CASO UMBRA
EL ALCALDE DE MURCIA RECALIFICÓ UNOS TERRENOS DE LA FAMILIA DE SU MUJER EN 2001
Con ello se permitía construir 130 viviendas en 30.200 metros cuadrados anteriormente de secano, situados en la pedanía murciana de los Martínez del Puerto
Fue una de las primeras decisiones de Miguel Ángel Cámara como alcalde de Murcia tras ganar las elecciones por mayoría absoluta. Así lo denunció en su día la oposición socialista a través del concejal José Zapata, que fue demandado por el suegro de Cámara tras hacer públicos estos hechos, demanda que fue desestimada. El propio Cámara recordó esta misma semana, en una entrevista en la Cope, que el PSOE ya había intentado implicar a sus suegros en su actividad política.
Zapata denunció que el alcalde de Murcia había promovido la suspensión del avance del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por unanimidad en 1991 –y que preveía el crecimiento de los Martínez del Puerto hacia el sur–, modificándolo hacia el norte. De esa forma la recalificación de la zona benefició a tres fincas: una del suegro de Cámara, otra de una tía de su mujer y la tercera de un tío de la misma, que fue presidente de Alianza Popular en los años 80 en esa población.
Según consta en documentos a los que ha tenido acceso eldiario.es Región de Murcia, “dichos terrenos pasaron de ser suelo no urbanizable, calificado como NU12 en el PGOU de 1977, así como en el Plan Estratégico y Avance del PGOU aprobado por unanimidad en la legislatura 1991-1995, a suelo urbanizable ZB residencial de baja densidad, lo que equivale a una edificabilidad de 0,4 metros cuadrados ampliable en un 10% de prima de aprovechamiento para dar viabilidad al proyecto, medida de carácter discrecional que permite la ley del suelo regional en su artículo 106”.
El suegro de Miguel Ángel Cámara vendió su parcela a una empresa de la zona, Inversiones Saura y Ortega SL, antes de la aprobación definitiva del PGOU en enero de 2001, pero el 11 de noviembre de 1999 pagó 5.518 pesetas en concepto de impuesto de bienes rústicos, fecha en la que ya se encontraba aprobado de forma inicial el Plan General por acuerdo de Pleno de 23 de Octubre de 1998. Ese hecho demostraría que la recalificación ya estaba en marcha y asegurada cuando el suegro del alcalde realizó la venta.
Meses después, en junio de 2000, se aprobó en Pleno y se realizó la exposición pública de la aprobación provisional del PGOU en la que se certificaba la recalificación de los terrenos.
José Zapata, el concejal socialista en la oposición que denunció los hechos, fue llevado a los tribunales por el suegro del alcalde, que dijo haber sufrido una invasión de su intimidad y honor que le habría ocasionado problemas de salud.
La demanda fue rechazada tras la celebración de juicio, y la sentencia del juez José Antonio Guzmán Pérez recoge con claridad “la certeza en cuanto a la modificación de la clasificación urbanística de los terrenos y su venta”, señalando además que es “indudable por estar acreditado que el 22 marzo 1995 el Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba por unanimidad el avance de la revisión del PGOU, que mantiene la calificación de rústicos que tenían desde el 1977 los terrenos de la familia de la mujer de Miguel Ángel Cámara; que el Partido Popular gana las elecciones con mayoría absoluta pasando a ser Alcalde el yerno del propietario de los mismos; que después, el 16 de mayo de 1996, el Pleno del ayuntamiento aprueba una modificación del avance que afectó a estos terrenos, pasando a ser urbanizables, lo que supone un notable incremento de su valor; en el mes de febrero de 1998, el padre de la mujer del alcalde vende estas tierras, y el 23 de octubre de ese mismo año, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, ratificado por la Consejería de Obras Públicas”.
El juez instructor del caso Umbra –por el que se investigan irregularidades en los convenios urbanísticos del norte de Murcia-, en el que está imputado el alcalde de la capital regional, ha determinado en el auto de 28 de diciembre de 2014 en el que se levanta el secreto del sumario sobre el patrimonio de Cámara, que el dinero de la venta de unos terrenos en Baños y Mendigo, propiedad de los suegros del regidor murciano, habría revertido en la cuenta del matrimonio cuyo saldo se acerca a los 600.000 euros, y que además, entre los compradores existen vínculos con otros imputados como Joaquín Peñalver, exjefe de Planeamiento del Ayuntamiento de Murcia
http://www.eldiario.es/murcia/politica/alcalde-Murcia-recalifico-terrenos-familia_0_340865987.html
CASO UMBRA. EL DINERO DE LAS CUENTAS DE CÁMARA SE MULTIPLICÓ POR DIEZ EN MENOS DE UNA DÉCADA
El informe del patrimonio del alcalde revela que estuvo dos años sin sacar dinero de los bancos
El dinero de las cuentas bancarias del alcalde de Murcia y secretario general del Partido Popular en la Región de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y de sus familiares, se multiplicó por diez en un periodo de nueve años, al pasar de 57.435 euros en 2002 a 554.698 euros en 2011. Así se indica en un informe realizado por la Agencia Tributaria a finales del año pasado que se encuentra en la pieza separada abierta por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia para investigar sobre el patrimonio de Cámara, imputado en el caso Umbra, que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística ligada a los convenios para el desarrollo de la zona norte del municipio de Murcia.
El juez que instruye el caso, David Castillejos, levantó el pasado viernes el secreto de sumario que pesaba sobre esta pieza separada, de forma que ayer las partes tuvieron ayer acceso al contenido de la investigación citado anteriormente, fruto de más de un año de indagaciones secretas. Más de 700 folios con información tributaria y bancaria sobre todos los movimientos económicos de Miguel Ángel Cámara y su familia desde 2001, año en el que se aprobó el convenio de Nueva Condomina, hasta 2011.
Según el informe de la Agencia Tributaria, el alcalde de Murcia y su familia son titulares de una vivienda en Murcia (avenida Primo de Rivera), otra casa en Campoamor, una vivienda en Torrevieja, otro inmueble en Orihuela –ciudad de donde es originario el regidor– y una plaza de aparcamiento en la plaza Circular. Además, continúa el informe, Cámara, su esposa y uno de sus hijos adquirieron a la mercantil New Capital 200 S. L. –concesionaria de los parkings de la avenida de la Libertad y La Vega– tres plazas de aparcamiento, por el precio de 18.000 euros cada una de ellas.
Asimismo, el valor de los activos financieros con los que contaba la familia Cámara-Meroño en distintas entidades financieras ascendían a 99.425 euros. El valor de estos se fue reduciendo con el paso de los años.
Además, el informe de la Agencia Tributaria –que se limita a detallar los datos económicos y patrimoniales y evita las valoraciones– añade que el alcalde y su familia cuentan desde abril de 2008 con un vehículo Volkswagen Tiguan, un Chrysler Voyager adquirido en el año 2001 y un Toyota Yaris propiedad de uno de los hijos del matrimonio.
El documento refleja también que las rentas del trabajo de Cámara y su esposa, en general, han ido en aumento en los últimos años, aunque las que percibe el regidor del ayuntamiento de Murcia han ido a la baja desde el comienzo de la crisis económica.
La finca de los suegros
El juez Castillejos dio a conocer ayer el auto de levantamiento del secreto de sumario, en la que hace alusión, tal y como adelantó este diario el pasado sábado, a la compraventa de unos terrenos en la pedanía de Baños y Mendigo propiedad de los suegros de Cámara a uno grupo de sociedades en las que tenían participación algunos de los imputados en el caso Umbra, como el jefe de Planeamiento Urbanístico del ayuntamiento de Murcia Joaquín Peñalver.
Los terrenos, una finca rústica cuya superficie asciende a 107.043 metros cuadrados, fueron vendidos por un total de 1,9 millones de euros. Parte de ese dinero, según afirma el juez Castillejos en el auto de levantamiento de secreto de sumario, «revierte a una cuenta del matrimonio del alcalde».
El fiscal sospecha que el aumento de ingresos producido en el núcleo familiar de Cámara podría deberse a la venta de estos terrenos, «pudiendo existir algún vínculo en los datos patrimoniales de Miguel Ángel Cámara Botía y Joaquín Peñalver, algo hoy día no esclarecido y que por tanto no puede darse por cierto».
El último documento incorporado a la pieza separada es un nuevo informe de la Agencia Tributaria que llegó al juzgado el pasado 23 de diciembre y que indaga en la supuesta relación de la venta de la finca de los suegros del alcalde y una serie de ingresos que percibieron los hijos de Cámara –32.000 euros para cada uno, en transferencias realizadas por un hermano del político– en sus cuentas bancarias previamente el día en el que se cerraba la compraventa de los terrenos. Fue el 2 de marzo de 2006. Curiosamente, el día anterior, Peñalver, que tenía participaciones en una de las sociedades compradoras (la mercantil Titobio), había solicitado la excedencia de su puesto de jefe de Planeamiento Urbanístico del ayuntamiento de Murcia. «No es posible conocer los motivos que llevaron a don Alberto Cámara Botía a realizar tales transferencias», señala el perito de la Agencia Tributaria designado para contestar a los requerimientos judiciales.
Este último informe también llama la atención sobre una serie de ingresos detectadas en las cuentas de los hijos de Miguel Ángel Cámara por parte de sus abuelos maternos, los que vendieron los terrenos en Baños y Mendigo, coincidentes, según el fiscal, con los plazos de entrega de dinero que pactaron los vendedores en la operación. En este sentido, el perito señala que es necesario seguir recabando información bancaria.
Dos años sin sacar dinero
El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, también destaca «la inexistencia de retiradas de efectivo en las cuentas de titularidad de Miguel Ángel Cámara y su esposa durante los años 2005 y 2006 principalmente –ni por ventanilla ni por cajero automático–, (...) una actuación similar a la detectada respecto al señor Berberena Loperena», este último también imputado en el caso Umbra.
El perito de Hacienda señala que el análisis de los extractos de cuentas utilizados confirma que no se produjeron retiradas de efectivo en dos años. En ese sentido, destaca el informe de la Agencia Tributaria que Cámara recibió retribuciones de Cajamurcia –fue durante años consejero– que no fueron ingresadas en sus cuentas bancarias, sino que recibió el dinero en efectivo.
En el auto de levantamiento del secreto de sumario, el juez del caso Umbra señala que «todavía restan algunos extremos que la lentitud de ciertas entidades bancarias en contestar a peticiones del juzgado impide su finalización definitiva», aunque este hecho no justifica que las investigaciones sigan bajo llave. En el auto, Castillejos habla también por primera vez del delito de cohecho relacionado con el alcalde, al que hasta ahora solo se acusaba de prevaricación.
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2014/12/30/dinero-cuentas-camara-multiplico-diez/614845.htmlCÁMARA NO DIMITIRÁ, AUNQUE EL PP LE HA ABIERTO UN EXPEDIENTE
El alcalde de Murcia agradece el respaldo recibido, desde Valcárcel que le llamó este martes, hasta otros miembros de órganos directivos
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha confirmado que el Ayuntamiento continuará con "normalidad" su actividad, por lo que descarta su dimisión a pesar de su imputación en el caso 'Umbra', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio, aunque ha admitido que el Partido Popular, del que es secretario general, le ha abierto un expediente informativo tal y como "está establecido en los estatutos" de la formación.
Cámara ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa que ha ofrecido flanqueado por los miembros de la Corporación municipal, para valorar de 'motu propio' su imputación por parte del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, que le ha citado para prestar declaración el próximo 15 de junio, a las 10.00 horas, como imputado en esta causa.
El alcalde, que ha ratificado en todo momento que su actuación se ha atenido a la "legalidad" y ha mostrado su "total colaboración con la Justicia", ha agradecido la "confianza y el respaldo" recibido desde su partido, dede el presidente Ramón Luis Valcárcel, que le llamó este martes, hasta a multitud de miembros de los órganos de dirección del PP murciano, alcaldes y compañeros.
Al ser preguntado por la posibilidad de que se le apartara del PP, Cámara ha señalado que la formación política "se regula por unos estatutos en los que vienen claros en los temas en los cuales actúa el partido", y cuando se produce un hecho como su imputación, lo que se abre es "un expediente informativo para realizar un seguimiento de la situación".
Ha confirmado que el PP le va a abrir este expediente, al igual que lo haría a "cualquier afiliado del partido, porque todos tenemos el mismo trato y estamos todos en la misma situación".
Al ser preguntado por el efecto de su imputación en el municipio y al Partido Popular, Cámara ha señalado que encara el proceso "con confianza y esperanza en que se resuelva" y que se conozcan "los interrogantes que han ido corriendo estos dos últimos meses en los medios de comunicación, enterándonos de cuestiones que estaban bajo secreto de sumario".
"RESPONSABILIDAD POLÍTICA"
Respecto a su posible responsabilidad política y la posibilidad de que dimita, el alcalde ha dicho compartir su responsabilidad "como parte de la Corporación, en la adopción de los acuerdos y en los convenios, en el caso de Nueva Condomina, con 28 de los 29 concejales del PSOE y del PP".
En el resto de las actuaciones, ha señalado que comparte la responsabilidad "con aquellos concejales que votaron afirmativamente los convenios", todo ello, "desde la confianza de que los informes técnicos-jurídicos que avalaban esos procedimientos, son correctos", es decir, desde la confianza "en el trabajo de los técnicos que hay".
Asimismo, ha remarcado su responsabilidad "desde la confianza de que, en el caso de Nueva Condomina, dos sentencias de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región avalaron la legalidad del convenio, la legalidad del instrumento urbanístico que se estaba desarrollando".
Igualmente, recuerda que, a denuncias de un concejal del PSOE, el Tribunal de Cuentas "avaló la legalidad del procedimiento en la valoración de los aprovechamientos que debía recibir la ciudad en el resto de convenios".
Al ser preguntado por el papel de los técnicos, Cámara ha añadido que las propuestas que llegan a los órganos de gobierno, en este caso al Pleno, vienen informadas "desde estudiados los expedientes, y cumpliendo lo establecido en la legalidad vigente". Se trata de un procedimiento que "se sigue en los miles de decisiones que se toman", defiende.
"Todos los acuerdos vienen propuestos, y previo informe de los servicios técnicos y jurídicos correspondientes en cada uno de los casos", ha defendido Cámara, quien ha remarcado que si el procedimiento fuera de otra manera "sí se podría incurrir en algún tipo de responsabilidad".
VALORACIONES DE LOS APROVECHAMIENTOS
Cámara también ha defendido que en las valoraciones de los aprovechamientos urbanísticos "hay informes de cuatro tasadoras distintas, informes periciales, informes de expertos y peritos que, incluso, han comparecido en este procedimiento y cuyos razonamientos han salido publicados en medios de comunicación".
Ha recordado que algunos de estos informes "dicen que, al contrario, el Ayuntamiento recibió mucho más de lo que tenía que haber recibido, otros que mucho menos", pero ha valorado que esta cuestión "la tendrán que dirimir los órganos jurisdiccionales".
Al ser preguntado por uno de sus abogados, José María Caballero, que también representa al ex concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, también imputado en la causa, Cámara ha señalado que no comparten abogado, en el sentido de que "uno comparte cuando tiene mitad y mitad".
El alcalde ha señalado que Caballero, junto con su otro abogado, Vicente Sanmartín, le van a asistir en la declaración "independientemente de que tengan otros procesos, que estoy seguro, que si trabajan como profesionales, estaré compartiendo abogados con un buen número de ciudadanos".
"COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA
El alcalde de Murcia ha manifestado, una vez más, su "total colaboración con la Administración de Justicia", y ha resaltado la "tranquilidad" con la que ha recibido la citación judicial, porque él es "el primer interesado en llegar hasta el fondo de estas cuestiones".
Por ello, ha avanzado que va a poner "todo" de su parte y va a dar "todas las explicaciones" sobre todos aquellos temas que le puedan preguntar, porque a su juicio "no hay nada que ocultar" y las actuaciones que se han hecho en el municipio y las decisiones tomadas en los órganos de Gobierno en el Pleno de la Corporación "se han hecho siempre de acuerdo a lo que está establecido en los procedimientos administrativos".
En este sentido, Cámara ha dicho estar con la conciencia "muy tranquila" y ha insistido en expresar su deseo de que "se pueda resolver cuanto antes mejor" porque quiere que se conozca "de una vez por todas" que todos los procedimientos realizados en el Ayuntamiento relacionados con la tramitación de los convenios "se han realizado bajo criterios lógicamente administrativos e informes técnicos y jurídicos municipales y externos que lo han ido avalando".
Así, ha manifestado que declarar es "colaborar con la Justicia, tal y como he hecho con anterioridad, lo hago ahora y lo continuaré haciendo en el futuro". Su interés, ha insistido, es que "se conozca todo y llegar al fondo del asunto, porque siempre en el Ayuntamiento se ha actuado con transparencia y con criterios de legalidad".
El alcalde ha recordado que siempre ha defendido "criterios de actuación desde la honestidad y la honradez". Se ha mostrado "totalmente convencido de cómo se han hecho las cosas y cómo se han realizado en el ámbito del Ayuntamiento", por lo que ha confiado en que, una vez resuelto este asunto, la confianza en el Ayuntamiento "sea todavía mayor".
OPERACIÓN UMBRA
La operación Umbra comenzó el 5 de octubre de 2010 con el registro de las dependencias de la Gerencia de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, así como despachos y domicilios de Murcia y Madrid, entre los que se encontraban el domicilio particular del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la sede social de su empresa Sport Management & Project SL.
En esta causa, en la que se investigan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, están imputados el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia; así como el dueño del Real Murcia, Jesús Samper; y María Isabel Fernández, jefa de la Oficina de Gobierno Local de Murcia y mujer de Alberto Guerra.
http://www.laopiniondemurcia.es/murcia/2012/05/30/camara-dimitira-pp-le-abierto-expediente/406920.html
EL NÚMERO DOS DE URBANISMO DE MURCIA DIO EL PRIMER PELOTAZO EN ULEA
Los dos principales implicados en la Operación Umbra que ha destapado una presunta red de corrupción en el Ayuntamiento de Murcia (PP): el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y el abogado Higinio Pérez Mateos, cerraron una operación por la que cobraron más de 600.000 euros en una venta de parcelas en el pequeño municipio de Ulea, según informa hoy en El País el periodista Tono Calleja, información que recoge VMPress.
Esta venta se cerró mientras el funcionario tramitaba un convenio urbanístico en la Gerencia del Ayuntamiento murciano. Los investigadores consideran que este dinero pudo haber sido el pago realizado a cambio de que el funcionario hiciera la vista gorda, beneficiando a los empresarios, y perjudicando por tanto las arcas municipales. El 23 de diciembre de 2004, el detenido Pérez Mateos firmó un convenio urbanístico con el alcalde de Ulea, José Bolarín Cano (PP).
El primer edil de este pequeño municipio se comprometía a reclasificar 2,7 millones de metros cuadrados de terreno rústico. Pérez Mateos no era propietario de estas fincas, pero sí había firmado una opción de compra con los dueños originales. De hecho, este abogado no compra de forma efectiva las fincas rústicas hasta que no llega a un acuerdo con los promotores de la urbanización Los Juncos de Ulea Golf Resort, que incluye 4.400 viviendas, un campo de golf y un hotel. El análisis de las escrituras constata que en la venta de Higinio Pérez Mateos a los promotores de la urbanización participa Alberto Guerra, considerado el número dos de Urbanismo.
La operación, según la acusación, se habría desarrollado así: Guerra beneficiaba a unos empresarios en Murcia valorando muy por debajo del precio de mercado la contrapartida que tenían que abonar al Consistorio a cambio de que le aumentaran la edificabilidad de sus parcelas. La investigación considera que la forma de pago por estos servicios era incluir a este funcionario en una operación urbanística en otro municipio, concretamente Ulea, encabezada por Pérez Mateos. Este abogado era socio en otra empresa del tercero de los detenidos, el empresario italiano Renato de Noce. Ambos son consejeros delegados de una sociedad radicada en Valencia denominada Paisajes Urbanos del Mediterráneo. A su vez De Noce aparece como socio del número tres del Urbanismo murciano, Joaquín Peñalver, imputado en el caso, y que compartía negocios con los empresarios beneficiados en Murcia.
Guerra fue interrogado sobre esta operación de Ulea por el juez tras ser detenido el 5 de octubre. Los investigadores creen también que este funcionario hizo la vista gorda cuando los empresarios engordaron el precio que costaba la contrapartida que debían pagar al Consistorio a cambio de que se le elevara la edificabilidad de sus parcelas, que consistía en la remodelaron un edificio histórico: el Casino. En ese sentido los agentes detectaron al menos dos facturas de los trabajos de remodelación que podrían ser falsas.
La puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, que se aprobó en 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, que valoraban los propios técnicos, ahora imputados. Por eso, al menos dos de los convenios investigados incluían la remodelación y posterior cesión al Consistorio de edificios: el mencionado Casino y el Teatro Circo.
Un informe de la Intervención General del Estado sostiene que en los seis convenios que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, el Ayuntamiento perdió más de 300 millones de euros.
En la Operación Umbra ha habido hasta el momento tres detenidos y una veintena de imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.
(www.vegamediapress.com, 13/10/10)
EL 'NÚMERO DOS' DE URBANISMO DE MURCIA COBRÓ 600.000 EUROS TRAS UN CONVENIO
Los dos principales implicados en la Operación Umbra que ha destapado una presunta red de corrupción en el Ayuntamiento de Murcia (PP): el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y el abogado Higinio Pérez Mateos, cerraron una operación por la que cobraron más de 600.000 euros en una venta de parcelas en el pequeño municipio de Ulea. Esta venta se cerró mientras el funcionario tramitaba un convenio urbanístico en la Gerencia del Ayuntamiento murciano. Los investigadores consideran que este dinero pudo haber sido el pago realizado a cambio de que el funcionario hiciera la vista gorda, beneficiando a los empresarios, y perjudicando por tanto las arcas municipales. El 23 de diciembre de 2004, el detenido Pérez Mateos firmó un convenio urbanístico con el alcalde de Ulea, José Bolarín Cano (PP). El primer edil de este pequeño municipio se comprometía a reclasificar 2,7 millones de metros cuadrados de terreno rústico. Pérez Mateos no era propietario de estas fincas, pero sí había firmado una opción de compra con los dueños originales. De hecho, este abogado no compra de forma efectiva las fincas rústicas hasta que no llega a un acuerdo con los promotores de la urbanización Los Juncos de Ulea Golf Resort, que incluye 4.400 viviendas, un campo de golf y un hotel. El análisis de las escrituras constata que en la venta de Higinio Pérez Mateos a los promotores de la urbanización participa Alberto Guerra, considerado el número dos de Urbanismo.
La operación, según la acusación, se habría desarrollado así: Guerra beneficiaba a unos empresarios en Murcia valorando muy por debajo del precio de mercado la contrapartida que tenían que abonar al Consistorio a cambio de que le aumentaran la edificabilidad de sus parcelas. La investigación considera que la forma de pago por estos servicios era incluir a este funcionario en una operación urbanística en otro municipio, concretamente Ulea, encabezada por Pérez Mateos. Este abogado era socio en otra empresa del tercero de los detenidos, el empresario italiano Renato de Noce. Ambos son consejeros delegados de una sociedad radicada en Valencia denominada Paisajes Urbanos del Mediterráneo. A su vez De Noce aparece como socio del número tres del Urbanismo murciano, Joaquín Peñalver, imputado en el caso, y que compartía negocios con los empresarios beneficiados en Murcia.
Guerra fue interrogado sobre esta operación de Ulea por el juez tras ser detenido el 5 de octubre. Los investigadores creen también que este funcionario hizo la vista gorda cuando los empresarios engordaron el precio que costaba la contrapartida que debían pagar al Consistorio a cambio de que se le elevara la edificabilidad de sus parcelas, que consistía en la remodelaron un edificio histórico: el Casino. En ese sentido los agentes detectaron al menos dos facturas de los trabajos de remodelación que podrían ser falsas.
La puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, que se aprobó en 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, que valoraban los propios técnicos, ahora imputados. Por eso, al menos dos de los convenios investigados incluían la remodelación y posterior cesión al Consistorio de edificios: el mencionado Casino y el Teatro Circo.
Un informe de la Intervención General del Estado sostiene que en los seis convenios que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, el Ayuntamiento perdió más de 300 millones de euros.
En la Operación Umbra ha habido hasta el momento tres detenidos y una veintena de imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.
(www.elpais.com, 13/10/10)
ENTREVISTA: F. CAMINO EX DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE MURCIA. "ME LLAMÓ EL FISCAL Y LE CONTÉ TODAS LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS"
En enero de 2006, el ex decano del Colegio de Arquitectos de Murcia Francisco Camino recibió una llamada de la fiscalía interesándose por varios expedientes que se habían abierto contra el arquitecto municipal, Joaquín Peñalver. Fue entonces cuando enumeró las presuntas irregularidades que había detectado. La fiscalía tiró del hilo y cuatro años después ha logrado destapar la red corrupta.
Pregunta. ¿Le ha cogido por sorpresa la Operación Umbra?
Respuesta. Todo se sabía desde hacía más de cinco años. Numerosos compañeros se quejaban de que el funcionario Joaquín Peñalver controlaba el 80% de los trabajos de arquitectura. Fue entonces cuando me llamó la fiscalía para que explicara lo que pasaba. Y conté toda las irregularidades detectadas. Hablé de las modificaciones parciales del plan general, que incluían figuras de planeamiento aberrantes y de dudosa legalidad. Presentamos un contencioso-administrativo contra la nueva Ley del Suelo murciana que trataba de regularizar los convenios urbanísticos firmados.
P. ¿Le apoyó el resto de arquitectos en su decisión?
R. La gran mayoría estaba de acuerdo. No compartíamos el modelo de ciudad que se dibujaba: insostenible e irracional. Queríamos una ciudad más humana y mejor diseñada. Pero desde que recurrimos el PGOU, el anterior equipo directivo sufrió presiones y persecuciones.
(www.elpais.com, 13/10/10)
COMIENZA A DECLARAR EL EX JEFE DE LA GMU DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA
El titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, David Castillejos, ha empezado a tomar declaración a primera hora de esta mañana al que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, por su presunta implicación en una operación que investiga una trama de corrupción urbanística en el municipio.
Peñalver, imputado también en el caso Barraca, en el que se investigan además presuntas irregularidades en su gestión al frente de este servicio, ha entrado a las 9.30 horas a dependencias judiciales acompañado de su abogado, José Pardo Geijo. El ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo no ha querido hacer declaraciones a los medios de comunicación que le esperaban a las puertas del Palacio de Justicia de Murcia, aunque ha reconocido escuetamente que se encuentra "tranquilo".
Asimismo, sobre las 9:23 horas, el abogado José Antonio García Sánchez, que defiende a otro de los detenidos, el ingeniero Renato de Noce, ha entrado en el Palacio de Justicia. Al ser preguntado por los medios de comunicación si acudía a las dependencias judiciales para pagar la fianza, el letrado ha contestado que ha entrado para "hacer unas gestiones". En concreto, para evitar la prisión, De Noce debe asumir el pago de 120.000 euros, aunque el fiscal Juan Pablo Lozano pedía en principio prisión sin fianza para él.
Está previsto que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, comience a declarar a las 11:30 horas y su comparecencia finalice a mediodía, puesto que el juez de instrucción tuvo ayer una jornada de guardia. Esta ronda de comparecencias continuará el próximo lunes, con el empresario Francisco Arqués, también imputado en esta operación. Ese mismo día declararán otras dos personas, cuya identidad se desconoce por el momento y no será hasta el viernes siguiente, 15 de octubre, cuando declare ante el juez el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
Ayer, el titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, David Castillejo, dictó auto de prisión eludible con fianza para los tres detenidos en Murcia en el marco de la investigación de un presunto caso de corrupción urbanística, por lo que han quedado en libertad a la espera del pago de la fianza.
(www.lavanguardia.es, 08/10/10)
PRISIÓN CON FIANZA PARA LOS DETENIDOS DE LA TRAMA MURCIANA DE CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
El titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, David Castillejo, dictó ayer auto de prisión eludible con fianza para los tres detenidos en Murcia en el marco de la investigación de un presunto caso de corrupción urbanística, por lo que han quedado en libertad a la espera del pago de la fianza.
Para evitar su ingreso en prisión, deberán pagar la fianza antes de las tres de la tarde del viernes: el ingeniero Renato Noce,120.000 euros; el abogado Higinio Pérez Mateos, 100.000, y el director de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, 70.000 euros. El fiscal Juan Pablo Lozano pidió para el ingeniero prisión sin fianza, y para Pérez Mateos y Guerra, prisión con fianza de 240.000 y 150.000 euros, respectivamente, más elevadas que las impuestas finalmente por el juez.
A la salida del Palacio de Justicia de Murcia, poco después de las 22.30, y con una toma de declaraciones comenzó sobre las 10 de la mañana, ninguno de los tres hizo declaraciones a los periodistas que los esperaban, salvo Pérez Mateos, que, preguntado por los informadores, respondió: "Bien, todo bien, gracias".
Dado que el juez Castillejo tiene guardia mañana, la toma de declaraciones al resto de imputados en esta causa se reanudará el próximo viernes, cuando comparecerán el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia de 1999 a 2006, Joaquín Peñalver.
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, ha informado esta mañana de que el edil de Urbanismo solo estaba imputado por un presunto delito de prevaricación, y de que ha puesto su cargo a disposición de su partido, el PP. Cámara ha explicado que Berberena le ha comunicado esta decisión por "si en algún momento el partido entiende que su actuación perjudica" al PP, aunque el alcalde se ha declarado convencido de que no tiene ninguna vinculación con el caso que se investiga.
Otro de los imputados, Jesús Samper, presidente del club de fútbol Real Murcia y empresario promotor de Nueva Condomina, uno de recientes desarrollos urbanísticos al norte de Murcia cuyo desarrollo se investiga, ha sido citado a declarar el 15 de octubre.
La operación, iniciada hace año y medio a instancias del fiscal superior de la región de Murcia, Manuel López Bernal, que ha pasado esta tarde una media hora en los juzgados, investiga presuntos delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros. En concreto, las investigaciones se centran en el esclarecimiento de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se impulsaron seis convenios urbanísticos entre 2001 y 2005 que modificaban la calificación del suelo de esta zona.
(www.elpais.com, 07/10/10)
EL 'CASO UMBRA' DESTAPA UN PELOTAZO DEL GERENTE DE URBANISMO
Alberto Guerra, gerente de Urbanismo de Murcia y detenido el martes, logró en 2005 un beneficio superior a 600.000 euros gracias a la recalificación de unos terrenos que había comprado en el municipio de Ulea junto con el abogado Higinio Pérez Mateos, igualmente arrestado. Según fuentes de la investigación del caso Umbra, fue Pérez Mateos, vinculado al alcalde de Ulea (PP), quien negoció el convenio recalificatorio. Poco después de que, con la venta de esos terrenos, ambos y sus esposas obtuvieran una plusvalía conjunta superior a 1,2 millones de euros, Pérez Mateos firmó con el Ayuntamiento de Murcia (PP) uno de los seis convenios ahora investigados. El abogado y empresario actuó en representación de las cuatro empresas que, en mayo de 2005, consiguieron que el ayuntamiento les otorgase un plus de edificabilidad cifrado en 138.813 metros cuadrados en el norte de la ciudad. A cambio, garantizaban la rehabilitación del Casino de Murcia.
Anoche, tanto Alberto Guerra como Higinio Pérez Mateos quedaron en libertad bajo fianza: de 100.000 euros en el caso del abogado y de 70.000 en el del gerente. El tercer detenido el martes, el ingeniero Renato del Noce, no irá a prisión si paga los 120.000 euros impuestos por el juez. A los tres se les atribuye un delito de cohecho (soborno). Del Noce también está vinculado al convenio del Casino. Los investigadores creen que en la rehabilitación del edificio se inflaron facturas.
En el sumario, declarado secreto por el juez de instrucción número 8 de Murcia, hay ya diez imputados, entre ellos el edil de Urbanismo, Fernando Berberana, y el presidente del Murcia, Jesús Samper. Basándose en un informe de la Intervención General del Estado (IGAE), quienes conocen el caso sospechan que el ayuntamiento perdonó más de 300 millones de euros a los firmantes de los seis convenios investigados. Presuntamente, el consistorio infravaloró el precio del suelo conveniado, de forma que las compensaciones exigibles a los beneficiarios de los convenios se vieron mermadas.
(www.publico.es, 07/10/10)
EL ALCALDE DE ULEA, RELACIONADO CON EL ABOGADO HIGINIO PÉREZ MATEOS, DETENIDO POR CORRUPCIÓN
El abogado murciano Higinio Pérez Mateos, como promotor, firmó un convenio con el alcalde de Ulea, el popular José Bolarín, donde presuntamente dió un jugoso pelotazo, al recalificar 2.701.755 metros cuadrados de secarral, sin una gota de agua, en suelo urbanizable sectorizado residencial, en la zona URS-R4, sector Los Juncos de Ulea Golf Resort.
En estos terrenos se pretenden construir 4.406 viviendas con 13.218 habitantes, campo de golf, hotel y servicios. Desde la firma de este convenio, el abogado Higinio Pérez se convirtió en el abogado del alcalde de Ulea, José Bolarín, en los numerosos juicios celebrados por denuncias de la oposición en el ayuntamiento de Ulea.
Desde el PSOE se preguntan de los motivos que han llevado al alcalde a elegir como defensor de sus intereses y sus casos judiciales a la misma persona con la que ha negociado un millonario convenio urbanístico.
Ante la detención del abogado por el caso Condomina, el alcalde salió precipitadamente del consistorio, con el rostro pálido, cuando se enteró de la operación policial y la detención del abogado, según han informado fuentes de toda solvencia a VMpress.
El proyecto faraónico de la firma de siete convenios para la construcción de 22.000 viviendas, campos de golf y hoteles en el pequeño municipio de Ulea, de menos de 900 habitantes, ha caído como un castillo de naipes con la suspensión de pagos de Matinsa-Fadesa, uno de los principales inversores.
El último varapalo lo ha recibido recientemente el ayuntamiento de la Consejería de Agricultura y Agua, al anular el acuerdo de pleno del 30 de enero de 2020 que dio aprobación definitiva al plan parcial residencial del sector URS R3 conocido como Verdelena.
Este proyecto para la construcción de alrededor de cuatro mil viviendas, incluía extensiones de monte público. De esta forma, requirieron al ayuntamiento porque “la superficie de monte público incluida en el proyecto debe ser excluida, ya que en ningún caso debe incluirse como urbanizable, no debe ser considerada a efectos de superficie en este plan ni siquiera como Sistema General de Espacios Libres. La banda de amortiguación ecológica respecto a los montes catalogados de Utilidad Pública es de 50 metros como mínimo”.
La Comunidad Autónoma recriminó al ayuntamiento su propuesta y exigió una rectificación del proyecto, pero, según el informe del departamento jurídico, “lejos de haberse producido un ajuste que correctamente excluya el dominio público de la ordenación, existen terrenos del mismo que se adscriben a este plan parcial principalmente como Sistemas Generales de Espacios Libres”.
Así, la Comunidad Autónoma ha dictado la suspensión cautelar del plan parcial al no haberse tenido en cuenta el informe emitido por la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad.
(www.vegamediapress.com, 07/10/10)
EL JUEZ IMPUTA POR CORRUPCIÓN A LA PLANA MAYOR DEL URBANISMO EN MURCIA
La expansión urbanística de Murcia por el norte, con la recalificación de suelos rústicos para levantar 20.000 viviendas, el nuevo estadio de La Condomina, un campo de golf y varios centros comerciales, favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio. Con estos mimbres, el juez ordenó ayer la detención de tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo de Murcia; y la imputación de otras cinco; entre ellas el edil de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
El fiscal investiga los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según un informe de la Intervención General del Estado, el perjuicio por las recalificaciones a la baja del Ayuntamiento de Murcia en la zona norte ascendería a unos 300 millones de euros. Las valoraciones anteriores, realizadas a petición del Grupo Municipal Socialista, elevaba la cifra hasta los 580 millones.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acusó sin pruebas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de estar detrás de esta operación para tapar el resultado de las primarias de Madrid. La operación, iniciada a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios, fue preparada, sin embargo, de común acuerdo para ayer el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.
Los agentes registraron desde las ocho de la mañana despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento murciano, que gobierna el PP, varios domicilios de Murcia y Madrid y una sucursal bancaria de Cajamar, donde fue requisada al menos una caja fuerte propiedad del edil de Urbanismo. La Guardia Civil registró, además, el domicilio particular de Samper, según confirmó él mismo, así como la sede social de Sport Management & Project, S. L. por orden del Juzgado de Instrucción número 8.
Los detenidos son el director y número dos de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado murciano Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano vinculado a empresas murcianas de la construcción Renato de Noce. Además de los tres detenidos, hay cinco imputados: el dueño del Real Murcia, Jesús Samper Vidal; el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, el jefe de planeamiento urbanístico entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver; Isabel Fernández, jefa del Servicio de la Oficina del gobierno local del Ayuntamiento, y Francisco Arques López, empresario responsable del plan parcial La Ladera, cercano al plan Nueva Condomina. Las tres detenciones y las cinco imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.
El Ayuntamiento de Murcia emitió un comunicado en el que manifestó que todos los procedimientos administrativos se han producido de acuerdo con la legalidad. Tanto el alcalde, Miguel Ángel Cámara, como el presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, negaron que hubiera imputados de este partido. Pero el edil Berberena pertenece al PP.
La investigación nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscalía. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora también el informe de la Agencia Tributaria. No obstante, tanto PSOE como Izquierda Unida denunciaron en su día que el Ayuntamiento no había cobrado lo que debía por los terrenos de la zona norte en compensación por su recalificación a los propietarios. Estos convenios, según la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".
Se trata de seis convenios urbanísticos que modificaron la calificación del suelo de esta zona a partir del año 2001, convirtiendo su edificabilidad del 0,09 al 0,5, lo que supone cinco veces más de viviendas. El plan parcial Nueva Condomina investigado por la fiscalía se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada ya entonces por PSOE e IU. Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó en abril de 2004 la reparcelación de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.
Jesús Samper
- El presidente del Real Murcia, Jesús Samper, lleva vinculado desde muy joven al mundo del fútbol. En 1978 comenzó a asesorar al Real Madrid y en 1979, a la Real Federación de Fútbol. En 1998 trasladó sus negocios a Murcia. Esta ciudad, de más de 400.000 habitantes, no tenía un equipo en la élite.
- Compró el Real Murcia a precio de saldo en Segunda B y firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento del PP: construyó un estadio y, a cambio, el Consistorio le reclasificó unos terrenos rústicos, en los se podían construir 20.000 viviendas. Con esta operación ganó unos 160 millones de euros.
- Pero sus negocios no se acaban en Murcia. Es dueño de Santa Mónica Sports, propietaria de los derechos televisivos y el patrocinio de la Selección española, de la argentina, y de los derechos de imagen de personalidades como Dani Pedrosa, Fernando Alonso y Valentino Rossi. / T. C.
(www.elpais.com, 06/10/10)
EL PRESIDENTE DEL MURCIA, IMPUTADO POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
El presidente del Real Murcia, Jesús Samper, y la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local del ayuntamiento de Murcia, María Isabel Fernández, han sido imputados en las diligencias judiciales abiertas sobre un presunto caso de corrupción urbanística en esta ciudad.
Según han informado fuentes próximas a la investigación, María Isabel Fernández es esposa del director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, detenido esta mañana en relación a este caso. Además de Guerra han sido detenidos el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce, este último como supuesto intermediario en algunas de las operaciones inmobiliarias que se investigan. Los tres, ha informado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), pasarán mañana a disposición judicial.
En las diligencias de este caso también han sido imputados el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, y el que fuera jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de ese ayuntamiento entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver, arquitecto en excedencia de su puesto como funcionario municipal.
Fuentes próximas a la investigación han señalado, por otra parte, que pasadas las 19 horas, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han iniciado registros en dos empresas de la región, vinculadas a la actividad inmobiliaria.
(www.publico.es, 06/10/10)
LA NUEVA CONDOMINA, PRIMERA PARTE DE UNA MACRO OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MURCIA
Agentes de la UCO de la Guardia Civil registraron ayer en Madrid el domicilio y la sede del presidente y máximo accionista del Real Murcia, y promotor del presunto parque temático de Paramount Pictures, Jesús Samper Vidal, en relación con la detención de tres personas en el marco de una operación de corrupción urbanística desplegada en Murcia, informaron fuentes de la investigación, que han precisado que la relación del máximo accionista del club grana estaría vinculada a presuntas irregularidades cometidas en el plan de construcción del estadio de la Nueva Condomina en Murcia.
Los imputados tras la operación son el concejal de Urbanismo de la ciudad, Fernando Berberena; del propietario del equipo de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, cuyo domicilio en Madrid ha sido registrado; del ex jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, imputado también en la operación Barraca que investiga otra trama urbanísitca; de Francisco Arques, empresario local; y de la mujer de Alberto Guerra, que es Isabel Fernández, jefa del Servicio de la Oficina del gobierno local del Ayuntamiento. Las tres detenciones y las cinco imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.
El juez ha ordenado la detención de tres personas, entre las que se encuentran el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra y el abogado Higinio Pérez Mateos, así como al ingeniero R.N, en el marco de una operación de corrupción urbanística.
A su vez, el presidente del Real Murcia, Jesús Samper Vidal, ha visto como agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban su domicilio en Madrid y otras de sus dependencias. La relación de Samper estaría vinculada a presuntas irregularidades cometidas en el plan de construcción del estadio de la Nueva Condomina en Murcia. Asimismo, el consejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Fernando Berberena, ha declarado tras el registo de la Guardia Civil, que desconoce si está imputado en la causa dado el decreto de secreto sumarial. En cualquier caso, los tres detenidos por corrupción urbanística pasarán este miércoles a disposición judicial.
Del mismo modo, la UCO de la Guardia Civil ha registrado las dependencias de Urbanismo en el Ayuntamiento de Murcia, a los que se suman otros regitros en despachos y domicilios tanto de la región murciana como de la comunidad de Madrid.
Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).
El director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra iba, en el momento de su detención, sin esposar pero cogido del brazo por un agente de la UCO de la Guardia Civil. Minutos antes de salir Guerra, agentes de la Guardia Civil introdujeron sobre las dos de la tarde tres cajas llenas de documentación en uno de los vehículos que se trasladaba a dependencias judiciales. Al mismo tiempo salía también de las dependencias municipales el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, quien ha declarado que se ha producido un registro en el despacho del gerente "que ha ido a prestar declaración a la Comisaría en calidad de retenido hasta que lo pongan a disposición judicial". Aunque ha aclarado que desconoce si está imputado o no, admite también no tener conocimiento de la información que están requisando los agentes.
BERBERENA AFIRMA QUE PODRÍA SER UN ERROR
El concejal de Urbanismo, ha manifestado que a lo mejor "en alguno de los casos se ha podido cometer un error", ya que se tramitan "más de 60.000 expedientes". A su vez ha añadido que, siendo así, "sería un delito de tipo administrativo y no penal, pero eso lo tendrá que decidir un Tribunal".
Fernando Berberena ha solicitado a los medios allí congregados que "se deje actuar a la justicia primero y si tenemos que hacer alguna investigación interna, la haremos", aunque confía que nos será necesario "porque los procedimientos administrativos que se llevan en esta Gerencia son hechos correctamente, ya que se tramitan más de 60.000 expedientes", según ha argumentado.
"No hay que hacer juicios paralelos que afectan a las personas y sus familias", apunta Berberena, quien además reconoce que no tiene "ni la más remota idea de por qué se ha producido el registro" y ha dejado claro que los agentes le han pedido permiso para registrar sus dependencias en la Gerencia, a lo que ha respondido "encantado de la vida", por lo que él simplemente ha ido "a estar con mis funcionarios para darles ánimo".
LA CONSTRUCCIÓN EN CUESTIÓN LLEVA EN PIE DESDE 2006
El abogado representante del presidente y máximo accionista del Club de Murcia, su hermano Juan Antonio Samper, negó que Jesús Samper haya estado "detenido en ningún momento" y aseveró que su "hermano no tiene que ver con ningún caso de corrupción urbanística".
Lo que sí es cierto es que se buscan evidencias sobre los presuntos beneficios ilícitos que habría experimentado Samper a partir de aquel plan urbanístico que contemplaba la construcción del estadio de la Nueva Condomina en Murcia, inaugurado en octubre de 2006, además de un complejo de viviendas que se construyó en un terreno de 200.000 metros cuadrados que el presidente del club granota compró antes de que el Ayuntamiento murciano recalificara dicho terreno.
"Alguna relación debe guardar porque viene del juzgado número 8 de Murcia", reconoce el abogado del presidente del Real Murcia, pero insisto en la falta de concreción del porqué. "El auto dictado nos produce una indefensión manifiesta", reprochó Samper. Aún así y tras recalcar que el domicilio es "un lugar inviolable por un principio "constitucional", destacó que cumplirán "escrupulosamente" con el decreto del registro domiciliario.
En este sentido también se ha manifestado el Real Murcia Club de Fútbol, que también desmiente la detención y sólo confirma el registro por parte de la Guardia Civil del domicilio particular de su presidente y máximo accionista y de la sede social de Sport Management & Project SL, ubicado en la madrileña calle de Serrano. Asimismo, el club de fútbol apunta que, en estos momentos, Jesús Samper se encuentra "desarrollando con absoluta normalidad su vida cotidiana".
DOS DE LOS DETENIDOS ERAN PROFESORES
Tanto Alberto Guerra, director de la Gerencia de Urbanismo, como Higinio Pérez Mateos, de profesión abogado, además de ser profesores de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, imparten en el II Máster en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
En cualquier caso, las tres personas detenidas pasarán previsiblemente este miércoles a disposición del juzgado que instruye la causa y las actuaciones han sido declaradas bajo secreto sumarial.
Con respecto a esto, el consejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, aboga por "esperar, y ver que el juez defina por donde quiere ir y qué es lo que quiere, porque si no, estamos dando alas a todo". Esta operación de corrupción urbanística ha sido iniciada por una denuncia de la Fiscalía.
Los agentes han practicado registros en despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, en empresas y en domicilios particulares.
Asimismo, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han requisado cajas fuertes en una oficinas de Cajamurcia y Cajamar. Una de ellas es propiedad del propio concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena. Otra del empresario muciano de la construcción Francisco Arqués López. Estas mismas fuentes han precisado que se registra su casa en la capital así como la sede de una de sus empresas en la madrileña calle de Serrano. Se buscan evidencias sobre los presuntos beneficios ilícitos que habría experimentado Samper a partir de aquel plan urbanístico que contemplaba la construcción del nuevo estadio, inaugurado en octubre de 2006, así como un complejo de viviendas.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registró la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, por orden de la Fiscalía y el juzgado 8 de Murcia. Vehículos de la Guardia Civil vigilaron ayer la plaza de Europa. Además de la sede municipal, la Guardia Civil llevó a cabo otros registros en la ciudad, y en Madrid, relacionados con los convenios urbanísticos en la zona norte de la ciudad.
El alcalde no habla
Desde las ocho de la mañana, una decena de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizan registros en varios despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, gobernado por el PP, y en algunas empresas y domicilios particulares y profesionales. Las acusaciones son de malversación de caudales púbilcos, blanqueo de capitales y cohecho, entre otras.
El alcalde del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Cámara ha rehusado hacer declaraciones. En una rueda de prensa, el concejal Rafael Gómez ha evitado hacer manifestaciones públicas sobre la operación.
El caso se encuentra bajo secreto de sumario.
(www.vegamediapress.com, 06/10/10)
GOLPE CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MURCIA
La Guardia Civil desarrolla desde primera hora de la mañana una operación contra la corrupción urbanística en Murcia, ciudad gobernada por el Partido Popular, por orden del juzgado número 8 de la ciudad, que ha imputado al menos a ocho personas, tres de las cuales han sido detenidas. Los arrestados son el director de la gerencia de Urbanismo y número dos del departamento, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano Renato de Noce, vinculado a empresas murcianas de la construcción.
Los imputados, por su parte, son el concejal de Urbanismo de la ciudad, Fernando Berberena; del propietario del equipo de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, cuyo domicilio en Madrid ha sido registrado; del ex jefe de Planeamiento Urbanístico, Joaquín Peñalver, imputado también en la operación Barraca que investiga otra trama urbanísitca; de Francisco Arques, empresario local; y de la mujer de Alberto Guerra.
Los agentes han practicado registros en despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, en empresas y en domicilios particulares.
Asimismo, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han requisado dos cajas fuertes en una oficina de la entidad bancaria Cajamar. Una de ellas es propiedad del propio concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena. La otra del empresario muciano de la construcción Francisco Arqués López.
Las detenciones se han practicado dentro de una investigación de la Fiscalía de Murcia sobre los convenios en la zona norte del municipio, donde hay licencia para 19.000 viviendas junto al estadio de fútbol de la Nueva Condomina y los centros comerciales. Se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Desde las ocho de la mañana, una veintena de agentes de la UCO han llevado a cabo registros en varios despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, que ha sido precintada, y en algunas empresas y domicilios tanto de esta ciudad como de Madrid. En la capital, la Guardia Civil está registrando el domicilio del actual propiertario del club de fútbol Real Murcia, Jesús Samper, tal y como reconoce la entidad en su página web.
Los registros han sido ordenados por el juzgado número 8 de Murcia y el caso se encuentra bajo secreto de sumario.
Una investigación de la Fiscalía
La investigación que ha desembocado en la operación de hoy nace de una denuncia del PSOE de la ciudad de Murcia y de la Fiscalía y se centra en lo que cobró el Ayuntamiento como compensación por recalificar los terrenos de la zona norte del municipio.
Estos convenios, según la denuncia del PSOE, se firmaron a cambio de unas compensaciones al consistorio "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos". Según los socialistas, el dinero que debería haber ingresado el consistorio era cercano a los 500 millones de euros.
Se trata de seis convenios urbanísticos que modificaron la calificación del suelo de esta zona a partir de 2001 y que elevaron su edificabilidad del 0,09 al 0,5 (es decir, cinco veces más viviendas).
El primero, en 2001, se firmó con Jesús Samper, dueño del Real Murcia. La compensación fue la construcción del Estadio de la Nueva Condomina. Tenía previsto realizar allí 4.000 viviendas.
El segundo data de febrero de 2005 y afectó a terrenos situados justo al lado del estadio. Un grupo de empresarios firmaron un convenio con el consistorio que contemplaba entre 2.000 y 2.500 viviendas y, como compensación, se fijó la rehabilitación del antiguo edificio del Casino.
En mayo de 2005 se aprueban cuatro convenios más, por parte de otros tantos grupos empresariales distintos, que abarcaban todo el suelo que quedaba en la zona norte. Alcanzó casi 20.000 viviendas y la compensación, en este caso, consistió en dinero en metálico para el Ayuntamiento.
(www.elpais.com, 05/10/10)
A PRIMERA POR EL LADRILLO
Jesús Samper, ex presidente de la Liga de Fútbol Profesional, hizo un negocio redondo con el Real Murcia. El empresario madrileño lo compró en 1999 cuando el club estaba en Segunda B y era una ruina. Al poco, adquirió por nueve millones (precio de saldo) dos millones de metros de suelo rústico que parecía imposible de recalificar. Imposible para la cooperativa que los tenía, pero no para el presidente del club. Samper firmó un acuerdo en 2001 con el alcalde, Miguel Ángel Cámara, del PP, para construir allí un nuevo estadio, un enorme centro comercial y un campo de golf con los que ha ganado unos 200 millones.
El 16 de junio de 2006, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia sentenció que el alcalde le había perdonado al club terrenos por valor de 20 millones de euros y que el Murcia tiene que cedérselo a la ciudad. Junto al estadio hay ahora dos centros comerciales, pero el Ayuntamiento no ha mejorado los accesos, lo que provoca atascos kilométricos que llegan a colapsar la autovía del Mediterráneo. Eso sí: el Murcia rompió el mercado de fichajes de segunda al tirar de talonario para hacer una plantilla de lujo y logró ascender a Primera División.
(www.elpais.com, 05/10/10)
TRES DETENIDOS EN MURCIA POR PRESUNTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
Otro nuevo caso de corrupción urbanística en la costa española y otro nuevo caso relacionado con un consistorio gobernado por el PP. Tres personas han sido detenidas por la Guardia Civil tras registrar las dependencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han procedido al precintado de la Gerencia por orden de la Fiscalía y del titular del juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejo.
Los detenidos son el director de la gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el ingeniero Renato de Noce. Los registros forman parte de una investigación de presuntos casos de corrupción en operaciones inmobiliarias derivadas de la expansión de la zona norte de la ciudad, donde se ubica el complejo Nueva Condomina.
En ese sentido, la Guardia Civil está registrando en Madrid el domicilio del presidente del Real Murcia, Jesús Samper, así como una de sus empresas en la calle Serrano de la capital. Fuentes de la investigación han precisado que la relación del máximo accionista del club granota estaría vinculada a presuntas irregularidades cometidas en el plan de construcción del estadio de la Nueva Condomina, inaugurado en 2006. Lo que se buscan son evidencias sobre los presuntos beneficios ilícitos que habría logrado Samper a partir de aquel plan urbanístico.
Estas diligencias se han practicado en el marco de un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, negociaciones prohibidas a los funcionarios y otros, iniciado por una denuncia de la Fiscalía, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM).
En un principio no está previsto que se practiquen nuevas detenciones pero no se descarta que en los próximos días se detenga a otros presuntos implicados ni que se cite a declarar como testigos a otras personas.
El consistorio está dirigido por Miguel Ángel Cámara Botía, del Partido Popular, desde 1995. Actualmente, el encargado de la parcela de Ordenación Territorial y Urbanismo es Fernando Berberena Loperena, que no se encontraba en el edificio en el momento del registro.
Una vez llegado a la Gerencia de Urbanismo, Berberena ha asegurado que colaborará con la justicia, aunque ha afirmado no tener "ni idea de lo que pasa" ni saber qué es "lo que se investiga".
También ha asegurado que todos los expedientes administrativos en materia de urbanismo están tramitados "con rigurosidad y escrupulosidad absoluta" y ha negado que exista un "escándalo urbanístico". Además, ha pedido "dar un voto de confianza" a los detenidos, así como "sentido común y paciencia en honor de las personas y sus familias hasta que no se sepa nada". Berberena asegura que el gerente de Urbanismo no está detenido y que "no tiene nada que ocultar".
Sin embargo, Guerra ha salido del edificio cogido del brazo por un agente de la UCO camino de las dependencias judiciales para prestar declaración en calidad de detenido. También el concejal de Urbanismo va camino de dichas dependencias.
El plan parcial "Nueva Condomina" fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Murcia el 27 de febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada desde entonces por la oposición, formada por PSOE e IU. Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, de enero del año 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables.
El consejo de la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó después, el 23 de abril de 2004, con el voto en contra del PSOE, la reparcelción de Nueva Condomina, de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.
El estadio municipal Nueva Condomina, edificio emblemático del proyecto, fue inaugurado el 11 de octubre de 2006 en un partido amistoso entre España y Argentina, y dos años después de esta inauguración el Ayuntamiento lo cedió por 50 años al Real Murcia, equipo que preside Jesús Samper.
El 16 de junio de 2006 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia dictó una sentencia en la que estipulaba que la empresa de Samper, Sport Management, debía ceder al Ayuntamiento casi 58.000 metros cuadrados más de suelo de los que había cedido en su día. El equipo de Gobierno municipal no reclamó los terrenos, y la sentencia fue recurrida. En noviembre de 2008 el Tribunal Supremo ratificó la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
El 14 de julio de 2006 el secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, afirmaba en rueda de prensa que el caso "Nueva Condomina" era "la madre de todos los escándalos conocidos" después de que su partido viniera denunciando diversas cuestiones relativas a ese proyecto, entre otras que el Ayuntamiento vendía a la empresa de Samper los terrenos que le correspondían como compensación a cambio de "un precio irrisorio" de 6 millones de euros.
En enero de 2007 el PSOE denunció que el Ayuntamiento de Murcia había dejado de ingresar 126 millones de euros por el precio fijado por el aumento de edificabilidad concedido a tres promotoras de viviendas en el proyecto "Nueva Condomina". El equipo de Gobierno municipal negó que se hubiera producido "venta" alguna, y explicó que en los convenios citados por el PSOE se ha aplicado un mecanismo de ordenación del suelo y asignación de edificabilidad previsto en la normativa del Plan General desde el año 2001. Según el gobierno municipal, los propietarios del suelo y "no los promotores" pueden elegir entre realizar una aportación al ayuntamiento que se declara como "actuación de interés municipal" o compensarlo con una cantidad económica.
La página web de varios grupos inmobiliarios, asegura que Nueva Condomina es "un singular proyecto urbanístico y el mayor proyecto comercial del arco mediterráneo, así como futura zona de expansión de la ciudad de Murcia", e incluye, entre otros, los complejos residenciales Nueva Condomina Suites y Terrazas Green.
Curiosamente, el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra y el abogado, Higinio Pérez Mateos, son profesores del departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.
En concreto, Guerra es profesor asociado a tiempo parcial y Pérez es profesor asociado de tipo I, según indican sus fichas recogidas en el directorio de la Universidad y según confirmaron fuentes de la institución docente. Ambos forman parte del grupo de personal docente e investigador de la universidad, y son profesores del II Máster en ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
(www.publico.es, 05/10/10)
ABREN UNA CAJA DE SEGURIDAD DEL CONCEJAL BERBERENA QUE CONTENÍA 180.000 EUROS
Agentes de la Benemérita han abierto una caja de seguridad del concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, en una entidad financiera. En el interior se hallaban 18.000 euros y una carta personal dirigida a sus hijos para ser leída en caso de fallecimiento. El registro se enmarca en la operación anticorrupción iniciada esta mañana en la Gerencia de Urbanismo.
El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, ha dicho hoy "no tengo ni idea de lo que pasa, no sé sobre lo que se investiga" al llegar, minutos antes del mediodía, a la sede de la Gerencia de Urbanismo de esta ciudad, precintada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El concejal ha dicho que el ayuntamiento de Murcia colaborará con la justicia, "como es nuestro deber", y facilitará "toda la documentación que sea necesaria".
La llegada de Fernando Berberena a la sede de este departamento, en la céntrica plaza de Europa de la capital, ha despertado el interés de los vecinos y comerciantes que se han congregado en la zona al advertir el dispositivo policial desplegado a primeras horas.
Berberena no ha querido hacer comentarios sobre la detención del director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, alegando que desconocía lo ocurrido y los detalles de la investigación.
Mientras, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, no ha asistido esta mañana a un acto en el que estaba anunciada su presencia para inaugurar la nueva fonoteca de arte sonoro y música experimental del centro municipal Puertas de Castilla "porque esta mañana está en otras cosas, tenía otros compromisos".
Así lo ha asegurado el concejal de Festejos y Cultura Popular, Rafael Gómez, a preguntas de los periodistas que cubrían el acto de inauguración de esas instalaciones, convocado a las 11 de la mañana.
Preguntado por su opinión sobre el registro que hoy efectúa la Guardia Civil en la Gerencia de Urbanismo de Murcia por un presunto caso de corrupción urbanística y sobre las tres detenciones llevadas a cabo, entre ellas la del director de este organismo, Alberto Guerra, Gómez se ha negado a hacer declaraciones "para no quitar brillantez" al acto de inauguración de la fonoteca.
(www.vegamediapress.com, 05/10/10)
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