taló 3.000 pinos en Las Navas del Marqués (Ávila) pese a que una sentencia le impedía hacerlo. El Tribunal anunció ayer que rechaza la recusación del magistrado pedida por El Paloma y que además remitirá el escrito del promotor a la fiscalía por si ve delito en las acusaciones que el constructor vierte contra el magistrado que dictó la sentencia, al que acusa de tener expedientes y denuncias pendientes.A Francisco Gómez no le gustó la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que paralizó en octubre su Ciudad del Golf, 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf en un pinar protegido. La sentencia, de la que fue ponente el presidente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal, Eusebio Revilla, revocó la recalificación del pinar pese a que tenía los informes favorables de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Las Navas (todos del PP).
La sentencia fue pionera y supuso un duro varapalo a la Junta de Castilla y León y al alcalde de Las Navas, ambas instituciones gobernadas por el PP, que crearon una empresa pública y regalaron la mitad del suelo al constructor. La sentencia sostiene que la urbanización "incumple los objetivos de protección del medio ambiente", que "contraviene frontalmente" el decreto de protección de la cigüeña negra de la propia Junta y que no tiene sentido destruir 200 hectáreas para reforestar otras 200. Asociaciones ecologistas como Centaurea han pedido la ejecución de la sentencia -la prohibición de urbanizar- hasta que el Supremo resuelva el recurso del constructor.En el proceso, el constructor recusó al magistrado ponente de la sentencia y alegó causas como que el magistrado había sido "denunciado o acusado" "como responsable de un delito o falta" y "haber sido sancionado disciplinariamente".
El magistrado Valentín Varona, que instruyó el expediente de recusación, sostiene en un auto hecho público ayer que "ni siquiera" existe una denuncia contra el magistrado y que "no ha existido sanción y ni siquiera está acreditado que se haya incoado expediente administrativo sancionador". El auto critica también que la recusación se dirija sólo contra el magistrado ponente de la sentencia "olvidando que estamos ante resoluciones adoptadas de común acuerdo por el tribunal", formado por tres jueces.El auto, contra el que no cabe recurso, añade que se remitirá a la Fiscalía el escrito de recusación por "si los términos empleados y las imputaciones formuladas pudieran ser constitutivas de delito". El instructor concluye que "existen motivos para apreciar que se ha pretendido justificar la recusación sesgando los hechos con la única finalidad de apartar al magistrado" algo que "demuestra mala fe y fraude de ley por parte de la promotora".(07/02/07)
UN JUEZ PROHÍBE LAS OBRAS EN EL REFUGIO DE CIGÜEÑAS DE LAS NAVAS DEL MARQUÉS
El pinar de Las Navas del Marqués recibió ayer un indulto al menos provisional. El juez de instrucción número dos de Ávila prohibió de forma cautelar cualquier tala en el pinar de Las Navas del Marqués (Ávila). El juez tomó la medida hasta que decida si el constructor alicantino Francisco Gómez, El Paloma, cometió delito ecológico al talar 5.000 pinos de un bosque protegido pese a que una sentencia prohibió la urbanización de 1.600 chalés y campos de golf que pretendía levantar allí con apoyo de la Junta de Castilla y León, del PP. La paralización se produce después de que el fiscal apreciase "indicios racionales de un delito contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente".
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibió a finales de septiembre la Ciudad del Golf, un complejo urbanístico de 1.600 chalés, hotel y campos de golf que la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Navas (ambos del PP) impulsaron en el pinar pese a estar protegido.
Altos cargos de la Junta, del Ayuntamiento y de la Diputación de Ávila pactaron con el promotor que recalificarían el pinar años antes de iniciar los trámites ambientales; se comprometieron por escrito a indemnizarlo si los técnicos frenaban la urbanización, y duplicaron la superficie pactada inicialmente. Los técnicos se opusieron porque en la zona anida la cigüeña negra, una especie en extinción, pero la recalificación salió adelante.
El constructor alicantino El Paloma inició la tala de árboles nada más leer en EL PAÍS que el tribunal había suspendido la urbanización. En dos días taló unos 5.000 árboles, según los vecinos. Ni la Guardia Civil se lo impidió.
El promotor alegó que nadie había pedido la ejecución de la sentencia. Nadie la pidió porque el recurrente era otro constructor enfadado porque su terreno no era urbanizable y ya no le interesa frenar la obra. El constructor paró la tala a petición del alcalde, pero advirtió: "No descarto seguir con la tala de pinos cuando todo se calme".
Meses o años
La asociación ecologista Cantueso le denunció por delito ecológico y la denuncia ha sido admitida a trámite. Ayer, a petición de la fiscalía de Medio Ambiente, el juzgado ordenó la paralización cautelar de cualquier tala en el pinar. El auto seguirá vigente mientras el juez investiga si El Paloma cometió delito ecológico, en un trámite que puede durar meses o incluso años y que cuanto más tarde más probabilidades tiene de que la urbanización no prospere. El juez sostiene que si permite que siga la tala nunca se podría aplicar la sentencia que prohíbe la obra.
El proceso penal por delito ecológico se dirime al margen del recurso de casación que la Junta de Castilla y León han presentado ante el Supremo. Ese proceso durará previsiblemente años. Lo que significa que si el juez de Ávila decide que no hubo delito ecológico en la tala y que El Paloma no tenía por qué obedecer una sentencia que no era firme, entonces el promotor tendrá vía libre para acabar con el refugio hasta que decida el Supremo.
El fiscal solicitó al juez la paralización "cautelar de la actividad de despeje y desbroce del terreno, incluida la tala de arbolado, iniciada el pasado 3 de octubre por la empresa Romufor, S.L., contratista de la empresa Residencial Aguas Nuevas", propiedad de El Paloma.
El escrito del fiscal recuerda que las obras se encuentran paralizadas desde el pasado 9 de octubre por el Ayuntamiento, "previa solicitud de la Fiscalía de Medio Ambiente", aunque añade que si el juez no lo impedía: "Esa situación puede cambiar en cualquier momento, ya que la corporación municipal ha anunciado que sólo durará el tiempo que se tarde en estudiar la viabilidad del recurso de casación", que ya ha presentado. El fiscal argumenta en su escrito que las obras reproducirían "un deterioro irreparable del medio ambiente".
Conocía la sentencia
El fiscal señala que el promotor no puede alegar que no conocía la sentencia cuando decidió talar los 5.000 pinos porque el contenido de la sentencia "debió ser conocido por la promotora" porque supo del procedimiento judicial. El juez envió su auto al ayuntamiento y a la Guardia Civil para que eviten que el promotor retome la tala. Contra esta resolución cabe recurso.
Además, la asociación ecologista Centaurea piensan ampliar la denuncia e incluir los delitos de prevaricación y tráfico de influencias ya que los consejeros de la empresa pública que promovió la recalificación fueron los mismos que autorizaron el cambio de uso del suelo. Acusan además a la Junta de Castilla y León de omitir un informe vinculante sobre el impacto de la urbanización en el área crítica de la cigüeña negra que por ley tenía que haber emitido el director de Medio Natural, Mariano Torre. Éste era a la vez consejero de la empresa pública creada oficialmente para proteger el monte aunque recalificó 215 hectáreas para la urbanización. A un kilómetro de donde estaba proyectado el complejo hay un nido de cigüeña negra, un ave en peligro de extinción.
Castilla y León autorizó cortar 35.000 árboles donde anidan aves en extinción
El pinar de las Navas del Marques es una enorme masa boscosa junto al pueblo. Por allí pasean los vecinos y allí decidió el Ayuntamiento urbanizar para financiar la operación mediante la que en 2000 compró 7.000 hectáreas de suelo a la empresa Unión Resinera. La Junta de Castilla y León aprobó la operación y permitió talar 35.000 árboles en una superficie como 200 campos de fútbol a cambio de que la empresa reforestase una superficie similar, algo que criticó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Además de la riqueza del bosque, en la zona se pueden ver buitres leonados y negros; águilas imperiales, reales, culebreras, alimoches, azores, gavilanes, búhos reales, milanos negros y reales, entre otras especies. Además, hay entre tres y cinco de las 322 parejas de cigüeña negra que quedan en España, según el censo de 2004 realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).
Y sin embargo, la Junta de Castilla y León eligió para la urbanización el lugar en el que "la cigüeña negra tiene una importante área de cría", según la propia Junta. Dentro de la zona de protección, las normas fijan "áreas críticas" a un radio de cinco kilómetros de donde están los nidos. Unas 11 hectáreas de la futura urbanización están en el área crítica. www.elpais.es 28.10.06
Talando la ley
Cayeron 3.000 pinos. Talados impunemente en un refugio protegido de cigüeñas negras en la sierra de Ávila. Un constructor, con permiso y apoyo de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, inició la tala para levantar su urbanización pese a que el Tribunal Superior de Justicia lo había impedido. Su objetivo, construir en el espacio protegido 1.600 chalés y cuatro campos de golf a costa de 35.000 pinos. Así se gestó uno de los mayores atentados ambientales de España, según los ecologistas, y en cuya tramitación se observa un acuerdo total entre las administraciones y el promotor años antes de iniciar los trámites ambientales.
Nada podía salir mal. Nadie podía paralizar la Ciudad del Golf, una gran urbanización en un bello pinar de la sierra de Guadarrama, en Ávila pero pegado a Madrid. El alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, pactó en 1999 con el Banco Santander, propietario de Unión Resinera, la compra de 7.000 hectáreas de monte del pueblo por nueve millones de euros que saldrían de una recalificación de 95 hectáreas de pinar para hacer una urbanización. Para el banco no era suficiente: la Junta podía frenar la urbanización, así que ésta entró en la operación.
Y lo hizo sin problemas. La Consejería de Medio Ambiente, que dirige Carlos Fernández Carriedo, entró con el 20% de la sociedad pública Montes de las Navas, SA. El Ayuntamiento se quedó con el 70% y la Diputación, el 10%. En 2001 buscaron a un constructor para urbanizar el pinar. Según un acta del consejo de administración, "a principios de julio se tuvieron los primeros contactos con una empresa levantina interesada en la adquisición de los terrenos para la construcción de un campo de golf, un hotel y viviendas". Tal empresa, Residencial Aguas Nuevas, firmó con Montes de las Navas un documento en el que la primera mostraba "su intención de adquirir 95 hectáreas de pinar por 9,157 millones de euros". Aguas Nuevas es propiedad de Francisco Gómez, El Paloma, constructor alicantino y presidente del Cartagena Club de Fútbol. Un consejero de la empresa dijo que había contactado con Vallehermoso y Reocisa, entre otras promotoras, y que no estaban interesadas en la operación.
En ese momento, 26 de noviembre de 2001, intervino un hombre clave, Sebastián González, número dos del PP de Ávila, presidente de la Diputación y de Caja de Ávila y hoy secretario de organización del PP. Éste preguntó "si no sería conveniente ralentizar el proceso de la venta de los terrenos pidiendo informes de viabilidad urbanísticos y medioambientales". El alcalde se opuso, preocupado por "si se retrasa el proyecto, se promueve licitación pública y la empresa considera que es una maniobra y no mantiene su oferta". No quería sacar a subasta el solar público, sino vendérselo directamente a la empresa con la que lo pactó. Así, altos cargos de la Junta y el Ayuntamiento decidieron la edificabilidad de un suelo de alto valor ecológico y se comprometieron a urbanizarlo antes de iniciar los trámites ambientales. Pérez explicó la semana pasada que "todo el mundo estaba de acuerdo con la operación", que los campos de golf previstos son "buenos para el monte, ya que se trata de zona verde" y que él quería crear "un pulmón verde" con los chalés y el golf, y crear empleo.
Al final, el solar salió a subasta y, lógico, se lo quedó la empresa que diseñó la urbanización. El solar era ya de 215 hectáreas (de las cuales el municipio sólo había recalificado la mitad). Más del doble pero casi el mismo precio, como una oferta del dos por uno. Corría febrero de 2002 y en julio, cuando se firmó la escritura, el constructor introdujo una cláusula por la cual, si el terreno no estaba recalificado en dos años, la empresa pública le indemnizaría. Nada podía ir mal.
Como estaba pactado, la declaración de impacto ambiental salió antes de cumplirse dos años de la escritura. La Consejería de Medio Ambiente autorizaba talar 35.000 pinos maduros, a cambio de reforestar una superficie similar y urbanizar en un área crítica para la cigüeña negra a cambio de financiar estudios sobre ésta.
Pero fue mal. Un vecino enfadado porque no le recalificaron un terreno fue a los tribunales y, contra todo pronóstico, el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón a él y un varapalo a la Administración. Por urbanizar un monte en vez de la zona a reforestar, contravenir el decreto autonómico de protección de la cigüeña negra e ignorar las leyes ambientales en un proyecto sin interés público. Pero como el vecino no iba a pedir que se ejecutara la sentencia (si lo hiciera su finca quedaría protegida) el fallo quedó en el limbo. El Paloma aprovechó y comenzó a talar. Así, si algún día tenía que ejecutar la sentencia, sería imposible porque no habría pinar.
Sólo la actuación de los ecologistas de Centaurea, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra o WWF/Adena, entre otras asociaciones, sirvió para frenar la tala. Eso y que el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, recordó al alcalde que podía incurrir en responsabilidades penales si no hacía cumplir la sentencia. Ayer, además, cerca de 400 vecinos se manifestaron en contra del desaguisado. Eso ha salvado, de momento, el pinar. De momento: El Paloma ya dijo que cuando todo se calme puede volver a la tala.
El impulsor : El alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del Partido Popular, fue el principal impulsor de la urbanización en un pinar protegido
El valedor : La Junta de Castilla y León y su consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, del PP, autorizaron talar 35.000 pinos en un refugio de la cigüeña negra.
EL GOBIERNO DEL PP EN CASTILLA Y LEÓN REGALÓ AL PROMOTOR LA MITAD DEL REFUGIO DE CIGÜEÑAS
La tramitación de la Ciudad del Golf que la Junta de Castilla y León impulsó y autorizó en un pinar protegido estaba preparada hace años. El constructor Francisco Gómez, El Paloma, obtuvo 215 hectáreas de terreno protegido por casi el mismo precio que había ofrecido por la mitad del terreno. La Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués (Ávila) pactaron con él en 2001 la construcción de una gran urbanización en el pinar e incluso le encargaron que diseñara el proyecto, años antes de iniciar los trámites urbanísticos y ambientales. En la compraventa, la empresa pública se comprometía a indemnizar al constructor si no recalificaba el terreno en dos años.
El constructor Francisco Gómez, alias El Paloma, acordó en 2001 "su intención de adquirir 95 hectáreas por 9,157 millones de euros" a la empresa pública Montes de las Navas, que acababa de comprar 7.000 hectáreas de monte por 9 millones de euros a Resinera Española. La empresa Montes de las Navas fue fundada por el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León y la Diputación de Ávila (todas del PP) con el objeto oficial de proteger el monte; aunque se dedicó a recalificarlo y urbanizarlo. El Paloma, según el acta del consejo de administración de la empresa de 21 noviembre de 2001, ya advertía de que podía necesitar otras 50 hectáreas que tendrían "otras compensaciones en función de la clasificación del terreno".
En noviembre de 2001, la empresa encargó a El Paloma "los estudios topográficos y anteproyectos" para diseñar la urbanización. Es decir, la sociedad pública impulsó la urbanización y, antes de iniciar los trámites ambientales y urbanísticos, ya pactó con El Paloma que él se quedaría con el terreno y diseñaría la obra. Sus arquitectos diseñaron los 1.600 chalés y cuatro campos de golf en el pinar años antes de aprobarse la obra.En 2002, el terreno salió a subasta. Ya no eran 95 hectáreas, sino 215. Pese a que se había más que duplicado la superficie que vendía la administración, el precio apenas varió del pactado con El Paloma. El constructor puso 9.953.971 euros a pagar en siete años.
120 campos de fútbol
O lo que es lo mismo, 796.000 euros más por 120 hectáreas (como 120 campos de fútbol). El precio sale irrisorio: 0,66 euros por metro cuadrado. Todo en un pinar de alto valor y a menos de una hora de Madrid. La zona es Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves.
Además, la recalificación era segura: la escritura de compraventa asegura que si en dos años desde ese momento "no se hubiera aprobado con carácter definitivo y notificado a la mercantil compradora la clasificación como suelo urbanizable" que faltaba por recalificar, la constructora podría pedir una indemnización de 3,245 millones de euros. La escritura se firmó en agosto de 2002 y aunque la sociedad Montes de las Navas no tenía capacidad para recalificar el terreno se comprometió a hacerlo. Mariano Torre, consejero de la empresa a la vez que director de Medio Natural, del que dependía la protección de la cigüeña negra, admitió en 2005 en las cortes de Castilla y León: "La sociedad Montes de las Navas no somos quién para hacer ningún cambio (de uso de suelo)". Y sin embargo se comprometió por escrito a ello. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de la Junta de Castilla y León.
En el consejo de administración estaban el alcalde y el secretario de Las Navas, el presidente de la Diputación y hoy secretario de organización del PP, Sebastián González, el director de Medio Natural de Castilla y León, Mariano Torre, o el delegado de la Junta en Ávila Félix San Segundo. Personas clave para asegurar la recalificación.Por eso el alcalde, Gerardo Pérez, explicaba en un pleno de febrero de 2004 que había hablado con la consejera de Medio Ambiente y que ésta "se comprometió a resolver la declaración de impacto ambiental inmediatamente". Unos meses más y se habría superado el plazo. La declaración estuvo lista a tiempo.
Área crítica
Como la Junta ya había garantizado que recalificaría el terreno, con una penalización incluso si no cumplía, ignoró los informes contrarios de los técnicos jurídicos, de Urbanismo y Medio Ambiente. 11,6 de las 215 hectáreas son área crítica para la cigüeña negra: a menos de un kilómetro hay un nido de esta especie en peligro de extinción. Los técnicos se opusieron a la recalificación pero la declaración de impacto ambiental fue aprobada. La Consejería de Medio Ambiente permitió la tala de más de 34.500 pinos maduros (El Paloma en su proyecto admitía que la cifra podía ser mayor) a cambio de que reforestase otras 200 hectáreas y pagase un estudio sobre la cigüeña negra. Antes, hubo que desclasificar de utilidad pública el monte que el constructor necesitaba.
La sentencia del 29 de septiembre pasado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León critica que no se urbanizase el terreno que ahora se pretende reforestar; que la Junta violase su propio decreto de recuperación de la cigüeña negra. En realidad todo estaba pactado y firmado mucho antes. La Junta recurrirá la sentencia.
Riqueza única en el cielo
El pinar de las Navas del Marqués es bien conocido por los ornitólogos. La zona elegida por la Junta de Castilla y León para construir 1.600 chalés, cuatro campos de golf y un hotel pertenece a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) llamada Pinares del Bajo Alberche.La Junta de Castilla y León destaca sobre la zona: "Se trata de un extenso pinar maduro formado por pinos piñoneros y resineros". Y añade: "Las poblaciones reproductoras de cigüeña negra y águila imperial confieren gran valor a este espacio". La zona protegida abarca Cebreros, Barraco, Hoyo de Pinares y Navas del Marqués. La ZEPA sigue en Madrid, donde el Gobierno regional construye una autopista sin informes ambientales. La zona protegida ocupa más de 5.000 hectáreas, de las cuales sólo el 10,5% está en Las Navas del Marqués. El 54% del municipio es zona protegida por lo que la sentencia que ha prohibido la urbanización critica que se eligiera esta zona para urbanizar. Es decir, queda suelo libre y es todo propiedad municipal desde que lo compró en 2000 a Unión Resinera.
La Junta de Castilla y León destaca que "la cigüeña negra tiene en este enclave un importante área de cría. Dentro de la zona de protección, las normas fijan "áreas críticas" a un radio de cinco kilómetros de donde están los nidos. Unas 11 hectáreas de la futura urbanización están en el área crítica. En España quedan 322 parejas de cigüeña negra.Además, en el pinar hay: buitre leonado, buitre negro, águila imperial, águila real, alimoche, águila culebrera (20 parejas), águila calzada (65 parejas), azor gavilán, búho real, milano negro (40 parejas) y milano real (unas 20 parejas), entre otras especies que ahora se ven amenazadas por El Paloma, constructor.Asociaciones y ecologistas tienen previsto manifestarse hoy a las 13.00 en la plaza del pueblo.
www.elpais.es 14.12.06
La concesión de la polémica obra en Las Navas tenía unas condiciones calcadas a la oferta presentada por la constructora
La Cadena SER ha conocido nuevos datos sobre el caso de la tala masiva de árboles en una zona forestal de Las Navas del Marqués donde se pretendían construir más de mil chales. El proceso de adjudicación a la empresa 'Residencial Aguas Nuevas' establecía unas condiciones prácticamente calcadas a la oferta previa que habían recibido por parte de esta constructoraEsta coincidencia queda refleja en un acta de la reunión del 26 de noviembre de 2001 del consejo de administración de la empresa pública 'Montes de las Navas', en la que se da cuenta de la oferta presentada por 'Residencia Aguas Nuevas' con la intención de adquirir 95 hectáreas de pinar por poco más de nueve millones de euros en Las Navas del Marqués, donde pretendía construir 1.600 chalés y cuatro campos de golf.
Según consta en el acta, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, el secretario de la empresa, Carlos de la Vega, estima “conveniente” iniciar un proceso licitatorio para dar transparencia a la operación. Sin embargo, el presidente de la empresa y alcalde de la localidad avilesa, Gerardo Pérez, manifiesta que está "preocupado por si se promueve licitación pública y la empresa que ha presentado la oferta considera que es una maniobra y no la mantiene”.
Finalmente el concurso se publicó el 7 de febrero de 2002. Se enajena 215 hectáreas (no las 95 iniciales), y se licita por unos 300.000 euros más que la oferta presentada por 'Residencia Aguas Nuevas'. En ese mismo consejo de administración participó Sebastián González, secretario de organización del Partido Popular, y apoyó el proceso de adjudicación, después de haberse comprometido a no hacerlo hasta informar a la Diputación. Este alto cargo no ha desmentido la información. www.cadenaser.com 13.12.06
Castilla y León recurre la sentencia que impide talar el refugio de cigüeñas
La Junta de Castilla y León acordó ayer recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que impide talar un pinar protegido en las Navas del Marqués (Ávila). La sentencia vetó la urbanización, impulsada por la Junta, por afectar a la zona de cría de la cigüeña negra, entre otras especies protegidas.
La portavoz vicepresidenta primera, María Jesús Ruiz, afirmó que la sentencia genera "precedentes muy preocupantes" y "de imprevisibles consecuencias" que calificó de "lesivas" e "impensables" para todas aquellas Zonas de Protección para las Aves, informa Efe. Y afirmó que impediría centenares de urbanizaciones. Por ello, concluyó: "Es una sentencia que no podemos compartir". El ayuntamiento de las Navas del Marqués, del PP, también recurrirá. Las dos administraciones mantienen su apoyo a la construcción de 1.600 chalés y cuatro campos de golf en un pinar de alto valor ecológico aunque eso suponga la tala de 35.000 árboles.
El PSOE pidió ayer una comisión de investigación en las Cortes y su secretario regional, Angel Villalba, insistió en la "absoluta implicación del PP de Ávila y de la Junta para beneficiar al constructor de la Ciudad del Golf". El PSOE apoyó al Ayuntamiento de las Navas del Marqués, del PP, cuando anunció la intención de comprar los terrenos del municipio, pero se opuso a la recalificación para pagarlos.
El Ayuntamiento, la Junta y la Diputación fundaron una sociedad que impulsó la recalificación y pactó con un constructor de Murcia la edificación de 1.600 chalés, cuatro campos de golf y un hotel en un pinar considerado de especial protección para la cigüeña negra, el águila imperial, entre otras especies. El constructor, Francisco Gómez, El Paloma, se adjudicó una parcela que era pública y que la Junta recalificó. Los responsables de la Junta implicados en la recalificación tomaron y firmaron la decisión años antes de pedir informes técnicos.
La Junta le autorizó a talar más de 35.000 pinos maduros y le exigía repoblar 200 hectáreas. La sentencia criticó la urbanización, afirmó que no hay interés público en la obra, que "vulnera frontalmente" el plan de recuperación de la cigüeña negra de la Junta y se preguntó por qué la administración autonómica no urbaniza en la zona que pretendía repoblar en vez de en el pinar maduro.www.elpais.es 12.10.06
LAS NAVAS DEL MARQUÉS : Castilla y León acordó recalificar el pinar antes de pedir informes técnicos
La recalificación del pinar refugio de cigüeñas negras de Las Navas del Marqués (Ávila) estaba decidida de antemano. La Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y la Diputación fundaron una sociedad pública en 2000 con la que compraron monte en el municipio y se comprometieron a pagarlo con los beneficios de la recalificación de la parcela, según admitió ayer el alcalde, Gerardo Pérez, del PP. En 2001, antes incluso de pedir los preceptivos informes técnicos y ambientales, las tres administraciones acordaron por escrito urbanizar el pinar. De nada sirvieron los informes técnicos contrarios a la recalificación del monte. Sólo una sentencia del Tribunal de Justicia ha prohibido la urbanización.
El proyecto tenía un ejecutor, el constructor murciano Francisco Gómez, El Paloma, y tres padrinos: el Ayuntamiento, la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León. Todos ellos participaban en la empresa creada para impulsar la obra, enclavada en un pinar de la Sierra de Guadarrama junto a Madrid. Aunque hubo declaración de impacto ambiental, que aprobó definitivamente la construcción de 1.600 chalés, cuatro campos de golf y un hotel en una zona protegida es de 2004, la decisión estaba tomada y firmada mucho antes.
En 1999, el Ayuntamiento quiso comprar al Banco Santander 7.500 hectáreas de monte que la entidad había recibido de Unión Resinera. Su intención era pagar los 10 millones de euros de los terrenos mediante la recalificación de una parte. Según fuentes conocedoras del proyecto, se exigió al alcalde un compromiso por parte de la Junta de Castilla y León, que es quien aprueba las recalificaciones. El alcalde confirmó que entonces "ya se preveía la financiación de esta compra mediante una promoción urbanística" en el terreno de la Ciudad del Golf.
La Junta entró en el proyecto y responsables de urbanismo y Medio Ambiente se incorporaron como administradores en la empresa pública Montes de las Navas SA, creada para la operación. La Junta se quedó con el 20% de las acciones; el ayuntamiento con 70%, y la Diputación con el 10%. Uno de los fundadores fue, según el registro, Sebastián González, secretario de Organización del PP nacional, aunque ayer negó su relación con la empresa.
El 26 de noviembre de 2001, antes de iniciar la tramitación, el consejo de administración de la empresa acordó "la enajenación de una finca de 215 hectáreas para la construcción de un complejo urbanístico de alta calidad". En la empresa estaban el director de Medio Natural, Mariano Torre, del que dependía la recuperación de la cigüeña negra, y el presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Félix San Segundo, entre otros cargos públicos. El lugar elegido fue la cuerda de la estación, un pinar que incluye 11 hectáreas que la Junta críticas para la cigüeña negra y que la ponencia técnica de urbanismo se había opuesto a recalificar en 1999. Después comenzó la tramitación de la urbanización. El jefe de sección de urbanismo de Ávila y el técnico jurídico de Urbanismo se opusieron, sin éxito, a la obra. En 2002, la empresa subastó el solar por 10 millones aún pendiente de recalificar. Sólo hubo un postor, El Paloma.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, aseguró ayer que está dispuesto a comparecer ante las Cortes autonómicas para aclarar la actuación de la Junta y restó importancia a los informes técnicos contrarios ya que "lógicamente hay un procedimiento administrativo", informa Efe. El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, destacó que el PSOE, que ayer exigió responsabilidades al PP, apoyó la urbanización hasta que el Tribunal de Castilla y León paralizó la obra. Carlos Bravo, de la entidad ecologista Centauera, afirma que las administraciones de la comunidad se han comportado como especuladores.
"No descarto seguir con la tala de pinos cuando todo se calme"
Francisco Gómez Hernández, conocido como El Paloma, promueve la Ciudad del Golf, que ha vetado una sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León. Pese a ello, Gómez inició la tala del pinar protegido el pasado sábado y la paró el lunes. Este constructor alicantino afincado en Cartagena anunció su intención de proseguir con la obra porque tiene "todos los permisos".
Pregunta. ¿Qué le parece el revuelo?
Respuesta. Es un problema político que lo están utilizando para atacar al Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y a la Junta de Castilla y León, del PP.
P. ¿Cuándo supo que el tribunal prohibía la obra?
R. Me enteré por la prensa, y eso que soy el dueño de la empresa. Me voy a querellar contra todos los que están diciendo cosas que no son verdad acerca de la urbanización.
P. ¿No habían solicitado la Fiscalía y el juzgado que no se cortaran los pinos?
R. El fiscal le envió una carta al Ayuntamiento pidiéndole que pararan la obra, pero ellos no lo pueden hacer. Esa carta ha sido una coacción por parte del fiscal al alcalde, que no tiene la culpa. Yo lo tenía todo aprobado por Medio Ambiente, que hizo los controles.
P. Hubo informes contrarios.
R. Todos los informes estaban perfectos, y se hicieron un montón. No es verdad que los técnicos hicieran una cosa y el Gobierno de Castilla y León no hiciera caso.
P. El Ayuntamiento le ha ordenado parar la urbanización.
R. No la ha parado el Ayuntamiento ni nadie. La he parado yo, pero el fiscal ha coaccionado al alcalde para que me llamara y me convenciera para que parara la tala de los árboles. Y la he parado porque no quiero líos.
P. ¿Qué va a pasar ahora?
R. Que tendremos que ser los ciudadanos los que soportemos todos los gastos, porque yo tengo todos los permisos de todas las administraciones.
P. ¿Se hará la urbanización?
R. No descarto que dentro de una semana, cuando esté todo callado, ordene que se sigan talando los pinos.
www.elpais.es 12.10.06
Denuncian la tala de árboles en las Navas del Marqués (Ávila) tras la sentencia que anula la urbanización
El Alto tribunal anuló la clasificación como "suelo urbanizable delimitado" del lugar en el que se iba a realizar el proyecto, dados sus valores naturales y ambiente
Varios grupos ecologistas denunciaron hoy la tala de árboles en el lugar en el que estaba previsto construir la denominada "Ciudad del Golf", en Las Navas del Marqués ( Avila ), pese a la sentencia del Tribunal Superior de Castilla y León que paraliza el proyecto.
El Alto tribunal anuló la clasificación como "suelo urbanizable delimitado" del lugar en el que se iba a realizar el proyecto, dados sus valores naturales y ambientales.
El naturalista Joaquín Araujo, Premio nacional de Medio Ambiente y miembro de la Junta Directiva de Aena, criticó, la " tala masiva, con nocturnidad y alevosía" de cientos de pinos en el sector "SUD-4, Ciudad del Golf", situado en las proximidades del casco urbano de esta localidad de 5.500 habitantes.
En este sentido, señaló que su organización y otros grupos ecologistas se movilizarán para conseguir que el juez "dicte medidas cautelares", encaminadas a paralizar la corta de más árboles.
Al respecto, el alcalde de este municipio abulense próximo a la Comunidad de Madrid, Gerardo Pérez, comentó que no puede "paralizar la obras", porque en la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el magistrado "no dictaba medidas cautelares".
"No soy quién para paralizar nada", argumentó, tras reconocer que los trabajos comenzaron "hace tres días" y que desde hace "tres meses" los responsables de la promotora "Residencial Aguas Nuevas" comenzaron los trabajos encaminados a "marcar la zona".
Esta promotora adquirió los terrenos -203 hectáreas- al consistorio tras pagar 12 millones de euros.
Pérez recordó que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia, al igual que la Junta de Castilla y León, según anunció ayer el delegado territorial de la Administración autonómica en Avila , Francisco José Sánchez.
En la actualidad, los servicios jurídicos del consistorio y del Gobierno regional estudian el fallo para recurrirlo.
Según pudo constatar Efe en el lugar de los hechos, esta mañana trabajaron en la zona hasta tres máquinas para retirar los troncos de árboles que ya habían sido talados y que podían superar los trescientos, aunque los trabajos finalizaron en torno a las 15.00 horas.Tras conocer lo sucedido, el portavoz de Greenpeace, Carlos Bravo, criticó la "política de hechos consumados" por parte de la empresa, cuyo comportamiento calificó de "inmoral, antidemocrático e irrespetuoso con el fallo" del alto tribunal.
En este sentido, insistió en la intención de trabajar con el resto de grupos ecologistas para solicitar al juez las "medidas cautelares" correspondientes, que obliguen a paralizar la tala .Además, anunció la posibilidad de denunciar los hechos al Seprona, a la justicia ordinaria y al Fiscal Especial de Delitos Medioambientales, Antonio Vercher, así como de solicitar un "interdicto u otro tipo de medida que consiga paralizar la tala ".
En el mismo sentido se expresó el presidente de Mountain Wilderness, Carlos Jarque, quien en el lugar de los hechos comentó que lo sucedido podría ser denunciado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Avila .La revisión de las Normas Subsidiarias contemplaban la clasificación como suelo urbanizable del sector en el que estaba previsto construir la "Ciudad del Golf", que incluía la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf.
El alto tribunal estimó parcialmente el recurso interpuesto por Francisco Correal, contra Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Avila , de fecha 30 de abril de 2003, que aprobó definitivamente la Revisión de las Normas Urbanísticas Municipales de Las Navas del Marqués, un municipio situado al este de la provincia, muy cerca de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, estimó el recurso presentado contra Orden de la Consejería de Fomento de fecha 23 de octubre de 2003, que desestima el recurso de alzada interpuesto por Correal contra dicho acuerdo.La sentencia considera que no puede clasificarse como urbanizable esta zona próxima al casco urbano, dados los valores naturales y ambientales del lugar. www.efe.es 10.10.06
El fiscal de Medio Ambiente paraliza la tala de un refugio de cigüeñas para construir chalés
El fiscal especial de Medio Ambiente, Antonio Vercher, ha remitido un escrito al alcalde de Las Navas del Marqués (Partido Popular), ordenando la paralización de la tala masiva de árboles en un monte de la serranía de Ávila. El constructor Francisco Gómez quiere levantar allí 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León vetó la urbanización de ese monte (apoyada por la Junta y el alcalde) porque allí anidan las cigüeñas negras, una especie protegida. La tala se ha detenido.
La Junta de Castilla y León (gobernada también por el PP) apoya la operación urbanística. El constructor había reemprendido la tala de árboles después de que EL PAÍS informara sobre la sentencia judicial, alegando que ésta no le había sido comunicada y además no era firme. Esa misma postura mantuvo ayer la Consejería de Medio Ambiente de la Junta, que aprobó en su momento la recalificación de ese espacio protegido para construir los chalés.
En ese pinar anidan entre tres y cinco parejas de cigüeñas negras, una especie de la que sólo quedan 322 parejas en España. Y en ese pinar quiere levantar la Junta la Ciudad del Golf, “un complejo urbanístico con uso turístico residencial de alta calidad”. Para impulsar este plan, la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de Ávila crearon una empresa, Montes de Las Navas, con el objeto declarado de “proteger los terrenos del monte, con especial atención a la conservación del Medio Ambiente”. Sin embargo, lo siguiente que hizo la empresa fue recalificar 215 hectáreas de ese pinar como urbanizables y sacarlas a subasta por 9,5 millones de euros más IVA.
El constructor murciano Francisco Gómez fue el único que participó en la subasta y se adjudicó el terreno por el precio de salida, a cinco euros el metro cuadrado. En su camino se interpuso un vecino, Francisco Correal, que interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Una vez éste falló en contra de la urbanización, queda por ver cómo se ejecuta la sentencia. El recurrente debe pedirlo; entre tanto, el constructor no ha perdido el tiempo y ha puesto a trabajar a una máquina capaz de talar un millar de pinos al día.
Desde el sábado estaba en funcionamiento. Los ecologistas había pedido al ministerio de Medio Ambiente que interviniese; el secretario general para la Biodiversidad, Antonio Serrano, trasladó la petición al consejero de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. Hoy, el alcalde del pueblo ha ordenado detener la máquina por orden de la Fiscalía. www.elpais.09.10.06
Castilla y León apoya al promotor que tala un refugio protegido de cigüeñas
La Junta de Castilla y León, del PP, apoya la tala masiva de árboles que el constructor Francisco Gómez ha emprendido en un refugio de cigüeñas negras en la sierra de Ávila pese a que una sentencia prohíbe urbanizar el monte. La Consejería de Medio Ambiente, que no sólo aprobó la recalificación del espacio protegido sino que la impulsó, afirmó ayer que la tala "es legal y tiene permiso", según una portavoz, y destacó: "No conocemos la sentencia y no es firme". Aunque el delegado de Medio Ambiente en Ávila anunció un recurso para lograr construir 1.600 chalés, un hotel y cuatro campos de golf, la portavoz afirmó que la decisión no está tomada. El alcalde de Las Navas del Marqués, del PP, sí recurrirá el fallo.
La Junta de Castilla y León y el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez García, ambos del PP, querían aprovechar el boom urbanístico de Madrid (como Castilla-La Mancha con Seseña). El lugar elegido fue Las Navas del Marqués, en la sierra de Guadarrama, en el límite con Madrid. La Junta ideó la Ciudad del Golf: "Un complejo urbanístico con uso turístico residencial de alta calidad", según la información oficial. En realidad se trataba de levantar 1.600 chalés, cuatro campos de golf y un hotel en un pinar protegido, refugio de cigüeñas negras y águilas imperiales, entre otras especies en peligro de extinción. Allí anidan entre tres y cinco parejas de cigüeña negra, una especie de la que sólo quedan 322 parejas en España.
Para impulsar la construcción, la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación de Ávila crearon una empresa Montes de Las Navas, SA. Oficialmente, el objetivo de la empresa era "la protección de los terrenos del monte de Las Navas del Marqués, con especial atención a la conservación del medio ambiente". Sin embargo, la empresa quitó la declaración de utilidad pública a 215 hectáreas del pinar del pueblo; lo recalificó como urbanizable y lo sacó a subasta.
El procedimiento habría sido imposible para un particular, pero en este caso era sencillo. El alcalde presidía la empresa y estaba en la comisión que aprueba las recalificaciones; los demás consejeros tenían cargos relacionados con el urbanismo. Además, el director de Medio Natural de Castilla y León, Mariano Torre, también era miembro de la empresa.
Fuentes de la asociación ecologista Centaurea afirman que estos cargos deberían haberse abstenido en la tramitación, pero no lo hicieron. Carlos de Vega era a la vez gerente de la empresa, secretario municipal de Las Navas y miembro de la ponencia técnica de urbanismo. Según los ecologistas, participó en la aprobación del plan.
El terreno, ya recalificado, salió a subasta el 7 de febrero de 2002 por 9,5 millones de euros más IVA. El constructor murciano Francisco Gómez, alias El Paloma, debió de estar muy atento para ver el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, ser el único que concursó y adjudicarse la parcela por el precio de salida: 10 millones de euros por dos millones de metros cuadrados. Buen negocio: a cinco euros el metro cuadrado, con la posibilidad de construir 1.600 chalés. Con 6.000 euros de beneficio por chalé pagaba el suelo. Si de cada chalé ganase 120.000 euros, su beneficio ascendería a 192 millones de euros sin contar el beneficio por el golf y los hoteles. Tras la adjudicación comenzaron los trámites de impacto ambiental, de diseño de la urbanización...
Pero Francisco Correal, un vecino molesto con la urbanización, presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que el miércoles pasado dio un varapalo al proyecto y a la actuación de las administraciones y vetó el plan. Ahora se abre el procedimiento para ver cómo se ejecuta fallo y el recurrente el que debe pedirlo. Por eso el promotor se ha dado prisa y, en cuanto leyó que el tribunal impedía la urbanización, mandó una máquina capaz de talar 1.000 pinos al día. Comenzó el sábado y ayer paró no se sabe si momentáneamente.
Pero no porque nadie se lo impidiera. El sábado, los ecologistas contactaron con el secretario general para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, para que frenase la tala; éste se lo pidió al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, reunido de consejeros en Barcelona.
Este diario intentó ayer, sin éxito, hablar con Fernández Carriedo. Su portavoz explicó que a la Junta "no le parece mal la tala" porque "es una actuación legal de una empresa privada que tiene los permisos" y sobre la que no tienen "nada que opinar". "La sentencia puede ser recurrida y no es firme"; "no hemos visto el fallo", añadió.
Construcción y fútbol
¿Quién es el constructor capaz de talar un pinar protegido antes de que le llegue la sentencia que prohíbe urbanizar allí? Francisco Gómez, alias El Paloma, conocido constructor de Murcia y Alicante que preside el equipo de fútbol de Cartagena.
Gómez [no Hernández como ayer publicó este diario por error] nació en Jacarilla (Alicante) hace unos 50 años. En Orihuela hizo sus primeras promociones. En 1999 hizo una gran operación en el Pilar de la Horadada que le permitió salir de apuros económicos, según fuentes del sector. Después se fue a Lorca, y ahora es uno de los grandes constructores de Murcia. Tiene suelo en Mojácar (Almería), y está pendiente de urbanizar una gran bolsa de suelo junto al puerto de Cartagena procedente de una quiebra.
El viernes, cuando El Paloma leyó en EL PAÍS que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha paralizado su urbanización, salió zumbando hacia Ávila. En 24 horas tenía las máquinas talando pinos, para hacerlo antes de que la sentencia se ejecute. La explicación es que se juega mucho en la urbanización. "No tengo nada que comentar", dijo Gómez a este diario. Cómo llegó El Paloma a Ávila, pocos lo saben. Fuentes del sector explican que pudo hacerlo a través de un promotor de Ávila que trabaja en Murcia. www.elpais.09.10.06
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