CASO TOTANA : OPERACIÓN TÓTEM

 AUTO JUZGADO (PDF)

Manos Limpias diseñó una estrategia para que un imputado cobrara una comisión

El secretario general del sindicato negociaba con el intermediario proyectos inmobiliarios

Las grabaciones policiales del caso Totana, la trama de corrupción municipal en la que están imputados los dos últimos alcaldes del municipio murciano -Juan Morales y José Martínez Andreo, que se presentaron por el PP-, han dado también una pista para justificar la frenética actividad que mantiene en los juzgados como acusación de mil causas el pseudo sindicato Manos Limpias. Su secretario general, el que fuera líder de Fuerza Nueva, Miguel Bernad, aparece en las cintas poniendo su maquinaria de denuncias al servicio de los intereses de un comisionista implicado en la trama, Emiliano Ovide, un intermediario en compras de suelo. Las denuncias de Manos Limpias son utilizadas como medio de coacción por Ovide para conseguir el pago de comisiones.

La relación entre ambos se extiende, además, a otros municipios de España, donde las acusaciones judiciales de Bernad, que también tiene negocios inmobiliarios, favorecen a Ovide, según se le oye en las grabaciones. Es el caso de Ciempozuelos (Madrid). Allí Manos Limpias consiguió paralizar con sus denuncias el Plan General. La suspensión favoreció a Ovide, que, según sus palabras, se colocó "en primera línea" para construir vivienda protegida cuando se levantara la suspensión.

¿En cuántos municipios donde Bernad u Ovide poseen negocios inmobiliarios hay denuncias de Manos Limpias contra sus gestores urbanísticos? Bernad no ha contestado a este periódico, pero ambos listados por separado son amplios. La captación de tales evidencias arranca del verano de 2007. La Guardia Civil tiene pinchado el teléfono de Ovide a raíz de una denuncia por cobro de comisiones en Totana.

Ovide tiene la culpa de ser objeto de la investigación: en su afán de cobrar su comisión, reveló a la oposición de Totana que Inmonuar pagó sobornos para lograr un convenio. Su relato llegó a la fiscalía, que abrió una investigación. Sin saber que era grabado, Ovide puso en marcha su plan b para cobrar su comisión: presionar a Inmonuar a través de Manos Limpias. Este diario intentó recabar ayer sin éxito por teléfono y correo electrónico la versión de Bernad.

8 DE JUNIO DE 2007 "En primera línea de salida"

Ovide, tras hablar de proyectos inmobiliarios en Guadalajara y Arroyomolinos (Madrid), se jacta de que en Ciempozuelos (Madrid) está "en primera línea de salida" para construir vivienda de protección oficial en cuanto se desbloquee el plan general, paralizado por una denuncia de Manos Limpias que llevó a prisión a dos ex alcaldes del PSOE. Ironiza que "a Esprode [inmobiliaria perjudicada por dicha denuncia] no le vende ni en broma".

26 DE JULIO DE 2007 "Sacar lo que sea o negociar"

Bernad pide cita a Ovide en Madrid: "Es que tengo preparadas varias cosas de VPO y VPT (...) en Valladolid, en Villanubla (Valladolid), en Murcia, en Salamanca y en Burgos. ¿Te pueden encajar estos sitios?

Ovide: "Lo de Valladolid podemos mirarlo. ¿Lo de Murcia es en la ciudad?".

Bernad: "Sí, sí, en ciudad".

Ovide: "Acabo de estar con Ricardo y me decía que tenía en Murcia, y digo: a ver si va a ser lo mismo".

Bernad: "No, no tiene nada que ver, y luego también en Madrid y Daganzo. (...) Yo te voy preparando todos estos sitios y tú luego me dices, oye pues en este sitio me interesa, en este no, etcétera. (...) Y luego también preparamos el tema que tienes del alcalde ése".

Ovide: "¿Lo de Totana?".

Bernad: "Sí, y le metemos el cuerno ahí".

Ovide: "El alcalde es ahora diputado por Murcia. El tío se va a ir a Brasil porque tiene allí a su amante. Compró un tema en Salvador de Bahía, y como el plan general no se ha aprobado, tiene que estar aquí pendiente porque cobra tres millones de euros de cada plan que ha firmado".

Bernad: "Qué sinvergüenza".

Ovide: "Se va a ir el tío con una cantidad de 15 a 18 millones de euros para Brasil, así que imagínate, el rey del mambo".

Bernad: "Puag, pues en todo caso le preparamos la denuncia, que la firma el sindicato, ¿eh?".

Ovide: "Ya vemos la estrategia que conviene para paralizar su actuación o para que negocie, lo que sea. (...) Es una gestión que yo he hecho allí, con Inmonuar, que es un pelotazo, que ha hecho una opción de compra por dos millones que al aprobarse el plan, al venderlo, genera una plusvalía de 300 millones".

Bernad: "Pues nos metemos a fondo con ello si tú le puedes sacar lo que sea, o negociar".

1 DE AGOSTO DE 2007 "Bernad me tiene que explicar cómo está"

Ovide recibe una llamada de una clienta de Ciempozuelos, que le comenta que tiene algo junto a la Plaza Mayor. Ovide asegura que ya posee 200.000 metros cuadrados de VPO en dicho municipio y que no hará nada hasta hablar con Bernad, autor de una denuncia por corrupción urbanística, y que "le tiene que decir cómo está el tema".

3 DE SEPTIEMBRE DE 2007 "Tengo varias cosas de VPO para ofrecerte"

Bernad le pregunta cuándo se meten con el tema de Totana. Ovide pide tiempo porque aún no se ha aprobado el plan general, requisito para cobrar su comisión, pero acepta contárselo por encima. Bernad le replica: "Cuando quieras quedamos y nos metemos con ello, y luego tengo yo también varias cosas que me han llegado, para ofrecerte, de VPO".

Ovide: "¿Directa con el promotor?".

Bernad: "No, directamente con el promotor no, ya veríamos cómo lo encasillábamos. Pero me han llegado de varios sitios".

Luego le pregunta Bernad lo siguiente: "¿Te acuerdas de aquella gestión que se hizo, que no prosperó, que hacía falta esa cantidad de dinero?". A continuación le aclara que tiene un amigo que lo puede solventar.

25 DE SEPTIEMBRE DE 2007 "Tened cuidado por si os pilla a vosotros"

Emiliano Ovide se entrevista en una cafetería madrileña con Miguel Bernad "para diseñar una estrategia para conseguir cobrar su comisión". La cita fue espiada. Bernad le hizo ver a Ovide el riesgo de salpicarlo con su querella.

Bernad: "Por lo penal, tendréis que tener cuidado por si os pilla a vosotros... Que esto siga su curso y cuando vea que hay movimiento se va a poner en contacto... También podemos hacerle llegar al alcalde un adelanto y que se entere del tema de que tú te has puesto en contacto con Manos Limpias".

Ovide: "Es mucho dinero, y a mí lo que me interesa es cobrar".

7 DE SEPTIEMBRE DE 2007 "O se aviene a razones o le meten un hostiazo"

Ovide explica el plan a su abogado: "Bernad me ha dado autorización para meter el tema y ellos intervenir en el tema. O sea que el tema de Totana, en cuanto salga aprobado el plan, o se aviene a razones o le van a meter un hostiazo públicamente que lo van a hundir en Galicia. (...) Manos Limpias nos va a favorecer. A mí me ha dicho éste que en el momento en que no se avenga a razones como en el tema de Totana, directamente al fiscal, los faxes y los emails, con las cintas que le he grabado al antiguo alcalde y demás, directamente al fiscal. Como aprueben el plan general, lo que me corresponde ahí voy a cobrarlo. Que no lo cobro, a éste se le hunde, porque me dijo Bernad que aquí salimos todos en la prensa. Bernad me ha autorizado a dar su número de teléfono y demás de que ellos están en el tema, y desde luego están vinculados a que si Emiliano [Ovide] dice que hay que ir palante, palante con todo (...) O negocia y se le retira todo, o éste se cae con todo el equipo. Y ya deja de ser Manuel Núñez [dueño de Inmonuar]".

Alardea de que el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo, "está temblando". "Sabe que algo va a pasar, lo que no sabe es que le va a llamar el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Y dice, oiga, tenemos esto y esto, y por supuesto después de haber hablado con el presidente de Murcia, que es del PP. Y éste entra en Génova, que no es de los que se quedan fuera".

9 DE OCTUBRE DE 2007 "Ponerles nerviosos"

El 9 de octubre de 2007, Bernad y Ovide hablan de visitar Salamanca por un asunto. Mientras perfilan una querella, Bernad aconseja enviar una carta al Ayuntamiento para "ponerles nerviosos". El 22 de octubre, Ovide informa a Bernad de que ha recibido una llamada de un amigo suyo interesado en un suelo en Valdebebas (Madrid). Tres días más tarde, nuevo signo de intereses urbanísticos comunes entre Ovide y Bernad. El comisionista habla de un contrato sobre un asunto en Arroyomolinos (Madrid) por el que se pagará una comisión de un millón de euros. Y comenta que "va a ver a Miguel Bernad por un solar en Valdemoro (Madrid) para viviendas de protección". La conclusión de la Guardia Civil es clara: "Emiliano y Bernad tienen en común no solamente el asunto de la querella de Totana, sino que además intervienen juntos en temas inmobiliarios". Días después, Ovide confiesa: "El viernes estuve con el de Manos Limpias y me dijo que Esperanza Aguirre [presidenta de la Comunidad de Madrid] se había comprometido a que hasta que Ciempozuelos no salga del juzgado no mueven ni una paja, y que en principio cree que serán unos dos años". Días después, Bernad pide documentos a Ovide de las comisiones que le deben por sus operaciones.

A seis denuncias por mes

Manos Limpias presenta una media de seis denuncias al mes desde 1997. El listado de sus víctimas jurídicas, entre otros cientos, incluye al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; a jueces de la Audiencia Nacional como Baltasar Garzón o Juan del Olmo; al lehendakari, Juan José Ibarretxe, al fallecido editor y presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco, y a decenas de miembros de consistorios y organismos diversos. Suman cientos sus denuncias, muchas de ellas derivadas de meros recortes de prensa. Imposible cuantificar objetivamente qué porcentaje son inadmitidas o archivadas, pero su éxito mediático es seguro. A veces se les vuelven en contra. Fueron denunciados por falsa denuncia en el 11-M.

Se llaman sindicato, pero nunca convocan huelgas, dada su exigua estructura, sino conferencias para detallar su último alarde judicial. ¿Qué les mueve? A tenor de su página web, la lucha sin hipotecas contra la corrupción. Pero en sus charlas grabadas, Emiliano Ovide, el comisionista protegido por el líder del sindicato, Miguel Bernad, y su aparente compañero de negocios, define de modo menos heroico la organización de su amigo: "Éstos de Manos Limpias son un grupo de abogados y tienen financiación del PP. Y vamos, igual que si yo hago una operación y les doy algo de dinero. Ellos son abogados y no les cuestan nada estos pleitos, es para pagar la secretaria y el local".

EL SUMARIO DE LA 'OPERACIÓN TÓTEM' TRAMA DE CORRUPCIÓN EN TOTANA: ANDREO: «QUE SE VAYA DE AHÍ MORALES, QUE NO QUIERO DETENCIONES EN EL AYUNTAMIENTO» 

A Juan Morales le dieron los siete males cuando, el 26 de noviembre del 2007, a primera hora de la mañana, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzaron a detener a varios vecinos de la localidad. Se había iniciado la Operación Tótem y el ex alcalde no debía de tener la conciencia muy tranquila, y además hubo de acordarse del refrán que dice aquello de «cuando las barbas de tu vecino veas cortar...», porque lo primero que hizo fue llamar a su abogado y pedirle asesoramiento. Estaba convencido de que su detención era cuestión de minutos. 

Así lo relató el abogado Javier C.A., también imputado en la Operación Tótem, cuando más tarde, él mismo, después de diversos avatares, se vió en la tesitura de tener que prestar declaración ante los citados agentes de la UCO. «Juan Morales -explica el abogado- le llama desde la Secretaría del Ayuntamiento de Totana y le pide que vaya para allá. Que desconoce el motivo de por qué éste estaba en la Secretaría. Que llega allí y habla con Morales. Que estaba allí por el asunto de asesorarle por causa de la detención inminente de Morales que se iba a producir». 

«Posteriormente -continúa su relato-, cuando el declarante se encontraba en la Secretaría con Juan Morales, llegó Antonio Morales Cánovas y les preguntó qué está pasando y le explican lo que sucede. Laura (la secretaria municipal) les dice que se marchen, porque es posible que la Policía Judicial vaya al Ayuntamiento a registrar (lo hizo tres días más tarde). En ese momento, el dicente llamó al actual alcalde, Martínez Andreo, para comunicarle que estaba en el Ayuntamiento con Juan Morales, y Andreo les dice que se marchen inmediatamente, que no quería detenciones en el Ayuntamiento». 

No es necesario que les animen más. Ambos salen del edificio consistorial casi a la carrera. «Morales estaba bastante nervioso. No sabía si ir a su casa de La Charca, si ir a Murcia... Estaba alterado. El declarante no conocía si existían motivos para una detención inminente de Morales. Que quiere hacer constar que no es penalista y que tuvo que consultar detalles sobre el particular. No conocía si a Morales, como aforado, lo podían o no detener, registrar el vehículo, o incluso a él mismo. Luego (el letrado) aclara que a él sí que podían».  

Juan no quería que su abogado le abandonase, bajo ningún concepto. Le pide que lo acompañe a la urbanización La Charca, «por si está allí la Policía para detenerlo. Ingenuamente, el declarante aceptó acompañarle hasta su casa. Que realmente no valoró los hechos y que quizás debía haber hecho otra cosa». Llamó a su despacho para que le facilitaran teléfonos de abogados penalistas y llamó a José María Caballero, «a quien comentó la situación y (le pidió) que si podía representar a Juan Morales, quedando en hablar posteriormente». 

En la casa, mientras el letrado esperaba en el salón, el ex alcalde recorría diversas dependencias. «Debajo de la mesa del salón -sigue explicando el abogado-, entre periódicos, había varios documentos de los que (el declarante) desconoce su contenido, que Morales metió en una maleta negra junto con ropa, y el propio Morales la sacó de la casa. Que además Juan Morales entró en la cocina y salió con una bolsa de basura de color violeta. Como Morales llevaba las manos ocupadas, le entregó la maleta al manifestante para que se la llevara, a los efectos de poder estudiar su contenido con José María Caballero y preparar su posible defensa. Que el declarante le estaba asistiendo en ese momento, pero que no quería llevar ese asunto». 

El detalle de la bolsa de basuras que portaba el ex alcalde de Totana es particularmente importante, por cuanto los agentes de la UCO que le iban siguiendo ese día, con gran discreción, la recuperaron del contenedor y en su interior hallaron un documento hecho trozos, que lograron recomponer.  

Este documento era un reconocimiento de deuda de 3,6 millones de euros, firmado por el grupo promotor gallego Inmonuar, en favor de la firma Nubia Inversiones, y que era el método que Morales, su amigo Gabriel Martínez y dos intermediarios habían concebido, supuestamente, para asegurarse el cobro de una millonaria comisión. 

Cuando compareció ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Julián Pérez Templado, el ex alcalde no fue capaz de ofrecer una explicación coherente sobre las razones por las que tenía copia de ese documento en su poder. 

Tras sacar los papeles de su casa y entregárselos al abogado, ambos se dirigieron hacia Murcia, cada uno en su coche. La mala suerte sorprendió al letrado, ya que Morales atravesó sin problemas un control de la Guardia Civil, pero no así Javier C.A., a quien los agentes dieron el alto y le hicieron abrir el maletero. Cuando vieron la maleta, le preguntaron de quién era, y él respondió que era de Morales, «que es diputado regional, aforado, y que por eso no la pueden abrir».  

El guardia civil, sin embargo, la abrió, vio su contenido y llamó a otros agentes, que no tardaron en presentarse en el lugar, a la vez que Morales regresaba a ese mismo sitio. El abogado le preguntó entonces: «Juan, ¿esta maleta es tuya?. Y Juan le dijo que sí, que es suya, y lo reconoce delante del agente. Juan, a indicación de alguien, se marcha del lugar». 

Siguen llegando guardias civiles al lugar, éstos de la UCO, y precintan la maleta. Permiten que el abogado se marche. «Se ve con Morales en la gasolinera de Totana y quedan a comer en un restaurante de carretera llamado La Paz. Que mientras se desplazaban, el dicente llama a José María Caballero y ya no llegan a comer, que se desplazan al despacho de caballero, y allí le presenta a Morales y en ese momento Caballero se hace cargo de su asistencia jurídica».  

El letrado concluye su declaración afirmando que, «a pesar de la insistencia de Morales en volver a llamarle algún día, él le deja claro que no quiere volver a hablar con él». 

(www.laverdad.es, 26/06/08)

EL EX ALCALDE DE TOTANA EXTORSIONÓ A INDUSTRIALES DESDE LA CÁMARA MURCIANA 

La Guardia Civil cree que el ex alcalde de Totana del PP y diputado del grupo mixto en el Parlamento autonómico murciano, Juan Morales, siguió aprovechándose de su cargo de diputado para hacer negocios ilícitos y tratar de cobrar comisiones ilegales por las gestiones urbanísticas iniciadas cuando era primer edil totanero. Documentos interceptados al abogado de Morales muestran que la ex mujer de éste -está separado, no divorciado y sin separación de bienes- firmó un convenio con la empresa Visanfer en la que el empresario se comprometía a pagar cinco millones de euros de comisión a cambio de la recalificación de una finca en un Parque Natural. 

Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) que consta en el sumario de la Operación Tótem, al que ha tenido acceso EL PAÍS, subraya: "Juan Morales, desde su nueva posición de diputado regional, sigue aprovechándose de su condición de servidor público con influencias en la Administración (...) para seguir haciendo ver a Manuel Núñez Arias que aún conserva cierta influencia y que de él depende la exitosa culminación de la operación, consiguiendo así una recompensa por sus servicios". Morales fue alcalde de Totana hasta 2007, cuando pasó a la Asamblea regional en la lista del PP. En diciembre pasado, cuando estalló el escándalo de corrupción, fue expulsado y pasó al Grupo Mixto. IU recordó ayer que Morales fue elegido por el PP portavoz de la Comisión de Ordenación del Territorio, por la que debería pasar la recalificación de esa parcela. 

Según la investigación judicial, Morales habría pactado con el empresario una comisión ilegal de 3,6 millones, de la que también se beneficiarían los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, así como el empresario totanero Gabriel Martínez, amigo íntimo de Morales. Una frase de este último, dueño de Huevos Maryper, llevó a la Guardia Civil a pensar que el ex alcalde continuaba delinquiendo desde la Asamblea. 

Martínez y Morales, una vez que éste había salido de la alcaldía de Totana, negociaban con Núñez Arias la comisión ilegal por las gestiones para aprobar el convenio urbanístico. "Por si hay que dar un toque en Murcia o donde sea", señaló el empresario totanero. 

El responsable de Política Municipal de IU y edil de Totana, Juan José Cánovas, dijo tener constancia "de que hubo personas del municipio que informaron al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, o a parte de su entorno, sobre qué pasaba en el municipio". El alcalde de Totana, el popular José Martínez Andreo, aseguró ante la prensa que las presuntas corruptelas de Morales las conocía "media Totana y medio Región de Murcia". 

(www.elpais.com, 06/06/08) 

"ESPERO QUE ESOS IMBÉCILES APRUEBEN EL PLAN URBANO" 

Juan Morales escondía en su casa de Totana grandes cantidades de dinero en metálico, en bolsas y sobres, como el ex alcalde reconoció en una conversación con su hijo intervenida por la policía. Morales pudo eludir la prisión tras pagar una fianza de 200.000 euros que reunió en dos días. Los investigadores creen que esa forma de guardar el dinero "comunica una clara intención de mantenerlo oculto y diseminado", de lo que se deduciría una procedencia "poco justificable". 

Además, Morales estaba preocupado por el futuro del Plan General (PGOU), que empezó a tramitarse cuando él era alcalde pero cuya aprobación estaba en manos de su sucesor, José Martínez Andreo. Del PGOU dependían varios de sus presuntos negocios. En otra conversación intervenida dice "Espero que los imbéciles éstos sean capaces de ir sacando el plan (...), si no, no van a poder ni cobrar ellos (...). No les va más que la pura subsistencia, tienen que comer de allí". 

(www.elpais.com, 06/06/08) 

CASANOVA, AL ALCALDE ANDREO: «TENEMOS QUE HACER COSAS Y VAMOS A PONER DE TESTAFERRO A BARTOLO» 

José Martínez Andreo se convirtió en alcalde de Totana a mediodía del 16 de junio del 2007, en un acto solemne celebrado en el cine Velasco de la localidad. Su dicha se habría visto velada, sin duda, de haber sabido que ya en ese momento tenía el teléfono intervenido por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la localidad, María Asunción Navarro Artero; de que todos sus pasos eran seguidos bien de cerca por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y que, a cuenta de ese nombramiento, acabaría dando un día con sus huesos en la prisión provincial de Sangonera la Verde. 

Apenas tres días después de haber empuñado por vez primera el bastón de mando, el día 19, a las 19 horas y 48 minutos, Martínez Andreo recibe una llamada del ahora concejal del PP Juan Francisco Casanova. Éste le felicita por la presentación de los concejales, acto que se ha producido ese mismo día, y a continuación le expone directamente que Rafael, el del Paretón, «se ve que tiene un problemica...» y que le ha dicho que no se preocupe que él sabe «que Pepe -supuestamente José Martínez Andreo- es un tío legal y lo que hablamos... lo que te haga falta, lo que te haga falta... Y tiene problemas con su casa, con no sé qué, y digo tú tranquilo por eso, que no vamos a firmar nada». 

Andreo responde: «¿Pero que necesita cosas nuestras?»  

-Casanova: «Hombre, hombre, pues claro, claro». 

-Andreo: «¿Pero de qué plan? ¿Del Plan General, o de qué?». 

-Casanova: «Sí, una cosa del Plan General. (...) Tú no te preocupes de eso. Si no lo sabes tú, no sé quién lo va a saber...». 

-Andreo: «Claro». 

La conversación cambia de derroteros hasta que Casanova le indica: «Las perricas que me dijiste, no te gastes todas las perras, que tenemos que comprar algo bueno». 

-Andreo: «Tenemos que hacer cosas». 

-Casanova: «Sí, sí sí, sí tenemos que hacer una cosa... Vamos a poner de testaferro a Bartolo». 

-Andreo: «Eso, eso... (se ríe)». 

-Casanova: «...que es un tío legal, que es de lo más legal que he conocido en mi vida...». 

-Andreo: «Sí, ¿no?». 

-Casanova: «Hostia, ése da la vida por nosotros». 

-Andreo: «Sí». 

-Casanova: «Muere». 

-Andreo: «Eso está bien, eso está bien». 

Los guardias civiles, que llevan alrededor de un mes tratando de desenredar la supuesta trama de corrupción en Totana, de la que comenzaron a tirar siguiendo el hilo del ex alcalde Juan Morales, se ponen alerta ante semejante conversación. «Aunque se aprecia cierta ironía en este tema por parte de ambos -señalan en un informe cursado a la juez Navarro-, no se interpreta como una idea descabellada».  Desde ese instante estarán bien atentos a las conversaciones entre Martínez Andreo y el edil Juan Francisco Casanova. No habrán de esperar mucho más para tener novedades. 

LLAMADA A 'LOS GALLEGOS'

«El rumor de que Juan Morales pedía comisiones lo conocía media Totana y media región», admitió recientemente el actual alcalde de Totana y sucesor del aludido. Pero la juez María Ascensión Navarro va mucho más allá en las conclusiones con que cierra su investigación sobre el caso Tótem.  

Considera la instructora que Martínez Andreo no sólo conocía esos «rumores», sino que sabía fehacientemente que Morales había llegado a un acuerdo con el presidente del grupo inmobiliario gallego Inmonuar, Manuel Núñez Arias, para cobrar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por recalificar 2,2 millones de metros cuadrados en el paraje El Raiguero, donde pretenían construir 5.000 viviendas y un campo de golf. El dinero debía ser repartido en tres partes iguales entre Morales, su amigo y hombre de confianza, el empresario Gabriel Martínez -de Huervos Maryper- y dos intermediarios en la operación. 

Más aún, estima la juez que Martínez Andreo, una vez que hubo tomado posesión de su cargo, decidió apartar a Morales y tratar de quedarse con la comisión. ¿Cómo llegó a tal conclusión?. Por otra conversación interceptada el 27 de agosto del 2007 entre Casanova y Martínez Andreo, en la que ambos hablan supuestamente de tales planes.  

Una conversación a la que los investigadores otorgan una excepcional importancia y que llevó a incluir como imputados en un delito de cohecho a los dos intervinientes en la misma. 

Por la trascendencia del documento, que está en poder de La Verdad, se reproduce íntegramente:  

-José Martínez Andreo: Sí. 

- Juan Francisco Casanova: Pepe. 

-Andreo: Díme. 

-Casanova: He llamado al gallego y he quedao con él pa la semana que viene, pa comer con él. 

-Andreo: Vale. 

-Casanova: ¿Entiendes o no? 

-Andreo: Mmm. 

-Casanova: Vamos a hacer una cosa bien hecha.  

-Andreo: Ah, tú... ¿pero tú, no? 

-Casanova: ¿Eh? 

-Andreo: Que tú, tú, tú...  

-Casanova: Sí, sí, sí.. Tú tranquilo, tú no. Aquí soy yo, yo sólo, tú nada, ¿me entiendes o no? 

-Andreo: Mmm. 

-Casanova: Yo luego, a ver si tú me entiendes, yo, como si fuéramos los dos, pero soy yo. 

-Andreo: Ya está. Lo que tú mires, hables y ya está. ¿Mmm? 

-Casanova: Ehhhhh. Mmm. Ya está tú, exactamente. Nosotros comemos, hablamos con él, y ya está, y ahí lo podemos hacer bien, y si sale bien es como si supiéramos el precio del suelo y punto, y no pasa ná.  

-Andreo: Correcto, correcto. 

-Casanova: (No se entiende). De puta madre, pero no pasa ná. Y con lo otro... 

-Andreo: Mmm. 

-Casanova: Pues lo otro, si tú quieres ayudarle, yo también. Tú no apareces, nada, y lo hacemos bien también. ¿Me entiendes o no? 

-Andreo: Sí, ahí está el tema de, fff, si uno sabe lo del otro, peligro. 

-Casanova: Noooo, éste, éste ahora cuando yo he hablado, dice, es que yo, me parece a mí, que La generala no ha hecho ná. Éste no sabe ná. Pero eso se puede a..., lo tengo también pensado, eso se puede hacer bien pensado pa que... mmm, para que nin... (no termina la frase). 

-Andreo: Pero (no termina) 

-Casanova: (No se entiende). Y que nadie lo sepa. 

-Andreo: Pero porque es..., porque los..., lo..., ¿el abogado es el mismo de los dos?  

-Casanova: Tiene que ser el abogao, ellos no sabrán ná, tiene que ser que el abogao de La Generala haya hablao con el abogado de... (no termina la frase). 

-Andreo: Sí. 

-Casanova: De eso. Pero lo que está claro es que si La Generala hace eso, el abogao no le va a decir al otro abogao ná.  

-Andreo: Ya, ya, ya. 

-Casanova: Y si el abogado éste hace lo de eso..., no va a decir..., quiere decirse que eso es una cosa... (no termina la frase). 

-Andreo: Mmm. 

-Casanova: Que nadie (no se entiende), nadie va a saber ná. 

-Andreo: Ya, ya, ya... Está claro. 

-Casanova: ¿Entiendes o no? Nosotros vamos a ir. Yo le he dicho, tú bájate, porque él está ciego, digo tú bájate pa abajo, comemos y echamos un rato.  

-Andreo: ¿Eso quién es, el Pablo ése? 

-Casanova: Sí. 

-Andreo: Vale. 

-Casanova: Hemos bajao con el jefe. No lo sabía, Digo, no..., tú bájate, tú, de momento tú... 

-Andreo: Eso, pero ellos ¿van en plan firme ahí, a desarrollar? ¿O no? ¿O siguen por ahí intentando colocar eso? 

-Casanova: Ya nos enteraremos la semana que viene. 

-Andreo: Pues ya está. No, es que eso es una de las cosas, también, que tienes tú que saber. 

-Casanova: Por eso, por eso. No, no, no. Tú. Vamos a ver, nosotros nos vamos a enterar de tó la semana que viene. 

-Andreo: Mmm. 

-Casanova: ¿Entiendes o no? 

-Andreo: Bien, bien, bien. 

-Casanova: Todo bien, y ya está. Y eso no es ningún problema, porque no lo vamos a hacer de.. 

-Andreo: Y sobre todo déjales claro que... con Morales, desmarcarse total. 

-Casanova: No, eso tú tranquilo. Además, es que lo vamos a hacer de tal manera que si la cosa sale en puesto de 30 euros el suelo, pues les va costar 60. 

-Andreo: Ya, que no hace falta que me digas ná, pero que... 

-Casanova: Nada. 

-Andreo: Pero que lo que te digo, eh, que se lo dejes claro, ¿eh?, que Morales no va en el mismo barco. 

-Casanova: Ya se lo he dicho, yo, no le he dicho ná de eso. Lo único que le he dicho, que de momento no comente ná a nadie, hasta que no hablemos. 

-Andreo: Ya está. 

-Casanova: Y una vez que hablemos, ya, como le vamos a decir lo que tenemos que decirle, y punto. 

-Andreo: Ya. Venga, de acuerdo. Vale. 

-Casanova: Y a los otros, lo mismo. Los otros, tú, cuando hablemos con éste... 

-Andreo: Los otros, exactamente. 

-Casanova: Exactamente. Cuando hablemos con éstos, tú a los otros no tienes más que decirles, ehh, ehh, habla con Juan Francisco. 

-Andreo: Mmm. Está claro. 

-Casanova: Y punto. 

-Andreo: Venga vale, vale, ok. 

-Casanova: Pero eso sí, a nadie, Pepe, hostia. 

-Andreo: No, no, pero si lo tengo claro, si lo tengo claro. 

-Casanova: ¿Eh? Esto tú, yo, tú y yo, y punto. 

-Andreo: Ya. 

-Casanova: Ni a tu mujer, ni yo a la mía. 

-Andreo: No te preocupes, no te preocupes. 

-Casanova: ¿Me entiendes o no? 

-Andreo: Sí, lo tengo claro, si eso lo tengo yo claro. 

-Casanova: Exactamente, ahí eso, pa ti y pa mí, y punto. 

-Andreo: Venga, ok. 

-Casanova: Hasta luego, Pepe 

-Andreo: Venga, hasta luego. 

«RENEGOCIANDO LA COMISIÓN»

Los investigadores de la UCO, como más tarde harían el fiscal y la propia juez, llegaron a la conclusión de que «Andreo y Juan Francisco Casanova se conciertan para que el segundo hable con Pablo (Pablo Maceira Galarza, gestor de suelo de Inmonuar), y renegocien lo que parece ser una comisión por facilitar la llegada a buen puerto del convenio que la sociedad gallega tiene firmado con el Ayuntamiento de Totana». 

Con la interceptación de esta conversación, Andreo pasó a convertirse en uno de los objetivos prioritarios de la Operación Tótem. 

(www.laverdad.es, 06/06/08)

EL HIJO DE MORALES, SU EXMUJER Y SU ACTUAL COMPAÑERA, CONOCÍAN SUS ACTIVIDADES ILÍCITAS  

El hijo de Juan Morales, su exmujer, y su actual compañera sentimental conocían algunas de sus presuntas actividades ilícitas. Del sumario del Caso totem se desprende por ejemplo que Morales, en una conversación con su hijo, le dice que tiene guardado abundante dinero en metálico "en distintos sobres que están en puntos diferentes de su casa de la charca de Totana", según ha informado esta mañana la cadena SER.

También a través del sumario, sabemos que la exmujer de Morales, Carmen Jordan, es conocedora, colaboradora y beneficiaria de los negocios de Morales . Se ha comprobado que Morales sigue manteniéndola económicamente, que Jordan está vinculada a la empresa Nubia, que es la que iba a cobrar la comisión de 3 millones de euros de Nuaria, y que comparten al menos una cuenta bancaria.  

En una conversación intervenida entre los dos sobre el PGOU de Totana, ella afirma que el negocio con Nuaria Morales lo tiene por escrito y supeditado a la aprobación de dicho plan para cobrar. Entonces morales le dice cosas como estas..."Esperemos que los imbéciles estos sean capaces de ir sacando el plan urbanístico adelante. si no lo sacan no van a poder cobrar ni ellos. les va la pura subsistencia, tienen que comer de alli."  

Por último, del sumario del caso totem destaca la figura de Vaneide Freita, la actual pareja sentimental de morales que también es conocedora de sus presuntas actividades ilícitas. Y es que Morales tienes inversiones inmobiliarias en Foz de Iguazu, en Brasil, la localidad natal de Freita y la ha utilizado a ella para transportar el dinero con el que pagarlas. Eso se sabe porque segun un registro oficial que se cita en el sumario Morales no aparece como interviniente en ninguna operación comercial en el extranjero.  

(www.vegamediapress.com, 05/06/08)

"Haz un documento para que las comisiones lleguen a todos"

El ex alcalde de Totana puso por escrito sus tejemanejes

La apertura del secreto de sumario en la Operación Tótem, que destapó una trama de corrupción en la que han sido detenidas en Murcia, Galicia y Madrid 14 personas, está subiendo los colores a todo el Ayuntamiento de Totana (Murcia). Apenas un mes después de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, con la oposición del PSOE e IU, el sumario, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pone de manifiesto la presunta existencia de una lucha entre el ex alcalde y diputado murciano Juan Morales y el actual primer edil, José Martínez Andreo, para obtener tres millones de euros en comisiones.

Según la juez que instruye el caso, Morales pudo haber recibido 12 millones de euros en comisiones en los diferentes pelotazos del municipio, en el que se aprobaron 60 convenios urbanísticos.

"Yo no puedo firmar nada, pero hay que hacer algún documento donde las comisiones lleguen para todos, y luego cada uno recoja su parte". Así se expresaba el diputado del PP en el Parlamento murciano (ahora está en el Grupo Mixto), Juan Morales, quien pagó 200.000 euros para eludir la prisión, tal y como decretó la Sala de lo Civil y Penal de la Audiencia de Murcia.

La frase procede de una conversación grabada por la Guardia Civil en la sala Vip del aeropuerto de Barajas. En ella participaron, además de Morales, los intermediarios Gabriel Martínez y José Antonio Alcántara. Iban de camino a Galicia a cobrar presuntamente una comisión de tres millones de euros al empresario gallego Manuel Núñez, para recalificar varios millones de metros cuadrados para que la firma Nuaria construyera 5.000 viviendas en Totana (20.000 habitantes).

En la misma sala de Barajas, uno de los intermediarios, concretamente Alcántara, dijo: "Lo que le vamos a proponer es que en vez de los seiscientos millones, nos dé los cuatrocientos en billetes y nos bajamos el viernes con ellos en una bolsa para Murcia".

Estos tejemanejes estaban reflejados, según la investigación realizada por la juez de Totana María Asunción Navarro, en un documento que el propio diputado Juan Morales destruyó al tener conocimiento de las detenciones de los empresarios gallegos. Este documento, "troceado y recompuesto, es un reconocimiento de deuda de tres millones de euros por parte de una de las firmas del empresario que quería construir en Totana en favor de una empresa cuyo titular es Joaquín Carmona". Los tres millones de euros se habían repartido en tres partes: una para Morales, otra para el empresario Gabriel Martínez, y una tercera para los intermediarios Joaquín Carmona y José Antonio Alcántara, según la investigación de la Guardia Civil. www.elpais.es 24.05.08

IMPLICADOS EN LA NEGOCIACIÓN DE UNA COMISIÓN DE 3,6 MILLONES DE EUROS CONFIESAN QUE MORALES ESTABA DETRÁS 

Si el sumario judicial instruido con motivo de la Operación Tótem es una especie de cuerda en torno a la garganta del ex alcalde de Totana Juan Morales, bien podría decirse que cada declaración prestada ante la juez por los presuntos implicados ha contribuido a ir apretando el nudo. Ni en sus amigos más íntimos ha hallado respaldo.  

Las diligencias sobre este asunto de corrupción urbanística, que están en poder de La Verdad, demuestran que la gran mayoría de los sospechosos de participar en la negociación de comisiones multimillonarias han acabado implicando al actual diputado regional del Grupo Mixto. Incluso Gabriel Martínez, director ejecutivo de Huevos Maryper, hombre de su absoluta confianza y uno de los más activos participantes, según las citadas diligencias, en la negociación de un cobro de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas). También él, su amigo del alma, su compañero de andanzas, ha confesado que fue Morales quien exigió llevarse su parte del pastel por facilitar una recalificación urbanística.  

Según se desprende de la investigación judicial, y así lo recoge la juez de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, el entonces alcalde de Totana, Juan Morales, habría visto la oportunidad de hacer un buen negocio en el año 2006, cuando intermediarios de la firma gallega Inmonuar S.L. empezaron a buscar terrenos en el municipio para construir una urbanización. 

La superficie que despertó el interés de la promotora se situaba en el paraje conocido como El Raiguero, tenía una superficie de unos 2,2 millones de metros cuadrados y, aunque estaba calificada como no urbanizable, el alcalde se habría ofrecido para impulsar el cambio de calificación, además de para favorecer la venta de los terrenos a la promotora gallega por parte de sus entonces propietarios. A cambio, siempre según la juez, Morales habría solicitado la tercera parte de una comisión de 3,6 millones de euros (las otras dos terceras partes habría ido destinadas a los intermediario y a su amigo Gabriel Martínez, también implicado en la operación). 

No fue el único intento de cobrar una comisión por parte del alcalde totanero, quien supuestamente habría reclamado a los dueños de los terrenos un pago de dos millones de euros (unos 332 millones de pesetas), por gestionar la venta con el grupo gallego. Para asegurarse el pago les habría hecho firmar un contrato de gestión inmobiliaria, en el que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán. este documento está en poder de los investigadores. 

En resumen, que Morales no habría tenido empaño en jugar incluso a dos bandas. 

Por lo que se refiere a las negociaciones con Inmonuar S.L. y su propietario, Manuel Núñez Arias, la investigación ha determinado que a mediados del 2006 hubo una reunión en el Ayuntamiento de Totana en la que, además del alcalde, habrían participado los intermediarios José Antonio Alcántara y Joaquín Carmona, así como Gabriel Martínez. Éste último ha confesado ante la juez que fue allí cuando su amigo Morales «directamente solicitó la comisión», según se recoge en el sumario. 

Con ser ya comprometido este testimonio, el problema de Morales es que el resto de los implicados tampoco le han salvado la cara. Así, Carmona ha dado detalles a la juez de que el alcalde había pedido participar en el reparto de la comisión y que había reclamado que se hiciesen tres partes. Y el propio promotor, Manuel Núñez, y su representante, Pablo Maceira, han confesado que Morales les pidió dinero a través del intermedio Emiliano Ovide. 

Por si esto no era suficiente, otros dos vecinos de Totana, Manuel C. y Raquel V., han declarado que el mismo Emiliano Vigil les contó la exigencia de Morales de llevarse una comisión por la recalificación de terrenos. 

Ante tamañas imputaciones, el actual parlamentario regional se limitó en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a encogerse de hombros. Dijo que no podía responder por las palabras de los demás y negó «rotundamente» en una decena de ocasiones haber reclamado comisión alguna.  

Sin embargo, otro dato que le incrimina, y para el que no encontró argumento coherente que lo explicase, es el hecho de que tuviese en su poder dos copias del documento de reconocimiento de deuda, por importe de 3,6 millones de euros, que Inmonuar firmó en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., controlada por Carmona. Éste era el método supuestamente ideado para que ni Morales ni el resto figurasen como perceptores de la citada comisión. 

Aunque Morales respondió, a preguntas del fiscal, que ese documento estaba incluido en el expediente del plan parcial de El Raiguero, y que él se llevaba a casa copias de todos los planes parciales «por precaución», no supo explicar por qué un documento privado de reconocimiento de deuda estaba en un expediente municipal.  

Hasta tal punto se fue enredando Morales en sus respuestas que el propio magistrado instructor del TSJ, Julián Pérez Templado, se permitió recordarle que tenía derecho a no declarar, pero que lo que estaba diciendo «no está claro». O lo que es lo mismo, que le era preferible callar antes que dar explicaciones poco coherentes. 

Uno de los hechos más curiosos recogidos en el sumario es la presunta conversación a cuatro bandas que Morales habría organizado, junto a varios intermediarios, para evitar ser quien negociase directamente la multimillonaria comisión con el promotor Nuñez Arias. De esta forma, Morales le transmitía las indicaciones a su amigo Gabriel Martínez, quien a su vez las pasaba por teléfono a los intermediarios Carmona y Alcántara, que estaban reunidos en un coche con Pablo Maceira, hombre de confianza de Núñez Arias. Éste era quien finalmente hacía llegar las exigencias al promotor gallego, también vía telefónica. Una precaución que parece haberle servido de poco. 

(www.laverdad.es, 23/05/08)

MARTÍNEZ ANDREO:«NOS VAMOS A REPARTIR ALGO, PERO NO LO DEBEN SABER NI NUESTRAS MUJERES» 

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, sostiene en su Exposición Razonada, remitida al Tribunal Superior de Justicia como resumen de su investigación, que «hay prueba al menos indiciaria de que el actual alcalde [Juan Martínez Andreo], no sólo era perfectamente consciente de que existía ese acuerdo entre Morales y otras personas para el cobro de la comisión de 3,6 millones de euros, pues ya lo tenía que saber siendo concejal de Obras Públicas, y además así se lo confirmó a Emiliano Ovide en la reunión que tuvieron en el Parador de Albacete cuando Andreo aspiraba a ser alcalde, sino que también ha querido cobrar él mismo toda o parte de la misma comisión cuando, según el propio Emiliano, así trascendió en la citada reunión». 

Tal y como ayer publicó La Verdad, basándose en las diligencias judiciales de la Operación Tótem, la juez ofrece más datos al respecto y señala, asimismo, que «existe además una conversación telefónica de Martínez Andreo con Juan Francisco Casanova -uno de sus concejales-, en la que hablan de quedar con Pablo Maceira como representante de los 'gallegos', y que se van a repartir 'algo' sólo entre ellos dos, que no se lo deben comunicar a nadie, ni siquiera a sus propias mujeres, y que debe quedar claro a los 'gallegos' que Morales 'debe quedar fuera, desmarcarse total de él'». 

María Asunción Navarro también hace constar que, en sus declaraciones, Martínez Andreo y Casanova no pudieron «dar una explicación coherente al contenido de tal conversación, cayendo ambos en contradicciones que demuestran que ocultan la realidad de su contenido, por lo que es perfectamente posible que ya hayan 'solicitado' o 'aceptado' el cobro de la comisión ilegal». 

José Martínez Andreo afirmó ayer, a raíz de las informaciones desveladas por La Verdad, que «no he cobrado, no pensaba hacerlo, ni lo haré», en referencia a las comisiones de la supuesta trama de corrupción urbanística investigada en su municipio. 

Martínez Andreo, que asistió a la inauguración del Sicarm 08, señaló que la información publicada ayer por este periódico que «deduce y pone en boca» de la juez Navarro, referente a su persona, es «rotundamente falso», y pidió que se levante el secreto del sumario para poder defenderse. 

El alcalde de Totana, que a consecuencia de su imputación en esta supuesta trama pasó dos meses en la cárcel hasta que pagó una fianza de 70.000 euros, afirmó seguir confiando en la Justicia y pidió que «esto -en referencia a la publicación de las diligencias- no sea un cuentagotas para hacerme daño y erosionarme políticamente». 

Pidió profesionalidad a la hora de trabajar, y ante la pregunta de si pensaba dejar la alcaldía, reiteró su presunción de inocencia. 

Por contra, según informa Efe, señaló como «novedad importante» y calificó de «fidedigna» la información publicada por este periódico sobre el origen de la denuncia. «Quien ha propiciado [la causa] es el PSOE de Totana y su secretario general, Alfonso Martínez Baños, que además se ha prestado a hacer grabaciones a terceros, como ya dije en alguna ocasión y hoy se ha hecho realidad». 

(www.laverdad.es, 22/05/08) 

EL FISCAL IMPUTA A MORALES 5 COHECHOS QUE SUMARÍAN QUINCE MILLONES DE EUROS 

Al menos cinco posibles delitos de cohecho. Tales son los cargos, a las que se suman otros posibles delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales e infidelidad en la custodia de documentos, que el Ministerio Fiscal imputa al ex alcalde popular de Totana y actual parlamentario regional del Grupo Mixto, Juan Morales, y que se deducen de la investigación realizada con motivo de la denominada Operación Tótem.  

Diversos documentos intervenidos en los registros realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio de Morales, en la casa y en la asesoría que figuran a nombre de su ex mujer y en el piso que le prestaba a su novia brasileña, e incluso papeles que portaba en un maletín uno de sus abogados, ofrecen indicios suficientes, en opinión del Ministerio Público, para sospechar que Morales se valió «de su condición de alcalde» para solicitar multimillonarias comisiones, a cambio de su supuesto apoyo y de sus gestiones para sacar adelante proyectos urbanísticos en Totana.  

Para evitar figurar como futuro perceptor de esas comisiones, Morales habría utilizado a su ex mujer, María del Carmen Jordán, así como sociedades controladas por intermediarios urbanísticos y por amigos y personas de su absoluta confianza, con quienes varias empresas, interesadas en sacar adelante esos proyectos urbanísticos, habrían firmado contratos comprometiéndose al pago de elevadas cantidades de dinero. 

Uno de los documentos más comprometedores es un reconocimiento de deuda que la firma gallega Inmonuar S.L., que quería construir más de 5.000 viviendas en Totana, habría expedido en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., propiedad del intermediario Joaquín Carmona. En concreto, esa promotora gallega se habría comprometido a pagar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, y supuestamente existía un acuerdo para que esa comisión se repartiese en tres partes iguales de 1,2 millones de euros entre Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez (de Huevos Maryper) y el citado intermediario y su socio José Antonio Alcántara. 

Ese documento de reconocimiento de deuda fue hallado en manos de todos los imputados mencionados. También lo tenía en su casa Juan Morales, quien presuntamente lo rompió en pedazos y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil logró recuperarlo y reconstruirlo. También estaba en el piso de la novia brasileña de Morales, Vaneide Freita. 

La Guardia Civil también intervino otros tres documentos, en los que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en los que empresas como Agroproducciones Integradas S.L. y Visanfer S.L. se comprometían a abonarle cantidades que habrían ascendido, en el primer caso, a dos millones de euros, y a cinco millones en el segundo. 

Por último, la investigación sacó también a la luz un documento privado de compraventa de acciones de la empresa Deitania S.L., firmado entre Morales y el dueño de esa firma, su amigo Juan Antonio Álvarez, y que el fiscal sospecha que buscaba camuflar el supuesto intento de cobro de otra comisión de nueve millones de euros. 

(www.laverdad.es, 22/05/08)

EL ALCALDE MARTÍNEZ ANDREO INTENTÓ QUITARLE A MORALES LA COMISIÓN DE TRES MILLONES DE EUROS 

Tres millones de euros constituyen un fajo de billetes demasiado grueso como para no resultar una tentación. Dinero suficiente para justificar una zancadilla a un socio. A un amigo. A un colega. Incluso, a quien fue tu jefe y alcalde. Tal es la conclusión que se extrae, en una primera lectura, del sumario instruido por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, en el que se investiga una decena de delitos vinculados a la corrupción urbanística en Totana. Esto es, las diligencias judiciales de la denominada Operación Tótem, a las que ha tenido acceso La Verdad.  

Una de las conclusiones más sorprendentes de la investigación, coordinada por la citada juez y desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es la que indica que el actual alcalde del PP en Totana, José Martínez Andreo, intentó quedarse con una comisión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) que su antecesor en el cargo, Juan Morales Cánovas, había pactado supuestamente con una firma gallega por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, en el paraje de El Raiguero, donde estaba prevista la construcción de 5.040 viviendas. 

Según se recoge en la Exposición Razonada que la juez María Asunción Navarro remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el pasado 11 de enero, y en la que realiza un exhaustivo resumen de todo lo investigado hasta ese momento, Martínez Andreo, que había sido concejal de Obras Públicas en la anterior legislatura, con Juan Morales como alcalde, «conocía las andanzas» de quien fue su jefe de corporación, y era consciente de la multimillonaria comisión presuntamente pactada por éste con el empresario gallego Manuel Núñez Arias, responsable de las sociedades Inmonuar S.L. y Grupo Nuaria S.L., entre otras. 

En esta tesitura, recoge el citado documento, «Martínez Andreo, una vez que obtuvo la Alcaldía (en el 2007), y al considerarse como máximo responsable del Consistorio, [consideró] que debía ser él quien cobrase la citada comisión, tratando de dejar fuera a Morales». 

«Esto aparece claramente -añade la juez- en la conversación telefónica que tuvo en el mes de agosto del 2007 con Juan Francisco Casanova, que actuaba como representante suyo en las reuniones que celebró con Pablo Maceiras -representante a su vez de Inmonuar S.L.-, al cual llegó a recibir en su propio despacho del Ayuntamiento». La instructora señala, sin embargo, que «no se ha acreditado» que el actual alcalde popular «llegase a recibir ninguna cantidad». 

De esta forma, y según las conclusiones obtenidas con la suma de indicios y pruebas por la juez Navarro, se habrían creado «dos bandos» con el mismo objetivo: hacerse con la suculenta comisión pactada por la recalificación de los terrenos de El Raiguero. De un lado, «el bando formado por Juan Morales -ya entonces diputado-, José Antonio Alcántara (intermediario) y Gabriel Martínez (director ejecutivo de Huevos Maryper y amigo íntimo y hombre de toda la confianza de Morales)». Y de otro lado, «otro bando formado por el citado Pablo Maceiras, Joaquín Carmona (intermediario y ex socio de José Antonio Alcántara) y posiblemente Juan Francisco Casanova (concejal de Agricultura de Totana y amigo y representante de Martínez Andreo) y [el propio] José Martínez Andreo». 

Juan Morales, preocupado por la entrada en escena de Martínez Andreo, y sobre todo por el hecho de que se hubiesen acabado peleando Alcántara y Carmona, que habían comenzado siendo sus supuestos intermediarios y negociadores de la comisión ante el grupo gallego, el parlamentario regional habría decidido dar un golpe de mano y recuperar el control de la operación, aunque fuese a costa de perder algún dinero. 

Así, señala la juez, Morales organizó un viaje relámpago a Vigo, junto con Gabriel Martínez y Alcántara, y allí se reunieron con el empresario Núñez Arias. En ese encuentro, que fue controlado por la Guardia Civil, quedaron en que la comisión originalmente pactada por la recalificación, que era de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) a repartir en tres partes, se quedaría en tres millones de euros.  

La forma de pago, según las exigencias de Morales, serían 1,2 millones de euros en el acto, y 1,8 millones de euros cuando se aprobase el Plan General de Urbanismo, o bien cuando Inmonuar S.L. vendiese sus terrenos a un tercero.  

El reparto de esa comisión se haría de la siguiente forma: 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) para Juan Morales, e iguales cantidades para Gabriel Martínez y Alcántara. (Parece que la juez quiere decir, en realidad, tres partes de un millón de euros). 

REUNIÓN SECRETA EN ALBACETE 

Mientras el ex alcalde y todavía diputado del PP Juan Morales -luego fue expulsado por su partido y pasó a integrar el Grupo Mixto de la Asamblea Regional- trataba de esa forma de hacerse con la comisión, Martínez Andreo intentaba también, presuntamente, jugar sus cartas. De esta forma, habría contactado con uno de los primeros intermediarios y representantes del grupo gallego, Emiliano Ovide, y habría concertado con él una reunión, que finalmente se celebró en el Parador Nacional de Albacete.  

En este encuentro habrían participado, además de las dos personas mencionadas, Manuel C.M. y Raquel V.L. (cuñado e hija, respectivamente, de la vecina de Totana Juana L.G., que fue la primera que puso en contacto a Emiliano con Juan Morales). 

En su declaración en el juzgado, Emiliano explicó que Martínez Andreo le había solicitado además toda la documentación que tuviese en su poder y que pudiese implicar a Morales en la negociación de comisiones. Sin embargo, añadió, «cuando observó que Andreo no lo llamaba para pedirle esa documentación, unido a los comentarios del pueblo y al nivel económico de vida que empezó a tener éste, le hizo pensar que se había aliado con Morales». 

LA TRAICIÓN SE PAGA CARA 

Otro dato realmente interesante que ofrecen las diligencias sumariales sobre la Operación Tótem es el que se refiere al origen de la investigación. Como en tantos otros grandes asuntos de corrupción urbanística, las primeras claves empezó facilitándolas un arrepentido; en realidad, un intermediario de la operación urbanística a quien el resto de implicados se había quitado de encima, dejándole sin su parte del pastel.  

Este papel lo ha jugado aquí el intermediario Emiliano Ovide Castrillo, que fue quien empezó a buscar terrenos para urbanizar en Totana, por mandato de Núñez Arias, y quien por primera vez habría contactado con el entonces alcalde Juan Morales.  

Cuando varios intermediarios urbanísticos locales se metieron por enmedio y lo dejaron fuera, Emiliano Ovide le fue con el cuento al secretario general del PSOE en Totana, Alfonso Martínez Baños, quien grabó subrepticiamente la conversación. Fruto de aquel encuentro fue la presentación de una denuncia, por parte del PSOE local, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la subsiguiente Operación Tótem, en la que ya figura una veintena de imputados. 

UNA EMPRESA 'TAPADERA' 

La juez de Totana tiene pocas dudas del papel protagonista jugado por el actual diputado regional en la trama. Así, en su escrito remitido al TSJ, señala que «ha quedado acreditado, al menos indiciariamente, que Juan Morales es el que propicia desde el principio la existencia de esa comisión ilegal, pues es él quien la solicita; es él quien concreta la cantidad a abonar; él ordena y coordina la operación; él exige la firma de varios documentos de deuda públicos y privados; es él quien impulsa de una forma insistente y firma el convenio sin cuya comisión seguramente no hubiese firmado; es él quien una vez que deja de dirigir el consistorio totanero sigue impulsando toda la operación, hasta el punto de que sale de una decisión suya la idea de acudir a Vigo a la reunión con Núñez». 

«Reunión -prosigue la instructora-, a la que acudió acompañado de Gabriel Martínez y Alcántara (...), llegando a escucharse incluso en la sala VIP de Barajas comentar entre los tres que iban a rebajar la comisión en 600.000 euros, pero que iban a exigir a Núñez que les entregase ya todo o parte de la cantidad de tres millones de euros, que se la traerían a la vuelta en un coche, metida en una bolsa de plástico». 

Para evitar figurar en documento alguno, Morales había acordado supuestamente con dos intermediarios y personas de su confianza, el citado Alcántara y Joaquín Carmona Abellán, que fuese una sociedad vinculada a ellos, Nubia Inversiones S.L., la que cobrase la comisión. La operación se haría mediante el reconocimiento, por parte de la promotora Inmonuar S.L. -propiedad de Núñez Arias- de un reconocimiento de deuda por importe de los 3,6 millones mencionados en primer lugar.  

Copias de ese documento de reconocimiento de deuda fueron encontradas en posesión de la mayor parte de los imputados mencionados, cuando la juez de Totana ordenó los registros de domicilios y sedes empresariales.  

Y POR ÚLTIMO, A VIVIR A BRASIL

El propio Emiliano señaló en sus manifestaciones ante el juzgado que los planes de Juan Morales pasaban por cobrar la comisión y marcharse a vivir en Brasil, aprovechando que había iniciado tiempo atrás una relación sentimental con una ciudadana brasileña, la también imputada ahora Vaneide Freita.  

La juez Navarro considera que esos planes del diputado han quedado acreditados en el curso de la investigación judicial y señala, asimismo, que hay indicios de que esta mujer «habría colaborado en el envío de dinero y documentos pertenecientes o relacionados con Juan Morales a su país de origen». 

También se habría confirmado que Morales posee inversiones inmobiliarias en la localidad brasileña de Foz de Iguaçu. 

(WWW.LAVERDAD.ES, 21/05/08)

Detenido el presunto testaferro del ex alcalde de Totana

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron ayer por la mañana en Alcantarilla (Murcia) a Juan Antonio Álvarez Moreno, amigo del ex alcalde de Totana Juan Morales, como presunto testaferro de éste. Poco antes, uno de los hermanos de Álvarez Moreno abonaba la fianza de 200.000 euros que le permitió salir de la cárcel al ex alcalde y actual parlamentario autonómico al que se le imputan delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación.

El nuevo arrestado, que había declarado como testigo por este caso ante la juez de Totana Asunción Navarro, es el administrador único de la sociedad Deitania Trading, que fuentes de la investigación consideran vinculada al ex regidor, y se dedica a la intermediación de operaciones relacionadas con inmuebles. Al parecer, Álvarez cobró comisiones por recalificaciones de terrenos.

www.elpais.es 15.04.08

LA FISCALÍA DEL TSJ PIDE QUE SE TOME DECLARACIÓN A JUAN MORALES COMO IMPUTADO 

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha pedido a la Sala de lo Civil y Penal que asuma el caso de la presunta corrupción urbanística de Totana y que llame a declarar como imputado al anterior alcalde y diputado regional Juan Morales. El diputado se encuentra en paradero desconocido. Desde que saltó el escándalo en la operación Totem, poco o nada se ha vuelto a saber de él. 

El fiscal superior de la Región, Manuel López Bernal, presentó hoy el informe solicitado por el TSJ la pasada semana, en el que se indica que dada la condición de aforado de Morales el órgano competente para enjuiciarlo es la Sala de lo Civil y Penal, indicaron a EFE fuentes judiciales.

En su escrito, la Fiscalía afirma que en la investigación realizada por el Juzgado de Instrucción de Totana en el marco de la "Operación Tótem" han aparecido indicios de criminalidad contra Morales que exigen extender la investigación a este ex alcalde.

Según el informe, esos indicios derivarían de las intervenciones telefónicas grabadas con autorización judicial, de documentos aportados a la causa y de lo manifestado por otros imputados.

De confirmarse el contenido de estas pruebas, añade el informe, el ex alcalde habría podido incurrir, entre otros, en los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y prevaricación.

En consecuencia, pide que la Sala proceda al nombramiento de un instructor y que se cite a declarar a Morales, además de solicitar al tribunal que se dirija al Juzgado para reclamarle el envío de todas las actuaciones.

Igualmente, aconseja que se mantenga el secreto del sumario para que la investigación no se vea perjudicada.

La operación judicial de la que se derivan estas actuaciones comenzó el pasado 26 de noviembre, con la detención de seis personas en Totana, Murcia, Vigo y Madrid y continuó tres días después con la puesta a disposición de otros cuatro imputados, hasta alcanzar en conjunto la quincena con las detenciones llevadas a cabo después.

De todos los investigados, el único que permanece en prisión desde primeros días de diciembre es el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo.

De asumir la Sala de lo Civil y Penal el conocimiento del caso, procedería al nombramiento de un instructor, que sería, según sus normas de reparto, el magistrado Julián Pérez-Templado, anterior presidente del Tribunal Superior.  

(www.vegamiapress.com, 23/01/08)

El ex diputado del PP Juan Morales ha adquirido un patrimonio difícil de justificar

Juan Morales, principal sospechoso de la Operación Tótem que investiga el pago de comisiones millonarias a cambio de recalificaciones de suelo en la localidad murciana de Totana, cuenta con cinco inmuebles y tres vehículos de alta gama, según fuentes judiciales. Indicios que acumula el ex diputado popular por presunto delito de cohecho y que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia tiene sobre su mesa para valorar si puede o no proceder contra el político

El ex diputado popular y ex alcalde de Totana Juan Morales podría ser procesado por un presunto delito de cohecho. Según varios informes que se encuentran en posesión de la juez que instruye el caso, a Juan Morales le resultaría difícil justificar su patrimonio: al menos tres vehículos de gama alta, entre ellos un BMW y un Mercedes, tres casas en Murcia y otros dos inmuebles en Brasil.

Por orden de las autoridades españolas, la policía de Brasil investiga además posibles inversiones de Morales en el país sudamericano cuando era diputado popular. Inversiones que habría destinado a adquirir viviendas y un local comercial. Morales ha formado la mayor parte de este patrimonio en los tres últimos años, un hecho que fuentes de la investigación valoran como un claro indicio de enriquecimiento personal difícil de justificar ya que el desembolso supera con creces sus ingresos conocidos.

En cuanto al posible cobro de comisiones ilegales millonarias a cambio de la recalificación de terrenos en la localidad murciana, Morales tenia en la gestoría de su ex mujer una copia exacta de cada uno de los 60 convenios públicos del Ayuntamiento y que estaban en fase de aprobación. Según fuentes judiciales, Morales podía llegar a cobrar hasta un 30 por ciento de las plusvalías que obtuviera la empresa constructora con la recalificación de los terrenos y no se descarta que la gestoría fuera una tapadera de Morales para presuntas actividades ilegales vinculadas a su actividad política como diputado popular.

Según fuentes judiciales, la investigación está estudiando los contratos que firmaron distintos empresarios con Morales y por los que pudo cobrar comisiones ilegales, así como abundante documentación de la que se incautó la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil durante los registros en el marco de la Operación Tótem.

La cadena Ser les avanzó en su día que Juan Morales era el principal sospechoso de la trama y que no se procedió contra él al tratarse de una persona aforada. Una operación que, por cierto, se precipitó ante la sospecha de que Morales estaba a punto de recibir una comisión de tres millones de euros, parte de ese dinero lo recibiría en maletines en Madrid, a través de una cadena de intermediarios que ya fueron detenidos. En cuanto al proceso judicial, la juez que instruye el caso en Totana ha enviado hoy un escrito con estos y otros indicios al Tribunal Superior de Justicia de Murcia que podrían sentar a Morales en el banquillo.

www.cadenaser.com 14.01.08

Arrestados e imputados por cohecho dos empresarios de Totana

El empresario Domingo Sánchez Martínez fue detenido ayer por la mañana en su domicilio de Totana, dentro de la Operación Tótem contra una trama de corrupción urbanística, y fue puesto en libertad a las seis de la tarde tras declarar ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Murcia. Hacia las tres de la tarde, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Totana, María Asunción Navarro Artero, que investiga el caso, decidió imputar también al hermano del detenido, Francisco Sánchez Martínez. A ambos empresarios, propietarios de la empresa Visanfer, la juez les imputa presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Fuentes cercanas a la investigación sostienen que la detención de este empresario, cuya sociedad firmó cuatro convenios urbanísticos con el anterior alcalde de Totana, Juan Morales -ahora diputado del Grupo Mixto en el Parlamento murciano tras ser expulsado del PP- para construir un millar de viviendas, podría estar relacionada con una promoción en el paraje del Llano de las Cabras, cerca del Parque Natural de Sierra Espuña.

Recalificación

Los investigadores consideran que pudo haber cometido un delito de cohecho al acordar con el actual alcalde del PP, José Martínez Andreo, en la cárcel desde el pasado 3 de diciembre, la reclasificación de 200.000 metros cuadrados rústicos tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Totana, que todavía está en tramitación. Según fuentes de la oposición, el primer edil había firmado, de forma paralela, un acuerdo privado con una confederación de empresarios en las que se comprometía a no aprobar la urbanización del detenido, que incluía 318 viviendas.

Con el arrestado ayer, que fue puesto en libertad, ya son 14 los detenidos en la Operación Tótem, entre los que se encuentra el regidor del municipio, que no ha dimitido.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia informaron de que la Fiscalía está a la espera de la entrada en la Sala de lo Penal del informe de la juez sobre la supuesta intervención de Juan Morales, parlamentario regional y alcalde de Totana entre 2003 y 2007, en un caso de cohecho. De los detenidos, 11 están en libertad provisional, nueve con fianza. www.elpais.es

La fiscalía pide que se impute por cohecho al ex alcalde del PP de Totana

La fiscalía de Murcia ha pedido a la juez de Totana que investiga la trama de corrupción urbanística, la Operación Tótem, destapada por la Guardia Civil en esta localidad murciana de 28.000 habitantes, que impute por cohecho al diputado Juan Morales. Fruto de esta operación han sido detenidas hasta el momento trece personas; entre las que se encuentra el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), que permanece desde el 3 de diciembre en la prisión murciana de Sangonera la Verde. Morales, también ex alcalde de Totana, ha sido expulsado por el PP, pero se ha pasado al grupo mixto de la Asamblea de Murcia. Aun así es aforado.

Según el informe que el fiscal ha remitido al juzgado, el ex primer edil de Totana habría acordado, en una conversación telefónica con un empresario gallego, el cobro de tres millones de euros en dinero negro a cambio de recalificar 2,2 millones de metros cuadrados de terreno rústico para construir en ellos 5.040 viviendas.

La juez Navarro remitirá esta semana al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el informe que ha elaborado sobre la presunta implicación en los hechos de Morales. Al ser aforado, la causa debe tramitarla el alto tribunal murciano.

Un aforado

Fuentes de la fiscalía informaron de que hoy o mañana, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ recibirá la documentación que le eleve la juez, y que incluye el informe de la fiscalía pidiendo la imputación por cohecho de Morales.

En ese informe, la juez instructora deberá señalar los indicios que han aparecido contra Morales durante la investigación. Esta "exposición razonada", como señala la ley, es un trámite obligado en el caso de que la investigación judicial afecte a un aforado.

La Sala de lo Civil y Penal, una vez recibido el documento de la juez, dará traslado del mismo al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, para que éste se pronuncie sobre la competencia del tribunal y para que al mismo tiempo determine si las actuaciones que se atribuyen a Morales son constitutivas de infracción penal.

Asimismo, el Juzgado de Instrucción 2 de Totana investiga también al diputado murciano por un presunto delito medioambiental en la reclasificación un terreno protegido denominado Las Cabezuelas. www.elpais.es 10.01.08