CASO GÜRTEL

LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA VALENCIANA

EL PP PLANTEA EL 'CASO CAMPS' COMO UN ATAQUE A TODOS LOS VALENCIANOS 

El presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, extendió ayer a toda la Comunidad Valenciana la sombra de sospecha que proyecta la operación Gürtel sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. En un acto organizado por la Generalitat y celebrado ayer en el recinto ferial con unos 400 empresarios, Catalá afirmó que "quienes tratan de ofender y dañar" a Camps, "ofenden y dañan a todos los valencianos". 

La manifestación de Catalá se ciñe a la estrategia del PP valenciano, para personificar en Camps al pueblo valenciano y diluir sus posibles responsabilidades en el caso, como ocurriera con el ex presidente catalán Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, que Convergència presentó como un proceso a Cataluña. La intervención de Catalá, aunque no los términos, causó cierta sorpresa en algunos de los empresarios asistentes, que no acababan de entender la razón de la intervención del presidente de Feria Valencia en un acto para difundir la política del Consell. 

En la misma línea, la presidenta de la Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, calificó de "campaña orquestada" tanto el auto del juez Baltasar Garzón como las informaciones sobre los supuestos trajes pagados por Orange Market para el jefe del Consell.La presidenta de las Cortes Valencianas aseguró, además, que "en su momento se demostrará quién tiene interés en que esto se orqueste". "En el momento y en el lugar que toque se demostrará su inocencia [la de Camps]", zanjó. Martínez adjudicó en 2005 el primer concurso del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a Orange Market en sus días de consejera de Turismo. En ese momento, Rafael Betoret, implicado en el auto de Garzón por haber recibido trajes de la trama, fue su jefe de gabinete. 

Por su parte, Feria Valencia, presidida por Alberto Catalá, adjudicó un contrato de 800.000 euros a Orange Market para una campaña de publicidad durante la última edición de Hábitat. La adjudicación se produjo al margen de los comités organizadores. En la institución ferial participan el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat, a través de la Consejería de Industria y Comercio, las diputaciones provinciales, las Cámaras de Comercio y otras organizaciones empresariales. 

La responsable de Economía del PSPV-PSOE, Cristina Moreno, afirmó ayer que Catalá "no representa a los empresarios valencianos, sino a quienes le colocaron a dedo en el cargo que ocupa". Moreno acusó a Catalá y otros "paniaguados" de haber hecho "un canto a la valencianía indecente". 

Ayer Esquerra Unida acusó al PP de "utilizar las instituciones y los recursos públicos" para defender a Camps. La diputada Glòria Marcos criticó que el Consell saliera "a la defensa de conductas privadas", en relación con el anuncio hecho por el Gobierno valenciano de que emprenderá acciones legales para defender la honorabilidad de Camps. 

El Grupo Parlamentario Compromís, por su parte, solicitó ayer la creación de una comisión de investigación en las Cortes para esclarecer las relaciones entre el presidente de la Generalitat, altos cargos y las empresas investigadas por el juez. La síndic de Compromís, Mònica Oltra, hizo una llamada para que no se confundiera la responsabilidad de Camps con la de la institución que preside. 

El presidente del Consell protagonizó ayer otro acto a medida para sortear la embarazosa situación que vive con el escándalo de los trajes pagados por Orange Market, agudizado con la publicación de la entrevista a su sastre, José Tomás. Dentro de la estrategia de tratar de recuperar la iniciativa política, el Consell tocó a rebato a finales de la semana pasada entre los empresarios para presentarles las medidas especiales de apoyo al sector empresarial, enmarcadas en el Plan Especial de Apoyo a los Sectores Productivos. 

Unos 400 empresarios, entre los que destacaban los presidentes de Cierval (Rafael Ferrando), CEV (José Vicente González), AVE (Francisco Pons), Cámara de Valencia (Arturo Virosque), Bancaja (José Luis Olivas) y CAM (Vicente Sala), acudieron a la presentación de unas medidas que ya fueron presentadas hace un mes a la cúpula empresarial por la consejera de Industria, Belén Juste. 

Camps acudió arropado por buena parte de su gobierno. Además de Juste, que fue directora general de Feria Valencia hasta su entrada en el Consell, asistieron los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, la consejera de Turismo, Angélica Such, y los consejeros de Medio Ambiente e Infraestructuras, José Ramón García Antón y Mario Flores. El número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, asimismo relacionado en la investigación judicial, también acompañó al presidente. 

Camps, que fue recibido de pie por los empresarios y con aplausos, evitó someterse a las preguntas de los medios de comunicación en el refrigerio ofrecido tras finalizar el acto. Sin embargo, a diferencia de otros actos, en los que los empresarios se dan codazos para poder saludar al presidente, la mayoría abandonó la Feria en un ambiente frío sin acercarse. 

(www.elpais.com, 17/03/09) 

CAMPS CONVIERTE EN UN HOMENAJE A SU PERSONA LA PRESENTACIÓN DE UN PLAN ANTE 500 EMPRESARIOS 

Las comparecencias públicas del presidente Camps desde que estalló el escándalo de la trama corrupta se están convirtiendo en actos de aclamación a su figura. Ayer le tocó el turno a los empresarios. En un acto organizado por la Conselleria de Industria y ante un auditorio abarrotado por unos 500 representantes de asociaciones empresariales, con sus máximos dirigentes a la cabeza, cámaras de comercio y parques tecnológicos, el jefe del Consell recibió tres entusiastas ovaciones en un acto de poco más de media hora. 

Camps, implicado en la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por recibir presuntamente dádivas en especie por la adjudicación de contratos públicos, acudió a Feria Valencia a presentar el plan del Consell de apoyo a los sectores productivos.  

Pero la polémica de los trajes y las declaraciones de José Tomás, el sastre de Milano y Forever Young, publicadas el domingo, flotaban en el ambiente. El presidente de Feria Valencia, Alberto Catalá, puso voz al sentir del auditorio: "Presidente, te necesitamos más que nunca. Y quienes en estos tiempos quieren ofenderte, nos ofenden a todos los valencianos, y los que te quieren dañar, nos hacen daño a todos los valencianos", dijo. Con esas palabras, Catalá identificaba las acusaciones a Camps como un ataque a los valencianos, un discurso que el Consell, el propio Camps y el PP han propagado durante las últimas semanas.  

Catalá tampoco escondió el objeto de la convocatoria y aseguró que los sectores empresariales y el Consell de Camps deben estar ahora "más unidos que nunca". El responsable de Feria Valencia abogó por "un frente común" entre Gobierno autonómico y empresarios "ante cualquier circunstancia que afecte a la tranquilidad de los mercados". Precisamente Catalá sigue sin explicar los contratos de la institución que preside con Orange Market, una de las empresas que el juez Garzón tiene en el punto de mira y cuya sede en Valencia fue registrada el pasado 6 de febrero. Feria Valencia llevaba trabajando con la firma que dirigía el imputado Álvaro Pérez desde febrero de 2008 y su último encargo se produjo durante la feria Hábitat, el pasado mes de septiembre. En este mismo escenario, el de Feria Valencia, se celebró el pasado mes de octubre el congreso regional de los populares, también organizado por Orange Market, que permitió a Camps revalidar la presidencia del PPCV. 

Tampoco en las Corts, la consellera de Industria, Belén Juste, ha querido proporcionar información sobre Feria Valencia. En su comparecencia de la pasada semana, Juste ofreció a la oposición incluso el teléfono del presidente de la Feria, Alberto Catalá, para que se dirigieran a él para obtener la información, toda vez que "no tenemos nada que ocultar", dijo. Sin embargo, Catalá ha eludido ofrecer más detalles pese a las llamadas de Levante-EMV. Feria Valencia recibe este año 26 millones de los fondos públicos.

Camps no hizo ninguna referencia a su situación judicial y tampoco aceptó preguntas de los periodistas. En su discurso destacó que el Consell ha realizado un esfuerzo económico "extraordinario, que jamás se había hecho antes y que no ha hecho ningún otro gobierno autonómico". Reclamó al Gobierno un acuerdo sobre la reforma del modelo de financiación autonómica para que lleguen a la Comunitat Valenciana mil millones más de fondos adicionales y recordó los 2.420 millones que el Consell invierte a través del Plan de Confianza. 

Mientras, las declaraciones de José Tomás el domingo a El País y las afirmaciones de que el sastre tomaba medidas a Camps en el hotel Ritz de Madrid y que algunos de los envíos se realizaban directamente a la sede de Orange Market en Valencia, han caído como una bomba en Presidencia. Las fuentes consultadas aseguran que el presidente no se ha alojado en este establecimiento desde hace casi dos años. Desde que accedió al cargo, Camps ha visitado el lujoso establecimiento de la plaza de la Lealtad de Madrid en contadas ocasiones, dijeron. Además, las fuentes añaden que el Ritz es, entre los hoteles de su misma categoría, de los más económicos de la capital de España.  

Los precios del hotel, según su página web, permiten alojarse por 262 euros (precio por noche, IVA incluido) con una oferta especial que ayer estaba disponible. Sin embargo, desde el entorno de Camps apuntan que la Generalitat Valenciana ha abonado un precio inferior a los 200 euros cada vez que el jefe del Consell se ha hospedado. 

Camps estuvo ayer arropado por los tres vicepresidentes, Vicente Rambla, Gerardo Camps y Juan Cotino; los consellers de Turismo, Angélica Such; de Industria, Belén Juste; de Infraestructuras, Mario Flores y de Medio Ambiente, José Ramón García Antón. Desde el entorno del jefe del Consell dijeron que la presencia de Camps en el acto estaba prevista desde hace una semana. Reapareció el vicepresidente Gerardo Camps, después de que el vicepresidente primero, Vicente Rambla, asegurara el viernes que estaba "gravemente" afectado de su dolencia en la espalda. 

(www.levante-emv.com, 17/03/09)

TOMÁS: "LE VENDÍ A TRILLO MÁS TRAJES QUE A CAMPS" 

El sastre José Tomás se mostró ayer desconcertado al ser preguntado por este periódico sobre las acusaciones del responsable de Justicia del PP: "Trillo era cliente habitual mío y le he vendido más trajes que a Camps, pero siempre de Milano. Eran trajes de confección, no hechos a medida, de unos doscientos y pico euros. Se quedaba cinco o seis cada temporada. Trillo los pagaba incluso antes de llevárselos. Pasaba por caja, se le ticaban y los pagaba antes de recogerlos y hacerles los arreglos". Tomás aclaró: "Como Trillo es muy bajito, había que acortarle las mangas y el largo de las americanas. Pero siempre pagaba de su bolsillo". "Sólo en una ocasión me llamó desde el Congreso porque necesitaba una americana de cachemira azul marino y me mandó a un asistente o secretario a recogerla. Dijo que le quedaba bien, aunque hubo que subirle las mangas. Después pasó a pagarla. Dejó de ir por Milano cuando le hicieron ministro", señala. Preguntado por qué cree que Trillo niega conocerle, Tomás dijo: "No sé cómo dice que no me conoce. Él iba siempre con su mujer, habitualmente en rebajas, y tenía bastante amistad con él y su señora. Él es de Murcia y hablábamos de que yo iba a La Manga en verano...". Un ex trabajador de Milano declaró ayer a EL PAÍS: "Trillo iba por la tienda y le atendía Tomás, que era el que atendía al 90% de esos clientes. Iban políticos del PP y también del PSOE". 

(www.elpais.com, 17/03/09)

EL PP INSINÚA QUE CAMPS NO TIENE FACTURAS Y EXIGE A LA TIENDA DE ROPA QUE LAS BUSQUE 

Los trajes de Francisco Camps se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la dirección del PP. Mientras el presidente valenciano, que apenas atiende a los medios de comunicación, se libra fácilmente de preguntas incómodas, los dirigentes populares tienen que hablar casi cada día sobre este asunto. Y en el relato oficial hay un hueco muy claro: si Camps pagó sus trajes, como dice, ¿por qué no tiene las facturas, ni siquiera el registro de la tarjeta de crédito con la que, por lógica, debería haber pagado varias cuentas que suman en total casi 12.000 euros? El PP ha buscado una respuesta a esta pregunta y ayer creyó haberla encontrado Federico Trillo, portavoz de Justicia de los populares. 

Trillo insinuó en Onda Cero que Camps no tiene las facturas, y exigió públicamente a la tienda de ropa que hizo los trajes, Forever Young, que sea ella la que las enseñe. Trillo aprovechó además para atacar con dureza al sastre, José Tomás, quien en una entrevista en EL PAÍS el domingo aseguraba que la trama de Francisco Correa pagó todos los trajes de Camps con billetes de 500 euros. 

El juez Baltasar Garzón, en su auto de inhibición ante el Tribunal Superior valenciano, aportó facturas y anotaciones en la contabilidad de las empresas de Correa y Álvaro Pérez, su socio y amigo de Camps, que probaban que éstos le regalaron los trajes, lo que para el juez es un soborno. Camps, por el contrario, no ha ofrecido hasta ahora ninguna evidencia para contrarrestar la documentación presentada por Garzón. Simplemente insiste en su inocencia -"yo me pago mis trajes", repite- sin aportar datos. 

La dirección que encabeza Mariano Rajoy, agradecida por el apoyo que el valenciano le brindó en los momentos difíciles, tras la derrota electoral de 2008, ha decidido confiar en la palabra de Camps sin pedirle pruebas. Fuentes cercanas a Rajoy aseguran que el líder no ha reclamado las facturas al presidente valenciano. 

Pero Trillo necesitaba ayer construir algo más que un acto de fe, y por eso redondeó el argumento sobre las facturas. Los periodistas le preguntaron por qué no conserva Camps, si no las facturas, al menos el registro en el banco del gasto de la tarjeta de crédito. "Conozco a Paco Camps hace muchos años y desde luego si él tiene que pagar algo, por ejemplo, al tomar algo en alguna gasolinera, paga en cash, es decir, este hombre no utiliza normalmente tarjetas de crédito", contestó Trillo. 

Los dirigentes del PP preguntados estos días sobre las facturas de Camps siempre esquivan la cuestión con la idea de que "nadie guarda las facturas de los trajes que ha comprado". Claro que cuando se les recuerda que el banco sí guarda los movimientos de la tarjeta de crédito, aseguran sin más detalles que ellos creen a Camps. Sólo algunos, en privado, admiten que, a pesar de que ellos no ven el soborno por ninguna parte, sí es cierto que Camps ha mentido, porque dijo que Álvaro Pérez "nunca" le ha pagado un traje y Garzón ha demostrado con documentos lo contrario. 

El PP, según fuentes de la dirección, está buscando la salida al embrollo en la tienda Forever Young. En su intento por exculpar al presidente valenciano, Trillo hizo un regate: si fue en cash, ¿cómo se demuestra que los ha pagado?, le preguntaron. Trillo dio muestras de haber hablado con la tienda. "Pues lo tendrá que decir la empresa, porque tiene una contabilidad férrea, en la que no quiero anunciar cosas que les corresponden sólo a ellos, pero se llevaba una doble contabilidad, una en el sótano que es la que vigilaba especialmente ese sastre, el señor Tomás, y otra la oficial". 

Trillo utilizó sesgadamente las declaraciones de Tomás a EL PAÍS para tratar de desacreditarle. "Dice que sus relaciones con Camps eran de año y medio y de 2005 a 2008, que yo sepa, van tres años, exactamente el doble". Tomás aclaró a EL PAÍS que, efectivamente, en 2005 a Camps ni le conocía; que en 2006 se encargó los trajes de Milano que Camps devolvió por estar mal hechos, y que es entre 2007 y 2008 cuando, desde Forever Young, se relaciona durante año y pico con Camps. 

Otra de las supuestas contradicciones se refieren a que Forever Young se constituyó en septiembre de 2006, "y el sastre ha dicho que hay una facturación de 2005 de la trama corrupta ente 60.000 y 70.000 euros". Tomás aclaró que la facturación de 2005 no correspondía a Forever Young, sino que se refiere a pagos que hizo Pablo Crespo por trajes comprados tanto por otros políticos valencianos -Costa, Campos, Betoret- como por Álvaro Pérez y el propio Crespo. 

(www.elpais.com, 17/03/09)

SÁENZ DE SANTAMARÍA DEFIENDE A CAMPS: "UNO NO ADJUDICA CONTRATOS POR UNOS TRAJES" 

Pocas cosas han propiciado tanta unidad en el seno del PP como la presunta vinculación del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, con la trama de corrupción liderada por Francisco Correa.  La negativa tajante de Camps a los indicios recogidos en el auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es motivo más que suficiente para que el PP arrope al president y, siguiendo la jerga manejada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, pongan la mano en el fuego por él.  Hoy le ha tocado el turno a la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha argumentado —en TVE— que "uno no adjudica unos contratos por unos trajes".  

Sáenz de Santamaría ha matizado las diferencias entre Camps y "muchos aforados que han pedido la suspensión voluntaria de su militancia", ya que el presidente valenciano "lo ha negado todo, y eso hay que tenerlo en cuenta". 

Por contra, la portavoz del PP en el Congreso ha atacado a Garzón y a sus autos, que "deben ser purgados por un tribunal imparcial". "A Paco Camps le está juzgando un juez que tiene abierta una causa por prevaricación por parte de nuestro partido, y merece un juez imparcial", ha afirmado la portavoz del PP en el Congreso, quien asegura que "todo el mundo tiene derecho a un juicio justo y a que se respete la presunción de inocencia". 

(www.publico.es, 15/03/09)

Trillo: José Tomás no es sastre y sus declaraciones son mentiras y ridiculeces El responsable de Justicia del PP,

Federico Trillo, ha negado hoy que José Tomás sea sastre y ha señalado que los detalles que ha aportado sobre los trajes que confeccionaba para Francisco Camps, son "una sarta de mentiras, contradicciones y ridiculeces".

En declaraciones a Onda Cero recogidas por EFE, Trillo se ha referido así a la entrevista publicada ayer por el diario El País a José Tomás para señalar que no es "ni testigo ni sastre", sino que está "imputado por falsedad y estafa" y ha sido "despedido disciplinariamente" de la empresa para la que trabajaba, Forever Young.

"Me consta que no es sastre, es jefe de ventas de la empresa Forever Young y, además, no es testigo, es imputado de Garzón", ha aseverado el dirigente del PP, quien ha recalcado que sus declaraciones pueden suponer una nueva violación del secreto del sumario.

Trillo ha desvelado que se ha puesto en contacto con Forever Young y que la empresa "está actuando" contra José Tomás, al que denunció el pasado 13 de febrero "como autor de falsificación de facturas dobles", y ha dicho que cree que la empresa ampliará hoy esta denuncia por las declaraciones que publicó ayer El País.

Ha insistido en que "hay una pretensión desde el principio" por parte del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de que haya "una especie de trama nacional del PP" en la causa y que, por eso, "encuentra al sastre, que cuenta cuentos, cuentos y mentiras".

Trillo ha recalcado además que "no hay ni un sólo contrato" con la empresa Orange Market que no haya sido revisado por el Tribunal de Cuentas, públicamente convocado, resuelto en mesa de contratación en concurrencia de audiencia y sin ninguna impugnación".

Asimismo, ha anunciado que su partido volverá a denunciar hoy a Garzón ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo, y ha asegurado que "hay una deliberada voluntad de dañar al PP" en su actuación.

Trillo ha explicado que esta nueva denuncia contra Garzón se producirá después de que el diario El País publicara ayer la citada entrevista con José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrecía detalles sobre los trajes que confeccionaba para Camps, cuyas facturas están siendo analizadas en la trama de corrupción que investiga Garzón.

Ha vuelto a criticar que Garzón saliera de España el pasado martes "con permiso de asuntos propios y sin haber enviado las causas" a los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunitat Valenciana y Madrid, así como la explicación del juez de que había "funcionado mal el servicio de reprografía".

"Es lo que le ha permitido justificar la ausencia durante una semana del territorio nacional, retener la causa y abundar en la indefensión del PP", ha manifestado Trillo, quien ha confiado en que los autos lleguen "hoy o mañana" para que, "de una vez, se pueda producir un proceso con todas las garantías debidas".

www.levante-emv.com 16.03.09

ADMITE LA ÍNTIMA RELACIÓN CON EL BIGOTES Y LAMENTA NO HABER ADVERTIDO SU “CATADURA MORAL” 

Mientras Francisco Camps proclamaba ayer que las acusaciones contra él, contenidas en la entrevista efectuada por El País a su sastre, eran una nueva sarta de mentiras, el PP valenciano lo pone en evidencia, al entonar un discreto mea culpa a través de El Mundo que deja más claro, si se puede, la estrecha relación de la Generalitat con el entramado del “caso Gürtel”, a través de Alvaro Pérez (El Bigotes). Con un nerviosismo evidente, los populares valencianos han declarado que Mariano Rajoy nunca les comunicó su decisión de dejar de contratar a la empresa de Francisco Correa ni, en las veces en las que participó en actos de de la Generalitat, puso reparos a que la organización la asumiera Alvaro Pérez, presidente de Orange Market. 

Fuentes del Partido Popular han asegurado a El Mundo que, de haber recibido algún tipo de información sobre la decisión tomada en Génova o de haber conocido su “ligazón con Correa”, «Alvaro Pérez habría dejado de trabajar inmediatamente con nosotros». ¿Y no sabían Camps ni los populares valencianos de la relación de El Bigotes con Francisco Correa, siendo Orange Market una filial de Special Events, la compañía del cabecilla de la trama corrupta?

“Enviado por Génova”

Los populares declararon que en las elecciones de 2003 fue cuando El Bigotes "aterrizó" en la Comunidad enviado directamente por la cúpula del partido y que es cierto que Camps, sin ningún poder entonces dentro del grupo político, lo conocía desde los tiempos de Génova y que, después, una vez “tuvo mando”, quiso “exportar al PP valenciano la potencia de los actos que se organizaban para Aznar”.

El Bigotes “era muy bueno en lo suyo”

A partir de ahí –detallan las fuentes del PP valenciano a El Mundo- la relación con Pérez se intensificó por «pura inercia». “El presidente, que era capaz de estar viendo de madrugada un mitin de Tony Blair, le llamaba al día siguiente para pedirle un montaje similar”. Y es que Pérez era «resolutivo y muy bueno en lo suyo», recalcan.

Admiten su error

En estas declaraciones precipitadas, los populares explican que El Bigotes «reclamaba contratos con la Administración, y muchos de sus proyectos se echaron para atrás porque era el principal proveedor logístico del partido». Por eso, afirman “tanto el Gobierno valenciano como el partido” se consideran en estos momentos «víctimas» de Orange Market, y admiten un “doble error: estrechar tanto la relación y no intuir su catadura moral”.  

(www.elplural.com, 16/03/09)

EL PP SE FÍA DE LA INOCENCIA DEL PRESIDENTE CAMPS 

Inasequible al desaliento, el PP de Rajoy resiste a Jaguars, trajes de sastre y billetes de 500 euros. Bajo el lema de No nos moverán, la dirección nacional del PP se atrinchera, cada día que pasa, frente a las acusaciones de corrupción. ¿Qué es la palabra de un sastre comparada con la del barón popular de Valencia? ¿Qué supone la firma del imputado Correa en la compra del coche de un edil del PP si éste argumenta una permuta y, además, ya no está en la dirección nacional? Nada. Nada de nada.Génova resiste, callada pero firme, a los últimos embates de la Justicia y del papel. Y hoy celebra, como si nada empañara la victoria del 1-M, la primera Junta Directiva Nacional exitosa tras la derrota electoral de marzo del año pasado.  

Cierto es que las palabras del sastre de Camps a El País ayer, en medio de la mascletá valenciana, retumbaron como un cohete en la sede del PP de Madrid. Cierto es que, a algunos miembros de la cúpula popular, los detalles contados por José Tomás sobre el reductor de cintura para el pantalón de Camps traído de Italia hasta la habitación del Ritz sonaron demasiado «verosímiles».Y cierto también que, para algunos de ellos, no quedaba ayer más salida que una querella formal contra ese sastrecillo valiente aparentemente capaz de hacer saltar las costuras del PP.  

Pero cierto es, en todo caso, que Mariano Rajoy no se movió ayer de su castillo y que nadie en la corte popular osó ponerle cascabeles al gato de Camps.  

Desde Valencia, la respuesta fue clara: primero, todo lo que cuenta el sastre Tomás es mentira. Y a los ojos de Génova, nada ha cambiado: Camps es inocente mientras no se demuestre lo contrario.Y si alguien lo demostrara, entonces ya se verá. Hoy, el presidente valenciano explicará su plan anticrisis ante 500 empresarios de su comunidad y no tiene previsto cambiar su agenda. No asistirá a la reunión de la Junta Directiva Nacional, que no protagonizará, por ello, ningún cierre de filas gráfico con Francisco Camps.Sí lo habrá, sin embargo, con Ana Mato.  

Y es que el Jaguar del ex alcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda ha rugido estos últimos días a las puertas de Génova, pero no las ha derribado. Al menos de momento. La cúpula del PP se ha desentendido como ha podido del primero de los escándalos relacionados con el caso Gürtel que podría afectar a la estructura nacional del partido. Se trata, dicen, de una época pasada y de una responsabilidad, si la hubiere, de carácter individual. Se trata, añaden, y en todo caso, de un asunto «injustamente» atribuido a la ex esposa del alcalde, Ana Mato. Argumentan que la actual vicesecretaria de Organización del PP siempre mantuvo una fuerte independencia económica pese a compartir los gastos familiares básicos.  

Además, Mato no es una dirigente más en el partido de Rajoy.Mato es «importante» en la estructura actual. Y así lo pondrán hoy mismo de manifiesto ante el medio millar de personas que se reunirá en la Junta Directiva Nacional, con la que el PP dará su pistoletazo de salida a la carrera europea. Ana Mato, coordinadora de la campaña europea, de cuyo nombramiento no parece haberse arrepentido en absoluto Mariano Rajoy, desvelará su equipo y las claves de la «movilización» anunciada por el presidente del partido. 

(www.elmundo.es, 15/03/09)

EL GOBIERNO VALENCIANO DEFIENDE A CAMPS 

La Generalitat Valenciana emprenderá "todas" las acciones legales que estén a su alcance para defender "el honor y la dignidad" del presidente del Gobierno autonómico, Francisco Camps, "una vez termine el proceso principal en curso porque es lo que corresponde jurídicamente". Así lo anunció el Ejecutivo valenciano a través de un comunicado después de que el diario El País publicara una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrecía detalles sobre los trajes que confeccionaba para Camps en Madrid y cuyas facturas están siendo analizadas en el caso Correa, trama de corrupción que afecta al PP y que investiga el juez Baltasar Garzón.

Tomàs confirmó que Camps, que la semana pasada declaró que él siempre paga sus trajes, le llamó el domingo 8 de febrero "cinco veces muy nervioso para saber si había facturas a su nombre" antes de que el sastre declarara ante la policía. El sastre también dijo a El País que el presidente valenciano le llamó "entre ocho y diez veces" mientras declaraba al día siguiente ante la policía, llamadas que no atendió y que, pese a insistir Camps "durante un par de días más", quedaron sin respuesta.

Según Tomàs --que fue despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba el 11 de febrero, un día después de declarar ante Garzón--, el exsecretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, encarcelado por Garzón, "venía cada seis meses con un fajo de billetes de 500 euros y pagaba 30.000 o 35.000 euros".

Aunque en la carta de despido de su empresa --cuyo nombre, Castellana Inmuebles y Locales, guarda poca relación con las firmas de sastrería Milano y Forever Young para las que Tomàs hizo trajes a políticos y empresarios valencianos vinculados a la operación Correa-- le acusan de falsear las facturas, el sastre afirmó en la entrevista de ayer que él "nunca" las vio ni ordenó que se hicieran.

Con estas informaciones en el quiosco, Camps aseguró ayer durante su participación en la romeria de las Canyes de Castellón que cada semana se publica "una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior", sobre su supuesta relación con el caso Correa.El presidente valenciano dijo que si los periodistas "cotejan mentira tras mentira, se darán cuenta de que al final todo es una tremenda incoherencia". Aseguró confiar en la justicia y en una verdad que "resplandecerá sobre la mentira y la insidia".

 Pese a que algunos de los asistentes a la romería increparon a Camps con gritos de "trajes para todos", el presidente valenciano se mostró convencido de que "cuando todo se aclare" será "un gran día de felicidad para la mayoría de los valencianos". Fuentes de la dirección del PP aseguraron que siguen "apoyando y confiando" en el presidente valenciano mientras esperan que la Justicia resuelva "lo antes posible" el caso Correa que afecta al partido. 

(www.elperiodico.com, 14/03/09) 

"¡TRAJES PARA TODOS!" 

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, no vistió ayer de traje sino que se atavió con un tradicional blusón negro para asegurar: "Yo ya dije en su momento lo que dije y, además, sigo diciendo lo mismo". Por ello, se negó otra vez a responder a las preguntas de los periodistas sobre su implicación en una supuesta trama de corrupción. 

Camps participó en la Romeria de les canyes (Romería de las cañas) de Castellón. Durante el primer kilómetro de marcha escuchó gritos de "¡Trajes para todos!", procedentes de grupos de participantes. Fue entonces cuando optó por hablar para decir que "cada semana hay una mentira nueva" y añadir que "las cosas se van aclarando". Respondía así, sin hacer mención expresa, a la entrevista con el sastre José Tomás, publicada ayer por EL PAÍS, en la que explica cómo imputados por el juez Garzón en la trama de corrupción vinculada al PP pagaban sus trajes. 

Como es habitual en él, Camps no aceptó preguntas pero aprovechó para manifestar su confianza en la justicia y en que "la verdad resplandecerá sobre la mentira y la insidia", aunque cinco semanas después de que se conociera su implicación en la trama desarticulada con la Operación Gürtel sigue sin aclarar si pagó o no los trajes o cuál es su relación con Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez. 

También acudió a la romería el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, quien acusó a Camps de haber sumido al Consell en "una crisis institucional sin precedentes" y le exigió que deje "que los grupos políticos le pregunten" para "aclarar qué está pasando". Añadió que Camps es responsable de permitir la creación de una red delictiva alrededor de la Generalitat. 

(www.elpais.com, 14/03/09)

JOSÉ TOMÁS: "CAMPS Y LOS DEMÁS JAMÁS HAN PAGADO UN EURO EN LA TIENDA" 

Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la tienda". José Tomás, el que ha sido sastre de Francisco Camps en los últimos tiempos, aclaró ayer punto por punto su relación con el presidente de la Generalitat Valenciana: cómo le confeccionaba los trajes, quién le pagaba y cómo reaccionó el jefe del Consell ante su implicación. Todo ello tras comparecer en tres ocasiones -la última el pasado viernes-, ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.  

José Tomás es uno de los testigos y pieza clave para entender la rama valenciana de la operación Gürtel, la presunta trama de corrupción del empresario Francisco Correa supuestamente dedicada a obtener contratos de administraciones dirigidas por el PP. Dentro de la vía valenciana del entramado, Garzón acusa, entre otros, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de aceptar ropa presuntamente pagada por Orange Market, filial de las empresas de Correa. José Tomás ya confeccionaba los trajes a Álvaro Pérez el Bigotes, responsable de Orange Market. Fue él, amigo personal de Camps, quien puso al presidente en la agenda de clientes del sastre. Y allí parece que se quedó: primero en Milano, y luego en Forever Young, donde se trasladó José Tomás.  

En este sentido, las declaraciones del modisto son ciertamente comprometedoras para el jefe del Consell. Si hasta ahora las únicas explicaciones de Camps referidas a sus trajes eran un escueto "claro que me pago mis trajes" en el Foro ABC en Madrid y sin mencionar las tiendas Milano y Forever Young, José Tomás le desmintió ayer.  

El modisto aseguraba ayer que era Pablo Crespo -en prisión-, uno de los cabecillas del entramado de Correa y fundador de Orange Market, el que "venía cada seis meses aproximadamente con un fajo de billetes de 500 y pagaba 30.000 o 35.000 euros. La última vez o las dos últimas veces pagó Orange Market mediante transferencias bancarias". 

El sastre reconoció que ignoraba si Pablo Crespo y Orange Market le pasaban luego el cargo a Camps, pero afirmó que Camps y los demás "jamás han pagado un euro en la tienda". Según José Tomás, Crespo pagó a Forever Young entre 50.000 y 60.000 euros al año hasta 2008. En esos pagos estarían incluidos los costes de los trajes de Camps y del número dos del PP valenciano Ricardo Costa, los dos aforados valencianos a los que, como diputados autonómicos, Garzón no ha imputado. También incluirían los trajes del ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y Rafael Betoret, ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, ambos imputados.

Las explicaciones del sastre aclaran la cuestión del "chaleco blanco" de Camps para la recepción en el Vaticano, uno de los puntos que generaban controversia en el auto de Garzón, en el que se detallaban las prendas que presuntamente recibió Camps. Según Tomás, el chaleco no era blanco, sino negro, un desliz en el auto que el sastre achaca a las explicaciones sobre moda que dio al juez durante su declaración. El fallo en el color era uno de los agujeros a los que se aferran los servicios jurídicos de la Generalitat. 

Sin embargo, lo más comprometedor para Camps es que fue Álvaro Pérez, según el relato del sastre, quien encargó los chalecos, "uno para él y otro para el presidente Camps". Cabe recordar que el Bigotes, según afirma el cabecilla de la trama, Francisco Correa, en las grabaciones que desencadenaron la operación, estuvo en la visita a Roma con motivo del nombramiento como cardenal de Antonio Cañizares.

Aquel acto, celebrado en marzo de 2006, se produjo en las víspera de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, en julio de ese año. Pérez quería entrar en el reparto de los contratos por el montaje de la visita. La organización del Encuentro Mundial de las Familias no contrató a Orange Market, pero Pérez participó a través de Mediapro, que a su vez había sido contratada por Ràdio Televisió Valenciana, el ente público dirigido por Pedro García, también amigo íntimo de Álvaro Pérez. 

"Álvaro ya tenía encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y luego me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador de la fábrica de Satgor, S. A., en Navarra, que los envió directamente a la sede de Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia", revela José Tomás. La dirección correcta es Conde de Salvatierra -no Salobreña-, donde Orange Market tenía su sede antes de trasladarse a la calle Colón hace unos meses. 

Además de aclarar la cuestión del polémico chaleco, el sastre explicó que los cuatro trajes que Camps reconoció haber encargado en Milano, estaban "mal confeccionados". 

Por otro lado, Tomás confirma el nerviosismo que generó en el presidente de la Generalitat su declaración ante el juez: "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si había alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto. Fue cuando me dijo que Álvaro era un bocazas". Igualmente, José Tomás indicó que mientras estaba declarando tenía el móvil conectado y recibió entre ocho y diez llamadas de Camps que no contestó. "Todavía siguió llamándome un par de días más", añade. 

José Tomás decía ayer que no ha vuelto a hablar con Francisco Camps tras aquellas llamadas. Sin embargo, la relación sastre-cliente se mantuvo hasta hace pocos meses. Al parecer, las últimas ocasiones en que coincidieron en persona fue en la tienda de Forever Young del Paseo de la Castellana. "Lo último que le hice fueron dos trajes de tejido fino, en agosto de 2008 para el Mundial de Fórmula 1 en Valencia", señaló.  

Además, dijo que el presidente valenciano se llevó dos pares de zapatos de marca Crockett & Jones, de más de 500 euros cada par, aunque "estaban en oferta, rebajados a 200", detalló. 

(www.levante-emv.com, 16/03/09) 

UN SASTRE DESPEDIDO EN MEDIO DE LAS FACTURAS FALSAS 

Las aclaraciones del sastre que aparecieron ayer en la prensa y ponen al presidente de la Generalitat en una situación comprometida se producen en determinado contexto. José Tomás, el modisto que vistió a Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret es testigo en la causa que investiga Baltasar Garzón, pero también ha sido despedido por su empresa precisamente al verse envuelto en el caso tras la citación judicial. Según parece, la carta de despido le atribuye haber ordenado hacer facturas falsas para justificar los pagos de los trajes. 

Desde que se destapó el caso, el modisto ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción, la Policía y Baltasar Garzón. Tomás recibió la carta de despido el pasado 11 de febrero, justo después de haber declarado durante nueve horas ante el juez Garzón.   

Así, el sastre, que también se ha visto salpicado, negó ayer no solo haber ordenado esas facturas sino haber intervenido incluso en el proceso de facturación. "Me limitaba a vender, a tomar medidas", dijo.Esas facturas cargadas a las empresas de la supuesta trama de Correa -Orange Market, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico- para justificar el pago de los trajes se referían a conceptos que la tienda Forever Young no comercializa, según Garzón. Se trata de elementos como "metros de tela blanca" o "tela para tapizar". 

Según la investigación, la confección de las facturas buscaría ajustarse al objeto social de las empresas de Correa, para así justificar los pagos. Cabe recordar que estas empresas, como Orange Market, se dedican básicamente a la organización de eventos, y la compra de tela casa perfectamente con una empresa que entre otras cosas, monta decorados. 

(www.levante-emv.com, 16/03/09)

´YO IBA A TOMARLE MEDIDAS AL RITZ, DONDE ÉL SE ALOJABA´ 

José Tomás, el sastre que confeccionó trajes a Francisco Camps y al resto de implicados valencianos en la operación Gürtel -Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- , tomó medidas al presidente por primera vez en la tienda Milano, en la calle Serrano de Madrid. 

No sería la última vez. El jefe del Consell, según el relato del testigo José Tomás, se convirtió en cliente habitual del que también era sastre de Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. Tomás afirmaba ayer que cada vez que Camps viajaba a la capital por motivos políticos se alojaba en el Ritz. La relación se producía en el mismo hotel: "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho". 

De las palabras del sastre se desprende que el presidente valenciano cuida cada detalle de su vestuario. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla en Italia que tuvieron que traer de Italia". 

Según José Tomás, la relación sastre-cliente se prolongó durante "un año y pico". "En total, le hice unos ocho trajes, tres americanas, pantalones...", explicaba el modisto. Con todo, el gasto no es muy elevado: los primeros trajes eran de 800 o 900 euros; los últimos algo más caros, con un coste de entre 1.000 y 1.200 euros, señaló en declaraciones a El País. 

Cabe recordar que el juez Garzón concretó en 12.783 euros el montante total de los pagos recibidos por Camps "en especie", es decir, en ropa. Entre los posibles regalos que apunta Garzón aparecen cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía, el smoking que Camps lució en un acto en Nueva York, y un chaleco, el famoso chaleco de la visita del presidente al Vaticano. 

Esos trajes, según dice el juez en su auto, habrían sido pagados a Milano y Forever Young por varias empresas de la presunta trama de Francisco Correa mediante cheque o transferencia. Concretamente, Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral. 

(www.levante-emv.com, 16/03/09)

"Camps me llamó muy nervioso para saber si había facturas a su nombre"

El sastre José Tomás García fue citado a declarar por la policía cuando alguien le sopló a la Fiscalía Anticorrupción que se estaban regalando trajes a políticos valencianos que luego pagaba Orange Market, una empresa vinculada a la trama de corrupción comandada por Francisco Correa. La policía interrogó a Tomás sobre sus clientes, tanto de Milano -tienda en la que había trabajado durante 32 años- como de Forever Young, una continuación de la primera dirigida por Eduardo Hinojosa, de la familia propietaria de la firma Cortefiel. Entre los clientes figuraba el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. A Camps y Tomás los presentó Álvaro Pérez, El Bigotes, otro de los empresarios de la trama.

• "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería pantalones con un ceñidor detrás que hubo que traer de Italia"

• "Le hicimos unos oche trajes. Los primeros costaban 800 euros; los últimos, 1.200"

Después de declarar ante la policía, Tomás hizo lo propio ante el juez Baltasar Garzón, y un día después fue despedido de su empresa. El sastre, testigo en la causa que destapó Garzón y que afecta a altos cargos del PP valenciano y madrileño, ha concedido una entrevista a EL PAÍS. Éste es su relato de los hechos.

La primera vez que Tomás tomó medidas al presidente valenciano fue en la tienda de Milano, en la calle de Serrano de Madrid. Pero los cuatro trajes que encargó Camps los confeccionaron mal y los devolvió. Después continuaron la relación cuando Tomás ya estaba en Forever Young y Camps se desplazaba a Madrid por compromisos políticos.

"Siempre que venía a Madrid, Camps se alojaba en el Ritz", rememora el sastre. "Él me llamaba por teléfono cuando salía de Valencia o desde el coche y me decía a la hora que llegaba al Ritz. A su llegada yo ya le estaba esperando en el hotel y subía a su habitación. La primera vez le tomé las medidas y las dos siguientes le mostré algunas telas o una americana que le había hecho".

Francisco Camps era un cliente exigente. "Me hizo repetir bastantes trajes. Quería los pantalones con un ceñidor detrás y hubo que buscar una trabilla que tuvieron que traer de Italia. Pero era una persona amable, buena gente. Los trajes que le hice eran de unos 800 o 900 euros los primeros. Los últimos, de 1.000 o 1.200. En total le hice unos ochos trajes, tres americanas, pantalones... Tuvimos relación durante un año y pico".

El montante de las ventas de Tomás a Camps, según la contabilidad en poder de Garzón, ascendió a 12.783 euros. Para lo que se tarifa entre empresarios, políticos y famosos, Camps no era, según su sastre, de los más derrochadores. Nada que ver con su amigo el empresario Álvaro Pérez, El Bigotes. "Álvaro presumía de ser el tío mejor vestido de España, era un cliente compulsivo", cuenta. Las dos últimas ocasiones en que Tomás vio a Camps fue en la tienda de Forever Young, en el paseo de la Castellana, 140. "Iba a la tienda porque era más cómodo. Había probadores muy grandes y los guardaespaldas podían dejar el coche a la puerta. Lo último que le hice fueron dos trajes de tejido fino, en agosto de 2008, para el Mundial de Fórmula 1 en Valencia. Se llevó también dos pares de zapatos Crockett & Jones, de 500 y pico euros cada par, que estaban en oferta, rebajados a 200".

Pero donde el presidente valenciano puso a prueba a su sastre fue en la confección de un esmoquin para un acto oficial en Nueva York. Tomás no recuerda bien las fechas, si fue a finales de 2006 o en la primavera de 2007, pero sí recuerda que, como casi siempre, le vinieron con prisas. Se lo encargaron con pocos días de antelación y no daba tiempo a hacerlo ni Tomás tenía las medidas. "Por consejo del cortador de la fábrica le pedí a Camps que me enviase desde Valencia un traje que le quedase bien", prosigue Tomás. "Él lo envió y el patronista tomó las medidas y lo remitió todo a Satgor, una empresa de confección radicada en Caparroso [Navarra]. En ocho o diez días le enviaron el esmoquin a Valencia. Después me enseñaron una fotografía de una revista, en la que aparecía Camps en un acto oficial en Nueva York con el esmoquin".

Mucha tinta ha derramado también el famoso "chaleco blanco" para ir al Vaticano. El sastre conviene en que se trata de un error en el auto de Garzón. El chaleco era negro, no blanco. Lo explica así: "Yo le expliqué al juez que un frac va siempre con chaleco blanco, y de ahí el error. Tres o cuatro días antes del evento en el Vaticano, Álvaro Pérez me llamó y me dijo que el protocolo de la Santa Sede exigía chaleco negro, y me encargó dos chalecos: uno para él y otro para el presidente Camps. Álvaro ya tenía encargado un frac pero no había tiempo para cortar el de Camps, así que le envié uno de confección, de unos 300 euros, que fue el que utilizó y que luego me devolvieron. Los chalecos se hicieron a medida y se encargaron al cortador de la fábrica de Satgor, SA, en Navarra, que los envió directamente a la sede de Orange Market, en la calle Conde de Salobreña, en Valencia".

Éste era el tipo de relaciones que Tomás mantenía con Camps y los demás políticos valencianos clientes de Milano o Forever Young, entre los que se cuentan Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia; José Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, o Rafael Betoret, jefe del gabinete de la Consejería de Turismo. Tomás gozaba de prestigio y vestía a gente importante.

Hasta que Garzón destapó la Operación Gürtel. Al conocerse las primeras implicaciones, empezaron las llamadas de Camps a su sastre. "El domingo 8 de febrero, antes de mi declaración ante la policía, me llamó cuatro o cinco veces. Le noté muy nervioso. Me preguntó si habría alguna factura de Milano a su nombre. Yo le tranquilicé diciéndole que los cuatro trajes que encargó a Milano se habían devuelto y eso había sido antes de los encargos a Forever Young. Fue cuando me dijo que Álvaro era un bocazas".

Tomás ratifica lo que consta en el auto de Garzón. "Sí, es cierto, mientras estaba declarando [ante la policía] tenía el móvil abierto y me llamó entre ocho y diez veces. No cogí el teléfono y no he vuelto a hablar con él. Creo que ya estaba fuera de lugar. Todavía siguió llamándome un par de días más".

El día 11 le llegó la carta de despido. Las relaciones con su empresario, Eduardo Hinojosa, se habían deteriorado en los últimos años hasta el extremo de que sólo se comunicaban por fax. Tomás había dejado Milano después de 32 años para incorporarse al proyecto de Forever Young sin cobrar indemnización alguna, pero a cambio de perder toda su antigüedad exigió un contrato blindado para mantener su empleo un mínimo de cinco años.

En la nueva empresa empezó como director de sucursales, pero la creciente tirantez con el dueño culminó en su degradación a director de la sucursal de la calle de Serrano, en Madrid, y se le prohibió el acceso a las demás tiendas. Ahora la empresa ha aprovechado la declaración ante Garzón para despedirle cuando llevaba trabajando 29 meses.

La carta de despido le acusa de elaborar "facturas falsas". Tomás explica que la práctica habitual con los clientes importantes, como Antena 3, Tele 5 o la Comunidad Valenciana, era contabilizar los productos vendidos como "vales pendientes de cobro". Cada varios meses, una persona de Orange Market, Cándido Martínez, se ponía en contacto con el responsable de facturación de Forever Young, Javier García Fernández, con el que cuadraba los vales pendientes.

Los pagos en metálico los hacía el ex dirigente del PP gallego Pablo Crespo, número dos de Correa y administrador único de Orange Market. "Venía cada seis meses aproximadamente con un fajo de billetes de 500 y pagaba 30.000 o 35.000 euros. La última o las dos últimas veces pagó Orange Market mediante transferencias bancarias". Según Tomás, Pablo Crespo pagó a Forever Young en 2005, el primer año de sus relaciones con ellos, entre 60.000 y 70.000 euros. Después, hasta 2008, algo menos: entre 50.000 y 60.000 euros anuales. Esas cantidades incluirían los trajes no sólo de Camps y de los cargos valencianos señalados por Garzón, sino también los de Álvaro Pérez y otros miembros de la trama.

Para documentar esos pagos se emitían facturas que ahora han aparecido cargadas a Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid Integral, empresas todas de Francisco Correa. Los "conceptos falsos" que se utilizan para justificar el despido del sastre se refieren al detalle de las facturas: "metros de tela blanca", "tela para tapizar", "batista suiza", etcétera.

"Yo jamás participé en la confección de esas facturas", asegura Tomás. "El responsable era Javier García Fernández, las facturas no pasaban por mí. ¿Qué ganaba yo con poner que en vez de trajes eran telas, si el precio se pagaba lo mismo, fuera por Pablo Crespo o fuera por Orange Market? Yo sólo he dicho que Camps y los demás jamás han pagado un euro en la tienda. Yo he dicho quién pagaba, pero ni siquiera puedo afirmar que luego Pablo Crespo u Orange Market no le pasasen el cargo a Camps, a Ricardo Costa [secretario general del PP valenciano] o a los demás políticos. Eso no lo sé".

Entonces, ¿por qué las facturas de trajes enviadas a Orange decían que se trataba de "metros de tela" o "tela para tapizar"? Tomás dice no saberlo, pero fuentes de la investigación aventuran que, siendo Orange Market una empresa dedicada a montar ferias, decorados y eventos, tenía más difícil justificar, incluso fiscalmente, la compra de trajes y ropa ya confeccionada que la de telas para decorados o "ropa para personal". De ahí que, según esas fuentes, Orange pidiese a Forever Young que hiciese constar esos conceptos en las facturas.

El auto del juez Garzón mantiene también esa tesis: "La elaboración de las facturas se realiza por conceptos que la tienda de Forever Young no comercializa y por cuantías que no se corresponden con los pagos. La elaboración de las facturas responde a las necesidades que precisa la organización, y así es ésta la que, a través de Pablo Crespo, Álvaro Pérez o Cándido Martínez, da las instrucciones del contenido de las facturas".

Lo cierto es que, al día siguiente de declarar ante el juez, Tomás se quedó en la calle y tiene muy claro por qué: "El propietario, Hinojosa, conocía la situación personalmente porque al menos en una ocasión tuvo un almuerzo con la dirección de Orange Market, al que asistieron Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Las facturas falsas que me atribuyen desde mayo de 2007, además de que nunca han pasado por mis manos, no intenta nadie aclararlas hasta que declaro ante Garzón. Despidiéndome a mí se libran de un empleado con el que la empresa tiene problemas pero es muy caro de despedir porque tengo un blindaje. E intentan desvincularse de la Operación Gürtel haciéndome a mí el único responsable".

Trajes, pantalones, chaquetas y esmoquin

- Según el auto de Garzón, entre 2006 y 2008 Francisco Camps recibió "en especie" -en trajes- 12.783 euros de la trama corrupta comandada presuntamente por el empresario Francisco Correa. De esa cantidad, 4.700 euros corresponden a trajes a medida de la tienda Milano, y otros 8.083 euros a ropa de Forever Young, ambas en Madrid.

- La lista de regalos no está detallada, pero en ella figuran al menos dos trajes, cinco pantalones, una chaqueta deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta fantasía y un cinturón de piel. También un esmoquin que el presidente valenciano lució en un acto oficial en Nueva York, y un chaleco para una recepción en el Vaticano.

- El juez sostiene que todos esos regalos fueron pagados a las tiendas por las empresas de Correa a través de cheque o transferencia bancaria, salvo un pedido de 3.300 euros cuya forma de pago se desconoce.

www.elpais.es 15.03.09

"Me despidieron tras declarar ante Garzón"

José Tomás García, de 54 años, ha sido despedido de la firma de sastrería en la que trabajaba por haber tenido que declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la policía y ante el juez Baltasar Garzón sobre sus clientes. Entre ellos se cuentan el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y otros importantes políticos valencianos y empresarios vinculados a la Operación Gürtel, la trama de corrupción del empresario Francisco Correa que afecta a políticos del PP. José Tomás es el sastre de Milano y Forever Young que vistió a Camps y al secretario general del PP en Valencia, Ricardo Costa, entre otros.

El 11 de febrero, un día después de declarar ante el juez, Tomás recibió una carta de despido en la que su empresa, que hoy se llama Castellana Inmuebles y Locales, le atribuye haber ordenado hacer facturas falsas para justificar los pagos de empresas de Correa, entre ellas Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral. "Me despidieron tras declarar ante Garzón", protesta. Ha sido la excusa para justificar su destitución fulminante, pese a que las malas relaciones de Tomás con el dueño, Eduardo Hinojosa, vienen de lejos.

El 10 de febrero, Tomás testificó durante nueve horas y media en la Audiencia Nacional. La carta de despido del día 11 menciona sin tapujos las comparecencias del empleado ante la Fiscalía Anticorrupción y ante Garzón y afirma que, como consecuencia, se han percatado de la falsedad de esas facturas (aunque muchas de ellas tienen más de año y medio de antigüedad).

El sastre niega haber falsificado facturas: "Yo no tuve nunca nada que ver con la facturación. Me limitaba a vender, a tomar medidas a los clientes, a mandar confeccionar los trajes, pero nunca vi esas facturas ni ordené que se confeccionaran, ni había oído hablar en mi vida de firmas como Diseño Asimétrico o Servimadrid", asegura.

www.elpais.es 15.03.09

Camps: Cada semana se publica una mentira nueva que contradice otra anterior

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha dicho hoy que cada semana se publica "una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior", sobre su supuesta relación con la presunta trama de corrupción que afecta al PP y que investiga el magistrado Baltasar Garzón.

Camps ha hecho estas declaraciones en Castellón, donde, ataviado con el tradicional blusón negro y el pañuelo verde, ha asistido a primera hora de la mañana a la tradicional Romeria de les Canyes, con la que los castellonenses rememoran la fundación de la ciudad.

El president del Gobierno valenciano ha contestado así al ser preguntado por su supuesta relación con el caso "Gürtel", después de que el diario El País publique hoy una entrevista con el sastre José Tomás en la que, entre otras cosas, ofrece detalles sobre los trajes que confeccionaba para Camps y cuyas facturas están siendo investigadas en la citada trama de corrupción que afecta al PP.

El jefe del Consell ha dicho a los periodistas que si "cotejan mentira tras mentira, se darán cuenta de que al final todo es una tremenda incoherencia".

Camps ha asegurado que confía plenamente en la Justicia y en una verdad que, se ha mostrado confiado, "resplandecerá sobre la mentira y sobre la insidia".

"En este día de aquí de Castellón, después de tanta mentira, -quiero- decirles que estoy más ilusionado, más fuerte y más contento que nunca, y que veo que al final las cosas se van aclarando y que cada día dicen cosas contradictorias y diferentes", ha declarado.

"Es cuestión de esperar, de tener confianza, de tener paciencia, de tener ilusión, de seguir trabajando por el futuro de la Comunitat Valenciana, y de esperar que todo se aclare definitivamente", ha continuado Camps.

Asimismo, el president ha dicho estar convencido de que "cuando todo se aclare y resplandezca la verdad" será "un gran día de felicidad para la inmensa mayoría de los valencianos y castellonenses", y ha reiterado que ha recibido numerosos apoyos y muestras de ánimo de los ciudadanos.

Durante la Romería, algunos asistentes han increpado a Camps con gritos como "Trajes para todos".

www.levante-emv.com 15.03.09

El coche que regaló Orange Market a un alto cargo de una empresa pública es un Mini descapotable

Un Mini Cooper modelo Cabrio y de color blanco. Ese fue el coche que recibió como regalo el máximo responsable de una empresa pública de la Generalitat de parte de Orange Market, la filial valenciana de la presunta trama de corrupción dedicada a obtener contratos de la administración pública. La empresa dirigida por Álvaro Pérez, imputado por el juez Baltasar Garzón en la operación Gürtel, regaló el vehículo de alta gama al directivo valenciano, del que disfrutó especialmente su mujer durante unos meses y que fue devuelto cuando saltó el escándalo, a principios de febrero.

Cabe recordar que la trama se destapó el 6 de febrero, cuando el juez aceleró la operación ante el riesgo de fuga de Francisco Correa, presunto cabecilla de la trama. Ese día se produjeron varios registros en Valencia. Por un lado, en las oficinas de Orange Market; por otro, en la sede de la Agencia Valenciana de Turismo, de donde la policía judicial se llevó documentación correspondiente a los contratos de la Conselleria de Turismo con Orange Market para el montaje del pabellón valenciano en Fitur desde 2005 hasta 2009. El Mini Cooper descapotable fue devuelto a los pocos días.

La investigación que se inició en esos días ha salpicado al Consell y a varios dirigentes del PP valenciano durante las últimas semanas. El juez Garzón imputó a Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell con Francisco Camps, y a Rafael Betoret, antiguo director de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia.

Además, el juez acusa en su auto al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts, Ricardo Costa, de los mismos hechos, esto es, aceptar ropa presuntamente pagada por Orange Market. Sin embargo, su condición de aforados como diputados autonómicos impide al juez imputarlos, por lo que ha remitido el caso al TSJ de Valencia, único competente para investigarles.

Relaciones con la cúpula del PP

Lo cierto es que el responsable de la firma, Álvaro Pérez, tiene una estrecha relación personal con altos dirigentes del Partido Popular. Francisco Camps, el número dos del Consell, Vicente Rambla, y el secretario general del PP, Ricardo Costa, estuvieron en la boda de Álvaro Pérez celebrada hace ahora un año en el edificio Veles e Vents de Valencia. Camps también estaba invitado al bautizo de la hija de Pérez en Barcelona, celebrado a los pocos días de que se destapase la operación. Este hecho, probablemente, motivó su ausencia. No así la de Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y también amigo personal del presidente de Orange Market, que acudió a la celebración.

Precisamente, las relaciones entre Pérez y el ente público televisivo han sido estrechas en los últimos años. Canal 9 contrató con Orange Market el alquiler de material para el telemaratón del pasado mes de noviembre. Concretamente, la supuesta filial valenciana de la trama de Francisco Correa se ocupó del "alquiler, transporte, montaje y desmontaje de 125 mesas vestidas con tela azul", para los centros desde donde se recogían las llamadas telefónicas de los telespectadores.

Con todo, la vinculación de Pérez con Canal 9 se hace extensiva a su esposa, Noemí Ramal. Allí, la actriz y bailarina ha realizado trabajos muy destacados. Entre ellos, ha sido la presentadora de las campanadas en los últimos dos años, uno de los momentos de mayor difusión del año.

www.levante-emv.com 15.03.09

La empresa que controla las TDT del Consell prevé una ampliación de capital

La empresa Mediamed Comunicación Digital, S.A., que preside el imputado en la operación Gürtel, José Luis Ulibarri, y que controla trece TDT de las que repartió el Consell a finales de 2005, celebrará en abril una junta general extraordinaria para estudiar la posible ampliación de capital de la empresa. La ampliación de capital, un procedimiento habitual en empresas con problemas económicos, se realizará mediante aportaciones dinerarias.La convocatoria de la junta, que se celebrará el día 16 de abril, viene firmada por el vicesecretario del consejo, Fernando Gómez Martínez y no por el secretario, Alberto Dorrego de Carlos. Precisamente, Dorrego ha desempeñado cargos en empresas públicas como Comunitat Valenciana d´Inversions (VCI) y asesoró a Presidencia en el concurso de las TDT. Además, Dorrego ha coincidido con el diputado del PP José María Michavila en el despacho Eius Abogados, donde colabora el ex ministro y del que es administrador único el propio Dorrego.

www.levante-emv.com 15.03.09

Presidencia se prepara para el asedio.

La hipótesis de la imputación del presidente cobra fuerza y se admite que el proceso se alargará. El jefe del Consell mantiene que saldrá reforzado pero su entorno teme el desgaste

"Sé que queda un ratito, un ratito largo". La frase pronunciada cinco veces por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el jueves en las Corts ilustra el nuevo escenario que se abre en el proceso judicial en el que está inmerso el jefe del Consell y su número dos en el partido, Ricardo Costa. El procedimiento va para largo y desde el entorno del presidente se admite que el recorrido judicial puede convertirse en un campo de minas.

En el Palau de la Generalitat comienza a coger fuerza la posibilidad de que el presidente sea imputado por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) una vez que la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -sólo ha cedido la parte que afecta a los aforados- llegue al alto tribunal valenciano. Algunas fuentes dan por seguro que se producirá esa imputación, aunque nadie es capaz de concretar el plazo. El juez Garzón, que considera que los trajes y las prendas que Camps se habría llevado de las sedes madrileñas de Milano y Forever Young pudieron ser sobornos a cambio de adjudicaciones, atribuye al jefe del Consell y a Costa las mismas acusaciones que al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret ambos imputados ya por el magistrado.

Tampoco Camps ha sido capaz de acreditar que pagara los trajes, ni ha mostrado documentos que desmonten las acusaciones y se ha limitado a asegurar que lo hará ante el juez. Por eso, la hipótesis, que hace unas semanas parecía disparatada, está sobre la mesa y con ese escenario trabaja ya el círculo más reducido de confianza del presidente, su jefa de Gabinete, Ana Michavila, y el vicepresidente político, Vicente Rambla.

Se resentirá la imagen pública

Si finalmente se produce la imputación, el Gobierno y el partido que lo sustenta tendrán que aprender a convivir en los próximos meses con la nueva situación procesal del presidente y con el desgaste que provocará, ante una oposición envalentonada y dispuesta a sacar partido del peor momento de Camps desde que llegó a la Generalitat en junio de 2003. Tampoco juega a favor de Camps un proceso que se alargue en el tiempo y que tenga el foco mediático instalado permanentemente sobre su figura. En este caso la imagen pública se resentirá. En previsión, Presidencia ya ha impulsado esta semana dos actos de aclamación en Carlet y Castelló.

De sus dos últimas apariciones, el Foro Abc en Madrid y la sesión de control el jueves en las Corts, se desprende que Camps sigue aferrado al clavo ardiendo de su convicción personal de que todas las imputaciones son falsas pese a la imposibilidad de rebatirlas documentalmente. De puertas adentro se admite que el asunto de los trajes empieza a calar en la opinión pública y que será complicado revertir la situación.

Camps está convencido de que tanto él como su partido saldrán reforzados, pero en el Ejecutivo se teme un desgaste. ¿Y qué hará Camps si finalmente es imputado? Nada, a juzgar por la reacción del vicepresidente Rambla el jueves. Resulta sintomático que el jefe del Consell eludiera responder a la pregunta de la oposición sobre si dimitirá como presidente de la Generalitat en caso de ser imputado, en aplicación del código ético de su partido. Pero, la respuesta de Rambla no deja lugar a dudas. "Eso es lo que ustedes querrían", dijo airado.

Camps dice estar personal y políticamente preparado para aguantar. Está arropado por su partido e incluso Mariano Rajoy le llamó el día en que se conoció su implicación para darle su apoyo. Pero en su minucioso relato, el juez recoge numerosos indicios que apuntarían a la responsabilidad penal. A favor del presidente juega que el expediente que Garzón se llevó de Fitur no ha sido cuestionado por ninguna irregularidad y que el auto habla de falsedad en documentos por todas partes lo que, según las fuentes, podría acotar el escándalo a una trama de facturas falsas. El jueves, el síndic Ángel Luna afirmó que Camps ya está "moralmente imputado".

www.levante-emv.com 15.03.09

EU preguntará al director de RTVV por qué deja a Ulibarri usar sus instalaciones. Sanchis lamenta la escasa información veraz y plural de Canal 9

Esquerra Unida (EUPV) pedirá en una próxima reunión del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) explicaciones a su director general, Pedro García, sobre la posible utilización de instalaciones públicas por parte de una emisora de radio privada.En un comunicado, Amadeu Sanchis, miembro del Consejo de Administración de RTVV por EUPV, consideró ayer "inadmisible que en unos momentos de enorme competitividad, un medio de comunicación público valenciano deje sus instalaciones para que pueda emitir una radio privada" en lugar de "potenciar la audiencia de Radio 9".EU recordó que, pese a los últimos repuntes de audiencia, Radio 9 sigue muy por detrás de otras emisoras. "Si además se permite que las instalaciones sean utilizadas por otras emisoras, se está asumiendo por parte de Ràdio 9 un papel secundario" en el mapa radiofónico valenciano. Amadeu Sanchis exigirá también al director general de RTVV que explique por qué se le da esa facilidad a una emisora relacionada con el empresario José Luis Ulibarri, implicado en el caso "Gürtel" que investiga el magistrado Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional.EUPV lamentó también que en los últimos dos meses la sociedad valenciana asista "a un espectáculo donde la información veraz y plural brilla por su ausencia en la radio y la televisión públicas valencianas"?.

www.levante-emv.com 15.03.09

Un Consell contra las cuerdas

El Gobierno autonómico del PP se acerca al meridiano de la legislatura con la mayoría de su equipo golpeado por casos de supuesta corrupción o por polémicas en su gestión

Nunca en la historia de una autonomía que lleva camino de las tres décadas, un presidente de la Generalitat había sido implicado por un juez en una supuesta trama de corrupción y de financiación del PP con epicentro en Madrid y Valencia. Francisco Camps, el principal barón territorial del PP y jefe del Consell, atraviesa el momento más delicado de sus veinte años de carrera política. No es el único de los miembros de su Ejecutivo que pasa por una situación complicada, bien por los efectos de la vinculación de la red corrupta con la Comunitat Valenciana; bien por aparecer ligados a otros escándalos; bien por una polémica gestión. Esta es la situación de un Consell contra las cuerdas.

Francisco Camps

Implicado por el juez Baltasar Garzón en la red corrupta que tenía como delegado en la Comunidad a Álvaro Pérez Alonso el Bigotes. El magistrado, en su auto, detalla cómo empresas de la trama con adjudicaciones millonarias de la Generalitat y del PP -Orange Market, la filial valenciana de la red de Francisco Correa- pagaron trajes y ropa tanto a Camps como a su número dos en el partido, Ricardo Costa. El camino judicial del asunto y el futuro político del presidente de la Generalitat están ahora en manos del TSJ de la Comunitat Valenciana que tendrá que revisar nueve cajas de documentos y miles de folios del sumario.

Vicente Rambla

El aspirante a convertirse en el delfín del jefe del Consell es, en gran medida, el inspirador de la política de opacidad en la que se ha instalado el Ejecutivo de Camps. Durante meses no cedió a las pretensiones de la oposición de acceder a documentación de la empresa -controlada por el propio Rambla- que gestiona los grandes eventos de la Generalitat, una de las mercantiles públicas que, precisamente, tiene contratos -la fiesta inaugural del "village" de la Volvo- con Orange Market, la filial valenciana de la trama de corrupción desmantelada por Garzón. Ha decretado la "confidencialidad" de una docena de contratos, entre ellos, el que sirvió para traer la Volvo a Alicante y que costó 5 millones.

Gerardo Camps

Junto a la crisis económica en la Comunitat, Gerardo Camps, rival político de Rambla, es el conseller de Economía que ha conducido a la Generalitat a la deuda más alta de toda su historia, según el último informe del Banco de España en el que, por vez primera, se rebasa la barrera de los 12.000 millones de euros -12.198 exactamente- de deuda, más de dos billones de las antiguas pesetas. El Consell de Camps arrastra el endeudamiento más alto de todo el Estado en relación a su PIB y espera al nuevo modelo de financiación autonómica para poder pagar los planes anticrisis que ha prometido.

Juan Cotino

En las últimas semanas, Juan Cotino, conseller de Bienestar Social y uno de los mentores de Camps, se ha visto salpicado por la relación de su departamento con 22 residencias de la tercera edad participadas por su familia. Los socialistas le acusan de primar las ayudas a la Dependencia de personas que están en residencias para favorecer a sus familiares. Esta es otra de las consellerias que contrató a empresas de la trama corrupta aunque en época de la consellera Alicia de Miguel.

Angélica Such

Ha tenido que hacer frente a uno de los momentos más oscuros de la breve historia de la conselleria de Turismo: el registro de sus oficinas en el marco de las investigaciones de la red de corrupción desmantelada por el juez Garzón. Turismo es uno de los epicentros de la ramificación valenciana de la trama. Venía adjudicando desde 2006 -con Milagrosa Martínez al mando- el millonario contrato del pabellón para Fitur a Orange Market, la filial valenciana de la red de Francisco Correa. Such tuvo que reconocer que 2009 adjudicó el contrato a la empresa que dirigía Álvaro Pérez Alonso el Bigotes -se trata del expediente requisado por Garzón- a pesar de que presentó la oferta más cara. Rafael Betoret, jefe de gabinete de la conselleria durante el mandato de Milagrosa Martínez, está imputado en la trama, junto al primer vicepresidente de Camps, por haber recibido pagos en especie de Orange Market.


SERAFÍN CASTELLANO

Ha reconocido de forma pública que Construcciones Taroncher, la empresa de unos íntimos amigos suyos, ha venido recibiendo decenas de adjudicaciones de la Generalitat -la mayoría de menor cuantía para evitar el concurso-, incluso, desde su propia conselleria. Castellano, pese al acoso de la oposición, se resiste a dimitir. Dice que no ha cometido irregularidad alguna y que todo es legal. El conseller juega a pelota con el dueño de la mercantil y contrató a la mujer de éste como asesora del grupo del PP en las Cortes la pasada legislatura.

ALEJANDRO FONT DE MORA

Uno de los consellers de Educación más polémicos y con mayor contestación de la historia de la administración autonómica. A su ocurrencia de imponer las clases de Educación para la Ciudadanía en inglés, un intento que se quedó en agua de borrajas por la presión de la comunidad educativa, sumó hace unos días la propuesta de impartir chino mandarín en los colegios. El rechazo a su gestión es tan grande que esta misma semana han empezado a aparecer carteles con su fotografía "cap per avall", un gesto, entre la simbología valenciana, de profunda censura de una labor o de una persona.

GARCÍA ANTÓN Y TRINI MIRÓ

Se han encontrado de rebote con que el "caso Gürtel" les ha explotado en sus propias consellerias y han tenido que hacer frente a la explicación de contratos de sus departamentos con empresas ligadas a la trama. Como el resto del Consell, han pasado por encima del asunto sin ofrecer excesivos detalles sobre la gestión de sus áreas.

PAULA SÁNCHEZ DE LEÓN

A la última en llegar al Consell, en sustitución de Fernando de Rosa, le ha salpicado directamente la investigación abierta por el Congreso contra el bufete del diputado valenciano José María Michavila. Uno de sus abogados asesoró a De León, durante su etapa en la secretaria de Comunicación, en la adjudicación de las TDT.

www,levante-emv.com 15.03.09

Orange Market: asalto a la Generalitat

El PP ha tratado de ocultar el fuerte arraigo de los hombres de Correa en Valencia

La vinculación de Orange Market con la Generalitat valenciana es una tupida red de intereses y relaciones personales que comenzó años antes de que Francisco Camps se hiciera cargo del Gobierno autónomo y se trasladó a Valencia a hacer negocios cuando Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat. Al mismo tiempo, Mariano Rajoy cortaba toda relación con estas mismas personas en el PP nacional al darse cuenta de que no eran trigo limpio. Mientras surgen las pruebas y testimonios de las relaciones privilegiadas de los tres líderes de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo, con la élite del PP valenciano, la Generalitat ha negado en todo momento que la relación vaya más allá de lo "testimonial" y lo "profesional", pero no puede evitar que una montaña de datos apunten a que el PP valenciano y la Generalitat tienen una relación casi orgánica, con unas empresas cuyos responsables están en prisión incondicional por exprimir ayuntamientos y consejerías administrados por el PP.

En 2004, la empresa ingresó 204.000 euros y en 2005 facturó 2,4 millones

Los tres cabecillas visitaban frecuentemente a los altos cargos de la Generalitat. Francisco Camps y Ricardo Costa (secretario general del PP valenciano, también investigado) coincidieron en la boda de Álvaro Pérez, El Bigotes, en la que también estaban los otros dos cabecillas de la trama. Fue en un reservado del restaurante del Veles e Vens de Valencia. El Gobierno valenciano tuvo que admitir este dato, pero matizando que Camps sólo fue "a saludar a los novios" y sin poder precisar si se quedó a cenar. Cuando estalló el escándalo, a Pérez le dio tiempo a organizar el bautizo de su hija antes de ser detenido. Camps no acudió. Estaban invitados Camps, Vicente Rambla (vicepresidente valenciano), Ricardo Costa y Pedro García, el director de la televisión valenciana, que sí acudió y fue el padrino.

Por su parte, la mujer de Álvaro Pérez, que trabaja en Canal 9 hace años, ha ascendido en la televisión valenciana hasta recibir el encargo de dar las campanadas de Nochevieja. La investigación de Garzón revela que el director de la televisión oficial también recibió trajes pagados por la empresa Orange Market. El Bigotes no llegó a Valencia por casualidad. Conoció a Camps en la sede del PP en Madrid, en el año 2000, cuando las empresas de Correa eran la tercera pata del PP. Camps trabajaba en el equipo de Ana Mato, coordinadora de participación por entonces y hoy responsable de organización. El ex marido de Ana Mato, Jesús Sepúlveda, alcalde dimitido de Pozuelo de Alarcón (Madrid), tenía tan estrecha relación con Correa que, según su versión, se intercambiaban coches de lujo. El actual tesorero, Luis Bárcenas, era el gerente que firmaba las facturas.

Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat en el año 2003. Entonces Álvaro Pérez y Pablo Crespo fundaron Orange Market para concentrar sus negocios en Valencia. En 2004, la empresa ingresó 204.000 euros. Al año siguiente ya facturaba 2,4 millones de euros. Según la investigación de Garzón, el 70% de la facturación de esta empresa procede de contratos con la Consejería de Turismo. Álvaro Pérez ha sido su organizador clave en las dos campañas electorales en las que ha concurrido como candidato. También organizó el congreso del PP valenciano en 2005. Todavía en la campaña de las elecciones de 2008 se le ve en las fotos organizando los mítines de Rajoy. Orange Market ocultó a la Sindicatura de Cuentas las facturas electorales del PP entre 2003 y 2007.

Además de los contratos de Fitur (durante cuatro años seguidos por importes hasta de más de un millón de euros, la más cara de las ofertas presentadas), Orange Market ha obtenido contratos de la empresa pública Vaersa, de la televisión pública valenciana, contratos para la imagen de la comunidad autónoma, para el Open de tenis, la fiesta de la Volvo Ocean Race, una inauguración también de ese evento, un vídeo promocional de un hospital, contratos de la visita del Papa a Valencia o el montaje de las gradas de la fórmula 1.

Mientras, el PP valenciano ha evitado que Camps comparezca en las Cortes para explicar toda esta trama. El propio presidente ha evitado enfrentarse incluso a periodistas. La Generalitat ha amenazado con querellarse contra las "difamaciones", pero sólo ha podido defenderse diciendo que la relación con estas empresas es "estrictamente profesional", "tangencial", que "se ciñe a dos o tres pequeñas relaciones". La cúpula del PP valenciano niega ahora las relaciones personales con el detenido Pérez a pesar de las bodas y bautizos conjuntos y de los regalos en forma de trajes hechos a medida en Madrid. "Yo me pago los tajes" ha sido toda la defensa de Camps contra una montaña de información

www.elpais.es 15.03.09

Orange Market regaló un coche a un alto cargo de una empresa pública valenciana

La trama de presunta corrupción en la obtención de contratos públicos dirigida por Francisco Correa también tuvo detalles con algún político valenciano y directivo de empresas públicas de la Generalitat Valenciana. La franquicia valenciana de ese conglomerado de empresas, Orange Market, regaló un coche utilitario de alta gama al máximo responsable de una sociedad pública de la Generalitat Valenciana. El directivo en cuestión disfrutó del vehículo unos meses hasta que, al saltar el escándalo, decidió por precaución devolver el automóvil , con el que ha podido ser vista su mujer.

Hasta que el viernes 6 de febrero, el juez Baltasar Garzón aceleró la ejecución de la operación Gürtel ante el riesgo de fuga al extranjero de Correa, el cabecilla de la trama, alertado por algunas filtraciones sobre la investigación que llevaba a cabo la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef).

Día de registros

Ese mismo día, la policía judicial entró en las dos oficinas de Orange Market en Valencia y en la sede de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT), de donde se llevó toda la documentación relativa a los contratos adjudicados a la empresa de Álvaro Pérez para montar el pabellón valenciano en Fitur desde 2005 hasta 2009. Setenta y dos horas después, ese lunes, Álvaro Pérez fue llamado a declarar ante el juez Garzón.

Orange Market había ocupado ya todos los titulares del fin de semana y el directivo en cuestión no tardó en tomar la decisión de devolver lo que no le había costado un euro. La trama de Correa ha comprado habitualmente coches en Madrid, donde también habría sido adquirido el que acabó en manos del responsable de la firma pública autonómica. La práctica de regalos caros como coches o televisores de plasma era moneda corriente en la forma de operar de la trama para conseguir contratos amañados mediante sobornos a políticos y funcionarios.

Lo dice el propio juez Garzón en el auto en el que imputa al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, y acusa al presidente Francisco Camps y al secretario general del PP, Ricardo Costa, de aceptar ropa pagada por la firma de Álvaro Pérez, contratista del partido y de la Generalitat, y por otras dos sociedades de Correa.

En el auto también se señalaba que Álvaro Pérez intermedió por Costa. Como "ejemplo" habla de "cuando se encarga de la venta del vehículo que utiliza Ricardo y de la compra de uno nuevo, realizando gestiones ante concesionarios de automóviles". Costa declaró con posterioridad que no necesitó intermediario para vender su vehículo porque se lo compró directamente su dentista, del que no quiso revelar su identidad.

El propio Francisco Correa regaló al ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, un Jaguar valorado en 52.190 euros en el año 1999, cuando Sepúlveda era senador del PP por Murcia y secretario del área electoral de la dirección nacional del partido, entonces dirigido por José María Aznar. Según contó el diario El Mundo, el jefe de la trama pagó el 17 de diciembre de 1999 un total de 8.663.700 de pesetas (52.190 euros) a un concesionario. Ese vehículo fue matriculado en Madrid a nombre de Jesús Sepúlveda Recio, quien necesitó de 22 horas para negar que fuera una dádiva y que pagó el Jaguar a Correa con un BMW usado.

Por aquel entonces, el dirigente popular estaba casado en aquellos tiempos con la diputada y también miembro de la ejecutiva nacional Ana Mato y estaba considerado como un hombre de confianza del que era presidente del Gobierno, José María Aznar.

El ex alcalde de Orihuela

La relación de la política con los coches presuntamente regalados tiene antecedentes no muy lejanos en el tiempo ni en el espacio. El ex alcalde de Orihuela José Manuel Medina, fue acusado por el fiscal de disfrutar de dos coches a nombre de empresarios de la construcción. Un Audi A-8, propiedad de Automoción Oleza, concesionaria del promotor Francisco Marcos, y un Bentley, valorado en más de 200.000 euros, del constructor Joaquín Grau, dueño de la sociedad Villas y Bungalows El Cid S. A, mercantil que tenía a su nombre el chalé de medina.

El ex alcalde oriolano salió recientemente absuelto de la acusación de cometer varios delitos urbanísticos. En el procedimiento aportó, según la sentencia, facturas de haber pagado el Audi A-8.

Garzón interroga otra vez al sastre de Camps

El nombre de José Tomás García amenaza con convertirse en una auténtica pesadilla para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón retomó ayer la investigación abierta en torno a la trama de corrupción en la que estaría implicado el jefe del Consell. A su regreso de Guatemala, el magistrado interrogó de nuevo a José Tomás.

Es la tercera vez que el sastre acude a dependencias judiciales o policiales para prestar declaración. En una de ellas, concretamente el pasado 9 de febrero, Tomás recibió a su número de móvil varias llamadas procedentes del número personal de Francisco Camps, que no atendió porque tenía el teléfono apagado.

Otras fuentes conocedoras del caso apuntaron que sería el cuarto interrogatorio. A través de José Tomás habrían adquirido diferentes trajes y piezas de vestuario Camps, el secretario general del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, los dos últimos imputados en la causa.

José Tomás declaró ayer por espacio de una hora en el Juzgado Central de Instrucción número 5 y lo hizo, según las fuentes consultadas, en calidad de testigo. El juez implica a Camps en la presunta trama corrupta que dirigía el encarcelado Francisco Correa por aceptar presuntamente sobornos a cambio de adjudicaciones en concursos públicos. El juez Garzón, que se ha inhibido ante el TSJ valenciano en los casos de Camps y Costa, que son aforados, mantiene que Álvaro Pérez, el presidente de Orange Market, la empresa adjudicataria de millonarios contratos públicos en la Comunitat Valenciana, conocido entre los populares como El Bigotes, pagó al jefe del Consell vestimenta por importe de 12.783 euros.

Tanto José Tomás como su abogado rechazaron realizar declaración alguna a la salida de la Audiencia Nacional. Fuentes de Presidencia aseguraron que el sastre ya ha declarado varias veces y lamentaron que vuelva a ser requerido por el juez a pesar de que éste ya se ha inhibido ante el TSJ de la Comunitat Valenciana por la condición de aforados de Camps y Costa. Además dijeron que Tomás ya ha dado diferentes versiones por lo que Garzón le habría llamado de nuevo para "aclarar" algunos puntos. Camps estuvo en las tiendas de ropa madrileñas Milano y Forever Young y lo hizo por recomendación de Álvaro Pérez, administrador de Orange Market, que era persona de confianza de José Tomás.

El auto de Garzón señala que existe persistencia en la actuación y explica que en el momento de la adquisición de la ropa se genera un "a cuenta" que después se entrega al cliente y que las empresas de la trama abonan mediante transferencia, cheque y a veces en efectivo. Posteriormente Pérez solicita la emisión de una factura alterando el concepto para ocultar el verdadero titular, afirma en el auto.

Ropa en Milano y Forever Young

En el caso de la ropa adquirida en Milano, concretamente en la calle Serrano 29 de Madrid, el coste acreditado asciende a 4.700 euros (3.300 en una entrega y 1.400 en otra), dice el auto, mientras que la de Forever Young, en el Paseo de la Castellana 120 -firma a la que Tomás se traslada tras 20 años en Milano- es por valor de 8.083 euros y que en este caso el pago se hizo desde otras empresas de la trama como Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y también Orange Market. Según el auto, la ropa es a medida, aunque desde Milano aseguraron ayer a Levante-EMV que no realizan trajes a medida, sólo arreglos y que el precio oscila entre los 175 euros y los 475, lo que no coincidiría con los precios que aparecen en el auto donde se asegura que hay un pedido del 26 de enero de 2006 a nombre de Camps por 1.400 euros y que se corresponde con dos trajes a medida. También consta un pedido de cuatro trajes que habrían sido devueltos. La implicación de Camps en la trama se basa en las declaraciones de Tomás y la imputada Isabel Jordán, además de facturas, documentos y anotaciones contables intervenidas.

Según el auto del juez Baltasar Garzón del pasado 5 de marzo, José Tomás aseguró en una de sus declaraciones que Camps le había dicho que el administrador de Orange Market, Álvaro Pérez, era un "bocazas".

www.levante-emv.com 14.03.09

CAMPS : "ESTOY PREPARADO PARA AGUANTAR"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, los dos altos dirigentes del PP más directamente salpicados por la investigación de la trama corrupta en Administraciones del PP, tuvieron que afrontar ayer la cuestión en los plenos de sus respectivos Parlamentos. Y los dos respondieron de forma parecida: el valenciano, defendiendo su honorabilidad y confiando en que todo pasará pronto; la madrileña, atacando a la oposición. Ella dijo que asumirá "responsabilidades políticas", pero no dijo cuáles ni cuándo. 

Camps se negó a dar explicaciones sobre su implicación en la trama corrupta de empresas que dirigía Francisco Correa y que, según el juez Baltasar Garzón, pagó parte de su vestuario. En una tensa sesión de control en las Cortes valencianas, Camps afirmó: "Todas estas cuestiones serán desmentidas en sede judicial, todas y cada una". No aclaró si su confianza se basa en que el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad no hallará elementos para procesarlo a él y a su portavoz parlamentario, o bien en que las explicaciones que negó al Parlamento las dará ante los tribunales para desmentir a Garzón. 

El presidente valenciano se cerró en banda y aseguró, ante el estupor de la oposición, que "las filtraciones no han durado ni 24 horas en la opinión pública". Arropado por los diputados populares, insistió en que ya se han explicado "todos los procedimientos y todas las adjudicaciones" y negó haber recibido regalos a cambio de favores. Pese a todo, asumió la gravedad del asunto: "Queda un ratito largo pero estoy preparado personal y políticamente para aguantar". El presidente valenciano arremetió contra los socialistas y el grupo Compromís, a los que acusó de difamar por pedir explicaciones sobre el caso. El PP anunció al acabar la sesión que tomará "medidas" contra la "extralimitación" de la oposición. 

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que "por supuesto" que va a "asumir responsabilidades políticas" derivadas del caso. Pero el anuncio quedó un poco vacío de contenido, porque no precisó más y porque a continuación pasó a la ofensiva. "En esta bancada no hay ningún diputado imputado y en ésa hay tres", espetó Aguirre señalando al graderío socialista. Se refería a la imputación de tres diputados socialistas por causas ajenas a la investigación del juez Garzón. 

"No somos como ustedes", prosiguió la presidenta. "Al PP le ha bastado que se hicieran públicas algunas cuestiones de un sumario secreto para que aquéllos que estaban en ese sumario hayan decidido presentar su dimisión". Es cierto que la trama se ha cobrado ya varias dimisiones en cargos municipales del PP -entre ellos, tres alcaldes-, pero en la bancada de Aguirre hay tres diputados que están implicados en el caso, según Garzón. La presidenta jugaba con la baza de que aún no han sido imputados, porque eso lo tiene que decidir el Tribunal Superior de Madrid. 

(www.elpais.com, 13/03/09)

EL PRESIDENTE NO DEJA QUE SE LE PREGUNTE 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, siguió su propia estela y evitó el cuerpo a cuerpo con los medios de comunicación durante su visita a Feria Valencia, donde inauguró Redivex'09. "No, no habrá preguntas: el presidente hará un parlamento y se irá", previno su gabinete de prensa. Y sucedió como fue anunciado. 

Camps accedió al Centro de Eventos acorralado en su propio séquito y redoblado con un firme contrafuerte integrado por los presidentes de la Feria (Alberto Catalá), la Cámara de Valencia (Arturo Virosque), la Autoridad Portuaria de Valencia (Rafael Aznar) y la CAM (Vicente Sala). Con ellos, la directora del Ivex, Mar Casanova, y la consejera de Industria, Belén Juste. Muchos de ellos habían participado el martes en el masaje colectivo que recibió Camps del PP en Madrid para fortalecer su deteriorada imagen, después de que el auto del juez Baltasar Garzón revelara que uno de los imputados en la operación Gürtel, Álvaro Pérez, El Bigotes, le había regalado varios trajes. 

Resguardado en este envoltorio, el presidente efectuó un recorrido por la instalación de la Feria de la Internacionalización, organizada por el Instituto Valenciano de la Exportación (Ivex), y la oficialidad de su paseo sólo fue alterada por un vendedor espontáneo que le ponderó las virtudes de su producto, rico en omega 3: "Es bueno para el pelo, para las mujeres, para todo", exaltó. Luego, pronunció su alocución y desapareció. 

El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, censuró ayer que Camps huyera a Madrid "para escaparse de la realidad y no dar la cara" por las investigaciones que lo relacionan con la trama de corrupción. Alarte calificó de "homenaje artificial" el acto organizado por la cúpula del PP y conminó a Camps a dar explicaciones en las Cortes Valencianas y a no esconderse y responder a los periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión. 

(www.elpais.com, 12/032/09) 

CAMPS IGNORA UNA DOCENA DE ´IRREGULARIDADES´ EN EL PARIPÉ DE VAERSA CON ORANGE MARKET 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, proclamó solemnemente, al hilo de las relaciones con las empresas de la trama de presunta corrupción vinculada al PP, que en los contratos del Consell "no se ha podido demostrar una sola irregularidad en ninguna adjudicación". "Nadie ha encontrado la más mínima duda", recalcó.  

En sus manifestaciones, en el Foro Abc en Madrid, Camps obvió un contrato, el de Orange Market con la empresa pública Vaersa, que viene a ser una representación a escala de todas las bofetadas que se le pueden pegar a la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP), una síntesis de todas las irregularidades posibles. El paripé de selección de la firma Orange Market para adjudicarle a dedo una campaña sobre el uso del contenedor amarillo por 138.678 euros se hizo por procedimiento negociado sin publicidad. Sobre el papel se consultaron tres firmas. En realidad, eran la misma con tres caretas: la citada Orange Market, Easy Concept (entonces llamada Down Town Consulting) y Boomerangdrive. Las dos primeras están en el centro de la trama investigada. Las tres tenían al mismo administrador único, Luis de Miguel Pérez. Las ofertas supuestamente presentadas no pasaron por el registro de entrada ni estaban en el expediente cuando el Síndic hizo el informe.  

No se levantaron actas de la apertura de ofertas ni de decisión de ninguna mesa de contratación. Pliego de condiciones no hubo, por lo que no constaba ni plazo de presentación ni criterios de valoración técnica de las ofertas. ¿Qué se publicó en el DOCV? Nada. ¿Cómo se justificó la adjudicación, entonces? Solamente en la experiencia que acumulaba la empresa. Que llevaba funcionando desde el 24 de julio de 2003. Puestos a comparar, una de las otras tarjetas de visita que presentó Luis de Miguel Pérez-concretamente Boomerangdrive- tenía más edad, dado que esa otra firma nació el 8 de octubre de 2002. A Orange Market tampoco se le pidió ningún aval, como es preceptivo. Ni siquiera el DNI que figuraba en el contrato se correspondía con el del representante legal de la empresa.  

Una de las mayores irregularidades fue cobrar el 50% del contrato (69.310 euros) y no devolver esa cantidad pese a que la campaña nunca se hizo. Sobre toda esta ristra de anomalías, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, no ha dicho nada en las Corts. Más allá de escudarse en que el contrato, adjudicado siendo Rafael Blasco conseller, ha estado supervisado y avalado por los funcionarios de su departamento.  

García Antón se esforzó en dar una explicación al pago de los 69.310 euros para despejar cualquier sospecha de presunta malversación. Dijo el conseller y apuntaló un portavoz de su departamento que se pagó el primer plazo de un contrato para hacer un guión y un vídeo para la citada campaña. Al entregar el "guión técnico y literario" y una especie de maqueta de imágenes de lo que sería el vídeo se pagó el 50% del contrato como estaba estipulado. La otra mitad nunca se pagó porque no hubo acuerdo sobre el perfil de una cinta didáctica para proyectarla a las visitas a dos plantas de Vaersa.

Pasó un año y Orange Market llegó a reclamar una indemnización y después renunció al contrato. Según esa versión, la firma elegida a dedo perdió 69.310 euros por falta de sintonía artística con Medio Ambiente. Una conselleria que se niega a dar documentación que respalde estas explicaciones. 

(www.levante-emv.com, 12/032/09)

GARCÍA ANTÓN ELUDE RESPONDER LAS PREGUNTAS SOBRE ORANGE MARKET 

El consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, realizó ayer en las Cortes Valencianas un ejercicio de sobriedad parlamentaria para evitar tener que explicar el paripé que se realizó en la empresa pública Vaersa para contratar a Orange Market. Una empresa que dirige en Valencia Álvaro Pérez, El Bigotes, y que según el auto del juez Baltasar Garzón forma parte de la trama corrupta relacionada con el PP. 

García Antón hizo oídos sordos a las interpelaciones de la oposición sobre las irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato, relacionado con la promoción del reciclaje del plástico. El consejero renunció en todo momento a explicar por qué Vaersa invitó a participar en el concurso a tres empresas que tenían el mismo administrador, Luis de Miguel Pérez, hoy imputado por el juez Garzón. Y por qué las ofertas de las tres empresas a las que recurrió Vaersa, Orange Market, Boomerangdrive y Down Town Consulting no formalizaron toda la documentación adecuadamente. Tal y como le pidió insistentemente el parlamentario socialista Francesc Signes. 

García Antón, que ha heredado el espinoso asunto de la etapa de Rafael Blasco al frente de la Consejería de Medio Ambiente, buscó refugio en un relato lineal y plano. Así, el consejero explicó que Vaersa contrató a Orange Market en 2004 para la grabación y edición de documentales de una campaña de sensibilización en el reciclaje de envases de plástico. Una contratación que se hizo con la conformidad del director general de Vaersa y el jefe del área de comunicación. Un contrato por el que Orange Market presentó un primer guión y una maqueta, a partir de los cuales no hubo acuerdo sobre cuál debía ser el trabajo final. La situación se tradujo en una prórroga del contrato primero y en la extinción del mismo después. Aunque la firma de Álvaro Pérez se embolsó 69.310 euros por el trabajo inicial que había presentado. "Orange Market no incumplió el contenido del contrato", dijo García Antón, que aseguró: "No hay ningún problema". 

El problema lo resaltó la portavoz parlamentaria de Compromís, Mónica Oltra: "¿Se cree que nos chupamos el dedo?". Para la diputada de Iniciativa del Poble Valencià, "[el Consell] ha enriquecido a cuatro aprovechados a costa del erario público". "Ustedes no resuelven [el contrato en su día] porque es Orange Market y todos los caminos conducen al entramado [de empresas corruptas]", sentenció. Y sólo en este punto, García Antón abandonó su relato para esgrimir las victorias electorales del PP como sinónimo de legalidad y veracidad. 

(www.elpais.com, 12/032/09)

Orange Market cobró la mitad del contrato con Vaersa aunque lo anuló

El conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, ha defendido la legalidad del contrato suscrito entre Vaersa y Orange Market en 2004 por 138.678 euros para una campaña de comunicación sobre el uso del contenedor amarillo

El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, ha defendido la legalidad del contrato suscrito entre Vaersa y la empresa Orange Market, en noviembre de 2004 y por un importe de 138.678 euros, para el diseño de una campaña de comunicación y sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo.

García Antón ha asegurado en el pleno de Les Corts que la actuación de Vaersa (empresa pública que actúa en proyectos de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca) fue correcta y que finalmente sólo se pagó la mitad de lo previsto al resolverse el contrato por falta de acuerdo.

"Ese contrato no fue para una campaña de comunicación, sino para la grabación y edición de documentales sobre el uso del contenedor amarillo. Tal y como se estipuló en el contrato, la mitad del pago se realizó a la presentación del guión técnico y de hecho se presentó el vídeo. El contrato se cumplió parcialmente y se abonó en función de las cláusulas previstas", ha asegurado.

"A pesar de que se prorrogó el contrato porque la empresa lo pidió y expresó su voluntad de cumplirlo, el 1 de enero de 2006 Orange Market renunció a ello y, de mutuo acuerdo, se rescindió el contrato", ha añadido el conseller.

Esas explicaciones han sido cuestionadas por el diputado socialista Francesc Signes, quien considera que se debería haber penalizado a la empresa por incumplir el contrato.

"Este expediente de contratación huele a muerto. Se abonó a la empresa 69.310 euros por presentar una maqueta y un borrador y se rescindió la relación contractual, pero en octubre 2005 se amplió el plazo del contrato hasta el 31 diciembre de 2005, según recoge un informe de la Sindicatura de Comptes", ha afirmado Signes.

En el mismo sentido se ha expresado Monica Oltra (Compromís) quien ha coincidido con Signes al asegurar que "hubo incumplimiento contractual por parte de Orange Market. "No nos dé por tontos, hay incumplimiento contractual y lo lógico es que la administración recuperase los 69.310 euros, que son de todos", ha dicho.

"¿Porqué no se resolvió el contrato después del incumplimiento? ¿Porque la empresa era Orange Market? No hay derecho a regalar dinero a empresas amigas. Estamos enriqueciendo a cuatro caprichosos a costa del erario público, algunos imputados, otros en la cárcel sin fianza", ha concluido.

Por otra parte, el diputado socialista Eduardo Vicente volvió a pedir la dimisión del conseller de Gobernación, Serafín Castellano, al considerar que no había cumplido la Ley de Contratos del Sector Público en las adjudicaciones realizadas a la empresa Taroncher y Asociados.

Según Vicente el conseller ha adjudicado a esta empresa obras por valor de siete millones de euros desde que forma parte del Consell pese a haber reconocido su amistad con los propietarios de la misma.

"Su situación política es insostenible, ha confundido la legalidad con la ética y es la viva imagen de la soledad política.

Le pedimos que deje el cargo, que dimita. No debería dejar usted que Camps aproveche una remodelación de Gobierno para prescindir de usted", ha dicho.

El conseller ha insistido en que tiene "la conciencia tranquila" y que ha cumplido la ley "a rajatabla" en todas las adjudicaciones.

"No sé de qué se me acusa, ustedes (al grupo socialista) sólo saben hacer ruido, insultar y mentir, les da igual que haya gestionado 13.000 millones de euros sin ningún reproche por parte del Tribunal de Cuentas ni por la Sindicatura de Comptes. Hacen ruido para sacar rédito político, pero ustedes no pueden hablar con la cara alta de gestión porque es tan negativa que les da vergüenza", ha concluido.

www.levante-emv.com 11.03.09

EL PP RECHAZA QUE CAMPS ACLARE EN LAS CORTES SU RELACIÓN CON LA TRAMA 

El PP rechazó ayer la posibilidad de que Francisco Camps, presidente del Consell, aclare ante el pleno de las Cortes su relación con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez Baltasar Garzón y en la que considera que existen indicios de responsabilidad penal del propio Camps y del secretario general de la organización regional del PP y portavoz popular, Ricardo Costa. El auto apunta que tanto Camps como Costa recibieron trajes confeccionados a medida por un sastre al que les introdujo Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, que fueron pagados con cargo a empresas de la supuesta trama corrupta. 

La Mesa de las Cortes rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por el PSPV y por Compromís en favor de la comparecencia de Camps. Rafael Maluenda, portavoz del PP, alegó que la Mesa rechazó las iniciativas "por respeto a la justicia". "Es un tema sub iudice", añadió Maluenda, "las Cortes no pueden constituirse en un tribunal paralelo. Aquí se da la cara siempre, pero nosotros respetamos la división de poderes". 

"El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna en román paladino, "y aquí se está callando mucho". "No entiendo que una persona que tuviera algo que decir para defenderse no lo diga salvo que no se atreva a hablar porque lo que diga puede ser objeto de contradicción con lo que contiene el sumario", siguió el portavoz socialista, "nadie con sentido común puede entender que no haya respuestas, que ante tan graves acusaciones el presidente se esconda, que no haya más que organización de homenajes y no respuestas". 

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, recordó que fue el propio Camps quien empujó a todos sus consejeros a comparecer en comisión para explicar "con transparencia, responsabilidad y sentido de la lealtad" todas las dudas de la oposición sobre la relación de cada departamento del Consell con la supuesta trama de empresas corruptas que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Y se preguntó "por qué nadie desmiente las investigaciones detalladas por Garzón". "No entiendo por qué Camps y Costa no salen a la palestra a decir: 'He pagado los trajes'. No hace falta apelar a la limpieza de la justicia, solo hay que aclarar si se pagaron los trajes". 

La Mesa de las Cortes admitió a tramite una serie de preguntas del Grupo Socialista relativas a las relaciones entre distintos departamentos de la Generalitat y las empresas Orange Market, la mercantil de Álvaro Pérez Alonso, y Construcciones Taroncher, empresa gestionada por un "íntimo amigo" del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que ha sido adjudicataria de unos 200 contratos públicos por un coste de siete millones de euros desde 2000. 

Sin embargo, rechazó tramitar 69 preguntas idénticas relativas al resto de empresas vinculadas a la supuesta trama corrupta. El PP alegó que referían a "personas jurídicas sin trascendencia en la Comunidad Valenciana". El socialista Luna expresó su perplejidad y sugirió: "El PP da por perdidos a Álvaro Pérez y a Serafín Castellano. Y cuando no aceptan preguntas sobre empresas de Francisco Correa o José Luis Ulibarri parece que quisieran ocultar algo". 

(www.elpais.com, 11/032/09)

EL PP ARROPA A CAMPS, SEÑALADO EN LAS INVESTIGACIONES DEL 'CASO GÜRTEL' 

 La dirección nacional del PP, encabezada por Mariano Rajoy, y empresarios madrileños y valencianos acompañan hoy al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, señalado por el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en las investigaciones del 'Caso Gürtel', en la conferencia-almuerzo que ofrece en Madrid organizada por el Foro ABC.  

Desde más de una hora antes de la llegada de los asistentes al almuerzo, numerosos periodistas aguardaban el inicio del acto, mientras que frente al lugar en el que se desarrolla, el Casino de Madrid, se han manifestado trabajadores de ABC por el ERE previsto por la dirección de este periódico.

Camps ha llegado poco antes de las 14.00 horas y, poco después, lo han hecho Rajoy y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Hasta el Casino madrileño han ido acudiendo dirigentes como Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero, Manuel Fraga, Ana Pastor, Ignacio González, Rita Barberá o Manuel Cobo.

Antes de comenzar la conferencia, ha habido una foto de familia en la que han posado Rajoy, Camps, Aguirre, Cospedal, Gallardón y Barberá.

Todos ellos han querido expresar con su presencia en el acto el respaldo a Camps después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haya enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana parte del denominado "caso Gürtel" al implicar en él al presidente de la Generalitat valenciana.

El otro diputado regional citado en ese caso, Ricardo Costa, también ha acudido a la conferencia. Ninguno de los asistentes ha hecho declaraciones a los periodistas que se apostaban a las puertas entre fuertes medidas de seguridad, que se fueron redoblando a medida que se acercaba el inicio del acto.

Sólo Fraga se ha detenido unos momentos y, ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, se ha limitado a expresar su total apoyo a Camps.

Numerosos empresarios y representantes del mundo financiero, entre ellos Fernando Fernández Tapias, José Manuel Machado (presidente de Ford España), José Luis Olivas (presidente de Bancaja) y Rafael Arias Salgado, así como los tres vicepresidentes del Gobierno valenciano arropan también con su presencia al presidente de la Generalitat.

En su intervención en el acto, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha defendido que es él quien se paga sus "trajes" y ha expresado su "tranquilidad absoluta y la de sus compañeros" por las cosas que hacen todos los días.

El presidente de la Generalitat, que ha expresado su agradecimiento por ese apoyo, ha respondido a varias cuestiones sobre la investigación del juez Baltasar Garzón que le implica en el denominado "Caso Gürtel", sobre una supuesta trama de corrupción. Ante la pregunta de si se paga él sus trajes, planteada por la duda que abre esa investigación, ha aseverado: "claro que me los pago; me pago mis trajes".

Tras expresar su tranquilidad por su actuación al frente del Gobierno valenciano, ha recordado que pese a las "sombras de dudas" que se han pretendido lanzar, "nadie ha demostrado que nada haya ocurrido en todos los procedimientos" de adjudicación por parte de su Administración autonómica.  

(www.lavanguardia.es, 11/032/09) 

CAMPS SE CRECE RODEADO DE LA CÚPULA DEL PARTIDO: "YO ME PAGO MIS TRAJES" 

Iba preparado para el aplauso, para el apoyo interno en un momento difícil, pero el día empezó bastante mal. El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que atraviesa sus horas más bajas desde que Baltasar Garzón desvelara las facturas que prueban que Álvaro Pérez, imputado en el caso Gürtel, le regaló varios trajes, tuvo que tragar quina nada más llegar al Casino de Madrid para participar en el Foro Abc. Los trabajadores de este diario, que ha presentado un ERE de 238 empleados, la mitad de la plantilla, le abuchearon a la entrada, y tuvo que ser protegido por dos furgones de la policía. Pero él no perdió la sonrisa. Ni fuera, ni dentro. Incluso cuando tuvo que hablar de los trajes. 

"¿Usted se paga sus trajes?", le preguntó el director de Abc, Ángel Expósito. "Claro, yo me pago mis trajes", se rió tenso Camps. El moderador del acto no hizo repreguntas sobre las facturas que ha presentado el juez Garzón. Pero sí sobre si se siente víctima de una "cacería". Y él aprovechó el capote: "Yo tengo una tranquilidad absoluta. Son los 20 años dedicados a la política los que me dan la fuerza e ilusión para seguir trabajando por mi comunidad y por España", clamó mientras se oía el ruido de fondo de las protestas en la calle. 

El toque a rebato que hizo la dirección nacional del PP con los políticos y la Generalitat con los empresarios tuvo su efecto inmediato. El Casino, uno de los más lujosos edificios de Madrid, se llenó de enormes coches blindados de políticos y empresarios. Todos recibieron su dosis de abucheo, pero dentro, Camps se mostró ufano del éxito de convocatoria y lo interpretó rápidamente como una declaración de inocencia. "Hay muchas personas que he ido conociendo que hoy han venido aquí a decir: te he conocido, eres un buen tipo, vale la pena confiar en ti". 

Había empresarios -el presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, o Fernando Fernández Tapias, entre ellos- pero sobre todo muchos políticos. Para que quedara claro de qué iba el acto, y de forma totalmente inusual, Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Dolores de Cospedal y Rita Barberá subieron al estrado para hacerse una foto oficial con Camps que es toda una declaración política de apoyo muy similar a la que hace tres semanas recibió Rajoy con todos los dirigentes del PP cuando estalló el escándalo de corrupción que afecta al partido. 

Camps no fue preguntado directamente sobre el asunto clave. ¿Por qué han dimitido todos los cargos implicados en Gürtel, incluidos algunos aún no imputados porque son aforados, menos él y Ricardo Costa? Se da la paradoja de que Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, ahora en la empresa privada, ha sido suspendido de militancia del PP valenciano por unas pruebas muy similares -sobornos con trajes- a las de Camps y Costa. Campos, muy enfadado por este doble rasero, según fuentes del PP, evitó ayer sin embargo hacer sangre: "No voy a decir nada por recomendación de mi abogado hasta que todo esto acabe. Ahora estoy en la empresa privada, si estuviese en política igual actuaría de otra manera". 

Sin embargo, cuando se le preguntó a Camps si había en el PP militantes de primera y de segunda, el presidente valenciano respondió: "Nunca ha habido militantes de primera y de segunda. Somos 800.000, y todos iguales". 

Camps trató en todo momento de mantener la sonrisa y ofrecer una imagen tranquila, a pesar de que a las preguntas más incómodas respondió con algunos gestos nerviosos. Pero todo estaba pensado para que se convirtiera en un acto de cierre de filas, de desagravio. La dirección del PP le avaló con su presencia, y le presentó José Luis Olivas, que fue presidente circunstancial de la Generalitat desde que Eduardo Zaplana fue nombrado ministro hasta que Camps ganó las elecciones, en 2003, y pudo sucederle. Olivas, que ahora ha tenido un buen acomodo tras dejar la política, como presidente de Bancaja, aseguró: "Estoy convencido de que la amargura de este lamentable episodio le fortalecerá". 

Y Camps también insistió en esa idea. "Cada piedra en el camino hace que uno siga trabajando con más fuerza e ilusión". El presidente recibió un aplauso tan largo de políticos y empresarios que el moderador les pidió que parasen: "Ya vale, ¿no?", ironizó. Después, el presidente recibió algunas preguntas amables, incluso sobre el posible fichaje de Villa por el Real Madrid, y se relajó. 

Camps aseguró que no va a tocar su Gobierno, ni siquiera a Serafín Castellano, un consejero que ha concedido 200 obras a la empresa de un amigo. Insistió en que está tranquilo, aseguró que la gente le para por la calle para darle ánimos, dijo que eso es lo "más hermoso", y concluyó con una idea: que él sigue manteniendo lo que dijo cuando llegó a la presidencia en 2003, que con el PP "se ha acabado la España de los privilegios". 

Y mientras Camps recibía este apoyo cerrado, la Mesa de las Cortes autonómicas, obedeciendo sus órdenes, rechazó tramitar dos solicitudes formuladas por los socialistas y por Compromís, que pedían la comparecencia del presidente para explicar el escándalo de los trajes. El PP argumentó que el asunto está sub iúdice. "El que calla otorga", replicó el socialista Ángel Luna, "y aquí se está callando mucho". 

(www.elpais.com, 11/032/09) 

Camps: "Yo me pago mis trajes"

La dirección del partido asiste a una conferencia del presidente valenciano para escenificar públicamente su respaldo al líder implicado en la trama

"Claro, yo me pago mis trajes y cuando vayan pasando los días iremos viendo cómo se resuelve esto", ha respondido el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, interrogado por la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa . Camps se ha defendido así de las acusaciones que le implican en el caso Gürtel durante una conferencia organizada por el foro Abc, su primer gran acto público en Madrid desde que surgiera el escándalo, donde ha estado respaldado por la plana mayor del PP, decidida a defender la inocencia del presidente valenciano.

Camps agradece el "abrumador cariño" de la gente

El presidente de la Generalitat valenciana da una conferencia en Madrid arropado por la cúpula del PP - AGENCIA ATLAS

Después de que la dirección del partido forzara la suspensión temporal de militancia de todos los miembros imputados en la investigación que lleva el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a excepción del presidente valenciano y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP en esta comunidad, Mariano Rajoy, Manuel Fraga, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Rita Barberá, Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero y el propio Costa, entre otros destacados dirigentes, han acudido hoy a la conferencia de Camps para escenificar públicamente la unidad de la formación en torno al líder valenciano. Junto a ellos, se han desplazado numerosos empresarios. Los asistentes han posado juntos para la prensa en una instantánea similar a la de hace un mes en la sede del partido en la calle Génova, en la que Rajoy defendió la honorabilidad del partido.

Tras un discurso, en la que ha reivindicado los logros del PP durante los dos gobiernos de José María Aznar, Camps ha respondido a las preguntas del director de ABC sobre una posible cacería contra él y contra el PP. "Tengo tranquilidad absoluta, llevo 20 años dedicados a la política y tengo la fuerza y la ilusión para seguir", se ha defendido Camps, que ha afirmado que "nadie ha demostrado que haya ocurrido nada en ninguna adjudicación de la Comunidad Valenciana y son más de 3.000 adjudicaciones cada año". "Nadie ha encontrado la más mínima duda", ha añadido.

Respecto a la existencia "militantes del PP "de primera y segunda", en relación a las sospechas de que los populares habían dado un trato favorable a Camps y a Costa a pesar de estar implicados en la operación Gürtel, el presidente ha asegurado que "son todos iguales".

El pasado 19 de febrero, al conocer la información publicada por EL PAÍS en la que se anticipaba que Camps estaba entre los implicados, el presidente valenciano compareció ante la prensa con carácter de urgencia para desmentir cualquier vinculación con la trama. Posteriormente recibió el aplauso de todos sus compañeros en el Parlamento de Valencia, tal y como había preparado el propio Costa.

Objeto de "gravísimos ataques"

La secretaria general del partido, María dolores de Cospedal, trasladó la semana pasada el "apoyo" de la dirección al presidente valenciano. "Está siendo objeto de gravísimos ataques con el fin de menoscabar su imagen pública e institucional", afirmó tras la decisión de Garzón de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia parte del caso Gürtel al involucrar a Camps y a Costa.

En opinión de Cospedal, los "ataques" no se corresponden "con la naturaleza de los hechos relatados por el juez en su auto", en referencia a los supuestos pagos en trajes por valor de 12.783 euros. Para Cospedal, las facturas no son prueba suficiente. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá", afirmó la número dos del PP, al ser preguntada por si aceptar regalos de un empresario no es violar el código ético del PP. De todos dirigentes implicados en la trama, sólo Camps y Costa no han puesto su carné a disposición del partido. Al margen de los alcaldes que han abandonado su cargo, los tres diputados autonómicos de Madrid que aún no han sido imputados al ser aforados ofrecieron su salida, pero la dirección del PP no se la ha aceptado aún a la espera de que sean imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A parte del supuesto pago en trajes, la mayor preocupación para los populares es la acusación de financiación ilegal. Garzón considera que existen indicios al producirse pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 además de haberse abonado con dinero negro parte de los gastos del congreso del PP valenciano en septiembre de 2002.

El PSOE ha censurado a través de su secretaria de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Mar Moreno, el acto de hoy. "El homenaje a Camps denota lo poco que afectan al PP las acusaciones de corrupción y su manera de sacar pecho frente a actuaciones judiciales", ha indicado.

Por otra parte, el consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, ha insistido hoy en que tiene la conciencia "tranquilísima" respecto a las adjudicaciones de contratos realizadas desde sus responsabilidades de gobierno porque, ha reiterado que son "absolutamente legales y regulares". Preguntado si ha hablado recientemente con Camps, ha afirmado que habla con él "siempre que es necesario", puesto que cuestiones como "la seguridad, las emergencias, el desarrollo estatutario" hace que tengan que hablar "mucho", como es propio de un gobierno que funciona de manera "coordinada y eficaz".

www.elpais.es 10.03.09

LA PLANA MAYOR DEL PP VUELVE A POSAR UNIDA PARA APOYAR A CAMPS 

Decidida a defender la inocencia del presidente valenciano, Francisco Camps, implicado en la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, la plana mayor del PP le ha acompañado hoy en una conferencia organizada por el foro Abc, su primer gran acto en Madrid desde que surgiera el escándalo. 

Después de que la dirección del partido forzara la suspensión temporal de militancia de todos los miembros imputados en la investigación que lleva el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a excepción del presidente valenciano y su mano derecha, Ricardo Costa, secretario general del PP en esta comunidad, Mariano Rajoy, Manuel Fraga, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz Gallardón, Rita Barberá, Soraya Sáenz de Santamaría, Pío García Escudero y el propio Costa, entre otros destacados dirigentes, han acudido hoy a la conferencia de Camps para escenificar públicamente la unidad de la formación en torno al líder valenciano. Junto a ellos, se han desplazado numerosos empresarios. Los asistentes han posado juntos para la prensa en una instantánea similar a la de hace un mes en la sede del partido en la calle Génova, en la que Rajoy defendió la honorabilidad del partido. 

El pasado 19 de febrero, al conocer la información publicada por EL PAÍS en la que se anticipaba que Camps estaba entre los implicados, el presidente valenciano compareció ante la prensa con carácter de urgencia para desmentir cualquier vinculación con la trama. Posteriormente recibió el aplauso de todos sus compañeros en el Parlamento de Valencia, tal y como había preparado el propio Costa. 

Objeto de "gravísimos ataques"

La secretaria general del partido, María dolores de Cospedal, trasladó la semana pasada el "apoyo" de la dirección al presidente valenciano. "Está siendo objeto de gravísimos ataques con el fin de menoscabar su imagen pública e institucional", afirmó tras la decisión de Garzón de enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia parte del caso Gürtel al involucrar a Camps y a Costa. 

En opinión de Cospedal, los "ataques" no se corresponden "con la naturaleza de los hechos relatados por el juez en su auto", en referencia a los supuestos pagos en trajes por valor de 12.783 euros. Para Cospedal, las facturas no son prueba suficiente. "Yo no voy a dar por buenos hechos que no están comprobados. El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana decidirá", afirmó la número dos del PP, al ser preguntada por si aceptar regalos de un empresario no es violar el código ético del PP. De todos dirigentes implicados en la trama, sólo Camps y Costa no han puesto su carné a disposición del partido. Al margen de los alcaldes que han abandonado su cargo, los tres diputados  

autonómicos de Madrid que aún no han sido imputados al ser aforados ofrecieron su salida, pero la dirección del PP no se la ha aceptado aún a la espera de que sean imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A parte del supuesto pago en trajes, la mayor preocupación para los populares es la acusación de financiación ilegal. Garzón considera que existen indicios al producirse pago de 420.000 euros en diciembre de 2002 además de haberse abonado con dinero negro parte de los gastos del congreso del PP valenciano en septiembre de 2002. 

El PSOE ha censurado a través de su secretaria de Política Institucional y Autonómica del PSOE, Mar Moreno, el acto de hoy. "El homenaje a Camps denota lo poco que afectan al PP las acusaciones de corrupción y su manera de sacar pecho frente a actuaciones judiciales", ha indicado. 

Por otro lado, el consejero de Gobernación valenciano, Serafín Castellano, ha insistido en que tiene la conciencia "tranquilísima" respecto a las adjudicaciones de contratos realizadas desde sus responsabilidades de gobierno porque, son "absolutamente legales y regulares". Preguntado si ha hablado recientemente con Camps, ha afirmado que habla con él "siempre que es necesario", puesto que cuestiones como "la seguridad, las emergencias, el desarrollo estatutario" hace que tengan que hablar "mucho", como es propio de un gobierno que funciona de manera "coordinada y eficaz". 

(www.elpais.com, 10/032/09)

Camps no explicará en las Corts las facturas de trajes de 30.000 euros

La Mesa de Les Corts ha rechazado, con los votos en contra del PP y a favor del PSPV, que el president de la Generalitat, Francisco Camps, comparezca en la Cámara para informar sobre la supuesta trama de corrupción investigada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón "por respeto a la justicia" y para que la Cámara no le someta a un "juicio paralelo".

Los socialistas han considerado que sospechan que esa decisión se debe a que "Camps es responsable de todos los hechos" de los que le acusa Garzón, mientras que al aceptar preguntas parlamentarias del PSPV sobre la empresa Construcciones Taroncher, el PP pretende que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, termine por dimitir.

La Mesa de Les Corts ha rechazado hoy dos iniciativas del grupo socialista y del de Compromís en las que solicitaban la comparecencia de Camps, después de que el juez Baltasar Garzón haya encontrado indicios de su supuesta implicación en el caso "Gürtel".

Los socialistas exigían la convocatoria de un pleno monográfico el día 13 en el que el jefe del Consell se sometiera a las preguntas de la oposición, por un tiempo mayor que el previsto en la sesión de control.

El PP ha rechazado tanto esa propuesta como la de Compromís, que no concretaba una fecha para la comparecencia de Camps, "por respeto a la justicia", según ha explicado su portavoz adjunto Rafael Maluenda, al término de la Junta de Portavoces.

Maluenda ha recordado que la investigación se encuentra "sub iudice" y que "Les Corts no pueden erigirse en un tribunal paralelo" ni "hacer un juicio paralelo" al president de la Generalitat.

Además, ha puntualizado que el procedimiento de debate propuesto por el PSPV no está contemplado en el Reglamento de la Cámara, razón suficiente, según Maluenda, para rechazar su petición.

"Camps está compareciendo en cada pleno ordinario y respondiendo a sus cuestiones" en Les Corts, mientras que "el PSPV tiene una doble vara de medir", ha denunciado el portavoz popular.

Así,ha recordado que el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, pondrá a disposición del diputado socialista José Camarasa "toda la información requerida" sobre la Sociedad Imagen y Promoción Estratégica.

El portavoz del grupo socialista, Ángel Luna, ha manifestado su "íntima convicción de que Camps es responsable de todos los hechos que se contienen en el auto del juez Garzón", y de que ésta es "la única explicación" de la negativa de Camps a comparecer en Les Corts.

"No puedo entender que una persona que tenga algo que decir para defenderse, no lo diga, salvo que no pueda hablar por miedo a ser contradicho por pruebas contenidas en el sumario".

La Mesa también ha rechazado 69 preguntas del PSPV en relación con el auto, y únicamente ha aceptado dos en las que los socialistas preguntaban acerca de Orange Market y Construcciones Taroncher, propiedad de un amigo del conseller de Gobernación y adjudicataria de obras por su departamento.

Luna cree que el PP ha aceptado esas preguntas para "ahorrarle a Camps la desagradable tarea" de destituir al conseller y ha dicho que: "han decidido que se cueza en su propia salsa y abrir la veda para contestar a las preguntas, a ver si, en una de éstas, un día a Castellano se le cae la cara de vergüenza y decide marcharse a su casa".

La portavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha criticado que "nadie está desmintiendo la investigación, que figura con mucho detalle en ese auto" y que Camps no "salga a la palestra a decir que ha pagado los trajes", en lo que el diputado Josep Maria Pañella considera un "telón de plomo" tendido por el PP.

www.levante-emv.com 10.03.09

EL PP CONFIRMA QUE VÍCTOR CAMPOS SOLICITÓ EL SÁBADO LA BAJA EN EL PARTIDO 

El vicesecretario del PP en la Comunitat Valenciana, David Serra, aseguró ayer que el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos pidió la baja voluntaria como militante del PP el sábado y que esa situación se mantendrá hasta que se resuelva el proceso judicial abierto. Sin embargo, desde la sede nacional del partido aseguraron por la tarde, a preguntas de este diario, que la suspensión de militancia fue solicitada el viernes. Campos está imputado por su supuesta relación con la trama al igual que el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret Parreño, aunque éste no es militante del partido. 

El portavoz de Iniciativa en Castelló, Carles Mulet, dijo ayer que Campos no puede ser la cabeza de turco y se preguntó si el líder provincial, Carlos Fabra, el presidente Camps y el propio Costa "tienen bula". La diputada de EU Marina Albiol exigió al presidente del PP, Mariano Rajoy, que aplique con Fabra, "la misma vara de medir" que con el ex vicepresidente de Consell Víctor Campos. 

(www.levante-emv.com, 10/032/09)

La larga amistad de Camps y el Bigotes

El presidente estrechó lazos con Pérez en la sede de Madrid, años antes de ser jefe del Consell

En el año 2000 Francisco Camps trabajaba en la sede central del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Colaboraba con Ana Mato en al área sectorial, antes de ser nombrado secretario de Estudios y Programas. Allí es cuando el ahora presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, trabó relaciones con Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la rama valenciana de la supuesta trama corrupta investigada por varios delitos, según contó ayer El Mundo.

Camps fue elegido vicepresidente del Congreso de los Diputados en el año 2000, cuando fue diputado como cabeza de lista por Valencia. Antes de aquel año, la empresa Special Events ya acaparaba la organización de la mayoría de actos del Partido Popular de José María Aznar, una relación consolidada a raíz de la "relación directa" del cabecilla de la supuesta trama destapada, Francisco Correa, y líderes del PP a nivel nacional, según dice Garzón en su auto del pasado jueves.

Pero en 2003, las empresas de Correa, que había estado en las campañas electorales de Aznar en 1996 y en 2000, comenzaron a perder predicamento en la dirección del PP. En ese momento, 2003, Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat, lo que coincide en el tiempo con el asentamiento de el Bigotes en Valencia, donde montó Orange Market.

Desde entonces, la nueva empresa se convirtió en la firma de cabecera para los actos del PP de la Comunitat, obteniendo también algunos contratos de importancia con la administración autonómica, como el montaje de los pabellones valencianos para las ferias turísticas más importantes.

Pero, ¿a qué se debió la ruptura definitiva de la dirección nacional de Mariano Rajoy con Francisco Correa? Al parecer, Rajoy sufrió una extorsión con una supuesta cinta en la que la que el propio Rajoy criticaba a Manuel Fraga en una conversación con un dirigente gallego, según publicaba El País. A Rajoy le hicieron llegar que una cámara había captado sus palabras -"El viejo [Fraga] está gagá"- y, según parece, Correa le trasladó a Rajoy que conocía el asunto de la cinta e insinuó que podía solucionarlo. Rajoy no cedió y concluyó que era Correa quien organizó el chantaje.

www.levante-emv.com 09.03.09

EL PP FUERZA LA BAJA DE VÍCTOR CAMPOS, EX VICEPRESIDENTE DE CAMPS, POR RECIBIR SUPUESTAMENTE TRAJES REGALADOS 

Víctor Campos, ex secretario de Organización del PP valenciano y ex vicepresidente del Gobierno de Camps, ha sido forzado a pedir la suspensión de militancia en el partido por parte de la directiva nacional tras su imputación por el juez Garzón en relación con el caso Gürtel. El ejemplo dado con Campos no sirve para toda Valencia, donde Fabra sigue presidiendo el PP de Castellón pese a sus numerosas imputaciones. Por otra parte, el propio Camps y Ricardo Costa, secretario general del PPV, no sólo no han sido recriminados sino que el partido les ha dado sus muestras de apoyo. 

Así lo contaba ayer el diario Levante. José Víctor Campos Guinot fue vicepresidente del Gobierno valenciano, además de hombre de confianza de Camps, desde 2004 hasta 2007. Fue en esa fecha cuando, de improvisto, se retiró de la política alegando motivos personales.

Trapos sucios

“Me voy con la conciencia muy tranquila. Podrán criticar mi gestión, si soy más listo o menos o si me he equivocado, pero trapos sucios no”, explicó en 2007 Víctor Campos en una entrevista en el diario Las Provincias. Ahora, un ironía del destino ha hecho que su nombre se vea empañado con unos trapos, pero más limpios: Los trajes que supuestamente Correa le regaló.

Desde arriba

A él se le atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad por ello. Y ahora el Partido Popular le ha suspendido de militancia, pero de manera forzosa. A preguntas de Levante, Campos opinó que la decisión venía de la dirección regional. Así desvelaba que él no pensaba tomar esa medida. De hecho, El Mundo aseguraba que Campos ni se había dado de baja ni pensaba hacerlo.

De Cospedal toma cartas

Sin embargo, la secretaria general del PP de Castelló, Marisol Linares, decía no saber nada al respecto. Como continuaban las dudas de Campos, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP nacional tomó cartas en el asunto y le reclamo la baja temporal.

El caso Fabra

Campos ha sido considerado como el delfín de Carlos Fabra. Él podría haber sido su sustituto al frente del PP de Castellón y de la Diputación, de donde también él procede. Sin embargo, la conexión entre ambos no tiene nada que ver en lo que ha recibir bajas del PP se refiere. Fabra sigue en su cargo a pesar de sus nueve imputaciones. Y es que el código ético del PP pide que los cargos públicos se pongan a disposición del partido "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".

Apoyo a Camps y Costa

Indicios de delito es lo que vio Garzón en el caso del presidente valenciano, Francisco Camps y el secretario general del PP en la Comunidad y portavoz en las Corts, Ricardo Costa. Lejos de recibir reproches o analizar la suspensión de militancia, el PP ha dado todo su apoyo a los dos dirigentes.  

(www.elplural.com, 09/03/09)

DE LA RÚA: PRESIDENTE DEL TSJV Y TAMBIÉN DE LA JUNTA ELECTORAL  

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, es también la máxima autoridad de la Junta Electoral de esa región, según recuerda el diputado y secretario general del BLOC Nacionalista Valencià, Enric Morera. Esta dualidad de poderes puede jugar un papel muy importante en los acontecimientos que sobrevendrán al proceso contra Francisco Camps, vinculado con el Caso Gürtel, dada la manifiesta amistad entre el jurista y el jefe del Consell. 

Para el portavoz del BLOC , esta dualidad “es una nueva muestra de la anomalía de una Ley electoral que es urgente modificar y que sobrevive con una clara intencionalidad política. Ahora, de nuevo, habrá que volver a interpretarla o poner un parche en un nuevo agujero legal”, afirmó el diputado.

Lo comunicarán a las Cortes Valencianas

El responsable del BLOC ha anunciado que “aunque este hecho es público y notorio se lo comunicaremos formalmente al Letrado mayor de la Cortes Valencianas que actúa como secretario de la Junta Electoral , para que procedan como mejor consideren. En nuestra opinión, no se puede estar en los dos lugares al mismo tiempo, aunque  deseamos que este extremo lo diriman los técnicos”.

El caso está ya en el TSJV

La causa contra Francisco Camps y el secretario general del partido en la región, Ricardo Costa, está ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) después que el juez Baltasar Garzón se inhibiera del caso, al tratarse de dos aforados de las Corts. Según el auto de Garzón, el Partido Popular en esa Comunidad se podría haber financiado ilegalmente a través de las empresas del principal implicado en la trama de corrupción del Caso Gürtel, Francisco Correa. Los delitos que barajó Garzón fueron cohecho y tráfico de influencias.  

(www.elplural.com, 09/03/09)

Un asunto "políticamente letal"

Los excesos de la política de grandes eventos pasan factura a Camps y al PP La doctrina sobre el 'caso Fabra' ha dado cobertura a comportamientos irregulares

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, vive, desde hace un mes, su peor pesadilla. Ni los plantes zaplanistas de la primera legislatura, ni el mayor accidente de metro de España acaecido en Valencia, ni la moción de censura socialista de hace dos años le habían quitado el sueño como lo ha hecho la operación Gürtel. El sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha hallado indicios de delito en la actuación del jefe del Consell y de su portavoz parlamentario y secretario general del PP, Ricardo Costa -así como en Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat, y en Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. El auto asegura que ambos se hicieron trajes a medida que fueron pagados por Orange Market y que su presidente, Álvaro Pérez, El Bigotes, buscó ganarse el favor de estos políticos para obtener contrataciones. Garzón apunta además a una supuesta financiación irregular del PP en la Comunidad Valenciana. Extremos que niegan con rotundidad tanto el PP como la Generalitat.

• El contagio masivo impide al presidente de la Generalitat pedir dimisiones

• La política de fastos del Consell ha estado rodeada de opacidad y derroche

Aunque es difícil conocer cuál será el discurrir judicial del auto de Garzón remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cúpula del PP no oculta que el asunto es "políticamente letal". Hasta el punto de que está en juego el futuro político del propio presidente.

Sin embargo, el jefe del Consell, un hombre de carácter afable, que ha tenido a gala esgrimir su honradez personal como enseña, llega cargado de lastres a su primer pleito judicial. A continuación se detallan algunas claves que explican su difícil situación.

- La doctrina Fabra. Desde su acceso a la presidencia de la Generalitat, Camps se vio en la necesidad de asegurarse el apoyo del presidente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, Carlos Fabra, en la durísima disputa por el control del partido con Eduardo Zaplana. Fabra, que presume de sus prácticas caciquiles, pronto se vio imputado como supuesto autor de varios delitos contra la Administración pública, al que se sumaría después otro supuesto delito fiscal. La patente de corso otorgada por Camps a Fabra atrajo al campismo, como moscas a un tarro de miel, a otros dirigentes del PP con problemas con la justicia. Alcaldes (Alicante, Orihuela, Torrevieja), concejales, senadores... que se han asegurado la cobertura del partido y de la Generalitat hasta que haya una sentencia condenatoria en firme. Y aún más allá, como demuestra el caso del ex alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, condenado por el Supremo por prevaricación a prisión menor e inhabilitación y que hasta ayer mismo se mantuvo al frente del PP local.

- "Nunca pregunto por expediente alguno". La frase es del propio presidente de la Generalitat que, en sede parlamentaria, aseguró: "Lo que me interesa es que funcione el hospital y se haga la carretera". Esta actitud laxa del jefe del Consell respecto a sus subordinados -en los antípodas de la del ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana- ha provocado que el presidente no sepa con exactitud cómo ha funcionado su Administración. Camps se ha visto sorprendido en los últimos días salpicado también por el escándalo de las contrataciones de su consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que adjudicó obras a un empresario amigo. Las esposas de ambos comparten la propiedad de una finca en la que, además, hay un parany (arte de caza declarado ilegal por el Tribunal Supremo).

- La opacidad de los eventos. La política de fastos impulsada por Camps ha estado rodeada de opacidad y derroche, hasta el punto de que dos años y medio después de la visita del Papa a Valencia todavía no se sabe cuánto dinero se gastó la Administración valenciana en este evento. El escándalo desatado a raíz de la investigación de Garzón ha puesto de manifiesto algunas cuestiones relevantes: el principal organizador de eventos de la dirección regional del PP, Álvaro Pérez, siempre estuvo, como mínimo, en los alrededores de los grandes eventos de la Generalitat. Pérez se ganó la amistad de la cúpula del PP y de los responsables de importantes empresas públicas, como Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana. El Consell siempre ha fiado a la Sindicatura de Comptes la fiscalización de los contratos, aunque ha hecho caso omiso, reiteradamente, de sus advertencias acerca de las irregularidades detectadas; especialmente en materia de publicidad y transparencia.

- Contagio masivo. La investigación del juez de la Audiencia Nacional ha derivado en un contagio masivo que impide al presidente de la Generalitat pedir dimisiones, a modo de cortafuegos, como hace Esperanza Aguirre en Madrid. La endogamia de los populares valencianos, que concentran el poder del partido y la Administración en unas pocas manos, dificulta la capacidad de maniobra de Camps. El auto de Garzón remitido al TSJ vincula a la cúpula del PP con Orange Market. Sin embargo, la operación Gürtel, que sigue en manos de Garzón, apunta a una segunda red de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana. Ésta tiene como protagonista al empresario José Luis Ulibarri, imputado por Garzón, que ha consolidado su presencia en el sector de la construcción y de los medios de comunicación en la Comunidad Valenciana. La aparición de Ulibarri ha revelado sus estrechas relaciones con el bufete de abogados Eius, para el que trabajan el ex ministro José María Michavila -hermano de Ana, jefa de gabinete de Camps- y el portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas y ex responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, José Marí.

- Una defensa errática. Desde que estalló el escándalo, ahora hace un mes, el desconcierto se ha apoderado del presidente y de su entorno, que no han aportado ningún documento que justifique que pagaron los trajes que confeccionó José Tomás, el sastre de Milano y Forever Young. Lo único que han dejado claro, tanto el Consell como el PP, es que están indignados y acudirán a los tribunales en su defensa.

'El Bigotes' pagó los trajes de Costa, dinero en mano

El 'número dos' del PP no ha justificado cómo los abonó

"La secretaria de [Ricardo] Costa me llamaba, me encargaba los trajes, me preguntaba cuánto había que pagar y, luego, venía Álvaro Pérez y pagaba. Si el dinero era suyo o no, eso, a mí, ya no me compete". La cita es de José Tomás, el sastre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del secretario general del PP, Ricardo Costa. Ambos figuran en el auto del juez Baltasar Garzón, junto a dos imputados, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, que también se hicieron trajes con Tomás.

• El PP valenciano ha anunciado una querella contra el sastre

• Garzón relaciona el regalo de trajes con la adjudicación del 'stand' de Fitur

El sastre, al que fueron todos los cargos populares por recomendación de El Bigotes, confirmó el viernes a El Mundo que Álvaro Pérez, el presidente de Orange Market, pagó, dinero en mano, la ropa de Ricardo Costa.

Según fuentes del PP, el secretario general de los populares valencianos se puso el pasado jueves a buscar en sus cuentas bancarias algún apunte que pueda justificar el pago de los trajes al sastre. Éste, según las mismas fuentes, tendría dificultades para justificar el pago, ya que supuestamente habría sacado dinero de su cuenta en metálico para dárselo a Álvaro Pérez, que supuestamente recibió el dinero de la secretaria del número dos del PP valenciano para pagar la deuda con el sastre en uno de sus viajes a Madrid. Según el entorno de Costa, éste dispone de un extracto bancario que confirma que sacó dinero para pagar al sastre.

La versión, sin embargo, tiene contradicciones con la primera reacción de Costa tras conocer el sumario, que no supo explicar cómo abonó sus trajes. En el PP asumen ya que, al menos parte de los trajes mencionados por el juez Baltasar Garzón en el auto fueron pagados por Álvaro Pérez, aunque queda por aclarar el origen de ese dinero.

El auto del juez Garzón explica que en la relación de pagos a cuenta de Orange Market en Milano "consta un pedido de fecha 26/01/2006 por un importe de 2.400 euros a nombre del señor Costa que corresponde a tres trajes a medida". Y añade: "Se abonan junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en Barclays el día 20/09/06 con cargo a Orange Market".

Y en cuanto a la compra de trajes en Forever Young señala que el nombre de Costa figura relacionada con una cantidad de 4.925 euros. "Su nombre", añade el juez en referencia a Costa, "figura en varias hojas del listado de encargos de sastrería donde constan las medidas de esta persona" y que hacen mención a "un traje (americana pantalón) y a dos pantalones, así como a otros pedidos de prendas". El auto resume que Costa gastó en ambas tiendas madrileñas un total de 7.325 euros -2.400 en Milano y 4.925 en Forever Young. Por lo que respecta a Francisco Camps, el juez detalla compras por valor de 4.700 en Milano y de 8.083 euros en Forever Young, también pagados por empresas de la trama de corrupción de la que forma parte El Bigotes. También aparecen como beneficiarios de trajes Víctor Campos y Rafael Betoret, que desde el día que se hizo público el auto del juez de la Audiencia Nacional han guardado un silencio absoluto.

Y todo ello Baltasar Garzón lo relaciona con el hecho de que Orange Market se ha adjudicado desde 2005 los concursos para montar los pabellones de la Generalitat en Fitur por un importe total superior a los cuatro millones de euros.

La declaración de José Tomás parece haber sido determinante para que el juez Garzón implicara a Camps y Costa. De ahí que los populares valencianos se hayan apresurado a anunciar una querella contra el sastre, al igual que hicieran con otra implicada en la trama, Felisa Jordán, cuya declaración ante el juez también reveló numerosos detalles de la trama. Pero, a pesar de la presión, ni Jordán ni Tomás se han retractado de sus declaraciones a Garzón.

www.elpais.es 08.03.09

El documento 71 lastra al PP valenciano

Garzón basa su acusación contra Camps en cinco indicios que no han sido refutados

El juez Baltasar Garzón se ha inhibido esta semana en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la operación Gürtel tras encontrar evidencias que incriminan al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y al número dos del PPCV, Ricardo Costa. Camps tiene en contra cinco pruebas a las que todavía no ha dado respuesta. El magistrado confirma en su auto de inhibición del jueves lo que apuntó cuando envió a prisión hace un mes a los tres principales responsables de la trama. El líder del grupo, Francisco Correa, montó un imperio entre 1996 y 2004 aprovechándose de sus contactos en la calle Génova. El entramado de Correa, formado por 23 empresas, dejó de trabajar para el PP nacional cuando Rajoy tomó el mando del partido. El grupo se adaptó a la nueva situación y trasladó sus negocios a la Comunitat Valenciana y a Madrid.

El magistrado sostiene que el grupo dio dádivas en forma de trajes a Francisco Camps, Ricardo Costa, al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret. Además, Baltasar Garzón sospecha que Francisco Correa entregó 420.000 al PP valenciano como comisión por adjudicaciones.

El problema para el PP valenciano es que la investigación policial está en sus inicios en la Comunitat y ya apunta a los dos principales responsables del partido. La unidad de delitos económicos de la policía informó a Garzón el pasado 31 de enero -hace apenas cuarenta días- de que tenía en su poder conversaciones que comprometían a dirigentes valencianos, según consta en las diligencias judiciales. El 19 de febrero, el juez ya tenía en mente imputar a Ricardo Costa tras haber tomado declaración a Álvaro Pérez (alias El Bigotes y presidente de Orange Market), a Isabel Jordán (que aseguró en una conversación intervenida que el grupo había pagado los trajes a Camps) y al sastre José Tomás.

La policía facilitó a Garzón el 24 de febrero el informe con las pruebas que supuestamente implicaban a los dirigentes populares valencianos.

El magistrado explica en su auto de inhibición en favor del TSJ de la Comunitat Valenciana que ha encontrado cinco indicios que apuntan a que el presidente podría estar implicado. El auto recoge que son esenciales las declaraciones del sastre José Tomás y de la imputada Isabel Jordán, las facturas y papeles entregados por Forever Young clasificados en la causa como documento 71, las anotaciones de la contabilidad B del grupo manejada desde la calle de Serrano, 40 de Madrid (donde el entramado tenía su sede central), la documentación intervenida a Orange Market y las llamadas de Camps el 9 de febrero a su sastre mientras declaraba ante la policía.

Prueba 71

El documento número 71 contiene gran cantidad de datos objetivos aportados por la tienda de ropa donde Camps encargaba los trajes que, siempre según argumenta Garzón en base a la investigación policial, supuestamente pagaba la trama de Correa. La documentación entregada por Forever Young recoge un listado de clientes. El nombre de Camps aparece en el listado junto a la cantidad de 5.393,50 euros. Su nombre también figura en varias hojas del "listado de encargos de sastrería".

El documento 71 está encabezado por la frase: a la atención de "Pablo Crespo (Comunidad Valenciana)", siempre según contiene el auto de Garzón. Las facturas de los trajes de Camps y de otros presuntos implicados como Ricardo Costa tenían un importe total de 30.678,90 euros y se pagaron en su totalidad, según los datos facilitados al juez por la empresa Forever Young, con transferencias bancarias y cheques de las firmas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico del entramado de Correa.Según las declaraciones del sastre José Tomás, Francisco Camps es "destinatario de otras compras efectuadas durante 2008 cuyo pago se efectuó mediante transferencia de 4.040 euros de la empresa Orange Market -documento 31 de la causa- a cuyo nombre se realizó la factura -documento 30-". El PP ha anunciado que se va a querellar contra el sastre, aunque el presidente Camps todavía no ha aportado facturas que demuestren que él pagó de su bolsillo los trajes.
Ricardo Costa

El documento 71 también implica a Ricardo Costa. En plena era de las transferencias bancarias y los abonos electrónicos por tarjeta, un medio de comunicación nacional defendió ayer la teoría de que Ricardo Costa fue a su banco, sacó varios miles de euros en efectivo y se los entregó a Álvaro Pérez para pagar sus trajes en la tienda de ropa de Madrid. Garzón tiene otra hipótesis. El magistrado, recurriendo al documento 71, sostiene que los trajes de Costa los pagaron las empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico.

Garzón incide en que los hechos relacionados con las conductas de Camps y Costa se apoyan en datos e indicios como "facturas, listas de clientes (de Forever Young), patronajes y declaraciones policiales y judiciales". El magistrado indica que "si bien es cierto que la valoración de las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas""no puede eludirse la investigación penal en aras al cumplimiento de la legalidad".

Garzón ha remitido el caso al TSJ, aunque en las próximas semanas podría acabar en el Supremo ya que los supuestos delitos se habrían cometido en Madrid y el Estatut obliga a que lo instruya el Alto Tribunal.

www.levante-emv.com 08.03.09

El juez atribuye a Orange Market unos pagos en 2002 cuando fue creada en 2003

El auto con el que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibió el pasado jueves en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) al apuntar a dos aforados -el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y el número dos del PPCV, Ricardo Costa-, contiene algunos errores. Garzón documenta cuatro apuntes contables en dinero negro por importe de 150.000 euros, aunque se atribuye la facturación a Orange Market. Los pagos se fechan en diciembre de 2002, aunque Orange Market no se constituyó hasta julio de 2003. Es de suponer que los pagos, en concepto del décimo congreso regional del PP, se realizaron a otra empresa de la trama de Francisco Correa, que ya había trabajado con Special Events en Valencia.
Los populares han apuntado otros errores del auto, como las cifras de las supuestas comisiones recibidas por el PP valenciano a cambio de adjudicaciones a Francisco Correa y sus socios. El auto asegura que en la contabilidad B de una de las empresas, aparece una hoja de ingresos y su distribución. Dentro de la distribución, aparece como primer concepto "PP VLC", con una cantidad asociada de 420.000 euros. A renglón seguido, cifra esa cantidad en 420.700 euros.

Garzón yerra cuando se refiere al Partido Popular de la Comunitat Valenciana como el "PPV" en lugar del "PPCV", y cita al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en lugar de al de la Comunitat Valenciana.

En el auto también destaca el uso de algunos condicionales a la hora de referirse al supuesto cobro de comisiones del PPCV. "Podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa", reza el auto. Aunque, a continuación, el propio juez justifica el uso del condicional al asegurar que "este extremo está pendiente de investigación".

www.levante-emv.com 08.03.09

La trama mantuvo su nivel de negocio a partir de 2004 gracias al Consell y al PPCV

Garzón explica la «identificación» entre el partido y la filial valenciana de la red

La trama de corrupción liderada por Francisco Correa mantuvo el nivel de negocio a partir de 2004 gracias a su desembarco en el PP de la Comunitat y a las adjudicaciones que recibía de la Generalitat, según relata el juez Baltasar Garzón en el auto en el que implica en la red al propio jefe del Consell, Francisco Camps, y a su número dos en el PP, Ricardo Costa. El magistrado detalla cómo, a partir de que Rajoy cortó con las empresas de Correa en Madrid, la trama se instaló en Valencia y se produjo una «identificación» entre el partido y Orange Market, la filial autonómica de la red, que, a su vez, recibía adjudicaciones de la Generalitat «sin experiencia» como en el caso de los estands de Fitur.

El conglomerado de empresas de Francisco Correa -23 sociedades, entre ellas Orange Market- tenía entre sus clientes a entes pertenecientes a diferentes administraciones. Para la obtención de contratos públicos la cúpula de la trama se valía de las relaciones personales con cargos que ocupaban puestos de responsabilidad en las instituciones donde la red pretendía actuar «de tal forma que conseguía, sin que existiera una libre concurrencia, las adjudicaciones». A cambio del trato de favor y de obtener las contratas, cargos políticos del PP recibían «compensaciones», tal como detalla de forma gráfica el último auto de Garzón.La implicación de Camps y del secretario general del PP, Ricardo Costa, en la trama de corrupción así como la imputación del ex vicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret, ex alto funcionario de Turismo hasta 2007, encaja en ese patrón. Las sociedades de Correa habrían asumido pagos, de forma global, por más de 34.000 euros en trajes y ropa en dos franquicias de moda con tienda en Madrid. Durante los últimos años, empresas de la red corrupta han facturado millones de euros en contrataciones tanto del PP como del Consell.

Ese modus operandi fue el que el conglomerado de Correa, a través de Álvaro Pérez Alonso El Bigotes, utilizó en la Comunitat a partir de 2004 cuando, como reconoce Garzón, «los cambios dentro de la dirección del PP provocarían un cambio en la tendencia seguida hasta entonces y la organización a nivel nacional se desvinculó de las empresas de Francisco Correa». El auto apunta que, a partir de ese momento, la trama cambió de estrategia. «Se adaptó a la nueva coyuntura», define Garzón. ¿Cómo? Organizando una estructura propia en la Comunitat a través de Orange Market, creada tras la victoria de Camps en 2003.El Bigotes, según las investigaciones, se había curtido en Madrid en la organización de actos para el PP a través de Special Events, la empresa matriz del conglomerado de Correa.

El Bigotes, bien relacionado

Y tenía, subraya el auto, «buenas relaciones con las personas que ocupan cargos de responsabilidad en el partido y en los órganos de gobierno de la Generalitat». Camps y Costa junto a Rambla estuvieron en la boda de Pérez con la ex mamachicho Noemí Ramal, empleada en Canal 9. Es conocida la relación de amistad de El Bigotes con Costa -para el que ejerció de intermediario, por ejemplo, en la venta de su coche y en la compra de uno nuevo- pero también con otros cargos de la administración valenciana como Pedro García -director general de RTVV- que, como cita el auto judicial, también recibió trajes pagados por Orange Market, la filial de la trama corrupta desmantelada por el juez.

De esta manera, las empresas de la red consiguieron a partir de 2004 «abrir nuevas perspectivas» pero, sobre todo, «mantener un nivel de negocio» a través de los contratos que recibía tanto del PP como de la Generalitat. En el primer caso, el juez considera que existía una «identificación entre Orange Market y la organización de actos para el partido en la Comunidad Valenciana». La mercantil ha participado en las dos campañas electorales autonómicas de Camps sin rendir cuentas a la Sindicatura, viene organizando los últimos congresos regionales del PP y un sinfín de mítines y actos en los que siempre tomaba parte el jefe del Consell. A esto se suman los pagos de la red al PP de Valencia que Garzón cita en su auto, uno de ellos de 420.000 euros con Camps a cinco meses de su primera campaña tras su elección como secretario regional y sucesor de Eduardo Zaplana.

Y, en el caso de la Generalitat, el juez atribuye a los contactos entre cargos del PP y El Bigotes que Orange Market, «una sociedad sin experiencia», concursara y obtuviera la realización de los stands para Fitur, contratas superiores, salvo en 2009, al millón de euros a las que hay que sumar otras consellerias, incluidas adjudicaciones vinculadas a la Volvo en Alicante.

www.levante-emv.com 08.03.09

Rajoy fuerza a Campos a pedir la baja en el PP por la imputación de Garzón

El ex vicepresidente del Consell y actual vocal de la dirección del PP en Castelló, Víctor Campos, ha sido la primera víute;ctima políte;tica valenciana por el caso Gürtel. El código ético obliga a poner el cargo a disposición del partido si hay indicios de comisión de delito

Según confirmó ayer la dirección nacional del PP, todos los imputados por el juez Garzón que forman parte del partido "han pedido voluntariamente la suspensión de militancia". Esta afirmación señala directamente a Víctor Campos, puesto que el otro imputado valenciano, el ex director de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret, no milita. A Campos se le atribuye la comisión de supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad, por aceptar trajes pagados por firmas de la trama corrupta.
Lo cierto es que esa renuncia voluntaria de Campos es más bien una imposición de la dirección de Mariano Rajoy. Preguntado por este periódico, Campos opinó que la decisión era de la dirección regional, de lo que no se desprende la voluntad de abandonar el partido. Precisamente, el viernes Campos ni se había dado de baja ni pensaba hacerlo, según recogía El Mundo. Por su parte, la secretaria general del PP de Castelló, Marisol Linares, aseguró no saber nada del caso. Ante las dudas de Campos, fue la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, la que tomó ayer cartas en el asunto y le reclamó la baja temporal.
Camps y Costa, respaldados

La imposición al ex vicepresidente de abandonar el partido supone un castigo al más débil de los implicados valencianos. Campos abandonó por sorpresa la política en abril de 2007, semanas antes de las elecciones autonómicas. Desde 2003 estuvo en elConsell junto a Francisco Camps. Víctor Campos, al que se consideraba el delfín de Carlos Fabra, fue repescado recientemente como vocal de la dirección provincial del PP.

Aun así, la suspensión de militancia aplicada por el PP sobre militantes afectados por presunta corrupción no siempre se ejecuta con los mismos criterios. El presidente de la Diputación, Carlos Fabra, nunca ha sido cuestionado en el partido, pese a su imputación por varios delitos contra la administración pública y fraude fiscal.

Mientras tanto, los otros valencianos implicados en el caso Gürtel, el jefe del Consell, Francisco Camps, y el portavoz del grupo popular en las Corts, Ricardo Costa, han recibido muestras de apoyo de la dirección. Su condición de aforados les excluye de esa norma impuesta en esta ocasión, que obliga a los implicados a pedir la baja.

Curiosamente, el código ético del PP dice que los cargos públicos deben ponerse a disposición del partido "si de la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito".

En este sentido, el auto del juez dice que los indicios de responsabilidad son suficientes contra las personas aforadas -Camps y Costa. "Si bien es cierto que la valoración de las entregas presuntamente recibidas en especie no son elevadas -en referencia a los trajes- al haber aparecido, después de las diligencias iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción y en esta causa aquellos indicios, no puede eludirse la investigación penal".

www.levante-emv.com 08.03.09

De la Rúa podría ser recusado por «amistad manifiesta» con el presidente

«Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ˝amistad˝ que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat». Estas palabras podrían ser la causa de recusación del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, en caso de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llegara a ser acusado en juicio.

Nunca una frase ha sido tantas veces repetida desde que se supo que el presidente de la Generalitat estaba en el punto de mira de la investigación judicial del juez Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción en el PP. Las palabras eran de Francisco Camps y quien le tendrá que juzgar, en caso de que haya indicios de delito, es Juan Luis de la Rúa, presidente del TSJCV, órgano competente para enjuiciar a cargos autonómicos aforados.

Ocurrió el pasado 19 de septiembre, en la toma de posesión de la nueva consellera de Justicia Paula Sánchez de León. De la Rúa fue más discreto y, al ser preguntado por la palabra que podría definir su relación con Camps, manifestó sentirse «feliz con esa excelente relación», que ha permitido una «colaboración perfecta en la lucha para reclamar más órganos judiciales».

Ayer, el presidente De la Rúa manifestó a través del TSJCV que «mantiene una relación institucional, y no personal», con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Fuentes oficiales añadieron en declaraciones a la agencia Efe que «De la Rúa guarda con Camps una buena relación, al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana».

Desde la oposición, se han oido voces dudando de la parcialidad de De la Rúa, por esta relación de «amistad», en el sentido de que la investigación nunca terminaría o que, como en el reciente caso de Díaz Alperi (Mercalicante), se archivaría de plano.

Un equívoco

No obstante, hay que señalar el equívoco, ya que no es el presidente del TSJCV el que realiza la investigación judicial, sino uno de los cuatros magistrados restantes de la Sala de lo Civil y Penal que De la Rúa preside.

Así, como presidente de la Sala de lo Civil y Penal, Juan Luis de la Rúa está obligado a presidir todos los juicios que en ella se celebren y, por ello mismo, nunca sería el juez instructor, ya que estaría contaminado para juzgar.

Esta premisa está contemplada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, la que regula el funcionamiento y organización de los jueces. Pero también se contempla la posibilidad de abstención o recusación del juzgador en caso de «amistad íntima o enemistad manifiesta» con el procesado. De llegar a juicio, De la Rúa sería el presidente del tribunal y podía caber la posibilidad de que se abstuviera o de que las partes le recusaran, defensa y acusación. De momento, sólo hay una acusación, el fiscal, pero también cabría una acusación popular, que podría asumirla la oposición. Respecto a la acusación pública, su máximo exponente es Ricard Cabedo, Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, de quien no cabe que asuma esta función, dado que a su llegada a Valencia hace cuatro años fue recibido por una salva de ataques a su persona y a su cargo por parte del PP valenciano. Precisamente, uno de los investigados, Ricardo Costa, calificó al Fiscal Superior cuando fue nombrado como «árbitro comprado del Gobierno de Zapatero».

Dos magistrados conservadores y dos progresistas

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es la que deberá juzgar, en caso de que haya imputación y posterior acusación, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a cualquier otro miembro electo de Les Corts. Está formada por su presidente y, a la vez, presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, y los magistrados Juan Montero, Juan Climent, José Flor y José Ceres.

El primer paso es esperar a que llegue a Valencia el auto del juez Baltasar Garzón desde la Audiencia Nacional, lo cual puede tardar de dos semanas a dos meses. En principio, porque cabe que alguna de las partes presente algún recurso de reforma ante el juez Garzón. Si ello, ocurre, deberá resolverse. Pero, si nadie recurre y todas las partes han sido notificadas, el auto viajará por valija judicial.

Archivo o apertura

Cuando llegue al Palacio de Justicia de Valencia y se le ponga el sello de entrada y registro, la Sala designará un ponente que deberá estudiar la competencia y dictar un auto en el que se acepte o rechace la inhibición. También decidirá si archiva o abre diligencias penales contra los cargos aforados, es decir, Francisco Camps y Ricardo Costa.El ponente será uno de los miembros de la Sala de lo Civil y Penal, a excepción del presidente De la Rúa, ya que éste siempre preside los juicios y no puede estar contaminado, al igual que ocurre en la jurisdicción ordinaria.

Esta Sala está formada por cinco magistrados. Tres de ellos han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Son los jueces de carrera Juan Luis de la Rúa, José Flor y José Ceres. Los dos restantes fueron elegidos por los partidos más representativos en Les Corts. Se trata de dos catedráticos de la Universitat de València, Juan Montero (PP) y Juan Climent (PSOE).

De los jueces de carrera, Juan Luis de la Rúa y José Ceres pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que José Flors es de «Francisco de Vitoria, de carácter más moderado y progresista. A quién le corresponda el asunto es algo que depende de las normas internas de reparto que aprueba cada Sala periódicamente, en este caso, en 2005. Se tienen en cuenta todos los asuntos de aforados desde 1979, que comenzó por Climent, por ser el más antiguo. Y se reparte por turno, del más moderno al más antiguo.

www.levante-emv 07.03.09

Camps es íntimo amigo del presidente del tribunal que lo juzgará

El jefe del Ejecutivo alardea de su relación con el presidente del Tribunal Superior de Valencia, Juan Luis de la Rúa.

El auto del juez Baltasar Garzón que implica a Francisco Camps en una presunta trama de corrupción está viajando ya hacia Valencia. En unos días, los documentos que conforman la causa serán recibidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Dado que el presidente de la Generalitat es aforado, es este órgano el encargado de valorar los indicios que existen contra él, de decidir si se le imputa y de juzgarlo si hay evidencias suficientes.

La sala que se ocupará del caso se compone de cinco magistrados. Cuatro de ellos se turnan para instruir y juzgar los casos que van llegando al TSJ. Sólo uno de ellos, por razón de su cargo, tiene asegurada una plaza en todos los juicios y, por lo tanto, también en el que decidiría la suerte de Camps. Es el presidente del Tribunal Superior y su nombre es Juan Luis de la Rúa. Un magistrado al que todos en el mundo de la judicatura valenciana reconocen un gran prestigio profesional. Y un hombre del que toda la clase política y jurídica de la comunidad conoce, al menos, una amistad: la que le une al presidente Camps.

Las pruebas de la amistad

Hay varias muestras de esa amistad. La más importante es la propia declaración del presidente valenciano el pasado mes de septiembre, en el acto de toma de posesión de la consellera de Justicia, Paula Sánchez de León: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat". La respuesta del aludido no fue menos efusiva: "Me siento feliz de esa relación", afirmó.

Muestra de esa amistad es la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. Desde el PP valenciano, justifican su asistencia: "En actos importantes siempre invitamos a representantes de la sociedad civil. Por poner un ejemplo, en el Congreso regional de octubre invitamos a representantes sindicales".

La excelente relación entre ambos presidentes ha sido glosada en la prensa regional. En los cinco años que Camps lleva al frente de la Generalitat -De la Rúa está desde hace diez a la cabeza del TSJ-, el protocolo institucional los ha llevado a coincidir en multitud de actos públicos. En uno de ellos, la colocación de la primera piedra del Palacio de la Justicia de Paterna celebrada en septiembre, el jefe del Ejecutivo autonómico agradeció la "compañía leal" de De la Rúa durante todo su mandato. La reunión estuvo plagada de elogios mutuos, según publicó el diario Las Provincias.

También De Rosa

Al acto también acudió Fernando de Rosa, protagonista de otro coqueteo del presidente valenciano con el Poder Judicial. De Rosa, vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe que en reiteradas ocasiones se ha negado a comentar.

La sintonía entre el posible imputado y el posible juzgador podría ser un motivo para que el propio De la Rúa se apartara del caso. La "amistad íntima o enemistad manifiesta" será "causa de abstención y, en su caso, de recusación", según la Ley Orgánica del Poder Judicial. El propio Partido Popular ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de que los jueces guarden apariencia de imparcialidad. Incluso han pedido la recusación del juez Baltasar Garzón por coincidir en una cacería con el ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que se vio obligado a dimitir.

En el TSJ argumentaron ayer que De la Rúa mantiene una relación "institucional" y no personal con Camps "al igual que con el resto de instituciones de la Comunitat Valenciana". La oposición pidió el jueves en Las Cortes Valencianas que Camps explicara su relación con el presidente del TSJ. Él evitó hacerlo.

www.publico.es 07.03.09

Compromís exigirá imparcialidad a los jueces

La portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Mònica Oltra, anunció ayer que su grupo exigirá la "más exquisita imparcialidad" en el ámbito judicial tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de enviar parte del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana. "Eso implica que ningún magistrado que mantenga una íntima amistad con el jefe del Consell, Francisco Camps, pueda tocar, ni tan solo acercarse, a esta causa", precisó Oltra a los periodistas tras la toma de posesión del nuevo síndic de Greuges, José Cholbi.

Según la parlamentaria de Compromís, el auto de Garzón "toca el corazón tanto del Gobierno valenciano como del Partido Popular valenciano", lo que tiende un "velo de sospecha muy importante sobre el presidente de la Generalitat y el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Costa".

"Exigimos al Gobierno valenciano esa transparencia de la que alardea, queremos la documentación que hemos pedido y una comisión de investigación en el Parlamento que depure las responsabilidades políticas que se deriven del auto", reclamó Oltra, quien agregó que tras el traslado de parte del proceso al Tribunal Superior de Justicia valenciano, su grupo parlamentario sigue "con los mismos interrogantes que antes".

www.elpais.es 07.03.09

 

Los presidentes de Castilla y León, Murcia y La Rioja salen en apoyo de Camps

La secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal, ha calificado de "insidiosas e injustificadas" algunas de las afirmaciones contenidas en los autos del juez Garzón, que no se justifican con los hechos y que tienen por objeto "causar grave daño a la imagen del Partido Popular".

También la secretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha asegurado que los populares "no van a aceptar aceptar ni una sola lección de honradez por parte del PSOE, que ha sido condenado por temas de financiación ilegal", al tiempo que afirmó que tampoco consentirán "que nadie utilice los poderes del Estado para atacar al PP".

Por su parte, la presidenta de Madrid y de los populares madrileños, Esperanza Aguirre, ha aprovechado para señalar que la presunta trama de espionaje a altos cargos en la región y las "filtraciones interesadas" del sumario del 'caso Gürtel' "se han convertido en un estímulo" para que los votantes de la formación se hayan convencido de que el PP es un partido "honrado" y les ha permitido dar el triunfo a Alberto Núñez Feijoo en Galicia y la llave del Gobierno vasco a Antonio Basagoiti.

Sin embargo, De Cospedal, Mato y Aguirre no se han dirigido en la jornada de hoy explícitamente a Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana, tal y como sí lo han hecho los presidentes autonómicos del Partido Popular Juan Vicente Herrera, Pedro Sanz y Ramón Luis Valcárcel, presidentes de Castilla y León, La Rioja y Murcia, respectivamente, a través de comunicados.

También lo ha hecho el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha defendido hoy la "honorabilidad" de Camps, del que aseguró que "siempre se ha guiado por la austeridad y por el bienestar de los ciudadanos".

Y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, ha subrayado el "apoyo a muerte" de toda la militancia del PP al también presidente del PPCV y calificó de "inconsistente" la "campaña de acoso y derribo" a la Comunitat.

El presidente de la Comunidad Valenciana ha recibido también el apoyo de otros presidentes autonómicos del PP. Así, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, hizo una encendida defensa de la honorabilidad de su homólogo valenciano y no dudó al brindar al presidente valenciano todo su "apoyo, respeto y consideración política", al que además profesa un "especial cariño y afecto personal".

Herrera destacó de él su "capacidad de liderazgo, la visión de futuro y compromiso con una tierra, la valenciana, a la que ha convertido en un referente de la innovación, el desarrollo económico, la proyección exterior y la calidad de vida".

El presidente Popular de la Región de Murcia y jefe del Ejecutivo regional, Ramón Luis Valcárcel, también hizo público su firme apoyo al presidente Camps, "ante la insidiosa campaña que está sufriendo".

Valcárcel aseguró en un comunicado que Camps "es una persona honorable, justa y comprometida con el pueblo valenciano, de una trayectoria intachable. Un servidor del pueblo valenciano que no se merece ser tratado así".

El presidente de los populares riojanos y presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, mostró su "apoyo" y "solidaridad". En un comunicado, expresó su "confianza en la honestidad y honorabilidad" del presidente de Valencia, ante las informaciones aparecidas en los últimos días.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha afirmado que asume con "absoluta tranquilidad y paz" su implicación, aunque ha admitido estar "indignado" con algunas informaciones que se están publicando.

Por último, el grupo socialista en Les Corts Valencianes ha anunciado que solicitará la convocatoria de un pleno "extraordinario, urgente y monográfico" sobre la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional, conocida como caso "Gürtel", en el que comparezca el president de la Generalitat, Francisco Camps.

www.elmundo.es 07.03.09

La supuesta financiación ilegal del 10º congreso del PP salpica a Camps

El presidente de la Generalitat era el secretario general cuando, según Garzón, la trama de Correa cobró del evento 240.000 euros

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró ayer: "No hay ninguna cuestión, en absoluto, que pueda crear cualquier circunstancia de preocupación al respecto". Rodeado de una legión de micrófonos y cámaras, Camps -que acudió en las Cortes Valencianas a la toma de posesión del nuevo Síndic de Greuges, José Cholbi- desmintió "todas las informaciones" relacionadas con el auto del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que observa indicios de delito en su actuación y en la del secretario general del PP, Ricardo Costa. Un auto en el que, además, Garzón relata la existencia de apuntes contables en la trama de empresas que dirigía Francisco Correa que apuntan a una presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. Camps no admitió ninguna pregunta.

De la 'caja B' de la trama salieron 420.700 euros con el apunte "PP VLC"

La gravedad de los hechos relatados por Garzón se hizo ayer evidente entre los dirigentes del partido y, en especial, entre los miembros del Consell. Los consejeros acudieron al acto institucional de las Cortes en un ambiente de funeral.

El auto del juez Baltasar Garzón indica que en la memoria portátil de ordenador intervenida a José Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta de empresas, aparecen los cobros realizados por el décimo congreso regional del PP, celebrado a finales de septiembre de 2002 en el recinto de Feria Valencia.

La memoria portátil incluye dos apuntes demoledores. Uno realizado correctamente por importe de 90.151 euros y otros cuatro, que suman 150.412 euros, en dinero B (fuera del control fiscal) abonados en efectivo y referidos al décimo Congreso del PP de la Comunidad Valenciana.

Las fechas en las que se celebró el décimo congreso regional del PP fueron las de máximo poder de Eduardo Zaplana, que tan solo dos meses antes había sido nombrado ministro de Trabajo por José María Aznar. En una operación política sin precedentes, Zaplana designó al vicepresidente del Consell y secretario general del PP, José Luis Olivas (hoy presidente de Bancaja), como su sustituto temporal al frente de la Generalitat. Y a Francisco Camps, entonces delegado del Gobierno, como secretario general del PP y candidato en las elecciones autonómicas de 2003. Cuando se celebró el décimo congreso, Camps era el secretario general del partido.El décimo congreso regional del PP se celebró según la voluntad de Eduardo Zaplana. Así, José Joaquín Ripoll, entonces miembro del Consell y ahora presidente de la Diputación de Alicante, presidió el cónclave. Y Juan Manuel Cabot, vicesecretario regional del PP, según anunciaba entonces la página web del partido "supervisó hasta el más mínimo detalle para que la apertura del Congreso se desarrollara tal y como estaba previsto".

Francisco Camps, flamante secretario general del PP por designación de Zaplana, fue reelegido en este cónclave. "Los temas contables los llevan los secretarios generales" argumentó ayer uno de los dirigentes de la cúpula popular de la época. "Nosotros todos los actos los montamos con ellos [las empresas de Correa] porque nos lo decía Madrid y nosotros nos ocupábamos del tema político, pero el que firmaba y pagaba era el secretario general", insistió el popular. Fuentes de la actual dirección del PP insistieron en que era Zaplana quien controlaba de forma férrea toda la organización "Todo el mundo sabe quién mandaba", indicaron.

El auto de Garzón, que contiene errores, documenta cuatro apuntes contables en dinero negro por importe de 150.000 euros, aunque se atribuye la facturación a Orange Market. Los pagos se fechan en diciembre de 2002, aunque Orange Market no se constituyó hasta julio de 2003. Es de suponer que los pagos se realizaron a otra empresa de la trama de Francisco Correa, que ya había trabajado con Special Events en Valencia.

Ningún responsable del PP quiso dar explicaciones sobre las otros dos referencias a una supuesta financiación irregular del partido. En la contabilidad de la caja B de la trama corrupta figura con fecha 18-12-2002 un apunte titulado "PP VLC" con una cantidad asociada de 420.700 euros "para algo relacionado con el Partido Popular de Valencia". Esta entrega está pendiente de investigar. El auto recoge, además, un apunte del 31-8-2005 con una "entrega de 15.000 euros al PP de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".

Los informes de la Sindicatura de Comptes sobre los gastos del PP en las campañas electorales ponen de manifiesto que las empresas de la trama realizaron servicios que no justificaron ante el órgano fiscalizador de la Generalitat. Así, en la campaña de 1999 quedaron por explicar facturas de Special Events por unos 60.000 euros; en las autonómicas de 2003, la misma empresa no aclaró sus prestaciones al PP por 140.000 euros y Rialgreen, SL, por otros 82.339 euros. Ya en 2007, fue Orange Market la que no justificó facturas por 175.000 euros.

www.elpais.es 07.03.09

Pérez llamó al presidente para ofrecerle una entrevista de alto nivel en EE UU

El presidente de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, llamó al presidente de la Generalitat para proponerle una entrevista con el gobernador de Nuevo México, Bill Richardson. Así se recoge en el auto del juez Garzón que señala que en las intervenciones telefónicas se puso de manifiesto que "Álvaro Pérez realiza labores de intermediación para Francisco Camps, como por ejemplo cuando trata de conseguir una entrevista con un candidato a ocupar un puesto en el Gobierno americano, y, con ello, obtener una ventaja".

El candidato más accesible demostró ser Bill Richardson, el gobernador de Nuevo México y aspirante a ocupar la Secretaría de Comercio en la primera Administración de Barak Obama.

El ofrecimiento del responsable de Orange Market al presidente de la Generalitat tuvo lugar durante el viaje que éste realizaba a Dallas y Nueva York en noviembre del año pasado. Un viaje de carácter empresarial al que acudió acompañado de buena parte de los miembros del Consell. Sin embargo, problemas de agenda y la premura de la propuesta de Pérez hicieron que Camps no aceptara el ofrecimiento de Pérez.

La entrevista entre Camps y Richardson tuvo lugar, sin embargo, tan solo un mes después. Aunque en este caso, Presidencia de la Generalitat prefirió utilizar como contacto a Ramón de Miguel, ex secretario de Estado de Política Exterior en la etapa de José María Aznar y actual directivo de Iberdrola. La entrevista de Camps con Richardson se cerró con muy poca antelación y obligó al jefe del Consell a adelantar sus planes. Richardson renunció a entrar en el Gobierno de Obama semanas después por una supuesta asignación irregular de contratas. La dimisión frustró la promesa de Camps de volver a Estados Unidos con una delegación para entrevistarse con el Secretario de Estado de Comercio americano.

El portavoz del Consell, Vicente Rambla, negó ayer enfáticamente que Pérez hubiese intermediado para conseguir una entrevista en EE UU.

www.elpais.es 07.03.09

Feria Valencia se niega a explicar sus contratos con Orange Market

El PP ha celebrado en el recinto al menos siete actos y mítines desde 2002

"No tenemos nada que decir", respondió ayer un portavoz oficial de Feria Valencia. La institución no quiso desvelar los contratos y trabajos adjudicados a Orange Market durante el tiempo que ha permanecido como empresa de apoyo en servicios de publicidad y comunicación del recinto. "Nos relacionamos con 15.000 empresas y no tenemos por costumbre exhibir las relaciones que tenemos con ellas", añadió el citado portavoz.

• La empresa de Pérez logró un contrato por 800.000 euros

• La consejera Belén Juste afirmó que "es una empresa estupenda"

La empresa que preside Álvaro Pérez, El Bigotes, imputado por el juez Garzón en el caso Gürtel, se encargó, según ha trascendido, de trabajos relacionados con la web de Feria Valencia y con el diseño de folletos institucionales. Pero el contrato más sustancioso para Orange Market fue por su cuantía -unos 800.000 euros, según fuentes de la institución-, un plan de marketing para Hábitat elaborado a iniciativa del director general, Carlos Vargas. El comité organizador de Hábitat tuvo la primera noticia de la campaña en una reunión convocada en junio de 2008 por Vargas, en la que Álvaro Pérez distribuyó entre los organizadores un material gráfico que a algunos de los presentes les pareció pretencioso por su coste, pero pobre en diseño.

Feria Valencia se ha cerrado en banda desde que trascendió la implicación de Orange Market en la trama de corrupción vinculada al PP de Madrid y Valencia. Por estatutos, la institución, asociación privada de utilidad pública, está bajo la tutela de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, cuya alcaldesa, Rita Barberá preside el patronato. A pesar de ello, el recinto apela a su funcionamiento como empresa privada para no proporcionar más datos sobre sus relaciones comerciales con Orange Market.

Belén Juste, directora de la institución ferial entre los años 2000 y 2006 y consejera de Industria y Comercio del Gobierno de Camps desde 2007, habló de Orange Market en un acto donde le preguntaron sobre posibles vinculaciones de esta empresa con el departamento que dirige. Juste negó cualquier relación de la consejería con Orange Market, pero añadió: "No puedo ni debo hacer ninguna valoración porque es una empresa estupenda".

La relación de Pérez con la institución ferial no se limita a trabajos publicitarios vinculados a los certámenes. La empresa Orange Market ha sido la principal proveedora de actos del PP valenciano y ha organizado numerosos mítines para el partido, entre ellos varios en Feria Valencia. Sin ir más lejos, la firma encabezada por Álvaro Pérez se encargó del congreso regional del pasado mes de octubre en el recinto ferial. También obtuvo un encargo menor en el congreso nacional del PP unos meses antes en las mismas instalaciones.

De hecho, Feria Valencia es uno de los escenarios preferidos del PP valenciano para sus actos. Allí celebró el partido su congreso regional de septiembre de 2002, meses después de que Eduardo Zaplana designara a Francisco Camps candidato del partido a la Generalitat y se marchara como ministro a Madrid. En noviembre de 2005, la Feria acogió la presentación de la campaña publicitaria del PP titulada Imagina más Comunidad, presentada por Camps ante 2.000 asistentes. Miles de afiliados asistieron también al mitin celebrado en enero de 2006, que convocó el PP valenciano bajo el lema Todos juntos para mantener y proyectar la imagen de Mariano Rajoy, que intervino en el acto.

A poco más de un mes de las elecciones autonómicas de 2007, Camps fue el protagonista de otro mitin en la Feria, una "fiesta" de arranque de la precampaña del PP. En octubre del mismo año, el partido organizó otro mitin multitudinario en el recinto con Rajoy y la plana mayor del partido.

La empresa de Pérez ha organizado otros tantos actos a los populares valencianos en otros escenarios como el Palau de les Arts, el Palau de la Música o el acto de arranque de campaña de Luis Díaz Alperi en febrero de 2007.

La feria y el PP

- Hábitat. Feria Valencia encargó a Orange Market una campaña de publicidad para el certamen de Hábitat.

- Congresos. La empresa de Álvaro Pérez organizó en Feria Valencia los congresos regionales del PP en 2002, y en 2008. En el congreso nacional del año pasado tuvo un encargo menor.

- Otros actos. El recinto ferial ha albergado numerosos actos del PP, entre ellos una convención en 2005 bajo el lema, Imagina más Comunidad; dos mítines con Mariano Rajoy en 2006 y 2007, y un acto de precampaña ese mismo año.

www.elpais.es 07.03.09

Un proceso contra la Generalitat

El Consell convierte el auto de Garzón en un ataque a la institución

El vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, subió ayer un peldaño más. Tras considerar, hace una semana, que el sumario que instruye el juez Baltasar Garzón era un proceso contra el Partido Popular, Rambla aseguró ayer que el auto que implica a Francisco Camps "es también un proceso a las más altas instituciones del gobierno de los valencianos".

La nueva valoración de la actuación judicial coincidió ayer con una nueva emisión de comunicados por parte de cargos del PP de apoyo a Camps y al secretario general, Ricardo Costa.

Rambla insistió ayer en la "indefensión de las personas citadas por el auto", expresó su malestar por cómo han conocido el contenido del mismo y reiteró que la Generalitat estudia "todas las acciones legales" para su defensa. En su alocución, el vicepresidente primero de la Generalitat quiso trasladar a los ciudadanos una imagen de que el Consell sigue trabajando con normalidad. Una imagen que no compartieron los periodistas, que tan solo preguntaron por la situación generada tras conocerse el contenido del auto de Garzón. Hasta el punto de que se llegó a interrogar al vicepresidente del Consell sobre si habían estudiado la posibilidad de que Camps tenga que dimitir y se convoquen elecciones anticipadas.

Rambla reiteró su confianza en la justicia y negó "todas las cuestiones a las que hace referencia el auto"

"No estamos en un proceso abierto donde los medios de comunicación han de decidir sobre cuestiones tan serias como un auto judicial", prosiguió Rambla, "no vamos a ponernos a discutir de este hecho o de otro". Rambla permaneció fiel a este guión y lo mantuvo cuando le preguntaron sobre la supuesta financiación irregular del partido; sobre su trato como jefe de campaña con el responsable de Orange Market; sobre la defensa del ex vicepresidente Víctor Campos y el ex cargo de Turismo Rafael Betoret; sobre la labor de Álvaro Pérez y sobre todas aquellas cuestiones que se le plantearon.

Por otra parte, el presidente del PP en Castellón, Carlos Fabra, insistió ayer en que pone "la mano en el fuego" por Francisco Camps, Ricardo Costa y Víctor Campos. "Los conozco muy bien y no tengo ninguna duda" de su actuación, afirmó. Fabra siguió la estrategia del PP de atacar al juez Garzón, de quien dijo que "conociendo sus antecedentes esto es solo pólvora, una mascletà en vísperas de Fallas y La Magdalena". Fabra aseguró que en el PP están "indignados pero tranquilos" y con "ganas de que haya celeridad en la tramitación" del caso porque "no tiene razón de ser". Por su parte, el diputado del PP por Castellón, Juan Costa, defendió la "honestidad" de su hermano Ricardo, "como político y como persona".

www.elpais.es 07.03.09

El director de RTVV también recibió trajes de la trama

Pedro García, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y ex jefe de prensa del presidente Francisco Camps, también aparece en el auto del juez Baltasar Garzón sobre la trama financiera que podría haber servido para financiar ilegalmente al PP y en la que varios altos cargos populares, entre ellos el propio Camps, recibieron dádivas de las empresas implicadas. Pedro García no está imputado, pero también, como Camps, como Ricardo Costa (número dos del PP valenciano), como el ex consejero de Justicia Víctor Campos y como el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret, fue obsequiado con trajes.

Los sindicatos pidieron ayer explicaciones por el tratamiento del escándalo en RTVV. La Intersindical criticó que tanto Canal 9 como Ràdio 9 dieran a la noticia, especialmente escandalosa el jueves, tras conocerse el auto, en décimo lugar, sin salir en el sumario, camuflada en unas declaraciones de Costa sin antecedentes. El tratamiento informativo fue, afirmó el sindicato en un comunicado, un ejemplo de manipulación alejado de cualquier criterio profesional.

CC OO pidió la dimisión de los directivos de Canal 9 y Ràdio 9, calificó la manipulación informativa de ambos medios como de "actuación de censores" y desvinculó esa práctica de los trabajadores. También UGT criticó el tratamiento informativo del caso Gürtel en términos similares.

www.elpais.es 07.03.09

Such defiende la calidad del trabajo de Orange Market

"¿Cómo es posible que año tras año adjudicaran el stand de Fitur a Orange Market?" La diputada socialista Isabel Lloret interpeló a Angélica Such, consejera de Turismo, sobre las adjudicaciones desde 2006 hasta 2009 a la empresa de Álvaro Pérez Alonso, imputado en la supuesta trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón. "Porque era la mejor", sentenció Such, "ya está bien de sembrar sospechas sobre la consejería cuando una investigación sobrevenida afecta a una empresa adjudicataria de un concurso".

Lloret recordó que Rafael Betoret, que era responsable del gabinete de la anterior consejera de Turismo, ha sido imputado por el juez y pidió los expedientes de los contratos con Orange Market.

Such quiso "poner las cosas en su sitio". "La consejería tramitó un expediente como cualquier otro para montar un stand en Fitur. Nadie impugnó el expediente. Se adjudicó a una empresa que está siendo investigada y cuando el juzgado lo solicitó se puso a su disposición. No es más que eso, no hay más".

Such comparecía ante la Comisión de Coordinación para aclarar las dudas de la oposición. Pero remitió a futuras respuestas por escrito los detalles de los expedientes de las sucesivas adjudicaciones a Orange Market.

O dimite o le dimiten

Serafín Castellano, consejero de Gobernación, abrió el desfile y cumplió el guión con rigor. Se extendió para detallar todos los planes y programas que desarrolla su consejería. Ni una sola palabra de los contratos con Construcciones Taroncher, la empresa que gestiona su amigo íntimo José Luis Pérez Taroncher, que durante dos años ha sido adjudicataria de obras menores por valor de 200.000 euros.

Glòria Marcos, de Esquerra Unida fue directa. "¿Cuándo va a presentar su dimisión por ese comportamiento nepotista reconocido abiertamente?" Y abandonó la comisión tras advertir que el Consell se desliza hacia "la impunidad por la prepotencia".

Mercedes Sanchordi, del PSPV, formuló la pregunta pertinente: "¿Por qué no se abstuvo en las adjudicaciones a su amigo?" Y sugirió a Castellano: "Tiene dos opciones, o dimite, o le dimiten".

Serafín Castellano fingió indignación y se aferró al papel: "Los ciudadanos nos han elegido para que las instituciones tengan la dignidad que necesitan. No tengo nada que ocultar".

www.elpais.es 07.03.09

"Urge que Camps aclare su relación con la trama"

El PSPV solicita un pleno extraordinario y posterga la petición de dimisiones

Los socialistas quieren oír de boca del presidente Francisco Camps y en sede parlamentaria que aclare su implicación en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. "No aceptaremos ni que se vaya ni que se quede sin explicar lo que ha hecho", dijo el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, tras solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario en las Cortes Valencianas. El secretario general compareció ayer tras la reunión de la ejecutiva socialista, convocada con urgencia la tarde del jueves tras hacerse público el auto de la Audiencia Nacional.

Los socialistas de Gandia lanzan una colecta para comprar un traje a Camps

Los socialistas, con Alarte al frente, no están por quemar etapas de un proceso político en el que están inmersos el PP valenciano y su líder, Francisco Camps. Cada cosa a su tiempo, sostienen en Blanquerías. En ese contexto, Alarte no pedirá la dimisión de Camps hasta que el presidente no comparezca. Tampoco está, "en este momento", por la convocatoria de elecciones anticipadas. "Si [Camps] considera que debe dimitir, que vaya al Parlamento y lo diga", enfatizó.

De momento, el PSPV-PSOE se queda con que el auto de Garzón desvela el pago por parte de la trama de sobornos en especie (al menos 30.000 euros en trajes) y apunta a la posible financiación ilegal del PP valenciano.

En este sentido, el secretario general exigió un debate "cierto y real", donde la oposición no esté maniatada por el Reglamento y pueda preguntar y repreguntar a Camps hasta dilucidar las responsabilidades políticas que procedan. El principal partido de la oposición solicita además a la dirección de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), cuyos servicios informativos han ignorado hasta la fecha el escándalo, que transmita en directo el pleno. Las sospechas verbalizadas por Alarte no acaban en los cuatro populares citados en el auto de Garzón, sino que salpican a la segunda autoridad institucional valenciana, la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Según Alarte, "también debe explicarse sobre el que fuera su jefe de gabinete [Rafael Betoret, uno de los cuatro implicados valencianos]".

A la vista de cómo el PP ha arremetido contra el instructor del caso Gürtel, el secretario general del PSPV hizo especial hincapié a Camps y a su Gobierno para que dejen de atacar a los órganos jurisdiccionales que investigan el caso.

"El Consell de Camps está colapsado y sumido en la sospecha y el presidente, investigado. No nos merecemos un Gobierno inmerso en sus propios escándalos", declaró Alarte. Y acabó con una reflexión de calado político, en la que el dirigente socialista recordó que la sociedad valenciana sufre una de las peores crisis económicas, con 415.000 desempleados, "y, desde ayer [por anteayer], una crisis institucional".

Por otra parte, el grupo municipal del PSPV en el Ayuntamiento de Gandia se ofreció ayer a realizar una colecta para comprar un traje a Camps, en una tienda de la ciudad, "y evitar así que tenga que pedir prestados trajes a nadie". El concejal socialista Vicent Mascarell lanzó la propuesta en el pleno ordinario y aseguró a este diario que los socialistas harán efectiva esta medida en los próximos días, mediante una colecta entre militantes y simpatizantes del partido "y todos los ciudadanos que quieran sumarse" para enviar el traje a la Generalitat. "No será un traje a medida, pero será comprado en una tienda conocida de Gandia, y el presidente no tendrá que recurrir a dádivas de empresas de dudosa solvencia", comentó Mascarell.

www.elpais.es 07.03.09

Such no se siente aludida por la causa pese a que Garzón señala a Fitur

El contrato del «stand» ferial pasa por las Corts sin que se aclare la acusación del juez de que se encargó a Orange Market antes de adjudicársele

El auto del juez Garzón acusa al Consell de haber encargado el stand de la Comunitat para diversas ferias, entre ellas Fitur, a Álvaro Pérez, presidente de Orange Market, con el objetivo de adjudicárselo después, al tiempo que imputa al que fue jefe de gabinete de la Agencia de Turismo desde 1995 hasta julio de 2007, Rafael Betoret, en la trama corrupta. Sin embargo, la consellera de Turismo, Ángelica Such, no se siente concernida por el proceso, que es una «circunstancia sobrevenida a una empresa» adjudicataria de un concurso que, a su juicio, no salpica a la conselleria. «No tenemos que limpiar la imagen de una conselleria que no la tiene ensuciada, que no está bajo sospecha de nada», afirmó, para sostener que su departamento simplemente, a «solicitud» del juzgado, «puso el expediente a disposición» de éste. «No es más que eso lo que ocurrió», repitió.

Such, al igual que el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, y el de Inmigración, Rafael Blasco, titular de Medio Ambiente cuando se produjo el paripé de concurso de Vaersa en favor de Orange Market, comparecieron ayer en las Corts. Al igual que el resto de consellers, explicaron su gestión sin aportar los contratos ni dar datos sobre ellos. La acusación de Garzón sobre las adjudicaciones de Fitur -5 de los 6 millones a Orange son de los stands- no fue aludida por la consellera, que sostuvo que se trató de un proceso «perfectamente tramitado» y cumpliendo la ley, que recayó en una firma «que está sometida a un proceso judicial». Such indicó que, ante la «situación sobrevenida» de que una adjudicataria «está siendo investigada en un proceso penal», ha pedido a los servicios jurídicos que informen sobre si este hecho «afecta a la tramitación normal de este concurso». La Sindicatura no reflejó «ningún incumplimiento legal, ni salvedad» por los contratos de Fitur a Orange desde 2005, dijo. La oposición denunció que la situación de su conselleria es «dramática» y le emplazó a informar.

Blasco dice que el auto es «político»

Blasco, por su parte, aseveró que «ningún juez de la Audiencia Nacional, y mucho menos, Baltasar Garzón, va a generar dudas sobre la honorabilidad de las instituciones valencianas», cuya dignidad, afirmó, «ha sido violentada por un auto que tiene una finalidad política», informa Efe.Castellano se negó a hablar de los contratos porque eso sería «hacerles el juego», contestó. Mercedes Sanchordi (PSPV) lo emplazó a «irse a su casa» por haber reconocido que contrató durante años a una empresa de un amigo y por tener un parany en una finca, ante lo que el conseller le replicó: «Dimita usted, porque dimite quien tiene algo que ocultar y yo no tengo nada que ocultar». Enric Morera (Compromís-Bloc) constató que bastaría con aportar las facturas para desacreditar la acusación a Camps por los trajes. Glòria Marcos (EU) abandonó la comisión al ver que Castellano no informaba. La última comparecencia, la de la titular de Industria, será el martes.

www.levante-emv 07.03.09

Camps supervisó como número dos del PP los gastos del congreso del presunto dinero negro

El entonces delfín de Zaplana, que también validó las cuentas, estaba en la dirección nacional. Génova envió Special Events a montar el regional de 2002, el primero que organizó la trama

La responsabilidad en la organización y en los pagos del congreso regional que el PP celebró el 28 y el 29 de septiembre de 2002, investigado por el juez Garzón y Anticorrupción por el dinero negro de ida y vuelta que presuntamente se manejó, es mancomunada. El entonces presidente del partido, Eduardo Zaplana, y el que era secretario general, Francisco Camps, supervisaron y certificaron la contabilidad de ese año, incluidos los gastos de un congreso situado bajo los focos de la sospecha. En su auto se refiere a 420.000 euros registrados en la caja "b" de Orange Market como ingresos al "PPVLC". Una cantidad supuestamente aportada como contraprestación de la trama de Correa por las adjudicaciones "amañadas" en Valencia.

En sentido de vuelta, en el archivo contable de la firma de Álvaro Pérez, aparece un registro de 150.430 euros supuestamente pagados en negro por el PP valenciano por haberle organizado el congreso. Eduardo Zaplana hacía dos meses que se había largado a Madrid, un 12 de julio de 2002, para ser ministro. En una junta directiva regional, Zaplana designó a dedo a José Luis Olivas presidente de transición por un año. Y a Francisco Camps, delegado del Gobierno desde abril, secretario general del partido en sustitución de Olivas. Era el delfín para ser candidato en 2003. El vicesecretario de organización era el zaplanista Juan Manuel Cabot.

Como número dos de la organización, Camps supervisó todas las cuentas del PP de ese ejercicio, incluida la organización del congreso regional. Al cargo de secretario general compete, entonces y ahora, la "autorización" última de los gastos y la certificación de los ejercicios contables. Queda establecido en el artículo 42 de los estatutos del partido. En el punto primero se dice que los "ejercicios económicos (...) se cerrarán a 31 de diciembre con el visto bueno del presidente, autorización del secretario general e intervención del responsable correspondiente de finanzas". Es una reproducción del artículo 55 de los estatutos nacionales. En el punto c del artículo 2 de los regionales, se fija la responsabilidad del secretario general en cuestiones de intendencia. Le corresponde, dice, "la dirección de todos los servicios del partido y la jefatura de personal". No en balde, es el secretario general quien presenta al congreso de la memoria económica.

Aquel congreso lo organizó Special Events, la firma con la que Francisco Correa recolectaba adjudicaciones del PP por toda España por obra y gracia de sus contactos directos en la dirección de Génova, donde está, según Garzón, el origen de toda la trama. Era el debut de la firma, de la que Álvaro Pérez era encargado, en congresos regionales valencianos. Igual que Zaplana, Camps estaba en la dirección nacional del PP, donde era secretario de estudios y programas.

Orange Market hizo el de 2004

El 25 de mayo de 2003, Camps se consagró en las urnas. Justo el día anterior, nació Orange Market. Fue la aclimatación corporativa de la trama a la Comunitat Valenciana para pescar contratos vía sobornos a políticos y funcionarios, según la investigación. Cobró importancia cuando en 2004, Aznar perdió el poder. El congreso de noviembre de ese año ya lo montó Orange Market como tal. Fue el primer congreso en el que Camps fue elegido presidente por los compromisarios. Ya lo era desde hacía unos meses, cuando Zaplana dimitió y le cedió el puesto. Orange Market se había llevado un contrato a dedo de Vaersa hacía unos días. Ese por el que cobró 69.310 euros como 50% de una campaña que nunca hizo.

www.levante-emv 07.03.09

Los trajes de Milano investigados por Garzón se encargaron durante la semana de Fitur

El auto apunta que Camps pidió dos trajes en Madrid el día de la Comunitat en la feria de turismo

Los trajes de Milano supuestamente pagados por la trama que investiga el juez Garzón a Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret fueron encargados en la tienda de Madrid durante la semana de la feria de turismo Fitur del año 2006, según recoge el auto de inhibición del magistrado en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. Garzón explica en el auto de inhibición que el jefe del Consell, Francisco Camps, acudió a Milano a instancias de Álvaro Pérez, presidente de Orange Market. La Generalitat había concedido a Orange Market la instalación del stand de Fitur en 2006 por valor de 1.083.925 euros. Todos los trajes comprados en la tienda de Milano en Madrid entre el 24 y el 28 de enero de 2006 costaron 15.200 euros, casi la mitad de los 34.908 euros que supuestamente pagó la trama de Correa en ropa hasta 2008.

En la relación de pagos de la trama, siempre según el auto de Garzón, constan dos pedidos en Milano a nombre de Francisco Camps. El primero tiene fecha de 24 de enero (un día antes de la inauguración de Fitur) y el segundo de 26 de enero. Francisco Camps estuvo en Madrid el 26 de enero porque se celebraba el día de la Comunitat Valenciana. El juez precisa que, según la investigación policial, el pedido del día 26 de enero corresponde a dos trajes a medida de Camps que pagó la concesionaria del stand de Fitur por 1.400 euros.

El día de la Comunitat en Fitur también consta un pedido en la tienda de Milano en Madrid a nombre de Ricardo Costa. El encargo eran trajes a medida por un importe de 2.400 euros, que según Garzón pagó Orange Market.

El auto refleja que existe un pedido del 28 de enero de 2006, el penúltimo día de Fitur, a nombre del ex vicepresidente Víctor Campos. El encargo que le ha costado la imputación a Campos eran tres trajes a medida, cinco pantalones y dos americanas, que supuestamente fueron pagados por Orange Market ocho meses después. La factura ascendió a 4.850 euros.
Rafael Betoret, el cuarto político popular valenciano bajo sospecha, era jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo cuando supuestamente recibió los trajes regalados por Orange Market. Garzón precisa en el auto que en la causa figura una reserva a nombre de Rafael Betoret del 24 de enero de 2006, un día antes de la inauguración de Fitur. La compra son tres trajes a medida, una americana y un pantalón por valor de 3.250 euros. El juez explica en el auto que Rafael Betoret acudió al establecimiento de Milano en Madrid con Álvaro Pérez.

Baltasar Garzón acusa a Camps, Costa y Betoret de recibir otras tandas de regalos de trajes de la tienda Forever Young durante los años 2006, 2007 y 2008. Los trajes que supuestamente pagó la trama a los tres políticos populares en Forever Young costaron 19.708 euros.

Según el auto de Garzón, Camps recibió cinco pantalones, un cinturón de piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour, una chaqueta de fantasía, un smoking y un chaleco blanco. La segunda tanda de pedidos de Camps, siempre según Garzón, costó 8.083 euros y supuestamente fue abonada por las firmas Orange Market (que montó el stand valenciano en Fitur entre 2005 y 2009), Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral.

La segunda máxima autoridad de la Comunitat Valenciana, la presidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, era consellera de Turismo en 2006. Martínez manifestó ayer, en relación a las adjudicaciones del stand de Fitur a Orange Market durante los años en que ella fue consellera de Turismo (de 2003 a 2007), que "todo se hizo por concurso libre, abierto, con todo tipo de garantías, se ofertó a la mejor de las propuestas, con los preceptivos informes". "Luego, lo que cada uno hiciera, no voy a opinar al respecto", dijo, dejando claro que no pone la mano en el fuego por nadie más. El expediente que requisó la policía, el de 2009, se tramitó en cambio por procedimiento negociado sin publicidad. Martínez insistió en que "siempre se ha obrado con una transparencia exquisita y dentro del marco de la ley".

Sáenz de Santamaría asume el regalo de los trajes y le resta importancia

La portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el comportamiento del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha sido "honorable" y criticó que el juez hable de "una trama generalizada de corrupción" "por unos trajes".
En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Sáenz de Santamaría explicó que para que un ilícito penal se tendrían que haber recibido esos trajes "en contraprestación de algo" y añadió que en el auto de Garzón "no queda bien acreditado". Es más, señaló que en los autos de Garzón tampoco esta clarificada la recepción de tales trajes, "si se han recibido, si no y quién los ha pagado".

Por eso, la dirigente popular considera sorprendente que se hable de trama generalizada de corrupción "sencillamente por cambiar de vestuario". "Una trama, que dicen generalizada de corrupción, de adjudicación de grandes contratos, por unos trajes", recalcó.

Sáenz de Santamaría insistió en que Camps, ha tenido un comportamiento "honorable" durante toda su trayectoria política, y que para arremeter contra su honorabilidad son necesarias "más pruebas".

www.levante-emv 07.03.09

Camps niega los hechos pero no ofrece ninguna explicación

El presidente y Rambla confían en la Justicia, ahora que la causa va el TSJ, cuando hace dos semanas hablaban de campaña contra el PP

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareció ayer ante los medios de comunicación, nada más concluir la toma de posesión del Síndic de Greuges, para negar los graves hechos que el auto de Garzón le achaca. Sin embargo, ni Camps, ni el portavoz del Consell, Vicente Rambla, ofrecieron ninguna explicación sobre los presuntos regalos en trajes recibidos de empresas de la trama de Correa, en especial Orange Market, contratistas de la Generalitat por al menos 6 millones de euros. Ni negaron haber adquirido las prendas ni aportaron justificantes de los pagos. Ni por cuenta propia ni del departamento de Protocolo. Camps terminó su declaración, dio media vuelta y se fue, dejando a un periodista con la pregunta en la boca.

«Obviamente estoy indignado por las cosas que se dicen y se proponen», fue el arranque de quien habría recibido, según el auto de Garzón, 12.783 euros en vestuario en pedidos de 2006 y de 2008. «Pero asumo con absoluta tranquilidad y paz el momento que corresponde», agregó para asegurar que confía «plenamente en la Justicia». «Estoy convencido de que hará justicia», proclamó solemne. La misma confianza expresó Rambla en su comparecencia.

Hace apenas dos semanas, cuando el 19 de febrero trascendió que Anticorrupción implicaba al presidente en la causa, éste habló de campaña orquestada contra el PP y citó la célebre frase que atribuyó a Brecht sobre la persecución de los nazis. Ahora que la investigación se traslada al TSJ valenciano, los populares han recobrado su fe en el poder judicial. Camps espera que al final «todo acabe como creo que tiene que acabar». «Porque obviamente no hay ninguna cuestión, en absoluto, que pueda suscitar cualquier circunstancia de preocupación», dijo. El presidente aseguró que en la vida «hay circunstancias que hacen a uno estar más fuerte», para añadir que está «con la conciencia tranquila, con la honorabilidad de 20 años al servicio de distintas administraciones y con la fuerza que me da sentir el cariño y el calor de tantas personas». Por eso confesó sentirse «más acompañado que nunca», concluyó.

Tanto Camps como el resto de los consellers y miembros de la dirección del PP que se dejaron ver ayer hicieron esfuerzos por aparentar normalidad, pero los rostros los delataban. Tras la reunión del Gobierno autonómico, el vicepresidente Vicente Rambla compareció para, en nombre del Consell, «negar los hechos a los que hace referencia el auto». ¿El asunto de los trajes o los supuestos pagos al PP en negro? «Por supuesto que no a las dos cuestiones», sentenció Rambla. El portavoz denunció que se ha abierto un «proceso público, un juicio sumarísimo» a «las más altas instituciones de los valencianos». Para combatir los «hechos falsos» que cuestionan la «imagen y honorabilidad del presidente» y de los otros implicados, anunció que interpondrán «cuantas acciones judiciales hagan falta». ¿Contra Garzón también? «No se ha concretado se están viendo las posibilidades y vamos a estudiar todas las acciones», reiteró.

Rambla permitió preguntas pero no dio respuestas. Se enrocó y en cada cuestión respondía que no pensaba entrar en aspectos de la causa para no alimentar un «proceso público abierto en la plaza pública». No contestó a nada. Tampoco a si Álvaro Pérez, de Orange Market, medió para lograr la entrevista con Bill Richardson, gobernador de Nuevo México.

www.levante-emv 07.03.09

El presidente valenciano y su 'número dos' recibieron 20.000 euros en ropa

Implicados el diputado Ricardo Costa y los ex altos cargos Campos y Betoret

El juez Baltasar Garzón accedió ayer por fin a la petición del PP y de la fiscalía de inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que investigue presuntos delitos de cohecho (soborno), tráfico de influencias y falsedad que se imputan al presidente valenciano, Francisco Camps, que también lo es del PP en la región.

• Garzón cuenta con testimonios sobre la utilización de la 'caja B'

La medida, sin embargo, conllevó que el juez desvelase los indicios documentales que acreditan que Camps aparentemente se lucró de unos pagos en especie procedentes de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa por un valor total de 12.783 euros. Los pagos se hicieron en trajes. Hay 4.700 euros de Milano, aunque no se ha podido acreditar del pago de 3.300, y cuatro trajes hechos a medida fueron devueltos. El resto es de la firma For Ever Young. El pedido a ésta era de: "cinco pantalones, un cinturón piel, una deportiva, una chaqueta austriaca, una americana sport, una deportiva Barbour y una chaqueta fantasía, las cuales suman, según los recibos de venta, un importe total conjunto de 2.689,5 euros". Las dádivas se completan con un smoking confeccionado para ir a Nueva York y un chaleco blanco, para una recepción en el Vaticano, que el representante de la trama corrupta en la Comunidad Valenciana Álvaro Pérez encargó para Camps.

Los pagos los hacían empresas de la trama de Correa y los camuflaban con facturas falsas. Garzón destaca que la red de Correa obtuvo a través de la empresa Orange Market la adjudicación desde 2006 a 2009 de todos los concursos para montar los stands de la Comunidad en distintas ferias de turismo como Fitur, TCV, Expovacaciones, Sitc e Intur. En total, más de cuatro millones de euros.

Pero Camps no fue el único beneficiario de los pagos en ropa. Otro aforado, el diputado de las Cortes Valencianas y secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa Climent, aparece implicado en la misma operativa, y lo mismo ocurre con José Víctor Campos Guinot, que fue vicepresidente de la Generalitat y consejero de Justicia y Administraciones Públicas hasta 2007, y con Rafael Betoret Parreño, que fue jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, también hasta 2007.

Las pruebas existentes son abundantes, y Garzón dispone de la mayoría de las facturas, y la contabilidad de la caja B que utilizaba la trama para acreditar los pagos, pero por si ello no fuera suficiente, cuenta con las declaraciones del sastre que realizó los trajes, José Tomás, que incluso cuando estaba declarando ante la policía el 9 de febrero recibió múltiples llamadas de Camps, a las que no contestó. La que explica la operativa y detalla que las facturas se pagan con fondos de la caja B y que luego se disimulan con facturas falsas, es Isabel Jordán, en su declaración ante el juez.

Garzón lo explica así: "Una vez producidas las declaraciones de José Tomas e Isabel Jordán y analizadas las facturas y documentos presentados por la entidad Forever Young, así como las anotaciones contables intervenidas en la sede central del entramado y documentación de Orange Market, se puede afirmar que se habría utilizado a una o varias empresas para disimular facturas que ocultaban los productos reales supuestamente entregados en forma gratuita al Sr. Camps, haciendo aparecer en las mismas, como se dirá, conceptos falsos". "Así", dice el auto, "en lo que, según Isabel Jordán, era la caja B de Easy Concept, aparece un apunte sin fecha por el mismo importe en el debe y el haber de 63.220 euros y como concepto figura 'entradas y salidas de milan', que se referiría a las compras hechas en la empresa Milano. Asimismo, aparecieron sendas facturas números 1012 de fecha 15/12/2005, la factura 1013 de 11/10/05 y la 1014 de 8/10/2005, emitidas por Milano Difusión, en las dependencias de la entidad Easy Concept Comunicación, aparentemente falsas".

Los hechos se remontan a la etapa entre 1996 a 2004, cuando Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del PP o bien, una vez que obtenían un cargo público facilitaban la entrada a sus empresas. Los cambios en la dirección del PP de 2004 le afectaron y Correa se refugió en Valencia y Madrid principalmente, por medio de Special Events, y su representante Álvaro Pérez.

La operativa fue similar. Así, una sociedad sin experiencia obtuvo la realización de los stands de la Comunidad Valenciana para cuatro ferias de turismo. Fue Isabel Jordán desde Madrid la encargada de preparar el proyecto técnico y de diseño que presentaría Orange Market como propio.

www.elpais.es 06.03.09

Cuatro figuras del PP regional con el mismo sastre

El auto de Garzón remitido ayer al Tribunal Superior de Justicia de Valencia considera que hay indicios de delito sobre cuatro altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana.

- Francisco Camps. Licenciado en Derecho, casado y con tres hijos, Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, de 46 años, accedió al cargo en 2003 y fue reelegido en 2007. Su primer mandato al frente de la Generalitat estuvo marcado por su enfrentamiento con Eduardo Zaplana, lo que no impidió que potenciase la política de grandes eventos heredada de su antecesor. Su afición por los "actos potentes" con gran escenografía le hizo congeniar con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, convertido en una especie de asesor de cámara. Pérez fue quien le recomendó al sastre José Tomás, empleado de Milano y Forever Young. Orange Market ha organizado todos los eventos del PP regional y ha recibido sustanciosos contratos de la Generalitat.

- Ricardo Costa. Secretario general del PP valenciano y portavoz en las Cortes Valencianas, Costa, de 36 años, permaneció fiel a Camps cuando su hermano, el ex ministro Juan Costa, planteó la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la de Mariano Rajoy en el PP. Costa contrató la mayoría de los eventos del partido y del grupo parlamentario con Orange Market. Es socio de una asesoría en Castellón, que medió en la compra de una de las empresas del caso Fabra.

- Víctor Campos. Representó la cuota del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el Gobierno valenciano en la anterior legislatura. Ocupó los puestos de consejero de Justicia, primero, y vicepresidente, después. Dimitió en 2007 para dedicarse a los negocios. Como vicepresidente participó en la organización de la visita del Papa y los contactos para llevar la fórmula 1 a Valencia. Fabra lo repescó en octubre pasado para el PP provincial de Castellón.

- Rafael Betoret. Concuñado de Carlos Fabra, Betoret accedió al puesto de jefe de gabinete de la Consejería de Turismo con Milagrosa Martínez en la primera legislatura de Camps. En 2005, con Betoret ya en este puesto, Orange Market obtuvo el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Al ser nombrada Milagrosa Martínez presidenta de las Cortes en 2007, Betoret pasó a jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

www.elpais.es 06.03.09

La investigación apunta a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano

La contabilidad de la trama registra un pago de 420.000 euros

La investigación del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía Anticorrupción apunta a una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana a través de la trama corrupta de empresas liderada por Francisco Correa.

• Aguirre acusa a Garzón de recibir "regalos" de mayor cuantía que los de Camps

• En las 'cuentas B' de Special Events aparece el pago a 'PP VLC'

• Gastos del congreso regional se abonaron en dinero negro

Este grupo empresarial "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede nacional de la calle de Génova y que convirtieron a su empresa, Special Events, en la que acapararía la mayor parte de los actos de promoción de dicha formación política", según el relato de Garzón. "Durante ese tiempo, 1996 a 2004, Correa desarrolló un conjunto de relaciones y contactos que le permitieron crear un círculo de personas que o bien le concedían la organización de eventos merced a su posición dentro del partido o bien, una vez que obtenían un cargo público, facilitaban la entrada de las empresas de Francisco Correa en la Administración que gobernaban".

En el caso de Valencia, la financiación ilegal del PP llegaría a través de la adjudicación de contratos por parte de la Administración autónoma, gobernada por Francisco Camps, a la red de empresas de Correa. Éste, a su vez, devolvía supuestamente una parte del dinero recibido en forma de contratos mediante ingresos a favor del PP valenciano.

En el auto de inhibición que Garzón firmó ayer se relatan una serie de hechos, cuya investigación está sin concluir, que avalarían la tesis de la financiación ilegal del PP. Son los que siguen:

"En la contabilidad B de Serrano [la calle donde tenía su sede principal la red corrupta] aparece una hoja de ingresos y su distribución con un apunte de fecha 18 de diciembre de 2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece 'PP VLC', con una cantidad asociada de 420.000 euros".

- Algo relacionado con el PP. "El dinero recibido, 420.000 euros, se distribuyó para algo relacionado con el PP de Valencia. A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:

1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponde 420.000 euros hacia el Partido Popular de Valencia.

2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas de Francisco Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.

3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación".

- Clave Bruja. "En el archivo Caja B Orange [en relación a la empresa Orange Market que operaba en la comunidad valenciana y que dirigían Correa y su socio Álvaro Pérez] de la memoria externa intervenida al contable de la organización y con la clave "Bruja", aparecen entradas y salidas de la caja B. Se nutren con dinero de distintas procedencias, entre ellas consta el apunte de 31 de agosto de 2005 recibido de Pablo Crespo [otro socio de la red corrupta] entrada del PP de Valencia. El apunte del 23 de enero de 2007 refleja una entrega a Pablo Crespo para pago Milano [tienda de ropa] por 4.821 euros. Conclusión: figura un apunte de entrega de 15.000 euros al Partido Popular de Valencia procedente de la caja B de Orange Market".

- Congreso regional de Valencia. "En el pen drive [memoria portátil de almacenamiento de datos para su lectura en un ordenador] intervenido al contable aparece un archivo con el nombre Congreso regional de Valencia, desde septiembre de 2002 a enero de 2003, conteniendo los siguientes apuntes:

El 10 de diciembre de 2002 cobro en A por valor de 90.181 euros y cuatro cobros en B en efectivo por un importe de 150.421 euros recibidos en efectivo".

[El Congreso al que se refiere es el X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia el 28 de septiembre de 2002].

- Conclusión. "El pago por los gastos de organización del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por Orange Market y abonados por el Partido Popular valenciano se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B fuera del control fiscal y en efectivo".

Las relaciones de la trama de empresas de Correa con el PP valenciano fueron denunciadas por sendos informes del Tribunal de Cuentas en las últimas elecciones autonómicas. Los auditores públicos se quejaron en las conclusiones de su informe de que las empresas de Correa no entregaron al Tribunal de Cuentas las facturas que permitían justificar los gastos que el PP declaró durante la campaña electoral en la Comunidad Valenciana.

www.elpais.es 06.03.09

ANTICORRUPCIÓN ULTIMA EL INFORME SOBRE LA POSIBLE IMPLICACIÓN DE FRANCISCO CAMPS 

La Fiscalía Anticorrupción ultima el informe que el juez Baltasar Garzón le pidió sobre el caso Gürtel y su posible inhibición, según dijo ayer el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien aseguró que se presentará hoy o, en todo caso, a lo largo de esta semana. 

El pasado día 25 Garzón dio a la Fiscalía 48 horas para que informara de si, ante la presunta implicación en el caso de parlamentarios nacionales del PP, debía remitir la causa al Tribunal Supremo. También hay, al parecer, diputados autonómicos madrileños y valencianos, entre los que podría estar el presidente Francisco Camps, que aparece citado en las grabaciones aportadas al sumario. 

El fiscal general recordó que el asunto depende de Anticorrupción y de sus profesionales "altamente cualificados, absolutamente imparciales y objetivos", por lo que, para emitir su dictámen sobre el caso, requieren el tiempo necesario. 

(www.levante-emv.com, 04/032/09)

CAMPS CALLA Y ELUDE HABLAR DEL SUMARIO QUE INVESTIGA GARZÓN 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se refugió ayer en el silencio para no tener que pronunciarse sobre el sumario que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Camps prefirió incluso renunciar a valorar el buen resultado del PP en las elecciones gallegas y vascas para evitar verse en la tesitura de tener que responder a otras preguntas relacionadas con Orange Market; el informe de Fiscalía Anticorrupción que lo implica en la trama de corrupción por unos trajes mencionados en una grabación; o las reuniones mantenidas con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa. 

El jefe del Consell se mantuvo ayer firme a la estrategia establecida por su equipo a finales de la semana pasada: hacer caso omiso de todo lo relacionado con el sumario que investiga el juez Garzón y transmitir imagen de un gabinete activo y preocupado por la crisis económica. 

En este contexto se enmarcó ayer la presentación de la estrategia logística de la Generalitat 2008-2015. Un acto celebrado en el edificio del Reloj del puerto de Valencia que se volverá a repetir en los puertos de Castellón y de Alicante y, nuevamente, en Valencia. 

En esencia esta estrategia puesta ya en marcha por el Consell consiste en constituir hasta 2015 un total de ocho plataformas logísticas de mercancías con conexión ferroviaria, cuatro de las cuales estarán vinculadas a los puertos de Valencia, Sagunto, Alicante y Castellón. Las otras cuatro está previsto que se ubiquen en Vinaròs-Benicarló, Utiel, Vallada y Villena. 

Estas plataformas pretenden aprovechar la red ferroviaria convencional y el corredor mediterráneo. Camps volvió a recurrir a la grandilocuencia: "Decidir lo que es el centro del planeta le corresponde a cada sociedad y el lugar donde nos encontramos es nuestro potencial". 

Aunque no hay presupuestos consignados para estas infraestructuras, la intención es que puedan conectar mediante vehículos pesados con los nodos principales de transporte en menos de una hora. 

Camps resumió la propuesta de la Generalitat de manera muy simple: "Les proponemos un documento, un vídeo y un lugar donde discutir". Para Camps es importante que los agentes que, en la práctica, han de hacer posible el desarrollo de la Comunidad Valenciana como plataforma logística tengan claro el esquema que tiene en mente la Administración valenciana. En este sentido, volvió a reiterar su anuncio de crear un consejo de desarrollo estratégico, donde estarán representados los empresarios, las universidades, los institutos tecnológicos y todos aquellos sectores que tengan algo que aportar con relación a los planteamientos logísticos. 

Durante el acto, Camps estuvo arropado por un buen número de consejeros y altos cargos, diputados, las cúpulas empresariales y ediles del equipo de gobierno popular. La Delegación del Gobierno no estuvo representada, pese a que las grandes infraestructuras aeroportuarias son competencia de la Administración central. El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar, no supo indicar por qué la Zona Logística de Valencia sigue sin poder ser utilizada. 

(www.elpais.com, 03/032/09) 

DE ROSA INCUMPLIÓ LA LEY SI EN SUS REUNIONES CON CAMPS LO ASESORÓ SOBRE SU IMPLICACIÓN 

Ni cobrando, ni gratis. Ni en un despacho oficial ni en un domicilio particular, ni en el bar de la esquina. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por ejemplo Fernando de Rosa, como árbitros que son tienen la obligación legal de desarrollar su actividad con dedicación exclusiva y les está tajantemente prohibido desempeñar cualquier otra tarea, pública o privada, "por cuenta propia o ajena, retribuida o no", además de la propia de su cargo.  

Así de contundente es la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando, en el artículo 117, establece el régimen de incompatibilidades de los integrantes del órgano de gobierno de los jueces. Para que no quede ninguna duda de que el asesoramiento en materia legal está claramente incluido entre las tareas proscritas, el apartado segundo del artículo 389 de la citada ley, lo subraya: "el cargo de juez o magistrado [incluye a los miembros del CGPJ] es incompatible con todo tipo de asesoramiento jurídico, sea o no retribuido". Así pues, con la ley en la mano, el vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, tendría un serio problema jurídico, al margen del político, si se demostrara que en las reuniones que mantuvo con el presidente Francisco Camps y varios consellers y altos cargos asesoró sobre el escenario judicial que podría plantearse si el jefe del Consell es implicado en la trama. 

Esas citas en casa propia o en territorio institucional tendría al menos tanto recorrido que la rocambolesca estanmpa del juez, el ministro de justicia y toda la cornamenta de los muflones y venados abatidos en la cacería de Jaén que acabó costándole el cargo al ministro Fernández Bermejo. Aquello fue un desliz político en toda regla. De hecho, allí se especuló con el motivo de las conversaciones si las hubo. En los al menos dos encuentros mantenidos por De Rosa con Camps no hay, ni por la agenda ni por el escenario, orden del día lúdico que explique el encuentro entre dos amigos y unos cuantos agregados. 

El primero de ellos, del que informó este diario, se produjo el 13 de febrero en el domicilio del magistrado y ex conseller de Justicia, en la Avenido Barón de Cárcer. El segundo tuvo lugar una semana después en el Palau de la Generalitat. Preguntado por este diario sobre el contenido de la reunión en su casa, De Rosa se limitó a contestar: "No voy a contar lo que hago en mi vida privada", tras señalar que ni confirmaba ni desmentía la reunión. Fuentes oficiales de Presidencia se instalaron en la misma versión, aunque destacaron que entre Camps y su ex subordinado De Rosa hay "una relación personal, que es muy conocida". No obstante, a esa reunión acudieron al menos dos consellers y algún otro alto cargo. El encuentro se celebró el día que los periódicos publicaron el auto del juez Baltasar Garzón en el que se desenmarañaba el entramado de 23 empresas montado por Francisco Correa, Pablo Crespo Sabaris y Antoine Sánchez, entre otros, para, a través del presunto soborno a políticos y funcionarios, lograr contratos de la Administracion y desviar los fondos a paraísos fiscales.

Ese mismo día trascendió, además, que el magistrado apreciaba "serios indicios" de que aforados del PP podrían estar implicados. En ese contexto se habría convocado, según fuentes solventes, el improvisado gabinete de crisis para evaluar la situación jurídica y política en casa de Fernando de Rosa. En un edificio propiedad de la familia del ex conseller en el que hace años estaba la sede del PP valenciano, concretamente en la primera planta. El jueves 19 de febrero, de buena mañana, en la tertulia de Canal 9, De Rosa soltó la traca al afirmar que si Garzón no se inhibía en la causa a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación". "Puedo decir que si yo fuera juez y en un procedimiento hubiera la más mínima sospecha de que hubiera un aforado, la responsabilidad del juez es paralizar el procedimiento y remitirlo al órgano competente". "Al presidente de la Generalitat sólo lo puede investigar el TSJCV", concluyó.

Al cabo de unas horas, De Rosa visitó el Palau. El número dos del CGPJ aseguró a este diario que había ido a recoger teletipos. Salió así al paso de las informaciones sobre una reunión, a la que también habría asistido el ex ministro Michavila, de un minigabinete de crisis. El vicepresidente Rambla también participó en el encuentro. 

(www.levante-emv.com, 03/032/09) 

EL ALCALDE SE NIEGA A RESPONDER SI CONTRATÓ CON LAS 200 EMPRESAS DE IMPUTADOS EN LA TRAMA DE GARZÓN 

El alcalde de Castelló, Alberto Fabra, se niega a responder por escrito y ha desestimado las 199 preguntas del grupo socialista sobre los posibles contratos del ayuntamiento con 201 empresas vinculadas a personas imputadas en la supuesta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón en la operación Gürtel. La postura del primer edil queda reflejada en un decreto que él mismo firmó el pasado viernes y en el que argumenta que responder a las cuestiones del PSPV "implicaría una lesión del principio de eficacia administrativa y rompería la marcha normal del trabajo en las secciones del ayuntamiento".  

Como contrapartida, el alcalde facilitó ayer al grupo socialista un tomo con un listado en papel de los 75.000 proveedores contratados por el ayuntamiento desde el año 2003. Eso sí, dicho listado no especifica ni la cantidad ni las cuantías de los contratos. Además, el PSPV no podrá cotejarlos a través de una base de datos digital y deberá repasar las empresas, una a una, en formato impreso. 

La respuesta de Alberto Fabra llega una semana después de que el vicealcalde, Javier Moliner, ofreciera a la oposición en declaraciones públicas el "acceso a cualquier expediente de contratación del ayuntamiento".  

El portavoz socialista, Juan María Calles, advirtió ayer que el alcalde "no ha dado la respuesta que pedíamos y sigue sin decir claramente si ha contratado a empresas vinculadas al caso Gürtel; si había una sospecha la semana pasada, ahora esta se amplía ante la negativa del señor alcalde. Y por eso mismo advertimos que vamos a seguir investigando y vamos a pedir más documentación, porque nuestras preguntas se presentaron en tiempo y forma".  

A juicio de Calles, resulta importante para los ciudadanos "preservar las actuaciones municipales de toda sospecha" y descartar posibles vínculos con la investigación de la Audiencia Nacional que implica Orange Market S.L. -mercantil que organizaba actos del Partido Popular- por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos y tráfico de influencias. 

Con este argumento en la mano, el portavoz socialista requirió que se informe a la oposición de los posibles contratos firmados con mercantiles vinculadas, los importes y las fechas de autorización de los mismos. 

(www.levante-emv.com, 03/032/09)

EL CONSELL DESFILA POR LAS CORTES PARA NEGAR PAPELES A LA OPOSICIÓN 

Los tres vicepresidentes del Consell coincidieron ayer al esgrimir la crisis económica para restar importancia a los requerimientos de la oposición sobre los contratos de la Generalitat con empresas implicadas en la supuesta trama de corrupción y blanqueo que investiga el juez Baltasar Garzón. Ninguno aportó ningún detalle al respecto ni respondió a ninguna pregunta. 

Gerardo Camps dice que cumplirá todo lo que exije el Reglamento

El portavoz Vicente Rambla dibujó el esquema general a primera hora. Arrancó con una extensísima exposición de las líneas generales de gestión de su consejería. 

Los tres portavoces de la oposición calificaron la presentación inicial como "una falta de respeto", una "tomadura de pelo" o "un cachondeo". Luego expresaron sus sospechas en intervenciones con el tiempo tasado. "¿Qué relaciones mantiene el Consell con Orange Market y el resto de empresas que investiga el juez?", preguntó Glòria Marcos, de Esquerra Unida. "¿En qué se han gastado la partida de gastos diversos para asistencias técnicas que se ha disparado hasta 1.627 millones de euros en los tres últimos años?", siguió Mónica Oltra, de Compromís. Y el socialista José Camarasa cerró: "Queremos el expediente completo del contrato con Orange Market para la fiesta de salida de la Volvo Ocean Race, cuándo se anunció, dónde, cuánto tiempo, ¿hay constancia documental de este hecho?" 

"Piden los mismos papeles que ya tienen, los conocen mejor que las partes", respondió desafiante Rambla, "pidan lo que quieran pero no embarullen al Gobierno de la Generalitat". Camarasa replicó con una proposición de ley para constituir un registro de contratos menores que se adjudican sin concurso público, un registro que también ha pedido Compromís.El presidente de la Generalitat anunció las comparecencias de todos sus consejeros durante la última sesión de control a la que se sometió ante el pleno de las Cortes. Francisco Camps, que fue relacionado ese mismo día con la supuesta trama corrupta que investiga la Audiencia Nacional, aseguró que los consejeros responderían a todas las dudas de la oposición "con tranquilidad, transparencia, sentido de la lealtad y responsabilidad". 

Pero las comparecencias sin una comunicación previa no cumplieron su cometido. Juan Cotino, vicepresidente tercero, llegó a invitar a los diputados a visitar la sede de su consejería: "Estamos a su disposición para ver el expediente que quieran". Una prueba flagrante del escaso contenido de toda su comparecencia. 

Gerardo Camps, vicepresidente segundo y consejero de Hacienda, situó la escena en el mismo contexto que Rambla. "Estamos en un momento crucial de nuestra historia, no nos perdamos en cosas que no interesan a nadie, no es el momento de hablar de un sumario judicial que es secreto". Camps apeló a la Sindicatura de Comptes o a la difusión de la Cuenta General de la Generalitat para presumir de transparente. Pero hizo oídos sordos a la insistencia de Cristina Moreno, portavoz socialista, en conocer detalles sobre la adjudicación de "la acción Hospitality America's Cup" por parte de la sociedad pública Valencia Community Investments (VCI). "¿Tiene algo que ver con que Alberto Dorrego de Carlos fuera vicesecretario del consejo de VCI?" Alberto Dorrego es socio director del despacho de abogados Eius que ha trabajado para José Luis Ulibarri, titular de 13 de las 40 concesiones de Televisión Digital Terrestre adjudicadas por la Generalitat en 2005. 

No obtuvo respuesta. La diputada socialista ilustró el absurdo de la situación al entregar a Rafael Maluenda, presidente de la Comisión de Coordinación ante la que comparecieron los consejeros, una relación de las empresas vinculadas a la supuesta trama que investiga el juez Garzón. Maluenda hizo saber que desconocía el sentido de aquel papel, "sin membrete ni fecha de registro", y aclaró que él no estaba autorizado para recibirlo ni para trasladárselo al vicepresidente económico. 

Gerardo Camps lamentó "la interpretación burlesca" del Reglamento de las Cortes, invocó la necesidad de la norma "que determina cómo se deben hacer las cosas" y prometió: "Dígame qué expediente concreto le interesa que yo le responderé". 

Pero Moreno recordó cómo había reclamado en varias ocasiones el mismo expediente adjudicado por la VCI con todo lujo de detalles y apenas recibió un informe sobre las atenciones a visitantes extranjeros. 

Josep María Pañella, que sustituyó a Mònica Oltra cuando le tocó el turno al vicepresidente tercero Juan Cotino, fue sincero. "No sé qué hacemos aquí", le dijo al consejero de Bienestar Social tras la larga exposición de las líneas generales de su gestión. 

El socialista Antonio Torres sí solicitó información sobre los actos contratados por la fundación semipública Tolerancia Cero a Orange Market. También requirió detalles sobre los conciertos con las 20 residencias de mayores en cuyo capital participa la familia Cotino. 

El consejero de Bienestar Social reiteró que los conciertos con residencias de mayores se acordaron antes de su llegada y volvió al guión: "Repiten un estribillo porque creen que está de moda, pero todo son acusaciones basadas en falsedades". 

(www.elpais.com, 03/032/09)

El Consell adjudicó sin concurso una obra de 8 millones en Vila-real

La Sindicatura considera injustificado el contrato del centro de tecnificación

La Generalitat Valenciana, a través de la sociedad pública Ciegsa, adjudicó sin concurso público la segunda fase de construcción de un centro de tecnificación deportiva por 8,2 millones de euros. El volumen de la adjudicación no sólo exigía que se convocara un concurso público al que pudieran acceder todas las empresas interesadas, sino que, además, exigía su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, donde tampoco se anunció el proyecto, tal como manda la ley.

La sociedad pública se limitó a pedir a tres empresas que aportaran presupuestos para, finalmente, adjudicar la II fase del centro de tecnificación deportiva de Vila-real a la UTE formada por Lubasa y Ocide. Esta UTE ya se había hecho, meses antes, con la construcción de la primera fase del centro que, por el contrario, sí fue adjudicada por concurso, por un importe de 11,4 millones de euros. La fórmula seguida para la II fase, la del procedimiento negociado sin publicidad, está permitida en los casos en los que las obras o servicios no exceden del millón de euros, cantidad que esta adjudicación sobrepasa con creces. Ocide ha salido en los últimos días a la palestra ya que fue adjudicataria, junto a José Luis Ulibarri, uno de los imputados en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Garzón, del Hospital de Llíria.

La desmesura de la adjudicación irregular, dado el importe de la obra, llevó al Síndic de Comptes a incluir el contrato en su informe sobre las cuentas de 2008, en el que tan sólo se recoge una muestra de los contratos y formas de adjudicación, a partir de los datos facilitados por la propia Ciegsa, en el que la "importancia cuantitativa" y la "forma de adjudicación" son los criterios de selección.La adjudicación por procedimiento negociado y sin publicidad del centro de tecnificación deportiva de Vila-real no se limitó a la segunda fase de construcción. Ciegsa contrató también, de esta manera, la asistencia técnica del proyecto, es decir, la redacción de los proyectos básico y de ejecución de las obras de instalaciones, por un importe total de 605.000 euros. Esta adjudicación mereció también la atención del Síndic de Comptes que, en su informe de 2008 sobre las cuentas de la sociedad pública, revisó también el contrato de asistencia.

El informe de la sindicatura incide en las advertencias realizadas en años anteriores y que, sin embargo, continúan siendo desoídas por la administración autonómica. Así, expone cómo, pese a que la Ley de contratos así lo exige, la empresa pública Ciegsa no justifica, "debidamente", el porqué recurre a técnicos no funcionarios para la realización de este tipo de trabajos. El informe sostiene que, en los expedientes revisados, no se justifican "la insuficiencia, la falta de adecuación o la conveniencia de no ampliación de los medios personales y materiales con que cuenta la administración para cubrir las necesidades que trata de satisfacer a través del contrato".

Pero no es ésta la única cuestión que no justifica la sociedad pública sino que, además, el informe incide que, en el caso de los contratos por procedimiento negociado sin publicidad, como el caso de la asistencia técnica del centro de tecnificación deportiva de Vila-real, la previsión hubiera podido evitar este tipo de fórmulas. "Cabe señalar que no se considera justificada la utilización de dicho procedimiento porque el motivo alegado por la Consejería hubiera podido evitarse de realizarse a tiempo las debidas previsiones".

El proyecto de la segunda fase del centro deportivo de Vila-real consiste en la construcción de una residencia para 48 estudiantes de alto rendimiento y 12 monitores. Además, incluye una piscina climatizada de ocho calles. Estas instalaciones han de complementar el pabellón polideportivo cubierto que formaba parte de la primera fase del proyecto que se levanta sobre un suelo recalificado y cedido por el Ayuntamiento de Vil-real a favor de la Generalitat.

La adjudicación del centro de tecnificación es uno de los múltiples reparos que el informe de la Sindicatura de Comptes recoge sobre los contratos de Ciegsa, sociedad presidida por el Consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, que, por lo tanto, es el máximo responsable de la gestión de esta sociedad. La gestión de esta empresa pública no ha sido únicamente fiscalizada por la sindicatura, en lo referente no sólo a las adjudicaciones sino también a los precios que alcanzan las obras y a la selección de persona. La sindicatura, en su último informe, también destaca un problema contable detectado en Ciegsa, la sociedad constituida para construir colegios e institutos y otros centros públicos.

Por su parte, el PSPV, en múltiples ocasiones, ha denunciado en las Cortes la gestión ineficiente, los sobrecostes en las construcciones y la opacidad en la información.

www.elpais.es 01.03.09

El Consell no alimentará el "circo" de la trama corrupta

Rambla elude las preguntas sobre los últimos escándalos

"Nos vamos a dedicar a trabajar y no a generar dimes y diretes, filtraciones y comunicaciones en relación a un proceso que se está instruyendo y que, cuando se acabe de instruir tendrán las opiniones que correspondan al contenido de esa instrucción". Con esa sentencia, el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla, respondió ayer al rosario de preguntas relacionadas con la actuación de la Generalitat y de su presidente, Francisco Camps, en relación con la trama de empresas corruptas vinculadas al PP que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Rambla se refugió en el argumento popular que considera que el sumario que instruye el juez Garzón es "un proceso abierto" al PP y remachó que no se referirá a ningún aspecto del sumario hasta que se levante el secreto judicial.

Con este argumentario, repetido una y otra vez, Rambla eludió valorar las informaciones que indican que el presidente de la Generalitat llamó insistentemente a su sastre de Madrid mientras éste se encontraba declarando ante la policía sobre la supuesta relación de Camps con alguno de los implicados.

El vicepresidente primero tampoco quiso opinar sobre la reunión de Camps y otros altos dirigentes del PP en el Palau de la Generalitat con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ex consejero, Fernando de Rosa. Un encuentro que tuvo lugar el día después de conocerse que el informe de la Fiscalía Anticorrupción menciona a Camps en relación con la trama corrupta.

El portavoz del Consell eludió pronunciarse sobre este encuentro y otro mantenido el día 20 en el domicilio del propio Fernando de Rosa, la misma semana en la que habían detenido en Valencia al responsable de Orange Market, SL, Álvaro Pérez Alonso, quien recomendó a Camps el sastre de Madrid.Tras tres semanas consecutivas de escándalos relacionados con el PP a raíz de la investigación del juez Garzón, el Consell optó ayer por refugiarse en la ley del silencio. El vicepresidente primero Vicente Rambla realizó un ejercicio de diplomacia para responder a todos los requerimientos de los periodistas sin dar respuesta alguna que no fuese la férrea voluntad del Consell de no contribuir a alimentar las filtraciones.

El portavoz del Ejecutivo valenciano tampoco quiso pisar ningún charco en el resto de escándalos que salpican al Consell. Rambla volvió a insistir en que no tiene constancia de más relaciones con Orange Market que las que ya se han hecho públicas.

Respecto a la situación del consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que tiene un parany (un arte de caza ilegal) en una finca de la que es copropietario y ha reconocido que adjudicó obras a un promotor amigo suyo, el vicepresidente fue escueto: "Se ha explicado adecuadamente. Nada que añadir".

Tampoco quiso Rambla hablar de la conversación en la que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, presumía de la cantidad de gente que había colocado y ponía como ejemplo al ex director territorial de Educación, Francisco Baila, que facilitó la matriculación de niños en un colegio concertado de la provincia.

"No tenemos constancia de esas supuestas regularidades. Si alguien lo hace se estudiarán dentro del imperio de la ley al que está sometido el gobierno", dijo Rambla. Comisiones Obreras denunció el caso de Baila al fiscal después de que la Consejería de Educación hiciese oídos sordos y ahora está pendiente de que la Audiencia Provincial decida si hay motivo para abrir juicio o no.

El vicepresidente tampoco aclaró si los servicios jurídicos de la Generalitat preparan la defensa del presidente Camps ante la hipótesis de una imputación.

Pero si el Consell optó ayer por refugiarse en la ley del silencio, los populares valencianos empezaron a preparar la contraofensiva en el terreno político. El secretario general del PP, Ricardo Costa -que el jueves aseguró desconocer la reunión que tuvo lugar el pasado día 20 en el Palau de la Generalitat con De Rosa, pese a que él mismo estuvo, según indicó ayer Público- mostró ayer su "indignación" con los ataques a Camps. El presidente de la Diputación y del PP provincial de Valencia, Alfonso Rus, indicó que propondrá a su equipo realizar un acto con militantes en apoyo del presidente de la Generalitat. Lo que supone el inicio de una movilización política en defensa de Camps.

www.elpais.es 28.02.09

Barberá dice que la cita con De Rosa y Camps no fue "una reunión como tal"

La alcaldesa asegura que fue a ver al presidente valenciano para darle su apoyo

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, admitió ayer que el jueves y viernes pasado fue "muchas veces" a estar con Francisco Camps pero que no es "consciente" de "ninguna reunión entendida como tal". Fue la respuesta de Barberá a las preguntas de los periodistas por el encuentro mantenido el pasado viernes entre Camps y otros dirigentes de su partido, entre los que se encontraba la regidora, justo un día después de que la prensa desvelara que la Fiscalía implica al presidente valenciano en el caso Gürtel.

Según adelantó ayer Público, al Palau de la Generalitat también acudió el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y ex conseller valenciano de Justicia, Fernando de Rosa. Ese mismo día, De Rosa atacó al juez instructor del caso, Baltasar Garzón, afirmando que el magistrado podría estar cometiendo prevaricación.

La Generalitat no hace valoraciones hasta que acabe la instrucción del caso

La alcaldesa, en declaraciones recogidas por Europa Press, defendió ayer que se entrevistó con el presidente para transmitirle su apoyo: "Sí fuí allí sin concretar cuándo, a estar lógicamente con el presidente, como cualquier persona a compartir la situación de indefensión en la que este proceso kafkiano nos ha introducido a todos los miembros del PP".

Barberá indicó que "allí había gente que se acercaba a darle un abrazo o le llamaban por teléfono", aunque afirmó no ser "consciente de ninguna reunión entendida como tal". La alcaldesa aludió al factor emocional para explicar sus encuentros con el presidente valenciano: "Somos personas que tenemos sentimientos", y añadió que esos sentimientos "tienen que aflorar siempre, pero sobre todo en los momentos más importantes".

La de Barberá fue la única explicación que el PP valenciano ha dado en los últimos dos días sobre la reunión del pasado viernes. Los otros dos dirigentes conservadores que también estaban en el Palau de la Generalitat, Vicente Rambla y Ricardo Costa, se han negado a hacer valoraciones. Rambla, vicepresidente del PP valenciano, se negó ayer a contestar a cualquier pregunta relacionada con la investigación de la presunta trama de corrupción. Anunció que esperará a que la instrucción esté terminada para hacer "todas las valoraciones que correspondan".

"El gran problema de Camps es ganar elecciones", afirma Vicente Rambla

"Proceso abierto al PP"

El vicepresidente valenciano repitió los argumentos que maneja el PP valenciano desde que se conoció la presunta implicación de Camps en la trama.

Rambla habló de un "proceso abierto al PP". Y se refirió al éxito electoral del PP en el País Valenciano como origen de la investigación judicial: "El gran problema de esta comunidad y del president Camps es ganar elecciones, tener el respaldo electoral de la sociedad valenciana de manera continuada y no ser cómodo para el gobierno de Rodríguez Zapatero", afirmó. 

www.publico.es 28.02.09

CAMPS TELEFONEÓ OCHO VECES A SU SASTRE MIENTRAS ÉSTE DECLARABA SOBRE LA TRAMA 

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps (PP), telefoneó en numerosas ocasiones al sastre que le había recomendado Álvaro Pérez, El Bigotes, el jefe valenciano de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que montaba actos y viajes del PP durante los años de José María Aznar. Las llamadas se produjeron cuando el sastre José Tomás, que trabajaba en la tienda que la firma de moda Milano tiene en la calle de Serrano de Madrid, declaraba ante la policía antes de pasar a disposición del juez Baltasar Garzón. 

Su teléfono estaba intervenido por orden judicial, lo que permitió a los investigadores conocer las llamadas que hacía y que recibía. Durante la declaración, el sastre tenía su teléfono apagado, pero quedaron registradas las insistentes llamadas de Camps, hasta ocho, según detalló ayer El Confidencial.com citando fuentes de la investigación. Un portavoz del Gobierno valenciano rechazó aclarar a EL PAÍS el motivo de las llamadas: "No vamos a comentar nada sobre ese asunto". 

Camps negó desde el primer momento que hubiera recibido regalos en forma de trajes de la red corrupta que dirigía Álvaro Pérez en Valencia a través de la empresa Orange Market. Y llegó a amenazar con querellas a quien sugiriese que había tenido tratos con la trama. 

El presidente valenciano visitó a su sastre en Madrid en varias ocasiones, incluso cuando éste cambió de empresa y fichó por la franquicia Forever Young. El Gobierno valenciano ha reconocido ya que el presidente Camps encargó cuatro trajes en la tienda Milano de Madrid en las fechas previas a la visita de Benedicto XVI a Valencia, en julio de 2006. Nunca llegó a pagarlos porque los devolvió debido a que no le gustaron los arreglos que le habían hecho, según la versión del Ejecutivo valenciano. 

Una de las colaboradoras de Francisco Correa, Isabel Jordán, señaló en una conversación grabada y aportada al sumario que los miembros de la trama habían pagado 30.000 euros en trajes para el presidente Camps. 

Orange Market, la empresa de Correa en la Comunidad Valenciana, ha recibido más de seis millones de euros en contratos de distintas consejerías del Gobierno de Camps, algunos de ellos sin publicidad y por procedimiento negociado. Además, ha montado la inmensa mayoría de los actos electorales del PP valenciano. Los responsables de la trama se ufanaban en conversaciones privadas, cuyas grabaciones por parte de un ex concejal del PP están incluidas en el sumario, que en la Comunidad Valenciana lograban contratos con suma facilidad por sus relaciones con los dirigentes del Gobierno autónomo.

La fiscalía, en contestación a un escrito del juez Baltasar Garzón, solicitó la semana pasada la inhibición total del magistrado en este caso al encontrar indicios de delitos en cargos políticos del Partido Popular que, por su calidad de parlamentarios, son aforados y tienen que ser juzgados en los tribunales superiores de Justicia de sus comunidades autónomas. Entre los cargos a los que la fiscalía implicó en las prácticas ilegales de la red corrupta de Francisco Correa estaba Francisco Camps, que calificó de falsas todas las imputaciones. 

(www.elpais.com, 27/02/09) 

EL SASTRE DE MILANO EN MADRID RECIBIÓ OCHO LLAMADAS DE CAMPS MIENTRAS DECLARABA ANTE EL JUEZ GARZÓN 

Los nervios generados por la profusión de investigaciones en torno a la Operación Gürtel pueden haber llevado al jefe del Consell, Francisco Camps, a cometer un error de bulto, de esos capaces de dejar muy tocado políticamente a un cargo de alta relevancia pública. Según una información publicada ayer por el diario digital El Confidencial.com un empleado de la tienda Forever Young de Madrid y antiguo encargado de Milano en la capital de España recibió en su teléfono móvil ocho llamadas del presidente de la Generalitat mientras prestaba declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. La información alude a una persona con la iniciales J. T. Todo indica que se refiere a José Tomás, el responsable de tienda que mantenía relación con el presidente de Orange Market, Álvaro Pérez, y que la Fiscalía investiga después de que una de las imputadas aludiese en una grabación a que había pagado "una factura de 30.000 euros en trajes" para Camps, aunque después negó haber dicho eso. 

José Tomás fue llamado a declarar en dos ocasiones. Tras su primera comparecencia alertó desde su teléfono móvil a algunos de los imputados e implicados en la trama sobre los asuntos en los que Garzón estaba interesado. Tomás no sabía que el aparato, al igual que el de muchos de sus interlocutores, estaba intervenido. Esas conversaciones han servido para ampliar las investigaciones de la policía sobre la trama.  

Fue en su segunda declaración ante Garzón, cuando Tomás, que tenía el móvil apagado, recibió hasta ocho llamadas de Camps que quedaron registradas por el "pinchazo" de la Policía Judicial, según sostiene el diario digital. Fuentes de Presidencia ni confirmaron ni desmintieron estos datos: "No tenemos nada que decir". Otras fuentes de la Generalitat trataban de quitar trascendencia a las llamadas en el caso de que se hubieran producido. "Hablando contigo me acaban de entrar siete llamadas perdidas; eso no quiere decir nada", afirman. Otro cargo del PP que ha tratado con Camps sostiene lo siguiente: "Conociendo su carácter compulsivo no me extrañaría nada". 

La Fiscalía ha implicado a Camps en su primer informe e investiga varias facturas de empresas controladas por Francisco Correa. Una de ellas por valor de 5.000 euros. 

(www.levante-emv.com, 27/02/09) 

CAMPS REUNIÓ A SUS FIELES Y AL NÚMERO DOS DEL CGPJ 

El número dos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, se encontraba el viernes de la semana pasada en el Palau de la Generalitat cuando el presidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Camps, se reunió también con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, y tres miembros del núcleo duro del PP regional, confirmaron a Público fuentes del Ejecutivo valenciano. Los tres miembros del equipo de Camps que acudieron a la cita son el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y el portavoz del PP en las Cortes autonómicas, Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano. 

El jueves 19, un día antes de aquella ajetreada jornada en la sede de la Presidencia de la Comunidad, Camps se había enterado por la prensa de que el fiscal le implica en la trama corrupta que presuntamente operaba en instituciones gobernadas por el PP y que ha dado origen al caso Gürtel. El viernes 20, el mismo día en que se reunió con Camps, De Rosa insinuó públicamente que el juez Baltasar Garzón prevarica por no inhibirse en el caso pese a la presencia de aforados.  

Los testigos que ya informaron el miércoles a este periódico de que el vicepresidente del Poder Judicial se había entrevistado con Camps ese viernes, relatan cómo De Rosa llegó al Palau a última hora de la mañana y aún permanecía en el edificio cuando  ya avanzada la tarde, se marcharon Michavila, Rambla, Barberá y Costa. 

Juez en excedencia, consejero de Justicia de Valencia hasta hace cinco meses y adalid de la “honorabilidad” de su antiguo jefe, De Rosa negó anteayer no sólo que se hubiera reunido con Camps sino, también, que ese día hubiera visto en el Palau de la Generalitat a Michavila o a algún conseller. El vicepresidente del órgano que vela por la independencia judicial mintió en su conversación con este periódico al negar que hubiera estado en el Palau. Tres horas más tarde, un portavoz que habló en su nombre sostuvo que De Rosa sí había ido al cuartel general del Gobierno valenciano, pero no para ver a Camps sino para “recoger teletipos”. 

El vicepresidente del Poder Judicial ya se había visto justamente una semana antes con el presidente de Valencia. Pero, a diferencia de la reunión del 20 de febrero, la cita del viernes 13 se produjo en el domicilio de De Rosa, en una céntrica calle de la capital valenciana. En ese fecha ya se sabía que, en una conversación grabada por la Policía, la imputada Felisa Jordán aseguraba haber abonado una factura de 30.000 euros para “pagarle los trajes a Camps”. El presidente de la Comunidad Valenciana llegó a casa de De Rosa  sobre las siete y media de la tarde.  

Ayer, este periódico intentó de nuevo que De Rosa aportase una explicación sobre sus  dos recientes contactos con Camps, ambos posteriores al momento en que el presidente de Valencia, que goza de aforamiento gracias a su condición de diputado autonómico, tuviera noticias de que está siendo investigado. “De Rosa no va a hablar de reuniones privadas en su casa porque forman parte de su vida privada”, respondieron fuentes oficiales del Poder Judicial. 

Respecto a la reunión del viernes 20 en la sede de la Presidencia del Gobierno valenciano, De Rosa se limitó, a través de la misma fuente, a remitirse al “desmentido de Michavila”.  

Aunque el vicepresidente del Poder Judicial se escudó en Michavila, el desmentido del ex ministro resulta vago. Porque, según Michavila, sí se vio con Camps pero -adujo ayer- lo hizo sólo para mostrarle su solidaridad. El bufete de Michavila asesoró al empresario José Luis Ulibarri, propietario de negocios inmobiliarios y de medios de comunicación e imputado en el caso Gürtel.  

Hasta ahora, el Gobierno valenciano ha rehusado pronunciarse sobre la reunión de Camps con De Rosa.  Se pidió a su gabinete de prensa que el presidente aclarase las circunstancias en que se produjo la presencia simultánea del vicepresidente del Poder Judicial y de los cuatro dirigentes del PP antes citados. Hasta ahora, la Generalitat ha rehusado comentar la reunión de Camps con el vicepresidente del Poder Judicial y se ha limitado, como De Rosa, a remachar que no existe el menor parecido entre este caso y el de la cacería de Bermejo y Garzón. 

(www.publico.es, 27/02/09) 

EL PODER JUDICIAL REITERA SU APOYO A GARZÓN Y LA CENSURA A SU VICEPRESIDENTE 

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, sin introducir modificación alguna, la declaración institucional hecha pública el pasado martes por su Comisión Permanente en defensa de la independencia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y en la que se pide "el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional".

La declaración se produce en respuesta a la entrevista ofrecida en Canal 9 por el vicepresidente del propio Consejo, Fernando De Rosa, quien manifestó que Garzón podría "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación", en el caso de no inhibirse de la operación Gürtel. 

De esta forma, De Rosa apoyaba públicamente al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cuyo nombre había saltado a los medios como posible imputado en la trama de corrupción. De Rosa fue conseller de Justicia en el Gobierno de Camps hasta el pasado mes de septiembre. 

La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó ayer que De Rosa había reiterado ayer el contenido del escrito que presentó el martes pidiendo disculpas por su actuación y explicando que sus declaraciones fueron realizadas a título personal. 

El vicepresidente remarcó su "profundo respeto a la independencia judicial", según Bravo, que calificó de "constitucional" el tono del debate en el momento de decidirse sobre este punto del orden del día. Por otra parte, eludió pronunciarse sobre la información hecha ayer por el diario Público sobre una reunión que habrían mantenido De Rosa y el presidente valenciano, Francisco Camps, el pasado viernes, día en que realizó las declaraciones de apoyo al presidente de la Generalitat y la crítica a Garzón. 

 El texto, que responde a una iniciativa propia del CGPJ, pues Garzón no ha solicitado formalmente su amparo a este órgano, señala que "ni desde el Consejo General del Poder Judicial -en referencia a su vicepresidente, Fernando de Rosa- ni desde otros Poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento".
Hay que recordar que el PP le dio un ultimátum a Garzón para que dejara el caso y ya hay en los juzgados varias querellas por prevaricación. 

(www.levante-emv.com, 27/02/09) 

EL 'NÚMERO DOS' DEL PODER JUDICIAL FUE A VER A CAMPS EL DÍA QUE ATACÓ A GARZÓN 

El presidente de la Comunidad valenciana, Francisco Camps, se entrevistó en secreto el pasado viernes en el Palau de la Generalitat con el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, según ha podido confirmar Público en fuentes del Gobierno autonómico. Ese mismo día, De Rosa insinuó públicamente que el juez Garzón estaba cometiendo prevaricación por no inhibirse en el caso Gürtel y definió al líder del PP valenciano como una persona "absolutamente honorable".  La reunión se produjo cuando ya se sabía que Camps, también diputado autonómico, es uno de los aforados presuntamente implicados en la trama de corrupción que operaba en instituciones públicas donde gobierna el PP.  

A través de un portavoz del Poder Judicial, Fernando de Rosa, consejero de Justicia valenciano hasta hace cinco meses, aseguró anoche a preguntas de este diario que el pasado viernes acudió al Palau de la Generalitat "para recoger los teletipos" de las reacciones provocadas por sus declaraciones. Tres horas antes, había mentido a Público, al negar que hubiera acudido al Palau de la Generalitat. Las fuentes que hablaron en nombre del vicepresidente del CGPJ pusieron especial énfasis en negar cualquier paralelismo entre este encuentro y la cacería en la que coincidieron Garzón y el ya ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo, que terminó dimitiendo el lunes tras la campaña de acoso del PP. 

Dos testigos de la Generalitat vieron al vicepresidente del Poder Judicial: en la sede del Palau y con Camps. Un dirigente del PP, que exigió el anonimato, corroboró luego el relato de ambos testigos: la reunión existió. 

El vicepresidente del CGPJ admitió su visita a la sede de la Presidencia valenciana sólo después de que este diario le transmitiera, primero personalmente y luego a través de sus colaboradores, que la noticia estaba confirmada. Magistrado en excedencia, De Rosa intentó convencer a este periódico de que no había pisado la sede de Camps con el argumento de que por la mañana había estado ocupado con dos entrevistas y la presentación de un libro, y que luego había pasado la tarde en su casa de Valencia con su mujer. 

La jefa de prensa de Camps, Nuria Romeral, se negó a lo largo de dos conversaciones telefónicas con Público a confirmar o desmentir si tal reunión se había producido y sobre qué tema había versado. En la primera conversación, Romeral dijo que, la tarde del viernes, Camps "estuvo en el Palau en reuniones privadas". Dos horas después, negó haber dicho eso. "No informo de la agenda privada del presidente", fue su disculpa para evitar pronunciarse al respecto. 

A las diez y cuarto de la noche, finalmente, un portavoz del Poder Judicial admitió que Fernando de Rosa sí había estado en el Palau, pero insistió en que sólo para recoger "faxes porque en su casa de Valencia no tiene fax". Diez minutos después, el mismo portavoz sostuvo que, en realidad, De Rosa había ido al Palau por la tarde para "recoger teletipos".  

Es "absolutamente falso" que se viera con Camps, había asegurado el propio De Rosa, con voz tajante y solemne, a las siete de la tarde. Por la noche, las fuentes del Consejo que hablaron en su nombre se aferraron a que no se había entrevistado con el presidente valenciano, sino que se había encontrado con su jefa de prensa, Nuria Romeral.  

Pero, simultáneamente, se esforzaron por minimizar la importancia de que el número dos del órgano de gobierno de la judicatura se hubiera podido ver con quien durante años fue su jefe en el Gobierno de la Comunidad Valenciana. "Con sus declaraciones ya se retrató", adujo el citado portavoz. 

(www.publico.es, 26/02/09) 

PRESIDENCIA SE CONJURÓ CON LA VOLVO OCEAN PARA OCULTAR LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

La Generalitat contrata con opacidad. La Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat suscribió en julio de 2006 con la Volvo Event Manegement -propietaria de los derechos de la regata de la vuelta al mundo- un contrato confidencial donde se estipulaban las condiciones para que la Volvo Ocean Race saliera en octubre del año pasado del puerto de Alicante. Entre los documentos entregados la pasada semana por el Consell -dos años después de que lo solicitara el Grupo Socialista en las Cortes- no está el contrato suscrito por la sociedad de la Generalitat y la dueña de los derechos de la regata. 

El Consell sólo entregó dos escuetos folios donde se explica que los firmantes no revelarán el contenido del contrato. "Ninguna de las dos partes, durante o después de la caducidad o terminación de este acuerdo, publicará, revelará o divulgará ninguna información confidencial de la otra parte a nadie...". Las dos partes se comprometen incluso a que "si cualquiera de las dos, debido a leyes obligatorias, es forzada a revelar información confidencial, aquella parte, antes de la revelación, avisará a la otra parte y ambas decidirán conjuntamente cómo minimizar las consecuencias del mismo". 

Un portavoz de la vicepresidencia primera del Consell dijo ayer que la confidencialidad fue una condición impuesta por Volvo Event y que este contrato ha sido auditado por la Sindicatura de Comptes. 

La organización de este evento de vela, que ha costado unos 20 millones de euros según Presidencia, arrancó el 28 de abril de 2006 con la firma por parte de la Generalitat de un acuerdo de intenciones con la propietaria de los derechos de la regata, el 6 de julio se firmó el acuerdo confidencial y el Consell lo convalidó el 14 de julio de ese año. 

La falta de transparencia de la sociedad pública no se circunscribe solo al contrato suscrito con la Volvo Event. De los cerca de 70 contratos gestionados por la Sociedad para la Imagen de la Comunidad Valenciana, la práctica totalidad se otorgaron, según consta en la documentación entregada en las Cortes, por el sistema de procedimiento negociado o contrato menor, lo que evita el concurso público y, con ello, que empresas no invitadas presenten ofertas alternativas. 

Un buen ejemplo es el contrato que la empresa de la Generalitat adjudicó a Orange Market, sociedad presidida por Álvaro Pérez, imputado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la supuesta trama de corrupción vinculada al PP. En menos de un mes, la sociedad presidida por el vicepresidente Vicente Rambla encomendó a la firma de Pérez la cabalgata con la que se festejó la salida desde Alicante de la vuelta al mundo a vela. Según el contrato, el 20 de agosto de 2008 la sociedad de la Generalitat acordó contratar la fiesta, el 1 de septiembre invitó a tres empresas a presentar ofertas, entre ellas Orange Market-. La empresa de Álvaro Pérez entregó su propuesta el 9 de septiembre y tres días después, el 12, se quedó con un contrato valorado en 445.000 euros más IVA. Los plazos fueron más que ajustados porque la fiesta de inauguración se celebró solo siete días después de la adjudicación del contrato. 

El contrato de Orange Market para la Volvo Ocean Race es solo uno de la larga lista de encargos que ha logrado Álvaro Pérez Alonso desde 2004, cuando centró sus negocios en la Comunidad Valenciana tras perder el PP las elecciones generales. Desde entonces, la empresa de Pérez Alonso, El Bigotes, ha logrado contratos en la Generalitat valenciana por valor de más de seis millones de euros. 

El número de contratos y la cuantía no están cerrados. Al estallar el escándalo, el gobierno que preside Francisco Camps sólo reconoció haber contratado con la empresa de Pérez los pabellones valencianos en Fitur entre 2005 y este año, por un montante global de unos 5,5 millones de euros. También admitió, tras destaparse la trama, que se había adjudicado por 445.000 euros la fiesta inaugural de la regata de la Volvo Ocean Race en Alicante. Pero posteriormente, los requerimientos de la oposición y las investigaciones periodísticas han sacado a la luz otros encargos. 

Así, además de las consejerías de Presidencia y Turismo, Orange Market ha trabajado para las de Medio Ambiente, Cultura y Bienestar Social. En la primera de ellas, consiguió uno de sus primeros contratos a través de la empresa Vaersa, que le encomendó en 2004 un documental didáctico sobre los contenedores amarillos que no llegó a terminar, aunque cobró la mitad del contrato, un total 69.310 euros, por entregar un guión y una maqueta. 

La empresa de Pérez también ha conseguido contratos con entidades controladas por el PP, como la Ràdio Televisió Valenciana -una cifra menor-, Feria Valencia -que no ha concretado la cantidad- y la Fundación Agua y Progreso, para la que organizó un acto de la campaña Agua para todos. La empresa también montó la carpa institucional de la Generalitat en Open de Tenis de Valencia, hizo un vídeo para el hospital Clínico de Valencia y es relacionada en el sumario que instruye Garzón con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, la Copa del América y la Fórmula 1. La Generalitat ha negado que Orange Market participase en estos tres grandes eventos. 

Orange Market es la principal proveedora de actos de la dirección regional del PP. La firma de Pérez ha organizado, entre otros, el congreso regional del PP el pasado mes de octubre; la última campaña electoral autonómica, y distintos mítines de partido. 

Pérez desembarcó en la Comunidad Valenciana de la mano de Special Events, la empresa de Francisco Correa, supuesto jefe de la trama corrupta. Con esta firma y con Orange Market trabajó en las campañas electorales del PP en 1999, 2003 y 2007. La cuantía de los contratos con el PP no se ha concretado, pero el Síndic de Comptes menciona a las firmas de la trama en varios informes sobre los gastos electorales. Sobre Orange Market, afirma que dejó de justificar facturas por servicios prestados por valor de 175.000 euros. En 2003, Special Events dejó por aclarar recibos por 140.000 euros, y Rialgreen, SL, otra firma de la trama, por otros 82.339 euros. 

Los contratos de Orange Market

- Consejería de Presidencia. La empresa se adjudicó con el ex consejero Esteban González Pons la Guía de la Comunicación. Con Vicente Rambla, logró por 445.000 euros la fiesta de inauguración de la Volvo Ocean Race. 

- Consejería de Turismo. Adjudicación de los pabellones de Fitur entre 2005 y 2009, por un importe global que ronda los 5,5 millones de euros. 

- Consejería de Medio Ambiente. A través de la empresa Vaersa, Orange Market cobró 69.310 euros, la mitad del contrato por el guión de un documental que no acabó. 

- Consejería de Bienestar Social. Dos actos de una de sus fundaciones por cerca de 32.000 euros. 

- Consejería de Cultura. Un contrato de 100.000 euros en el décimo aniversario de Castelló Cultural. 

- Feria Valencia. Servicios de mercadotecnia y publicidad, así como trabajos en la feria Hábitat, de las que la institución no ha desvelado la cantidad. 

- Fundación Agua y Progreso. Contrato de 13.502 euros para un acto de la campaña Agua para todos con Special Events, la empresa madre de Orange Market. 

- RTVV. Un servicio de transporte y montaje de mesas por 2.178 euros. 

- Partido Popular. La formación contrató con Special Events, Orange Market y Rialgreen campañas electorales en 1999, 2003 y 2007, así como numerosos actos de partido. La Sindicatura de Comptes, sobre las elecciones de 2003 y 2007, apuntó que no habían justificado facturas por 397.339 euros. 

- Otros encargos. Orange Market trabajó para el Open de Tenis en Valencia e hizo un vídeo del hospital Clínico. 

(www.elpais.com, 26/02/09) 

CON LA JUSTICIA, PALO Y ZANAHORIA 

El elevado número de cargos imputados en el Partido Popular en los últimos años, la mayoría de ellos con los casos archivados, ha condicionado la política del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hacia la judicatura. Una política caracterizada por críticas durísimas hacia los fiscales que investigan presuntos casos de corrupción relacionados con el PP. La misma política que no ha dudado en colmar de elogios y gestos amables a los magistrados más influyentes de la judicatura. 

El ejemplo más reciente son las críticas públicas de la cúpula de los populares valencianos hacia el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, cuya investigación implica, supuestamente, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la trama de empresas que dirigía Francisco Correa. "El Estado de derecho se está pudriendo", asegura la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en referencia a la instrucción del sumario de la operación Gürtel. La dirección nacional del PP, bajo la batuta del diputado por Alicante Federico Trillo, ya tiene "redactada" una querella por prevaricación si el juez Garzón no se inhibe en las próximas horas en favor de tribunales superiores.  

El Gobierno valenciano, por su parte, ha decidido congelar su decisión de personarse como acusación en el sumario que instruye Garzón tras el escándalo generado a raíz de las declaraciones del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ex consejero de Justicia de la Generalitat, Fernando de Rosa. Unas declaraciones en las que De Rosa advirtió a Garzón de que podía incurrir en prevaricación y que ayer analizó el propio CGPJ.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no ha sido el único blanco de los populares valencianos.  

Ya en octubre de 2006, la dirección regional del PP llegó a anunciar la creación de una comisión para evaluar la legalidad de las decisiones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, ante la investigación de casos que afectaban al presidente de la Diputación de Castellón, los alcaldes de Alicante, Torrevieja y Orihuela y a Terra Mítica, el parque de atracciones impulsado por la Generalitat. 

Los populares llegaron a incluir en esta comisión política, entre otros, al ex fiscal jefe del TSJ Enrique Beltrán, quien se desvinculó a las pocas horas de la maniobra, y al ex presidente de la Audiencia de Castellón Fernando Tintoré. Sin embargo, el escándalo montado puso de manifiesto que Fernando de Rosa, entonces secretario autonómico de la Consejería de Justicia, había hecho gestiones para constituir la comisión política encargada de fiscalizar las actuaciones de Cabedo. 

La polémica -de la que el presidente de la Generalitat y del PP regional, Francisco Camps, se negó a dar explicaciones- no impidió que Fernando de Rosa accediese al puesto de consejero en esta legislatura y, posteriormente, fuese catapultado al puesto de vicepresidente primero del órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. 

La carrera de De Rosa no ha evitado que periódicamente se le recuerde a Cabedo desde las filas populares que está casado con una diputada socialista. Relación con la que se sugiere poca parcialidad en sus actuaciones. 

Al titular de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, tampoco le han ahorrado críticas en el PP. "Usted y yo nos ponemos de acuerdo mañana y hablamos con un fiscal de confianza e imputamos a quien nos da la gana", afirmó este fin de semana el ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, imputado en dos causas archivadas por el TSJ. 

Tan llamativa ha sido la presión de los afines del presidente de la Generalitat sobre los fiscales que el propio Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, alertó en marzo de 2007 en el Palau de la Generalitat del riesgo de desprestigio que corren las instituciones a causa de "las conductas antijurídicas" impulsadas por unos pocos. 

Pero si a los fiscales que han investigado casos relacionados con cargos del PP les han llovido críticas, a numerosos magistrados les han caído elogios. 

En las Fallas de 2007, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Francisco José Hernando fue -junto con otros miembros del órgano de gobierno de los jueces- invitado de honor de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia. 

Elogios recibió también en septiembre del año pasado el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Luis de la Rúa. Y quien no se los escatimó fue el propio Francisco Camps: "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat". 

Esa muestra de afecto es una de las razones por las cuales el grupo de Compromís preguntó sin éxito a Camps la semana pasada. El portavoz adjunto, Enric Morera, pidió a Camps que diga si pedirá a De la Rúa que se inhiba en el caso de que Garzón remita la supuesta implicación del presidente de la Generalitat en la operación Gürtel al TSJ de la Comunidad Valenciana. 

La relación entre el poder político y el judicial en Castellón también ha sido objeto de debate. El enorme retraso en la tramitación del caso Fabra ha enfrentado no solo a partidos políticos y Administraciones, sino a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Un órgano que ha llegado a discutir sobre la conveniencia de que el presidente de la Audiencia de Castellón, Carlos Domínguez, repitiera en el cargo, dada su relación manifiesta con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, imputado en varios delitos. 

(www.elpais.com, 25/02/09) 

LAS FRASES DEL PP SOBRE LA JUSTICIA 

- Camps sobre De la Rúa. En un acto oficial en septiembre de 2008, el jefe del Consell exhibió su sintonía con Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia valenciano. "Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat", aseguró Camps. 

- Barberá sobre la operación Gürtel. "El Estado de derecho se está pudriendo en España", afirmó la semana pasada la alcaldesa de Valencia tras arremeter contra las "filtraciones" del sumario de Garzón y culpar de la investigación al PSOE. 

- Díaz Alperi sobre el 'caso Mercalicante'. "Usted y yo nos ponemos de acuerdo mañana y hablamos con un fiscal de confianza e imputamos a quien nos da la gana", aseguró el ex alcalde de Alicante tras exculparle el TSJ. 

- Costa sobre el fiscal Cabedo. El secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, tildó al recién elegido fiscal jefe del TSJ Ricard Cabedo de "árbitro comprado del Gobierno de Zapatero". 

(www.elpais.com, 25/02/09) 

ORANGE MARKET SE EMBOLSÓ 69.310 EUROS POR UN GUIÓN Y UNA MAQUETA 

Un total de 69.310 euros por un guión y una maqueta de un futuro documental sobre el uso de los contenedores de basura amarillos. Ésa es la ganancia que se embolsó Orange Market, una de las empresas de la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, tras adjudicarse en un concurso supuestamente ficticio y sin publicidad el encargo de realizar un documental de ocho minutos -más una versión reducida de tres- sobre los contenedores para envases de plástico. Orange Market no finalizó el trabajo y pidió la resolución del contrato por "falta de acuerdo sobre el producto final" con Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA), la empresa dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que pidió el vídeo para mostrarlo en sus aulas medioambientales de las plantas de Alzira y Benidorm. 

Al final no hubo vídeo didáctico, pero la empresa que preside ahora Álvaro Pérez Alonso, imputado en la trama por Garzón, logró cobrar la mitad del contrato, según publicó ayer Levante. El acuerdo estipulaba el pago del 50% a la presentación del guión técnico y literario del trabajo. 

Orange Market firmó el contrato con Vaersa -lo rubricó el entonces gerente, Juan Miguel Bellver- por un total de 138.678 euros el 12 de noviembre de 2004, según confirmaron ayer fuentes de la consejería. La adjudicación se realizó mediante un procedimiento negociado sin publicidad, por lo que no fue necesario divulgar la oferta en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En este proceso sin difusión, se invitó a tres empresas a presentar ofertas. Concurrieron al encargo Orange Market, Boomerangdrive, SL, y Down Town Consulting SL, todas ellas en esas fechas con un mismo administrador único, Luis de Miguel Pérez, uno de los principales imputados en el sumario del juez Garzón. 

La singular selección entre tres empresas controladas entonces por la misma persona recayó en Orange Market, que había sido creada un año antes por el propio Luis de Miguel Pérez. La consejería rechazó ayer comentar la adjudicación, que con la normativa actual de contratos exigiría un pliego de condiciones específico. Medio Ambiente destacó que en el expediente figura la documentación requerida en estos casos y que la ganadora estaba al corriente de sus obligaciones legales, aunque no pudo concretar quién suscribió las tres ofertas o figuraba como persona de contacto. En la resolución final se destaca como mérito la "experiencia" de Orange Market, a pesar del escaso tiempo que llevaba operando en la Comunidad Valenciana. Orange Market aportó una relación de las actividades, pero sin concretar encargos. 

El contrato con Vaersa expiraba el 20 de enero de 2005, fecha tope para que la empresa entregara el documental. No llegó a terminarlo. Según los datos de la consejería, el 22 de diciembre de 2004 Orange Market presentó "el guión y una maqueta del vídeo". A partir de ahí no consta otra entrega de trabajos. Superada la fecha de finalización del contrato, figura en la documentación una carta del 27 de septiembre de 2005 del departamento de comunicación de Vaersa a la dirección de la propia entidad pública en la que se pide la prórroga. Ésta se produjo, pero no sirvió para que el proyecto llegara a buen puerto. Orange Market cobró la mitad del contrato a principios de enero de 2005 - en fecha cercana al fin teórico del acuerdo- tras entregar el guión y la maqueta, como preveía el contrato, subrayó Medio Ambiente. Dos años después, el 17 de enero de 2007, la empresa pidió la resolución del contrato "por falta de acuerdo en el producto final". 

La relación contractual se rompió oficialmente el 30 de enero de 2007. Vaersa se quedó sin documental. Pero los 69.310 euros que costó el asunto no los desembolsó la empresa pública. Según Medio Ambiente, la factura la ha asumido Ecoembes, una sociedad anónima sin ánimo de lucro compuesta por 57 empresas y asociaciones empresariales dedicadas a la gestión y reciclado de envases, papel y cartón. La comisión de seguimiento del convenio entre el Consell y Ecoembes para fomentar el reciclaje y la recogida selectiva decidió en agosto de 2004 que Vaersa se encargaría del documental. "La factura la ha pagado Ecoembes", aseguró ayer la consejería. 

(www.elpais.com, 25/02/09) 

BIENESTAR SOCIAL DIO DOS CONTRATOS A ORANGE MARKET Y SON YA CUATRO LAS CONSELLERIES CLIENTES DE LA FIRMA

No hubo departamento de la Generalitat que se le resistiera. La franquicia valenciana del conglomerado de empresas de Francisco Correa, investigado por el juez Baltasar Garzón por varios delitos económicos, también contrató con la Conselleria de Bienestar Social. Orange Market logró al menos dos adjudicaciones a dedo para montar sendos actos de la Fundación Tolerancia Cero, una entidad financiada al 50% por la Generalitat y Bancaixa y que tiene por objetivo la lucha contra la violencia machista y la realización de acciones de concienciación social para combatir esa lacra. Los encargos los recibió siendo consellera la entonces zaplanista Alicia de Miguel, quien siempre ha mantenido una buena relación personal con el presidente Francisco Camps.  

El primero de los contratos, que ascendió a 11.400 euros, se le concedió precisamente para que organizara y montara el acto de presentación de la Fundación Tolerancia Cero, que se celebró en el Museo Valenciano de la Ilustración (Muvim). Fue el 6 de marzo de 2006. Casi un año después -el 25 de enero de 2007-, Álvaro Alonso repitió como responsable de la organización de una especie de performance en la que participaron varias mujeres en un acto en el que se presentó la marca Punto final, una iniciativa de la citada fundación. Él escenario fue de nuevo el Muvim y en la presentación de esta campaña participaron la propia consellera De Miguel y el presidente de Bancaixa, José Luis Olivas. Por la actuación de ese día, la empresa Orange Market cobró 20.775 euros. El pago de los contratos se hizo con cargo al presupuesto de la Dirección General de la Mujer.  

Fuentes de la Generalitat explicaron a este diario que la entonces titular del departamento de Bienestar Social contrató a Orange Market como gesto hacia la dirección de su partido y hacia el presidente de la Generalitat y con las elecciones autonómicas de 2007 en el horizonte y la posibilidad de repetir como consellera. Según las mismas fuentes, fue una contratación cuanto menos sugerida. Alicia de Miguel negó ayer este extremo. "Nadie me obligó a nada", sentenció. Y se explicó: "En los cuatro años que estuve en Bienestar Social organicé actos de todo tipo y contratamos a un montón de empresas. Esta hizo la propuesta y ya está. Pero no fue por indicación de nadie". "La verdad es que no quedamos descontentos, aunque creo que no nos hizo nada más", explicó De Miguel.

La relación entre Bienestar Social y Orange Market eleva ya a cuatro las conselleries que han contratado con la marca valenciana de la trama. Medio Ambiente, a través de la firma pública Vaersa; la Conselleria de Turismo, vía Agencia Valenciana de Turismo y la Conselleria de Presidencia, con la Sociedad de Promoción de la Imagen de la Comunitat Valenciana, o directamente. Y al margen de todas estos departamentos, está RTVV. Turismo le adjudicó a Orange Market el pabellón valenciano en Fitur, mientras que la sociedad pública de la promoción estratégica le concedió la fiesta de inauguración del Village de la Volvo Ocean Race. La Conselleria de Presidencia, con Esteban González Pons, encargó la Agenda de la Comunicación Valenciana a la empresa de Álvaro Pérez Alonso. 

Las relaciones de la empresa que tiene a uno de sus dos fundadores -Pablo Crespo- en la cárcel por riesgo de fuga, se desarrolló unos meses antes de la campaña electoral de las autonómicas de 2007. Fue la primera cita electoral en la que el PP valenciano contrató con Orange Market, dado que las dos anteriores las hizo Special Events, empresa que estaba controlada por sociedades radicadas en los paraísos fiscales caribeños de Islas Vírgenes Británicas e Isla de las Nieves. 

La campaña de 2007, la más cara de todas las organizadas por el PP valenciano, fue encargada directamente por Vicente Rambla, que fue coordinador de los actos de aquella contienda política. En Rambla concurre la particular circunstancia de ser uno de los pocos, si no el único, que ha contratado a la firma de Álvaro Pérez desde el partido y desde la Generalitat. Fue la Sociedad de Promoción de la Imagen de la Comunitat Valenciana, dependiente del vicepresidente primero del Consell, la que adjudicó el citado montaje de la Volvo Ocean Race por 516.000 euros, IVA incluido. 

(www.levante-emv.com, 25/02/09)

El Poder Judicial pide a Fernando De Rosa que no hable más de Garzón

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, arremetió el pasado viernes contra el juez Baltasar Garzón en Canal 9, manipuladísima televisión pública de Valencia. En concreto, el magistrado aseguró que “podríamos estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación" y defendió a Francisco Camps, a quien calificó como “un buen presidente de la Generalitat". Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha criticado duramente estas declaraciones y ha exigido “el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

• El vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, ex consejero de Justicia de Camps, arremete...

• El CGPJ estudiará las declaraciones de su vicepresidente, Fernando De Rosa

• ¿Cómo es posible que el ex consejero de Justicia de Camps, vicepresidente ahora del Poder...

"Ni desde el Consejo General del Poder Judicial ni desde otros Poderes del Estado o de sus instituciones pueden dirigirse indicaciones a ningún juez o magistrado sobre el contenido de las resoluciones que haya de tomar o no en un procedimiento determinado, ni sobre la dirección de dicho procedimiento", ha señalado el órgano permanente del Consejo.

Apoyo de Carlos Dívar
La declaración en contra de las palabras de De Rosa ha contado con el voto a favor de cuatro de sus miembros (Carlos Dívar entre ellos), y solo con la oposición de la vocal Almudena Lastra.

Sin presiones
La Comisión Permanente del CGPJ destaca de forma especial la necesidad de “poner todos los medios a su alcance para evitar que los jueces y magistrados se vean sometidos a presiones que perturben el ejercicio de su función jurisdiccional que pretendan orientarla en un determinado sentido”.

Trabajó para Camps
Sin duda, esta declaración ha supuesto un duro revés a Fernando de Rosa, quien antes de ser vicepresidente del Consejo del Poder Judicial fue consejero de Justicia del Gobierno Camps.

Dimisión
Cabe recordar que este domingo, Jueces para Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) reclamaron la dimisión de Fernando de Rosa por haber protagonizado un "gravísimo ataque a la independencia judicial".

“Disculpas”
Por su parte, el ex consejero de Camps pidió “disculpas” a todos aquellos que hubieran podido sentirse “molestos o perjudicados” por unas declaraciones que realizó “a título exclusivamente personal”.

www.elplural.com 24.02.09

EL CONSELL PAGÓ A ORANGE MARKET 69.310 EUROS POR LA CAMPAÑA DE VAERSA QUE NUNCA SE HIZO 

Ni lo hizo Orange Market, ni ninguna de las múltiples subcontratas que utilizaba la marca valenciana del grupo de empresas investigadas por el juez Garzón por conformar presuntamente un tinglado de corrupción dedicado al blanqueo de dinero, fraude fiscal, falsificación de facturas y, al final de la cadena, evasión de capitales a paraísos fiscales. La "campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo" no la hizo nadie. Jamás. Ni antes del 20 de enero de 2005, como fijaba el contrato, ni en febrero, ni en marzo, ni nunca.  

La adjudicación de ese trabajo fue a dedo y pulverizó todas los récords de irregularidades posibles, como informó este diario el domingo. El contrato se firmó el 12 de noviembre de 2004 y Vaersa, sociedad 100% pública y entonces presidida Rafael Blasco, como conseller de Territorio, pagó la mitad del importe del contrato. Exactamente 69.310 euros, IVA incluido. El otro 50% debía abonarse, según el documento mercantil suscrito por las partes, al acabar el trabajo, el citado 20 de enero de 2005. Nunca se pagó ese segundo plazo porque, según documentación que obra en poder de este diario y admitió ayer un portavoz de la Conselleria de Medio Ambiente, la campaña no llegó a realizarse.  

La firma entonces manejada ya por Álvaro Pérez Alonso, aunque administrada por el también imputado Luis de Miguel Pérez, presentó, según argumenta la Generalitat, varios proyectos pero ninguno se ajustó "a la idea del tipo de campaña que se quería". "Al final se decidió por mutuo acuerdo rescindir el contrato", explican las citadas fuentes. Entonces, si no se hizo, ¿por qué no se exigió a Orange Market la devolución de los 69.310 euros que había cobrado? Medio Ambiente esgrimió ayer como respuesta que la empresa había presentado "bocetos", había "hecho grabaciones, vídeos y trabajos que tenían sus gastos". Y los gastos se tasaron en justo la mitad del contrato. Ni más ni menos. 

Resulta chocante que hubiese desavenencias entre Vaersa y la firma de Álvaro Pérez sobre la idea de campaña cuando la empresa pública no tuvo ninguna duda a la hora de adjudicarle a dedo el contrato. Es más, tan claro debían de tener el perfil de la campaña que querían que no hubo pliego de condiciones ni criterios previamente establecidos para valorar las ofertas "invitadas".

Tampoco era muy necesario si se considera que la "consulta" de los tres presupuestos que exige el procedimiento negociado sin publicidad -a dedo- era realmente un auténtico paripé. Porque los tres presupuestos, que ni siquiera constan en el expediente ni pasaron por registro de entrada, eran de empresas hermanas: Orange Market, Boomerangdrive S. L. y Down Town Consulting. Esta última es Easy Concept Comunication con su nombre anterior.  

La tres estaban administradas por Luis de Miguel Pérez, imputado en la causa y uno de los expertos fiscales que, con Ramón Blanco Balín y Pablo Crespo, diseñaron la arquitectura financiera de la trama, según Garzón. Orange Market, nacida quince meses antes del contrato, fue la valencianización fashion de la marca Special Events, la empresa controlada por sociedades de paraísos fiscales caribeños con la que Correa y Álvaro Pérez habían trabajado para el PP en las campañas electorales autonómicas de 1999 y 2003. Orange Market sumó la Generalitat a su cartera de clientes. 

El administrador único de las tres empresas que participaron en la simulación de procedimiento negociado sin publicidad convocado por Vaersa en 2004, Luis de Miguel Pérez, no pudo declarar ayer en la Audiencia Nacional como pretendía porque el juez sustituto de Garzón decidió aplazar los cinco interrogatorios previstos. Santiago Pedraz, el magistrado sustituto, decidió que los citados vuelvan el día 5, cuando en principio ya se habrá reincorporado Garzón, que está de baja por una crisis de ansiedad. Otro de los llamados a testificar ayer era Javier Nombela, quien fue apoderado de Easy Concept y, según la imputada Isabel Jordán, llevaba la contabilidad de esa sociedad hasta 2006. Nombela fue destituido por Gallardón al verse imputado por su presunta participación en la red de facturas falsas. El actual consejero delegado de Easy Concept (firma que montaba en la práctica el pabellón valenciano de Fitur), Pablo Collado, era otro de los llamados a declarar. 

(www.levante-emv.com, 24/02/09)

CAMPS ACUDIÓ EN MADRID AL SASTRE QUE LE RECOMENDÓ ÁLVARO PÉREZ 'EL BIGOTES' 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudió en Madrid al sastre que le recomendó el responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez Alonso, conocido en el partido como El Bigotes. Pérez, que está imputado por el juez Baltasar Garzón por formar parte, presuntamente, de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, era el responsable de organizar los actos de la dirección regional del PP. En especial, aquellos actos en los que aparecía el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Orange Market logró, además, varios contratos de la Administración valenciana. 

Fuentes de la Generalitat confirmaron ayer que Camps acudió recomendado por Álvaro Pérez a un sastre llamado José Tomás en la tienda que Milano tiene en la calle Serrano de Madrid. Una relación que mantuvo con el sastre cuando cambió de trabajo y fichó por la franquicia Forever Young en Madrid. 

Presidencia ya ha reconocido que Camps estuvo en la tienda Milano de Madrid, donde encargó cuatro trajes. Sin embargo, según las mismas fuentes, no le gustaron cómo estaban los arreglos de los trajes y los devolvió sin llegar a pagarlos. La compra frustrada tuvo lugar en las fechas en las que se preparaba la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, que tuvo lugar en julio de 2006. 

El presidente de la Generalita ha anunciado una querella contra la empresaria, imputada por el juez Garzón, Felisa Jordán, que en una de las grabaciones del sumario alude al pago de 30.000 euros en trajes para Camps.El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha investigado tres facturas, en especial una cuyo importe rondaría los 5.000 euros. Garzón también habría intentado averiguar si las empresas de la trama corrupta utilizaron facturas falsas para defraudar a Hacienda o blanquear dinero. 

El sastre de Milano al que Álvaro Pérez acudía y que recomendó a Camps era el mismo al que le encargaba los uniformes de los grandes eventos, incluidos los de las azafatas del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Un pabellón que Orange Market se adjudicó por primera vez en 2005 por importe de más de 1,3 millones de euros y que, desde entonces, ha ganado ininterrumpidamente. 

Álvaro Pérez se instaló en la Comunidad Valenciana después de que el PP perdiese las elecciones generales en el año 2004. Su capacidad para montar actos y eventos visualmente potentes fue una de las razones para que el presidente de la Generalitat lo eligiese como escenógrafo de cabecera. Orange Market ha organizado la gran mayoría de actos del PP en los que participaba Camps. 

La tensión del jefe del Consell a raíz de difundirse el pasado jueves que el informe de la Fiscalía Anticorrupción lo implica en la trama corrupta se hizo patente ayer en la celebración del Día de Andalucía en la plaza de toros de Valencia. 

Camps llegó alrededor de mediodía arropado por una impresionante comitiva en la que estaba la gran mayoría de los miembros del Consell, la dirección regional y provincial de Valencia del PP, diputados, secretarios autonómicos, diputados. 

La entrada de Camps en la plaza registró, por primera vez en muchos años, una ostensible pitada, que se entremezcló con los aplausos de quienes querían expresar su apoyo al jefe del Consell. 

Media hora antes de la entrada del presidente de la Generalitat había hecho su aparición la comitiva socialista, bastante menos numerosa y encabezada por el secretario general del PSPV, Jorge Alarte. La gran afluencia de cargos populares provocó una discusión entre los servicios de protocolo, ya que los populares querían desplazar a los socialistas que habían llegado antes. Finalmente la cuestión se solución con la incorporación de dos sillas más para otorgar a Camps la presidencia del acto. 

El presidente de la Generalitat tan sólo cruzo un breve y frío saludo con el secretario general del PSPV, que evitó realizar comentarios sobre los problemas que afrontan los populares. 

El reparto de sillas hizo que, finalmente, se sentase junto a Alarte el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, también inmerso en un escándalo por adjudicar obras de miles de euros a un constructor amigo suyo, con quien comparte la afición por el parany, un arte de caza declarada ilegal. 

Bajo un sol de justicia, el jefe del Consell realizó una corta intervención ante los participantes del Día de Andalucía en la Comunidad Valenciana, festividad a la que también acudió la consejera de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro. 

Camps afirmó que lleva a Andalucía en su corazón y destacó las raíces comunes que unen a valencianos y andaluces. También recordó su vinculación afectiva con varias de las imágenes que se veneran en esa tierra, como la Virgen del Rocío o de la Estrella. 

(www.publico.es, 23/02/09) 

CUATRO DE LOS DIEZ CONTRATOS PARA GRANDES EVENTOS SE HICIERON A DEDO 

Datos sobre nuevas irregularidades en la sociedad que gestiona los grandes eventos organizados por la Generalitat Valenciana. Las dos primeras auditorías que se realizaron en la Sociedad Pública de la Generalitat Valenciana en 2006 y 2007 critican la contratación a dedo de sus empleados, según reveló ayer la Cadena SER. En concreto, los informes señalan que el proceso de selección se hizo "sin publicidad, sin garantizar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad y sin que haya ningún informe que recoja por qué debe ser elegido un candidato en detrimento del resto". Los auditores comprobaron en el año 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad se hicieron a dedo. 

Más llamativo todavía es el caso de las adjudicaciones. Los informes de auditoría subrayan que todos los informes están firmados por la gerente de la entidad, sin que exista un informe previo de una Comisión de Evaluación. Y añaden, "creemos conveniente que aquellas licitaciones de cuantías significativas deben ser objeto de suficiente publicidad". Los auditores llegan a esa conclusión después de comprobar en 2006 que cuatro de los diez contratos adjudicados por esta sociedad en ese mismo año se habían adjudicado a dedo por el procedimiento negociado sin publicidad. Entre ellos los dos más caros: el patrocinio de la película de Los Borgia, que costó 1 millón de euros y el de la salida de la Volvo Ocean Race de Alicante, que supuso un desembolso de 5 millones de euros. 

Estas recomendaciones cayeron en saco roto al año siguiente porque ocho de los nueve contratos adjudicados por resta sociedad durante los mandatos de Camps se adjudicaron también a dedo y sin publicidad. 

(www.elpais.com, 23/02/09) 

UN PARIPÉ A FAVOR DE ORANGE MARKET 

Orange Market logró en noviembre de 2004, tras perder ese año el PP las elecciones generales, uno de sus primeros contratos con la Administración valenciana. La empresa, que forma parte de la trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón, logró adjudicarse una campaña publicitaria de 138.678 euros de la sociedad pública Vaersa, según publicó ayer el diario Levante. La sociedad pública de la Generalitat, dedicada al aprovechamiento energético de residuos, recurrió a un procedimiento negociado sin publicidad. 

La empresa pública, que entonces dependía del consejero de Territorio Rafael Blasco, dedició adjudicar una campaña de comunicación y sensibilización sobre el uso del contenedor amarillo mediante un procedimiento negociado y sin publicidad. Es decir, la Administración reclama a tres empresas distintas que presente un presupuesto. 

Las tres empresas invitadas a concursar tuvieron todas al mismo administrador único, Luis Miguel Pérez. Esta persona ostentaba entonces el cargo en Orange Market, Easy Concept Comunication y Boomerangdrive. Orange Market se había constituido apenas año y medio antes en la localidad de Algemesí por Luis Miguel Pérez, que suscribió la práctica totalidad de las acciones, a excepción de una que se quedó Pablo Crespo. Ambos han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como supuestos cerebros de la trama de empresas corruptas. 

Las propuestas económicas de las tres empresas a las que se invitó a participar, según indica Levante, ni siquiera fueron depositadas en el expediente del procedimiento de adjudicación. 

La razón por la cual se eligió a Orange Market fue su experiencia en este tipo de trabajos, aunque su fecha de creación era reciente. Al parecer, en el criterio de selección se tuvo en cuenta que sus orígenes estaban en Special Events, la firma de Francisco Correa. 

La adjudicación se realizó, presumiblemente, sin que se exigiese ningún tipo de garantía a Orange Market. 

La coordinadora general de Esquerra Unida, Glòria Marcos, aseguró ayer que el actual consejero de Inmigración, Rafael Blasco, debería dimitir si se comprueba que bajo su mandato como consejero de Territorio la empresa pública Vaersa contractó con Orange Market incumpliendo todos los requisitos que marca la ley. 

Marcos pidió al Consell que depure al máximo las responsabilidades y se refirió tanto a Blasco como al consejero de Gobernación, Serafín Castellano, también implicado en un escándalo de contrataciones a un empresario amigo. La responsable de Esquerra Unida también tachó de actitudes rechazables las de Carlos Fabra y Luis Díaz Alperi. 

(www.elpais.com , 23/02/09) 

FERIA VALENCIA CONTRATÓ CON ORANGE MARKET PARA HÁBITAT SIN AVISAR AL ORGANIZADOR 

Feria Valencia contrató a Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez implicada en el supuesto caso de corrupción que afecta al PP, para realizar una campaña de promoción de Hábitat al margen del presupuesto y sin el conocimiento previo de los empresarios encargados de la organización de este certamen, que integra a los sectores del mueble, la iluminación, la decoración y el textil y que es el más importante de los que se celebran en la institución. Orange Market empezó a trabajar con Feria Valencia hace algo más de un año, después de la llegada de Carlos Vargas a la dirección general en julio de 2006.
Según fuentes oficiales de la institución, ésta colaboraba principalmente con la agencia BSB (Sáez Merino) pero se le rescindió el contrato por disconformidad con su gestión. Entonces se "buscó" un sustituto y "se encontró" a "Orange Market, sin que llegara por instrucción de nadie". Lo cierto es que Feria Valencia buscó y halló fuera de la institución, ya que en esos momentos, como constata el citado portavoz, sus certámenes tenían contratadas a otras agencias. Curiosamente, afirma que sí se consultó con estas empresas para buscar a dos personas para el departamento de marketing que al final fueron contratadas por mediación de otra firma a la que también recurrió: Orange Market. Se trata de Miren Olcoz, directora, que acaba de anunciar su marcha, y Cristina Olmeda, jefa. La Feria ve normal este proceder, se negó a revelar la identidad del resto de consultoras y no contestó a la pregunta de si no habría sido más lógico tratar con alguna empresa de selección de personal.

Sea como sea, tras este trabajo, Orange Market fue contratada para otro cometido más suculento: la promoción de Hábitat. Según fuentes presenciales consultadas por este diario, el pasado mes de junio, tres meses antes de la celebración de ese certamen, Carlos Vargas reunió a los empresarios que forman parte de la organización del evento y les comunicó la contratación de una empresa -"que nos dijeron que era muy importante, pero de la que no nos dieron información"- que llevaría a cabo la promoción de esta feria. Las citadas fuentes afirman que Orange Market no estuvo presente en la reunión, en la que les dieron a conocer hechos consumados.  

Es tanto así que, en realidad, les expusieron la campaña diseñada por la firma de Álvaro Pérez. Sí les dijeron que se trataba de una iniciativa adicional a la de la propia Hábitat, es decir, que el presupuesto era suplementario al que estaba contemplado en las cuentas del certamen. "Esa contratación corría a cargo de Feria Valencia, no de Hábitat", explica una de las fuentes consultadas. La campaña no fue del gusto de todos los asistentes, pero nadie se quejó, porque el mayor gasto en promoción era una petición de los empresarios y porque "toda publicidad es buena". 

Varias fuentes consultadas por este diario apuntan que el contrato llegó hasta los 800.000 euros, gestionados por el departamento dirigido por Miren Olcoz. Feria Valencia se ha negado a dar datos sobre contratos de clientes y se limitó a decir que la institución es al final la que lo paga todo, aunque un gasto esté presupuestado en un certamen y otro en la dirección de marketing. También afirma el portavoz de la institución que "se pagó lo que costaba" y especificó algunos de los servicios incluidos, como 50 monopostes durante dos meses, varias lonas gigantes o una falla que fue exhibida en diversos lugares del país. También precisó que, además de la campaña de marketing, Feria Valencia tomó otras medidas de apoyo al sector, como un descuento del 20% en el precio del suelo. 

En cualquier caso, Orange Market es ya un proveedor del pasado para Feria Valencia. La institución asegura que la empresa no trabaja para ella desde enero. Ni se le ha encargado ningún nuevo cometido ni tiene ninguno pendiente de ejecutar. 

(www.levante-emv.com, 23/02/09) 

EL SÍNDIC DE COMPTES DENUNCIÓ EN 2004 IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DE VAERSA A LA FIRMA INVESTIGADA 

El informe de la Sindicatura de Comptes de 2004 puso de manifiesto numerosas irregularidades en los contratos de la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Conselleria de Medio Ambiente, entonces dirigida por Rafael Blasco.  

Uno de los contratos estudiados por el síndic fue, precisamente, la "campaña de sensibilización correcto uso del contenedor amarillo", de 138.000 euros, que la Generalitat adjudicó a dedo a Orange Market, la franquicia valenciana de la presunta trama de corrupción que investiga Garzón.

Vaersa otorgó aquella campaña en un simulacro de selección entre tres firmas vinculadas a la misma persona, Luis de Miguel Pérez, uno de los cerebros de la presunta trama de empresas de Francisco Correa. En la auditoría sobre la actividad contractual de la empresa de Medio Ambiente Vaersa, el síndic advierte de la insuficiencia en la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia exigidos en la ley de contratos de la Administración Pública (LCAP). 

Respecto a las anomalías particulares, el síndic censura que en algunos expedientes no fueron registradas las ofertas económicas. Esta, concretamente, es una de las incidencias de la adjudicación a Orange Market, ya que las propuestas económicas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada.Por otro lado, la Sindicatura también denunció que en algunos expedientes de contratación no aparecía el pliego de condiciones o contenía deficiencias sobre los criterios de adjudicación o el baremo a aplicar. Precisamente, en el caso de la campaña encargada a Orange Market se aplicó como única razón su experiencia, cuando la mercantil sólo contaba con un año de existencia. 

Respecto a la publicidad, los incumplimientos de Vaersa son manifiestos. Ninguna de las adjudicaciones estudiadas por la Sindicatura fue publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En el caso del contrato con Orange Market, la licitación tampoco fue anunciada en el boletín, como obliga el reglamento de la entidad pública Vaersa.  

EL CONSELL LICITÓ Y ADJUDICÓ A ÁLVARO PÉREZ EN 11 DÍAS EL CONTRATO DE LA VOLVO DE 516.000 EUROS 

En tiempo récord. El contrato que la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat adjudicó por procedimiento negociado a Orange Market, la empresa presidida por Álvaro Pérez y presunta pata valenciana de la trama de supuesta corrupción en el PP que investiga el juez Garzón, se ventiló en tan solo once días. Y ello, a pesar del elevado importe de la contrata, 516.000 euros con IVA y de la complejidad de la propuesta, la producción y montaje de la ceremonia de inauguración de la Villa de Regatas de la Volvo Ocean Race en Alicante, que tuvo lugar el 19 de septiembre de 2008. 

El contrato, entregado el jueves a las Corts por el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, refiere el proceso seguido. El 20 de agosto de 2008, la mercantil pública emite informe de aprobación del gasto y las bases que deben regir la contratación. El 1 de septiembre, se solicitan tres ofertas para presentar propuestas de adjudicación y ese mismo día se publica anuncio de licitación "para que cualquier interesado pudiera retirar en plazo el pliego de bases y presentar propuesta". El presupuesto, 500.000 euros.  

En la comisión de las Corts, Rambla puntualizó que el anunció se publicó en la "web institucional", sin aclarar cuál, ya que la sociedad no tiene página en Internet. Según explicó Rambla, recogieron el pliego tres empresas: Orange Market, Inmotion y Concepto Alternativo. Sólo optó la firma de "El Bigotes". El contrato revela que la sociedad de Pérez presentó propuesta el 9 de septiembre, ocho días después de recibir la invitación y difundirse el anuncio. Su oferta fue de 445.000 euros sin IVA, 516.000 con el impuesto, una baja del 11%, resaltó el portavoz del Consell.  

Tres días después, el 12 de septiembre, se emite el "Informe de selección y adjudicación" avalando la contratación. Ese mismo día, el 12, se firma el contrato entre Cándido Herrero Martínez, en representación de Orange Market e imputado también por Garzón, y por parte de la Sociedad Gestora, la gerente, Arantxa Vallés, y la directora general y secretaria del consejo, Dora Ibars.  

Desde el 1 al 12 de septiembre, en once días, la mercantil del Consell solventó el proceso de licitación y adjudicación en favor de Orange Market para una contrata de medio millón de euros. La capacidad de reacción de la empresa fue espectacular, ya que la ejecución del contrato abarca "desde el día de su firma indicada en el encabezamiento [12 de septiembre], hasta el día 22 de septiembre de 2008". La ceremonia de inauguración tuvo lugar el 19 de septiembre, 18 días después de la invitación y 7 de la adjudicación.

Según el propio documento, la prestación de servicios "no se encuentra sujeta a regulación armonizada" por la ley de Contratos del Sector Público, de forma que "se regirá de acuerdo con las instrucciones internas de contratación". Estas instrucciones fueron informadas por la Abogacía de la Generalitat el 1 de agosto de 2008. 

Tal como publicó el sábado este periódico, la Sociedad todavía le debe a Orange Market el 40% del precio de este contrato -206.000 euros con IVA-, que debía abonarle "antes del 15 de febrero de 2009", nueve días después de estallar el escándalo de la presunta trama de corrupción. El Consell no le ha pagado la cantidad, ya que, como estipula el contrato, la firma debe presentar una "Memoria gráfica y audiovisual de la ceremonia de inauguración", algo que todavía no ha hecho. 

(www.levante-emv.com, 23/02/09) 

CAMPS ACUDÍA A LA TIENDA FOREVER YOUNG RECOMENDADO POR ´EL BIGOTES´

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, estuvo en las tiendas de moda madrileñas Milano y Forever Young, y lo hizo por recomendación de Álvaro Pérez El Bigotes. Empleados de Milano explicaron que Camps sólo compró una vez en la tienda, cuatro trajes concretamente, pero no llegó a pagarlos porque los devolvió, ya que estaban mal hechos.

Sin embargo, Camps también acudió a otra sastrería madrileña por consejo de Álvaro Pérez. Cuando José Tomás, a quien Pérez compraba los trajes desde quince años atrás, dejó Milano para encargarse de dirigir las sucursales de Forever Young, el presidente valenciano se convirtió en asiduo de esta tienda para hacerse los trajes. Acudía recomendado por Pérez, pero sin él. "Solía venir Camps solo con su guardaespaldas", afirmaba un empleado. Cabe recordar que las palabras de una de las imputadas en la trama vinculaban a Camps con la factura de unos trajes.  

(www.levante-emv.com, 23/02/09) 

CAMPS Y BLASCO GUARDAN SILENCIO 

Justo el mismo día en que Levante-EMV revelaba que Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación a dedo de la Generalitat en 2004, a través de la empresa pública Vaersa, que presidía el entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco, el propio conseller y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, optaron por guardar silencio.  

Todos los medios de comunicación, convocados ayer en la plaza de toros de Valencia donde se celebraba el Día de Andalucía, aguardaban la ocasión de poder preguntar a Camps o Blasco. Pero ni explicación sobre la adjudicación a dedo a Orange Market de una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley, ni sobre ninguna otra cuestión. Ni el actual conseller de Inmigración y Ciudadanía, ni el jefe del Consell, tenían previsto hacer declaraciones, aseguraban los responsables de comunicación del PP. 

Pero es que acercarse a alguno de ellos para intentarlo era una misión imposible. Una hora antes de la llegada de Camps, un nutrido grupo de simpatizantes le aguardaba en la puerta de autoridades. "He venido porque me han dicho que es el momento de estar con el president", comentaban entre ellos. En cuanto llegó el jefe del Consell, una nube de seguidores le rodeó y, entre aplausos, le acompañó hasta la primera fila. Allí Camps saludó al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, con quien era la primera vez que coincidía dese que estalló el caso Gürtel.

El Consell contrató a dedo a Orange Market entre tres ofertas del mismo gerente

Vaersa dio la campaña de 138.678 euros a la empresa de cabecera del PP tras consultar otras dos también gestionadas por Luis de Miguel. Se hizo con Blasco de conseller y sin la publicidad y concurrencia exigidas

• La única razón esgrimida fue la experiencia, cuando sólo tenía un año

• Un 33% de los imputados por Garzón está en dos de las sociedades del contrato de Vaersa

Orange Market, la franquicia valenciana de la trama de empresas de Francisco Correa que investiga la Audiencia Nacional por presunta corrupción, logró una adjudicación de la Generalitat en 2004 que dinamitó toda la arquitectura normativa. Vaersa le dio a dedo una campaña de 138.678 euros saltándose la publicidad y concurrencia que exige la ley. Se "consultaron" tres empresas y todas estaban gestionadas por el imputado Luis de Miguel, uno de los expertos fiscales de la trama.

La empresa Orange Market, contratista de referencia del PP valenciano y pieza clave en la tela de araña de presunta corrupción que tejió Correa, encontró en sus primeros pasos en el mercado la misma buena acogida en la Generalitat que la que tenía en el partido que la gobierna. La firma que hoy preside Álvaro Pérez y a la que entonces ya estaba ligado laboralmente, logró en noviembre de 2004 un contrato a dedo de la empresa Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), una sociedad 100% pública presidida entonces por Rafael Blasco, por su cargo de conseller de Territori, departamento del que depende la firma.

Juan Miguel Bellver era gerente de la empresa que adjudicó por 138.678 euros una campaña de comunicación y sensibilización sobre el correcto uso del contenedor amarillo. Pese a que la Ley de Contratos de la Administración Pública (LCAP) y la propia normativa interna de esta empresa obligan a respetar los principios de publicidad y concurrencia de ofertas en el proceso, por la cuantía de ese contrato (disposición adicional sexta del Texto Refundido de esa ley), en este caso se saltaron todos los preceptos al optar por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. La necesaria concurrencia de ofertas fue muy "sui generis". Porque la preceptiva invitación a tres empresas del sector para que presentaran propuestas fue técnicamente un paripé. Además de Orange Market, se pidió presupuesto a Boomerangdrive S. L. y a Down Town Consulting. El administrador único de la primera era Luis de Miguel Pérez. El de la segunda, también. ¿Y quién gestionaba la tercera? Pues el mismo. En el caso de Orange Market, el gerente era también cofundador de la sociedad -en escritura otorgada el 24 de julio de 2003- y prácticamente dueño único, al haber suscrito 3.005 acciones. Todas menos una, que se la quedó, por un euro, Pablo Crespo, quien ahora duerme en prisión.

Down Town Consulting no es otra cosa que el anterior nombre de Easy Concept Comunication. De Miguel, especialista en fiscalidad considerado como uno de los cerebros del entramado societario que ahora se investiga, administraba esta empresa desde hacía seis meses, según documentación mercantil a la que ha tenido acceso este diario.

Las propuestas económicas recabadas ni siquiera fueron validadas en el registro de entrada. Tampoco constan en el expediente del procedimiento, lo que abunda en las irregularidades de esta adjudicación. Y ahí no acaban las anomalías de una contrata que, en la lectura más laxa y amable de la normativa para el Consell, debería haber sido negociado con publicidad, según expertos consultados. Sin embargo, no hubo ninguna licitación publicada en el DOCV, como obliga el propio reglamento de la entidad pública Vaersa, ni siquiera un anuncio en prensa. Al Diario Oficial no acudió la Generalitat ni antes ni después porque la identidad de la contratista también se cubrió de un manto de silencio. Para justificar la adjudicación del contrato se argumentó, como única razón para elegir a Orange Market, la experiencia. Era difícil saber si esa variable pesaba poco o mucho porque los criterios establecidos para seleccionar la empresa no constaban en ningún pliego de condiciones ni en informe técnico alguno.
El propio contrato mercantil, firmado el 12 de noviembre de 2004, presentaba más anomalías, como para batir récords. Una de las más flagrantes: no constaba en ningún sitio que se le hubiera exigido fianza o garantía de cumplimiento del contrato a la empresa adjudicataria. El aval u otro tipo de garantía es uno de los requisito básicos en cualquier encargo de este tipo. En la letra gorda y en la pequeña hubo descuidos en la que fue una de las primeras experiencias de la empresa hoy presidida por Álvaro Pérez con la Generalitat del PP. Por ejemplo, el DNI que consta en el documento no se correspondía con el del representante legal de la empresa, sino con el de la apoderada de la mercantil dedicada al montaje de eventos, saraos y a la publicidad.

www.levante-emv.com 22.02.09

El presidente del CEU es socio de Michavila y la fundación San Pablo forma parte de Mediamed

 El rector Parejo impone el birrete a Aznar ante Camps y Dagnino. ferran montenegro

El secretario de la institución académica también asesora a Eius Abogados

La Fundación Universitaria San Pablo CEU está presente, de una u otra manera, en empresas y despachos vinculados a personas relacionadas con las ramificaciones de la trama del caso Gürtel. El presidente del CEU, Alfredo Dagnino Guerra, es uno de los socios de Eius Abogados, el bufete del diputado por Valencia y ex ministro José María Michavila. En este despacho coincide también con Alberto Dorrego de Carlos, secretario de Mediamed Comunicación Digital, la empresa de medios de José María Ulibarri -imputado por Garzón por cuestiones urbanísticas-. La propia fundación universitaria forma parte del consejo de Mediamed.

Según informaciones publicadas por El Periódico de Catalunya, Eius Abogados -en el que también trabaja el portavoz de Economía del PP en les Corts Valencianes José Marí Olano- ha defendido al consistorio de Boadilla del Monte -epicentro del sumario- en varias ocasiones. Y añade que concretamente los letrados fueron Alfredo Dagnino y Dorrego. El sindicato Manos Limpias entregó a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de González Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila pero éste negó tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla.

Según el diario catalán el propio Dorrego habría reconocido sus trabajos en "ciertos pleitos de singular complejidad". Como ya informó Levante-EMV, Dorrego, que fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia en la etapa de Michavila como ministro, es al mismo tiempo secretario del consejo de administración de Mediamed y de dos empresas públicas de la administración valenciana: Cabanyal 2010 y Comunitat Valenciana d'Inversions (VCI) ( en esta última como vicesecretario). En declaraciones a El Periódico, Dorrego quita importancia a su cometido en estas firmas. Cabanyal 2010 también encargó a Eius un informe jurídico sobre el plan del Cabanyal. Y la Televisión Municipal de Valencia ha contratado a este mismo bufete por 7.000 euros para defender a la sociedad participada mayoritariamente por otra sociedad de Ulibarri (a través de Begar) frente a un recurso del PSPV que cuestiona precisamente el desembarco del empresario en la emisora.

Mediamed Comunicación Digital es propiedad de Ulibarri se ha hecho con 13 licencias de TDT del Consell en la Comunitat Valenciana.
En el consejo académico de Eius Abogados figuran también Raúl Mayoral, secretario general de la Fundación San Pablo CEU y especialista en Derecho de las Telecomunicaciones que, como se ha informado, es una de las muchas especialidades del bufete. El propio Michavila y Dorrego de Carlos publicaron un número monográfico sobre las TDT.

www.levante-emv.com 22.02.09

Nuevos chanchullos entre el Gobierno de Camps y la empresa de El Bigotes

Mientras el Partido Popular de Valencia se sigue rompiendo las manos apoyando a su presidente, Francisco Camps, los asuntos turbios de la Comunitat siguen saliendo a la luz. Y una vez más, la empresa implicada no es otra que Orange Market, la entidad presidida por Álvaro Pérez, alias El Bigotes. En 2004, el Govern de Camps le adjudicó a dedo una campaña de 138.678 euros en la que competían otras dos empresas, pero todas gestionadas por la misma persona: Luis de Miguel, imputado en la trama.

• Orange Market organizó la visita del Papa, la Fórmula 1 y numerosos eventos en Valencia

• Exigen a Camps que enseñe todas las facturas a Orange Market, no sólo las legales

• Camps, contra las cuerdas: la oposición le reprocha sus contratos con Orange Market y Ulibarri