CASO LASARTE $ placas fotovoltaicas

CASTILLA Y LEÓN SANCIONA A UN EX CARGO POR LA TRAMA SOLAR 

La Junta de Castilla y León ha ratificado que su ex secretario territorial en la provincia de Zamora Manuel Méndez, participó en la concesión irregular de licencias para la instalación de placas fotovoltaicas en su propio beneficio o en el de sus familiares. Se trata de un nuevo capítulo del conocido como el caso de los parques solares que salpica al Gobierno regional y al PP de la comunidad desde el pasado verano y que ya ha provocado el cese de 13 funcionarios dependientes de la Junta. 

Méndez fue uno de ellos, ya que, nada más estallar la polémica, en agosto de 2008, tuvo que dimitir de su puesto como representante en Zamora del Gobierno de Juan Vicente Herrera. Ahora, la Junta propone una sanción de dos años y medio de suspensión laboral para él, que, según fuentes del Ejecutivo regional, ocupa un nuevo puesto en la consejería de Familia.  

En rueda de prensa el pasado martes, la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso, explicó que la Junta "resolverá de forma inmediata los recursos planteados por seis de los funcionarios" que fueron apartados de sus cargos, entre ellos el del propio Méndez. También recurrió el ex secretario general del Gobierno regional en León, Javier Lasarte, que fue el primero que fue cesado de su puesto por el caso de los parques solares. 

El pasado mes de abril, el portavoz del Ejecutivo regional, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó lo que se confirmó en el caso de Manuel Méndez. Al parecer, la Junta ya sopesaba sancionar a los expedientados con entre uno y tres años de suspensión laboral por una falta de compatibilidad de sus puestos en el Ejecutivo regional con el negocio de los huertos solares.  

Desde el primer momento, la Junta defendió que el Gobierno regional reaccionó con "rigor y transparencia" sobre la presunta trama. Y en estos mismos términos se expresó la consejera Alonso. Pero no opinan lo mismo los socialistas castellano leoneses.  

El procurador del PSOE, Manuel Fuentes, lamentó este miércoles que, por el momento, no se hayan atribuido responsabilidades políticas. Asimismo, recordó que el PP rechazó, en septiembre del año pasado, la apertura de una investigación en las Cortes regionales al respecto. Y es que, en su opinión, "todavía hay mucho que investigar".  

En concreto, Fuentes justificó sus argumentos a través de una información publicada por este diario el pasado 15 de junio. Público desveló que la vicepresidenta de las Cortes castellano leonesas, Carmen Luis Heras, forma parte de una empresa con intereses en el sector fotovoltaico que, además ha gestionado la conexión a la red eléctrica de varias placas solares en Zamora.  

(www.publico.es, 30/07/09)

Los huertos solares salpican de nuevo al PP

El caso de los huertos solares vuelve a salpicar al Partido Popular de Castilla y León. La vicepresidenta de las Cortes regionales, Carmen Luis Heras, es fundadora y accionista de El Plantío 2000, empresa que ha gestionado la conexión a la red eléctrica de instalaciones de energía fotovoltaica en Pozoantiguo (Zamora). Además, el Gobierno regional adjudicó las licencias para explotar esos huertos solares a dos sociedades cuyo administrador es socio del marido de Carmen Luis Heras.

El Plantío 2000 fue constituida el 30 de octubre de 2000 por Carmen Luis Heras y Antonio Castro Fito, casados en régimen de gananciales. Según la escritura que figura en el Registro Mercantil de Zamora, el objeto social de la empresa incluye la realización de proyectos de cualquier tipo de obras e instalaciones. La sociedad se constituyó con un capital social inicial de 3.606 euros, dividido a partes iguales entre Heras y su marido.

Declaración de la renta

Público ha tenido acceso a una copia de la declaración de la renta de Carmen Luis Heras del ejercicio 2004 en la que consta que la dirigente conservadora participaba en ese momento en El Plantío 2000 y valoraba sus acciones en 103.074 euros. Por tanto, la número dos de las Cortes ya había incrementado considerablemente su patrimonio en la entidad desde que esta fue constituida.

Una carta de la eléctrica Iberdrola, dirigida a El Plantío 2000 el 21 de enero de 2008, confirma que la empresa de la vicepresidenta regional no sólo tramitó los permisos para la conexión a la red eléctrica de instalaciones fotovoltaicas en Pozoantiguo, sino que además esos permisos le fueron concedidos. En concreto, la misiva responde favorablemente a la petición de la empresa de conectar a la electricidad un huerto solar de 2.500 kilowatios, compuesto por 25 plantíos de 100 kilowatios.

El Plantío 2000 gestionó la conexión a la red eléctrica de un huerto solar

Las licencias para instalar esos huertos solares fueron adjudicadas por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta en Zamora, en febrero de 2008, a las empresas Las Culcas 2007 y Gestión de Servicios Fraile. El administrador único de ambas entidades es Marcial Rodríguez San Gregorio, socio del marido de Carmen Luis Heras en la empresa Salamanca Zamora Mercados 21.

En definitiva, El Plantío 2000 no ha recibido ninguna adjudicación de la Junta para instalar huertos solares, pero sí ha sido la intermediaria entre la empresa eléctrica y las entidades adjudicatarias, que están gestionadas por el socio del marido de Heras.

La vicepresidenta mintió

En declaraciones a este diario, Luis Heras dijo no acordarse de haber constituido, junto a su marido, El Plantío 2000 hace nueve años. “Yo sé que en todas las empresas de mi marido estoy en régimen de gananciales, pero no sé si soy constituyente o no soy constituyente; no me acuerdo”, apuntó.

Heras no se acuerda de que participó en la fundación de la entidad

Carmen Luis Heras admitió que su esposo “tramitó una conexión” en la localidad zamorana de Pozoantiguo, “aunque luego, por imposibilidades materiales, técnicas, económicas y demás, no pudo llevarse a cabo”. “Mi marido no tiene ningún huerto solar en ninguna de sus empresas y él no tiene la conexión definitiva a la red eléctrica del huerto de Pozoantiguo”, advirtió.

Esta conversación demuestra que Carmen Luis Heras no dijo la verdad en octubre de 2008 cuando, en declaraciones a la Cadena Ser, aseguró “desconocer” que las empresas de su marido “tengan intereses en fotovoltaicas”.

Los documentos a los que ha tenido acceso Público –la declaración de la renta de Heras y las escrituras de El Plantío 2000–, además de la propia confesión de la dirigente del PP admitiendo que figura en las empresas de su marido “en régimen de gananciales”, demuestran que es la propia vicepresidenta de las Cortes quien ha tenido relación con el sector.

Carmen Luis Heras fue la secretaria general del PP de Zamora desde 1996 hasta 1999. En el momento de la constitución de El Plantío 2000 era la delegada territorial de la Junta en la provincia de Zamora, cargo que ostentó hasta 2003. Ese año fue elegida procuradora del Grupo Popular en las Cortes y entró a formar parte de la Mesa del Parlamento. 

LOS ANTECEDENTES
Trece funcionarios cesados

El caso de los huertos solares provocó el cese de 13 funcionarios de la Junta de Castilla y León vinculados con el PP, entre agosto y septiembre de 2008. Todos ellos fueron acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio.

Los socialistas han insistido en la necesidad de que la Junta asuma sus responsabilidades políticas en las presuntas irregularidades. En septiembre de 2008, el PSOE exigió la apertura de una investigación en las Cortes regionales. El PP lo rechazó.

www.publico.es 15.06.09

EL PP IMPIDE QUE UNA COMISIÓN EN LAS CORTES INVESTIGUE LA TRAMA DE LAS PLACAS SOLARES 

La mayoría del PP en las Cortes impidió ayer la creación de una comisión de investigación sobre la trama de las placas solares solicitada por el grupo socialista. Y fue Juan José Sanz Vitorio, el portavoz adjunto del PP, quien se lanzó al ruedo para argumentar los motivos de este rechazo, no sin antes calificar de esperpéntica la actuación socialista encaminada, a su juicio, a desgastar al Gobierno autonómico «desde la mentira, sin importarle poner en riesgo la honorabilidad de los funcionarios y del propio sector afectado», mientras la Junta ha actuado en este caso, «de forma inmediata, rigurosa, transparente y ejemplar».  

Y para ello se basó en las iniciativas realizadas por el Ejecutivo autonómico desde que saltaran a los medios de comunicación, el 1 de agosto, las supuestas irregularidades del secretario territorial de la Junta en León. Según Sanz Vitorio, ese mismo día se anunciaron dos líneas de investigación, una para aclarar los hechos que concurrieron en dicha persona, y otra para a analizar los casi 7.000 expedientes de tramitación en relación a este asunto.  

Entre los días 4 y 19 se iniciaron 13 iniciativas de información reservada que concluyeron con una propuesta de expediente disciplinario. Entre el 19 y el 30 de agosto se resolvieron once de éstas, con nueve propuestas de expedientes disciplinarios, dos de archivo de actuaciones y dos pendientes de propuesta a falta de datos. En estos días, subrayó el procurador, se instaron los ceses de los afectados porque la Junta había perdido la confianza en ellos. «No hay trama de ningún tipo y no se puede poner en tela de juicio, ni bajo sospecha, a todos los funcionarios, ni hay pruebas de trato de favor», manifestó, tras justificar con su alegato la negativa de su formación política a que se investigue a fondo.  

Su discurso navegó después por aguas más dispersas con epicentro en el sector fotovoltaico, e insistiendo en la diferencia entre concesión y autorización. La recién estrenada portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Redondo, se mostró más contundente en su intervención, apoyada en datos desmenuzados y en un discurso ordenado.  

Tras exigir transparencia y reprochar la ausencia del presidente Herrera en el hemiciclo, expuso que la trama tiene varios vértices como son los 14 funcionarios investigados, los seis cargos de libre designación implicados, los dos expedientes disciplinarios y un nuevo caso que saltaba ayer a la palestra y que está relacionado con un alto cargo del PP y miembro de la Cámara, cuyo nombre no dio Ana Redondo. (La procuradora del PP por Zamora y vicepresidenta de la Cortes, Carmen Luis Heras, afirmó ayer que ninguna de las sociedades en las que participa en régimen de gananciales con su esposo tiene adjudicaciones de huertos solares ni, en concreto, la sociedad El Plantío 2000, como difundió la Cadena Ser en una información que vincula a la parlamentaria con la trama solar).  

Con la intención de hacer una «oposición responsable», Redondo subrayó que el PP debería ser el primer interesado en que se aclara en una comisión todo lo ocurrido, citando a declarar a los implicados, para disipar toda sombra de duda para Castilla y León, preservar el buen nombre de los funcionarios y de la inmensa mayoría de los empresarios que se dedican al sector.  

La portavoz dijo que «es evidente» que hay una trama, dada la existencia de una relación entre diversas personas que siendo cargos de libre designación en la Junta y familiares de altos cargos, han actuado de forma coordinada para instalar plantas fotovoltaicas. Y prueba de ello, dijo, es el hecho de que todos los implicados realizan las solicitudes el mismo día (14 de septiembre del 2006), que las instalaciones son en todos los casos de la misma empresa 'Huerto solar Teydi Torreduero', que la ubicación de todas ellas es en la misma zona: Mota del Marqués y Torrecilla de la Abadesa - «están conectadas a la misma linea de evacuación y autorizadas el mismo día» y hay ligazón entre las partes implicadas.  

A juicio de Redondo, lo escandaloso es el perfil de los funcionarios implicados, ya que no sólo forman parte de la escala superior de la Administración, sino que son de cargos de libre designación con un marcado curriculum político.  

(www.elnortedecastilla.es, 07/10/08)

La vicepresidenta del parlamento de Castilla y León tiene intereses en el sector de los huertos solares

Las Cortes han rechazado la creación de una comisión de investigación para aclarar este escándalo con los votos del PP

La Cadena SER ha recabado nuevos datos sobre la trama de huertos solares que ha costado el cese de varios altos cargos y expedientes a altos funcionarios en Castilla y León. En este caso es la vicepresidenta del parlamento autonómico, la popular Carmen Luis Heras, quien junto a su marido tiene intereses en empresas que han intervenido en la implantación de instalaciones solares en la provincia de Zamora

Su esposo es Antonio de Castro Fito, que forma parte de varias empresas vinculadas a la energía fotovoltaica. El marido de la vicepresidenta de las cortes ha tramitado permisos para la conexión a la red eléctrica con la empresa 'El plantío 2.000'.

Y junto a otro socio zamorano, Marcial Rodríguez San Gregorio ha intervenido en la instalación en la localidad de Fresno de la Ribera de un huerto solar con capacidad para 2.500 kilowatios.

"Yo desconozco que mi marido tenga intereses en fotovoltaicas, por lo que no puedo decirle si es ético o no que yo vote", ha afirmado la vicepresidenta Carmen Luis Heras en declaraciones a la Cadena SER. Precisamente esta tarde, las Cortes han rechazado la creación de una comisión de investigación para aclarar este escándalo con los votos del Partido Popular. Hasta ahora, la tramitación presuntamente irregular de autorizaciones para plantas solares ha supuesto la apertura de expedientes a varios altos funcionarios y el cese de hasta dos altos cargos.

www.cadenaser.com 06.10.08

El PSOE pedirá una comisión de investigación sobre los ‘huertos solares’

Después de que este diario desvelara que la Junta de Castilla y León (PP) adjudicó una planta fotovoltaica a la empresa de la mujer del director general de Energía de la comunidad, Ricardo González Mantero, el Grupo Socialista en las Cortes de la región anunció ayer su intención de exigir la creación de una comisión de investigación sobre el caso de los huertos solares.

El portavoz socialista en las Cortes, Francisco Ramos, aseguró en declaraciones a Público, que la implicación de González Mantero muestra que “la investigación de la Junta no fue suficiente”, y por eso reclamó al Ejecutivo regional que “depure responsabilidades”.

El PSOE no piensa instar a la dimisión del alto cargo ya que esperan que sea la propia consejería de Economía de la Junta la que pida a González Mantero que renuncie a su puesto, directamente relacionado con las concesiones de instalaciones fotovoltaicas.

No obstante, el portavoz socialista considera “necesario que las Cortes hagan todo lo posible para llegar al fondo de la cuestión”. Por eso mañana, el grupo socialista registrará en las Cortes la petición de una comisión de Investigación sobre el escándalo.

La trama ha provocado ya el cese de 13 funcionarios de la Junta a los que se acusa de intervenir en la concesión de licencias de plantas solares en su propio favor. El Gobierno autonómico concluyó su investigación al respecto el 2 de septiembre, negando tajantemente la implicación de representantes políticos.

Sin embargo, los documentos a los que tuvo acceso este periódico muestran que el director general de Energía y Minas, un alto cargo de la Junta nombrado directamente por el presidente castellanoleonés, Juan Vicente Herrera, podría estar involucrado en la trama corrupta.

La empresa de su mujer, Hispano Noruega de Energías, fue la adjudicataria de una instalación fotovoltaica en la localidad vallisoletana de Torrecilla de la Abadesa cuando González Mantero ya ocupaba el cargo de máximo responsable de la Energía en Castilla y León.

El capital de dicha empresa estaba repartido al 50% entre la esposa y la cuñada del alto cargo, aunque finalmente fue la mujer de su hermano la que se hizo con el control total de la empresa. Y es que al día siguiente de recibir la autorización de la instalación fotovoltaica, la mujer de González Mantero vendió todas sus acciones a la otra propietaria

Las explicaciones del PP

El viceportavoz de los conservadores en las Cortes castellanoleonesas, Juan José Sanz Vitorio, alabó la “voluntad de transparencia” del máximo responsable energético de la región. Según él, ha quedado demostrado que González Mantero “no tiene ningún ánimo de lucro” ya que la venta de las acciones por parte de su esposa se realizó al día siguiente de que la empresa familiar se hiciera con el permiso.

www.publico.es 14.09.09

La Junta adjudicó un huerto solar a la mujer de su director de Energía

La esposa del alto cargo de Castilla y León era dueña del 50% de la empresa que recibió la concesión 

La Junta de Castilla y León adjudicó en 2007 una planta fotovoltaica a una empresa de la esposa del director general de Energía del Gobierno castellano-leonés, Ricardo González Mantero, según demuestran documentos oficiales a los que ha tenido acceso Público. González Mantero y su esposa están casados en régimen de gananciales.

Esta adjudicación es un nuevo capítulo del conocido como caso de los huertos solares, que ya ha provocado el cese de 13 funcionarios, acusados de intervenir en la concesión de licencias de instalaciones fotovoltaicas en su propio beneficio. El Gobierno regional de Juan Vicente Herrera (PP) intentó dar carpetazo al escándalo el pasado 2 de septiembre, al negarse a seguir investigando en las Cortes de Castilla y León. El PP ha argumentado hasta ahora que el caso no afectaba a cargos políticos.

Accionariado familiar

La empresa adjudicataria del huerto solar se denomina Hispano Noruega de Energías, fue creada el 23 de junio de 2006 y tiene su domicilio social en Madrid. El capital se repartió, al 50%, entre María Fe Álvarez Fortes, mujer del director general de Energía, y Silje Grotle Nilssen, cuñada de dicho alto cargo. Ambas fueron designadas administradoras solidarias.

Hispano Noruega de Energías, cuyo objeto social es “la explotación de energía solar y eólica”, solicitó en septiembre de 2006 una autorización a la Junta para proyectar una instalación fotovoltaica en un huerto solar de Torrecilla de la Abadesa (Valladolid).

En ese momento, González Mantero era director general del Ente Público Regional de la Energía (EREN). Pocos meses más tarde, el 19 de junio de 2007, sumó a dicho cargo el nombramiento como director general de Energía y Minas, convirtiéndose así en el principal responsable en materia energética del Gobierno regional, subordinado únicamente al consejero y viceconsejero de Economía y Empleo.

La concesión

El 22 de agosto de 2007, Hispano Noruega de Energías recibió la concesión para instalar la planta fotovoltaica en Torrecilla de la Abadesa. Justo al día siguiente, María Fe Álvarez Fortes vendió sus acciones a la cuñada de su marido y renunció al cargo de administradora solidaria.

El precio de venta fue de 1.500 euros, el valor nominal de las participaciones. Estos dos acuerdos no se elevaron a públicos hasta el pasado 21 de agosto de 2008, cuando ya había saltado a la luz pública el caso de los huertos solares.

La autorización para instalar la planta fue concedida por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid. En la resolución se indica que cabía interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, precisamente ante el propio González Mantero.

Durante todo el proceso, el director general de Energía no presentó ninguna declaración de inhibición, en contra de lo que establece la norma sobre incompatibilidades. Dicho escrito de inhibición lo presentó el 8 de octubre de 2007.

La versión oficial

González Mantero, en declaraciones a Público, aseguró que nada más acceder al cargo habló con su esposa para vender las acciones porque su “único objetivo era que ningún familiar directo tuviese propiedades en empresas fotovoltaicas. Es verdad que la venta se produjo un día después de la adjudicación, porque mi cuñada vive en Londres y fue la fecha que nos dieron en el notario de Madrid para la firma”.

El director general de Energía negó cualquier irregularidad e insistió en que “la decisión de vender es lógicamente anterior a la fecha de venta, y mi esposa y yo no estábamos pendientes de la adjudicación. Fue una casualidad que la autorización para la planta se concediese un día antes”.

También aclaró que la venta de las acciones se produjo por el precio nominal porque “no pretendía especular”. Este hecho podría incumplir la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, donde se establece el concepto de “valor razonable de las acciones”, que en el caso de las participaciones no cotizadas debe ser establecido por un auditor de cuentas y cuya cuantía debe corresponderse con el valor de mercado.

En cuanto a su tardanza en inhibirse, González Mantero contestó: “Firmé los papeles cuando me los mandaron desde la Secretaría General de la Consejería”.

www.publico.es 13.09.08

EL PSOE TACHA DE "BURLA" LA ACTITUD DE HERRERA ANTE EL 'CASO LASARTE'

Estudia recurrir ante el TC la negativa del presidente a comparecer en las Cortes.

La Mesa de las Cortes de Castilla y León evitó ayer que el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tenga que comparecer ante el Parlamento autonómico para dar explicaciones sobre las concesiones irregulares de licencias de instalaciones de energías renovables en la Comunidad, el llamado caso Lasarte.

La inadmisión a trámite de la petición que el PSOE realizó el pasado día 12 para que Herrera acuda a la Cámara regional en pleno extraordinario ha caldeado aún más los ánimos de la oposición.

El portavoz del grupo socialista en las Cortes, Francisco Ramos, en declaraciones a Público, consideró una “burla” y una “tomadura de pelo hacia los ciudadanos” la actitud de la Junta y de la presidencia del Parlamento desde que a principios de mes fueran cesados seis altos funcionarios de la comunidad, a los que se acusa de actuar en beneficio propio en la concesión de licencias de instalaciones del sector energético. Además, anunció que su grupo estudia presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Los conservadores alegan que la convocatoria de un pleno extraordinario no es posible, ya que si bien el reglamento de la Cámara autonómica recoge la posibilidad de llamar a una sesión extraordinaria con el apoyo de la quinta parte de los procuradores, el recién aprobado Estatuto de Autonomía castellano-leonés establece que sólo podrá pedirse con la mayoría absoluta de los parlamentarios.

Diputación permanente

La reunión de la Diputación Permanente, pedida por los socialistas, será el próximo jueves. En la misma, se debatirá acerca de la comparecencia en comisión y de forma extraordinariatanto del consejero de Economía, Tomás Villanueva como de la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso. El PP se muestra a favor, siempre que lo hagan en pleno ordinario.

www.publico.es 26.08.08

LA ENERGÍA SOLAR PASA FACTURA AL PP

Dimiten seis cargos de Castilla y León por autoadjudicarse plantas fotovoltaicas

Al PP de Castilla y León se le están atragantando los llamados "huertos solares". Seis altos cargos de la Junta se han visto forzados a dimitir y otros siete funcionarios están siendo investigados por su relación con la explotación y adjudicación de plantas de energía fotovoltaica (los "huertos solares") en León, Valladolid y Zamora a empresas participadas por ellos o por familiares. Las compañías eléctricas están obligadas a comprar la producción de esas plantas, que, además, reciben una prima dentro del programa estatal de energías renovables. Un negocio próspero que hace subir la factura de la luz.

Siete funcionarios más, investigados por las concesiones de "huertos solares"

Ya se ha abierto un expediente disciplinario al ex secretario general de la Delegación de la Junta en León Javier Lasarte, forzado a dimitir por no informar de sus actividades empresariales. Tras él han dimitido: los jefes de Industria y del Servicio Territorial de Fomento de la Junta en León, Emilio Fernández y Ana Isabel Suárez, respectivamente; el jefe de Servicio de Caja de la Tesorería General de la Junta, Manuel Ballesteros, y el secretario de la Delegación en Zamora, Manuel Méndez. El jefe de la Oficina de la Junta en Zamora, José Bahamonde, ex senador del PP, ha sido apartado de su puesto hasta que culmine la investigación interna.

Francisco Jambrina, jefe de Industria de la Delegación de Palencia, ex consejero de Medio Ambiente y ex alcalde de la ciudad, ha ignorado la invitación a dimitir que le ha hecho la Junta por ser administrador de la sociedad Pago El Roto, titular de una licencia de una planta solar de 100 kilovatios en Arcenillas (Zamora).

Según la oposición socialista, la sociedad Galeno 1955, administrada por Lasarte, obtuvo 11 concesiones para plantas de 100 kilovatios -cada "huerto" lleva 480 paneles solares- en Mota del Marqués y Torrecilla de la Abadesa (Valladolid) y en Mansilla de las Mulas (León), con una inversión de seis millones de euros. Lasarte admite que cedió siete autorizaciones a una empresa alemana y que no ha puesto en marcha las de Torrecilla de la Abadesa.

Manuel Ballesteros es administrador solidario de la empresa Agrícola Valverdemota, propietaria del suelo donde Lasarte proyectaba instalaciones en la provincia de Valladolid. José Bahamonde está vinculado familiarmente a Iniciativas Renovables S.L. Un familiar directo de Emilio Fernández Tuñón obtuvo dos concesiones en Torrecilla de la Abadesa y Ana Isabel Suárez es administradora de la empresa Arsoltec, que obtuvo dos licencias para esa localidad vallisoletana. Suárez asegura que no ha participado en la tramitación de los proyectos.

Los responsables de la Junta insisten en que la vinculación de funcionarios de la Junta con este caso es "muy limitada, muy individual y muy localizada" y que el asunto se resolverá con la Ley de Incompatibilidades. El consejero José Antonio de Santiago agrega que si en el transcurso de la investigación se observa algún delito, el caso se enviaría a la Fiscalía. De Santiago aclara que las licencias para los huertos se conceden "a todos los concurrentes que cumplen los requisitos". Pero la oposición socialista está dispuesta a convertir el asunto en un caballo de batalla político y ya habla de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

www.elpais.es 25.08.08

Cinco funcionarios de alto nivel dimiten por favorecer a empresas con las que tenían vínculos

La Justicia decidió el jueves tomar cartas en el asunto y la Fiscalía provincial de León investigará si hay delito en el caso de la adjudicación de licencias de instalaciones de energías renovables por parte de la Junta de Castilla y León. Cinco altos funcionarios de la Comunidad ya han dimitido por haber participado presuntamente en concesiones en su propio beneficio o en favor de familiares cercanos.

Empresarios y procuradores socialistas en las Cortes castellanoleonesas consideran que la caída del entramado se veía venir. Según la parlamentaria del PSOE Inmaculada Larrauri, “la opacidad de los procedimientos de la Junta en este sector alienta este tipo de situaciones irregulares”.

Sin información pública

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) reclamaba el jueves transparencia en los procesos de concesión de cualquier tipo de licencia. La patronal considera que “cualquiera de los que han solicitado autorizaciones deben tener garantizado que los procedimientos están amparados por la regularidad, protegiéndose los derechos de todos los administradores solicitantes, empresarios y consumidores”.
Ahora, así lo aseguran los empresarios, quienes piden este tipo de permisos no pueden consultar en qué orden han entrado sus solicitudes en la Administración, ni conocer las razones por las que no les han sido dadas. ¿Por qué? Porque el Gobierno autonómico sólo hace públicas en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCIL) las concesiones a las que ya se ha dado el visto bueno.

El PSOE catellanoleonés, a través de su viceportavoz en las Cortes, Ana Serrano, ya ha exigido responsabilidades políticas a la Junta así como “que se reúna la Diputación Permanente” para que comparezcan el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, y la consejera de Administración Autonómica, Isabel Alonso. Los socialistas quieren que expliquen todo lo ocurrido.

Investigación de la Junta

Los medios regionales de Castilla y León ya han bautizado a la trama como el ‘caso Lasarte’, en homenaje al ex secretario general de la Delegación de la Junta en León. Javier Lasarte fue, el pasado día 1, el primero en dimitir después de que se descubriera que sus empresas de energías renovables recibían licencias a través de la jefatura de Industria.

Coincidiendo con el día en que el escándalo vio la luz, la Junta inició una investigación interna, que ha resultado determinante en el cese de los demás involucrados. Además, estudió los casos de otros seis funcionarios del departamento de Industria que también participaban en compañías de energías renovables por si hubiese algún tipo de irregularidad en la concesión de licencias a las mismas.

El delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, aseguró, en declaraciones a Público, que “no tenía ningún conocimiento” sobre la participación de altos funcionarios en este tipo de prácticas y se comprometió en la lucha contra la corrupción, “con la tranquilidad de no tener nada que ocultar”.

 La Fiscalía investiga ya el caso

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de León determinará si los funcionarios que ya han dimitido, así como los que están siendo investigados, han cometido algún tipo de delito. Según fuentes de la Delegación Territorial en León, los ceses dse han producido por la pérdida de la confianza en estos responsables nombrados ‘a dedo’, pero se desconoce si ha habido “responsabilidad penal”. El delegado, Eduardo Fernández, considera que, en todo caso, “se ha podido incurrir en tráfico de influencias o en negociaciones prohibidas a los funcionarios”, delitos tipificados en el Código Penal.  

www.publioc.es 17.08.08

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