OPERACIÓN TROYA
El susodicho en un gesto típico de todo imputado
EL FISCAL PIDE CUATRO AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL POR COHECHO PARA EL ALCALDE DE ALHAURÍN EL GRANDE
El delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, solicita una pena de cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para cargo público y multa de 500.000 euros para el alcalde de Alhaurín el Grande (23.300 habitantes), Juan Martín Serón, del PP, como supuesto autor de cinco delitos de cohecho y otro de prevaricación. En el escrito de calificación, el fiscal afirma que el regidor cobró 238.785 euros de varios promotores con intereses de la localidad a cambio de la concesión de licencias de obra ilegales.
Según el ministerio público, Martín Serón recibió estos pagos a través de su concejal de Urbanismo y hombre de confianza, Gregorio Guerra. Para este edil, considerado el presunto cerebro de la trama, se pide una pena de siete años y medio de cárcel y 21 de inhabilitación por 11 delitos de cohecho y un delito continuado contra la ordenación del territorio consistente en la concesión de 14 licencias contrarias al ordenamiento urbanístico vigente en la localidad, situada a 20 kilómetros de Málaga. El PP sigue defendiendo la inocencia de ambos militantes.
En su escrito, el fiscal acusa a Guerra de solicitar a los promotores un total de 782.445 euros, de los cuales supuestamente llegaron a abonarse 304.545, según las anotaciones manuscritas y los archivos informáticos encontrados en el despacho de Guerra en el Ayuntamiento. El fiscal afirma que el edil "había tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad de las parcelas y en el número de viviendas respecto a lo legalmente establecido": cada metro cuadrado de más se cobraba supuestamente a 80 euros, y cada vivienda a 6.000 euros. Para Guerra se pide también una multa de 1,6 millones de euros.
Además de Martín Serón y Guerra, en la trama están imputados 16 empresarios que supuestamente efectuaron los pagos a los políticos o acordaron con ellos el abono de una cantidad para salvar los obstáculos legales para construir en Alhaurín. El fiscal pide para cada uno de ellos tres años de prisión por cohecho activo y como cooperadores de delitos contra la ordenación del territorio. Los empresarios se enfrentan a multas que suman 1,3 millones de euros.
El fiscal ha solicitado el sobreseimiento en la causa de la esposa del alcalde, Teresa Santos, economista de profesión que estaba imputada por blanqueo de capitales. También pide el archivo para el empresario Manuel Márquez.
Juan Martín Serón y Gregorio Guerra fueron detenidos por estos hechos en la llamada operación Troya, desarrollada en enero de 2007. Ambos políticos fueron puestos en libertad bajo fianza de 100.000 euros. El PP les ha apoyado de forma rocosa desde entonces, y ha dado por buenas las imprecaciones del regidor, que acusaba a la fiscalía y a la policía de estar a las órdenes del PSOE. En las últimas elecciones municipales, celebradas seis meses después de la operación, Martín Serón revalidó su mayoría absoluta.
El secretario provincial de PP malagueño, Francisco Salado, ha salido esta mañana en defensa del alcalde alhaurino. Salado ha afirmado que el caso Troya es "un montaje que no llega a ningún sitio" y ha reclamado que el juicio sobre esta trama se celebre "lo antes posible". Salado ha subrayado el hecho de que el delito de blanqueo "se ha caído" del escrito de acusación y se ha mostrado convencido de que Martín Serón saldrá absuelto. En el caso de Gregorio Guerra, Salado no ha sido tan contundente, y se ha limitado a decir que el fiscal hace valoraciones "que no son ley de obligado cumplimiento".
La alegría de un alcalde
"Hemos recibido la noticia con alegría, ya que es una batalla más que hemos ganado". El equipo de gobierno local de Alhaurín el Grande reaccionó de esta sorprendente forma ante la noticia de que su alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, se enfrentan a penas de cárcel por delitos de corrupción. En un comunicado, el equipo de gobierno alhaurino volvió a acusar a la Fiscalía de montar un "juicio mediático fomentado por el entorno socialista". Además, calificó el caso Troya como "el mayor caso de persecución política de nuestra democracia".
Después de reprochar a la Fiscalía que hiciera conocer el escrito acusatorio a los imputados "a través de la prensa", el equipo de gobierno destacó el hecho de que se sobresee la imputación por blanqueo, en el caso del alcalde, y de prevaricación, en el caso de Guerra. También se felicitó por que el cohecho que se imputaba a ambos ediles "se haya convertido en pasivo". El cohecho -el pago o aceptación de sobornos- tiene dos distinciones: el activo, referido al que paga a cambio de una resolución justa o injusta, y el pasivo, referido al que cobra por ello. En este caso, cohecho pasivo significa simplemente que Guerra y Martín Serón supuestamente cobraron sobornos a cambio de conceder licencias ilegales de obra.
(www.elpais.com, 17/03/10ASÍ FUNCIONABA LA TRAMA DEL 'CASO TROYA'
- Según el fiscal, al menos desde 2002 funcionaba una trama en el Ayuntamiento que consistía en ofrecer a los promotores "obtener una mayor edificabilidad respecto a la legalmente establecida (...) a cambio de la oportuna retribución económica" a las autoridades municipales.
- El pago mayor, de 168.545 euros, lo realizó supuestamente el promotor Gumersindo Martín, quien pudo construir 47 viviendas en una parcela en la que sólo estaban autorizadas 22.
- Los administradores de la promotora Marcoreva acordaron con Gregorio Guerra dos pagos, uno de 100.000 y otro de 18.000 euros. A cambio del primero, una parcela en la que se permitía levantar seis viviendas obtuvo licencia para 21 apartamentos.
- El fiscal dice que la "tarifa" del cohecho era de 80 euros por metro cuadrado de más y 6.000 euros por vivienda adicional.
(www.elpais.com, 18/03/10)
UNA EMPRESA SALPICADA POR 'GÜRTEL' HIZO DONATIVOS A ALHAURÍN POR 318.000 EUROS
El PSOE de Málaga encontró ayer un punto de contacto entre dos de los escándalos de corrupción que afectan al PP: el archifamoso caso Gürtel -la red de empresarios y cargos públicos conchabados para lucrarse a costa de la administración y de paso financiar al partido- y el caso Troya, la trama supuestamente encabezada por el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, para recibir sobornos de pequeños promotores a cambio de licencias urbanísticas irregulares.
El elemento en común, según los socialistas malagueños, es la constructora leonesa Teconsa, del empresario José Martínez. Esta compañía, que supuestamente pagó 72.000 euros en comisiones a cargos del PP a través de Francisco Correa por la concesión de una obra pública, hizo donaciones al Ayuntamiento de Alhaurín en marzo de 2004 por valor de 318.000 euros.
Las donaciones de Teconsa al municipio malagueño se hicieron a través de la empresa promotora Proinsa. Esta sociedad, del mismo grupo, proyectaba levantar 2.500 viviendas con piscinas, campo de golf y helipuerto en la llamada Finca La Mota, un paraje de alto valor ecológico. Los regalos de la promotora fueron la redacción de un proyecto constructivo para la biblioteca y Fundación Gerald Brenan -valorado en 300.000 euros- y el patrocinio a un equipo de baloncesto local, con 18.000 euros. La finca La Mota pertenecía a Banesto: tras la venta de los terrenos a Proinsa, en el año 2000, el banco donó otros 300.000 euros al Consistorio alhaurino.
El secretario de organización del PSOE malagueño, Francisco Conejo, recordó que entre 2000 y 2006, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande recibió donaciones en metálico o en especie de más de un millón de euros. En 2003, varias de estas donaciones, por valor de 600.000 euros, fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Málaga, que las acabó archivando.
Ahora, el PSOE vuelve a intentarlo. Conejo anunció que facilitará a los instructores de los casos Gürtel y Troya la documentación sobre las donaciones. "A veces las donaciones se realizaban el mismo día en el que el donante lograba una licencia urbanística pese a los reparos del arquitecto municipal; otras, el permiso llegaba al día siguiente", aseguró Conejo.
El regidor Martín Serón, en libertad bajo fianza de 100.000 euros imputado por prevaricación, cohecho y blanqueo, aseguró ayer: "Teconsa no recibió nada a cambio de las donaciones. De hecho, la empresa no ha llegado ni a pedir una sola licencia sobre estos terrenos". También afirmó que, en caso de llegar a los tribunales, "este tema no va a tener ningún recorrido". Desde su detención en enero de 2007, el alcalde de Alhaurín ha disfrutado en todo momento del apoyo de su partido. Ayer, el secretario provincial del PP, Francisco Salado, acusó al PSOE de "correr tras fantasmas" y de tener "una absoluta obsesión con Alhaurín el Grande".
(www.elpais.com, 08/10/09)
LA RED DEL ALCALDE DE ALHAURÍN RECIBIÓ MÁS DE 642.000 EUROS EN SOBORNOS
El alcalde de ALHAURÍN el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, estaban "al frente" de una "trama" que supuestamente recibió 642.445 euros en sobornos de una veintena de promotores. A cambio del dinero, los responsables políticos permitían a los empresarios construir más viviendas de las que autorizaba el plan urbanístico municipal. Así lo establece el fiscal Juan Carlos López Caballero, quien considera acabada la investigación del llamado caso Troya, y pide al juzgado que convierta la causa en un procedimiento abreviado, paso procesal previo a la apertura de juicio oral. El PP, que mantiene en el cargo al regidor pese a estar imputado, salió ayer, una vez más, en su defensa.
El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga imputa a Martín Serón los delitos de cohecho para acto delictivo, penado con dos a seis años de prisión; prevaricación urbanística (de seis meses a dos años) y blanqueo de capitales (de seis meses a seis años). El edil de Urbanismo, que, según el fiscal, "controlaba, contabilizándolos adecuadamente, los pagos efectuados y los que se debían efectuar", está imputado de prevaricación y cohecho.
Según el escrito de López Caballero, los pagos de los promotores están "acreditados indiciariamente" por las anotaciones manuscritas y por los archivos informáticos intervenidos en los registros de los domicilios de los imputados y de las dependencias municipales. El fiscal recuerda que en una vivienda de Martín Serón se hallaron 64.780 euros en efectivo y otros 7.000 en su despacho de alcalde.
La esposa del regidor, María Teresa Santos, asesora fiscal de profesión, también ha resultado salpicada en la trama: está imputada de blanqueo por "efectuar actos dirigidos a ocultar las ilícitas ganancias obtenidas" por su marido. El fiscal habla de "numerosos ingresos en efectivo" en las cuentas bancarias del matrimonio por 50.000 euros "sin que se conozca el origen del dinero". También señala que en las cuentas de la esposa se ingresaron 30.000 euros "en sólo seis operaciones".
Las licencias ilegales otorgadas presuntamente por Martín Serón y Gregorio Guerra han permitido la construcción de 182 viviendas que no estaban contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad, de 23.800 habitantes. Para otorgar los permisos irregulares, la trama contaba con la colaboración de Juan Burgos Gómez, asesor jurídico municipal. Este funcionario daba "siempre" el visto bueno a las licencias "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal y venían con informe negativo del arquitecto municipal". Otro asesor jurídico, Ildefonso Domínguez, informó favorablemente de una licencia irregular.
Al menos en tres ocasiones, Burgos Gómez asegura en su informe jurídico que el arquitecto municipal está de acuerdo con la concesión de la licencia ilegal, lo que es "radicalmente falso", según el fiscal. El arquitecto municipal, Miguel Ángel Gutiérrez Montalvo, que al principio de la instrucción fue imputado, quedó provisionalmente eximido del caso a finales de octubre de 2008 por la juez instructora, Lidia Bermúdez, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín. Desde que se destapó en enero de 2007, el caso Troya ha pasado por las manos de cuatro jueces.
Martín Serón reaccionó ayer al escrito del fiscal con la virulencia habitual: "¿Hasta dónde quieren llegar los socialistas?, ¿al estado policial? No es un movimiento del juzgado sino un movimiento político a raíz de la toma de posesión del nuevo fiscal jefe". El regidor se refería a Antonio Morales, fiscal de corte progresista que accedió a la jefatura de la Fiscalía malagueña el pasado martes. Martín Serón anunció que continuará en su puesto "se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial". En las elecciones de junio de 2007 -celebradas seis meses después de su detención en Marbella tras un mitin de Mariano Rajoy- renovó la mayoría absoluta.
El Partido Popular salió inmediatamente a defender al alcalde alhaurino. La dirección del PP malagueño considera que Martín Serón puede seguir en su cargo ya que confía "plenamente" en su inocencia. El secretario provincial popular, Francisco Salado, afirmó que la de ayer "es una opinión más del fiscal".
(www.elpais.com, 15/01/09)
80 EUROS POR METRO DE CORRUPCIÓN
El fiscal Juan Carlos López Caballero describe un sistema de tarifas que supuestamente cobraba la trama dirigida por el alcalde de Alhaurín el Grande a cambio de resoluciones urbanísticas ilegales. "Estaba tasado el precio a pagar por el incremento en los metros cuadrados de edificabilidad y del número de viviendas respecto de lo legalmente establecido. El metro cuadrado de techo edificable de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 6.000 euros".
En su escrito, el fiscal recoge el supuesto intento de extorsión al promotor José Burgos Leiva. Una grabación autorizada por el juez muestra cómo el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, le reclamaba al constructor 122.000 euros como contrapartida a una licencia para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el ayuntamiento y que infringía la normativa urbanística municipal.
Según Burgos Leiva, el edil le exigía esa cantidad "en billetes" y se negaba a dar ningún justificante del pago. "Cuando le pregunté para qué quería el dinero, el concejal de Urbanismo me respondió: 'Eso a ti no te importa", aseguró Burgos Leiva a este periódico en mayo de 2007.
El capital de origen ilegal se blanqueaba supuestamente a través de la empresa Conextran, propiedad de Manuel Márquez, suplente en las listas del PP a las elecciones municipales de 2003. Conextran "mantenía una relación mercantil muy fluida" con el consistorio desde 2001, cuando Martín Serón llegó al poder.
Operación Troya
- Imputados. El fiscal imputa a 25 personas en la Operación Troya, 20 de los cuales son empresarios de Alhaurín el Grande.
- El pago más cuantioso, de 168.545 euros, lo efectuó supuestamente el promotor Gumersindo Martín, que consiguió levantar 47 viviendas en una parcela que sólo admitía 22, según el Plan General de Ordenación Urbana del municipio.
- El empresario Jorge Sánchez pactó pagar 120.000 euros a los responsables políticos a cambio de aumentar en 36 viviendas la edificabilidad de una parcela. Ambos expedientes contaban con informes en contra del arquitecto municipal.
(www.elpais.com, 15/01/09)
El fiscal inculpa al alcalde de Alhaurín por corrupción urbanística
La Fiscalía ha solicitado que se inculpe al alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP) y a otras veinticuatro personas en el denominado "caso Troya", que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en esta localidad. Según el escrito "en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande funcionaba una trama al frente de la cual se hallaban sus máximas autoridades, cuyo objeto no era otro que obtener un enriquecimiento personal ilícito".
El ministerio público mantiene que estas personas ofrecían a los empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad que la legalmente permitida en la norma de planeamiento municipal a cambio de una retribución económica.
Cobros acreditados y tasaciones"
Según la Fiscalía, estos pagos están acreditados por anotaciones manuscritas y por archivos informáticos intervenidos por la Policía en los registros efectuados en su día. El ayuntamiento tendría "incluso tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido". Así, el metro cuadrado de techo “valdría” 80 euros, y cada vivienda de más 6.000 euros.
“Ocultar ilícitas ganancias”
Para el alcalde, el fiscal pide que se le impute los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística, y para su mujer, el de blanqueo de capitales. Ambos, señala Fiscalía, trataron de ocultar las "ilícitas ganancias" obtenidas por el alcalde, "producto de la actividad delictiva desplegada desde su cargo".
Ingresos en cuenta
Se informa de "numerosos ingresos" efectuados por el alcalde de en sus cuentas de origen desconocido y por más de 50.000 euros.También en las cuentas de su esposa aparecen en 2006, abonos en efectivo por más de 30.000 euros, en "sólo seis operaciones".
La Fiscalía asegura que Martín dirigía la trama
Además, la Fiscalía indica que la trama descubierta estaba dirigida por el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, respectivamente. El cometido del edil de Urbanismo era, según el ministerio público, controlar y contabilizar "adecuadamente" tanto los pagos efectuados como los que debían realizar los promotores y empresarios a cambio de las licencias de obras ilegales.
Juan Martín dice que no se irá
Tras conocer la noticia el alcalde, ha asegurado que seguirá en el cargo pese a que el fiscal pide su inculpación. Martín ha manifestado que seguirá dando prioridad a su trabajo en el Ayuntamiento "y no a la persecución política", que cree que "se volverá en contra" de quienes la ejercen; se queja de que "no se deje trabajar a la jueza" y continuará en su puesto, "se pongan como se pongan, mientras no haya sentencia judicial" y "contra viento y marea".
Alega que lo persiguen por ser del PP y no por corrupción
Juan Martín considera que la solicitud "no es un movimiento en el juzgado, sino un movimiento político a raíz de la toma de posesión del nuevo fiscal", en referencia al fiscal jefe de Málaga, y añade que "no es nada" y que se trata de un movimiento "en la persecución sin precedentes contra nosotros por ser del PP".
El PSOE pide su dimisión
Por su parte, Miguel Angel Heredia, líder del PSOE de Málaga, ha exigido la dimisión de alcalde, como hizo el socialista Antonio Barrientos tras su imputación en el "caso Astapa" en Estepona. Ha recordado el apoyo directo de Arenas a Martín Serón ratificando su candidatura a la alcaldía cuando ya estaba imputado y el respaldo recibido por parte de la anterior dirección del PP cuando se destapó esta presunta trama de corrupción institucionalizada.Heredia exige al PP "responsabilidad y limpieza democrática"
“Exigimos al PP que aplique el mismo código político y moral que hemos aplicado en Estepona", ha declarado Miguel Ángel Heredia, quien ha pedido al PP "responsabilidad, limpieza democrática y supeditación a los intereses generales", así como que "no prolongue la incertidumbre para el municipio". A Javier Arenas le pide que lo expulse del partido por los delitos que se le imputan: cohecho, prevaricación y blanqueo.
El PSOE no quiere la disolución del Consistorio
Heredia, que considera que el informe del fiscal es "contundente" sobre la presunta "corrupción institucionalizada" en el Ayuntamiento, aclara que el PSOE no va a pedir la disolución del Consistorio de Alhaurín el Grande porque la dimisión del alcalde y el concejal de Urbanismo "devolvería la estabilidad" al municipio.Respaldo del PP malagueño
El número dos del PP malagueño se ha manifestado de acuerdo en que, tras la imputación del alcalde de Alhaurín el Grande, éste continúe en su cargo. Según el secretario Provincial, Francisco Salado, “la de hoy es una opinión más del fiscal" y “es el juez quien tiene que decir si hay delito”.www.elplural.com 14.01.09
DOS PROMOTORES DENUNCIAN TRABAS EN ALHAURÍN POR NO PAGAR DONATIVOS
Dos promotores con intereses inmobiliarios en Alhaurín el Grande (Málaga) denunciaron ante la Policía las supuestas trabas que han sufrido sus proyectos después de rechazar las pretensiones municipales de vender al Ayuntamiento a precio rústico una parcela calificada de urbanizable y de pasar por alto una factura impagada por las obras de una iglesia. El 18 de enero el alcalde Juan Martín Serón (PP) y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos por exigir presuntamente a un promotor el pago de 121.000 euros a cambio de no paralizarle una obra.
Seis días después de los arrestos, el 24 de enero compareció Fernando D., aparejador y propietario de una parcela de suelo urbano situada dos parcelas más arriba del actual domicilio del regidor. Según su relato a los agentes, en 1997 el empresario dividió la finca en tres lotes, dos para edificar y otra para cesión al Ayuntamiento como aprovechamiento. En 2001 vendió dos lotes a un ciudadano británico con la premisa de que si no se conseguía licencia de obra el contrato quedaría anulado.
Dos meses después de pedir el permiso y no recibir respuesta, el empresario acudió a Gregorio Guerra, quien le pidió comprar la parcela a precio rústico, sin resarcir al comprador británico. El empresario se negó al trato. Seis años después, todavía no ha conseguido licencia y las parcelas alrededor de la suya están edificadas desde hace más de 20 años.
El otro caso corresponde a José O., un empresario a quien supuestamente no se abonó una factura por las obras de una iglesia. Al ir a reclamar el dinero al alcalde, éste no hace caso de su petición, y en 2004, según la declaración, el Ayuntamiento "deja sin validez las licencias de obras que tenía argumentando que habían prescrito, lo que era falso, pues las obras estaban en ejecución".
El sumario del caso Alhaurín recoge una denuncia del principal testigo del caso, el promotor José Burgos, quien acusó al sargento de la Policía Local Juan H. de amenazas. "En abril, me puso un revólver en la sien y me dijo textualmente: 'hijo de puta, te voy a pegar un tiro y te voy a levantar la tapa de los sesos". El hijo del policía había denunciado previamente a José Burgos por amenazas telefónicas.
(www.elpais.com, 14/11/07)
EL ALCALDE DE ALHAURÍN INGRESÓ 56.000 EUROS DE ORIGEN DESCONOCIDO
El sumario del caso Troya sobre los delitos de cohecho y blanqueo de capitales supuestamente cometidos por el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, del PP, dio ayer un nuevo fruto. Un informe policial sobre el patrimonio del alcalde constata que éste ha colocado en cuentas de su titularidad un total de 56.585 euros "con origen desconocido". El grupo de Blanqueo de la Comisaría de Málaga acusa también a María Teresa Santos, esposa del regidor y economista como él, de efectuar en 2006 un total de seis ingresos de efectivo, también de procedencia no declarada, que suman 33.832 euros.
Martín Serón fue detenido en enero pasado junto a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, acusados de pedir 121.000 euros a un pequeño promotor a cambio de no revocar una licencia que habían concedido irregularmente. La investigación del caso condujo en junio al arresto de otros 19 empresarios con intereses inmobiliarios en la localidad que supuestamente pagaron una "tasa de soborno" consistente en 80 euros por cada metro cuadrado autorizado de más y 6.000 euros por cada vivienda extra.El informe policial, de 27 páginas recoge numerosos puntos oscuros del patrimonio de Martín Serón. La policía considera que el matrimonio utilizó una "sociedad inactiva" como "pantalla y a los presuntos fines de colocar efectivo metálico". Este "abuso del velo societario", tiene como objetivo, según los investigadores, "ocultar el origen" de las cantidades de dinero para "posteriormente integrarlas en productos financieros, concretamente en depósitos a plazo".
A los investigadores les llama la atención la "anómala capacidad de ahorro" del alcalde de Alhaurín, que el pasado abril revalidó la mayoría absoluta y al que no le ha faltado nunca el apoyo del Partido Popular. El estudio de los movimientos de las 20 cuentas corrientes de la pareja y su comparación con las declaraciones de renta indica, según los agentes, que entre 2005 "la familia Martín-Santos realiza unas inversiones inmobiliarias por encima de su capacidad de ahorro anual". Concretamente, la capacidad de ahorro para ese año era de 25.915 euros y el matrimonio invirtió en fincas 51.075 euros. La mayor parte de los pagos se hicieron en efectivo, según el informe. Entre 2001 y 2006, la pareja adquirió cuatro fincas con dinero en efectivo. El irregular poder de ahorro de la pareja fue, según el informe, de 54.000 euros en 2005 y de 48.000 euros en 2006.
En el caso de las cuentas de las que es titular María Teresa Santos, también imputada en el caso Troya, los investigadores encuentran entre 2002 y 2006 un desfase de 123.817 euros entre las bases declaradas de IVA y las retribuciones abonadas por la prestación de los servicios profesionales de asesoría fiscal que presta la esposa del alcalde. Estas diferencias "pudieran corresponder a facturaciones realizadas por María Teresa Santos ajenas a dicha actividad [la asesoría]", apuntan los agentes. Según la policía "podríamos estar ante varios sistemas, muy efectivos, de cobro de los presuntos cohechos investigados". Por un lado está "la facturación de servicios no realizados de manera efectiva" y por otro "la remesa de recibos de cobro de servicios que ni se han prestado de forma efectiva ni han sido objeto de facturación".
El alcalde siempre ha mantenido que los 63.000 euros en metálico hallados por la policía en su domicilio eran "provisiones de fondo" de su esposa para el "pago fraccionado del IVA" de las empresas que asesoraba. Los agentes han descubierto que la cuenta corriente que la esposa del regidor declaró como la "principal para el funcionamiento de la gestoría", sólo ha tenido 21 movimientos entre 2001 y 2006. "Los movimientos de efectivo registrados en esta cuenta no justifican en modo alguno la tenencia de efectivo supuestamente resultado de su actividad empresarial- en su domicilio". Para la unidad policial que investiga la supuesta corrupción en Alhaurín "el efectivo manejado por María Teresa Santos pone de manifiesto la existencia de fuentes de renta de origen en principio desconocido".
(www.elpais.com, 13/11/07)
El alcalde de Alhaurín dice que su acusación es un invento policial
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, del PP, cuestionó ayer la investigación sobre la trama de corrupción en el municipio y calificó de "invento" el contenido del informe policial que sostiene que él y su edil de Urbanismo cobraban cantidades extras a promotores a cambio de permitirles incrementos de edificabilidad. "Es un informe hecho a la desesperada con el que se quiere acusarnos por todos los medios de algo que no hemos hecho", dijo el alcalde.
"La policía se ha inventado lo del cobro de comisiones", sostuvo Martín Serón, quien insiste en que la investigación del caso Troya obedece a una "persecución y a un ensañamiento personal por el único delito de haber presentado una moción de censura absolutamente legítima contra el PSOE". Martín Serón accedió a la alcaldía en 2000, cuando era concejal de un partido independiente, mediante una moción de censura con el PP, al que más tarde se afilió, y que desbancó al socialista Miguel de la Rosa.
Martín Serón sostiene que el promotor que denunció haber sido extorsionado por el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, que le solicitó 122.600 euros por permitirle construir 14 viviendas en un solar donde la normativa municipal permitía un máximo de cinco, urdió su denuncia en reuniones con un íntimo amigo suyo que es funcionario de la Udyco (Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales) de la Policía y "representantes" del PSOE local.
Martín Serón y el edil de Urbanismo están imputados por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por cobrar a promotores del municipio a cambio de permitirles aumentar la edificabilidad. El informe policial que consta en el sumario señala que ambos tejieron una red de corrupción "generalizada" y "prolongada en el tiempo", en la que llegaron a fijar lo que la policía llama una "tasa de soborno" de 80 euros por cada metro cuadrado y 6.000 por cada vivienda autorizadas de más. En los archivos intervenidos en el registro del despacho del concejal de Urbanismo aparece un documento con un listado de obras y promotores y el dinero que debía abonar cada uno de ellos al margen de las tarifas oficiales de las licencias: en total, más de 700.000 euros.
El alcalde reconoció la existencia del listado, pero niega que se tratara de comisiones, y asegura que eran "donaciones" que aportaban los promotores para "actuaciones de interés general para el beneficio del pueblo", como financiar obras municipales, patrocinar eventos o colaborar en las tareas de mantenimiento de las calles.
"Ninguna ilegalidad"
Además, Martín Serón insiste en que todas las obras autorizadas son legales y en ningún caso contravenían la normativa urbanística municipal. Sí admite que se les aplicaba unos índices de edificabilidad como manzana cerrada perteneciente a suelo urbano consolidado y no los fijados en los estudios de detalle primitivos para la urbanización en la que se ubican, "que suelen ser más restrictivos", pero sin que ello suponga "en absoluto ninguna ilegalidad". El alcalde aseguró ayer que está recabando informes de "urbanistas de prestigio para que avalen que esta interpretación de la normativa urbanística es legal".
El presidente del PP de Málaga, Joaquín Ramírez, más prudente, dijo que el informe policial contiene "inexactitudes" y apostó por la inocencia de Martín Serón "porque aquí no ha habido cobro de comisiones ni enriquecimiento personal, sino el pago de donaciones para obras de carácter e interés común". Ramírez dijo que el PP tiene un "comportamiento irreprochable" con los casos de corrupción en sus filas, pero que en este caso "no vemos que la haya". www.elpais.es 13.07.07
EL ALCALDE Y EL EDIL IMPUTADOS FIJARON UNA "TASA DE SOBORNO" A PROMOTORES
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, llegaron a fijar una "tasa de soborno" para permitir a determinados promotores de la ciudad construir con mayor edificabilidad de la estipulada en la normativa municipal: 80 euros por cada metro cuadrado autorizado de más y 6.000 euros por cada vivienda extra eran el baremo para las dádivas, según consta en un informe policial en el que se concluye que ambos tejieron una red de corrupción "generalizada" y "prolongada en el tiempo en el municipio malagueño.
Martín Serón y Guerra, ambos del PP, están imputados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho. También están encausados 19 promotores, el asesor jurídico y el arquitecto municipal, que con sus informes técnicos favorables a los incrementos de los aprovechamientos urbanísticos, colaboraron en la red, y el propietario de una empresa constructora con el que el alcalde mantiene una estrecha relación y que era la encargada de cobrar los cohechos, siempre en efectivo y nunca a cambio de factura, todo lo más un recibí.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales (Udyco) de la Costa del Sol, existen datos contundentes y objetivos que "acreditan, sin ambages, la existencia generalizada, extendida y prolongada en el tiempo, de una situación de evidente corrupción vinculada al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, instalada en práctica habitual de la gestión urbanística llevada a cabo por el tándem formado por el alcalde y su concejal de Urbanismo".
En los registros practicados en el despacho de Gregorio Guerra, la policía intervino un documento manuscritos y un archivo informático, en los que se relacionan una serie de promociones urbanísticas con datos de la superficie del suelo, el índice de edificabilidad aplicable según la normativa municipal, el número de viviendas correspondiente y los finalmente autorizados. Todos ellos con una cantidad de dinero, la inscripción pagado, pagado todo o pendiente y el nombre de una persona o entidad. En el primero de la lista, figuran dos proporciones: 80 euros/metro cuadrado de techo y 6.000 euros/1 vivienda.
Del análisis de todos los proyectos relacionados y su cotejo con los expedientes urbanísticos correspondientes, la policía ha podido concluir que dichas cantidades eran la "tasa del soborno" que el alcalde y el concejal de Urbanismo habían fijado y aplicaban en todos los casos. Y así concuerdan en 14 expedientes analizados por los agentes, en los que se pudieron exigir comisiones por un total no inferior a 700.000 euros, cantidades según la policía no se justifican porque no tienen correspondencia con las tarifas de las licencias de obras.
Un primer ejemplo es el de Juan Burgos, el promotor por cuya denuncia se inició la investigación en noviembre de 2006, y que fue autorizado a construir 14 viviendas en un solar donde la normativa sólo posibilitaba 4,5 y a quien el concejal de Urbanismo pidió a cambio 122.600 euros. El incremento permitido fue de 820 metros cuadrados de techo edificado, que multiplicado por 80 euros suma 65.600 euros, y 9,5 viviendas de más que a razón de 6.000 euros por cada una hacen 57.000 euros. En total, los 122.600 euros exigidos que el concejal de Urbanismo pidió que fueran entregados a Conextram, la empresa de Manuel Márquez, amigo del alcalde que llegó a figurar como suplente en la candidatura municipal del PP y cuya mujer trabaja en la gestoría que dirige la esposa de Martín Serón.
Este mismo cálculo coincide en el resto de proyectos analizados por la policía. En todos ellos aparece además el nombre de la empresa a la que debía abonarse el dinero pedido por el incremento de aprovechamiento. En varios supuestos, según la policía, las cantidades recaudadas tenían como destino una sociedad "vinculada a la mujer del alcalde". Teresa Santos dirige una gestoría que recientemente ha sido registrada por la policía. Cuando Martín Serón fue detenido el 18 de enero, la policía encontró en su vivienda 64.780 euros en efectivo, dinero que el alcalde alegó que era provisión de fondos de empresas clientes de la gestoría de su esposa para la liquidación de impuestos. Un informe policial posterior determinó que la procedencia del dinero no estaba justificada, motivo por el que el juez denegó la devolución del mismo en resolución adoptada el 29 de enero.
Martín Serón y Gregorio Guerra fueron detenidos la tarde del 18 de enero pasado cuando salían de un almuerzo-mitin en Marbella con el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy. Aquella misma mañana, el denunciante, que en la causa figura como testigo, se entrevistó con Gregorio Guerra en el despacho de éste. La conversación fue grabada por la policía con autorización judicial. En ella, el concejal de Urbanismo admitió que le habían concedido una licencia "ilegal" y como Burgos se negó a pagar, le dijo que la iba a parar la obra y hacer una revisión de licencia.
La policía sostiene que hay "evidencias concluyentes sobre la existencia de una situación continuada que ha creado en Alhaurín el Grande una realidad de favorecimiento mercantil por medio de resoluciones municipales en detrimento del propio interés público, a promotores, constructores e inversores que con ánimo de lucro y a cambio de dádivas podían vulnerar la normativa urbanística".
Pagos con fines altruistas
Sólo cuatro de los 19 empresarios imputados en la Operación Troya reconocieron al juez durante los interrogatorios que habían realizado pagos extras más allá de las tasas que conlleva la solicitud de una licencia de obras, pero nunca admitieron que se tratara de sobornos sino de supuestos fines de interés público.
Juan Guerrero, a quien se autorizó a construir 10 viviendas en un solar donde sólo se permitían tres, pagó 48.720 euros "para organizar una corrida de toros". Pedro Martín Plaza, que pudo convertir su caseta agrícola de 120 metros cuadrados en suelo no urbanizable en vivienda unifamiliar, colaboró con la cantidad de 6.000 euros para "patrocinar un equipo de fútbol". Esa es la explicación que da al hecho de que figure también entre los pagadores de comisiones en la lista intervenida en los registros al concejal de Urbanismo.
Jorge Sánchez López es promotor a título personal de un edificio de 68 viviendas. Inicialmente, la licencia sólo le permitía la construcción de 58. Éste explicó al juez que el pago de 120.000 que figura en la lista del concejal de Urbanismo se debe una conversación telefónica en la que Guerra le preguntó por lo que costaría arreglar una calle en mal estado: "le contesté que unos 100.000 euros, más o menos".
La única persona que hace mención directa al pago de cantidades bajo mano es Manuel Carlos Días Mayo, administrador de La Arquilla S.L, quien reconoció al juez la posibilidad de haber pagado "alguna cantidad". Aunque dijo que no le "sonaban" las cifras de pagos efectuados y pendientes de un total de 70.720 euros que constaban en el ordenador de Guerra.
(www.elpais.com, 12/07/07
El teniente fiscal de Málaga advierte de la gravedad del 'caso Alhaurín'
El teniente fiscal de Málaga, Antonio Morales, advirtió ayer de la gravedad del caso Alhaurín, con una veintena de supuestos implicados en una trama urbanística, y afirmó que "poner en duda las decisiones de los jueces es cuestionar el Estado de derecho". Por contra, la diputada del PP Celia Villalobos visitó ayer Alhaurín el Grande para "defender y apoyar" al alcalde, Juan Martín Serón, ante la "persecución" de la Fiscalía.
Morales explicó que en el caso de Alhaurín "se investigan hechos delictivos complejos y, si no es por la actuación sorpresiva, se eliminan elementos de prueba que se pueden localizar en los registros". Sobre las críticas políticas, afirmó que "difícilmente se puede opinar si no se conocen los hechos, ni su gravedad al estar en secreto las actuaciones".
"Se están investigando hechos gravísimos, conductas de cohecho y prevaricación, y hay que valorar la cuantía económica y los indicios de inculpación de las personas", añadió.
Insistió en que estos delitos son "complejos" y "gravísimos cuando están implicados funcionarios al frente de instituciones públicas que tienen que ser rigurosos en la aplicación de la ley". "Cuando una institución no funciona, causa unos perjuicios a la comunidad, crea una inseguridad jurídica y deriva en una situación de corrupción, por eso el Estado de Derecho actúa y son los jueces los que toman las decisiones, que son recurribles", dijo.
"Las que aquí se analizan son las conductas y si encajan en un hecho delictivo; y por supuesto se prescinde de ideología, de sentimiento religioso o de otro tipo de cuestiones al margen del cumplimiento estricto de la ley", aseveró.
Las explicaciones del teniente fiscal no sirvieron para acallar el discurso de Villalobos, quien acusó al PSOE de manipular a la policía y a la Fiscalía, de recurrir a las detenciones como forma de persecución política en municipios gobernados por el PP. Según dijo, el caso Alhaurín el Grande "supone la utilización del poder judicial más partidaria e impresentable de la democracia".
La diputada del PP añadió que la Fiscalía trata "como criminales, tanto al alcalde como a pequeños empresarios que hacen sus esfuerzos por conseguir un negocio y ganar unos beneficios". "Cuando se trata de municipios gobernados por el PP, la Fiscalía va más allá del deber", afirmó. www.elpais.es 24.06.07
"Pepe, cuando damos estas cosas por decreto queremos una comisión"
José Burgos Leiva es el empresario que grabó con ayuda del Cuerpo Nacional de Policía una conversación en la que el edil de Urbanismo de Alhaurín el Grande (Málaga, 20.000 habitantes), Gregorio Guerra, le pedía 121.600 euros a cambio de no paralizarle las obras de 13 viviendas. La cinta terminó el 18 de enero con la detención del edil y del alcalde, Juan Martín Serón, ambos del PP. El empresario detalla en una entrevista a EL PAÍS el supuesto cohecho. Burgos, de 48 años, asegura que Guerra le pidió esa "comisión" cuatro veces entre septiembre de 2006 y la víspera de los arrestos, y afirma que el edil quería el dinero "en billetes y a cambio de un recibí".
"En total, Gregorio me pidió el dinero en cuatro ocasiones, pero nunca he hablado de este tema con el alcalde"
"Cuando le pregunté para qué quería el dinero, el concejal de Urbanismo me respondió: 'Eso a ti no te importa"
"El concejal Gregorio Guerra me pidió 20 millones de pesetas en billetes a cambio de un recibí, no había justificante de nada"
El caso Alhaurín sigue su instrucción bajo secreto de sumario. Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, repiten como número uno y número tres en las listas del PP en las elecciones del próximo domingo.
Pregunta. ¿Cómo empezó su relación con el Ayuntamiento?
Respuesta. En 2005 compré un solar en Alhaurín con un proyecto para construir cinco viviendas. Mi arquitecto me dijo que con las nuevas normativas se podían hacer 13 viviendas y un apartamento de 30 metros cuadrados. Así que presentamos un nuevo proyecto, pero el arquitecto municipal me lo denegaba por escrito una y otra vez. Mi arquitecto presentó en el registro ocho escritos entre el 25 de abril de 2005 y el 8 de marzo de 2006. Así que fui a hablar con Juan Martín Serón, que era amigo mío desde niño. Le dije que me corría prisa que me arreglara lo de la parcela porque posiblemente yo tendría que entrar en la cárcel por la condena pendiente de obstrucción a la justicia. Me dijo "no te preocupes, hombre, que lo vamos arreglar, y no te juntes con malas compañías". Se me saltaron las lágrimas.
P. ¿Al final se arregló el aumento de edificabilidad?
R. Efectivamente. El 24 de abril de 2006 me dieron la licencia por decreto. Esa licencia me permite hacer 14 casas y un apartamento de 30 metros cuadrados. Me la dieron por decreto saltándose al arquitecto municipal. La licencia la saqué el 11 de mayo de 2006 después de pagar 15.290,63 euros al Ayuntamiento con un cheque.
P. Ya se podía construir...
R. Sí, pero al poco tiempo de tener la licencia me vencieron los plazos en el banco, me quedé sin dinero y me salió un comprador. El 26 de mayo de 2006 vendí la parcela con proyecto y licencia al empresario cordobés Antonio del Río. Este puso el proyecto y la licencia a su nombre y el Ayuntamiento lo aceptó sin problemas. Pero aquí empezaron mis problemas.
P. ¿A qué se refiere?
R. En septiembre de 2006 me llamó Gregorio Guerra por teléfono para que me pasara por su despacho municipal al día siguiente. Hablamos un rato de lo de los juicios con mi ex mujer, y luego me dice: "Bueno, Pepe, yo te he llamado por lo siguiente: nosotros normalmente cuando damos estas cosas por decreto queremos una comisión".
P. ¿Utilizó la palabra "comisión" exactamente?
R. Sí, sí, la utilizo: una "comisión", dijo, y yo contesté: "Una comisión en concepto de qué, ¿para qué?", y él me respondió: "Bueno eso a ti ya ni te va ni te viene, no es cosa tuya". Le pregunté cuánto quería que pagara, porque ya había pagado la licencia y el proyecto, y luego, para ganar tiempo, le dije que tenía que consultar con mi socio. Me dijo que hablara con mi socio y que ya le contestaría.
P. ¿Esa fue la primera vez que le pidió dinero?
R. Sí, en total hablamos de eso cuatro veces, pero en la primera no hablamos de cantidades. La segunda visita fue tres semanas después. Le digo: "Vamos a ver, ¿cuánto es el tema, el dinero que te tengo que dar?". Y me responde: "24 millones de pesetas". Yo le digo: "¿No te parece excesivo". Y él: "No, porque tú sabes que ahí sólo se podían hacer cinco viviendas y se van a construir 13". Y añadió: "Es que la licencia te la hemos dado nosotros por decreto porque hemos querido, tú sabes que el arquitecto municipal no quería dártela".
P. ¿Llegaron a algún acuerdo?
R. No. Yo le propuse que me contratara una obra y que yo cobraría sólo la mitad y el resto lo aportaría gratis. Él me dijo que ya hablaríamos.
P. ¿Para qué pensaba que era ese dinero que le pedía Guerra?
R. Pues para el alcalde, la teniente de alcalde y para el concejal de Urbanismo. Lo pensé porque he oído en la calle a muchos constructores que han pagado comisiones.
P. ¿Cuándo fue la tercera conversación?
R. En noviembre. La policía ya sabía del tema y a este encuentro fui con una grabadora que me puso la policía, pero la juez no aceptó la grabación. Hablamos de la comisión y yo le di largas de nuevo.
P. La cuarta y última conversación fue la víspera de las detenciones del alcalde y el concejal de Urbanismo, ¿cómo la recuerda?
R. Gregorio me había llamado la víspera. A las nueve estaba yo como un clavo allí y con la grabadora que me puso la policía. Me dice: "Vamos a ver, Pepe, ¿qué va a pasar con esto?". Y yo: "Mira Gregorio, yo he hablado con mi socio y me dice que no está dispuesto a pagar, pero yo sí quiero pagarlo, así que dime a qué ventanilla voy". Y él me dice: "No, así no".
P. ¿Cómo había que pagar?
R. Me dijo: "Lo tienes que pagar de la siguiente forma: ¿conoces a la empresa Conextran?". Y yo le contesto: "Sí, la empresa de Manolo Márquez, que tiene maquinaria y trabaja con ustedes". Y me dice: "Sí, pues es a él a quien le tienes que entregar el dinero". Y yo: "¿Cuánto?". Y él: "24 millones, pero vamos a dejarlo en 20".
P. ¿Cómo reaccionó usted?
R. Le dije que no me parecía correcto porque yo no tengo dinero negro, y para pagar la comisión tendría que ir al banco, pedir un préstamo y lo tendría que justificar ante Hacienda, y le pregunto qué me iba a dar Conextran como justificante. Y él va y me dice que "un recibí". Yo le contesté que a cambio de un recibí no le iba a pagar nada, y que yo pagaba al Ayuntamiento a cambio de una factura del Ayuntamiento.
P. ¿Cómo había que pagar?
R. En metálico, me dijo, en billetes. Yo esa cantidad en billetes no la tenía y el de Conextran me daría un recibí, vamos, que no había justificante de nada.
P. ¿Llegó a hablar con el dueño de Conextran?
R. No, nunca.
P. Sigamos con la conversación con Guerra...
R. Le dije: "Como no tengo dinero y ya he pagado mi proyecto y mi licencia y he pagado todo lo que tenía que pagar en el Ayuntamiento, en Hacienda y en todos los lados, si no justificáis yo no pago un duro". Y me dice: "Eso no es lo que me dijo Juan Martín. Juan Martín me dijo, fíate de Pepe, que no hay problema con Pepe". Y yo le digo: "Pues se ha equivocado. Yo pago el dinero si las normas son así, pero si yo te pago 20 millones te doy el solar a ti o a Conextran". Y me dice: "Eso no es lo que me dijo a mí Juan Martín". Al escuchar esto y quedar grabado, me levanté para irme y Gregorio me dice: "Pues que sepas que de hoy a mañana la obra se para". Y yo digo: "Pues párala, la obra no es mía, es de un señor al que se la he vendido, pídele el dinero a ese señor, no a mí". Entonces me fui adonde yo había quedado con la policía, me quitaron los micrófonos, se los llevaron a la jueza. Esa noche les detuvieron.
P. ¿El alcalde le pidió dinero personalmente alguna vez?
R. No, nunca. Ni he hablado con él nunca sobre el tema.
www.elpais.es 21.05.07
Alcalde de Alhaurín: "El dinero que pedimos era para una obra municipal"
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, imputado por un presunto delito de cohecho, y el partido que lo sustenta, el PP, reaccionaron ayer con gran dureza ante la publicación en este periódico de una grabación en la que el concejal de Urbanismo de la localidad, Gregorio Guerra, exigía 121.600 euros a un promotor a cambio de no paralizar la construcción de 13 viviendas. La conversación, grabada con autorización judicial, figura en el sumario por el supuesto caso de corrupción por el que fueron detenidos Martín Serón y Guerra el pasado 18 de enero. Ambos están en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
"El dinero a que se hace referencia en esa conversación corresponde a una obra municipal que el promotor se había comprometido a realizar después de que con las obras de la urbanización se produjeran daños en unas aceras. El juez y el fiscal han metido la pata", aseguró ayer el regidor Martín Serón. El alcalde precisó que al promotor y testigo protegido J. B., se le pidió que en lugar de arreglar las aceras "pagara a otra empresa los trabajos de construcción de la variante del pueblo, en otro lugar de Alhaurín". Martín Serón afirmó que no tiene "ninguna vinculación" con dicha empresa. "La única relación es que la mujer de uno de los dos socios de la empresa trabaja como administrativa a tiempo parcial en la gestoría de mi esposa. Además, es una empresa a la que sólo se le ha adjudicado el 2% del presupuesto municipal para obras", afirmó el regidor y candidato a la reelección en las elecciones del 27 de mayo.
Contra el denunciante
Martín Serón, que admitió que el procedimiento utilizado para financiar "quizá no sea del todo correcto", atacó al promotor que denunció el supuesto cohecho y que realizó la grabación con ayuda de la policía: "[J. B.] tiene varias condenas acumuladas por malos tratos y la Guardia Civil le ha parado por conducir bebido varias veces. Me pidió que el pleno pidiera su indulto hace un año y pico, y me negué al saber que estaba condenado por malos tratos".
A pesar de que todos los comunicados emitidos ayer por el PP para apoyar a Martín Serón no hacen ninguna mención al concejal de Urbanismo, que va como número tres en la candidatura, el alcalde asegura que Gregorio Guerra tiene toda su confianza. "El partido nos apoya a los dos sin fisuras. Pongo el cuello por mi concejal. Es una persona honrada y un trabajador incansable. Exigirme que lo saque de la candidatura sería como exigirme a mí que me fuera", afirmó. Martín Serón gobierna Alhaurín el Grande desde el verano de 2000, y en las elecciones de 2003 obtuvo el 60,99% de los votos.
Los dirigentes provinciales y regionales del PP arremetieron ayer contra la publicación de la conversación entre Gregorio Guerra y J. B. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, calificó de "vergonzosa y extraña" la "filtración" de la grabación, que forma parte de un sumario declarado secreto. "La filtración es interesada y partidista y, con toda seguridad, tiene que ver con las encuestas que pronostican un incremento de tres concejales para el PP en Alhaurín el Grande", aseguró Sanz. El número dos de los populares andaluces afirmó que la grabación "no prueba la existencia de un delito de cohecho y exculpa al alcalde, lo que hace más sospechosa su detención". www.elpais.es 15.05.07
"Mi socio dice que no paga 24 millones de pesetas"; "Vale, yo voy a pararle la obra"
La investigación judicial del caso Alhaurín el Grande, una supuesta trama en la que participarían el alcalde de esta localidad malagueña, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra (PP), para cobrar comisiones ilegales a cambio de licencias, incluye una grabación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que evidencia la presunta corrupción. En esa grabación, el socio de un promotor comunica al concejal de Urbanismo que no van a pagar la comisión de 121.600 euros que se les reclama a través de una firma vinculada a Serón por ser ilegal. Ante su negativa, el edil de Urbanismo, amén de recordar que tampoco era legal la licencia urbanística que tenía concedida, le plantea una clara amenaza: "Entonces yo voy a parar la obra".
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga, 21.000 habitantes), Juan Martín Serón, y su edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, fueron detenidos horas después de la conversación que el segundo mantuvo en su despacho oficial con un promotor con un proyecto en el municipio. Este último la grabó, con permiso judicial, como denunciante y testigo protegido.
En esa conversación, el edil de Urbanismo recordó cómo el alcalde avaló esta operación ilegal -"Me dijo: 'Juan, tú tiras para adelante que con P. [el empresario extorsionado] no hay ningún problema"- y explicó a su interlocutor, el promotor, que desde el Ayuntamiento habían hecho esfuerzos, más allá de la ley, para cambiar los informes técnicos de forma que éste pudiera continuar las obras, con la condición de que pagase una comisión de 121.600 euros.
Ante la negativa del promotor a pagar la comisión, el concejal de Urbanismo le amenazó con revisar la licencia concedida y paralizar las obras "porque las cosas cuando se hablan se mantienen". La comisión exigida debía abonarse a una empresa vinculada al alcalde, según la investigación judicial.
Durante la conversación grabada por el promotor, el concejal de Urbanismo le detalló cómo habían tenido que cambiar informes técnicos negativos por otros positivos para que pudiera hacerse la obra. El edil, según la investigación, llamó inmediatamente al alcalde, Juan Martín Serón, para informarle del fracaso de la reunión con el promotor.
Tras tener constancia de las irregularidades registradas en la cinta, la policía lo puso en conocimiento de la juez que investigaba el caso, quien ordenó la detención del edil y del alcalde.
Los arrestos se produjeron a las 18.30 del pasado 18 de enero, cuando los dos cargos municipales salían de una cafetería de Marbella tras asistir a una comida-mitin protagonizada por el presidente del PP, Mariano Rajoy. Los detenidos quedaron en libertad un día después, tras depositar 100.000 euros de fianza impuesta a cada uno por la juez, que les imputó sendos delitos de prevaricación y cohecho.
Comparece el promotor
Un promotor inmobiliario, cuyo nombre responde a las siglas J. B., compareció días después como testigo ante la juez que investigaba el caso de corrupción de Alhaurín el Grande. Este promotor fue el que, supuestamente, rehusó pagar la comisión a cambio de una licencia de obra.
Sin embargo, negó a la juez que hubiera sido el denunciante del caso y desmintió haber hecho la grabación que desembocó en la detención de ambos ediles. J. B. declaró durante poco más de media hora. A la salida del juzgado, el promotor, dueño de una empresa de fontanería, rehusó hacer declaraciones amparándose en el secreto de sumario.
El 18 de enero por la mañana fue la última vez que el edil de Urbanismo exigió al promotor dinero por la licencia urbanística, aunque hubo anteriores contactos, también grabados con autorización judicial y del fiscal anticorrupción. Pero esa última conversación, a la vista de su grave y elocuente contenido, fue el detonante para que esa tarde ambos ediles fueran detenidos.
El alcalde, Juan Marín Serón, declaró tras quedar en libertad bajo fianza: "Hemos podido meter la pata, nos habremos equivocado, pero la mano nunca la hemos metido. Nos han detenido, nos han registrado y no han encontrado absolutamente nada. Otra cosa es que a lo que hayan encontrado le quieran dar otra interpretación". El alcalde culpó de su detención al Gobierno socialista: "Los etarras están en la calle y los humildes, detenidos. Ésta es la política de Zapatero".
El PP responsabilizó a la Fiscalía General del Estado de las detenciones de militantes del PP que luego quedaban libres y censuró que la operación policial se desarrollara tras la comida en Marbella presidida por Rajoy.
Según los investigadores, la detención se practicó con el conocimiento de la juez y de la forma más adecuada para que la imagen del regidor no se viera afectada. "No sólo se esperó a la conclusión del acto, sino también a que acabaran las copas. La decisión se adoptó por un jefe policial que se encontraba junto a la juez y al fiscal en los juzgados".
En Alhaurín el Grande gobierna el PP con mayoría absoluta. En las elecciones municipales de 2003, los populares consiguieron el 60% de los votos y 11 de los 17 ediles. En los dos mandatos anteriores, la hegemonía fue del PSOE. Serón repite como candidato a alcalde por el PP.
EL 'CASO ALHAURÍN EL GRANDE'
- El alcalde y el edil de Urbanismo fueron detenidos acusados de cohecho y prevaricación y quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros.- Horas antes de las detenciones el concejal exigió una comisión de 121.600 euros al socio de un promotor. La conversación fue grabada.- El alcalde guardaba 63.000 euros en metálico en su casa y 7.000 en el despacho municipal. www.elpais.es 14.05.07
"Los informes negativos de Miguel Ángel ha habido que hacerlos positivos"
La conversación, grabada con autorización judicial, se desarrolla entre el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alhaurín, Gregorio Guerra (PP), y el socio de un promotor inmobiliario, que tiene categoría de testigo protegido, en el despacho oficial del primero. Hablan de un proyecto cuya ejecución depende, supuestamente, del pago de más de 20 millones de pesetas (121.600 euros) en una comisión ilegal para obtener el favor municipal.
La cita tuvo lugar el 18 de enero de 2007. El testigo fue a la reunión con el concejal provisto de unos medios técnicos de grabación ocultos que le facilitó la policía, con permiso de juez y fiscal. La transcripción de la conversación, que desencadenó la detención del concejal de Urbanismo y del alcalde, ambos del PP, de Alhaurín el Grande, es la que sigue:
Concejal. Yo te llamaba por el tema que tenemos, yo no sé si esto tú lo vas a solucionar o no... En su día a mí me dijo Juan [supuestamente Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín el Grande]... Tú tiras para adelante, que con P. [testigo protegido] no hay problema de ningún tipo, y por eso tiré para adelante e hicimos todo lo que tuvimos que mover. ¿Me entiendes o no? Pero esto hay que zanjarlo ya.
Testigo. Pues yo he estado con él, con el socio, y dice que no paga un duro. Es lo que me ha dicho, que no paga y menos de la forma en que está propuesto, de la forma a una empresa fuera del ayuntamiento, que en un caso, eh... Que le deis por escrito, el Ayuntamiento un tema y él, si tiene que pagar, lo paga. Es lo que me ha dicho.
Concejal. Pues entonces ya está, no nos vamos ni tú te vas a calentar más la cabeza ni yo tampoco, yo voy a llamar a la empresa... Vale, y le vamos a decir qué hacemos, que nosotros le vamos a revisar la licencia, ya está.
[...]
Concejal. Yo voy a pararle la obra y vamos a hacerle una revisión de licencia. Tenemos un vecino que ha mandado una carta al Defensor del Pueblo Andaluz y otra carta a Obras Públicas. Yo te digo lo que hemos hecho, porque se ha ido allí y se ha visto que la obra estaba en el otro lado, porque la obra se estaba haciendo conforme al proyecto, ¿vale? No hemos entrado en más nada y... En fin, tú sabes aquí todo lo que ha pasado, y los informes negativos de Miguel Ángel, que ha habido que hacerlos positivos y toda esta historia. Entonces, bueno... Yo no voy a complicarme la vida y no nos vamos a jugar más por esta obra y que nos pongan una denuncia.
Testigo. Bueno, pues nada, lo que puedo hacer es volver a hablar otra vez con él.
Concejal. Ya, pero no creo que haya más tiempo.
Testigo. Yo lo que puedo hacer es irme ahora después a hablar con él otra vez, pero él dice que pagar no paga 24 millones de pesetas y que, si tiene que parar la obra, que la pare.
Concejal. No puedo hacer nada ahí, porque las cosas cuando se hablan, se mantienen... No son 24 [millones], son 121.600 euros, no 24.
Testigo. Yo tengo un socio con el que tengo que contar y ahora como le propuse yo la forma de pago, a él le parece... Eso no lo ve muy legal, es lo que me ha dicho.
Concejal. Tampoco es muy legal la obra que hemos dado allí, yo qué quieres que te diga, ahí iban cuatro casitas o cinco casitas.
Testigo. Ahí iban cinco casas pero, según el arquitecto con el que yo estuve, dijo que podía sacar más... ¿Qué, que no tiene solución?
Concejal. Sí, una vez que paremos la obra y tal no sé yo... Que ya eso, los informes técnicos, los jurídicos, no lo veo con mucha salida.
www.elpais.es 14.05.07
Declara ante la juez el constructor que rechazó pagar por una licencia en Alhaurín
El promotor inmobiliario José Burgos compareció ayer como testigo ante la juez que investiga el presunto caso de prevaricación y cohecho por el que fueron detenidos el pasado día 18 el alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP. Burgos, que se negó a pagar un donativo de 100.000 euros al concejal a cambio de una licencia de obra, niega haber sido el denunciante del caso ni haber realizado la grabación que desembocó en la detención de ambos ediles.Burgos declaró durante poco más de media hora ante la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Coín, Isabel María Pérez. A la salida de la sede judicial, el promotor y dueño de una empresa de fontanería rechazó hacer declaraciones debido a que el caso sigue bajo secreto de sumario.El día 18 por la mañana fue la última vez que Guerra exigió a Burgos el dinero. Esa conversación, que se encuentra recogida en una grabación aportada al sumario del caso, fue el detonante para que esa misma tarde ambos ediles fueran detenidos en Marbella tras asistir a un mitin del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy. www.elpais.es 01.02.07
La policía intervino 63.000 euros en la casa del alcalde de Alhaurín
La policía intervino en una vivienda del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), 63.000 euros en efectivo, así como 7.000 euros en billetes de 500 en su despacho del Ayuntamiento. El regidor, detenido por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho, aseguró que el dinero hallado en su vivienda pertenece a su esposa, economista y asesora fiscal. Según Martín Serón, se trata de "provisiones de fondos" que realizan las empresas para las que trabaja su mujer "para el pago fraccionado del IVA".
Por lo que respecta a los 7.000 euros intervenidos en el despacho del alcalde en la casa consistorial, Martín Serón explicó a la cadena SER que el dinero se lo había entregado la misma mañana de su detención, el pasado día 18, la concejal de Turismo "para hacer frente a pequeños gastos en la próxima edición de Fitur", la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que se celebra del 31 de enero al 4 de febrero próximos. Posteriormente, en declaraciones a este periódico, el regidor matizó que los 7.000 euros "eran del grupo municipal popular" para los gastos de Fitur y que estaban guardados en su despacho porque es el único que dispone de un cajón con llave.
Martín Serón sostiene que ha justificado "perfectamente, con nombres y DNI", el origen de todo el dinero ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, Isabel María Pérez. Según el regidor, el dinero fue encontrado en el registro de su segundo domicilio, después de que el propio alcalde le dijera a la juez que tenía otra casa a las afueras del pueblo. "Eran varias sumas pequeñas y en billetes de distintas cantidades procedentes de 25 o 30 clientes. Creo recordar que la más grande era de 15.000 euros", afirmó ayer el edil, que añadió que en otras épocas del año se guardan cantidades mayores, coincidiendo con el calendario de pagos a Hacienda.
Martín Serón justifica el hecho de que su esposa se lleve el dinero de sus clientes a su domicilio en lugar de ingresarlo en un banco en que las visitas a la asesoría "suelen producirse por la tarde" y que cuando alguien lleva dinero a esa hora, su esposa se lo lleva a casa y, cuando pasan unos días, ella lo lleva al banco.
La suma hallada en el despacho del alcalde estaba formada, según fuentes de la investigación, por 14 billetes de 500 euros. El munícipe no confirma este extremo: "Cuando registraron el despacho eran las cinco de la madrugada y yo no estaba con el mejor de los ánimos para fijarme en esos detalles", asegura. El alcalde afirma que se llevan a Fitur los 7.000 euros en efectivo del grupo municipal porque "el Ayuntamiento no tiene una tarjeta de crédito para estos gastos". Martín Serón asegura haber acreditado ante la juez que el dinero había sido sacado ese mismo día del banco.
El alcalde y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos el pasado día 18 acusados de exigir una donación de 100.000 euros a un promotor a cambio de una licencia de obra. Fuentes cercanas al caso aseguran que la cantidad exigida por el concejal de Urbanismo fue de 120.000 euros y que tenían que ser entregados en efectivo "a una persona ajena al ayuntamiento a cambio de un simple recibí". www.elpais.es 26.01.07
EL ALCALDE DE ALHAURÍN EL GRANDE PARÓ UNA OBRA CUYA PROMOTORA SE NEGÓ A DONAR 12.000 EUROS
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, paralizaron cuatro veces entre 2003 y 2004 las obras de un bloque de viviendas cuya promotora, una farmacéutica de la localidad, se negó a pagar 12.000 euros al Ayuntamiento. Esta donación, de cuyo ingreso no iba a quedar constancia documental en las arcas municipales, se destinaría, según los ediles, a la colocación de farolas en la calle donde se realizaban los trabajos. El Ayuntamiento llegó a modificar su plan urbanístico de modo que se impediría la construcción de las viviendas.
Estos hechos constan en una querella interpuesta por la farmacéutica María Teresa Quintela en febrero de 2005. El juzgado de Instrucción número 1 de Coín admitió la querella a trámite pero la archivó en julio de 2006. La farmaceútica recurrió el archivo de la querella y será la Audiencia Provincial de Málaga la que decida si tiene base para que se abran diligencias previas.
El texto de esta acción penal contra el alcalde y el concejal de Urbanismo, ambos en libertad bajo fianza de 100.000 euros por prevaricación y cohecho, señala que en mayo de 2002, la farmacéutica solicitó la licencia de obras para derribar su anterior botica y construir en ese solar, de su propiedad, una nueva farmacia, así como 17 viviendas y garajes conformes con el plan urbanístico local. Mientras tanto, Quintela había pedido permiso a la Junta para trasladar su negocio durante dos años a una sede provisional hasta julio de 2005. La farmacéutica, que acusa a los ediles de prevaricación, coacciones, cohecho y tráfico de influencias, sostiene que el Ayuntamiento se sirvió de este plazo para presionarla.
Mientras se tramitaban los permisos de obra, el concejal de Urbanismo pidió a la querellante 12.000 euros, para destinarlos, según el edil, "a colocación de farolas en la calle Virgen de Gracia", donde se ubica el solar. Como Maria Teresa Quintela entendía que esta petición no se justificaba por las condiciones de urbanización, la boticaria no se avino a pagar.
La farmacéutica intuyó que su negativa a donar esta cantidad "sólo le provocaría conflictos", por lo que solicitó la mediación de un asesor fiscal para que actuara como intermediario. El concejal de Urbanismo, según la querella, admitió a este economista haber solicitado esta donación, pero le dijo que "ya era tarde" para llegar a un acuerdo.
Catorce días más tarde de solicitar la licencia y previo pago de las tasas, el ayuntamiento alhaurino concedió los permisos de derribo y obra. Aquí empezó la pesadilla administrativa para la farmacéutica.
El mismo día que se iniciaron los trabajos de derribo, el 13 de septiembre de 2003, un supuesto policía local de paisano comunicó que el concejal de Urbanismo había dado orden expresa de suspender inmediatamente las obras de demolición.Ante la negativa a parar, dos horas más tarde se recibió un oficio en el que por orden del alcalde se paralizaba la obra durante la romería de la localidad y se citaba a la farmaceútica a una reunión "con el objeto de acordar la demolición en cuestión".
A la reunión del 15 de septiembre no acudió el alcalde y el 19 se reanudaron las obras de derribo. Ese mismo día se volvieron a paralizar y el representante de la empresa de demolición "recibió, a modo de aclaración, la advertencia de que las obras no podrían iniciarse hasta que María Teresa Quintela no hablara con el concejal de Urbanismo". La farmaceútica denunció al edil por coacciones ante la Guardia Civil y el juzgado sobreseyó la causa.
El Ayuntamiento levantó la suspensión del derribo el 14 de octubre de 2003, pero en la fase de construcción volverían los problemas. El 19 de marzo de 2004 llegó la primera paralización de las obras, que desembocaría en agosto de 2004 con el precinto de los trabajos. Estos actos administrativos fueron revocados por el juzgado de lo contencioso en marzo de 2005.
Según la querella, la última vía para impedir la obra fue una modificación urbanística "con el único fin de ensanchar la calle (...) para impedir la viabilidad del edificio" de la farmacéutica. Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión del alcalde de Alhaurín, que el pasado martes aseguró que "las donaciones nunca han sido requisito para otorgar licencias".
www.elpais.es 25.01.07
El Ayuntamiento de Alhaurín recibió 600.000 euros en DONACIONES
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) ha recibido en los últimos dos años unos 600.000 euros en donaciones, tanto económicas como en especie, de empresas privadas que han contribuido así a financiar actuaciones municipales. A esta práctica, en principio legal, atribuye el PP la denuncia de un promotor, que ha motivado que una juez impute cohecho y prevaricación al alcalde, Juan Martín Serón, y al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra.
El alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande fueron denunciados por un empresario local a quien supuestamente pidieron unos 100.000 euros por una licencia, asunto por el que fueron detenidos el pasado jueves imputados de presuntos delitos de cohecho y malversación. Un día despuésm quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros.
"Nunca he pedido dinero a nadie", insistió ayer a EL PAÍS Martín Serón. El alcalde de Alhaurín reconoció que "hay gente que hace colaboraciones con el Ayuntamiento, pues estamos todo el día pidiendo a empresas que nos hagan cosas para el pueblo, que iluminen o asfalten calles, u otras obras necesarias para mejorar el pueblo", dijo.
En abril de 2006, el PSOE denunció una relación de 16 donaciones, de entre 6.000 y 22.000 euros, de empresas que, a cambio, habrían obtenido un trato beneficioso del Ayuntamiento. Muchas de ellas eran en especie, como la realización de obras en la vía pública o la donación de vehículos para la policía local. La fiscalía archivó la denuncia porque no halló delito.
El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía contempla la figura de los patrocinios, que permite a los ayuntamientos aceptar la participación de la iniciativa privada para actividades deportivas, culturales, educativas, turísticas, de festejos o cualquier otra de interés social, así como la restauración y mantenimiento de bienes. Ahora bien, estas colaboración pueden generar situaciones de privilegio o preferencia para las empresas en sus relaciones con el Ayuntamiento.
La participación de la iniciativa privada en la financiación de actividades municipales es así una práctica más o menos habitual de los ayuntamientos andaluces, lo que no ha dejado de motivar frecuentes polémicas políticas aun cuando dichas actuaciones no desborden el marco legal.
Recientemente, la cadena de supermercados Mercadona financió el coste, unos 50.000 euros, de un almuerzo ofrecido por el alcalde de Málaga a 1.500 representantes de colectivos sociales. El supermercado había abierto un establecimiento días antes sin tener licencia de ocupación y el Ayuntamiento le ha expedientado.
Por su parte, el Ayuntamiento de Estepona, gobernado por el PSOE, recibió en 2004 más de dos millones de euros de "aportaciones voluntarias" de promotoras a cuenta de convenios urbanísticos. Esta práctica quedó prohibida hace un año, con una modificación legal autonómica que impide emplear el dinero cobrado por anticipado de convenios hasta que no esté aprobado definitivamente el planeamiento urbanístico.
Martín Serón atribuyó su detención a "un montaje de un señor que tiene mucha relación con el PSOE". Por su parte, el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, pidió ayer prudencia y justificó que su partido no haya tomado medidas contra Martín Serón alegando que, "hasta que no se levante el secreto del sumario, no sabremos todo lo que ha ocurrido". La secretaria de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que el PP actuará "con rigor y eficacia cuando se tenga la suficiente información".
El alcalde de Alhaurín pidió 100.000 euros de soborno, según la policía
La policía ha aportado a la juez datos de que el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, supuestamente pidieron 100.000 euros a un promotor por una licencia urbanística, dinero que alegaron era para financiar actividades municipales, no para ellos. El PP ha encargado un informe jurídico sobre las actuaciones policiales, que entiende han sido "desproporcionadas, desmesuradas e injustificadas".
La juez Isabel María Pérez, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Coín, impuso la tarde del viernes sendas fianzas de 100.000 euros a los dos ediles, del PP, a los que imputa la comisión de presuntos delitos de cohecho y prevaricación. La Fiscalía Anticorrupción inició las actuaciones por la denuncia del promotor afectado, un pequeño empresario de la localidad, que habría aportado algunas pruebas de la extorsión.
La Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Costa del Sol ha investigado el caso durante unos tres meses, y ha practicado escuchas telefónicas que han resultado determinantes para la imputación de Martín Serón y Guerra.
Fuentes del PP han negado que se trate de una extorsión e inscriben el hecho en las donaciones "habituales" que algunas empresas hacen a los ayuntamientos para colaborar en la financiación de actividades municipales. "Hemos podido meter la pata, pero nunca hemos metido la mano", dijo Martín Serón tras quedar en libertad.
El pasado abril, el PSOE denunció a la fiscalía varias donaciones de entre 6.000 y 23.000 euros al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande por varias sociedades, algunas de ellas constructoras, que habrían obtenido a cambio algún trato beneficioso del consistorio en concesiones de obras o licencias. La fiscalía archivó la denuncia.
La dirección del PP sigue sin tomar ninguna medida disciplinaria contra Martín Serón, que es miembro de la directiva regional de Andalucía y diputado provincial en Málaga, y Guerra, amparándose en el derecho a la presunción de inocencia y a la falta de información suficiente sobre el caso, sobre el que la juez ha decretado el secreto del sumario.
Pero este llamamiento a la prudencia contrasta con las críticas de los propios dirigentes del PP hacia las actuaciones judicial y policial. El secretario general en Andalucía, Antonio Sanz, explicó ayer que ha encargado un informe jurídico porque "pueden producirse dudas sobre si todos los actores -Udyco, fiscalía y la juez- y todos los pasos del procedimiento y las diligencias han sido correctos o no" El presidente provincial en Málaga, Joaquín Ramírez, se preguntó por qué las detenciones se produjeron "ese día y a esa hora" y "precisamente en Marbella". Martín Serón y Gregorio Guerra fueron arrestados la tarde del jueves en Marbella, después de asistir a un almuerzo-mitin presidido por Mariano Rajoy.
Ningún dirigente del PP ha desautorizado tampoco las graves acusaciones que hizo el viernes Martín Serón, que dijo que en España "hace falta una revolución" contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, a quien tildó de "descerebrado" bajo cuyo mandato se ha producido una pérdida de libertades y de democracia; y que "los etarras están en la calle mientras se mete a los alcaldes honrados en la cárcel".
El PSOE ha pedido la dimisión de Martín Serón, porque, "más allá de lo que haya hecho, estas afirmaciones son intolerables y le colocan fuera del sistema democrático". El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, exige al PP que lo desautorice porque "ha insultado a la ciudadanía y al poder judicial".www.elpais.es 21.01.07
El delegado del Gobierno acusa al alcalde de Alhaurín de "faltar al respeto al poder judicial"
El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, ha subrayado esta mañana que el alcalde de la localidad malagueña de Alhaurín el Grande, con sus declaraciones de anoche al ser puesto en libertad bajo fianza 100.000 euros, "como mínimo ha faltado el respeto al poder judicial, al insinuar que no cumple la ley, sino que actúa por oscuros intereses". Juan Martín Serón (PP), al que se le imputan delitos de prevaricación y cohecho, dijo que "desde que ZP gobierna, falta seguridad, pues los etarras salen a la calle, pero entran en prisión alcalde humildes".
Lo último es lo primero y lo último que ha pasado esta noche es la operación policial contra otro caso de supuesta corrupción urbanística. En Málaga, en Alhaurín el Grande, el alcalde popular y su concejal de urbanismo han pasado la noche en dependencias policiales. Los registros se han prolongado durante toda la noche, doce horas de inspección ante la sorpresa de vecinos y enfado de los militantes del partido. -
López Garzón ha indicado que el regidor, con sus descalificaciones al Gobierno y alusiones a que su detención se ha debido a una persecución política, "trata de ocultar una realidad, que es una juez la que la ha ordenado". "Ha sido una juez la que ha ordenado los registros en presencia de la Fiscalía y del Juzgado, ha sido una juez la que le ha imputado por un delito de prevaricación y otro de cohecho y ha sido una juez la que ha fijado el pago de una fianza de 100.000 euros, sin el pago de la cual ahora estaría en la cárcel", ha insistido el delegado del Gobierno en Andalucía.
El delegado del Gobierno ha añadido que una juez "no acusa a un pueblo ni acusa a un partido, sino a él y a su concejal de Urbanismo", en alusión a las palabras de Martín Serón sobre que este procedimiento judicial era contra el pueblo de Alhaurín el Grande. Junto al alcalde, anoche quedó en libertad tras pagar también 100.000 euros de fianza, el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, del PP. A Guera, la juez le imputa los mismos delitos: prevaricación y cohecho.
"Absolutamente inmoral"
El delegado del Gobierno también se ha referido a las palabras del alcalde, que aseguró que los terroristas de ETA están en libertad y los inocentes en la cárcel, y ha dicho que "la utilización del terrorismo y de sus víctimas ha sido absolutamente inmoral". López Garzón ha señalado que el alcalde de Alhaurín el Grande, como cualquier otro ciudadano, debe disfrutar del derecho a la presunción de inocencia, pero ha hecho hincapié en que su situación se debe a la determinación de la justicia.
Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP) ha justificado las palabras de Martín Serón porque "cualquier cosa que haya dicho o declarado hay que verla bajo la óptica de la emoción". El alcande hizo las polémicas declaraciones acompañado de Guerra y de la primera teniente de alcalde, Antonia Ledesma, ante las puertas del consistorio y arropado por más de 2.500 personas, según la Policía Local. Además de subrayar su inocencia -dijo que se podían haber equivocado, pero que nunca han "metido la mano" en la caja-. Entre aplausos y vítores de las personas que se acercaron a la plaza del Ayuntamiento, confesó sentirse "contento" por ver "cómo el pueblo ha reaccionado".
El regidor añadió que "es bastante duro" que le traten a uno como "a un delincuente sin serlo", y explicó que en lo que más ha pensado es "en la falta de libertad en España". El alcalde recordó a José Luis Rodríguez Zapatero, que "se ha luchado mucho por la democracia", al tiempo que incidió en que "la justicia debe ser independiente e imparcial". "Han registrado mi casa, el Ayuntamiento, mi lugar de trabajo, pero no han encontrado nada", reiteró el regidor, quien tuvo palabras de "agradecimiento" para al PP. Aseguró que no piensa dimitir y que mantendrá su candidatura para las próximas elecciones municipales porque tiene "más fuerza que nunca" y "habrá que demostrar las acusaciones".www.elpais.es 20.01.07
El alcalde de Alhaurín el Grande queda en libertad tras depositar los 100.000 euros de fianza
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y el edil de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, han quedado hoy en libertad después de depositar los 100.000 euros de fianza impuesta a cada uno por la jueza que les imputa delitos de prevaricación y cohecho. Martín Serón ha asegurado, a las puertas del Ayuntamiento y ante unos 300 vecinos que le aclamaban, que "hemos podido meter la pata, nos habremos equivocado, pero la mano nunca la hemos metido".
Lo último es lo primero y lo último que ha pasado esta noche es la operación policial contra otro caso de supuesta corrupción urbanística. En Málaga, en Alhaurín el Grande, el alcalde popular y su concejal de urbanismo han pasado la noche en dependencias policiales. Los registros se han prolongado durante toda la noche, doce horas de inspección ante la sorpresa de vecinos y enfado de los militantes del partido. - ATLAS
"Nos han detenido, nos han registrado y no han encontrado absolutamente nada", ha indicado Martín Serón, que ha añadido que "otra cosa es que lo que a lo que hayan encontrado le quieran dar otra interpretación".
Ambos han abandonado las dependencias judiciales de Coín alrededor de las 18.50 junto a sus respectivas esposas tras el depósito de la fianza, que ha sido aportada por familiares, amigos y vecinos, según fuentes municipales. Martín Serón, que ha levantado la mano y ha hecho el signo de la victoria, ha afirmado a su salida que “los etarras están en la calle y los humildes detenidos”. “Ésta es la política de (José Luis Rodríguez) Zapatero”, ha señalado el alcalde, que ha reconocido que lo ha “pasado muy mal” desde que fue detenido ayer por la tarde.
Serón y Guerra llegaron a los juzgados de Coín procedentes de la Comisaría de Policía de Málaga alrededor de las 10.25 de la mañana, aunque no comenzaron a declarar hasta tres horas después, y antes de su comparecencia ante la jueza se encontraban "muy tranquilos" y con ganas de "poder defenderse y dar su testimonio", según su abogado, Fernando Huelin. El primero en testificar ante la juez Isabel María Pérez -que ha decretado el secreto de sumario- fue Gregorio Guerra, quien ha comparecido durante unos 45 minutos, mientras que el alcalde ha declarado durante media hora.
"Trama urbanística"
Por el momento, siguen practicándose diversas diligencias sobre su presunta relación "con una trama urbanística" en el Ayuntamiento de la localidad malagueña. Ambos fueron detenidos ayer por la tarde en Marbella tras asistir a un almuerzo-mitin en el que intervino el presidente del PP, Mariano Rajoy. Los dos ediles estaban en una cafetería junto a otros militantes de su partido cuando se personaron en el lugar agentes del Cuerpo Nacional de Policía y procedieron a su detención.
Según se conoció ayer tras las detenciones en un auto notificado al regidor, los delitos que se le imputarían sería prevaricación y cohecho, según fuentes cercanas al caso. Fuentes del caso señalan que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco)-Costa del Sol y la Fiscalía Anticorrupción están desarrollando esta investigación y han negado que estas detenciones estén relacionadas con la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella. No descartan nuevos arrestos.
La Junta de Andalucía pidió en 2004 al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que cumpliera la ley de bienes municipales después de que el Gobierno andaluz impugnara ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz permutas de suelo municipal. Según informó entonces el organismo autonómico, el Ayuntamiento "nunca aclaró la finalidad exacta de las permutas, como obliga la ley, a pesar de los requerimientos de la Junta", y "sólo se refirió a generalidades basadas en la necesidad de hacerlo para el beneficio del patrimonio municipal".www.elpais.es 19.01.07
Detenidos el alcalde de Alhaurín el Grande y el concejal de Urbanismo por presuntos delitos urbanísticos
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra Gil, ambos del Partido Popular, han sido detenidos esta tarde acusados de varios delitos al parecer relacionados con asuntos urbanísticos.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local han acordonado el Ayuntamiento y han registrado las dependencias municipales, centrándose en la oficina técnica de Urbanismo, de donde han obtenido numerosa documentación. Los agentes también registran esta noche la vivienda del alcalde y se espera que hagan lo mismo con el responsable de Urbanismo. Martín Serón y Gregorio Guerra acompañan a los agentes en estos registros.
Las citadas fuentes han negado que estas detenciones estén relacionadas con la Operación Malaya contra la corrupción en Marbella, también en Málaga, han explicado que el caso lo llevan agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Costa del Sol y no descartan nuevos arrestos.
Ambos políticos fueron detenidos en Marbella pasadas las 18.00 horas tras asistir al almuerzo-mitin celebrado en dicha localidad y en el que intervino el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy. Según fuentes cercanas al regidor, los dos ediles estaban en una cafetería junto a otros militantes de su partido cuando se personaron en el lugar agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que procedieron a la detención de Juan Martín Serón y Gregorio Guerra Gil.
"Van a por el PP"
"No van a por mí, van a por el PP", ha gritado varias veces el alcalde Juan Martín Serón, tras ser trasladado esta noche en un coche policial.Tras el registro de su vivienda de la urbanización La Paca, ubicada en la calle Encinas, el regidor ha sido trasladado en la parte trasera de un coche camuflado de la Policía a otro domicilio situado en el número 5 de la calle Cristo de la Miseria, donde ha sido introducido por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que viajaban en tres vehículos.
La impugnación de la Junta
La Junta de Andalucía pidió en 2004 al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que cumpliera la ley en bienes municipales después de que el Gobierno andaluz impugnara ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz permutas de suelo municipal.Según informó entonces el organismo autonómico, el Ayuntamiento "nunca aclaró la finalidad exacta de las permutas, como obliga la ley, a pesar de los requerimientos de la Junta", y "sólo se refirió a generalidades basadas en la necesidad de hacerlo para el beneficio del patrimonio municipal".
Un político ascendente
El alcalde Juan Martín Serón es además vicesecretario de Relaciones Institucionales de la ejecutiva provincial del PP y diputado en la Diputación de Málaga. Tanto ascendía que estuvo a punto de ser elegido ayer mismo vocal del consejo de administración de la caja de ahorros Unicaja a propuesta de su partido, aunque finalmente no lo consiguió tras producirse un empate entre las dos candidaturas que concurrían.Este economista nacido en 1958 en la localidad de la que es alcalde, entró en la Junta Directiva Regional del PP andaluz y además de presidir el PP local, accedió a la presidencia del Grupo Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, comarca donde se sitúa su población. Ha estado en dos etapas en el PP y entre ambas presidió el grupo político formado por ex concejales y ex militantes del PP denominado Colectivo Alhaurino Democrático (CAD) con el que llegó a la Alcaldía en julio de 2000 mediante una moción de censura contra el PSOE.Hasta entonces había apoyado a los socialistas, pero logró el respaldo de seis concejales del PP que, con los tres votos que sumaban él y sus compañeros de grupo, le auparon al primer sillón municipal y entonces Martín pidió al alcalde saliente responsabilidad "porque son gajes del oficio: mañana me puede pasar a mí".En su primera etapa en el PP fue presidente local, hasta que fue sustituido por parte de la ejecutiva provincial de la formación para fichar a quien entonces era el alcalde del municipio, y en este nuevo período llegó a ser uno de los vicesecretarios de la ejecutiva del PP de Málaga elegida en diciembre de 2004, que actualmente rige el partido.www.elpais.es 18.01.07
www.elpais.es 18.01.06
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