Dimite el alcalde de Alhendín tras ser imputado en la trama de corrupción urbanística

El alcalde de Alhendín (Granada), José Guerrero (PP), ha presentado su dimisión tras haber sido imputado por el juez que investiga la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, la misma que ya llevó a la detención y posterior puesta en libertad bajo fianza del ex edil de Urbanismo. Según han confirmado fuentes del PP, el hasta ahora alcalde comunicó anoche a la dirección del partido su decisión de dimitir, que argumentó en su pretensión de "defenderse" y de "no hacer daño" a la formación, que ya había ratificado la pretensión del alcalde de presentarse a la reelección a la alcaldía.

En su comunicación con el partido, según han agregado las mismas fuentes, Guerrero, que no citó su imputación en el caso (es posible que todabía no lo supiera), manifestó a la dirección que tanto él como su familia se sentía "presionada" y que ese motivo también pesaba en su decisión. El ex alcalde ha sido citado a declarar como imputado el día 23 por el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe (Granada), que le atribuye los delitos de prevaricación y cohecho.

La alcaldía la asumirá temporalmente el presidente local del partido, Francisco Rodríguez, hasta que se designe a un nuevo candidato a las próximas elecciones municipales, según el PP, que aún no ha tomado una decisión al respecto. Guerrero había asumido el jueves pasado las áreas de Urbanismo y Economía, que quedaron vacantes al dimitir Manuel Fernández tras ser puesto, dos días antes, en libertad bajo fianza de 18.000 euros por estar acusado de los delitos de cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística, fraude y exacciones ilegales, y alteración de los precios en concurso público.

Una comisión del 1,5%

Después de que el ex concejal de Urbanismo comunicara al partido su decisión de dimitir, el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, informó en rueda de prensa de que mantendrían a Guerrero como candidato a la reelección, al no existir -hasta entonces- "ninguna imputación contra él". Según informa hoy la prensa local tras haberse levantado el secreto de sumario, el juez sospecha que el ex concejal de Urbanismo recibió presuntamente un piso en la urbanización Vista Nevada de Armilla, propiedad de la empresa Frai, a cambio de favorecer la aprobación de un proyecto urbanístico para la construcción de más de mil viviendas pese a que incumplía aspectos urbanísticos.

Además del piso, que la empresa mantiene que fue arrendado, el ex edil recibió supuestamente una comisión del 1,5% por mediar para que el Ayuntamiento expropiara una parcela y la sociedad Parque Empresarial de Alhendín pudiera obtener la aprobación municipal para la reparcelación del polígono industrial Marchalendín. La investigación judicial, en el marco del cual se intervinieron escuchas telefónicas al ex concejal, se inició en mayo de 2006 a raíz de una denuncia anónima, si bien el PSOE también denunció ante la Fiscalía varias actuaciones presuntamente irregulares.

Entre otras, el PSOE acusaba al Ayuntamiento del PP de haber hecho que las arcas municipales perdieran 16 millones de euros al "malvender" por nueve los terrenos del polígono industrial de Marchalhendín, valorados por los técnicos en 24,25 millones, además de "obviar" la titularidad pública de los caminos que los atraviesan, valorados en 750.000 euros, para "dárselos de regalo al promotor de la obra". www.elpais.es 10.03.07

Dimite el edil del PP de Granada imputado por cinco delitos

El edil de Urbanismo de Alhendín (Granada), Manuel Fernández (PP), dimitió ayer de todos sus cargos en el ayuntamiento y en el partido después de que, el pasado martes, el juez lo dejara en libertad bajo fianza de 18.000 euros y le imputara cinco delitos. El edil comunicó su renuncia a los dirigentes del PP local, a los que explicó que dimitía para "defenderse sin ataduras" y para que "el nombre del PP no se vea manchado", según explicó el presidente del partido en Granada, Sebastián Pérez.Manuel Fernández fue detenido el lunes por la mañana y puesto en libertad bajo fianza pero con cinco cargos: cohecho, prevaricación, prevaricación urbanística, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público. No obstante, para el presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, las acusaciones contra el edil "han quedado en nada" y, a la vista de la resolución judicial, el gabinete jurídico del partido "muestra su sorpresa". "Consideran que podían simplemente haber llamado a este hombre a declarar y no elegir un procedimiento mediáticamente más agresivo", señaló Pérez.El presidente del PP granadino insistió en la teoría de los demás dirigentes populares: en las actuaciones judiciales de los últimos meses se aprecian "dos varas de medir" según el partido político al que pertenezca el implicado.

EL JUEZ IMPUTA CINCO DELITOS AL CONCEJAL DE ALHENDÍN Y LE DEJA EN LIBERTAD BAJO FIANZA

El concejal de Urbanismo de la localidad granadina de Alhendín, Manuel Fernández (PP), quedó ayer en libertad con cargos tras declarar durante siete horas y media ante el juez que ordenó su detención el pasado lunes. Fernández dispone de siete días para abonar una fianza de 18.000 euros. El juez le imputa cinco delitos: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración de precios en concurso público. El edil se declaró inocente y defendió la legalidad de sus actuaciones en el polígono industrial Marchalhendín y en la urbanización residencial Novosur.

Manuel Fernández abandonó el Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe, que instruye la causa, pasadas las 20.00 en un furgón policial. Según su abogado, Rafael López Guarnido, el concejal de Urbanismo de Alhendín estaba "tranquilo y cansado, pero bien". El edil había llegado a los juzgados a las 9.45 desde la Jefatura Superior de Policía de Granada, donde pasó la noche del lunes y donde prestó una primera declaración ante la policía.

El interrogatorio del juez instructor, Miguel Ángel Gómez Torres, duró siete horas y media y se desarrolló en dos sesiones: cuatro horas por la mañana y tres y media por la tarde. Tras escuchar las explicaciones del edil, el juez le imputó cinco cargos: prevaricación, prevaricación urbanística, cohecho, fraude y exacciones ilegales y alteración del precio en concurso público. No obstante, el instructor decretó la libertad bajo fianza de 18.000 euros, que el edil podrá abonar en los próximos siete días. El concejal tendrá además que presentarse en el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes. El castigo impuesto por el magistrado coincide con el solicitado por el fiscal.

Los investigadores han bautizado la operación que ha llevado a detener a Fernández como caso Marchelo, en referencia al polígono industrial Marchalhendín, uno de los grandes proyectos del edil y en el que se centró buena parte del interrogatorio de ayer. Según las denuncias formuladas por el PSOE granadino, el Ayuntamiento vendió por 9 millones de euros los aprovechamientos urbanísticos que le correspondían en los suelos de este polígono una semana después de que los técnicos municipales tasaran estos terrenos en 24 millones.

Además, según la denuncia presentada por el PSOE, la empresa promotora del proyecto, perteneciente al grupo sevillano Tarje, inició las obras sin contar con la licencia y ha seguido trabajando en el terreno incluso después de que el alcalde, José Guerrero (PP), ordenara que parasen. Los socialistas aseguran también que el Ayuntamiento obvió la titularidad pública de los caminos que atraviesan el futuro polígono, valorados en 750.000 euros, para "regalárselos" al promotor.

La actuación judicial y policial se ha centrado también en la gestión de Fernández en la promoción Novosur, un conjunto de 1.390 viviendas en bloques de seis plantas más ático a las afueras del municipio. El PSOE denunció que el Ayuntamiento vendió a la promotora Frai los terrenos por 1,2 millones de euros, a pesar de que los técnicos municipales los valoraron en 3,5. El grupo Frai emitió ayer un comunicado en el que asegura que está cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del convenio suscrito con este Ayuntamiento.

La causa sigue bajo secreto de sumario, pero fuentes del caso señalaron que previsiblemente el secreto se levante en los próximos días.

La detención del concejal de Urbanismo de Alhendín centró ayer gran parte del debate político en Andalucía. A este caso aludió incluso el ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, quien lamentó que el PP haya puesto en duda la actuación judicial y policial en el municipio granadino. Según Sevilla, los populares valoran a los jueces en función de sus intereses políticos: "Si la investigación de la Policía o Fiscalía favorece a sus intereses, es lo correcto, y si no, lanzan sombras de sospecha", añadió el ministro.

En el mismo sentido se expresó el secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, quien criticó "el cinismo" y "la poca catadura moral" del PP, al que acusó de "no respetar las reglas del juego".

El alcalde de Alhendín, José Guerrero (PP), mostró su "sorpresa" por la detención del edil y defendió la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento, a pesar de que reconoció que él no tiene "ni idea" de urbanismo. El PSOE provincial exigió la dimisión del alcalde, el concejal detenido y de dirigentes del PP provincial, a los que reprochó haber descartado la existencia de ilegalidades urbanísticas en Alhendín tras abrir una investigación interna.

Detenido el edil de Urbanismo de Alhendín en Granada por presunto delito urbanístico

El concejal de Urbanismo del municipio de Alhendín (Granada), Manuel Fernández (PP), ha sido detenido hoy por agentes del Cuerpo Nacional de Policía acusado de un presunto delito urbanístico, según informaron a Efe fuentes del cuerpo armado.La detención de Fernández se enmarca en la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía por diversas irregularidades urbanísticas cometidas presuntamente por el edil en el polígono industrial de Marchalendín, y en una urbanización en construcción.

El pasado 29 de diciembre, el PSOE remitió a la Fiscalía una nueva denuncia sobre el polígono industrial Marchalendín, tras constatar que en éste se seguían ejecutando obras un mes después que fueran paralizadas por orden del Ayuntamiento de Alhendín (PP). Los socialistas, que instaron en varias ocasiones a la dirección del PP a tomar medidas sobre las presuntas irregularidades urbanísticas en Alhendín, denunció que el proyecto del polígono industrial, que ocupa tres millones de metros cuadrados, se ejecutase sin haberse aprobado un proyecto que permitiese acometer las obras, entre otras supuestas ilegalidades. www.cadenaser.com 05.03.07